UNICORNIOS

De no mediar alguna sorpresa de último momento, todo indica que hoy o en las primera horas de mañana el Senado de la nación le dará media sanción al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. Hasta los propios dirigentes de la CGT reconocen que el gobierno tiene los números para imponer la iniciativa, lo que no quita que en el transcurso del debate se le hagan cambios, o se le poden algunos de los aspectos más controvertidos, sin afectar su esencia flexibilizadora y de recorte brutal de los derechos de los trabajadores.

Parece mentira que algo tan trascendente y perjudicial para los derechos de millones de argentinos, que arrasa con décadas de derechos y conquistas vaya a suceder casi sin pena ni gloria, con la simplicidad de un trámite burocrático y sin que ni siquiera los senadores deban sesionar mientras el país está paralizado por una huelga general, porque la CGT -una vez más- no consideró prudente convocarla para defender a sus representados. Pero es lo que ocurrirá, sin que tampoco haya -como en el 17 de octubre- una reacción espontánea de esos mismos representados, en defensa de sus derechos: la reforma parece no ser tema de conversación social, directamente. 

Por supuesto que las primeras responsabilidades por haber llegado a éste estado de cosas son de la dirigencia sindical, en especial de la nucleada en la CGT: la otrora columna vertebral del peronismo y el movimiento nacional hace años ya que viene padeciendo escoliosis, y está lejísimos de representar a los trabajadores, aun a aquellos sindicalizados y con empleo formal, que hace rato también que dejaron de ser la mayoría. Una reforma laboral que -entre otras cuestiones- ataca el corazón de la organización sindical desmantelando la negociación colectiva y las paritarias y nulificando en los hechos el derecho de huelga garantido por la Constitución, no mereció de la CGT un paro general, como los cinco que le hicieron a Cristina por Ganancias: ¿será que no les preocupa perder herramientas que son reacios a utilizar?

Un sindicalismo que por décadas se acostumbró a pensar y actuar con mentalidad empresaria (más precisamente desde que Onganía y Rubens San Sebastián les concedieron la legislación de obras sociales) y está más preocupado por los números de sus gerenciadoras de salud, no vio venir a tiempo los cambios que se gestaban en el mercado laboral, desde hace mucho tiempo. Ahora que está de moda achacarle al kirchnerismo toda la culpa del fenómeno libertario, y pedirle que haga autocrítica y comprenda que el país y el mundo cambiaron, no está de más recordar que esos cambios ya estaban sucediendo aun cuando el país crecía, pero los dirigentes de la CGT eligieron poner en el primer plano de sus prioridades los fondos de las obras sociales, y el reclamo impositivo de una minoría incluso dentro de los trabajadores registrados; y Cristina planteó -en soledad y en vano- discutir esas cosas con una mirada más amplia, del conjunto.   

Claro que el sindicalismo y la CGT no son los únicos unicornios azules que se le perdieron al peronismo: por allí anda también la tantas veces evocada burguesía nacional, la otra pata del pacto social impulsado para canalizar la puja distributiva, cada vez menos burguesía, y desde hace tiempo, cada vez menos nacional. En una economía fuertemente extranjerizada, el comportamiento empresario promedio -con honrosas excepciones, que resisten como pueden en un medio adverso- es el ausentismo, la fuga y la falta de compromiso social con el desarrollo del país y el bienestar de su gente; incluso cuando ese comportamiento atenta directamente contra sus propios intereses.

Y si no comprobemos que, sin distinciones de tamaños y escalas, la inmensa mayoría de los empresarios y sus organizaciones apoyan enfáticamente la reforma laboral que discutirá hoy el Senado, y si cuestionan algo son cuestiones accesorias, que tienen que ver con el financiamiento de esas organizaciones vía los aportes de sus representados, pautados en las paritarias, algo en lo que coinciden con el sindicalismo. Algunos atinaron a esbozar un cuestionamiento a la primacía de la negociación colectiva de ámbito menor o por empresa, pero casi ninguno ha dicho nada respecto a la virtual desaparición de todos los principios protectorios del derecho del trabajo que plantea la reforma: de hecho los apoyan enfáticamente, y compraron por bulto cerrado el argumento oficialista de que es un cambio imprescindible para generar más empleo.  

Hablábamos antes del pacto social como la estrategia tradicional del peronismo para arbitrar y conducir desde el Estado la puja distributiva, y lo que viene sucediendo es que quienes la están ganando desde hace una década (el capital, en desmedro del trabajo) no tienen ninguna intención de moderarse ni de ceder nada, y por el contrario apoyan con fuerza una reforma laboral que si prospera, cristalizará por tiempo indeterminado una redistribución social regresiva del ingreso, en términos comparables a los existentes antes del advenimiento del peronismo; y un modelo de país en el que sobran millones de argentinos, que viven y consumen acá, en el país.

De ese modo, ese otro unicornio azul perdido por el movimiento nacional estará terminando de entregar un mercado interno (apostando a la pauperización perenne de los salarios a escala africana) ya jaqueado por la apertura indiscriminada de las importaciones, y una estructura industrial amenazada además por la política de apreciación cambiaria, y los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos. A propósito: el estruendoso silencio de la mayoría de nuestro empresariado y sus organizaciones respecto a semejante avance consentido por la Argentina contra su entramado industrial (amenazando incluso rubros en los que el país había alcanzado cierto grado de desarrollo alto para los estándares de un país latinoamericano), debe contraponerse con su entusiasta apoyo a una reforma laboral que no le sirve a casi nadie, no resuelve ninguno de los problemas del país y sus empresas, y por el contrario los agravará. 

La tarea de salir del marasmo en el que está dejando el gobierno de Milei al país no es solo responsabilidad de la política (que es ciertamente la primera responsable en ese terreno) y no es es solo cuestión de arquitecturas electorales eficaces y acuerdos políticos amplios: tiene que tener anclaje social, para ganar volumen representativo y capacidad de enfrentar al núcleo de intereses concentrados -nacionales y sobre todo extranjeros- que es el sostén real del experimento libertario. 

Y construir ese anclaje habrá que hacerlo con la sociedad real y no la imaginada, incluyendo en ella el sindicalismo y el empresariado que ¿supimos? conseguir. Al mismo tiempo, la salida de la crisis no puede ser de otro modo que con una alternativa política que se plantee como su primera prioridad un fuerte shock redistributivo del ingreso nacional, en un contexto de dificultad. Nadie dijo que fuera fácil.

LA COLUMNA DESVIADA

 

O sea, dan señales de vida para defender sus sillones, los negocios de las obras sociales, y pelearse con Cristina. Tienen claras las prioridades los muchachos: https://t.co/2RffNywe0T

— La Corriente K (@lacorrientek) August 18, 2021

Acaso el famoso episodio del atril robado y luego ofrecido a la venta en Mercado Libre haya marcado un punto de inflexión en el quiebre del peso simbólico que representaba la CGT como sello evocativo en el contexto del peronismo, y del movimiento nacional y popular. En todo caso fue la expresión del hartazgo de las bases con una dirigencia que ya no representa a nadie, sino a sí mismos.

