del original publicado en catalán en Setmanari De Comunicació Directa
Silencio, aquí se defrauda: 16.000 millones de euros anuales
Economía
Finanzas
DAVID FERNÀNDEZ | 08/11/2011
El fraude empresarial catalán multiplica seis veces los recortes del ejecutivo neocon-convergente.
Los nombres de los 1.600 grandes evasores, blindados y protegidos por el propio Estado defraudado. La saga Carulla, el padre de Artur Mas, Carceller de DAMM SA, el futbolista Luis Enrique, el empresario químico Bas Puig, el directivo de RBA Ricardo Rodrigo, el arquitecto Alfredo Arribas, Alejandro Sanz o Emilio Botin, entre los defraudadores
Los datos están ahí. El fraude fiscal empresarial catalán, vía paraísos fiscales, blanqueo de capitales e ingeniería contable, sextuplica los peores recortes antisociales aprobadas por el Parlament de Cataluña desde el final de la dictadura. Fuentes sindicales elevan a 16.000 millones de euros el fraude fiscal catalán anual, frente a los 2.700 millones de euros de tissorada del primer presupuesto de Artur Mas. La cifra, en pleno empeño electoral por el 'pacto fiscal', se acerca al volumen del expolio fiscal del Estado que acumularían las finanzas públicas catalanas, estimado en cerca de 20.000 millones de euros para diversos estudios soberanistas. Doble moral convergente: exigen nueva fiscalidad puertas afuera y encubren el fraude fiscal dentro de casa.
La comparativa merece similar resultado en el caso del Estado español. Las organizaciones profesionales de inspectores de Hacienda cifran la economía sumergida en 240.000 millones de euros, exactamente 5 veces los recortes aprobados por Rodríguez Zapatero -50.000 millones- para el período 2010-2013. Esta realidad supone un mínimo de un fraude fiscal anual donde se dejan de ingresar exactamente 25.000 milones de euros anuales. Según GESTHA, organismo de los técnicos e inspectores de Hacienda, sólo durante 2010 las grandes fortunas y grandes empresas españolas evadieron al menos 42.771 millones de euros, la pequeña y mediana empresa habría defraudado 16.261 millones, mientras el fraude de particulares se limitaría a 1.543 millones de euros. La otra gran bolsa de fraude, el fraude laboral con la Seguridad Social vinculado a la economía sumergida, ascendería a 30.000 millones de euros.
El fraude no es nuevo, sino cronificado: GESTHA denuncia "que se está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia claramente equivocada", con una legislación laxa y una política gubernamental que hace años que pone la lupa "sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude " alentadas por las grandes fortunas y las grandes empresas, principales responsables de un fraude masivo del que hay síntomas relevantes. Según datos oficiales, en España hay 3.299 personas que disponen de un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Sólo 729 personas declararon tener un patrimonio superior a esa cifra.
De empresarios a deportistas
Los casos de fraude fiscal más recientes, se podrían citar el del piloto de motos Sete Gibernau -2,8 millones evadidos en Suiza-, el del directivo de RBA Ricardo Rodrigo -2,3 millones, enviados también al país helvético-o el de la saga Carulla. La saga propietaria de Agroaliment, primera industria alimentaria catalana, está siendo investigada por la evasión continuada, a través de sociedades instrumentales, durante los últimos cinco años. El fraude podría alcanzar los 180 millones de euros, que fueron enviados a las Antillas Holandesas para constituir dos sociedades que fueron recompradas por dos mercantiles con sede en Costa Rica y Uruguay y vinculadas a los seis hermanos Carulla.
No son los únicos. Demetrio Carceller, propietario indiscutido de Cervezas Damm SA, también está imputado por un fraude fiscal continuado durante los últimos 15 años y por un valor que ascendería a los 500 millones de euros. Carceller se habría empadronado falsamente en Portugal para beneficiarse de una política fiscal que grava menos las grandes fortunas, pero la legislación española obliga a demostrar que se reside al menos 183 días al año para elegir bajo qué administración declarar .
