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miércoles, 17 de mayo de 2023

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER A los compañeros y compañeras



A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS

     En este año 2023, se cumplen 40 años de Democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin 
embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenidas sus aspiraciones, en una Democracia que se perdió en lo económico, degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Con bronca y desilusión aparece lo que hace tiempo atrás denominé como la “insatisfacción democrática”.

     La pérdida de la Democracia económica comienza a partir del año 2016 cuando el gobierno de Cambiemos, recién asumido, daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría con el retorno del Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo insólito, inédito y político, cuyo objetivo no sólo era ayudar a ganar las elecciones a ese “gobierno amigo”, sino también permitir la retirada en dólares de los fondos de inversión especulativos.

     La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía.

     En este marco de brutal endeudamiento en dólares, el carácter bimonetario de la economía argentina, que se suma a la ya histórica restricción externa y a la compulsión por la formación de activos en dólares en el exterior, inevitablemente coloca en rojo la cuenta corriente de nuestro país que, ante la escasez de dólares, siempre termina con la inflación descontrolada, corridas cambiarias contra la moneda nacional, devaluación y más inflación. Así resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y convierte a la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía que se apoderan de esa renta extraordinaria en un marco de laxitud tributaria. A la luz de la historia de nuestro país y salvo períodos de gobierno muy precisos, nada nuevo bajo el sol.

     Además, resulta insoslayable señalar las consecuencias catastróficas de la pandemia no sólo en lo sanitario y social sino también en lo económico, con la profundización de la concentración del ingreso y el crecimiento de la pobreza. De la pandemia no salimos mejores.

     Para los que siguen repitiendo que lo monetario es la única causal de la inflación, y aún conserven algún espíritu crítico de investigación, los invito a ver los gráficos sobre evolución de la Base Monetaria a precios constantes y como porcentaje del PBI, que publica el Banco Central todos los meses.

     Acabada la Democracia económica se degrada la Democracia social y el paradigma peronista de la movilidad social ascendente. Por primera vez en la Argentina observamos como convive un bajo índice de desocupación (6,3%) con un alto nivel pobreza (40%). De esta manera, encontramos trabajadores en relación de dependencia que son pobres y el surgimiento de una sociedad dual, donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o, directamente, carece de ellas.

     En estos 40 años de democracia ininterrumpidos también atravesamos dos crisis económicas y sociales de extrema gravedad: en 1989 con la hiperinflación y en el 2001 con la caída de la convertibilidad. Esta última, además, incluyó una crisis institucional en la que se sucedieron 5 Presidentes en una semana, que fue resuelta en el marco de la Constitución Nacional. Sin embargo, en ninguno de estos momentos se puso en duda el Pacto Democrático plebiscitado en octubre de 1983, por el cual ni la violencia política sobre el adversario ni la proscripción electoral serían elementos del accionar político.

     Hoy, los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina. Durante el año 2022 vimos como la violencia verbal y simbólica que, desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste.

     La culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre de 2022, frente a mi casa particular cuando, acompañada por Dios y la Virgen y rodeada de compañeros y compañeras, atentaron contra mi vida. Llamativamente, luego del magnicidio frustrado, esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma sin lugar a dudas, el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática.

     “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá” fue el titular del diario Clarín, de Héctor Magnetto, principal usina de difusión del odio hacia mi persona y mi familia; en una suerte de lamento por el fracaso del asesinato, pero anticipando el fallo que pocos días después exponentes del Partido Judicial dictarían en mi contra y cuyo resultado condenatorio preanuncié públicamente tres años antes cuando se inició el juicio conocido como la obra pública de Vialidad Nacional. La condena e inhabilitación en dicha causa tiene una única traducción política y electoral: la proscripción.

     Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Aunque algunos, por mezquindad o mediocridad, lo negaron recurriendo a tecnicismos legales, la realidad una vez más lo confirmó.

     La semana pasada, después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspendió las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan, a tan sólo 72hs del comienzo de la veda electoral y con un claro objetivo político: perjudicar al peronismo y tapar sus propios delitos. El mismo día y a la misma hora en que dictaban este fallo, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación se estaban denunciando tanto el escándalo de la obra social del Poder Judicial que involucra a uno de los miembros de esta Corte, como el del enriquecimiento ilícito de su Presidente. Todos y cada uno de estos hechos los mencioné el 18 de julio del 2022 en el documento “De la corte ejemplar a la corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”.

