Tal como leemos acá en La Política Online, el Senado postergó el jueves pasado el tratamiento de la prórroga de la Ley 26.160, que suspendió los desalojos por vía administrativa o judicial contra los pueblos originarios de las tierras que tradicionalmente ocupaban.
En realidad, la prórroga de la ley tenía tratamiento previsto en el Senado para el 27 de éste mes, y lo que el oficialismo (que incluye obviamente a Pichetto) rechazó fue una moción de preferencia de Pino Solanas para adelantar el debate a ese día.
Digresión: un rato después de la captura de pantalla a la que corresponde la imagen de apertura, se ve que alguien les avisó que la Constitución no los denomina "indios", y corrigieron:
En realidad, la prórroga de la ley tenía tratamiento previsto en el Senado para el 27 de éste mes, y lo que el oficialismo (que incluye obviamente a Pichetto) rechazó fue una moción de preferencia de Pino Solanas para adelantar el debate a ese día.
Digresión: un rato después de la captura de pantalla a la que corresponde la imagen de apertura, se ve que alguien les avisó que la Constitución no los denomina "indios", y corrigieron:
Pero volvamos al tema: en noviembre del
2006 el Congreso sancionó la Ley 26.160, cuyo artículo 1 declaró “la
emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya
personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el
término de 4 (cuatro) años. ”
Por el artículo 2
se suspendió durante el plazo de la emergencia declarada “la
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º.”, requiriendo que “La posesión debe ser actual, tradicional,
pública y encontrarse fehacientemente acreditada.”.
Antes de que el plazo original se venciera,
en diciembre del 2009 fue prorrogado por la Ley 26.554 por cuatro años, y lo
mismo sucedió en octubre del 2013 por la Ley 26.894: prorrogó la emergencia y
la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos
que dispusieran desalojos hasta el 23 de noviembre de éste año, que es cuando
se vence.
La vigencia o no de la ley no es ajena a la
desaparición forzada de Santiago Maldonado: la escalada represiva contra las
protestas del pueblo mapuche en la Patagonia, y la estigmatización de sus
reclamos está directamente vinculada a los intereses de grandes terratenientes
nacionales y extranjeros (como Lewis y Benetton) que desean desalojarlos de las
tierras que ocupan.
Recordemos que el día posterior al operativo
en la Pu Lof de Cushamen en el que desapareció Santiago, la Sociedad Rural de Chubut (como si estuviéramos en
la década del 20’, en los tiempos de la Patagonia trágica) expresó su
beneplácito por el desalojo, y por “la firme decisión de las autoridades de
hacer cumplir la ley y defender la propiedad privada”; y que el jefe de
gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, había estado de gira por los
medios de la región anunciando que iban a hacer justamente eso; es decir
reprimir, incluso encarcelar sin orden judicial.
El Estado argentino con Macri a la cabeza no
es neutral en ésta disputa: desconociendo el espíritu que anima a la ley y sus
prórrogas, se ha puesto decididamente del lado de los terratenientes nacionales
y extranjeros contra los reclamos de los pueblos originarios y no solo en la
Patagonia, y con los mapuches.
Recordemos además que fue este mismogobierno el que modificó a través del Decreto 820 del año pasado la ley quepone límites a la extranjerización del dominio de inmuebles y tierra rurales
sancionada por el gobierno de Cristina.
Y ya que estamos haciendo memoria, no está
de más recordar que cuando en noviembre del 2006 se discutió lo que sería la
Ley 26.160, tuvo 12 votos en contra, entre ellos los de los entonces diputados
del PRO Esteban Bullrich (hoy candidato a senador por la PBA y apologista de la
“campaña del desierto”), Federico Pinedo y Pablo Tonelli (el operador de Macri
en el Consejo de la Magistratura), tal como pueden ver en el acta adjunta:
Pero hubo más: cuando en el 2009 se votó la
primera prórroga de la ley hubo apenas 3 votos en contra (todos de diputados
del Movimiento Popular Neuquino), pero numerosas ausencias, entre ellas las de
los diputados del PRO.
Y en el 2013 cuando se aprobó la última
prórroga, tuvo 191 votos a favor y ninguno en contra, pero también abundaron
las ausencias, entre ellas las de 7 de los 11 diputados del PRO, y de muchos de
sus aliados en “Cambiemos”, como Oscar Aguad (hoy ministro de Defensa), el
diputado radical santacruceño Eduardo Costa, Elisa Carrió, el ex ministro
Alfonso Prat Gay, el hoy embajador en España Ramón Puerta (que tiene en Misiones
sus propios entuertos contra los pueblos originarios) y Margarita Stolbizer;
algo así como una segunda marca del oficialismo.
Entre los ausentes del PRO (como pueden ver
en el acta abajo) sobresalen Gladys González (la compañera de fórmula de
Esteban Bullrich), la vicepresidenta Gabriela Michetti, el ministro de Trabajo
Jorge Triaca, la diputada Cornelia Schmit Liermann (que a raíz del caso
Maldonado le pidió al gobierno “tomar medidas para evitar la radicalización de
los jóvenes") y repiten (esta vez absteniéndose) Pinedo y Tonelli.
Lo que se dice gente coherente en sus
principios; a la que su reputación la precede, dato a tener en cuenta ahora que ofrecen "mejorar" la ley en lugar de solo prorrogarla.