LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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viernes, 22 de mayo de 2026

LOCOS DE REMATE


Se ha dicho muchas veces (nosotros mismos lo hemos hecho aquí) que este gobierno no tiene un plan de gestión, sino uno de negocios: detrás del discurso de campaña de la lucha contra la casta y la motosierra se escondía el modelo real, que supone la mera administración del Estado y los bienes públicos en beneficio del capital privado, como si el país entero tuviese puesta una bandera de remate y venta al mejor postor (o a los amigos).

Desde el principio mismo de su gobierno y con el DNU 70/23 (que aun sobrevive por la anuencia de la Corte Suprema) primero, la fallida ley ómnibus después y finalmente la Ley 27742 de bases, con la pluma de los estudios jurídicos que asesoran a las grandes empresa y grupos económicos del país y del extranjero, se desplegó una ofensiva tendiente a liquidar el patrimonio público para pagar deuda o financiar la bicicleta financiera; con especial énfasis en el remate de las empresas del Estado sin importar si tienen o no pérdidas (recordemos que la intención original era privatizar hasta YPF, Aerolíneas y el Banco Nación); estableciendo todo tipo de cerrojos jurídicos para que un futuro gobierno no pudiera revertir el proceso de entrega.

Así la Ley 27742 de bases en su artículo 7° declaró sujetas a privatización a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en su anexo I, a saber: Energía Argentina S.A. (ENARSA), Intercargo SAU, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSSA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.. Recordemos que el listado fue depurado en el paso del proyecto de ley por el Congreso, porque hasta a la oposición "razonable" dadora voluntaria de gobernabilidad le pareció excesivo el original remitido con el mensaje del Poder Ejecutivo.

Salvo las dos primeras empresas mencionadas en el párrafo anterior, la ley contempla dos opciones: la privatización (venta y liquidación de la sociedad y sus activos) o la concesión a privados de los servicios u obras que presta, por un plazo determinado. En los artículos 8° y 9° de la misma ley se declaró también sujetas a privatización a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y al Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); en idénticas condiciones en ambos casos: organizar un programa de propiedad participada para los trabajadores colocando una clase de acciones para ese fin e incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Pero la ley dispuso que todas las privatizaciones se hicieran bajo los procedimientos establecidos en la Ley 23696 de reforma del Estado del menemismo, y los que la votaron parecieron obviar el detalle de que esa norma sufrió varias modificaciones en éste gobierno, mediante el DNU 70/23 en sus artículos 41 a 47; todas ellas dirigidas a facilitarles a los eventuales adquirentes de las empresas públicas el proceso de otorgarles participación accionaria a los trabajadores para cohonestar con eso la entrega, o a retacearles participación en las ganancias de las empresas.

El mismo DNU 70/23 que en sus artículos 36, 37 y 40 derogó el Decreto Ley 15.349/46 (Sociedades de Economía Mixta) y las Leyes 13653 (Empresas del Estado) y 20705 (Sociedades del Estado), normas todas ellas dictadas durante los gobiernos del primr y segundo peronismo. El propósito es muy sencillo: no solo que el Estado se desprenda de sus empresas a cualquier precio, sino que nunca vuelva a tener empresas en el futuro. En forma consistente, el mismo DNU dispuso en su artículo 48 que  las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.

Y por su artículo 50 estableció que las empresas en las que el Estado nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el Estado Nacional disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga; mientras que por el artículo 52 estableció que la Ley N° 24.156 (de Administración Financiera) y demás normativa de control del sector público solo será aplicable cuando, en las Sociedades Anónimas producto de la transformación, el Estado posea participación accionaria mayoritaria. 

Es decir que el mismo gobierno que a través del RIGI y sus ampliaciones posteriores les concede a los inversores privados extranjeros todo tipo de privilegios y ventajas se las niega al Estado, y se desentiende por completo de controlar aquellas sociedades en las que éste pueda conservar participación accionaria minoritaria o no controlante, aun después del proceso de privatizaciones.

En su afán por rematarlo todo y hacerse de un puñado de dólares para pagar la deuda, el gobierno de Milei vendió las represas del Comahue (que no estaban en el listado de activos a privatizar o concesionar de la ley bases), IMPSA (en idénticas condiciones), las acciones que el Estado tenía en Transener (la transportadora de energía más importante del país) a través de Citelec (cuya privatización tampoco autorizaba la ley de bases) y sacó a la venta el 90 % del paquete accionario de AYSSA por un valor que no llega al 10 % del de sus activos; en lugar de licitar la concesión de la explotación de sus servicios por un plazo determinado, concesión que podría revocarse por incumplimiento como lo hizo en su momento Néstor Kirchner con la otorgada durante el menemismo.  

A esto hay que sumarle las advertencias/amenazas del canciller Quirno y del privatizador  Chaher sobre la irreversibilidad a futuro de éstas decisiones gravosas para el país y el patrimonio público, y el proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" que se debate en el Congreso; y que como explicábamos en ésta entrada, tiende a limitar las facultades del Estado para expropiar bienes, facultad que surge de la misma Constitución Nacional. Esta misma semana desde el PRO volvieron con la cantinela de la "independencia del Banco Central" para tratar de que los directores hoy designados por Milei en comisión (como Santiago Bausili) obtengan acuerdo del Senado, para que un futuro gobierno no los pueda remover, poniendo como ejemplo el caso peruano: 8 presidentes en 10 años, y siempre el mismo funcionario a cargo del Banco Central.

Claro que nada de todo esto hubiera sido posible sin las complicidades de buena parte de la oposición en el Congreso, y de la justicia en general y la Corte Suprema en particular, que mantiene vivo hace más de dos años al groseramente inconstitucional DNU 70/23, o no se expide sobre los aspectos más controversiales de la ley bases (como la reforma laboral que ya contenía), que significó concederle a Milei facultades extraordinarias, también en violación a la Constitución.

Un contexto en el que resulta inaceptable no ya el silencio de buena parte de la dirigencia del peronismo respecto a estos temas, o la falta de advertencias a futuro sobre el desconocimiento y anulación de todos los negociados en curso (cuando se tiene a la mano el fallo de la justicia yanqui en el caso del fondo Burdford Capital por YPF que ratifica lo obvio: la preeminencia del interés público y las prerrogativas del Estado como responsable de su gestión) y la derogación inmediata de toda la legislación entreguista de éste gobierno, sino que algunos de esos dirigentes estén blandiendo un discurso "amigable" con el capital y los inversores, prometiendo garantizar la seguridad jurídica o respetar algunas políticas de éste gobierno, como el RIGI; o sostener a rajatabla el equilibrio fiscal en un país en el que la mayoría de sus habitantes fueron quedando huérfanos de toda protección estatal por las consecuencias de la motosierra del ajuste. 