Los paraísos fiscales -más de 100 en todo el mundo- son pieza clave en la evasión fiscal y, en el caso catalán, Andorra juega un papel crucial manteniendo aún el secreto bancario. El principado tiene depositados entre 2.700 y 3.500 millones de euros de súbditos españoles. El año pasado, experimentando un crecimiento del 3000%, la Guardia Civil decomisó hasta 2'5 millones de euros saliendo del país.
El recurso al paraíso fiscal va acompañado de la particular proliferación de nacionalistas repentinos. De hecho, la tenista Arancha Sánchez Vicario es fiscalmente andorrana, como Montserrat Caballé. El piloto catalán de F1 Pedro Martínez de la Rosa, como el español Fernando Alonso o el tenista Carlos Moya, son fiscalmente suizos. De nacionalidad monaguesa es Àlex Crivillé. Y siendo jugador del FC Barcelona, Luis Enrique -fiscalmente nacionalizado suizo- también fue expedientado en 2003 por no haber declarado 600.000 euros. Esos dineros correspondían a pagos realizados por Nike Europe a la sociedad Full Force Sport Limited, controlada por el jugador y con sede en las Antillas Holandesas, y había evadido 270.000 euros en impuestos.
Anecdótica mención aparte merece el caso de Sánchez Vicario. Empeñada en que José María Aznar asistiera a su boda, comunicó a Hacienda en 2003 que regularizaba su situación para garantizar la asistencia del ex presidente. Aznar acudió, pero Sánchez Vicario no pasó cuentas -una deuda de 3,4 millones de euros-hasta 2009, cuando el Tribunal Supremo dictaminó ello. La anécdota está escrita en el libro "Estado fiscal y democracia" de quien fue director de la Agencia Tributaria con el gabinete Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo. En el libro describe también como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presionó a Enrique Giménez Reyna -por entonces secretario de Estado de Hacienda del PP y posteriormente imputado como cerebro de la trama 'Gescartera'- para que detuviera bajo la amenaza de detener la Liga profesional, las investigaciones sobre futbolistas de élite. El último episodio de este tipo se escribió en el Mundial de Sudáfrica, cuando los jugadores de la selección española recibieron una prima personal de 600.000 euros que decidieron declarar en Sudáfrica. Allí tributaban al 23% mientras en en España hubiera sido al 43%, lo que supuso para cada jugador un ahorro de 132.000 euros.
De Lienchenstein en Suiza, del HSBC al LGT: 1.600 defraudadores descubiertos
Fraudes masivos que caen rápidamente de los titulares, estafas que nunca se sabe cómo terminan y que acaban a menudo en impunidad y corrupciones sobre las que se fuerza un rápido olvido. Doble moral, doble economía y doble fiscalidad y una única impunidad sobre elites multirreincidentes-Lienchenstein y Suiza en 2009 y 2010 son las dos claros paradigmáticas del cuarto oscuro del fraude fiscal. Dos filtraciones- ninguna investigación oficial- dejaron al descubierto 1.600 defraudadores descubiertos. Delincuencia fiscal de altos vuelos y cuello blanco. Desde entonces, sin embargo, se ha blindado siempre su identidad y se les ha ofrecido discrecionalmente la posibilidad de solucionarlo amistosamente con una 'segunda oportunidad' (con declaraciones complementarias exentas de sanción penal o administrativa). Y aún hoy no está resuelto el enigma de cómo ha terminado todo. Fortunas que han incurrido en delitos fiscales millonarios y que, según los inspectores de Hacienda reunidos en GEHTSA, han tenido un escandaloso "tratamiento privilegiado" y "condescendiente". Más aún, señalan, en un momento de crisis, recortes y nuevas cargas impositivas a través del aumento del IVA y el IRPF, es decir de recarga fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo.
En el caso suizo, que estalló en junio del año pasado, se descubrieron 3.000 cuentas opacas propiedades de ciudadanos del Estado español, depositados en el HSBC por un valor de 8.000 millones de euros y que afectaban directamente a 1.500 personas. Hacienda, sin embargo, se centra en 659 casos. La primera carta que remitió, una invitación a regularizar la situación sin costes penales, no la respondió ninguno de los afectados. Sólo cuando se incoó expediente sancionador, empezaron a llegar las respuestas. A día de hoy, se han recuperado 220 millones de euros defraudados. A pesar del silencio férreo, fuentes cercanas a la investigación han aclarado que en el listado "están todas las grandes fortunas que se puedan imaginar". Hay numerosos políticos, empresarios y financieros implicados, entre ellos el padre de Emilio Botin, presidente del Banco Santander. Incluso han aflorado detalles de cómo se llegó a extender el pánico en el seno del establishment: un empresario madrileño cerró su mansión y se marchó al extranjero, remitiendo a Hacienda los billetes de vuelo como prueba de que ya no vivía en el Estado.
