LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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jueves, 8 de agosto de 2024

INDIGNACIONES

 

En estos tiempos de posverdad en los que  la manipulación y el aprovechamiento político de las emociones ha desplazado al debate de ideas, no es sorprendente que asistamos a un torneo cotidiano de indignaciones, en el que todos pujan por imponer las suyas reclamando que se les preste atención solo a ellas.

Porque uno de los propósitos del "indignómetro" es justamente ése: fijar los temas de la agenda, imponer de que se habla y discute y cuando, y si mal no viene, que es lo que hay que decir. Con la pretensión de que. mientras se habla de eso que quieren que hablemos, no se hable de nada más.; y -esto es lo más importante- que de ciertas cosas no se hable nunca. 

Si es por indignarse y cuando el caso lo amerite, nos indignamos todos, pero siempre que tengamos en claro por qué, cuando y -sobre todo- que vamos a hacer con el motivo de la indignación. Porque de lo contrario no pasa de una discusión de bar o de peluquería, en la que se habla de cosas para pasar el tiempo, y nada más.

Vengan estas reflexiones a propósito de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, pero bien pudo aplicar al caso de las elecciones en Venezuela, o cualquier otro tema que nos propongan. En el caso de Alberto, se trata de un hecho de su vida privada que la víctima -en su pleno derecho- decidió hacer público denunciándolo, y como tal merece que antes de dudar de su palabra (como suele suceder), se le brinde respeto, contención y acompañamiento en su búsqueda de justicia. 

Este hecho privado luce además verosímil no solo porque la víctima lo denuncia, sino porque es como una pieza que viene a completar en nuestra mente el rompecabezas que tenemos formado de la imagen de alguien que nunca debió haber llegado a donde llegó, porque carecía de las mínimas condiciones para ello. 

Pero si hay indignación en torno al tema -sea real o impostada por razones de corrección política- es porque en el medio pasaron cosas; como la lucha del movimiento de mujeres por visibilizar la problemática de la violencia de género, y reclamar legislación y políticas públicas para erradicarla. Tanto es así que en los 90' Menem, siendo presidente, expulsaba por la fuerza a su esposa de la residencia de Olivos y el hecho era motivo de burlas y chistes en los medios, o que hoy hasta los que han combatido las reivindicaciones de las mujeres y del movimiento feminista, se ven obligados al menos a fingir que les importa el tema, y que deben pronunciarse indignados en público.

Como una demostración de como funciona el "indignómetro", que no es otra cosa que el dispositivo de control de la agenda pública, no hay tanta indignación con el senador Atauche de LLA (el que provocó un escándalo cuando conducía borracho y lo detuvieron en un control de alcoholemia), que habría contratado sicarios para matar a su mujer; o con la visita -con foto incluida, como se puede ver en la imagen de apertura- de un grupo de diputados libertarios a algunos de los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza. O con la muerte con claras connotaciones políticas de la esposa de un desaparecido en la dictadura, sucedida en Córdoba.

Aunque pretendan convencernos de lo contrario para crear el hombre de paja que les permita falsear el debate, no hay nadie en el peronismo ni en el kirchnerismo defendiendo a Alberto Fernández de los hechos de los que se lo acusa. Si hay muchos tratando de minimizar, descontextualizar o directamente ignorar la muerte de Córdoba, o la visita de los legisladores a los represores, o proteger sus bancas de las que deberían ser expulsados de inmediato, por indignos, en todos los sentidos posibles de la palabra.

Nosotros votamos a Alberto Fernández en las condiciones que todos conocemos, sabiendo de sus agachadas políticas pero sin conocer estos costados oscuros de su vida privada. Hay muchos que saben perfectamente quienes son Astiz, Suárez Mason o el "Tigre" Acosta y lo que hicieron, y aun así los defienden, y trabajan por su impunidad: esa es la distancia que nos separa.

Y a la inversa con lo que sucede con el problema de la violencia de género -donde la conciencia social ha avanzado, fruto de la lucha perseverante de las mujeres-, lo que pretenden con hechos como la visita a los represores -de la que el crimen de Córdoba es resultado directo, en el contexto del "clima de época"- es lo contrario: que los argentinos retrocedamos en las políticas y en la conciencia social sobre la necesidad de seguir profundizando las políticas de memoria, verdad y justicia. Algo que en un punto está sucediendo, y por eso tenemos como vicepresidenta a quien tenemos, con el voto popular. 