¿Será por eso tal vez que tampoco se animan a pedir con todas las letras la libertad de Cristina? Bueno sería en tal caso que nos vayan advirtiendo que las próximas elecciones son el pedo porque no van a cambiar nada, pero sin sorprenderse después porque sigan creciendo los ya elevados índices de ausentismo electoral. Tuits relacionados: 

miércoles, 20 de mayo de 2026

LECTURA RECOMENDADA

 

"Al pueblo argentino se le quiere imponer un modelo económico intolerable que lleva a un cuadro de profundo subdesarrollo y amplia pobreza extendida. Se están tratando de construir las trabas políticas, jurídicas, diplomáticas, locales e internacionales, para que nada del modelo de subdesarrollo extremo que están implantando ante nuestros ojos pueda ser revertido por ningún gobierno posterior. Se pretende que no puedan existir alternativas reales a los Milei-Bullrich-Macri y todo el ejército de políticos serviciales al capital rentístico que vienen detrás de ellos.".

"En un almuerzo convocado esta semana por el CICyP (Consejo Interamericano de Comercio y Producción) —ante cientos de dueños, CEOs y dirigentes de grandes empresas—, el canciller Pablo Quirno afirmó: “A medida que el RIGI sea exitoso, se genera una base de capital que está protegida contra el control de capitales. Entonces, cualquier delincuente (SIC) que, a futuro, trate de poner control de capitales en la Argentina, no va a poder porque va a tener un stock de capital que tendrá derecho a irse. Los futuros gobiernos van a estar, de alguna manera, encorsetados; las herramientas que utilizaron el pasado en contra de los argentinos (SIC) no van a poder ser utilizadas.".

"Quirno llama delincuentes a quienes quieran proteger el patrimonio nacional, o al menos establecer algún tipo de negociación con las grandes empresas para que la extracción de minerales, hidrocarburos y otros productos de la naturaleza no constituya un exclusivo beneficio para las corporaciones. Lo dice en un momento en el que el gobierno está acelerando el impulso privatizador con AySA, con la CONEA y otros organismos que quiere vender con el propósito de conseguir dólares para dos objetivos: 1) ir emparchando vencimientos de deuda externa, mediante la venta a precio vil de empresas nacionales y 2) lo más importante y estructural, destrozar las capacidades soberanas de la Argentina para controlar sus recursos y definir su propio perfil productivo.".

"Vale la pena reiterar lo dicho por Diego Chaher, ex funcionario macrista y hoy funcionario mileísta, en la misma línea que Quirno: “Buscamos que, si alguien intenta reestatizar AySA, le resulte carísimo al país y enfrente sanciones internacionales”. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada apunta exactamente en la misma dirección, y está actualmente en tratamiento parlamentario. Otro cerrojo contra la soberanía nacional.".

"Es clarísima la decisión política del gobierno y de sus mandantes, de que las medidas antinacionales que se tomen ahora no puedan ser revertidas por gobiernos futuros. Para eso están tratando de crear un entramado legal-jurídico que impida que algún gobierno democrático revierta la cesión de soberanía y el despojo que está haciendo el gobierno. La ultraderecha que gobierna, en representación de capitales concentrados locales e internacionales, pretende que un gobierno circunstancial, que en numerosos temas no refleja la opinión de la mayoría de la población —ni siquiera la de muchos de sus votantes—, genere hechos consumados inmodificables para jibarizar a la economía y la sociedad argentina.".

Dirigentes que quieren garantizar. Juan Manuel Olmos, dirigente peronista de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo en un reportaje en el sitio Cenital: “Cuando ganamos (los peronistas), los activos se van a pique y cuando perdemos, rebotan hasta la estratósfera. ¿No vamos a tomar nota de eso? Eso quiere decir que tenemos un problema de confianza. En cuestiones económicas. En cuestiones de 'brecha', 'cepo', de tipo de cambio, de riesgo país, de déficit”. Más adelante en el diálogo, reivindicó la gestión de Néstor Kirchner, en la cual se mantuvieron durante un tiempo el superávit fiscal y el superávit externo. Criticó el actual superávit fiscal “vicioso”, logrado a costa de recortes en áreas fundamentales. Dijo Olmos: “Hay que primero ordenar lo que está desordenado y el peronismo tiene que ser también sinónimo de ese orden. Nosotros no trabajamos para los mercados. Ahora, ¿ignorarlos? (…). Nosotros no somos los que le damos garantías a los mercados, pero sí tenemos que dar garantías de estabilidad. Porque la gente también sufre cuando no hay estabilidad”.".

"Olmos expresa a una importante cantidad de dirigentes del “campo nacional y popular” que no pueden salir de una trampa discursiva conservadora, y no pueden apartarse de la fenomenal hegemonía que un sector de negocios completamente fracasado ejerce sobre ellos. Por empezar, el famoso tema de la “confianza”. ¿Quién es el que debe otorgar la confianza a un gobierno popular? Supongamos que no es el pueblo, sino los grandes empresarios. ¿Pero qué empresarios? Sí, son los mismos empresarios a los que les da mucha confianza el gobierno de Milei, los que lo alientan y sostienen, y que también le tuvieron “confianza” a los otros experimentos económicos fracasados que protagonizó la derecha argentina.".

"Algunos políticos nac and pop parecen no entender que la “confianza” que pretenden lograr de los sectores dominantes argentinos no tiene que ver con la solidez económica, con la consistencia de las variables, con el equilibrio fiscal y externo, sino con intereses de negocios concretos. Nunca esos intereses se opusieron al endeudamiento externo, a la evasión impositiva, a que al Estado lo roben por todos lados los contratistas del Estado, o que no se puedan controlar los recursos que entran y salen por las fronteras del país.".