Sólo un año antes, habían sido descubiertas 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles en Lienchtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la situación a 67, de los cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los pillados destacaban 7 ciudadanos catalanes con depósitos no declarados en el paraíso fiscal. Se trata de José Bas Puig, empresario catalán del sector químico (fraude de 4,2 millones); Luis Gari Sentmenat, administradores de una empresa náutica en Barcelona (fraude de 7'98 millones); el arquitecto barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, de la alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones de euros) o el auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Murtra (fraude de 313.442 euros). El séptimo de los catalanes pillados no es otro que Artur Mas Barnet, padre del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262 euros. De lLa cuenta era beneficiario, en 2002, el mismo Artur Mas hijo, entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. De la misma operación también resultarán expedientados el cantautor Alejandro Sanz -paladín de la lucha contra la piratería informática-, el industrial vasco Alenadro Legarda (director de la todopoderosa CAF) o Carlos Meier (ex directivo de Segundamano y fundador del Instituto de empresa).
El acantilado de la impunidad efectiva
Ambos casos certifican, sin embargo, que contra el fraude fiscal masivo continuado no hay utensilios adecuados para erradicarlo. Los dos asuntos demuestran claramente la debilidad y la falta de medios: el descubrimiento no fue pan fruto de investigaciones propias sino de filtraciones, compraventas de diskettes y casualidades. En el caso de las cuentas en el LGT de Lienchenstein, el origen es la venta de los datos de 5828 evasores (con un patrimonio total de 5.000 millones de euros) realizada por un ex trabajador de la entidad, Heinrich Kieber, a los servicios secretos alemanes. Entre ellos, constaban el 67 ciudadanos del Estado español expedientados. Alemania en facilitó los datos. El caso suizo de HSBC es idéntico: en aquel caso es un ex quien vende los datos en el Estado francés, que traspasa la hacienda española.
Una dinámica similar se ha vivido en los casos más sonados de corrupción de los Países Catalanes. En la trama Gürtel, el hecho de que toda la contabilidad tafurera estaba en un disco duro extraíble, en el caso del saqueo de Millet en el Palau de la Música, por una denuncia inicial hecha desde dentro. Y para terminar, no hay que menospreciar que los expedientes finalmente incoados se caracterizan después por largas dilaciones judiciales, eficazmente gestionadas por buffets de abogados de lujo. La última muestra fehaciente es el caso Hacienda, "ejemplo de codicia y suciedad" según el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled de una trama que subornaba inspectores a cambio de liquidaciones favorables. El juicio tardó 12 años en celebrarse verdad este verano se ha hecho pública la sentencia. Doce procesados han sido condenados a elevadas penas de prisión de entre 6 y 13 años, entre ellos Josep Lluís Núñez, el abogado Juan José Folchi o el ex jefe de Inspección de Hacienda en Cataluña en Cataluña Josep Maria Huguet. Todos los condenados, sin embargo, están en la calle.
Es el punto sobre la i. De la i de impunidad. Hannah Arendt lo teorizaba en 'Los orígenes del totalitarismo': desde la Edad Media, los códigos de conducta, de castigo y represión que se aplican al resto de la sociedad nunca afectan a los delitos de las élites. Protegidas siempre por un circuito de poder que conduce indefectiblemente a su impunidad. En el siglo XXI, las puertas giratorias que retuercen poder estatal y poder económico siguen bien abiertas y operativas. Y mientras la crisis se abona por la multitud de abajo, los pocos de arriba siguen acumulando riqueza y evadiendo la misma. Delinquiendo en los ángulos ciegos del capitalismo opaco.
(Y nos lo venden como crisis)
