MENTIRAS EXTORSIVAS

 

...(funcionarios y periodistas) lo repiten como loros. Mientras tanto la nación no manda un centavo para financiar el déficit. ¿Por qué razón recibiría la Caja completa cuando ni paga eso?: https://t.co/7fPcgoWCkd

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

Logrado ese objetivo, 10 u 11 provincias transfirieron sus cajas y desde entonces las administra la Nación vía ANSES, pagando las jubilaciones. El resto las siguieron administrando cada provincia, y algunas (la mayoría) fueron firmando con el paso del tiempo convenios con...

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

Con el paso del tiempo y como los gobiernos nacionales no hacían las transferencias porque se discutía el concepto de "armonización de los sistemas previsionales" (nacional con provinciales) se firmaron otros convenios para ver como se calculaba el déficit a financiar por Nación.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

En ninguno de todos esos convenios (jamás, nunca) se habló de otra cosa que no fuera la financiación del déficit de la Caja por la Nación vía ANSES. Ninguna cláusula (nunca, jamás) contempló cosa tal como que pasado cierto tiempo u ocurrida cierta cosa (que la Caja provincial...

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

...diciendo en contrario Pullaro y sus funcionarios es mentira, para justificar el brutal ajuste que acaban de sancionar. Y los periodistas que lo repiten sin chequear la información ni averiguar como son realmente las cosas, son cómplices por un sobre, o gratis, de puro gorilas.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

...sino por Jorge Obeid en su segundo gobierno, mediante la Ley 12464 de 2005. 2) Nada de todo esto tiene absolutamente nada que ver con el juicio de la provincia de Santa Fe a la Nación (iniciado durante el gobierno de Binner y fallado por la Corte nacional en 2015 dos días...

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

...esos fondos a financiar el sistema previsional nacional gestionado por ANSES. Por ese fallo de la Corte (que, reiteramos, no tiene nada que ver ni con el déficit de la Caja ni con el 82 % móvil a los jubilados provinciales), Santa Fe recién pudo cobrar en el gobierno de...

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

...Rosenkrantz (hoy juez de la Corte) para demandar a la Nación por varias causas, entre ellas el pago de los aportes pendientes de la financiación de ANSES al déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. Ese juicio jamás se inició hasta el 2023, en que lo inició (ante...

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

...innecesario porque un juicio no lo inicia un gobernador a título personal sino una provincia como persona jurídica, y como tal hay continuidad jurídica más allá de los gobiernos de turno. En realidad el decreto de Pullaro era la excusa para luego contratar (también en...

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

...de la Nación a las provincias vía ANSES, para financiar los déficits de sus Cajas jubilatorias. Más información, acá: https://t.co/Qydcdu8XTj

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

...como señalamos al principio del hilo, que la Nación no está pagando ni un centavo del déficit (tanto que Pullaro contrató a Cassagne para ver si puede cobrar algo). ¿Por qué razón entonces absorbería el costo total de pagar las jubilaciones y pensiones provinciales?

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

Milei les pide a los gobernadores un ajuste de 60.000 palos verdes pero Pullaro, Bastía y Olivares dicen que si no se aprobaba la reforma jubilatoria provincial, iban a tener que transferir la Caja a la Nación para que se haga cargo de mantenerla. Acá no entiende el que no quiere

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

Si el objetivo de Pullaro era sostener la Caja de Jubilaciones en la provincia (algo en lo que todos los estatales activos y jubilados están de acuerdo) ¿por qué tuvo que aprobar la reforma a las apuradas, sin debate, con la Legislatura vallada y tirando gases lacrimógenos?

— La Corriente K (@lacorrientek) September 16, 2024

LA LAPICERA TENÍA TINTA

 

En el Boletín Oficial de hoy aparece publicado el DNU 90/23 (completo acá), por el cual se modifican disposiciones de la Ley de Empleo 24013, de modo tal de incluir en el beneficio del seguro por desempleo a los trabajadores y trabajadoras de casas particulares regidos por la Ley 26844; aprobada durante el gobierno de Cristina.