"Esos dirigentes deberían pasar por algunos cursos de historia económica reciente, porque parecen creer la versión de la historia fraguada por los ideólogos liberales sobre los males económicos peronistas y sobre la supuesta seriedad y responsabilidad económica de los ortodoxos. Nuestra historia es muchísimo más compleja, pero lo que es seguro es que los Martínez de Hoz, Cavallo, Broda, De Pablo, Sturzenegger, no están en condiciones de erigirse en jueces de ninguna recta política económica.".

"Por supuesto que eso no exime a un gobierno popular de respetar ciertas leyes de la economía, que es distinto de respetar a los grandes intereses económicos, cuyo horizonte no es la coherencia, no son los equilibrios, sino los grandes negocios a como dé lugar. A esta altura del desastre mileísta, la dirigencia que se pretenda ofrecer como reemplazo a esta gestión debería haberle perdido todo respeto intelectual a los poderes que alientan estos experimentos antipopulares —que siempre vienen con toda la parafernalia de los equilibrios, la moneda sana, la confianza, etc.— si es que no quieren quedar atrapados en el miedo y la impotencia en la futura gestión pública. La dependencia intelectual y psicológica frente al poder económico, o el miedo a este, puede llevar a la inexistencia de una opción realmente alternativa.".

(Completo acá.)

martes, 5 de mayo de 2026

COMO ARMAR DESARMANDO

 

Este lunes apareció publicado en el Boletín Oficial el DNU 314 (completo acá), por el cual Milei aprueba el "Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino "; cuyos fines son "...el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional,...".

A esos fines, el DNU dispone destinar el 10 % del producido de la venta de inmuebles del Estado nacional que el gobierno está llevando adelante en el marco de la ley bases, porcentaje que podrá elevarse hasta el 70 % si los bienes vendidos estaban afectados al uso de las Fuerzas Armadas. En el decreto se mencionan tanto la Ley 24948 (1998), cuyo artículo 19 dispuso diferentes alternativas para su reequipamiento, como la Ley 27565 de 2020, que creó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF); y se señala que lo que dispone no excluye lo que establecen esas normas, sino que las complementa.

Lo que está haciendo Milei por el DNU -firmado a la vuelta de hacer cosplay de Top Gun en un portaaviones yanqui que navega el Mar Argentino sin autorización del Congreso nacional como manda la Constitución- es establecer una fuente contingente de recursos (que depende de que se vendan bienes del Estado, que salen de su patrimonio), para atender una necesidad permanente (el reequipamiento de las Fuerzas Armadas).

Vistas así las cosas en el contexto de un gobierno que mantiene a los uniformados con sueldos paupérrimos, desfinanció hasta quebrar y vaciar su obra social y está comprando chatarra estadounidense de rezago (como los F16) como si se tratara de tecnología de última generación, el DNU parece más dirigido a validar el remate del patrimonio público de los argentinos, que a modernizar y equipar a nuestras Fuerzas Armadas. 

Es decir está hecho más pensando en los negocios de Elsztain o Costantini, que en las necesidades de la defensa nacional; considerando además que la venta de terrenos y edificios de las FFAA están entre las operaciones más cuestionadas de la gestión libertario, incluso por opositores "razonables" como Pichetto.

Y ya que el decreto menciona a la ley que creó el FONDEF durante el gobierno de Alberto Fernández, recordemos que ésta dispuso en su artículo 3° distintos criterios a tener en cuenta en la adquisición de equipamiento para las fuerzas, siempre que fuera posible: "1. Favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; 2. Promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; 3. Incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado (y) 4. Mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.". 

Ninguna salvedad hace al respecto el DNU, con lo que cabe suponer que en caso de llevarse a la práctica sus disposiciones, con esos recursos se seguirá comprando chatarra extranjera, sin transferencia de tecnología ni utilización acorde nuestras reales necesidades de defensa, o posibles hipótesis de conflicto.

Pero la mayor trampa del DNU está en lo que no dice, y es que a fines del año pasado, al aprobarse el Presupuesto nacional para éste año por la Ley 27798, se derogó el inciso a) del artículo 4° de la Ley 27565 de creación del FONDEF. Esa norma establecía el principal componente de los recursos del Fondo, que se debían destinar al reequipamiento de las Fuerzas Armas: un porcentaje del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional, que desde 2023 era del 0,8 %; aporte que -según la misma norma-es independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional.

Es decir que además del dato objetivo que desde éste año esos recursos los embolsa Caputo para hacer con ellos lo que se le antoje (como hace con el producido del impuesto a los combustibles líquidos que debía destinarse al mantenimiento de las rutas, o el Fondo de Educación Técnica), hay una diferencia cualitativa muy grande entre la ley del FONDEF y el DNU: una creaba una fuente permanente de recursos para atender una necesidad también permanente, el otro crea una fuente que el día que no queden inmuebles para vender se agota, y el reequipamiento militar que lo financie Magoya (muy posiblemente tomando deuda), si es que se hace.

Eso sin contar que estamos ante un gobierno que deja de lado la discusión sobre la prioridad entre gastar en la defensa del país u otros fines, porque decidió de entrada no gastar en nada que no sea pagar la deuda; como lo pueden comprobar los jubilados, las universidades nacionales, los que andan por las rutas del país, los investigadores científicos o las personas con discapacidad y sus familias. 

lunes, 10 de noviembre de 2025

¿QUIEREN PRIVATIZAR LA EPE?

 

Por el Decreto 2746 del pasado viernes 7 cuyas imágenes ilustran el post, Pullaro delegó en sus ministros de Economía y Desarrollo Productivo la facultad de establecer quienes serán los beneficiarios de la llamada tarifa social de la EPE, y en base a que criterios. La norma reitera lo que en su momento había dicho el Decreto 449/11 de Binner; en cuanto a que se podía establecer un cupo de beneficiarios de la tarifa social, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

Es decir que esas tarifas diferenciales no tienen solo que ver con el nivel de ingresos de los usuarios (en realidad más bien con el lugar donde viven, porque son barrios con medidores comunitarios), sino con los recursos que el Tesoro destina a subsidiarles los consumos del servicio, compensando a la EPE por las menores tarifas percibidas: no una "sintonía fina" mirando de darles subsidios a las tarifas a quienes realmente los necesitan, sino que cierren las cuentas públicas; porque las de la distribuidora ya están cubiertas con la compensación.


