LA POLÍTICA DE LOS PARCHES Y SUS LÍMITES

 

¿Todos tenemos en claro que esto termina en que no se hace nada, no?: https://t.co/pnZW3rjymv

— La Corriente K (@lacorrientek) March 17, 2023

Unos cuantos años atrás y a propósito de la tragedia de Once, decíamos en esta entrada: "Es frecuente decir (más aun entre kirchneristas) que el proceso abierto en el 2003 recuperó el rol del Estado y la afirmación es valedera; pero debe matizarse con al menos dos precisiones: con que estructura concreta cuenta ese Estado para poder cumplir eficazmente los diferentes roles que se propone asumir, y cual es la percepción social sobre lo que el Estado representa; esto último vinculado a otro tópico común de nuestro discurso (el retorno de la política), que debe ser también cuidadosamente reexaminado.".

"Nadie ignora que las reformas impulsadas por el menemismo en los 90´ dejaron tras de sí un Estado no solo disminuído en sus roles, sino fundamentalmente desvencijado y con escasa capacidad de respuesta a las demandas sociales: planteles de personal disminuidos (en cantidad y calidad) por despidos y retiros voluntarios, desmotivados por la falta de incentivos salariales o profesionales, lento proceso de adecuación a las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y -esto particularmente perceptible en el caso de los servicios públicos-estructuras cooptadas por los propios intereses privados a los que deben controlar.". 

"El kirchnerismo pudo recomponer la capacidad de acción del Estado en muchos aspectos, y exhibir resultados contundentes que lo llevaron a ganar dos elecciones presidenciales, comenzando por lo principal: dotar a ese Estado de recursos suficientes, renovando y perfeccionando el organismo recaudador (la AFIP) aunque no haya encarado una reforma tributaria; la que por cierto quedaría en meros papeles si no contase con ese instrumento, porque el mejor impuesto es el que se cobra, como dicen. Desde esa plataforma creció exponencialmente la inversión pública en infraestructura (energía y educación fueron los capítulos más relevantes al respecto) y el gasto en seguridad social, con decisiones que además comprometieron la eficacia del aparato estatal para ejecutarse; como la inclusión previsional, la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones que tenían las AFJP, o la asignación universal por hijo.".

"En el Estado kirchnerista conviven desarrollos tecnológicos al nivel del primer mundo (como el avance en tecnología satelital, o el despliegue de la TV digital), con precariedades propias del desguace de los 90´; y en  el caso de los servicios privatizados, el kirchnerismo se manejó sin conceptos a priori y con un criterio casuista, asumiendo la prestación en manos estatales cuando no quedaba más remedio o la situación de los concesionarios era insostenible (casos de AYSSA, el Correo o Aerolíneas Argentinas): hay tal vez en esa idea un reconocimiento de los límites concretos del aparato estatal para acometer nuevos roles, más que una convicción filosófica sobre sus límites o su tamaño. Ese criterio, que pudo resultar eficaz en muchos casos, se ha revelado harto insuficiente en el del transporte público, en especial el del ferrocarril y sobre todo, en los ramales de transporte de pasajeros del conurbano bonaerense; un tema que tiene en sí una enorme complejidad que muchas veces los propios nostálgicos del tren (entre los que me incluyo) suelen pasar por alto.".

"Porque resulta que el Estado es siempre el lugar de la queja (en forma creciente en los últimos años), pero los que se quejan no siempre esperan que sea también el de las soluciones: ahí los senderos suelen bifurcarse, y si no recordemos lo que pasó en los 90´; cuando las penurias de los sufridos pasajeros de los trenes del conurbano fueron (junto al problema del déficit) la plataforma sobre la que el menemismo proyectó el desguace del sistema ferroviario dentro del festival de privatizaciones. Ese paradigma también (y aunque se lo pretenda ocultar) es el que entró definitivamente en crisis con la tragedia de Once: no basta con dejar que algo lo hagan los privados en lugar del Estado para que mejore, porque si ese Estado no controla adecuadamente, los resultados son casi siempre, peores.".

"La legitimación social del Estado es imprescindible para que ese aparato estatal pueda encarar cualquier política, sea controlar a un concesionario privado, u operar directamente un servicio; con más razón en el segundo caso, porque es lógico y razonable pensar que los problemas concretos que padecen por ejemplo los usuarios del Sarmiento no desaparecerán por arte de magia si a partir de mañana queda en manos estatales; verdad tan obvia y sencilla como que los formuladores del pensamiento mágico (los medios hegemónicos, las expresiones de la marginalidad electoral) se encargarán de que la olvidemos.".

Las reflexiones tienen plena vigencia hoy, a partir de los padecimientos de muchos usuarios del AMBA de las áreas cubiertas por las distribuidoras de electricidad privadas que gozan de concesiones otorgadas por el menemismo, y sostenidas desde entonces. Y esa discusión que estaba pendiente en los años de lozanía del kirchnerismo en el gobierno nunca se saldó, porque nunca se encaró a fondo; y dentro del actual gobierno del FDT ingresó en el mismo terreno que el resto de las decisiones de la administración de Alberto Fernández.

Así como el criterio "casuístico" seguido durante las presidencias de Néstor y Cristina llevó en su momento a revertir algunas de las privatizaciones de los 90' y recuperar funciones para el Estado en la gestión de determinadas actividades (como pasó con el Correo, AYSSA, Aerolíneas o YPF), en tiempos de "volver mejores" nada se ha hecho sobre el particular, e incluso hemos retrocedido: con la excusa de la pandemia se le prorrogó a Eurnekián la concesión de los aeropuertos hasta el 2038, se sigue dudando que hacer respecto al dragado y balizamiento de la hidrovía, y a las distribuidoras de electricidad del AMBA se les han tolerado todo tipo de trapisondas -hasta sospechosos cambios de dueños- e incluso se les condonaron multas millonarias; hasta que se llegó al colapso actual.

Las concesiones ferroviarias de pasajeros y carga están todas vencidas y no obstante eso siguen en manos de las mismas concesionarias, mientras el Estado asume el costo de las obras e inversiones necesarias para prestar los servicios; y las concesiones de las represas hidroeléctricas vencen en su mayoría éste año sin que desde el gobierno se dé la más mínima señal acerca de lo que piensan hacer al respecto. No hace falta recordar el episodio Vicentín (aunque no se tratara en ese caso de un servicio público) con su fallida expropiación, y el anuncio posterior jamás concretado de crear una empresa estatal de alimentos como testigo en el mercado.