     Es que cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida.

     Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón.

     No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral.

     Desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos. Nos provocan desde esta fachada de justicia y democracia mutilada y pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren: la violencia y la intolerancia. Nos tratan como enemigos y utilizan frases como «eliminarnos» o «terminar con el Kirchnerismo». Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la Democracia hay adversarios, no enemigos.

     Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque, frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la Nación.

     Ante esta situación resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no sólo para el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto.

     Y en cuanto a los que exigen la desaparición del peronismo o del kirchnerismo -cual caricatura de la “solución final” para la Argentina-, a 40 años de Democracia les recomiendo presten atención a la historia y a la larga lista de “exterminadores vernáculos” que nunca pudieron convencer a los argentinos que comer bien y cuatro veces al día es una cuestión ideológica; que tener un lugar digno para vivir y ver crecer a sus hijos, estudiar y progresar es de populistas; o que trabajo y salarios dignos es una creencia antigua. A ellos les digo: no pudieron ni podrán acabar con la memoria ni los sueños de millones de argentinos y argentinas a vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz.

     Los abrazo a todos y a todas desde el corazón, como siempre.

lunes, 8 de mayo de 2017

Julián Axat, El pacto fáustico y la Corte Suprema



EL MAL Y EL JUZGADOR (el pacto fáustico y la Corte Suprema)

Luego del dictado del reciente fallo de la Corte, he tratado de reflexionar profundamente sobre un doble problema que surge desde sus entrañas. En primer lugar, el problema moral y ético que surge para los jueces frente a la aplicación de criterios de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad; es decir, el tipo de razonamiento y valoración legal que utilizaron en el caso. El segundo lugar, la forma en la que se echó mano a argumentos falaces, de mala fe, como consecuencia de lo primero. La apariencia de argumentos de racionalidad y corrección, como artificio (ardid) que esconde la banalización de lo ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976.

El dilema moral del juzgador ante el Mal radical, aparece siguiendo a Hannah Arendt, ante “la dificultad de responder al Mal con medidas ordinarias que aplicamos a criminales comunes”.  Y como dice el propio Nino (citado en el fallo que aquí comentamos, pero para justificar el criterio contrario): “la mera aplicación del derecho penal ordinario es, tal vez, esperar demasiado. Al estudiar el derecho penal aplicado a las violaciones masivas de derechos humanos lo que vemos generalmente son amnistías o indultos, un ominoso silencio…” (Juicio al Mal absoluto, Pág. 8). La aplicación de las reglas comunes a hechos no comunes, implica un esfuerzo argumentativo que intenta forzar la ética para la que se pensó lo extraordinario al castigar crímenes de masa. Pues un supuesto hecho banal (la benignidad ante la senilidad del genocida y su soltura ante la estupefacción de la víctima) está  muchas veces aquello que constituye lo siniestro.

Juzgar es más que pensar, y las palabras que se elijan para justificar la valoración del juzgamiento serán claves para racionalizar el lugar que ocupa el daño más grave sobre lo humano que se haya probado. En términos de lo ocurrido en la ESMA o  Auswitch el juicio es superior a la escala normal de juzgamiento sobre hechos comunes. Hay insuficiencia de juicio y capacidad reflexión en el uso de reglas (procesales) banales o simples, que puedan conducir al ocultamiento del Mal, es decir, su repetición, venganza o efecto de amnesia general.

Veámoslo concretamente en el voto en mayoría de uno de los jueces: “… Que esta Corte no puede soslayar el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad. Se trata de un dilema que debe ser resuelto con la aplicación de la Constitución y las leyes…”.

El juez constitucional no es un mero burócrata aplicador de leyes, debe cotejar valores y su guía ante estos casos –si dilema- es el reconocimiento de los derechos humanos como valor constitucional universal. Esa es la ética que lo guía, la Constitución en su art 75 inc. 22 guía al juez a resolver este dilema moral con los tratados de derechos humanos en mano y que colocan a los delitos de lesa humanidad en un lugar supremo, por encima de la valoración que supone la aplicación de reglas del derecho común de derecho interno que favorecen a condenados por hechos comunes en su ultractividad o retroactividad. La inclinación del juzgador a aplicar criterios de benignidad a delitos aberrantes, resuelve el dilema por el lado del perpetrador y se desliga de otros criterios de Cortes internacionales de DDHH que previnieron en similares casos (véase por ej. Fallo Corte IDH “la Masacre de Rochela”).