La delegación de Pullaro es amplísima, dado que en función de ella los ministros Olivares y Puccini podrán determinar los criterios para acceder al beneficio, su duración o renovación (y por ende cesarlo para todos o algunos de los beneficiarios),el tope de consumo hasta el cual opera y fijar -como se dijo- un cupo de beneficiarios anuales, de acuerdo al monto que el Tesoro (la Administración Central) quiera gastar en subsidios de las tarifas para estos usuarios en particular.

Como consta en los fundamentos del decreto, previo a su dictado intervinieron tres servicios de asesoramiento jurídico: los de los dos Ministerios en cuyos titulares se delegan las facultades, y el Fiscal de Estado, que es el asesor legal del gobernador de acuerdo al artículo 116 de la Constitución de la provincia.

Sin embargo, a todos se les escapó la tortuga, porque no advirtieron que el decreto se basa (entre otras normas) en la Ley 11.727 de diciembre de 1999 (segundo gobierno de Reutemann), que ya no existe más hace casi 19 años, porque fue derogada por la Ley 12.700 de 2006 (segundo gobierno de Obeid): 


La diferencia (además de ser un error jurídico mayúsculo) no es menor, porque la ley que invoca Pullaro en su decreto y fue derogada hace 19 años se dictó en tiempos de Reutemann para allanar el camino hacia la privatización de la EPE: se fijaba un marco regulatorio eléctrico (el que ahora invoca este gobierno para la tarifa social) pensando en que iban a existir prestadores privados del servicio (más allá de las cooperativas que lo prestan en muchas localidades de la provincia), previa venta de la distribuidora estatal.

La ley derogada creaba un Ente de Regulación y Control (como el ENRE que existe en el orden nacional), y transformaba la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de ente autárquico en una sociedad anónima llamada Energía de Santa Fe S. A. (ESFESA), por su artículo 103. Y por el artículo 137 facultaba al Poder Ejecutivo para intervenir la Empresa Provincial de la Energía de la Provincia de Santa Fe hasta la transferencia al sector privado de las acciones de ESFESA. 

Conteste con su paradigma privatizador, el artículo 38 de la Ley 11727 que ahora "resucita" Pullaro: decía lo siguiente en relación con las tarifas: "Rentabilidad. Las tarifas que apliquen los prestadores deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, basada en parámetros internacionales reconocidos para el sector. Asimismo la tasa de rentabilidad deberá: a) Guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de los prestadores. b) Ser similar, como promedio del sector, a la de otras actividades de riesgo similar o comparable, nacional e internacional.". (las comillas son del texto, las negritas son nuestras). Es decir, los mismos criterios de las privatizaciones del sector eléctrico durante el menemismo y que -nada casualmente- ahora retoma el gobierno de Milei, como lo hizo en su momento el de Macri.

En cambio la Ley 10.014 (Estatuto Orgánico de la EPE) en su artículo 6 inciso q) que fuera repuesto en su vigencia en el segundo gobierno de Obeid toma otro camino. Así indica que a la distribuidora provincial de energía le corresponde: "Proponer al Poder Ejecutivo para su aprobación la política de precios y las tarifas a aplicar en los servicios a su cargo. Empero puede de por sí reajustar la tarifa cuando se produzcan aumentos o disminución del costo de sus componentes. Las tarifas contemplarán como mínimo la totalidad de los costos de producción, explotación y mantenimiento dentro de patrones normales de eficiencia, la depreciación que corresponde al activo fijo revaluado y una utilidad razonable sobre este último. Esta utilidad será destinada al cumplimiento de los fines sociales, a la inversión en obras y al mejoramiento del servicio. El Poder Ejecutivo podrá fijar tarifas preferenciales por razones de interés público, identificando los sectores o regiones beneficiados. En este caso, arbitrará los medios necesarios para cubrir la diferencia y compensar a la Empresa las sumas pertinentes.". (otra vez las comillas son del texto y las negritas nuestras) 

Es decir que mientras en un caso el acento está puesto en la rentabilidad (como corresponde a una empresa privada, aunque preste un servicio público), en el otro se busca el cumplimiento de fines sociales, que es para lo que está el Estado. No olvidemos además que en la reciente reforma constitucional el oficialismo de "Unidos" se negó enfáticamente a establecer que la gestión de los servicios públicos esenciales (como el agua o la luz) de jurisdicción provincial le corresponde en forma indelegable al Estado.

Al respecto decíamos nosotros en ésta entrada: "En el nuevo artículo 51 se establece que la Provincia y los municipios establecen, en el ámbito de sus respectivas competencias, marcos regulatorios para la organización, la gestión directa o indirecta y el control de los servicios públicos.". Lo remarcado en negrita es para denotar que deja expresamente abierta la puerta para las privatizaciones, más aun si se repara en que en el inciso 11) del artículo 90 (que habla de las atribuciones de la Legislatura) expresamente se establece que ésta puede "...autorizar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos de concesión de servicios públicos,...". Recordemos que en las discusiones previas a la reforma el oficialismo se negó a establecer enfáticamente que los servicios públicos de jurisdicción provincial (como la luz, el agua y las cloacas) deben ser, inexcusablemente, de gestión estatal.".

¿La mención (dos veces) de los objetivos y principios fijados por una ley derogada hace 19 años en un decreto del gobernador actual es simplemente un moco de sus asesores jurídicos, o un intento solapado -y bastante flojito de papeles- de volver a intentar la privatización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)?

viernes, 25 de julio de 2025

IDEOLOGÍA, NEGOCIOS Y DESESPERACIÓN

 

En el Boletín Oficial del martes se publicó el Decreto (DNU) 493 (completo acá), por el cual Milei modifica el marco regulatorio de los servicios de agua potable y saneamiento a cargo de AySSA (Agua y Saneamientos Argentinos), aprobado por la Ley 26221 de 2007, dictada durante el gobierno de Néstor Kirchner después de que el Estado recuperara la prestación de ellos tras la fallida privatización de los tiempos menemistas. En el Boletín del día siguiente se publicó el Decreto 494 (completo acá), por el cual se da inicio al procedimiento de privatización de la empresa, poniendo a la venta el 90 % de sus acciones, que son de propiedad del Estado nacional (el 10 % es de los trabajadores bajo el programa de propiedad participada). 