Debajo de la montaña rusa de indignaciones cotidianas y emociones manipuladas para oscurecer las ideas, lo que hay es una puja política por el control: del debate político, de la agenda pública, del Congreso y las instituciones, y de la calle. Y de lo que se trata entonces es de no perder nunca de vista ése hecho relevante, para no distraerse de lo principal, sin dejar de atender otras cuestiones.

Y lo principal es detener este experimento fallido con seres vivos que se está llevando puesto al país, su soberanía, sus recursos y los derechos, empleos, salarios y esperanza de futuro de la mayor parte de sus habitantes. Tuits relacionados: 

lunes, 4 de febrero de 2019

¿NACIONAL O METROPOLITANO?


Que las distintas formas de violencia contra las mujeres son uno de los temas de más urticante actualidad que debería encarar el Estado de forma urgente, quedan pocas dudas: casi un femicidio diario en los primeros 31 días del año, solo para empezar. Y que para eso se deberían asignar recursos suficientes, tampoco se discute.

Pero además el Estado debería hacerlo a lo largo y a lo ancho del país, porque los femicidios y otras forma de violencia contra las mujeres no reconocen límites geográficos. Sin embargo parece que en el gobierno de Macri no se hacen cargo de nada de eso, ni de asegurarse de tener los medios para cumplir mínimamente con la Ley 26.485 sancionada en 2009, durante el gobierno de Cristina.

El cuadro de apertura muestra la distribución de las partidas presupuestarias asignadas para este año al Instituto Nacional de la Mujer, organismo creado con gran bambolla publicitaria por decreto de Macri, el año pasado. Los poco más de 264 millones de pesos con que cuenta para sus tareas representan apenas el 0,006 % del presupuesto nacional; y de ese total, el 70,6 % se destinan a la burocracia central del Instituto (39 personas, incluyendo funcionarios políticos), con sede en la CABA.

Lo específicamente vinculado con el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres tiene asignados poco más de 62 millones de pesos, que representan apenas el 23,49 % del ya exiguo presupuesto del Instituto. Y de ese dinero, la mayoría son transferencias de capital (sobre todo para la compra de botones anti-pánico) destinadas a las provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero con una distribución muy particular como pueden ver en éste otro cuadro: 


Para que se entienda: los únicos municipios de todo el país que tienen asignados expresamente fondos para programas de prevención de la violencia contra las mujeres (en concreto, comprar dispositivos anti-pánico) en el presupuesto nacional son Morón y La Plata, ambos gobernados por Cambiemos, más precisamente por el PRO. Y la CABA (también con gobierno amarillo) tiene asignados 17,5 millones a ese fin, el 29,24 % de lo previsto para todo el país, en ese rubro; con algo menos del 8 % de la población total.

Como también hay una parte para repartir en el resto de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, al resto de las provincias y municipalidades del país (sin discriminar cuanto a cada una) les tocan solo 12,5 millones de pesos: el 12,89 % de lo previsto en las "Transferencias" para políticas para prevenir la violencia contra las mujeres, y el 4,73 % del presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer. El porcentaje respecto al presupuesto nacional no lo sacamos, porque no nos entrarían todos los ceros.

¿Tendrán estudios que dicen que en el interior no hay femicidios, no compran los diarios o les cortaron Internet y no se enteran de las cosas?

sábado, 7 de octubre de 2017

NI UN PALO MENOS


La imagen de apertura nos muestra la parte del presupuesto nacional 2018 que discute el Congreso en la que están los fondos asignados por el gobierno a las políticas de defensa de los derechos de la mujer, y políticas de género.

El importe nominal (es decir, en plata) es inferior al ya escaso de éste año; que eran $ 162.810.000, de los que al día de hoy solo se habían ejecutado el 64,88 %, cuando el promedio global de ejecución de gastos de toda la administración nacional es del 72,98 %. Y encima más de la mitad del monto asignado, se va en contratos.

En la parte de "Transferencias" van las partidas que el Estado nacional destina a las provincias, municipalidades, universidades y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de esas políticas.

En el caso de las ONG's (que son muchas) que militan por lo derechos de las mujeres y por las cuestiones de género, les asignan apenas 5,3 millones de pesos.

Pensemos que en pauta oficial (publicidad en los medios) la Jefatura de Gabinete tiene asignados 1800 millones de pesos, para poner las cosas en perspectiva.

