LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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jueves, 13 de mayo de 2021

"GOBERNAR ES CREAR TRABAJO"

 


Perón decía que gobernar era crear trabajo, pero también plasmó en la Verdad Nº 10 esto: "Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos, damos al pueblo un abrazo de justicia y amor.". Por eso además de desplegar una política económica destinada a eso -crear trabajo y robustecer el salario, que es el principal modo de crear trabajo- incrementó la ayuda social para los que aun con un país creciendo, quedaban afuera del circuito.

Eva, la de la Fundación de Ayuda Social que llevaba su nombre y dedicó su vida a los "descamisados" más humildes, dijo que "donde hay una necesidad, existe un derecho", uniendo los dos extremos del arco político que planteó el peronismo: las necesidades de las que partía, y los derechos que quería consagrar, para darles respuesta.

Mucho tiempo después Néstor Kirchner -en esto como en tantas otras cosas, discípulo aventajado de Perón- dijo que la mejor política social, era la política económica. Sin embargo, el propio kirchnerismo entendió quizás por las malas -la derrota en las elecciones legislativas del 2009- que solo con impulsar el consumo, el salario y el empleo formales no alcanzaba, y así llegó la AUH; en forma de derecho reconocido por el Estado, sin mediaciones clientelares. Antes, había sostenido y profundizado distintos programas sociales, y dado cabida a los movimientos surgidos al calor de la crisis comenzando por lo básico: en un país destrozado, no reprimir la protesta social

Para el peronismo original, de una sociedad con centralidad del trabajo, las "organizaciones libres del pueblo" eran por definición los sindicatos, aunque no se excluyera a otras como las cooperativas y las mutuales, en muchos casos también de origen gremial. En un país que incluía y otorgaba derechos, hubo una masiva transfusión de nuevas afiliaciones de trabajadores incorporados al mercado laboral, al mismo tiempo que a la dinámica sindical, y al goce de los derechos.

Lejos se estaba entonces de pensar en lo que vendría después, cuando la Argentina gorila se dedicó sin pausa desde 1955 a intentar borrar del mapa el país peronista, tarea en la que alcanzaron los mayores éxitos la última dictadura militar y el menemato, prolongado en la agonía inviable de la Alianza hasta el estallido del 2001. Fue en ese contexto que surgieron la mayoría de los "movimientos sociales", como intentos de juntar los pedazos de una sociedad fragmentada en piezas cada vez más desiguales, y organizar lo elemental (como el acceso a la comida), en condiciones desiguales.

Con el tiempo y así como al sindicalismo lo acechó siempre la tentación de la burocratización (en especial cuando la dictadura de Onganía les legalizó el acceso a las obras sociales como prestadores de servicios de salud), a los movimientos sociales les sucede que a veces no pueden escapar al rol de gerenciadores de la pobreza; aunque algunos planteen desde lo discursivo formas superiores de organización popular, como toda la discusión sobre la "economía popular", y los intentos en esa línea.  

La constante histórica en la Argentina cuando la derecha gobierna (en dictadura o en democracia) es que la caída -en términos sociales y económicos- es cada vez más grande, y la recuperación cada vez más lenta. De allí que, al menos desde una mirada peronista, no hay ni puede haber dilema entre generar trabajo y asistir socialmente a los excluidos, porque está claro que hay que hacer las dos cosas, de modo simultáneo y en forma prioritaria, por encima de toda otra consideración o prioridad de gobierno.

El único anuncio concreto de políticas sociales posterior a la foto de la unidad en Ensenada fue la ampliación de los beneficiarios de la tarjeta alimentaria, lo que supone una inversión de mayores recursos del Estado con esos fines. A menos que se considere política social el aumento trimestral de las jubilaciones por debajo de la inflación, como consecuencia de la decisión de bajar los aportes patronales a determinados sectores.