Según se señala en los considerandos del DNU 493, la medida es "...una condición esencial para posibilitar el ingreso de capital privado a la sociedad, habida cuenta de que el régimen actualmente vigente fue diseñado para una sociedad de carácter estatal, lo cual dificulta su adecuación hacia los nuevos objetivos de gestión, eficiencia e inversión que esta Administración busca cumplir."; es decir, se instrumenta en el marco del proceso para volver a privatizar la empresa conforme lo disponía la ley de bases, pero por DNU (auto-habilitado por Milei a través del DNU 70) porque esa ley no habilitaba a modificar el marco regulatorio. Dicho en criollo: Milei hace todo lo que puede cuando se le antoja, con las facultades que le dieron (que no fueron pocas), y con las que se toma cuando no se las dieron, también.

Dice Milei que "...el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura.", y para eso propone incorporar capital privado o poner directamente los servicios a cargo de un concesionario privado. Es decir, exactamente los mismos argumentos que se usaron para convalidar las privatizaciones del menemismo, como si éstas no hubieran existido y no hubieran fracasado estrepitosamente, como fue el caso de Aguas Argentinas.

Tanto es así que el presidente vuelve a decir -como dijo Menem en su momento- que "...la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público, lo que se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad."; y que "...lo expuesto en el considerando anterior significa repensar un nuevo modelo regulatorio, con Entes Reguladores robustecidos para brindar mayor seguridad y transparencia a todos los sujetos actuantes en el marco de la gestión.": todos tenemos en claro que ese argumento ("privatizar todo pero con fuertes regulaciones y controles") fue una completa falacia, para justificar el saqueo.

Se queja Milei en el decreto del hecho de que "...entre los años 2006 y 2023 el Estado Nacional realizó transferencias del Tesoro Nacional en favor de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por aproximadamente dólares trece mil cuatrocientos millones (USD 13.400.000.000)..." y que "...a pesar de la referida asistencia financiera, se ha producido un deterioro en la eficiencia y productividad reflejados en una disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros.", por lo cual "...se ha instaurado un diseño institucional incapaz de garantizar la prestación de un servicio de forma eficiente, pese a la asignación de importantes recursos del Tesoro Nacional para financiar las pérdidas de la operación de la compañía.".

Como se puede ver, no hay el más mínimo dato concreto sobre los resultados de la gestión estatal al frente de la empresa (población con acceso a los servicios o cantidad de conexiones, por ejemplo), y su correspondiente comparación con el período en que esta estuvo en manos privadas, solo afirmaciones dogmáticas sobre la incapacidad del Estado para gestionar, y la correlativa eficiencia del sector privado. A Milei le parece un escándalo que los gobiernos kirchneristas hayan invertido 788 millones de dólares por año (sin decir de donde sacó la cifra) en subsidiar y garantizar los servicios de agua potable y cloacas para la población del AMBA, el área más densamente poblada del país.

Cifra que debería compararse -para poner las cosas en perspectiva- con los millones de dólares que se llevaron del país los grupos privados que tomaron a su cargo los servicios públicos privatizados en los 90', para no hacer ninguna inversión; o con los dólares que hoy -como tantas otras veces- se van del país por la fuga de capitales, o el turismo de las clases medias y altas, sin contar con que los subsidios estatales (transferencias) se pagan en pesos. Para agregar otra elemento de comparación, se está hablando de devolverle al "campo" la mitad de lo que paga de retenciones en un bono nominado en dólares y a pagar en verdes. 

Hace un tiempo cuando se aprobó la ley bases, decíamos nosotros en esta entrada: "Que esa sábana (el listado de empresas a privatizar, aclaramos) haya sido acortada durante las negociaciones sostenidas en el Congreso entre el gobierno y la oposición "dialoguista" no cambia el hecho de que quienes apoyen la ley, estarán convalidando la entrega a precio vil del patrimonio público en nombre de un dogmatismo ideológico cerrado (en éste caso sí) según el cual todo lo que hace el Estado está mal, o los privados lo harían mejor.".

"Un dogmatismo sin base empírica en la realidad, no solo porque la experiencia histórica argentina concreta demuestra -en la nación y en las provincias- que la gran mayoría de las privatizaciones fueron desastrosas (lo que no implica que muchas hayan sido pingües negocios para los privados), sino que en todos los casos en que el Estado retomó la gestión de las empresas o servicios que estaban en sus manos, mejoró la gestión según cuanto indicador se tome en cuenta para evaluarlo.".

"Tomemos si no el caso del Correo, Aerolíneas, YPF y AYSSA recuperadas para la gestión estatal durante el kirchnerismo, e incluso los propios trenes de pasajeros en el AMBA, tras la tragedia de Once: todas funcionaron mejor que cuando estaban en manos privadas, y no hay usuarios pidiendo que vuelvan a ser privatizadas, salvo los dogmáticos del neoliberalismo.".

Como muestra del dogmatismo neoliberal para justificar negocios para los privados, el Decreto 495 que viabiliza la privatización de AYSSA dice que "...la técnica concesional de la prestación del Servicio Público al sector privado se presenta en la experiencia nacional y comparada como la más eficiente y rentable para el Estado Nacional y su gestión.", y que "...la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional.".

Pero más allá de los dogmatismos ideológicos y la habitual piñata para los negocios privados que siempre fueron las privatizaciones cuando gobierna la derecha, al gobierno lo que le urge ahora es que ingresen dólares ya, ayer, para evitar que el modelo de valorización y fuga explote antes de las elecciones. Lo dice el DNU de Milei: "..resulta pertinente adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias y garantizar la mejora sostenida en las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales a cargo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., sin que ello implique, en ningún caso, interrupciones ni situaciones que pongan en riesgo la continuidad del servicio.". Y lo comprueba el hecho de que en lugar de optar por otorgarle la concesión del servicio a un privado, directamente se pone en venta el capital accionario de la empresa estatal que actualmente lo presta, para hacerse ya con los dólares a cambio de las acciones. 

Es muy curioso que se diga que las medidas se toman para garantizar la continuidad de los servicios, porque una de las modificaciones del marco regulatorio vigente consiste en habilitar la desconexión de ellos por falta de pago, justo cuando podría entrar a la conducción de la empresa un operador privado. Tuits e hilo de tuis relacionados:

miércoles, 9 de julio de 2025

STURZENEGGER Y ESTADO, ASUNTOS SEPARADOS

 

Si el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, el argentino gorila es el único animal que les da oportunidades a Federico Sturzenegger para destrozarlo todo, en tres gobiernos diferentes. Y el tipo no las desaprovecha: ante el inminente vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas a Milei en la ley bases, se fueron llenando las ediciones diarias del Boletín Oficial con decretazos que ejecutan otra fase del plan de la motosierra del topo que está -efectivamente, como prometió- destruyendo el Estado desde adentro.

Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto del Cáncer, el Instituto de la Agricultura Familiar, los fondos fiduciarios de Desarrollo Regional, Manejo del Fuego y Desarrollo Productivo. Antes habían corrido la misma suerte o parecida el Banco Nación, los medios públicos, el Plan Procrear, el Garrahan, el INTI, el INTA: nada se salva, nada se rescata, ni se mejora, ni se refuncionaliza. Todo es curro y cajas de la política, menos los curros reales, como la deuda para financiar la fuga de capitales: de hecho, el mismo lunes se publicó un DNU por el cual Milei autorizó emitir deuda por 50 billones de pesos, para rollear los títulos públicos en poder de los bancos.

Inútil es buscar en los decretazos salidos de la usina de calamidades de Sturzenegger algo parecido a un argumento racional en el que se sustenten las medidas: simplemente se alega la necesidad de desburocratizar el Estado, eliminar regulaciones que se califican como innecesarias, ampliar la libertad de los argentinos, dejar que el mercado resuelva los problemas porque lo hará más eficazmente, y paparruchadas similares, y no mucho más.

O algunos desatinos sueltos, como por ejemplo lo que pasó con la desregulación del sector eléctrico, instrumentada por el Decreto 450 publicado éste lunes en el Boletín Oficial. La norma se basa -según dicen sus considerandos- em el artículo 162 inciso b) de la Ley 27742 (ley de bases) que estableció como uno de los fines de la delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo "Asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales, la libre elección de proveedor;..." (las negritas son nuestras). A tono con ese disparate el decreto (que modifica las Leyes 15336 y 24065 que rigen el servicio público de electricidad en todas sus fases) dice la siguiente idiotez: "Que sin afectar el carácter local de la distribución de energía eléctrica, se fortalecen las herramientas regulatorias para que el usuario pueda libremente elegir su proveedor y se extienda la libre contratación en el mercado eléctrico.". O sea elegir quien te da luz en tu casa o empresa, como elegís que celular o zapatillas comprarte. 

Cuando Milei era apenas un panelista televisivo y llamaba la atención por sus dotes de showman, y ya siendo candidato, se viralizó el video de apertura, en el cual explicaba gráficamente lo que pensaba hacer con el Estado si llegaba al gobierno, y por eso -en buena medida- muchos lo votaron, sin detenerse a pensar un minuto en las posibles consecuencias: quizás les pareció que simplemente se trataba de un loquito arrancando papeles en un pizarrón, que los hacía reír, y no mucho más. Bueno, ahora estamos en el punto en el que la cosa se puso seria, y algunos empiezan a lamentar las consecuencias, aun habiendo acompañado al gobierno "dándole herramientas de gobernabilidad", como la ley bases.

Gente perspicaz -o autopercibida como tal- con años en la política como Pichetto, Cobos, Randazzo o Stolbizer, que descubren que no fue tan buena idea darle facultades extraordinarias a un demente, o dicen muy sueltos de cuerpo que jamás pensaron que realmente las fuera a usar. En ese sentido se parecen bastante a los que votaron a Milei con la idea de que "no va a hacer lo que realmente dice", en fin, casos de salud mental. O en el caso de la "oposición razonable" (que incluye a buena parte de los gobernadores), se trata de gente que comparte el rumbo del gobierno y cree -como Milei- que no había otro posible, pero ahora se empiezan a bajar del barco porque -como dijo Cristina- se dio vuelta el reloj de arena.

Porque de ser otra cosa (por ejemplo advertir que se equivocaron, o subestimaron hasta donde podía llegar el experimento libertario), la solución -como lo advierten los tuits de Germán Martínez y Julia Strada que cierran el post- es muy sencilla: rechazar en el Congreso todos y cada uno de los decretos dictados por Milei en uso de las facultades extraordinarias delegadas, conforme al procedimiento establecido por la Ley 26122, que es exactamente el mismo que rige para que el Poder Legislativo ejerza el control de los DNU's (decretos de necesidad y urgencia).     

Lo que supone que el Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa debe someterlo a consideración de la Comisión Bicameral Permanente (artículo 12 de la ley), y esta debe debe expedirse acerca de su validez o invalidez el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento (artículo 13). Si el Jefe de Gabinete no remite en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos ésta se abocará de oficio a su tratamiento (artículo 18). 

De acuerdo con el artículo 20 de la misma ley, si se vence ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate, y si ambas Cámaras (que lo tratan por separado) lo rechazan, el decreto queda derogado (artículo 24 de la ley).

Como la misma Ley 26122 aclara -por si hiciera falta- en su artículo 25, el mecanismo de control que establece no obsta a que el Congreso en uso de sus facultades ordinarias derogue las normas de carácter legislativo (es decir los DNU's y los decretos delegados) emitidos por el Poder Ejecutivo. Lo que significa que rechazar y derogar todos y cada uno de los decretazos de Milei y Sturzenegger (pronunciamiento de las Cámaras que además el presidente no puede vetar, porque son resoluciones y no una ley) no es excluyente con tratar en Diputados el DNU 70/23 y rechazarlo como ya hizo el Senado por amplia mayoría, y derogar la ley de bases en su totalidad, sin conformarse con que se hayan vencido las facultades extraordinarias que le daba al presidente.

Pero ya, ahora, no esperar al 2027, antes de que los daños que está haciendo éste gobierno sean irreparables. Menos lamentaciones y arrepentimientos o asombros en las redes sociales, y más culo en las bancas y manos levantadas en el Congreso. Tuits relacionados:

jueves, 20 de febrero de 2025

HAY QUE SACARLE LA NAVAJA AL MONO

 

En el Boletín Oficial de hoy apareció publicado el Decreto 116 (completo acá), por el cual Milei dispone transformar el Banco Nación en una Sociedad Anónima (SA), basándose en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 27742 (ley de bases), que faculta al Poder Ejecutivo Nacional "...a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente: a) La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.".

Aquí aparece la primera trampa que ejecuta el gobierno porque el mismo artículo 3 establece cuáles son los organismos del Estado nacional que quedan excluidos de esas facultades, e incluso menciona expresamente los que no pueden ser disueltos. Pero entre ellos no está el Banco de la Nación Argentina, que era hasta la fecha un ente autárquico según el artículo 1° de la Ley 21799.