Y los fondos asignados a las "Escuelas Populares de Formación de Género" es directamente un chiste: casi lo mismo que nos costó a todos el video de 4 minutos que Hernán Lombardi le encargó a Majul.

Eso sí: después antes de cada marcha o el 8 de marzo se sacan la foto con el cartelitos de "Ni una menos".         

jueves, 7 de septiembre de 2017

DISFRAZANDO EL AJUSTE


En el Boletín Oficial de ayer apareció publicado el DNU 698 (completo acá); que crea la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado dentro de la Secretaría General de la Presidencia

El nuevo ente reemplazará a la Comisión Nacional Asesora Para la Integración de las Personas con Discapacidad, y la Comisión Nacional de Pensiones Sociales, ésta última que funcionaba en Desarrollo Social.

Por el DNU le sacan al ministerio de Carolina Stanley toda la competencia para entender en las políticas vinculadas con las personas con discapacidad, que pasan a la Secretaría General de la Presidencia; incluyendo el otorgamiento de las pensiones por invalidez y las de las Leyes 25.869 (2004) para hemofílicos infectados con HIV, y 26.928 (2014) para personas transplantadas.

Decíme que tiene que ver la Secretaría General de la Presidencia (De Andreis es el cerebro del retorno del fútbol codificado, y de los curros con Avianca, Baires Fly y la flota aérea presidencial) con todo eso. Nada, pero sí con el propósito que persigue el gobierno: reducir drásticamente el número de pensiones.

Evidentemente es como pasó con el Decreto 652 que autoriza a Dietrich a levantar ramales ferroviarios, tras un presunto cambio burocrático se viene un guadañazo de las pensiones sociales y por invalidez, sin asco. Tampoco es casual que la medida se apurara (tanto que se apeló a un DNU) justo cuando la justicia acaba de hacerle lugar a un reclamo para que el Ministerio de Desarrollo Social restituya todas las pensiones que dio de baja.

Hace pocos días desde ATE denunciaban que están en riesgo 600.000 pensiones por invalidez, porque el gobierno revisaría los criterios con que se otorgan, ateniéndose a lo que establece la Ley 22.341 para las discapacidades, y existen numerosas patologías que impiden trabajar (y por eso hacen acreedor a quien las padece de una pensión no contributiva), pero no son calificadas como discapacidades conforme a ese marco legal. Siguiendo este enlace pueden escuchar el reportaje que le hiciera Gustavo Castro en Solar de Radio y FM Chalet al delegado del gremio que lo explica.  

En el anexo del decreto en el cual se describen las funciones de la Agencia se señala que le corresponde "Formular, planificar y coordinar las políticas conducentes a asegurar en todo el ámbito de la Nación el otorgamiento y/o denegatoria de pensiones no contributivas por invalidez y las emergentes de la leyes especiales, dentro del marco de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo Nacional." (las negritas son nuestras)

Es decir que si las cosas son como plantean desde ATE, no serán las leyes especiales que dictó el Congreso para determinados tipos de pensiones las que determinen quien la cobra o no, o quien la puede obtener, sino "las políticas emanas del PEN"; que ya sabemos para donde apuntan.

El DNU además crea el Instituto Nacional de las Mujeres, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social; que reemplazará a el Consejo Nacional de las Mujeres que integraba el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente hasta hoy de Presidencia.

El Instituto tiene solo un Director Ejecutivo nombrado por el presidente, cuando el Consejo que se disuelve tenía presidente y vice y 8 vocales, que representaban a todas las áreas del Estado con incumbencia en las políticas dirigidas a la mujer. No quieren discusión ni bardo ahí los muchachos, ni siquiera interno. Nada de planteos de "Ni una menos". 

Aunque pareciera que con éste último cambio la compensan a Carolina Stanley por haberle mochado el manejo de las pensiones, en realidad tratan de aparecer compensado lo anterior; que como dijimos, es el preludio de la poda de las pensiones.

No sería raro que para defender la medida argumenten que el Consejo Nacional de las Mujeres sub ejecutaba su presupuesto, lo cual es realidad (ver el cuadro de abajo), pero es culpa de ellos; y tampoco el decreto prevé aumentar las partidas destinadas a las políticas de promoción de los derechos de la mujer:


viernes, 21 de octubre de 2016

NI UNA MENOS, NI UN PESO MÁS


Este miércoles se realizó en todo el país una nueva marcha bajo la consigna “Ni una menos”, con el agregado del paro de mujeres protestando contra todas las formas que adquiere la violencia de género.