Y el tiempo y los hechos transcurridos desde entonces no cambiaron la percepción, más bien se diría que la central obrera histórica entró en una fase peor que la del descrédito, que es la de la intrascendencia. Tanto que, según nos cuentan acá en Infobraden, el consejo directivo hace seis meses que no se reúne, y nadie extraña su ausencia; en medio de una pandemia que ha significado penurias para los trabajadores, adicionales a las provocadas por el macrismo.

Para ser justos, los cegetistas habían salido de su hibernación antes, para cruzar la idea de Cristina de discutir un sistema integrado de salud, con argumentos que no difieren en lo sustancial de los que podría exhibir Belocoppit o cualquier pope de las prepagas: desde Onganía para acá, las obras sociales se han convertido para el sindicalismo tradicional en un asunto de primer orden, por encima incluso de la discusión de salarios y condiciones de trabajo en paritarias.

Y ahora se enfrentan a la renovación de su conducción, con la demanda de cumplir con las reglas de la paridad de género (algo en lo que atrasan 100 años), y la discusión interna por los lugares en el consejo directivo, que tiene el voltaje que tiene hoy el protagonismo de la CGT como estructura: menor, casi insignificante comparada con otras épocas.

Sin adentrarse en la discusión sobre el modelo sindical argentino, lo cierto es que las disidencias en el movimiento obrero hacer años ya que no se canalizan por vía de la democracia interna de las organizaciones, para desde allí proyectarse hacia la central única. Por el contrario, la demanda de democratización resultó en una mayor fragmentación, manifestada en la creación no solo de sindicatos, sino hasta de una (hoy dos) central obrera paralela, como lo fue la CTA.

También está la discusión de la articulación de la CGT y el sindicalismo tradicional con los movimientos sociales, las organizaciones piqueteras o los llamados trabajadores de la economía popular; con terminales precisas en sectores de "orgas" de la interna del peronismo, y por carácter transitivo, del "Frente de Todos".

Pero, según cuenta la nota, el otro disparador de la reaparición de los hibernados cegetistas, además de la necesidad de renovar sus órganos directivos, son los proyectos de reducción de la jornada laboral sin mengua de los salarios, que se empiezan a discutir en el Congreso de la nación, promovidos por los sectores sindicales más afines al kirchnerismo, y -dicen- con un guiño de Cristina, vía M{aximo Kirchner.

Y allí la CGT asumiría la misma postura que la UIA, a cargo del esclavista Funes De Rioja: oponerse, vaya uno a saber con que argumentos, nos iremos enterando con el tiempo. De una conducción cegetista que firmó un comunicado conjunto con la AEA hace un tiempo, no debería sorprender; aunque unos días antes, la misma CGT debió salir a cuestionar a los popes industriales, por plantear que se dejara de pagar los salarios o se pudiera despedir a los trabajadores que se negaran a vacunarse. 

El asunto es hasta donde se puede seguir pensando en el supuesto de que la CGT (tal como está y la conocemos, no su recuerdo histórico, ni el peso simbólico de la sigla) sigue siendo, no ya la columna vertebral del peronismo o del movimiento nacional y popular, sino una pieza importante de la coalición política y social que éste representa. 

SINDICALISMO CORTO DE MIRAS

 

Podría pedir que esos trabajadores pasen a una empresa del Estado que drague la hidrovía, pero le dio paja. Andá a buscar el atril, mamerto: https://t.co/sQdLKsEiRA

— La Corriente K (@lacorrientek) February 25, 2021

Hace unos días atrás cuando falleció Menem, decíamos en esta entrada: "Y sin embargo el legado de las políticas que se instauraron en su gobierno nos acompaña hasta hoy, y goza de buena salud, salvo algunas excepciones. En ese sentido, Menem vive en cada puerto privado que no se recupera para el uso público, en cada servicio público privatizado entonces y que sigue siendo prestado hoy en pésimas condiciones y con reclamos permanentes de dolarizar las tarifas, en el nuevo intento de privatizar la hidrovía, en esa excrecencia antidemocrática que es Comodoro Py y buena parte de la justicia federal, en cada demanda de una multinacional depredadora ante el tribunal del CIADI basada en un tratado bilateral de inversión de los tantos firmados durante su gobierno. Vive en la Constitución que nos rige, fruto de su pacto espurio con un radicalismo claudicante y menesteroso de cargos públicos.".

Decíamos también que "Menem es -aun sin su presencia física- un recuerdo incómodo para el peronismo, porque le trae a la memoria que estará siempre a la mano la tentación de perpetuarse en el poder a condición de transformarse en su exacto opuesto, traicionando así su razón de ser política, y su justificación histórica. Y que pudo hacerlo en nombre de Perón, y sin abandonar la liturgia partidaria, y sin apelar al aparato represivo de la dictadura, para profundizar sus políticas. Un recuerdo incómodo que tiene dolorosa actualidad, cada vez que se bajan banderas en nombre del pragmatismo, o se justifican deserciones en luchas necesarias, porque "no da la correlación de fuerzas".".

El sindicalismo peronista -en su gran mayoría- fue parte de ese proceso de claudicaciones, y sin su concurso al menos por omisión, muchas de las transformaciones regresivas orquestadas durante el menemato y aún vigentes hoy- como la privatización de los puertos y del dragado de las vías navegables- no hubieran sido posibles. Con camaleónica capacidad de adaptación, buscaron aprovechar el nuevo orden de cosas en beneficio propio, a punto tal que -por ejemplo- algunos gremios hasta organizaron sus propias AFJP o ART, por mencionar algunos de los aspectos más controversiales de las reformas de los 90'.

En el caso de las privatizaciones, con el desguace del Estado quedaron en el camino muchos puestos de trabajo que no lograrían luego reinsertarse en el mercado del trabajo formal, y en los "nichos" de negocios que iban creando, los concesionarios privados recibieron planteles mermados de trabajadores, dispuestos a aceptar ser precarizados, a condición de mantener el empleo.

Esto último se convirtió -desde entonces- en la casi excluyente preocupación de muchos sindicatos que se resignaron así a planteos "defensistas", sumado a la pelea por los salarios en las paritarias, proceso que sólo cobró dinámica y vigor a partir del 2003 con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. En tanto las privatizaciones menemistas subsistieron y en su mayoría no fueron revertidas, los sindicatos asumieron que la convivencia con sus nuevos patrones privados, sean estos distribuidoras de gas o electricidad, operadores de peaje, telefónicas, concesionarios ferroviarios u operadores del dragado de la hidrovía, era una realidad inmodificable.

Las reflexiones precedentes vienen a cuento del paro anunciado para hoy por el Sindicato de Dragado y Balizamiento que conduce Juan Carlos Schmid (el ex triunviro de la CGT) en alerta por el vencimiento el 30 de abril de la concesión del dragado de la hidrovía a la empresa belga Jan De Nul, y ante la falta de definiciones sobre la nueva licitación y quien tendrá a cargo las tareas en la transición.