Por eso no le alcanzan las disposiciones del artículo 4 de la ley de bases, que refiere a las empresas y sociedades contempladas en el inciso b) del artículo 8° de la ley 24.156, además de lo previsto en el artículo 7° de la misma ley de bases, que declaró sujetas a privatización” en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I de la ley.

Y la otra trampa es que el Decreto 116 menciona en sus considerandos el artículo 48 del DNU 70/23 (el mega DNU con el que Milei rechazado por el Senado y jamás tratado en Diputados), que dispuso que "Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas.".

Si bien el Banco Nación es un ente autárquico como se dijo antes, el artículo 48  del DNU continúa de éste modo: "Esta disposición (la transformación de las empresas  sociedades del Estado en SA) comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas...." (las negritas son nuestras)

Para acto seguido señalar que "Las Sociedades Anónimas transformadas estarán sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.". Recordemos que el mismo DNU 70/23 en su artículo 40 derogó la Ley 20705 de Sociedades del Estado, cuyo artículo 5 disponía que esas sociedades no podían ser declaradas en quiebra, y solo mediante autorización legislativa podría el Poder Ejecutivo resolver su liquidación.

Cosa que a una sociedad anónima regida por la Ley de Sociedades 19550 (como será a partir de ahora el Banco Nación) perfectamente le puede pasar: ser liquidada, o declarada en quiebra. Si éste último riesgo parece lejano para el principal banco del país (el decreto mantiene además la garantía del Estado nacional sobre sus operaciones contemplada en la Ley 21799), no el primero, o la transferencia a manos privadas de todo o parte de su paquete accionario: Milei busca lograr así por la ventana lo que le fue negado por la puerta al discutirse la ley bases.

Y allí radica precisamente el problema: mientras subsista el DNU 70/23 y no se complete su rechazo por el Congreso tratándolo en Diputados, y mientras subsistan las delegaciones de facultades extraordinarias que le otorgan al presidente los artículos 1,2, 3 y 4 -sobre todo- de la ley de bases (Ley 27742) el riesgo de que éstas cosas pasen aumenta en forma exponencial. Más con semejante poder en manos de alguien como Milei, acorralado como está. 

Por estas horas y a propósito del escándalo de la criptomoneda que devino en una estafa piramidal promocionada por el mismísimo presidente de la república se pudo oír y leer a  "opositores razonables" que votaron a favor la ley bases y la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo contenida en ella decir que por esa razón (el escándalo) los presidentes deben ser controlados (Margarita Stolbizer), o que Milei es un "indigente mental" (Emilio Monzó).

Pues bien, ahora tienen la oportunidad de poner el voto donde ponen la lengua, y acompañar los proyectos que acaba de presentar Unión por la Patria en ambas Cámaras del Congreso para revocar la delegación de facultades extraordinarias a Milei de la ley bases, como así también acompañar el pedido de tratamiento del DNU 70/23 en Diputado para completar su derogación o anulación. 

Lo que no excluye que -al mismo tiempo- apoyen el pedido de juicio político al presidente del bloque de diputados de UxP., que sería la forma de terminar con estos riesgos, definitivamente.

jueves, 23 de enero de 2025

VISIÓN ESTRATÉGICA

 

El discurso hegemónico instalado denosta a lo que denomina populismo por su inmediatez y falta de visión estratégica a largo plazo: según esa idea, el populismo sacrifica el futuro por un presente más o menos próspero, en el que gasta dispendiosamente los recursos para perpetuarse en el poder, sin importar lo que pase después. Por el contrario, ellos (los republicanos, el liberalismo, la derecha en fin) piensan en las futuras generaciones con una mirada que no se posa solo en el presente. De allí que -por ejemplo- siempre nos están exigiendo sacrificios ahora, diciéndonos que son imprescindibles para estar mejor, en un futuro venturoso que nunca terminan de definir: puede ser el segundo semestre, o dentro de 50 años.

Desde luego que la afirmación es falsa, de principio a fin, no solo porque esos futuros venturosos que nos prometen nunca llegan -en forma de un "derrame" que jamás se produce- y por supuesto, la culpa siempre la tendrá el populismo, que los interrumpe cuando están ejecutando su plan. O la sociedad, que no está dispuesta a sacrificarse hoy, para poder estar mejor mañana. 

Otra falsedad: basta recorrer nuestras últimas campañas electorales para advertir quienes prometieron soluciones mágicas a problemas complejos, o quienes dijeron que no iban a exigir sacrificios, no al menos a la mayoría de la sociedad sino a ciertos sectores, brumosamente definidos en tiempos recientes como "casta".  

Ni hablar que la derecha no tiene -ni quiere tenerla- una mirada estratégica de largo plazo, en términos de proyecto de país: decíamos hace poco en ésta entrada: "Ahora (y desde hace mucho tiempo) solo hay voracidad capitalista desenfrenada, ausentismo y fuga: intelectual, de compromiso social, de capitales, de inversiones, de la propiedad de las empresas. Solo importa extraer, explotar, valorizar y fugar tanto como se pueda y tan rápido y profundo como los dejen, y no mucho más. La política de tierra arrasada de los que -en palabras de Capusotto- se sienten los dueños de un país que odian, política de la que Milei es apenas el maleable instrumento político, legitimado por el voto ciudadano.".

Y dos ejemplos recientes vienen a demostrarlo: la explotación de los recursos gasíferos y petroleros de Vaca Muerta, y el desarrollo de la energía nuclear. En ambos casos el denostado populismo durante los gobiernos kirchneristas supo ver más allá de la coyuntura, planificando a futuro para un país en grande, que fuera algo más que una granja colonial extractiva.

Durante 2006 en el gobierno de Néstor y con la inspiración de Julio De Vido, ", que contemplaba finalizar la planta nuclear Atucha II, que había sido empezada en 1980 (concluida durante el kirchnerismo), investigar la viabilidad de la construcción de una nueva planta nuclear, que sería la cuarta para Argentina (para lo cual se consiguió luego financiamiento chino), extender la vida útil de la planta nuclear Embalse (ya cumplido), construir un prototipo de reactor Carem, una planta nuclear de baja potencia de cuarta generación (desarrollada luego y  exportadas a diferentes países), poner en marcha la de la Planta de producción de agua pesada ubicada en la provincia de Neuquén, reanudar las actividades de enriquecimiento de uranio en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu firmar un acuerdo entre CNEA y las empresas Bacon y Tecnonuclear por el cual se entregaran radioisótopos en forma gratuita a varios hospitales públicos para el uso en pacientes de recursos escasos (se montaron centros de medicina nuclear).