Como pasa siempre, la dirigencia política adhiere a las movilizaciones y abundan las expresiones de ocasión sobre la importancia del tema, y el compromiso que asumen para resolverlo a través de las políticas públicas.

Sin embargo la distancia entre los dichos y los hechos suele ser bastante, sobre todo en lo que tiene que ver con asignarles a esas políticas públicas recursos suficientes para que tengan eficacia e impacten en la realidad: se podría decir que “gobernar es presupuestar, y ejecutar ese presupuesto”.

Desde esa óptica, nos permitimos hurgar en los números de los presupuestos de la provincia de Santa Fe y de la municipalidad de su ciudad capital, para ver el volumen de los recursos que sus respectivos gobiernos le destinan al problema de la violencia de género; un indicador cierto de la importancia concreta que le asignan, más allá de las declaraciones de ocasión.

En el caso del gobierno provincial, el presupuesto de éste año destina $ 18.834.000 para el programa denominado “Atención y prevención de la violencia de género” que funciona en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social; cifra que representa el 1,18 % del gasto total de la cartera, y el 0,018 % del presupuesto total de la provincia.

Al no existir desagregación por programas de la ejecución presupuestaria efectiva (cuyas últimas cifras corresponden al 30 de junio pasado) no se puede determinar cuanto se ha gastado hasta ahora en el programa.

Para el año que viene el proyecto de presupuesto que está debatiendo la Legislatura contempla en el mismo programa $ 37.130.000, es decir un aumento interanual del 97,14 %; que luciría promisorio si no se lo contrastara con el peso que la problemática tiene en el gasto total: con ese incremento, pasará a representar el 1,64 % del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, y el 0,024 % del presupuesto global de la provincia.

Un presupuesto que contempla por ejemplo gastar en publicidad oficial 772 millones de pesos, es decir 20,79 veces lo que se destinará a políticas para prevenir y erradicar la violencia de género.

En el caso de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, el panorama es aun peor.

El subprograma “Mujer, género y diversidad sexual” que funciona en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social tiene asignados recursos por $ 200.307 (sí, poco más de doscientos mil pesos), que representan el 0,0056 % del presupuesto total de la municipalidad.

Comparado con los $ 27.386.094 que la gestión de Corral piensa gastar en publicidad oficial, la cifra es 136,72 veces menor.

En éste caso no está disponible aun el proyecto de presupuesto para el año que viene, pero sí la Cuenta de Inversión del año pasado, lo que nos permite determinar que del 2015 al 2016 los ya de por sí escasos fondos asignados por la municipalidad para la problemática de género tuvieron una poda del 48,86 %: el año pasado eran $ 391.659.

Pero no es casual que éste año hayan sido reducidos a la mitad: la misma Cuenta de Inversión dice que en el 2015 solo se gastaron el 44,50 % de los fondos asignados al subprograma, lo que significa que el presupuesto del mismo para éste año tomó como base lo efectivamente gastado en el rubro el año pasado, más un “refuerzo” de $ 26.019 (sí, algo más de veintiséis mil pesos).

A lo mejor las masivas movilizaciones de ésta semana (que también se vieron en la provincia y en la ciudad) convencen a los gobernantes de ser un poco más generosos; para no quedarse en las simples declaraciones.

sábado, 4 de junio de 2016

EN EL DÍA DEL "NI UNA MENOS", OTRA VEZ UNA MUJER LLAMANDO A LAS COSAS POR SU NOMBRE



La del video es Silvia Martínez Cassina, la periodista de TN y el 13 que esta semana fue noticia por el "apriete" público que sufrió del Grupo Clarín en el diario, bajo la forma del famoso "semáforo" con el que pretenden premiar y castigar a los que se alinean con ellos. Más información al respecto, acá.

En éste caso castigar a quien forma parte de la comisión interna de Artear, y lucha por sus derechos como trabajadora.

La están entrevistando en la marcha de ayer del "Ni una menos", y lo que dice vale realmente la pena: la misoginia, la violencia de género casi explícita, las difíciles condiciones para el ejercicio de la tarea sindical dentro del multimedios, la difícil situación de sus compañeros.

Lo que dice tiene un doble valor por quien lo dice, y donde trabaja: no se trata de una ex panelista de "678", ni de alguien a quien ,si la despiden por su posición, vaya a ser empleada en éste momento en un medio público.