Pedirle a éste gobierno -cuyos límites están más que claros, y cuyas prioridades también- que haga algo al respecto, más que un exceso, sería una pérdida de tiempo. Pero si el kirchnerismo -embarcado en el operativo clamor por la vuelta de Cristina- quiere volver a constituirse en una alternativa política valedera, también debe discutir estos asuntos, y formular una propuesta sobre ellos a la sociedad. Lo que no puede hacer más es seguir aplicando una política de parches cuyos límites están a la vista.

CARPETAZOS

 

Fue una de las noticias de la semana: Vila y Manzano le compraron a Marcelo Mindlin (uno de los empresarios favoritos de Macri) su participación accionaria en Edenor, una de las distribuidoras eléctricas del AMBA. Dicen que además se meterían también en Metrogas, aunque en éste caso no hay precisiones respecto a las acciones de quien adquiriría, pero algunos afirman que sería el 70 % que está en poder de YPF, que había sido obligada a desinvertir desprendiéndose de esas acciones por Aranguren. 

Todos estos movimientos en empresas reguladas (en teoría) por el Estado porque tienen otorgadas concesiones de servicios públicos deben ser objeto de aprobaciones especiales, y en éste caso la compra debe ser validada por el ENRE (Ente Regulador de la Electricidad).

Pero hay otra arista del caso, no debidamente considerada al menos en la información que hasta acá ha circulado: los nuevos dueños de Edenor (Vila y Manzano) son también dueños de licencias de medios de comunicación audiovisual, y hay normas que impiden que lo sean de ambas cosas, al mismo tiempo: aun tras la mutilación producida en algunas de sus normas por el DNU 267/15 de Macri, así lo dispone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26522 en sus artículos 24 inciso i) y 25 inciso d), que siguen vigentes y más abajo se transcriben.  

Artículo 24 inciso i)  "...No ser director o administrador de persona jurídica, ni accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal...". Artículo 25 inciso d): "...No ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona jurídica titular o accionista de una persona jurídica a quien el estado nacional, provincial o municipal le haya otorgado una licencia, concesión o permiso para la prestación de un servicio público;...".

También sigue vigente el artículo 56 de la ley de medios, que dice textualmente: "Registro de accionistas. El registro de accionistas de las sociedades por acciones deberá permitir verificar en todo momento, el cumplimiento de las disposiciones relativas a la titularidad del capital accionario y las condiciones de los accionistas. El incumplimiento de esta disposición configurará falta grave. ". 

Como sigue vigente el artículo 57, que crea el "Registro Público de Licencias y Autorizaciones". Así dice la norma: "La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llevará actualizado, con carácter público, el Registro Público de Licencias y Autorizaciones que deberá contener los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que resulten de interés para asegurar la transparencia. La autoridad de aplicación deberá establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet." (las negritas son nuestras)

Hagan la prueba -como hicimos nosotros- de entrar a la página del ENACOM a ver si encuentran esa información, y nos cuentan. Pero también deberían poder buscarla en las páginas de cada uno de los medios que cuentan con una licencia, porque así lo dispone el artículo 72 de la LSCA, otro que sobrevivió a la poda del DNU de Macri: "Obligaciones. Los titulares de licencias y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual deberán observar, además de las obligaciones instituidas, las siguientes: e) Cada licenciatario o autorizado debe poner a disposición, como información fácilmente asequible, una carpeta de acceso público a la que deberá sumarse su exhibición sobre soporte digital en internet. En la misma deberán constar: (i) Los titulares de la licencia o autorización, ...(iii) Integrantes del órgano directivo,...".

El sentido de las normas de la ley de medios era claro: por un lado que el Estado y los ciudadanos sepan quienes son sus dueños (dado que son empresas, y funcionan como tales), y por el otro, que el que maneja medios de comunicación no maneje servicios públicos, de modo que no utilice el poder de fuego de éstos para defender sus intereses, sea ocultando las quejas de los usuarios por el mal funcionamiento de los servicios, o abogando por la suba de tarifas, entre otras cuestiones.

Dicho esto y señalado que los artículos de la ley de medios que conciernen a éste caso siguen vigentes, es necesario decir que una cosa es sentar postura respecto a que no se insistirá en la ley de medios -como ha dicho el presidente-, y otra muy distinta es hacerse los boludos, y no garantizar que se cumpla como corresponde, en lo que sigue vigente.

Y por si alguno dijera -como nos pasó en Twitter- que Vila y Manzano se han desprendido de sus medios (a manos de sus hijos, socios o testaferros), cabe recordar que en su célebre y fugaz paso por el Ministerio de Comunicaciones, el "Milico Aguad archivó por "haber devenido abstractos" los planes de adecuación que presentaron distintos grupos de multimedios (entre ellos Vila-Manzano), justamente porque el DNU 267 de Macri había eliminado los artículos 45, 48 y 161 de la Ley 26522 que obligaban a desinvertir a los que tenían licencias de las que permitía la ley. Tuits relacionados:  

Sale Mindlin, entran Vila y Manzano. Un cambio cualitativo (?).

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Manzano y Vila, dueños de medios y de concesionarias de servicios públicos. Qué podría salir mal?

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Aguad en su célebre paso por el área declaró caducos todos los planes de desinversión cuando Macri mutiló la ley de medios por el DNU 267

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Rapidito para los mandados Sanz nos aclara que los dueños de medios no son Vila ni Manzano, sino sus hijos y socios. Ahora nos quedamos tranquilos.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Manzano y Vila se van a desprender de las licencias de medios que tienen? Porque ahora que son dueños de Edenor no pueden tenerlas (Ley 26522 artículo 24 inciso l)

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Nop

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Ustedes son chicos y no se puede, pero en una época había una ley de medios y una autoridad encargada de controlar que se cumpla. Y esa ley exige que haya una carpeta pública disponible en Internet con los propietarios de cada medio.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

LA VÍSCERA MÁS SENSIBLE

El DNU 690 (completo acá en el Boletín Oficial) por el cual el gobierno declarar "servicio público" a la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión paga, es mucho más que un simple congelamiento de tarifas hasta fin de año; en términos de lo estrictamente regulatorio, y por su significado político.