No se trata de cuestionar que Schmid defienda las fuentes de trabajo de sus afiliados, porque al fin y al cabo es lo que un dirigente sindical debe hacer, en primer término. De hecho, si muchos lo hubieran hecho en los 90', las cosas hubieran sido distintas. Se trata de señalar que él y los demás dirigentes gremiales del sector no van más allá de ese planteo, y en ningún momento plantean siquiera la alternativa de rediscutir las privatizaciones del menemismo, mucho menos proponen alternativas de recuperación para el Estado de determinadas actividades de carácter estratégico, como el manejo de las vías fluviales, o el control del comercio exterior.

Actividades que podrían llevarse a cabo por los mismos trabajadores -cuyos puestos de trabajo serían garantizados, si esa es la preocupación-, pero en otro contexto político y haciendo desde el sindicalismo un aporte político que excede el mero rol reivindicativo gremial; y tiene que ver con la discusión del modelo de país que queremos. 800 puestos de trabajo en riesgo son importantes, pero el control soberano de nuestros recursos naturales y las operaciones económicas relevantes de las que depende el acceso a las divisas, lo es mucho más.

Lejos de las audacias conceptuales y políticas de los programas de La Falda o Huerta Grande, e incluso de formulaciones teóricas menos pretenciosas como los 26 puntos de la CGT conducida por Ubaldini en 1985, el sindicalismo argentino parece resignado a sostener las cosas como están; absteniéndose incluso de participar de las discusiones que se están dando hacia el interior del "Frente de Todos" por la orientación de las políticas del gobierno, y en particular en relación al manejo de la hidrovía.

Es más, por momentos daría la impresión que Schmid y otros dirigentes están presionando a través del paro, para que les prorroguen la concesión a los belgas, con tal de que estos se comprometan a sostener los puestos de trabajo; replicando así un "modus vivendi" del sindicalismo resignado con los grandes grupos económicos, que se puede ver por ejemplo en el sector petrolero. 

Y AL QUE NO LE GUSTA, SE JODE

Por unanimidad, la @CTAok se encamina a la unidad de la clase trabajadadora con la CGT. https://t.co/HzRpRPSgGw

— Hugo Yasky (@HugoYasky) October 3, 2019

La decisión unánime del congreso de la CTA que conduce Hugo Yasky en sus deliberaciones de ayer en Lanús, de iniciar el proceso para que la central reingrese al seno de la CGT de la que se fue hace casi 30 años es el hecho más importante del movimiento sindical argentino en mucho tiempo, y uno de los acontecimientos políticos más trascendentes de un año electoral, y por ende rico en acontecimientos importantes.

Se inicia un proceso cuyo final no será inmediato ni exento de rispideces, pero el paso anunciado ayer es gigantesco, y se debe en buena medida a la lucidez de la conducción de la CTA, comenzando por el propio Yasky, de lo mejor del sindicalismo argentino en las últimas décadas, por coherencia y trayectoria personal.

En que condiciones se producirá la reincorporación, y como ha de incidir en la futura elección de las autoridades de la CGT es algo que no podemos saber ahora, y que en definitivas les corresponde definir a los trabajadores, y a las organizaciones que los representan; pero el reingreso de los gremios que conforman la CTA (o una de ellas) al seno de la central histórica es, sin dudas, una muy buena noticia.

Se dice que los "gordos" que condujeron la CGT en estos años de macrismo (una conducción de triste memoria, entre las peores de una larga lista de dirigentes claudicantes) resistirían la incorporación, porque suponen (y suponen bien) que los gremios que hasta hoy revistan en la central conducida por Hugo Yasky sumarán fuerzas con los sectores más dinámicos del sindicalismo tradicional, representados por la Corriente Federal de los Trabajadores que conduce Sergio Palazzo, y del Frente Sindical Para el Modelo Nacional, de Hugo y Pablo Moyano.

De ser así, no sería sino la consecuencia en el plano sindical de los realineamientos que se vinieron dando en la política, en la oposición y en el peronismo, como consecuencia de la experiencia macrista; aunque para ser más precisos en el registro histórico, la decisión anunciada en el Congreso de ayer (que contó con la presencia de Alberto Fernández y Máximo Kirchner) es coherente con un proceso de unidad en la lucha y en la calle que se venía dando entre las fracciones más combativas del sindicalismo, que le dio sustento social y organizativo a la arquitectura electoral formada luego como "Frente de Todos", de la cual la candidatura de los Fernández es la expresión de síntesis.

Hemos dicho otras veces acá y lo reiteramos ahora, que las fracciones del movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales opositoras a las políticas del macrismo fueron pioneras en el planteo de la necesidad de gestar una unidad opositora lo más amplia posible con expresión electoral, para ponerle punto final al nuevo experimento neoliberal ensayado en el país, por una intuición muy clara: se trataba de reemplazar un gobierno de los patrones, con un marcado sesgo de clase y contrario a los derechos de los trabajadores, por otro que los exprese y represente cabalmente.

De allí que la decisión del Congreso de la CTA, al par que un espaldarazo importante para el futuro gobierno, es también un mensaje claro: los trabajadores y sus organizaciones (en especial aquellas que confrontaron con el macrismo) van a acompañar, en tanto y en cuanto se honre el mandato popular contenido en las urnas de las PASO, y que seguramente se ratificará con contundencia en las elecciones generales del próximo 27.

Si alguno (en el sindicalismo, en la política y en el mundo empresarial) cree ver en este proceso de unidad sindical el intento de armar un sindicalismo manejado a control remoto por un eventual gobierno de AF, para que acepte ser el colchón que amortigüe los reclamos de los trabajadores en caso que deban resignar derechos sin contraprestación alguna en el marco del llamado al pacto social, está leyendo mal no solo la coyuntura, sino lo que pasó en el país estos últimos cuatro años, y sobre todo lo que viene a partir de diciembre. 

Desde que las PASO operaron como una virtual primera vuelta y colocaron a la fórmula del "Frente de Todos" a un paso de llegar al gobierno, los sectores del poder económico que hasta el día antes apoyaban sin reservas la reelección de Macri comenzaron con lo que Horacio Verbitsky llama "la educación presidencial": ejercer todo tipo de presiones sobre Alberto Fernández para que acepte cogobernar con Macri hasta el final del mandato compartiendo los costos del ajuste que juzgan imprescindible; y que lo continúe cuando esté formalmente en el poder, cambiando su hoja de ruta (que es lo que votó la mayoría del pueblo argentino), para reemplazarla por la de ellos, que consideran la única admisible.

No hay que confundir ciertos gestos de amabilidad de circunstancias (fruto más de la necesidad que del convencimiento, porque la pifiaron mal en sus opciones políticas), con una real predisposición a acordar políticas, cediendo a la lógica de sus puros intereses. Ojalá el tiempo nos desmienta, pero somos escépticos al respecto.

El futuro gobierno afrontará una pesadísima herencia en múltiples aspectos, y un contexto internacional desfavorable, en el que los trabajadores intentarán, con razón y justicia, recuperar el terreno perdido en los años macristas en materia de derechos, empleo y salarios. Pero bien saben ellos y sus organizaciones que no fueron los únicos afectados por la devastación macrista: a la par o peor están los jubilados, los beneficiarios de la AUH, los desocupados o empleados informales; que también esperan y merecen respuestas urgentes.