De éste modo, ese colectivo laboral especialmente vulnerable (con una inmensa mayoría de mujeres) podrá acceder a la prestación por desempleo, además de introducirse modificaciones en el régimen especial de seguridad social para el sector aprobado por la Ley 25239; y la posibilidad de que se les computen a los fines jubilatorios los pedidos trabajados y aportados en jornadas semanales inferiores a las 16 horas, mediante un aporte adicional que efectúen a esos fines.

En el mismo Boletín se publicó el Decreto 89/23 (completo acá) por el que se prorroga hasta fin de año el programa de regularización registral de estos trabajadores y trabajadoras en la seguridad social unificándose en el 50 % de los haberes el aporte que hace el Estado a los empleadores (dependiendo de su nivel de ingresos) durante ese lapso, para fomentar el blanqueo laboral de un sector con altísimos niveles de informalidad.

En cierto sentido y acotado al sector, los decretos consagran una especie de moratoria jubilatoria, favoreciendo la incorporación de estos trabajadores y trabajadoras a la seguridad social y sus beneficios, que si en algunos casos son escasos (como el monto de la prestación por desempleo o los haberes jubilatorios), es mejor tenerlos a estar completamente desamparados; sin ningún tipo de cobertura frente a las contingencias de la vida.

Valga el ejemplo de medidas que van en el sentido correcto y que se le reclaman al gobierno que votamos, para demostrar que cuando se quiere se puede, incluso usando la lapicera para no tener que supeditar todo a las extorsiones de la oposición en el Congreso. Como está sucediendo con la moratoria previsional.  

ACLAREMOS DIJO LEMOS

 

Che pero el fallo fue en noviembre de 2015, ahora lo único que resolvieron es la tasa de interés para calcular el monto a pagar: https://t.co/qvRpVlwJqM

— La Corriente K (@lacorrientek) December 8, 2021 

Lo condenaron...en 2015: https://t.co/J7nMmbivFG

— La Corriente K (@lacorrientek) December 8, 2021

Está bien que los de la Corte Suprema sean unos turros supremos capaces de cualquier cosa, pero de ahí a pensar que "fallaron" a favor de Santa Fe en su reclamo contra la nación "condenando" a ésta a pagarle entre 86.000 y 100.000 millones de pesos porque Soria los fue a apretar por el Consejo de la Magistratura, parece como mucho.

Primero porque ahora no "fallaron" nada (atentos, dirigentes políticos oficialistas y opositores de la provincia que están repitiendo esa boludez): el fallo haciendo lugar al reclamo instaurado por el gobierno de Binner (con el patrocinio del estudio de Rosenkrantz) en 2010, fue dictado el 24 de noviembre de 2015, o sea exactamente dos días después del triunfo de Macri sobre Scioli en el balotaje, y durante el gobierno de Cristina (ver más info acá).

Como consecuencia de ese fallo, ya en ese momento se le dejó de descontar a la provincia el 15 % de la masa precoparticipable (es decir, antes de la distribución de los impuestos nacionales entre la Nación y las provincias, de acuerdo a la Ley 23548 y sus modificatorias y complementarias) que se destinaba a la ANSES desde 1992 por la Ley 24130, y que se seguía descontando por la Ley 26078 de 2006 (gobierno de Néstor Kirchner). Por eso Lifschitz pudo contar en su gobierno con esos recursos corrientes, que no habían tenido sus antecesores Obeid, Binner y Bonfatti, y que la Legislatura destinó a la obra pública.

También entró en el juicio (y en el fallo del 2015) el llamado "Fondo de Autarquía de la AFIP", creado por De La Rúa mediante el Decreto 1399/01, por el cual se descontaba un 1 % de la masa precoparticipable, para destinar a financiar el funcionamiento del órgano recaudador nacional.