Conceptuar una determinada actividad como servicio público supone someterla a una regulación estatal más intensa, dejando librado menos espacio al mercado: por eso el DNU define que las tarifas por esos servicios deberán ser autorizadas por el ENACOM, y que debe establecerse un servicio básico común del que ningún usuario puede ser privado. Hay por supuesto muchas otras consecuencias posibles derivadas de una regulación más intensa, como los planes de inversiones para mejorar los servicios, o la misma propiedad de las empresas prestatarias (por ejemplo las transferencias accionarias de ellas).

Pero más importantes que todo eso, son las consecuencias políticas del DNU: aunque el presidente se esfuerce en decir que él no está en guerra con nadie, hay muchos que están en guerra con él y con su gobierno, desde el primer día; como el Grupo Clarín. Y si toma medidas que toquen su víscera más sensible, que es el bolsillo, la guerra tenderá a intensificarse, y tendrá que estar preparado para eso.

Una de las grandes astucias de los conglomerados de medios con intereses de negocios cada vez más diversificados y con pretensiones de ejercer influencia política como Clarín, es utilizar la enorme masa de maniobra de boludos disponibles a embanderarse en defensa de sus intereses, convocados por banderas vaporosas a inasibles como "la defensa de la libertad de expresión", o cosas similares. Con esa astucia maniobraron durante el conflicto del gobierno de Cristina con las patronales del campo por las retenciones móviles, y con la disputa por la ley de medios.

Algo parecido sucedió hace poco con el fallido intento de expropiación de Vicentín: por raro que nos parezca a nosotros, siempre habrá gente dispuesta a ser llevada de las narices para defender a garcas corruptos y evasores, por una aparente buena causa. Cierto es que contribuye a ello la existencia de un porcentaje importante de la sociedad argentina que tributa al antiperonismo visceral y psiquiátrico, y estará siempre dispuesto a embarcarse en cualquier cruzada contra lo que haga o deje de hacer un gobierno peronista.

   

Pero no es menos cierto que, para que esa oposición pueda tener anclaje en la realidad de modo tal de disuadir a un gobierno de avanzar en un sentido determinado, se necesita que las medidas que éste quiere tomar no favorezcan a su vez los intereses objetivos de la mayoría de la sociedad, incluidos algunos de los que las adversan, por motivos ideológicos. De allí que emprender disputas por una "agenda republicana" como la reforma a la justicia está destinado al fracaso social de antemano, porque son cosas que no le mueven el amperímetro a nadie, salvo a los directamente concernidos como operadores del sistema que se desea reformar.

Las reformas o medidas económicas, que impactan en el bolsillo, son muy otra cosa: cuanto más concreta sea la lesión a intereses creados de determinados sectores (regulando allí donde se dejaba imperar libremente a las fuerzas del mercado, por ejemplo), más virulenta será su oposición; pero si al mismo tiempo se tiene la astucia suficiente de comunicar criteriosamente que esas mismas medidas benefician objetivamente a mucha gente, también serán más sólidos los apoyos con los que el gobierno cuente para llevarlas a cabo: hemos dicho otras veces y lo reiteramos ahora que las "correlaciones de fuerzas" no son algo estático e inmodificable, sino que se van construyendo con el tiempo, y con la acción política.

Puede que -como dice el zócalo del tuit de apertura- a los más pobres no les preocupe demasiado tener Internet, y habría que verlo; pero casi con toda certeza sí les preocupe pagar más barato el uso del celular, y que les funciones mejor, porque de ello dependen no solo sus consumos culturales o distracciones, sino hasta sus mismas oportunidades de trabajo. Y está en la habilidad política del gobierno demostrar que si se mete en el tema, es también para que tengan acceso a Internet, que en estos tiempos es tan importante como tener agua, asfalto o cloacas.

Desde esta misma óptica, cajonear iniciativas de sentido progresivo como el impuesto a las grandes fortunas solo puede explicarse porque hay disidencias al interior de la coalición gobernante, y no por la previsible oposición de los pocos que lo deben pagar, frente a la anuencia mayoritaria de los que estarían exentos de hacerlo, incluso siendo opositores al gobierno.

Más concretos seamos en el sentido de las medidas, a más personas beneficien en forma concreta, más fácil nos resultará ampliar los apoyos sociales necesarios para avanzar en ellas; sin dejarnos arrastrar hasta disputas estériles en nombre de consignas abstractas, incomprensibles para el hombre común, o eficaces para proveer justificativos adecuados a los que se oponen a todo, incluso antes de que se anuncie o se concrete. 

Si hasta un desvastado neuronal como Casero comprende, aun en medio de su tiniebla mental, que el DNU de las tarifas y los servicios provocará una réplica implacable del Grupo Clarín, en términos mafiosos, y en defensa de su víscera más sensible. Hay que lograr que nadie se embandere en defensa de eso que, estricta y objetivamente hablando, solo les interesa a los accionistas del hólding de Magnetto: de eso se trata la política, en definitiva.

MACRISMO QUÍMICAMENTE PURO

Como sabemos, las tarifas del gas (al igual que las de la luz) están dolarizadas desde 2016, cuando en la gestión de Aranguren en el entonces Ministerio de Energía se les reconoció a las petroleras un “sendero” de precios en dólares por el millón de BTU, la unidad de medida utilizada para medir la producción gasífera.

Se fijó un cronograma de sucesivos aumentos del precio en dólares, muy por encima del promedio internacional, y de sus costos reales de producción en el país, aun medidos en la misma moneda.

Eso generó los descomunales tarifazos que venimos padeciendo desde entonces, olas de amparos en todo el país y hasta un fallo de la Corte Suprema mandando realizar audiencias públicas, y fijar las tarifas con criterios de razonabilidad. Lo primero lo cumplieron, lo segundo sabemos que no. 

Todos sabemos también lo que pasó con el dólar: el año pasado estaba a un promedio de 17 pesos, y éste se disparó hasta los 42, para orbitar hoy en torno a los 39.

Lo cual -obviamente- aumenta el costo de las facturas que las transportistas y distribuidoras de gas de todo el país les tienen que pagar a las productoras (las petroleras), y por carácter transitivo, de las que tienen pagar los usuarios reales, sean domiciliarios, comerciales o industriales.