Viene bien para reflexionar como a veces la línea para determinar quienes quedan de un lado y otro de la famosa "grieta" se torna difusa, y se corre el riesgo de equivocarse.

jueves, 4 de junio de 2015

APUNTES SOBRE LA MARCHA


* En pleno año electoral, y en el medio de una campaña hasta acá huérfana de discusiones serias y a fondo sobre la agenda del futuro, desde la sociedad civil se instaló un tema que interpela al conjunto del sistema político e institucional, de un modo que ninguno pudo ignorarlo: un enorme signo de la vitalidad de nuestra democracia, que se revela otra vez más viva que nunca desde que la reconquistamos en 1983.

* La habitualmente activa sociedad civil argentina volvió a ganar la calle para hacerse oír, siguiendo una de nuestras más arraigadas y rescatables tradiciones políticas (sí: políticas); con una masividad y extensión a lo largo y a lo ancho del país que excede con creces la falsa dicotomía entre la espontaneidad y la organización de un reclamo social.

* Seguramente abundaron hipocresías y oportunismos varios, así como intentos de aprovechamiento o capitalización de la movida para llevar agua para el molino propio, o traficar planteos disfrazados: nada que no se pueda procesar en democracia, y nada tan importante que desmerezca la magnitud del hecho.

* Los colectivos que vienen luchando desde hace mucho tiempo por los derechos y la dignidad de las mujeres se vieron fortalecidos por un baño de multitudes al que se sumó mucha gente suelta, y ambos se necesitan recíprocamente: la espontaneidad aporta la masividad necesaria para visibilizar el reclamo, la organización es imprescindible para sostenerlo en el tiempo, y concretarlo en cambios reales y tangibles.

* El Estado vuelve a ser visibilizado por la sociedad civil como "el lugar del reclamo"; lo cual es altamente saludable en términos de construcción democrática: desde el "que se vayan todos" a la exigencia de que todos se queden, cumplan con su rol y den respuestas, hay un innegable salto cultural, y una maduración como sociedad. Tan grande como el que va de la catarsis difusa de los cacerolazos, a la contundencia de un reclamo bien concreto como el de ayer.

* También es sumamente positivo que se reclame al Estado que invierta recursos para efectivizar políticas públicas que consagran y reconocen derechos, lo cual implica entender que para que estos no queden en letra muerta, es necesario un Estado activo y presente, y que hay cosas que no pueden dejarse libradas "a la mano invisible del mercado".

* Claro que la contracara del reclamo es resistir la tentación de ceder a los cantos de sirena -moneda corriente en tiempos electorales- que proponen como solución mágica a todos los problemas reducir o eliminar impuestos: un Estado presente y activo demanda recursos, para poder cumplir con eficacia los roles que se le exigen, sin perjuicio del imprescindible y legítimo debate sobre la prioridad en la asignación de esos recursos; o los sectores sociales y actividades económicas que los aportan.

* Sin embargo, el reclamo legítimo al Estado no debería terminar convalidando la astucia del mercado, que con su habitual rapidez de reflejos intenta sacar provecho de la movida para darse un baño de corrección política, explotando incluso con  morbo la visibilización de la cara más oscura de las diferentes formas de violencia contra las mujeres; mientras intenta por contraste invisibilizar todas las formas intermedias, con las que hace negocios: desde la cosificación de la mujer hasta la discriminación salarial o laboral, pasando por los avisos clasificados del rubro 59 o la explotación de mujeres en los talleres clandestinos o las redes de trata, abundan los ejemplos al respecto.

* En una sociedad acostumbrada a movilizarse pidiendo que se dicten leyes que atiendan a una determinada problemática, o que se modifiquen las que existen, no deja de ser positivo que en éste caso el reclamo se enderece a que se cumplan, en plenitud y dentro del espíritu con el cual fueron concebidas: un signo de que -al menos en ese aspecto- la respuesta institucional del sistema político tuvo buena dosis de previsión.

* De tal modo el reclamo da cuenta de que el problema no está en las normas, sino en otras cuestiones: por el contrario, el conjunto de las leyes dictadas en los últimos años para proteger los derechos de las mujeres pueden parangonarse con los más altos estándares que rigen en la materia, incluso en términos comparativos internacionales. Y acorde a lo que ha sido la constante de éste ciclo histórico, se trata de leyes que amplían, reconocen y perfeccionan derechos; no los cercenan, postergan ni restringen . 