Lo que se discutía desde entonces entre la nación y la provincia era cuanto era la deuda acumulada entre 2006 y 2015 por los descuentos, y como se cancelaba; y lo que la Corte resolvió esta semana es la tasa de interés a aplicar, y sobre que monto. El modo de pagarse aun está por verse, y ayer Perotti dijo que es muy probable que sea mediante la entrega a la provincia de bonos nacionales, ajustables por CER. En el medio y con la excusa de cobrar y una deuda ya establecida por una sentencia judicial, Lifschitz firmó los pactos fiscales con el gobierno de Macri (parcialmente modificados por el actual gobierno) resignando recursos, y aceptando la eliminación de la coparticipación del 30 % de las retenciones a la soja. 

En cuanto al monto a pagar, como dijimos, se habla de entre 86.000 y 100.000 millones de pesos, que parecen un monto significativo, pero ni se pagarán de una sola vez, ni tampoco son para morirse: como bien aclaró ayer el gobernador, una planilla mensual de sueldos de la provincia ronda los 20.000 millones de pesos (en septiembre, último dato disponible acá en el portal del gobierno provincial, fueron exactamente 19.805 millones, antes del último tramo de los aumentos pactados en paritarias); y el gasto total de la Administración Provincial al 30 de septiembre fueron 436.781 millones de pesos, o lo que es lo mismo: el monto que debería pagar la Nación por la deuda por 9 años de descuentos (en bonos, en cuotas) son unos dos meses de gastos totales del Estado santafesino, al día de hoy.

Dicho esto porque el socialismo en su momento y durante los gobierno de Cristina, planteaba poco menos que no podían funcionar, porque la Corte no le hacía lugar a su reclamo en éste juicio. Sobre el reclamo original y su contexto político y económico hemos escrito mucho acá, y a ello nos remitimos, en especial a ésta entrada, cuya lectura íntegra recomendamos. Nos quedamos con ésta parte: "La financiación de la seguridad social es claramente uno de los problemas estructurales más acuciantes del Estado moderno en todos sus niveles, porque hace tiempo están sacudidas las bases económicas de sustentación del sistema; concebido sobre un pacto intergeneracional solidario de los trabajadores para aportar los recursos que financian las prestaciones con parte de su salario (que es así salario diferido), más el aporte de sus empleadores sobre la nómina del personal.".

"Pasados los tiempos del pleno empleo, con salarios a la alza y bajo porcentaje de informalidad laboral se plantea una nueva realidad, que fuerza a los Estados a buscar medios complementarios de financiación del sistema previsional, provenientes de los impuestos y demás contribuciones generales que paga el conjunto de la población; sobre todo porque además el aumento de la expectativa de vida promedio de la población hace que se extienda el período de goce de los beneficios previsionales, una vez accedido el trabajador a la pasividad. Estas precisiones son necesarias para poner en contexto los reclamos que algunas provincias hacen a la Nación (Santa Fe con Binner llegó a la Corte Suprema, Córdoba con De La Sota plantea hacerlo ahora); en los que a cuento del socorrido tema del federalismo, se termina tributando a la lógica ideológica de la derecha, que apela a la misma coartada para socavar las bases materiales de las políticas públicas desplegadas desde el 2003 por el Estado nacional;...".

Y sobre el fondo de autarquía de la AFIP, decíamos en éste otro posteo: "Eso implica que el Estado nacional asume el costo de la recaudación: el costo operativo de fiscalizar y cobrar, y el costo político de mandar los sabuesos (si fuera necesario) a los contribuyentes para que paguen, sean éstos personas físicas o empresas; cuestión aparte de la equidad o no del sistema tributario argentino, porque es un hecho que no hay impuestos provinciales más progresivos que los nacionales que hoy existen. Lo que implica además que el federalismo suele ser una excelente coartada para encubrir la falta de voluntad política para cobrar sus propios impuestos a los que pueden pagarlos de sobra; como por ejemplo el inmobiliario rural en las híper valorizadas tierras de la pampa húmeda. Es decir entonces que la relación costo-beneficio de la administración tributaria en el caso de Santa Fe (presumimos que en el caso de otras provincias debe ser igual, e incluso peor) es casi tres veces mejor cuando deja que la Nación le recaude los impuestos, que cuando los tiene que cobrar por ella misma.".