Y el modo que encontró el gobierno para resolver el problema no fue desdolarizar las tarifas, lo cual recortaría las descomunales ganancias de las petroleras; ni hacer que los mayores costos fruto de la devaluación que pulverizó salarios y jubilaciones, los absorban las transportistas o distribudoras. 

La solución del macrismo fue la que siempre se le ocurre: trasladárselo a los usuarios, pero eso sí, dándoles la "oportunidad" de pagar la diferencia acumulada por las variaciones en el tipo de cambio entre abril y septiembre de éste año (que puede seguir creciendo si sigue subiendo el dólar), en 24 cuotas, a partir de enero del año que viene.

Pero las cuotas no son fijas, no señor: se actualizarán esos 24 meses, mese a mes, por la tasa que pague el Banco Nación por sus depósitos a plazo fijo, justo ahora, que vuelan las tasas. O sea: les trasladan a los usuarios el eventual financiamiento que les hagan las petroleras a las transportistas y distribuidoras, de la diferencia de cambio acumulada a su favor. Así lo dispone la Resolución 20 de la hoy Secretaría de Energía, publicada ayer en el Boletín Oficial (completa acá), de la que habla la imagen de apertura.

O sea que cuando asuma el próximo gobierno, vamos a estar pagando facturas de gas generadas en éste, y así sucesivamente; sin descartar nuevos aumentos como el del 35 % que empezó a regir este mes; y teniendo además en cuenta que hace unos días redujeron la tarifa social, y eliminaron la bonificación en las facturas por bajar el consumo, con lo cual ya ni sostienen la mentira de que el objeto de los tarifas era promover un uso racional de la energía. 

Aumentos retroactivos sobre facturas ya emitidas y pagadas, sin audiencia pública ni nada que se le parezca, solo atendiendo a la variación del tipo de cambio (consecuencia de los desaguisados del propio gobierno), y a cuidar la rentabilidad de las petroleras en primer lugar, y de las transportistas y distribuidoras en segundo término. 

Para ponerles nombre a los beneficiarios: Transportadora de Gas del Norte (TGN) es controlada por Gasinvest S.A., una sociedad conformada por Tecpetrol (la petrolera del grupo Techint) y Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Corporación América, o sea el grupo Eurnekián. Transportadora de Gas del Sur (TGS) es controlada por CIESA, cuyo accionista mayoritario es a su vez Pampa Energía, el hólding de Marcelo Mindlin.

Por el lado de las distribuidoras, que son muchas en todo el país, Litoral Gas (la que presta el servicio en Santa Fe y norte de Buenos Aires) es controlada por Tibsa Inversora, en la que participa con un 30 % de las acciones Tecpetrol, como dijimos, la petrolera de Techint; y Metrogas (distribuidora del área metropolitana) es un 70 % propiedad de YPF, pero el gobierno quiere obligar a la petrolera estatal a vender sus acciones, lo mismo que quiere desprenderse de las que son propiedad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES; que tiene participación en otras distribuidoras:Gas Natural Ban S.A., Distribuidora de Gas Cuyana S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A.. 

Por si todo eso fuera poco, en el mismo Boletín Oficial de ayer salieron otras dos resoluciones de la Secretaría de Energía (las números 21 y 22) que subieron los precios a pagar por las petroleras por el biodiésel y el bioetanol producido con caña de azúcar, para incorporar a los cortes obligatorios de los combustibles. Ni falta hacer decir quiénes pagarán esos mayores precios: los consumidores, cuando carguen el tanque de nafta, porque ni por asomo las petroleras los absorberán, en un mercado desregulado por el Estado. 

Cuando alguien les pregunte como definir el macrismo en pocas palabras, apelen a estos ejemplos, que son muy demostrativos de cómo funciona, y quiénes son los ganadores y perdedores bajo su modelo. Tuits relacionados:

Pocas cosas definen mejor la naturaleza profundamente hija de puta de este gobierno como la decisión de trasladarles a los usuarios el costo de la compensación de los precios del gas a las petroleras, por el alza del dólar

— La Corriente K (@lacorrientek) 5 de octubre de 2018

Podían haber vuelto a pesificar las tarifas del gas y que se caguen las petroleras, distribuidoras y transportistas, pero les daba paja

— La Corriente K (@lacorrientek) 5 de octubre de 2018

Nunca vi nada igual en toda mi vida. Estos tipos no tienen límites. Ya es demasiado. Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar esa resolución. https://t.co/gDpr1z6vMV

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 5 de octubre de 2018

UNA PAYASADA PARA LA TRIBUNA

El decreto cuyas imágenes ilustran el post es el que dispuso revocar las concesiones de transporte otorgadas a la empresa Monticas S.A. luego de la tragedia ocurrida en febrero pasado en la ruta nacional 33; cuando el choque frontal entre dos unidades de la firma provocó 13 víctimas fatales.

Elegimos ponerlo entero para que puedan ver que absolutamente en ningún lado se hace mención al hecho, ni se lo toma siquiera en cuenta como antecedente o fundamento de la decisión de revocarle a la empresa las concesiones y permisos que explotaba, otorgadas por el gobierno de la provincia.

Solo existe un vínculo indirecto en el considerando que refiere a que se pudo constatar que el 27 de febrero pasado la empresa no prestó los servicios a su cargo, y eso es por una razón muy sencilla: luego del accidente (que fue el 24) la Municipalidad de Rosario clausuró sus instalaciones a pedido de la justicia, y por eso los colectivos no pudieron salir.