Y así como el proyecto que el gobierno envió al Congreso para otorgarle facultades al presidente para hacer lo que ya viene haciendo en la administración de la pandemia (una torpeza difícil de explicar) suscitó de pálpito las críticas opositoras, el incremento de los beneficiarios de la tarjeta generó ruidos al interior del oficialismo, por los cuestionamientos que partieron precisamente desde los "movimientos sociales", incluyendo de algunos funcionarios del mismo gobierno que -como Pérsico- parecen haber olvidado que invisten ese rol, y exponen las diferencias en público como si no fueran parte.

La Argentina pasó de ser un país que en el 2015 estaba a la vuelta de la esquina del "hambre cero" (en palabras de Juan Carr, no de Máximo Kirchner), a uno en el que es necesario destinar cada vez más recursos del Estado para garantizar a vastos sectores de la población el acceso a los alimentos básicos, y eso no es consecuencia de las políticas sociales, sino de las políticas económicas. 

Lo que supone que la discusión entonces no debería ser tanto sobre aquéllas, como sobre éstas; pues en el contexto en el que el Estado aumenta sus planes de asistencia alimentaria, es muy posible que buena parte del esfuerzo que hace se lo terminen llevando los que el presidente calificó (sin mayores consecuencias concretas) como "los vivos de siempre", que especulan con el precio de los alimentos.

Hoy por hoy y en la línea de lo que en su momento dijera Néstor (que la mejor política social es la política económica), la principal política social del gobierno debería ser contener la inflación, en especial la de los alimentos; y recomponer los ingresos de los sectores populares, algo que ciertamente no se logrará con paritarias y aumentos jubilatorios por debajo de la inflación, con un aumento en dosis homeopáticas del salario mínimo, o planteando la discusión por el aumento de las tarifas.

Y esa política económica (condición de posibilidad de cualquier mejoramiento de los indicadores sociales) debe ser la expresión de los intereses de la coalición social que tuvo expresión política en el "Frente de Todos", y de la que salieron sus apoyos electorales. Desde allí discutamos otras cosas, como que la tarjeta alimentaria no puede ser la única política social, del mismo modo que las políticas sociales en general no pueden ser exclusivamente mediadas por las "orgas" de los movimientos sociales, en una disputa por la caja que en el contexto, resulta particularmente irritativa.

Tuit relacionado: 

domingo, 4 de junio de 2017

MAURICIO, EL JOVEN MANOS DE TIJERA (1º PARTE)


El gobierno de Macri se empecina en negar que esté ejecutando un ajuste tradicional en el Estado, al mismo tiempo que sostiene que hay que reducir el déficit fiscal y la presión tributaria, lo cual es en sí mismo y en conjunto un oxímoron: si el Estado cuenta con menos recursos seguramente su déficit será mayor, a menos que ajuste sus gastos.

Que es lo que efectivamente estaría haciendo, al menos a juzgar por la información disponible en el sitio oficial del ministerio de Dujovne (ver acá), hasta el pasado 31 de mayo, es decir transcurrido el 41,09 % del año y del ejercicio presupuestario. Hasta ese momento se habían devengado gastos por $ 855.870.370.000, el 36,13 % del total presupuestado para todo el 2017.

Mirando lo gastado en las diferentes áreas y programas del Estado nacional, si lo ejecutado va por arriba o por debajo de ese porcentaje general de gasto tendremos una pista cierta para entender cuáles son las áreas del Estado y las políticas públicas privilegiadas, y cuáles las más afectadas por el ajuste.

Así por ejemplo en “Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos” se ejecutaron $ 92.142,77 millones, lo que supone un 37,21 % de lo presupuestado (o sea, por encima del promedio general del gasto), y un 10,76 % del total de lo gastado por el Estado nacional. El peso de la deuda en las cuentas públicas es tal que casi equivale a la sumatoria de los fondos erogados en el mismo lapso (hasta el 31 de mayo) por los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación y Deportes, que totalizó $ 94.048,47 millones.

Para sumar más datos a la perspectiva, en “Bienes de Uso” (gastos de capital, lo que incluye a la obra pública) el gobierno de Macri gastó en los primeros cinco meses del año 20.839,01 millones; el 32,78 % de lo presupuestado, pero apenas el 2,43 % del total de gastos; o lo que es lo mismo, por cada peso gastado en obra pública o inversión en gastos de capital, se gastaron 4,42 en pagar deuda.