Pero si la política económica del futuro gobierno es la que debe ser para salir de la crisis, y toma medidas que impliquen descargar sus costos sobre los que más tienen y más se beneficiaron con ella, los cimbronazos y las resistencias serán fuertes; y allí el rol del movimiento obrero organizado será crucial, para darle al gobierno músculo social y organizativo, para sumarle a su legitimidad de origen fundada en los votos, y en la amplitud de los acuerdos que terminaron contorneando el "Frente de Todos".

Y en ese contexto, la decisión de la CTA conducida por Hugo Yasky de retornar al seno de la CGT es una excelente noticia, aunque ponga nerviosos a muchos, dentro y fuera del sindicalismo. En todo caso y como dice el cantito popular, "unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode". Tuits relacionados:

Siempre dijimos que la unidad era el camino. Ya conseguimos un frente electoral para derrotar al macrismo. Ahora vamos por la unidad del movimiento obrero.#FuturoConUnidad. pic.twitter.com/qBJ4edAdhh

— Hugo Yasky (@HugoYasky) October 1, 2019

Este es el histórico momento en que el pleno del Congreso Nacional Ordinario de la CTA define avanzar hacia la unificación de la CTA y la CGT pic.twitter.com/G5r1973DLi

— Hugo Yasky (@HugoYasky) October 4, 2019

ALIANZAS Y REJUNTES

Leer a Claudio Scaletta es siempre de provecho, y su nota en El Destape del fin de semana (completa acá) no fue la excepción. De todo lo escrito allí, nosotros elegimos destacar éste párrafo, que nos parece de capital importancia para lo que viene: "Lo que se observa en perspectiva es, primero, a un Alberto Fernández funcionando como el gran constructor de una alianza de clases para sostener un proyecto de desarrollo de largo plazo. El kirchnerismo, su principal dirigente, comprendió que la ausencia de esta alianza fue una limitación de su último gobierno."

"Bastó que sólo una porción pequeña de las fuerzas que hoy integran el Frente de Todos jugara para el adversario para que se perdiera el poder en manos del macrismo y se provocara el desastre del presente. No hay modelo de desarrollo sin la construcción de esta alianza de clases o bloque histórico que lo sostenga. Que los sectores dirigentes comiencen a comprender este problema es un avance superlativo."

"Lo dicho debe matizarse con que el macrismo también construyó un extendido bloque histórico que lo sustentó, pero lo que no funcionó en su caso fue su modelo económico, que no sólo era insustentable en su frente financiero externo, sino también en el social interno: dejaba demasiada gente afuera. Resulta sorprendente que todavía existan sectores de la clase dominante que crean en la posibilidad de un proyecto político estable y de largo plazo basado en empeorar las condiciones de vida de la mayoría de la población en un país con memoria de bienestar y tradición de lucha. Quizá no sea un mero juego de palabras pensar en la necesidad de una transición inteligente de clase dominante a clase dirigente.".

Como ven, Scaletta pone los puntos sobre las ies en lo que han sido -en la Argentina y en todos lados- las experiencias sobre pactos sociales, que el peronismo en sus distintas encarnaciones históricas ha ensayado; aun limitados a la alineación de expectativas, el ordenamiento de la puja distributiva o una negociación de precios y salarios, con objetivos determinados de crecimiento y desarrollo.

En un sistema capitalista resulta hasta cierto punto indispensable que quien tiene la responsabilidad política de conducir el Estado intente acordar con al menos algunas de las fracciones del capital un modelo de desarrollo. Al fin y al cabo y por más trascendencia que se le asigne al rol del Estado y a las políticas públicas (que ciertamente la tienen, y son insustituibles), son esas fracciones los  dueños de los medios de producción o parte de ellos y como tales los que toman las decisiones de inversión que implican arriesgar capital, creando o no las condiciones para reproducirlo y con efectos en el empleo, los salarios, el conjunto de los precios y la distribución social del ingreso.

Cada vez que se ensayó en el país alguna forma de pacto o concertación social terminó fracasando porque desde los sectores del capital se exacerbó la defensa de los intereses sectoriales, sin manifestar la intención de ceder en lo más mínimo, sobre todo en materia de recomposición real del salario, que es uno de los objetivos que han señalado como primordiales los candidatos del "Frente de Todos". 

De hecho, las tensiones y las rupturas de esas alianzas de clases provienen cuando una de ellas (la burguesía) advierte que se ha cruzado una línea invisible en la distribución funcional del ingreso, pasando un límite que no están dispuestos a tolerar: pasó con el primer peronismo, con su retorno al poder en el 73', y durante la experiencia kirchnerista, marcando a las claras que se trata de una de nuestras constantes históricas.  

Frente a esto, se podrá señalar que el macrismo deja un nivel de empeoramiento de la distribución del ingreso y de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que deja cierto margen de acción para que algunas fracciones del capital acompañen un proceso de recomposición al menos por un tiempo, antes de llegar a esa línea invisible de la que hablamos. Sin embargo, no hay que perder de vista que además en el escenario de la globalización, esas clases operan como auxiliares de otras que funcionan a escala mundial; y que son en muchos casos las que determinan esas decisiones de inversión de las que hablamos, máxime en el grado de extranjerización que acusa nuestra estructura productiva.

Por otro lado, y tal como lo constata Scaletta, hay una matriz ideológica compartida entre quienes debieran pensar de otro modo porque con sus decisiones arriesgan capital de trabajo concreto y tangible (pensemos en las empresas cuyo valor patrimonial destruyeron las políticas del macrismo), y los que adscriben a la lógica de la valorización financiera para la fuga de capitales.Esto ha sido muy nítido en los posicionamientos de la cúpula de nuestro empresariado (a parte de la cual AF está convocando al pacto) durante el macrismo, y aun ahora, en el momento de su despedida. Tuit relacionado:  

Funes De Rioja, Ratazzi, Bulgheroni, Pescarmona Gabbi, Escasany, Braun, Weiss, Bagó, ewcuchando al sicótico de Cavallo. Nuestra "burguesía nacional" fallida: https://t.co/vNfsY1SF9c

— La Corriente K (@lacorrientek) September 30, 2019

Esto crea un inconveniente adicional a cualquier ensayo de pacto social: conseguir que las fracciones del capital que se desean comprometer con sus metas venzan la pulsión del comportamiento tradicional de apropiación de excedentes desmesurados y fuga, o sea que dejen de ser solo capitalistas, para convertirse en una auténtica burguesía emprendedora, con sentido social o colectivo, capaz de exceder los límites de sus intereses de clase. Ni más ni menos que ese "unicornio azul" que, con honrosísimas excepciones como Miranda o Gelbard, le ha sido esquivo al peronismo desde sus orígenes. Y el soplo de aire fresco que en ese sentido representan algunas expresiones gremiales-empresarias del mundo de las Pymes (que deben ser convocadas de inmediato) no cambia el peso específico que tienen en la estructura productiva.