Pero sigamos leyendo los fundamentos: “...la Subsecretaría de Transporte Automotor, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Transporte, inicia las presentes actuaciones, con motivo de la verificación de reiterados incumplimientos a la normativa vigente por parte de la empresa Monticas S.A, en todos los servicios prestados; ..”...“...tal como surge de las constataciones realizadas por el personal de inspección, se han detectado sendas deficiencias en la prestación de todos los servicios de la empresa, vgr.: incumplimientos de servicios y horarios, utilización de unidades no matriculadas y problemas de funcionamiento de las unidades en cuanto a confort y estado general del coche;...”...“En consonancia con lo referido, la Subsecretaría de Transporte ha tomado conocimiento de denuncias de usuarios, de las que surge, mayoritariamente, que el motivo de la queja está relacionado con la mala prestación de los servicios (horarios, confort, cumplimiento diario);” (las negritas son nuestras)

Sin embargo, en La Capital del viernes pasado el Secretario de Transporte Jukic decía lo siguiente:“El servicio de Monticas era deficiente, como es parte del servicio que hoy tenemos en la provincia y que estamos tratando de mejorarlo", admitió Jukic.Reveló que en 2016 se hicieron "176 actas de infracción a Monticas por diversas causas, mayoritariamente por incumplimiento de horarios, servicios o frecuencias, y cuestiones de confort de colectivos como aire acondicionado, calefacción o asientos". Algunas infracciones "eran graves, como tener un parabrisas rajado pero en ese momento no solo se labraba el acta sino que se detenía la unidad para que no siguiera circulando", detalló. El funcionario explicó para Radio Casilda que "al recibir las quejas de municipios y de usuarios, se constataba la deficiencia y se intimaba a la empresa a que en un término perentorio solucionen esos inconvenientes y luego se constataba que se hayan resuelto". "Existe un protocolo de caducidad que se maneja en la secretaria, que ante la primera intimación y el no cumplimiento se procede a una segunda y después si es causal para la caducidad del servicio", resaltó.

Con Monticas "se daba que ante la primera intimación la empresa respondía adecuándose a los requerimientos exigidos", señaló.Para finalizar, Jukic remarcó que "dada la cantidad de unidades que tiene Monticas es un ratio de tres infracciones por vehículo, está dentro del promedio que se realizan a las empresas de la provincia".” (otras vez las negritas son nuestras)

Pasando en limpio: como si estuviera preconstituyendo prueba a favor de la empresa en un eventual juicio contra la provincia por la revocación de los permisos, el Secretario de Transportes dice que les señalaban las deficiencias pero las subsanaban, y que el servicio de la emrpesa era una garcha, pero no muy distinto del que prestan las demás concesionarias. ¿Habrá que esperar entonces otra tragedia que se cobre vidas humanas para que actúen a tiempo, aplicando sanciones o quitando las concesiones a otras empresas, cuantas Monticas andarán dando vueltas por ahí?

Pero si la empresa subsanaba los inconvenientes que se le señalaban (al menos eso dice Jukic), y no se menciona en el decreto para nada la tragedia de la ruta 33, cabe preguntarse entonces ¿por qué razón le revocaron los permisos?

La respuesta pareciera estar en otras partes del mismo decreto:  “...por Dictamen N° 1255/15, Fiscalía de Estado ha dictaminado que "...los permisos precarios son por naturaleza revocables en cualquier momento al no importar para el permisionario un derecho subjetivo perfecto...", ”...“...de ello puede colegirse la facultad del Poder Ejecutivo para resolver o revocar este tipo de permisos, caracterizados por su precariedad, por motivos de oportunidad, mérito o conveniencia;...”...“en trámites relacionados con el transporte de pasajeros, Fiscalía de Estado se expidió a través de Dictamen N° 910/03 manifestando que "... lo que debe preservar la autoridad de aplicación es el interés público comprometido de los usuarios del transporte potencialmente beneficiarios de una mejor prestación del servicio en las condiciones de regularidad y eficacia que persigue...”...“...los estamentos técnicos de la Subsecretaría de Transporte concuerdan en que estarían dadas las condiciones para proceder a dejar sin efecto los permisos precarios oportunamente concedidos;...” (siempre las negritas son nuestras)

O sea que el gobierno podía haber revocado en cualquier momento la concesión sin que la empresa protestara, y sin necesidad de profundizar demasiado en las razones por las que lo hacía; no obstante lo cual nadie se animó a decir taxativamente que estaban dadas ahora las condiciones para hacerlo, por la inacción del propio gobierno. Al que no le preocupó en absoluto "...preservar el interés público comprometido de los usuarios del transporte potencialmente..." víctimas de la desaprensión empresaria.}

Lo que cabría preguntarse entonces es porque las "razones de oportunidad, mérito y conveniencia" no existieron antes de la tragedia del 24 de febrero, o para contestarnos a nosotros mismos: el gobierno provincial nunca avanzó sobre Monticas porque fue una de las aportantes a la campaña del socialismo; y solo lo hizo cuando ya era tarde porque la tragedia se había producido, y del peor modo posible: sin fundamentos visibles, y con una payasada para la tribuna.

Ojo: que en el área son payasos lo dice hasta el propio Lifschtiz, que los raja y ni siquiera les da las gracias por los servicios prestados:

LOS LÍMITES DEL "MUERTISMO" EN POLÍTICA

Leíamos ayer en Redacción Rosario: "En octubre de 2014, Redacción Rosario reveló la investigación judicial sobre el aporte con que, entre otras empresas, la compañía de transporte público de pasajeros Monticas SA contribuyó a la campaña proselitista del socialismo en 2007. 

Al momento de ser realizados los aportes, el presidente del Partido Socialista era Hermes Binner; el tesorero, Miguel Lifschitz; el responsable económico-financiero, Omar Saab y el responsable político, José Leon Garibay, hoy nada menos que ministro de Infraestructura y Transporte de Lifschitz."

En su momento allá por el 2014 en esta entrada nos ocupábamos de los aportes empresarios a la campaña del socialismo que las autoridades del partido no pudieron explicar, por lo que fueron objetados sus balances por la justicia electoral.

Entre esos aportantes figuraban empresas concesionarias de servicios públicos y beneficiarias de permisos estatales, como la operadora del puerto de Rosario, y Monticas; la empresa protagonista de la tragedia de la ruta 33 de estos días.

Con lógica de hierro, el artículo relaciona la falta de controles del gobierno provincial a la empresa, con el hecho de que sus dueños fueron aportantes a las campañas del socialismo. Sin descartar la validez del argumento, la política del socialismo al respecto es igual con todas las empresas concesionarias: escasos o casi nulos controles de las concesiones de transporte de pasajeros dentro del territorio provincial, que son su estricta responsabilidad.