Entonces, la confesión que el Juez hace de su dilema moral, y su inclinación por una solución que no contempla la profundidad del horror pasado, sino la aplicación de un criterio de benignidad común al Mal juzgado, evidencia un pacto Faustico. Tres jueces de corte más alta de justicia de la Argentina han cedido su inclinación moral a una suerte de Mefistófeles jurídico, quien ha comprado sus almas a bajo precio ocultando el desgarro de lo humano en las víctimas y sus descendientes. La falacia en la argumentación deviene de este pacto fáustico con la protección legal de un sector social claro, y comprende en estirar proposiciones normativas para adecuarlas a hechos (de excepción) que no fueron contemplados por esas proposiciones. Esto es, ni más ni menos, que el uso instrumental del derecho como regla, extensible para casos no contemplados.  

El decisionismo político para utilizar la regla normativa a piacere, tal como Carl Schmitt y otros juristas del horror enseñaron aparece aquí con toda vigencia. Esto es, en este pacto fáustico con el Mal, la retórica del juzgador justifica la operación que le permite a genocidio alterar la interpretación de leyes anteriores a su concepción como tal, es decir, que por la correlación de fuerzas del momento ni siquiera previeron esa situación como excepción. Así el fallo: “… y en este caso las normas aplicables son concluyentes, máxime cuando se repara que conforme al texto de la ley 24.390 la naturaleza o gravedad del delito no constituyen condición de aplicabilidad de sus disposiciones… dicho de otro modo: el legislador, único sujeto jurídico habilitado para hacerlo, no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de los arts. 2° y 3° del Código Penal a los delitos de lesa humanidad…”.
La mala fe de esta interpretación está en un engaño, dijimos ardid de argumentación; pues como consecuencia de las leyes de impunidad existentes para 1994 y aun en 2001, el legislador que sanciona y deroga la 24.390 no podía prever por entonces una realidad de los juicios de lesa humanidad como los que desde 2006 se llevan a cabo en la Argentina. De allí que no podría inferir por entonces una excepción como la que hoy construye la Corte, concediendo esa excepción del 2x1  pretorianamente. Contrariamente a lo que ella misma argumenta, la Corte se convierte en legisladora de la excepción y otorga benignidad en una operación semántica débil, transformando por fuerza de la argumentación fáustica, al criminal de masas en un criminal común y corriente frente a la ley. Esta es, en cierta forma, la banalización del Mal. Aquí el juzgador oculta el Mal a través de retorica. El uso decisionista del derecho tal como enseñaba Carl Schmitt, en tanto la política y el derecho es también la guerra por otros medios.

El fallo en mayoría dictado por la Corte, abre sobre el suelo Argentino una grieta profunda. El mismo posee una cáscara de tecnicismos muy inteligentes, uso de citas, dogmática, diría que es lógicamente impecable, aunque axiológicamente débil. En la matriz de sus argumentos la ESMA configura un espacio que desborda sus categorías pensantes, sigue siendo un vacío o un silencio que susurra tras sus palabras. Desde una mirada de la filosofía del derecho, podríamos decir que ha ganado la racionalidad instrumental del derecho sobre la poesía y el rostro de lo humano. Como dice Martha Nussbaum citando a Walt Whitman (Justicia poética, Pág. 115), algún día llegarán los jueces que “no juzgue como el juez, sino como el sol alumbrando a una criatura indefensa”. Jueces cuyo imaginario sea el de alumbrar, escuchar voces mudas, excluidas, y no encubrir el Mal con imaginarios retóricos y tecnicistas.


La noche es la catástrofe que asoma debajo de las palabras, y eso no se encubre fácilmente con operaciones lingüísticas, pues se trata del susurro de los muertos y desaparecidos que aun se escucha si uno es perceptivo con el aire de la Historia. Incluso lo escuchan los verdugos sueltos o encerrados; en una de esas lo escucharon estos jueces cuando redactaban el contrato fáustico de sus almas.

Julián Axat, (abogado, hijo querellante causa “Cacha”).