Y luego está el aspecto de la sub-ejecución presupuestaria, que en las áreas que podríamos denominar del gasto social alcanza algunas proporciones llamativas, como los ejemplos que van a continuación, siempre tomando como referencia la fecha del 31 de mayo pasado:

* El Ministerio de Salud gastó el 30,88 % de sus partidas globales, pero muchos de sus programas estuvieron incluso muy por debajo de ese promedio, a saber: 

“Atención de la Madre y el Niño” (2,58 %), “Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud” (3,80 %), “Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud” (6,75 %), “Prevención y Control de Enfermedades Endémicas” (18,71 %), “Sanidad Escolar” (5,29 %), “Atención Sanitaria en el Territorio” (13,03 %), “Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas” (0,60 %), “Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer” (18,71 %), “Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud” (11,95 %) e “Investigación y Desarrollo para los Laboratorios de Producción Pública” (1,72 %).

* El Ministerio de Desarrollo Social: gastó el 38,28 % de sus partidas (por encima del promedio global), en plata $ 46.524,43 millones; pero tuvo varios programas críticos que estuvieron por debajo de esos números, por ejemplo:

“Abordaje Territorial” 32,30 %, “Pensiones No Contributivas” 37,31 % (consistente con el hecho de que se vienen dando de baja beneficios), “Economía Social” 33,62 %, “Políticas Alimentarias” 29,26 %, (al parecer no estarían cumpliendo con los acuerdos alcanzados en el marco de la “emergencia social”) y “Fortalecimiento de Acciones Juveniles” ejecutó un 23,89 %.

* El Ministerio de Educación y Deportes gastó 39.120,06 millones, el 35,12 % del total de su presupuesto para éste año, pero también ahí hay programas con un llamativo nivel de sub-ejecución de partidas: "Desarrollo del Deporte y Alto Rendimiento Deportivo" 28,18 %, "Desarrollo y Fortalecimiento del Deporte, la Recreación y la Infraestructura Deportiva "16,40 % y "Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas" 29,60 %.

En medio de la polémica con los gremios docentes por la calidad de la educación y los resultados del “Operativo Aprender”, el programa “Evaluación de la Calidad Educativa” se ejecutó apenas en un 8,99 %, mientras que “Infraestructura y Equipamiento” tuvo un 23,62 % y “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” un 8,96 %: comparemos estos dos últimos números con las promesas sobre construcción de jardines, o la comparación con lo que se gastaba en el “Fútbol Para Todos”, que supuestamente serviría para ese fin si el Estado dejaba de pagar por el fútbol. 

Finalmente “Implementación del Plan Nacional de Educación Digital” se ejecutó en solo un 13,19 % (se discontinuó la entrega de las netbooks, y el plan está virtualmente paralizado).

* La ANSES ejecutó el 37,78 % de su presupuesto (por encima del promedio del gasto total), pero en Prestaciones Previsionales (pago de jubilaciones y pensiones) ejecutó el 36,89 %,;tomando en cuenta que se trata de gastos corrientes rígidos por definición, porque se trata de haberes mensuales, y lo relevado incluye el aumento otorgado en marzo.

La “Reparación Histórica” no está desagregada aparte, por lo cual es imposible saber en que porcentaje se viene ejecutando, pero otro proyecto estrella del macrismo como lo es la "Pensión Universal al Adulto Mayor" tuvo una ejecución de apenas el 11,36 %; es decir, un rotundo fracaso.

* La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ejecutó solo el 16,58 % de sus partidas, pero si se miran los números por programas la cosa es peor: “Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios” gastó el 4,10 % de lo asignado, por ejemplo.

* Para terminar (por hoy, haremos otra entrega) el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales gastó el 33,46 %, pero en el programa “Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer” ejecutó menos, el 26,39 %.