Sin embargo y con puntualidad religiosa, los gobiernos de Binner, Bonfatti y Lifschitz (que tuvieron como responsable del área a Boggiano, lobbista de las empresas) les concedieron desde el 2007 para acá por lo menos dos aumentos anuales de tarifas; pese a la existencia de subsidios nacionales durante el kirchnerismo.

Tal como se señala en la nota de Redacción Rosario, en el caso particular de Monticas abundaron los reclamos de los usuarios por las malas condiciones del servicio, el estado de las unidades y las frecuencias; e incluso de los propios trabajadores de la empresa por el incumplimiento de los turnos de descanso de los choferes, aspectos todos que debía controlar el gobierno provincial, y no lo hizo.

La justicia deberá determinar las responsabilidades concretas del accidente que provocó otra tragedia que se terminó cobrando vidas humanas, y el gobierno de Lifschitz salió a sobreactuar ahora lo que no hizo antes, rescindiendo la concesión a la empresa; con el fervoroso apoyo del periodismo militante santafesino, alguno de ellos hoy funcionario, la mayoría cobrando su sueldo del presupuesto provincial, como si fueran empleados públicos, vía pauta publicitaria.

Es inevitable la comparación de la reacción de ese mismo periodismo, de los funcionarios y dirigentes del socialismo y de sus aliados políticos (como Victoria Donde) cuando la tragedia de Once: sin esperar veredicto judicial alguno, todos salieron a descargar las culpas de la tragedia sobre Cristina, De Vido y el gobierno; y aun hoy lo siguen haciendo.

Pero al parecer en el caso Monticas la teoría de la responsabilidad política por este tipo de hechos no funciona, y la culpa sería exclusivamente de la empresa, sin que el gobierno provincial tenga algo que ver al respecto.

Son los riesgos de practicar el "muertismo", es decir hacer política con las tragedias: es como escupir al cielo y quedarse parado en el mismo lugar.

ESO ¿CUÁNDO PASA?

En cualquier ciudad del país o del mundo el colectivo es un servicio público, regulado por el Estado, que le impone a las empresas prestatarias recorridos fijos (que se suponen estudiados previamente según las demandas de los usuarios), y frecuencias mínimas; para garantizar su regularidad y continuidad.

Bueno, en Santa Fe no: leemos en el diario del Loco Lindo que la línea 1 realiza su recorrido normal por el barrio Los Troncos; como si eso fuese una noticia extraordinaria, y no lo que debería ocurrir siempre.

Una muestra de la extraordinaria protección mediática de que goza la gestión municipal, porque es la primera vez que en el diario se ocupan del tema: hasta entonces lo silenciarion, y si no fuera por Radio Nacional o alguna que otra FM, las quejas de los vecinos no tendrían eco en ningún lado.

Aunque en cierto modo es extraordinario que una línea de colectivos en Santa Fe vuelva a su recorrido normal; porque hasta ayer la misma línea no ingresaba al barrio por el desastroso estado de las calles, con lo cual los vecinos de ése barrio (y de los aledaños Loyola Norte, Loyola Sur y Acería) no contaban con tan vital servicio para ir a trabajar, o a estudiar; y tenían que caminar no menos de 20 cuadras en algunos casos, para poder tomar un colectivo.

Pensemos en el recorrido en casos de lluvia, o en horario nocturno para volver a sus casas, en barrios jaqueados además por la inseguridad.

Situaciones similares (en algunos casos con cambios intempestivos de recorridos, decididos por las empresas sin control del municipio ni respeto por los usuarios) o demoras de hasta 45 minutos entre un coche y otro, se vienen registrando desde hace tiempo en el barrio El Pozo con las líneas 2 y 9, en Santa Rosa de Lima con la línea 18, en Yapeyú con la 15 y en Punta Norte y otros barrios, con la línea 11.

Seguramente los lectores que son de Santa Fe conocen otros casos, o los han padecido. Y salvo los concejales de la oposición o agrupaciones como el Movimiento Evita, pocos se han ocupado del asunto, nadie desde el municipio.

Situaciones que evidencian una doble desidia de las autoridades municipales en cumplir con sus funciones básicas: por un lado no controlan a las empresas concesionarias del transporte público, y por el otro se desentienden del mínimo mantenimiento de las calles de los barrios más alejados del centro de la ciudad; lugar al que al parecer se limita la ciudad para la gestión de Corral.

Que insólitamente dice que le da prioridad a las obras de bacheo en los lugares por donde pasa las líneas de colectivos; pero que en los barrios del oeste es más difícil porque faltan obras de infraestructura y "nos va a llevar un tiempo dejarlo (sic) en condiciones", cuando llevan más de 6 años en el gobierno, tras prometer por 24 (cuando gobernaba el peronismo la ciudad) que si los votaban a ellos, resolvían todos los problemas en un santiamén.

Una gestión municipal que publicitó ampliamente el lanzamiento del sistema "¿Cuándo pasa?" (ver acá la web) para que los usuarios supieran cuanto tiempo tienen que esperar hasta que llegue un colectivo, en las diferentes paradas.

Esa misma pregunta -cuándo pasa el colectivo- se hacen a diario miles de santafesinos, sin que desde la municipalidad se les de una respuesta. 

OTRA INJUSTIFICADA PERSECUCIÓN DEL KIRCHNERISMO

Mirá si las empresas que ganaron una concesión para distribuir electricidad a las casas, negocios e industrias, van a tener la culpa de que no tengan luz; donde se ha visto.

¿Qué viene después, exigirles a los recolectores de residuos que junten la basura?

O esta otra acá, ¿qué pretende, un periodismo con fuentes, dónde iremos a parar?:

Así no viejo, así no salimos.

TELEFONÍA Y UN ESTADO PRESENTE

Los usuarios de servicios telefónicos, tanto de celulares como de telefonía fija, ante el incesante aumento de clientes producido en los últimos años y la falta de inversión adecuada por parte de las empresas prestatarias, se encuentran en reiteradas oportunidades frente a interrupciones del servicio y otros incumplimientos. Estos incumplimientos, impiden la regular utilización de un servicio por el cual los usuarios abonan tarifas que  permiten a las prestatarias la obtención de amplios márgenes de ganancias.