Por contraste, en el sindicalismo en cambio, parece haber más conciencia sobre estas cuestiones y de allí que sus dirigentes ensayen estrategias de unidad, y tengan en claro antes que nadie que en el estado en el que recibirá el país el gobierno del "Frente de Todos", no pueden pretender que los trabajadores recuperen rápidamente todo el terreno perdido durante el gobierno de Macri. Sin embargo, eso no significa que deban ser los convidados de piedra en un eventual pacto social, y los únicos que resignen posiciones, ni los que lo hagan en mayor medida: hemos dicho otras veces que sería un contrasentido en términos económicos, y una malversación del sentido del voto popular, en términos políticos; y por allí hay que explicar la resistencia de los sectores "duros" de la CGT a que la unidad de la central decante en una conducción encarnada en los que fueron funcionales al macrismo.

El microclima polítizado suele perder de vista está cuestiones, perdido en las discusiones de la minucia, del poroteo, del rejunte de sectores o la obsesión por determinados "garrochazos" individuales del macrismo en descomposición; que en rigor aportan poco, por no decir nada.Lo mismo vale para los "rescates emotivos" de figuras sueltas que se fueron desgajando del tronco kirchnerista: que vengan o no es secundario, si antes no se articula una coalición social más o menos comprometida con un determinado sendero de desarrollo.

Pierden de vista que en realidad las arquitecturas electorales (como la que concluyó en la formación del FDT y la definición de sus candidaturas) siguen a las coaliciones sociales o las expresan, y no al revés; y cuando esas coaliciones sociales se rompen, más tarde o más temprano las arquitecturas políticas reflejan la ruptura, por más habilidad "rosqueril" que se haya mostrado para construirla. De hecho en el caso del macrismo, la coalición social sobrevivirá al desmadejamiento político de "Cambiemos", con todo lo que eso implica. 

EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR

No decimos nada nuevo si afirmamos que la reforma laboral flexibilizadora es “el” proyecto por excelencia del régimen macrista, aquel al que han consagrado la mayor parte de sus desvelos, y que figura primero en su lista de prioridades; desde el momento mismo en el que Macri asumió el gobierno.

Al fin y al cabo, llegó a poder como representante de los empresarios, y con el objetivo en mente de bajar los costos laborales en dólares, mientras se procuraba precarizar las relaciones de trabajo, y debilitar la presencia e influencia del sindicalismo: ese, y no otro, es el significado de los “70 años de peronismo” que el macrismo se puso como meta dejar atrás.

En estos cuatro años intentaron por distintas vías conseguir la meta: acuerdos sectoriales de flexibilización laboral (como los de los petroleros o el SMATA), ensayo de acuerdos parciales con la cúpula pactista de la CGT y hasta proyectos enviados al Congreso yendo más allá de lo acordado con la burocracia de los “gordos”, como ocurrió luego del triunfo en las elecciones legislativas del 2017.

Precisamente ese proyecto (que tenía una profunda impronta precarizadora) es el que por estas horas intentarán reflotar, corregido y aumentado, si las urnas les volvieran a sonreír; según nos cuenta en detalle esta nota de Mariano Martín en Ambito Financiero.

La similitud con la reforma laboral aprobada por Bolsonaro en Brasil es escalofriante: eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (lo cual dejaría los derechos laborales de los trabajadores a merced de la voluntad de los empresarios), reducción de la negociación colectiva al nivel de empresa, reemplazo de las indemnizaciones legales por un “fondo de despidos”, “bancos de horas” para no pagar horas extras y eliminar de hecho la jornada legal de trabajo, eliminación de toda responsabilidad solidaria de las empresas en caso de tercerización de tareas.

Y por supuesto, también es una reforma antisindical: eliminar o reducir la presencia de los delegados gremiales en los lugares del trabajo, dejar librado al criterio del patrón el encuadramiento sindical del personal, eliminar las contribuciones a pactadas en los convenios colectivos a favor de los sindicatos con personería gremial. Recordemos que ya en algunos casos (como por ejemplo en el acuerdo con los petroleros por Vaca Muerta) se restringió el derecho de huelga, hasta hacerlo virtualmente desaparecer.

Cuando hace un tiempo y preguntado por Vargas Llosa sobre que haría en caso de acceder a un segundo mandato Macri dijo que lo mismo, pero más rápido, se refería a esto, más que nada y antes que todo; de modo que en este contexto nadie se puede llamar a engaño, ni votar al gobierno y hacerse luego el desentendido, o el defraudado: está votando que los trabajadores pierdan derechos y salarios, más de los que ya perdieron en estos cuatro años. El que avisa no es traidor.

Cabalgando sobre el descrédito social del sindicalismo (fundado en razones reales, para que negarlo) y sobre el ideal aspiracional de la “meritocracia” y el “emprendedurismo”, el gobierna supone (y no le falta razón) que existe cierto grado de consenso social para reformas de cuño esclavista y precarizador: no pocos trabajadores, efectivamente, compran el discurso de que los (otros) trabajadores y sus derechos son parte del problema, si no “el” problema del país.

Creen (ilusoriamente) que sin la molesta presencia de los gremios y los sindicalistas podrán obtener mejores salarios y condiciones de trabajo que sin ellos, algo que por supuesto, no se dio nunca, en ningún país del mundo. Como diría Jauretche, van a comprar con el manual del almacenero.

Hay que machacar recordando que el domingo en las PASO también se vota por esto, para empezar a sepultar este tipo de proyectos pensados para maximizar las ganancias del capital, al riesgo de empobrecer más aun a las grandes mayorías nacionales; y condicionar el crecimiento y el desarrollo del país, en beneficio de unos pocos. Más aun: si hubiera que exponer un único y solo argumento (ahora que está de moda no pedir ninguno) por el cual no cometer el suicidio de darle a Macri otro mandato, debería ser este.

CURSO ACELERADO DE LIBERALISMO PARA LIBERTARIOS

[AHORA] Espert le mandó un mensaje a Baradel: "Vas a terminar preso si dejás a los chicos sin clases". pic.twitter.com/d76KaXjZDZ

— ElCanciller.com (@elcancillercom) 14 de julio de 2019

 La huelga no es un delito ni un capricho personal de algún dirigente gremial, es un derecho reconocido a los sindicatos por el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional.

El mismo artículo que les reconoce también a los gremios el derecho a concertar convenios colectivos de trabajo, esos donde aparecen las negociaciones en paritarias que a usted le parecen un concepto fascista.

Ese artículo 14 Bis fue incorporado en 1957 por la autodenominada “Revolución Libertadora”, que también -como usted- decía ser liberal.

Usted es candidato a presidente, no a juez, y por eso aun si la huelga fuera un delito, no le corresponde al presidente juzgarlo porque la misma Constitución (en este caso en su texto original que viene desde 1853, hoy renumerado) en su artículo 109 dice que el presidente de la nación no puede “...ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas judiciales o restablecer las fenecidas”.