En plata fueron 43,14 millones del total de los 165,30 millones asignados a ese fin; o lo que es lo mismo, el 0,005 % del gasto total del Estado nacional hasta el 31 de mayo, o 33,94 veces menos que los 1464,07 millones de pesos gastados en pauta publicitaria oficial. Un dato para poner en el contexto de otra marcha del “Ni Una Menos” como la que se hizo en todo el país el sábado pasado.

domingo, 26 de febrero de 2017

EL OENEGEÍSMO TRANSPARENTE Y COSO


Días pasados leíamos en el diario del Loco lindo sobre los avances del programas "Calles seguras, infancia segura", lanzado por la gestión de Corral en septiembre del 2013 para "reinsertar" a los "trapitos". Un tema que tratamos en su momento en ésta entrada, y en ésta otra.

Decía la nota que "Pero desde que comenzó a implementarse efectivamente el programa, hace tres años, la recaudación total por donaciones voluntarias -que se destina a la compra de máquinas de trabajo y otros artículos para que los jóvenes pongan manos a la obra en alguna actividad laboral- fue de apenas 280.231,90 pesos. El monto no parece alcanzar para financiar un programa que involucra a muchos jóvenes en un proceso de reinserción laboral.

El importe está contabilizado contando todas las vías de donación disponibles.  La auditoría actualizada de lo recaudado por contribuciones voluntarias, que está a cargo de la Fundación Ejercicio Ciudadano, aún no está disponibleLos detalles de ingresos y erogaciones que figuran en la página web de esa entidad datan del 16 de enero de 2014, verificó este medio...". (las negritas son nuestras)

La cantidad recaudada equivale a unos 6835 pesos por mes, o 683 bonitos de 10 pesos de los que la Municipalidad manda junto con la tasa general de inmuebles. Pero el punto en el que nos queremos detener ahora es en el del "control" del proyecto, "delegado" por el gobienro de Corral en una "prestigiosa ONG": la Fundación Ejercicio Ciudadano, de Rosario.

Si ya era bastante cuestionable que la  municipalidad le transfiriera la responsabilidad de las políticas sociales (al menos en parte) a la "solidaridad espontánea" de los vecinos (de hecho, Corral tuvo que volver sobre sus propios pasos, e inyectarle recursos al programa), no lo es menos el hecho de que el Estado -que tiene sus propios organismos de control- "privatice" el control de sus políticas en instituciones "del tercer sector", supuestamente prestigiosas. 

Una idea muy noventista, por cierto; y que es un desprendimiento más de la antipolítica: la política es por definición sucia y corrupta, y hay que "vigilarla desde afuera" (y no los ciudadanos con su voto, precisamente) para que haga las cosas bien.

Pero hete aquí que la "prestigiosa institución" elegida a esos fines (entre cuyos miembros hay actuales funcionarios del gobierno provincial, y ex dirigentes y legisladores de la UCR) no pudo en casi tres años y medio de lanzado el proyecto, auditar el destino de algo más de 280.000 pesos.

Más aun, si se  ingresa a su página web el ícono respectivo lleva a un documento en inglés; y no aporta ningún dato certero al respecto. ¿Nos enteraremos acaso de acá a un tiempo que esta misma "ONG" nos cuenta que el programa es un exitazo, y le da su "sello de calidad"? 

viernes, 27 de diciembre de 2013

PARA LA IGLESIA, EN ALGUNOS CASOS NO SERÍA PECADO MENTIR


O por lo menos, mandar fruta en forma reiterada y sistemática; como el Observatorio Social de la UCA; que dice que los indicadores sociales del país están peor que en el 2004.

Para despejar de antemano cualquier polémica al respecto, demos por sentado que los datos del INDEC están mal; aunque lo que se cuestionan son los índices de costo de vida, y no las demás estadísticas e indicadores.

Y admitamos también que la inflación es alta (no comparemos con otros períodos históricos, porque no sería serio: remember las híper varias) sobre todo en los alimentos; y que la economía no viene creando empleo con el mismo ritmo que lo hacía en años anteriores, o que subsiste un alto porcentaje de empleo en negro. Todo eso es cierto.