La autoridad de aplicación -Comisión Nacional de Comunicaciones- viene imponiendo sanciones a las prestatarias ante a éstos incumplimientos . Un ejemplo es la aplicada recientemente a las empresas TELECOM PERSONAL S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A.., a consecuencia que en fecha 12/06/2012, se produjo un corte generalizado del servicio de telefonía fija, telefonía móvil e internet, que afectó a los usuarios de esas empresas en doce  provincias.

Por Resoluciones Nros. 1942 y 1943 /2013 dictadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones en fecha 18 de Junio de 2013, y luego del procedimiento previsto para estos supuestos, el organismo nacional aplicó las siguientes sanciones: Una multa de 12.500.000 UT (unidades de tasación) a cada una de las empresas,  equivalentes a la suma de  $586.250. Además, TELECOM PERSONAL S.A., fue sancionada también con la obligación de acreditar la suma de diez pesos a favor cada uno de los usuarios afectados por la interrupción del servicio, sobre un universo de más de 10.000.000 de usuarios (es decir una sanción de 100 millones de pesos), y una multa diaria de 100.000 UT hasta cumplimentar la comprobación de acreditación del importe mencionado a los usuarios del servicio.

En las Resoluciones citadas, la Comisión Nacional de Comunicaciones calificó las infracciones cometidas por estas empresas como falta gravísima, atento a la gran repercusión social que produjo el corte de servicio masivo.

Frente a ésta realidad de incumplimientos que perjudican a la gente, y más allá de la aplicación de condenas a las prestatarias, el Gobierno Nacional sancionó el 5 de Junio de éste año el Decreto 691/2013. 

Por éste decreto,  dispuso Instruir a la Secretaria de Comunicaciones, y con la intervención de la Comision Nacional de Comunicaciones, para que procedieran a dictar dentro del plazo de 30 días, un nuevo reglamento del servicio telefónico, estableciendo requisitos de calidad para la prestación de los servicios en atención al avance tecnológico y a las necesidades de los usuarios.

Y como tenemos un Gobierno Nacional que gestiona, que afronta los problemas y busca soluciones, el 1 de Julio de 2013 (antes de cumplirse el plazo de 30 dìas otorgado por el Decreto 691), por Resolución Nº 5/2013 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, se sancionó el nuevo REGLAMENTO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, el que puede verse completo en éste link.

El nuevo reglamento se aplica tanto a telefonía fija como móvil, y es de cumplimiento obligatorio en toda la República Argentina.

Determina que el Prestador debe brindar los Servicios de Telecomunicaciones ofrecidos, en condiciones de regularidad, continuidad y calidad, y de acuerdo a criterios y parámetros que establece el reglamento.

Entre sus aspectos más importantes, establece indicadores que en base a expresiones matemáticas, permiten la medición de la calidad del servicio.

Entre ellos, Indicador de Reclamos de Usuarios (IRU), Indicador de Reiteración de Reclamos (IRR), Indicador de Reclamos ante la Autoridad de Aplicación (IRAA), Indicador de Reclamos sobre Facturación (IRF), Indicador de Reclamos sobre Saldos de Cuentas Prepagas (IRSCP), Indicador de Demora en la Operatividad del Servicio Solicitado (IDOSS), etc., todos indicadores que permitirán al usuario de teléfonos fijos y celulares, contar con información importante para elegir la compañía que prefiera.

Estos Indicadores de calidad, deben ser publicados por los Prestadores en su página web, y en su página inicial, cada Prestador incorporará un enlace dirigido hacia otra página exclusiva donde obren los Indicadores de calidad de servicio. Esos resultados también podrán ser publicados en la página web de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Para el caso de incumplimientos, y comprobada la infracción, los prestadores serán susceptibles de ser sancionados, y cuando el porcentaje de apartamiento de determinados indicadores supere el 10% del valor establecido en el reglamento, se considerará infracción gravísima, lo que elevará a su máximo las sanciones de multas.

El mensaje es claro. Las prestadoras, beneficiarias de importantes ganancias de un servicio masivo, deben invertir en aspectos técnicos para brindar tecnología y buen servicio al usuario argentino.

ASIGNATURAS PENDIENTES Y TRÁFICO DE INTERESES

 

Leemos en La Nación una nota interesante sobre los resultados que arrojó el Censo 2010 sobre el acceso de la población a servicios básicos como el gas natural de red, agua potable y cloacas (la foto que ilustra la nota es múltiple propósito, al parecer).

Las cifras que se vuelcan son comparadas con las del Censo anterior (del 2001), para exponer el punto de LN: los avances (que los hubo) en las tasas de cobertura poblacional de esos servicios son moderados, pese al prolongado ciclo de crecimiento económico a tasas chinas, fruto del modelo puesto en marcha el 25 de mayo del 2003.

Comencemos por decir que, luego de años de sostener desde sus páginas que el rumbo escogido por los gobiernos de Néstor y Cristina era errado, la tribuna de doctrina admite implícitamente que el país creció al amparo de esas políticas, lo que no es un dato menor.

Como tampoco el hecho de que los medios hegemónicos han comenzado a desarrollar cierta línea editorial (aun confusa y zigzagueante, porque se deben a sus lectores al fin, en especial LN) tendiente a "correr por izquierda" al kirchnerismo; recordándole permanentemente las asignaturas pendientes.

Hay allí también una victoria cultural nuestra que anotar: la mayor parte del tiempo -durante todos estos años- esta gente se dedicó a pronosticar que el kirchnerismo estallaría por los aires (al menos un par de veces por semana), llevándose al país puesto; y ahora parece que le queda tiempo por delante, y problemas por resolver.

Sin embargo, los datos (y los problemas) están, no se pueden negar: son parte de la deuda social que arrastramos los argentinos, y parte imprescindible y central de la famosa "profundización del modelo" de la que tanto hablamos a veces, sin darle contenido.

Hacer que cada vez más argentinos tengan acceso seguro a servicios elementales que hacen a una mejor calidad de vida (como el agua, el gas o las cloacas) es tan importante como haber logrado que muchos de ellos hayan accedido a un trabajo, un salario digno y en blanco, o la protección del Estado a través de la seguridad social.

Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, pero también es necesario apuntar que lo avanzado en la materia todos estos años ha sido consecuencia de una fuerte recuperación de la inversión pública; es decir de la decisión política (sostenida por los gobiernos de Néstor y Cristina) de volcar en forma sostenida recursos en obras destinadas a ampliar esos servicios esenciales.