Si Baradel y el SUTEBA deciden una huelga, es una cuestión de las autoridades de la provincia de Buenos Aires (no del presidente) resolver que hacer al respecto, por ejemplo descontar los días de paro.

En nuestra Constitución de 1853 (liberal como la que más) la Argentina es un país federal (artículo 1), y en virtud de eso, les reconoce a las provincias “...el goce y ejercicio de sus instituciones...” (artículo 5).

Por esa razón las provincias “...conservan todo el poder no delegado por esta constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación...” (artículo 121 CN); y además “...se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal...” (artículo 122).

Vuelva en marzo, alumno Espert, tiene que repasar un poco el liberalismo, porque viene muy flojo en el tema.

NOS SOBRAN LOS MOTIVOS

Es más, habría que ir pensando en largar otro paro ya mismo.

LA PATA SINDICAL

TRABAJADORES LOW COST

Tal como da cuenta la imagen de apertura, se supo ésta semana que el gobierno inscribió en el Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores al sindicato formado por los empleados de Fly Bondi; por medio de la Resolución 4/19 del Ministro de Producción y Trabajo Dante Sica (completa acá en el Boletín Oficial); dejando reserva de que en ocasión de solicitar su personería gremial (por ahora tiene la simple inscripción) cumplirá con el mecanismo que dispone la Ley 23.551 de Asociaciones Profesionales, para determinar si es la entidad más representativa del sector que aspira a representar.

Si bien es cierto que la Ley 23.551 contempla los sindicatos de empresa (artículo 10 inciso c)), y que la Ley 14.1250 de convenciones colectivas de trabajo contempla convenios colectivos de empresas o grupos de empresas (artículo 16), la medida no debe analizarse fuera del contexto de un gobierno que ha hecho de la flexibilización laboral uno de sus principales objetivos; a punto tal que aun con el despido de Triaca del gobierno, el propio Sica acaba de insistir en discutir en el marco de los convenios colectivos cuestiones cruciales como el cálculo y forma de pago de las indemnizaciones por despido, o las horas extras.

También es preciso señalar que la misma Ley 23.551 en su artículo 30 establece el caso del pedido de otorgamiento de la personería gremial (lo que le permite a un sindicato discutir salarios y negociar convenios colectivos) cuando ya existe en el sector una entidad que la posee, si la autoridad laboral considera que existen "...intereses sindicales diferenciados como para justificar una representación específica y se cumplimenten los requisitos exigidos por el artículo 25, y siempre que la unión o sindicato preexistente no comprenda en su personería la representación de dichos trabajadores.". Las normas son claras, pero es el gobierno, su política laboral y sus intenciones lo que siembra dudas. 

Obviamente que tampoco es casual que se fragmente la representación sindical en un sector al cual el gobierno de Macri le ha prestado particular atención (incluso por intereses directos de la familia presidencial), y en el marco de "reducción de costos" que plantea la "revolución de los aviones", dentro de los cuáles la reducción del costo laboral es esencial: las low cost compiten contra las líneas áereas tradicionales relajando el cumplimiento de normativas, exigencias y estándares que son aplicables a aquellas, más cuando cuentan con la vista gorda cómplice de ciertos gobiernos; como el nuestro.

Es verdad que la Ley 14.250 establece claramente que los convenios de empresas podrán pactar condiciones laborales distintas a los de los convenios de ámbito mayor de cada actividad (en éste caso la aeronáutica) en tanto sean más favorables para los trabajadores (artículos 18 inciso d) y 19 inciso d)), pero no debemos olvidar que estamos ante un gobierno que no ha vacilado en llevarse puesto el orden público laboral de nuestro sistema jurídico cuando lo creyó necesario; y que como decíamos acá, promovió con entusiasmo convenios colectivos flexibilizadores a la baja y el recorte de derechos en diferentes actividades: petroleros, construcción, metalúrgicos, automotrices y autopartistas, entre otros.

Por eso no sorprende que en éste caso hay concedido con rapidez la inscripción sindical, en un sector en el que sus políticas flexibilizadoras enfrentan la resistencia gremial de un sector de trabajadores formalizados, calificados y con salarios por encima del promedio; a la inversa por ejemplo de lo ocurrido ocurrido con el sindicato de los trabajadores de aplicaciones como Rappi, Cabufy, Treggo, Mercadoni o Glovo, que enfrentan formas extremas de precarización.

Se trata de llevar las reformas "desregulatorias" al corazón mismo de las relaciones laborales, así como se le ha permitido por ejemplo a Fly Bondi obtener cientos de rutas para explotar sin contar con aviones suficientes, talleres en condiciones o infraestructura de apoyo. Es más: diríamos que generar otro ejemplo más de flexibilización laboral en marcha que se muestra como "exitoso", para crear un clima favorable a una reforma laboral "por goteo" (a través de las paritarias y convenios colectivos sectoriales) es para el macrismo un objetivo de primer orden; tanto como los negocios del presidente, su familia, asociados y funcionarios a través del curro de las "low cost". Tuit relacionado:  

Flybondi y" su sindicato" no pueden celebrar un convenio colectivo de trabajo porque ese gremio no tiene personería gremial tal como lo establecen las leyes 14250 y 23551. Ademas un convenio no puede desmejorar la ley.A flexibilizar a otra parte.

— Héctor Pedro Recalde (@HPRecalde) 8 de enero de 2019

TRANSPARENCIA DE CLASE

La imagen de apertura corresponde a ésta nota de Clarín del viernes, y como no podía ser de otra manera, el título es capcioso; porque da a entender que había una artículo en la ley de ética públicas vigente que establecía la obligación de los sindicalistas de presentar sus declaraciones juradas de bienes y hacerlas públicas, y lo sacaron.

Leyendo la nota (la mayoría de los lectores jamás pasa del título), uno se entera que en realidad la exigencia estaba contenida en un borrador que elaboraba la Oficina Anticorrupción Kirchnerista de Laura Alonso para que Macri lo enviara al Congreso, pero fue suprimida del texto definitivo. La pregunta que hay que hacerse es por qué estaba, y no por qué lo sacaron.

En efecto, la ley de ética pública surge de lo dispuesto por la Constitución Nacional en su artículo 36 quinto párrafo que dice lo siguiente: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.”. Acto seguido, en el párrafo sexto agrega: “El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.”.

Esa fue la Ley 25.188 originariamente sancionada en 1999 (cuando terminaba el gobierno de Menem), cuyo artículo 1º dice lo siguiente: “La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, emunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.” (las negritas son siempre nuestras)

Clarito, ¿no?: la Constitución y la ley dictada en su consecuencia hablan de delitos cometidos contra el Estado o en su perjuicio, por funcionarios públicos. No por sindicalistas, que no son funcionarios públicos, ni reciben un sueldo del Estado pagado con el presupuesto público. Que son las razones por las cuáles en el caso de los funcionarios las declaraciones juradas son públicas, y se puede acceder a ellas por Internet, al menos en la nación (acá en la provincia, por ejemplo, no: es necesaria una orden judicial, en una causa en trámite por presunto enriquecimiento).