Tan cierto como que es poco serio decir que los indicadores sociales de hoy de la Argentina son peores que los del 2004: para refutaciones de las barbaridades del Observatorio de la UCA por gente que conoce bastante más que nosotros del asunto, leer acá a Artemio , y acá la reseña que hace Verbitsky de su polémica con los que arman estos informes, que se repiten periódicamente, con serias inconsistencias técnicas como allí se dice.

Por nuestra parte diremos que resulta curioso decir que la situación social es peor hoy que en los primero tiempos posteriores a la crisis del 2001, cuando entonces el país tenía un índice de desempleo largamente por arriba del 25 %, y hoy hace tiempo ya está consolidado en guarismo inferiores a un dígito. La evolución de las propias cotizaciones al sistema de seguridad social (que permite sostener una mayor cobertura) da cuenta del volumen de creación de empleo genuino y registrado, producido en estos años.

Años en los que además se tomaron medidas para fortalecer la inclusión social, y reducir los niveles de desigualdad; aumentando la cobertura previsional de las personas en condiciones de jubilarse, y estableciendo un régimen legal de movilidad semestral de sus haberes, que anteriormente no existía; y que vino arrojando aumentos siempre por encima de las estimaciones privadas de la inflación, y del promedio de las paritarias de los empleados en blanco

Otro tanto puede decirse de la evolución del Salario Mínimo, Vital y Movil, luego de una década de hibernación del Consejo del Salario; cuya evolución además puede medirse por el poder de compra de bienes sensibles de la canasta familiar: ver acá y acá.  

Y si eso ocurre con los sectores formalizados del trabajo, y los que obtienen cobertura previsional, otro tanto sucede con los excluidos del sistema formal: no puede sostenerse seriamente que la situación del país en orden a los niveles de pobreza e indigencia sea peor luego de que se instaurara la AUH, que antes.

Estas y otras medidas marcaron que las políticas de protección social de los sectores más vulnerables fueran  destacadas por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); así como hace poco la FAO declaró a la Argentina con hambre cero, es decir sin situaciones de desnutrición crónica.

Se puede discutir cuanto y aceptar que la velocidad del proceso ha disminuido en los últimos tiempos, pero no se puede negar que la desigualdad en el país (medida por el Coeficiente de Gini) ha disminuido, así como ha mejorado la distribución funcional del ingreso, en beneficio de los trabajadores, que vieron aumentar en estos años su participación en la torta nacional.

Es muy poco serio decir que hemos retrocedido en posibilidades de acceso de las clases populares a la educación, cuando la ley de financiamiento educativo permitió alcanzar una inversión en el rubro del 6,51 % del PBI (cifra histórica), programas como Conectar Igualdad han contribuido a disminuir la brecha digital; o medidas como la AUH incrementaron notoriamente la matrícula escolar, especialmente en el nivel secundario; medida en términos históricos.

El informe vincula el aducido crecimiento de la pobreza y la desigualdad, y de las situaciones de marginalidad, con el incremento de la inseguridad: una vinculación lineal entre pobreza y delito que simplifica brutalmente situaciones sociales complejas, y omite el rol de la criminalidad organizada en la generación de determinados niveles de inseguridad: ¿o acaso el propio episcopado no acaba de alertar sobre el auge del narcotráfico en el país? 

Pero además las conclusiones del informe de la UCA se dan de patadas con un hecho irrefutable: el kirchnerismo obtuvo un rotundo respaldo popular en dos elecciones presidenciales, ambas celebradas con posterioridad a la intervemción del INDEC (por si se cuestionan las cifras oficiales) y la primera de ellas, antes de la instauración de la AUH y la ley de movilidad jubilatoria.

Sería muy pueril explicar esos resultados por el argumento del clientelismo, cuando el principal programa social  (la AUH) tiene un universo de beneficiarios consolidado en torno a los 3,6 millones que en su mayoría no votan (recordemos que los jóvenes de 16 años sólo pueden hacerlo desde fines del 2012); y en las últimas elecciones presidenciales Cristina rozó los 12 millones de votos.