* La mayor parte de esas leyes (en especial la Ley 26.485 que consagra las políticas públicas para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer) fueron sancionadas por el Congreso en un marco de amplios consensos entre oficialismo y oposición; lo cual desmiente los tan remanidos latiguillos de "la grieta" o la "escribanía del gobierno", ensancha su legitimidad y redobla el compromiso del conjunto del sistema político, para aplicarlas en plenitud.

* Sin embargo, el caso deja claro que las leyes no resuelven mágicamente los problemas por su sola vigencia, y en el caso particular de los femicidios (figura agravada del homicidio introducida en 2012 con la Ley 26.791), no han bastado por sí mismas para disminuir los casos: una lección para el punitivismo penal, que desde Blümberg para acá (y mucho antes también) insiste en asignarle virtudes mágicas al aumento de las escalas penales, para terminar con cualquier forma del delito. 

* Dentro de la morosidad estatal interpelada por el reclamo (antes en aggiornar el sistema legal, ahora en ponerlo plenamente en acto) sobresale la de la justicia; una vez más sindicado por la sociedad como el poder institucional del Estado mas retrógado en términos culturales, y menos democrático y permeable a las demandas sociales: una lección a tener en cuenta cuando esa misma justicia reclama  -y a veces obtiene- solidaridad social para defender sus privilegios corporativos.

miércoles, 3 de junio de 2015

UNAS CUANTAS MENOS (Y UNOS CUANTOS TAMBIÉN)



Se realizan hoy en las plazas de todo el país las marchas organizadas bajo la consigna "Ni Una Menos", para concientizar sobre la violencia de género; y exigir el pleno cumplimiento de la Ley 26.485 que establece el régimen de prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, en cualquier ámbito donde ésta desarrolle sus relaciones interpersonales.

La adhesión a la marcha ha sido amplísima, y transversal a todo el arco político sin distingo de oficialistas u opositores: casi no hay nadie que no la haya expresado en los medios o en las redes sociales; o que no haya subido la consabido foto con el cartelito que reproduce la consigna de la convocatoria.

La ley fue en su momento una importante conquista de los distintos colectivos sociales que luchan por los derechos y la dignidad de las mujeres; y el cumplimiento por parte del Estado argentino de compromisos a los que había obligado al adherir a pactos internacionales de derechos humanos que rigen en la materia; como el CEDAW y su protocolo facultativo (convención internacional de la ONU, de 1979) y el Convenio Interamericano de Belem Do Pará (1994).

Y fue una de las tantas normas que durante ésta década se sancionaron en busca de los mismos propósitos, como la reforma introducida al Código Penal en 2012 a través de la Ley 26.791, para agravar las penas del homicidio en el caso que fuera cometido por un hombre en perjucio de una mujer, mediando violencia de género.


La Ley 26.485 obtuvo su sanción definitiva en la sesión de la Cámara de Diputados del 11 de marzo del 2009, y luego de promulgada fue reglamentada por Cristina mediante el Decreto 1011/10.

Y si bien tuvo amplios apoyos tanto de oficialistas como de opositores (174 votos a favor, en una Cámara de 257 miembros), en la misma sesión hubo numerosas ausencias, y algunas abstenciones.

Sin perjuicio de señalar que pudieron existir audiencias justificadas (tal el caso por ejemplo de Jorge Rivas y sus conocidos problemas de salud), hay otras que resultan llamativas; sobre todo teniendo en cuenta que se discutía un tema de tanta trascendencia, el más importante de la agenda de labor parlamentaria de ése día.

Justamente esas ausencias son las que documentó el acta de la sesión, conforme ilustran las imágenes del post, y hubo además abstenciones, es decir legisladores (en éste caso legisladoras) que optaron por permanecer en sus bancas al momento de la votación, pero no acompañar con su voto el proyecto:




Como se ve, hay de todo en cuanto a alineamientos partidarios (oficialistas y opositores), y nosotros hemos destacado algunos nombres simplemente por ser más "célebres" que otros, si se quiere.

Un necesario recordatorio para tener presente hoy (cuando todos se cuelgan el cartelito para la foto), y tratar de distinguir cuanto hay de auténticas convicciones y cuanto de pose de "correción política", aun cuando esto en sí mismo (que un político se vea "obligado" a aparecer adhiriendo a una buena casa, más allá de sus íntimas convicciones), no deja de ser un triunfo de la sociedad civil, que logra avances culturales contra rémoras subsistentes.