Por eso el delito de enriquecimiento ilícito (artículo 268 (2) del Código Penal) solo puede ser cometido por "el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño.". (Las negritas son nuestras)

En todo caso, como llegaron lo sindicalistas a tener el patrimonio que tienen y si es de un modo compatible con sus ingresos registrados es un problema -en primer lugar- de los afiliados al sindicatos que pagan la cuota sindical y sostienen sus actividades, y en segundo lugar de la justicia, si hay una denuncia concreta por un delito concreto. Y si fueron condenados por él, no pueden integrar los cuerpos directivos de una asociación profesional de trabajadores (Ley 23.551, artículo 18 inciso b)).

Porque si nos ponemos en buscadores de la transparencia y con el mismo criterio, hagámoslo con todos, empezando por los empresarios; para los que en cambio rige -como debe ser- el secreto fiscal y no tienen obligación de exhibir en público su patrimonio para que cualquiera lo conozca. 

Secreto fiscal que (recordemos) se extendió incluso a los bienes y patrimonio que declararon en el blanqueo (adquiridos con lo que sí le sacaron al Estado, evadiendo impuestos), con la amenaza en el proyecto original del Ejecutivo enviado al Congreso de meter presos a los que divulgaran lo blanqueado, aunque fueran periodistas. Ese sesgo de clase en la búsqueda transparencia sí se puede ver: "Si es rico no va a robar", dijo nunca nadie. 

ARMADOS

Que el masivo acto del jueves en Ferro haya sumado la protesta sindical con la necesidad de articular una respuesta política y el rechazo a la persecución judicial a Cristina solo puede sorprender a los que pierdan de vista la esencia de la política; que es la representación de intereses.

Es decir, la idea dominante en el país durante años y que explotó por los aires en la crisis del 2001, junto con el modelo de la convertibilidad; y una idea que desde diciembre de 2015 para acá se trata –interesadamente- de reintroducir: la política y la economía son mundos separados, compartimentos estancos sin comunicación entre sí; regidos por reglas propias: la economía por el imperio del “pensamiento único”, las leyes del mercado y un (en apariencia) único camino racional posible, que es la lógica del neoliberalismo, y la política, un ejercicio distractivo tolerado, en la medida que no cuestione esa visión de la economía.

A punto tal es así, que cuando -como ocurre ahora- el modelo económico neoliberal vuelve a fracasar, enseguida pone las culpas en la política: no llegan las inversiones o se pierde “la confianza de los mercados” porque hay “incertidumbre electoral” o “miedo al retorno del populismo”.

El problema es que además de no explicar la política, esa visión tampoco termina explicando la economía: mientras los datos duros de la realidad (aumento del desempleo y la inflación, caída de los salarios, el consumo, el nivel de actividad y la capacidad instalada industrial utilizada) nos golpean a diario, nos cuentan que vuelve la calma a los mercados porque el gobierno lograría un nuevo acuerdo con el FMI y mejoran las expectativas, cae el riesgo país, suben los bonos y las acciones, baja el dólar y regresan parte de los capitales golondrinas que se fueron.

Lo mismo pasaba en el 2001, cuando ese modo de “gobernabilidad” explotó en una crisis económica, social y de representatividad política; cuando el kirchnerismo emergió por arriba del “que se vayan todos” recomponiendo la autoridad presidencial, el poder arbitral del Estado y la autonomía de la política; logrando durante más de 12 años disimular razonablemente la fragmentación de un sistema político que hacía rato había perdido su capacidad de transmisión de las demandas sociales.

Esa cultura política previa al estallido sobrevive en la superestructuras partidarias con representación institucional, y a ella tributa la idea del massismo y el “peronismo racional” de “colaborar” con el macrismo, en la idea de dar vuelta la página de la experiencia kirchnerista, como una anomalía que no debe volver a repetirse. De allí que no solo compartan en líneas generales el rumbo del gobierno (más allá de cierta verbalidad opositora, en alza al ritmo de la descomposición del macrismo por la crisis), sino que crean que el problema es cosmético y se resuelve -por ejemplo- retocando un par de artículos del presupuesto confeccionado por el FMI.

Pero el propósito real de Macri y del proyecto que él encarna es mucho más profundo, pues no se trata simplemente de borrar al kirchnerismo del mapa político o de la memoria colectiva, sino de hacer retroceder al país en materia económica y social al estadio anterior al primer peronismo. La incomprensión (o la subestimación) de este dato es lo que tensiona ciertos intentos de “unidad ampliada” del campo opositor, en especial del peronismo, y lo que explica también la inercia inicial de muchos sectores sindicales (como el moyanismo), hoy en trance de rectificación.

A esa cultura política tan arraigada en nuestra transición democrática corresponde toda una lógica de “armados” electorales e instalación de candidaturas, y prácticas como el “fotismo” y el desfile de mascaritas sueltas que saltan de alianza en alianza (y no solo en el peronismo, ni mucho menos); en pasos de comedia que ya hace rato son incapaces de encapsular una realidad cada día más cruda y áspera, ni hablemos de darle respuesta.

Por otro lado la reforma política que el kirchnerismo sí hizo al instaurar las PASO, involucrando al conjunto del electorado en la definición de la oferta electoral y no solo a los afiliados de los partidos políticos, hace que hoy esos “armados” y fotos de dirigentes no tengan el peso específico que pudieron tener antes, menos si se empeñan en desconocer las tendencias y demandas reales de la sociedad; en el afán de ganar de ganar la atención y vehiculizar las demandas de los que mandan (y financian campañas).

En ese marco, la convergencia entre Massa y el “peronismo racional” de Pichetto, Bossio y algunos gobernadores es un hecho natural, o una posibilidad mucho más cierta que su integración a una PASO ampliada de la oposición peronista, porque juegan un partido distinto del que juega el kirchnerismo: representan un intento de repetir lo del 2015, metiendo una cuña electoral que drene votos opositores al gobierno para impedir el regreso al poder del peronismo en su versión kirchnerista; y si la caída de Macri en picada electoral fuese más pronunciada, captar voto macrista desencantado para polarizar con el kirchnerismo en un eventual balotaje. De allí que más allá de la buena voluntad de algunos dirigentes (incluidos algunos de los sindicalistas que organizaron el acto de Ferro) es muy difícil la unidad entre los que pensamos que el problema es Macri, y los que siguen pensando que el problema es Cristina.

Frente a la claudicación de la CGT, la respuesta de las fracciones combativas del sindicalismo acercándose al kirchnerismo y más explícitamente a Cristina (a quienes se les cuestionaba no tener una “pata sindical” propia sólida, y hoy son los que tienen más vínculos que nadie con las organizaciones gremiales y sus dirigentes) es de pura lógica racional instrumental, en defensa de sus intereses, y de los de sus representados.

En un gobierno de empresarios que ejecuta un proyecto que le declara explícitamente la guerra explícitamente al trabajo, el salario y los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, la única respuesta defensiva racional (además de las medidas de fuerza estrictamente sindicales) es apostar a la autonomía de la política en relación a los intereses corporativos, y a quien o quienes han demostrado que pueden garantizarla razonablemente, dentro de la oferta disponible en el sistema. Una respuesta que además no hace sino traducir lo que ya pensaban sus propias bases hace tiempo, como quedó claro en el propio acto de Ferro.