Es más sensato asociar esos contundentes triunfos electorales con un proceso continuado de crecimiento económico apuntalado por un mercado interno en alza, con mayor consumo de la clase media (en buena parte depauperizada tras la crisis de la Convertibilidad) y los sectores populares; que accedieron en estos años a niveles de consumo inaccesibles en tiempos anteriores.

Las opciones electorales de vastos sectores de la sociedad argentina serían entonces, de pura racionalidad instrumental; consecuentes con una percepción mejorada de su propia situación, como resultado de políticas públicas concretas.

El intento de deslegitimar en bloque la década kirchnerista que subyace en este tipo de análisis ni siquiera tiene la franqueza de plantear frontalmente que, en el fondo, quienes los hacen esconden un profundo desprecio por las mayorías populares; que según ellos votarían irracionalmente a quienes no representan sus auténticos intereses.

domingo, 11 de agosto de 2013

RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS


Por A.C.

Más allá de los innegables logros del proyecto nacional iniciado en el año 2003, que transformó un país desvastado por la incapacidad y la inoperancia de aquellos que hoy desde una oposición impotente, reclaman diálogo y consenso mientras insultan y agreden, todos los días siguen pasando cosas.
Más allá de las decisiones históricas tomadas por el Gobierno Nacional, como la política de desendeudamiento, la recuperación de las paritarias salariales, las políticas para la inclusión social, la inversión récord en educación, el reconocimiento de derechos previsionales, la política de derechos humanos o la recuperación de YPF, por citar algunos hitos de un Gobierno de transformación social y económica sin precedentes en los últimos 60 años, hay razones más cotidianas y elementales, materialistas, prácticas, con una dimensión diferente, que explican el voto de la gente.
Porque este Gobierno tiene una virtud fundamental: no se recuesta sobre los muchos logros y cambios conseguidos en una década, no vive del pasado, sino que trabaja permanentemente para consolidar los progresos conseguidos y orienta su política para generar a futuro las condiciones que permitan continuar en éste camino de crecimiento y de inclusión. Y eso mucha gente lo percibe día a día, cada uno en su actividad, en su empleo, en su cotidianeidad, y eso pesa, porque como sostenía un tal Juan Domingo, la víscera más sensible es el bolsillo.
Y en el marco de una política que sigue generando día a día condiciones de crecimiento y de inclusión, una actividad clave como la construcción registró en el mes de Julio un gran incremento, con un crecimiento del 13,2%  en la comparación anual, según el Indice Construya (IC) difundido en Agosto. El  IC mide la evolución en venta de insumos (cemento,cal, ladrillos, aceros, carpintería de aluminio, cerámica y pisos). El aumento de demanda de materiales originado en el plan de viviendas  Pro.Cre.Ar, la continuidad de la obra pública y el reacomodamiento del sector inmobiliario a los cambios en el mercado cambiario, explican el nivel de la actividad.  Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción, aseguraba publicamente que “el repunte de la actividad se consolidó”.
Los plazos fijos en pesos depositados en el mes de Julio, registraron un crecimiento rècord de 10.300 millones, un 44% más respecto de igual mes del año anterior, según informó el 8 de agosto el Banco Central. El notable incremento operò  tanto en  las colocaciones llamadas mayoristas ( más de un millón de pesos),  como en las minoristas, manteniéndose asì el permanente crecimiento de los depósitos a plazo, incremento iniciado a mediados de 2012, cuando se implementara la restricción a la compra de moneda extranjera para atesoramiento.
Estas colocaciones están también estimuladas por un aumento de la tasa de interés, por lo que el monto de depósitos a plazo se ubicó por encima de los 200.000 millones de pesos. De esa masa de dinero existente en las entidades bancarias, éstas deben por disposición del Banco Central, destinar un porcentaje al otorgamiento de créditos para actividades productivas, mientras el acceso al crédito, se incrementa a un promedio del 40 por ciento interanual.
Y si las colocaciones bancarias crecen, si los inversores minoristas incrementan sus depósitos, esto tiene una sola causa: una evidente recomposición en los ingresos de la población, una redistribución que se refleja en una mayor capacidad de ahorro, impensada hace una década en vastos sectores de la población asalariada o cuentapropista.