Y muchas veces en contra la opinión de la "cátedra" (que tiene amplia cabida en las páginas de la tribuna de doctrina), que reniega del Estado empresario, o ve en la obra pública solo curros o negociados.

O que aprovecha -como en este caso- para llevar agua para su propio molino, porque resulta por ejemplo (aparición del mono temático Jorge "Apagón" Lapeña, ex Secretario de Energía de Alfonsín, mediante)  que las redes de gas, agua o cloacas no se expandieron porque no se aumentaron las tarifas durante todo este tiempo: cualquier semejanza con los planteos de Ciancio acá, no es pura casualidad.

En Santa Fe tuvimos un ejemplo contundente al respecto, con la fatídica privatización de los servicios de agua potable y cloacas hecha por Reutemann en 1995, que tras diez años de concesión (y de cobrar las tarifas correspondientes) no logró que hubiera un sólo santafesino que accediera a los servicios, y que ya no los tuviera desde antes.

Por el contrario se avanzó más en esa materia desde que el Estado retomó el control de los servicios en el 2006 creando Aguas Santafesinas (al menos hasta que la agarraron los socialistas), y lo mismo pasó en el conurbano bonaerense cuando el gobierno de Kirchner revocó la concesión de los servicios al mismo grupo empresario que los operaba acá.

De modo que a no confundir los tantos: es imperiosamente necesario que el gobierno busque las herramientas y los instrumentos para avanzar en ampliar la cobertura de eso servicios básicos para la población (con la consiguiente responsabilidad de las provincias y los municipios, que en la mayoría de los casos tienen la responsabilidad directa o indirecta de su gestión efectiva); pero que tampoco aprovechen los vivos de siempre (y los eternos pronosticadores del apocalipsis energéticos, como Lapeña) para volver con su consabida cantinela de "señales de precios" (léase aumento de tarifas) a las empresas concesionarias para "garantizar inversiones", y sanatas por el estilo. 

SUBSIDIOS, DESINFORMACIÓN Y TRÁFICO DE IDEOLOGÍA

 

Ya desde el título esta nota de La Nación de hoy mete miedo: uno se imagina una enorme caja de zapatos con seis mil trescientos palos que le entregan a De Vido, para que el tipo la gaste como se le antoje.

La nota contiene tantas inexactitudes (o tergiversaciones) que es difícil decidir cual puntualizar primero, pero lo vamos a intentar.

Dice textualmente la nota: "En la mayor parte de los casos se trata de aumentos en el gasto, no de reasignaciones presupuestarias" y luego agrega: "Según un documento elaborado por ASAP, el incremento de gastos, de 6331 millones de pesos, impactará en el resultado negativo del ejercicio."  (ASAP es la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pùblica).

Pero hete aquí que en esta edición del Boletín Oficial de ayer pueden ver las Decisiones Administrativas 892 y 893 del Jefe de Gabinete;  de las que surge con claridad que no fueron mayores gastos sino reasignaciones de partidas (modificaciones compensadas al presupuesto), hechas en el marco del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera 24.156: los famosos "superpoderes".

Si se hubiera tratado de un incremento neto del Presupuesto, hubiera sido necesaria una ley, o un DNU de la presidenta (de paso: acá en Santa Fe Binner lo puede hacer por un simple decreto, de acuerdo a la Ley 12.510); y si el aumento de partidas en algunas áreas se compensa con reducciones en otras, no se advierte como se afectaría el resultado del ejercicio.

La mayor parte de los fondos son asignados al ministerio de De Vido, y de ellos, 1928 millones de pesos van a CAMMESA (Compañia Administradora Mixta del Mercado Mayorista Eléctrico), para solventar la diferencia de costos entre la producción, transporte y distribución de energía (no solo y no tanto para la importación de combustibles como dice la nota), y las tarifas que pagamos los usuarios, sean residenciales, industriales o comerciales.

La nota enfatiza lo de que "Las empresas receptoras son integrantes del elenco estable de compañías que necesitan subsidios del Tesoro y que continuamente reciben asistencia de la Casa Rosada", pero omite dos cuestiones: la primera es que -si no lo pagara el Estado- lo deberían pagar los usuarios con mayores tarifas, y -la más importante- que CAMMESA es una empresa mixta, conformada por el Estado nacional (que tiene un 20 % del capital accionario, la presidencia del directorio y designa al vicepresidente), y las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía (un 20 % cada una de las acciones, nucleadas en sus respectivas asociaciones), y el restante 20 % en manos de los grandes usuarios (empresas).

Dentro de algunos de los sectores (por ejemplo las distribuidoras) participan otros entes públicos como las provincias: Santa Fe tiene parte de las acciones a través de la Empresa Provincial de la Energía.

En la nota se menciona a Yacyretá (ente binacional de dos Estados: Argentina y Paraguay), a la Administración de Infraestructura Ferroviara (Sociedad del Estado creada por la ley 26.352), a Ar Sat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Sociedad Anónima creada por la ley 26.092, de íntegra propiedad del Estado nacional), al Ente Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA, la nota dice CONAE que es otra cosa: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT); y hasta la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo internacional al que la Argentina adhirió en 1949 por la Ley 13.528, y al que -como país miembro- debe aportar.

Dice el artículo: "El Ministerio de Defensa obtuvo un crédito de 44,1 millones de pesos (39,4% del presupuesto vigente del área)", pero el problema es que el Presupuesto 2010 (prorrogado para este año) de la cartera de Nilda Garré es de $ 12.210.311.371 (como lo puede averiguar cualquiera en la página web del Ministerio de Economía), de modo que el aumento de partidas (destinadas además a la campaña antártica, donde Duhalde ganó las elecciones) es del 0,36 %, bastante menos de lo que dice La Nación. 

Pero el corazón de la nota (su verdadero propósito) está en este párrafo: "Las empresas públicas generalmente funcionan con fuertes gastos operativos y, al igual que lo que ocurría en épocas anteriores a las privatizaciones, son auxiliadas por fuertes transferencias del Estado.".

Ese es el verdadero problema para La Nación, no los subsidios, ni la caja de De Vido, ni las empresas amigas del gobierno: no deben existir empresas públicas, y -salvo para un puñado de cuestiones como la seguridad- no debe existir un Estado fuerte.