DECLARACIÓN DE FERRO

¡FOTO, FOTO, FOTO, FOTO, FOTO!

¿EL GOBIERNO SE METE EN LA INTERNA DE LA CGT?

Con el ojo puesto en el decretazo del ajuste en el Estado, tuvo poca repercusión (salvo ésta notade Ismael Bermúdez en Clarín) que en la misma edición del Boletín Oficial de ayer se publicó el Decreto 633 (completo acá), que entrará a regir en 30 días pero que impactará de lleno en las negociaciones paritarias, y en la interna de la CGT.

En los primeros artículos del decreto se establece el criterio a seguir con los aportes patronales especiales que deben destinarse a financiar algunos regímenes jubilatorios espaciales, que el mismo decreto enumera en el anexo a título enunciativo (personal que realiza tarea penosas, riesgosas o insalubres, estibadores portuarios, dragado y balizamiento, ferroviarios, industrias del vidrio y de la carne, petroleros y gas privado, servicios eléctricos, SMATA, entre otros): en esos casos dispone que los empleadores deberán hacer los aportes que contempla cada régimen especial, pero al mismo tiempo aclara que “...si bien la presente medida puede entenderse como un incremento de los costos laborales para estas actividades, los empleadores comprendidos en ellas gozan actualmente del beneficio y tratamiento particular de la Ley N° 27.430, por la que se vieron reducidas progresivamente las contribuciones con destino al régimen de seguridad social general.”.

La norma citada es la que aprobó a fines del año pasado la reforma tributaria, y que significará a futuro un importante desfinanciamiento de la seguridad social, al reducir e incluso eliminar las cargas patronales sobre los salarios de cierto monto; pese a lo cual todos los considerandos del decreto dicen que sus medidas apuntan a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

Pero la norma contiene otras medidas: tras señalar en sus fundamentos que “...en la dinámica de la negociación colectiva se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, cuando éstos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio.”, acto seguido y en su artículo 4  dispone que “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo, con excepción de aquellos supuestos contemplados en los artículos 103 bis, 106 y 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y las situaciones en las que pudiese corresponder tal excepción, encuadradas en el procedimiento regulado por los artículos 98 a 105 (ambos inclusive), de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias y normas reglamentarias.”

Las normas que se mencionan refieren a ciertos rubros que no quedarían alcanzados por la medida, como los viáticos, los salarios disminuidos que se pagan a los trabajadores suspendidos o con empresas en procedimiento de crisis , o beneficios sociales como los montos para adquisición de ropa de trabajo, reintegro de gastos de medicamentos, traslado o sepelio.

Si bien el decreto hace mención al concepto de “salario” definido por la LCT, tampoco es muy preciso a la hora de definir cuáles serían los rubro de aumentos pactados en paritarias por los sindicatos y las cámaras empresarias que no serían homologados, porque si bien algunos de ellos (incluso el propio Estado con sus empleados) pudieron haber pactado el pago de sumas no remunerativas en los haberes mensuales, ha sido más frecuente el caso de los que negociaron bonos compensatorios por la pérdida del salario frente a la inflación del año pasado, o para compensar que cierran paritarias dentro del “techo” impuesto por el gobierno.

Por si quedaran dudas al respecto, el mismo artículo 4 del decreto aclara lo siguiente: “La medida precedente alcanza a los planteos administrativos que formulen los interesados al invocar la existencia de una homologación tácita del instrumento convencional, en los términos del artículo 6° de la Ley N° 23.546 (t.o. 2004).”.

En  esa situación podrían encontrarse -por ejemplo- las paritarias de Camioneros y la Bancaria, pendientes de homologación, y con sendos bonos pactados en cada una de ellas. 

Si se repara a su vez en la nómina de los gremios a los que en el mismo decreto se les garantizan los aportes patronales adicionales (sin correlativo descuento para los trabajadores en sus salarios) para regímenes jubilatorios especiales, es difícil no pensar que el gobierno se está metiendo abiertamente en la interna de la CGT de cara a la renovación de autoridades del 22 de agosto (el decreto empezaría a regir unos días antes); de modo tal que los “dóciles” lleguen al mismo pudiendo mostrar logros derivados de su “buena conducta”, mientras los “ariscos” (como Sergio Palazzo o Pablo Moyano) no tengan homologadas sus paritarias. 

AL LLAMADO DE LA PATRIA

EXCLUSIVO: La marcha de la oposición contra el Gobierno por el acuerdo con el FMI, vista desde el drone de El Destape. pic.twitter.com/p8v9elxvyo

— El Destape (@eldestapeweb) 25 de mayo de 2018

"Rechazamos los acuerdos de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, su modelo de dependencia política y económica con las grandes potencias extranjeras que están reeditando en nuestro continente, un plan sistemático que sólo ofrece a las mayorías populares un destino de miseria planificada. Rechazamos el endeudamiento externo que significa una cadena de dependencia sobre nuestro pueblo.

Rechazamos los acuerdos de libre mercado que Mauricio Macri y los gerentes corporativos que gobiernan la Argentina andan mendigando por Estados Unidos y Europa. Rechazamos la apertura irrestricta de las importaciones, el fomento de la concentración económica en un puñado de multinacionales y la matriz especulativa con la que intentan destrozar el aparato productivo e industrial para direccionar los beneficios económicos a los que especulan en la city porteña.

Rechazamos el salvaje tarifazo impuesto sobre los servicios públicos esenciales, que condena la producción nacional y obliga a nuestro pueblo a decidir entre pagar una factura o poner un plato de comida sobre la mesa.

Rechazamos la reforma laboral con la que sigue amenazando el gobierno en el Congreso.

Rechazamos el ajuste sobre el salario real por el camino de una devaluación especulativa y los topes paritarios. Rechazamos el proceso de flexibilización laboral iniciado al hacer crecer los niveles de desocupación, por mentirosos que sean los índices que nos ofrecen. La desocupación es un crimen.

Rechazamos la reforma previsional que ha licuado los ingresos de jubilados y pensionados, que inicia una privatización encubierta del sistema previsional argentino. Rechazamos las medidas tomadas por este gobierno para meter mano en el Fondo de Garantías del Anses y especular con la plata de las trabajadoras y trabajadores.

Rechazamos el ajuste brutal sobre los programas de empleo, la eliminación de los programas de vivienda, la destrucción del modelo cooperativo como herramienta de organización económica del trabajo, el recorte de los ingresos populares garantizados por el derecho conferido en la Asignación Universal por Hijo.

Rechazamos el desfinanciamiento educativo, el disciplinamiento del salario docente, el ataque a sus organizaciones gremiales y la persecución a la organización estudiantil.

Rechazamos el discurso negacionista del gobierno y su intento de imponer nuevamente la teoría de los dos demonios.

Rechazamos la radicalización de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y la aplicación de la "doctrina Chocobar" ".

El documento completo, acá.