En relación a los intereses que se obtienen por estas colocaciones (alrededor del 18% anual), y para quienes desde los medios esgrimen la pulverización del ahorro por efecto inflacionario, sería interesante que tomaran (los números del INDEC no, por supuesto) pero sì algunos índices provinciales, como el de IPEC, Instituto Provincial de Estadìstica y Censos de Santa Fe, que arrojò una medición de variaciones de precios de Marzo 2012 a Marzo 2013 de un 14,73%. Reitero: 14,73%. Los operadores seriales por la devaluación del peso, esgrimirán seguramente, que el instituto del gobierno opositor santafesino fue invadido por técnicos del kirchnerismo. 
Màs allà de los eternos profetas del estallido económico, profetas que están cumpliendo felices diez años en su fracasada especialización, los índices de la actividad siguen mostrando una realidad muy diferente a los vaticinios apocalípticos.
En consonancia con èste sistemático crecimiento de la economía, los cambios pueden observarse también en el sector más careciente, a través del índice de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Este índice mide entre otros parámetros, las condiciones habitacionales inadecuadas o insuficientes (viviendas precarias, piezas de pensiones), deficiencias sanitarias, niños en edad escolar que no asisten a ningún establecimiento educativo,  limitaciones o imposibilidad para generar un ingreso acorde con las necesidades del grupo familiar,  familia con un solo miembro con ocupación y deficiente remuneración por bajo nivel educativo. Si un hogar presenta alguna de estas necesidades, el grupo y todas las personas que lo componen, se consideran dentro del índice de NBI.
Desde el 2003, se estàn reduciendo año a año los hogares con NBI, y en estos diez años, la reducción fue mayor que en las dos décadas precedentes: 36,2 por ciento. Ya en el año 2010, y por primera vez en la historia argentina, el porcentaje de hogares con NBI no alcanzó a las dos cifras, y hoy se encuentra en el 9,3% del total de hogares.
La Asignación Universal por Hijo y su complemento con  la exigencia de escolaridad, los planes federales de viviendas, con nuevas unidades o para refacción, ampliación y mejoramiento de las existentes, o el programa Fines, para reducir la población adulta con bajo nivel educativo, fueron medidas importantes para reducir la pobreza estructural , y están estrechamente vinculadas a la reducción de los hogares con NBI.
En otro sector de consumo, nos encontramos con récords de ventas de autos cero kilómetro y con una industria automotriz que año a año incrementa su producción, sus inversiones  y sus exportaciones.
Mientras tanto, el postergado e incomprendido sector del “campo”, con una cosecha récord de 105 millones de toneladas, nos muestra en el segundo trimestre de 2013, un aumento del 97,3% en la venta de maquinaria agrícola respecto del mismo período del 2012. Del total de estas ventas, el 76 % se fabricó en el mercado interno, mientras que en el año 2004, solo el 54% de la maquinaria agrícola era de industria nacional. 
El incremento de las ventas y la tecnificación de la actividad agrícola, se apoya en créditos muy accesibles que otorga Banco Nación para la adquisición de sembradoras, cosechadoras, tractores e implementos, con tasas anuales fijas de un dìgito, entre el 5 y el 9%. 
Esta es la realidad económica, y algunas de las ventajas que las medidas de un Gobierno focalizado en la producción y el empleo, ofrece a los distintos sectores.

Para pensar este domingo, que tenés más tiempo y el Clarín viene más gordo.

Mejor para prender el fuego para el asado.

domingo, 28 de abril de 2013

PROTECCIÓN SOCIAL EN ARGENTINA


"La nueva etapa de crecimiento económico (2003-2008), junto con las mejoras en las condiciones laborales y la puesta en marcha de diversas políticas de empleo, provocaron una reducción de la pobreza, del orden de 73% entre 2003 y 2009, según cifras oficiales (véase el gráfico 5)5, lo que equivale a nueve millones de personas (PNUD-CNCPS, 2010). Las dinámicas del mercado laboral han estado fuertemente relacionadas con la reducción de la pobreza: en 2003, se crearon 4,5 millones de puestos de trabajo aproximadamente y entre noviembre de 2003 y enero de 2010, el salario mínimo aumentó de 290 pesos (equivalente a 72,5 dólares) a 1.500 pesos(equivalente a 375 dólares) (ibíd.).