Ya en el gobierno de Cristina en 2009, la Ley 26.566 amplió los objetivos del plan nuclear incluyendo las obras tendientes a la finalización de la construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear Atucha II (construida luego y hoy en funciones), al proyecto de extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I (concluido y comenzado en 2019 el segundo ciclo de vidas de 30 años), y a la construcción de toda otra central nuclear cuya ejecución le sea encomendada a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), para lo cual como se dijo se buscó y obtuvo financiamiento chino.

Todos estos desarrollos fueron concretados o se encontraban en marcha cuando asumió este gobierno, que detuvo el proyecto CAREM y las obras en Atucha, y despidió trabajadores (incluidos profesionales capacitados) de la CNEA y Nucleoeléctrica Argentina, que estuvo incluida en la nómina de empresas a privatizar. Hasta que en uno de los viajes de negocios de Milei a EEUU descubrieron que la energía nuclear podía servir para las criptomonedas y todas cuestiones que los seducen; y de inmediato se lanzaron a anunciar un "plan nuclear" (como si nunca antes en el país hubiera existido algo así), encomendado a un oscuro asesor presidencial que debe creer que el atómo es una pomada antihemorroidal.

La historia de Vaca Muerta es más conocida: después de años de desinversión y vaciamiento en manos del grupo Repsol, en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina y bajo su inspiración, con Axel Kicillof como ministro de Economía, se resolvió que el Estado recuperara el control mayoritario de YPF para convertirla en la punta de lanza del esfuerzo nacional por alcanzar el autoabastecimiento petrolero. La Ley 26741 (que avaló la expropiación del 51 % del capital social de la empresa) en su artículo 1 declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina "...el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.". 

En el artículo 3 de la misma ley se establecieron como principios de la política hidrocarburífera "La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas; la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales; la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo; la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en la República Argentina con ese objeto; la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado; la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos y la obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras.".

Con precisión quirúrgica para hacer destrozos, este gobierno que ahora se vanagloria de los récords de producción de Vaca Muerta (en lo que sobresale YPF) derogó a través de la ley bases ese artículo 1° de la Ley 26741, y mutiló el artículo 3 para garantizarles a las petroleras la absoluta libertad de precios y cupos exportables, y aprobó el RIGI que es un saqueo institucionalizado de los recursos naturales del país, sin exigirles a los inversores (a los que se les conceden todo tipo de facilidades y privilegios) compromisos en materia de integración de cadenas de proveedores locales, metas de abastecimiento al mercado interno como condición para exportar, o liquidación de las divisas en el país para ayudar a superar la restricción externa que condiciona nuestro desarrollo, y que fue el disparador de la recuperación estatal de la petrolera durante el gobierno de Cristina.

Eso sin dejar de señalar que en la fallida ley ómnibus y nuevamente en la primera versión de la ley bases, este mismo gobierno colonial que hoy tenemos trató de volver a privatizar la empresa, como si no hubiéramos tenido bastante con la nefasta experiencia menemista en esa materia como en otras (Aerolíneas por ejemplo). 

sábado, 16 de noviembre de 2024

PARA LA VUELTA

 

Si alguna vez nos toca volver a ser gobierno, hay errores de la fallida experiencia del "Frente de Todos" que no podemos volver a repetir. Empezando por la selección del candidato: nunca más tibios componedores puestos con la idea de "cerrar la grieta", y ofrecerles la paz a los que nos quieren muertos.

Otro asunto relevante es no volver a armar un mero rejunte electoral, sino definir claramente de antemano para qué queremos volver, es decir cuales serían las bases de un eventual plan de gobierno, y el propósito político central: simplemente administrar la crisis que seguramente heredaríamos, o intentar de una buena vez transformar las cosas, para no vivir de crisis en crisis. 

Y finalmente tampoco volver a repetir la experiencia de indultar al pasado, perdonándoles a estos hijos de puta todos sus latrocinios y estropicios que condicionan al país y sus habitantes por los siglos de los siglos, como pasó con la deuda contraída por Macri con el FMI. Basta de "unidad para que duela", y pasemos a la unidad para que les duela a ellos.

El concepto aplica también a las privatizaciones que Milei está intentando llevar a cabo aun en contra de la opinión del Congreso, porque quedaron expresamente afuera de la ley de bases, como es el caso del Banco Nación o Aerolíneas Argentinas. Desde ya que habrá que ir pensando también en nuestros propios DNU 70 y ley de bases, para no perder el tiempo; los que deberían incluir -necesariamente- la derogación de ese mega DNU, y de la ley de bases con el nefasto RIGI.

Una actitud responsable de la actual oposición (y eventualmente gobierno en el futuro), al menos de la que reivindique los valores del peronismo y del campo nacional y popular, debería ser advertirles claramente, por todos los medios y en todos los tonos posibles, a eventuales inversores, que cualquier negocio concertado en contra de la legislación vigente en el país (incluso la que ello mismos han dictado en éste gobierno) será desconocido, y dejado sin efecto. 

Otro tanto vale para cualquier canje de deuda concluido al amparo del DNU 946 (ver más info acá), venta de acciones o activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES o cualquier venta de bienes del Estado concretada en el marco del DNU 950 (ver al respecto esta nota en El Cohete a la Luna).  

Sin contemplaciones, y si no les gusta. hagan juicio, que al fin y al cabo es lo que saben hacer, como lo comprueba el caso de la expropiación de YPF; en el que vienen discutiendo hace 12 años si el Estado argentino puede o no ejercer una facultad que le otorga la Constitución Nacional.

Para lo cual además habría que ir advirtiendo ya, desde ahora, que en caso de ser gobierno el país abandonará la jurisdicción del CIADI y denunciará los TBI de inversión firmados en los 90' durante el menemato, por ser claramente perjudiciales para el país. Cosa que por cierto debimos haber hecho hace rato, y quedó entre los principales pendientes de la década ganada.

Como dicen, el que avisa no es traidor, y cuentas claras conservan amistades.