Al igual que estos indicadores, la distribución del ingreso también se vio afectada por la fluctuación de la economía. Las brechas de finales de la década de los ochenta son similares a las de principios del 2000, lo cual da cuenta del impacto que tienen los períodos de elevada inflación y la inestabilidad laboral en la acentuación de las desigualdades a lo largo del tiempo (Beccaria, 2006, pág. 155). Durante la última década, los indicadores que se vinculan con la desigualdad en el ingreso muestran importantes progresos: en 2002, el ingreso del quintil más rico de la población era 23 veces superior al del más pobre. Esta brecha se redujo a 11,5 veces en el primer trimestre de 2010 (PNUD-CNCPS, 2010) (véase el gráfico 6). Durante el mismo período el coeficiente de Gini mostró una mejora del orden del 15%, de tal forma que alcanzó el mejor registro desde abril de 1996... "

"Según PNUD y el CNCPS (2010), como resultado de este Plan de Inclusión Previsional, la Argentina pasó a tener la tasa de cobertura en materia de jubilaciones más alta de América Latina, con 9 de cada 10 mayores en edad jubilatoria que reciben algún tipo de beneficio previsional. En 1996, se encontraban en esta situación el 69% de los adultos mayores del país ..."

"De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2009), el 51% de los niños, niñas y adolescentes cubiertos por la AUH no habían recibido nunca antes ninguna ayuda social en forma de transferencia de dinero. Además de la AUH, había solo 7,5 millones de niños y niñas con algún esquema de seguridad social, o bien mediante pensiones no contributivas o mediante contribución del empleo formal de sus padres. Otra fuente con cifras similares es PNUD y CNCPS (2010), cuyos datos informan que la cobertura actual de los menores que reciben algún tipo de transferencia de ingresos alcanza al 86%, mientras que esta proporción era de tan sólo el 37% en el año 1997. Además, según las estimaciones de dicho ministerio, la asignación ha sido entregada a 440.000 hogares con alguna persona desempleada, lo que corresponde al 19% de la población que nunca antes había sido beneficiaria de ningún tipo de cobertura social (PNUD-CNCPS, 2010)."

"En 2010, el Plan Nacer contaba con 1.456.100 beneficiarios; tres millones de personas han participado del programa entre 2005 y 2010. La cobertura varía dependiendo de las regiones, mientras que en el noroeste los beneficiarios suponen el 88% de la población, en el centro del país esta cifra supone solo el 61,7%. Entre 2011 y 2015, está previsto incluir otros grupos poblacionales vulnerables (niños y niñas en edad escolar, jóvenes hasta los 18 años y mujeres hasta los 64 años), así como también el tratamiento de nuevas afecciones (como hipertensión, diabetes y otras). De esa forma, la población beneficiaria del programa alcanzaría a los diez millones de personas sin cobertura de salud (Plan Nacer, 2010)."

"Este programa (Remediar) mostró en sus primeros años una adecuada focalización, el 94% de sus beneficiarios pertenecía a hogares pobres y el 71% se encuentra bajo el umbral de la pobreza extrema. Además, el cruce de registros con bases de obras sociales y seguros privados de salud permitió determinar que más del 85% de los beneficiarios dependían exclusivamente de la cobertura pública para atender el cuidado de su salud (Remediar, 2006). Además, las evaluaciones realizadas al programa indican que la provisión gratuita de medicamentos esenciales representa más del 24% del ingreso medio per cápita de los hogares y favorece en mayor medida a los grupos de la población más vulnerables. El impacto de la transferencia media representa aproximadamente el 41% del ingreso per cápita de los beneficiarios que viven en hogares en la extrema pobreza, el 15% de quienes pertenecena hogares pobres y el 6% de los beneficiarios situados sobre el umbral de la pobreza."