EQUILIBRAR LAS CARGAS

 

No hay otra política económica que no sea rebajar cargas patronales, la idea es desfinanciar la seguridad social y tirar a la baja la fórmula de aumento de las jubilaciones, que se basa entre otras cosas en la evolución de los recursos de la ANSES? https://t.co/Lybi3U5A0k

— La Corriente K (@lacorrientek) May 5, 2021

Ya la expresión "cargas patronales" en sí misma denota una deriva conceptual, o una derrota cultural: supone admitir el discurso de que las contribuciones a la seguridad social dificultan la creación de empleo, o lo "encarecen". 

Y sin  desconocer que, en términos estrictamente económicos, en el proceso productivo el salario es un costo, la generalización de los sistemas previsionales y de seguridad social con la aparición del denominado "Estado de bienestar" sumó un enfoque distinto a la cuestión: las contribuciones patronales  a la seguridad social tienen su razón de ser en la utilización de la fuerza de trabajo con fines productivos durante la vida laboral de los trabajadores, coadyuvando así a financiar el salario sustitutivo a que tienen derecho cuando se jubilan; y ya no pueden aportar a generar plusvalía.

En ésta idea y en el pacto intergeneracional entre trabajadores se basaron los sistemas solidarios de reparto de la seguridad social: los empleadores de hoy financian (junto con los trabajadores del presente) el pago de los beneficios previsionales de los pasivos del presente, que fueron los trabajadores del pasado, y así sucesivamente.

Éste debate se dio en la Argentina, como en todo el mundo, y la secuencia es conocida: el menemismo  introdujo el sistema de jubilación privada basado únicamente en el aporte de los trabajadores, y rebajó sustancialmente las llamadas cargas patronales; proceso éste último revertido solo en parte durante los gobiernos kirchneristas, que repusieron en parte los niveles previos de contribuciones de los empleadores a la seguridad social.

De ese nefasto experimento -afortunadamente concluido por el kirchnerismo en el primer gobierno de Cristina, recuperando los activos que estaban en manos de las AFJP- resultó más de la mitad del déficit fiscal del Estado nacional en los 90'; déficit que se usó a su vez como la excusa perfecta para las políticas de ajuste, el endeudamiento que financió la fuga de capitales y la privatización de empresas y activos del Estado, consolidando un modelo que aun hoy nos condiciona, en sus grandes líneas.

En ese contexto, no es de extrañar que la idea de rebajar las contribuciones patronales a la seguridad social como herramienta de política (por momentos pensada como prevalente o única) para amortiguar ciclos recesivos sobreviva hasta hoy, y goce de buena salud; tanto como sucedía en los tiempos del Consenso de Washington.

A punto tal que se olvida, por ejemplo, que en ese mismo año 2008 en el que el gobierno de Cristina decidió terminar con la estafa de las AFJP, también aprobó una ley de movilidad jubilatoria que establecía entre los componentes de la fórmula, los recursos específicos de la seguridad social asignados a la ANSES, es decir los aportes personales de los trabajadores, y las contribuciones patronales de sus empleadores. 

De modo que rebajar contribuciones patronales desfinancia a la seguridad social privándola de parte de sus recursos genuinos, y tira hacia abajo los posibles aumentos a los jubilados, por la aplicación de la fórmula que fue modificada por el macrismo, y repuesta en su vigencia durante éste gobierno. Eso sin contar que la ineficacia del instrumento para los fines que habitualmente es planteado está comprobada: precisamente durante el kirchnerismo creció en forma sostenida el empleo, pese a que, como se dijo, se repusieron en parte los niveles de contribuciones patronales reducidas en los 90'.    

Nadie desconoce la necesidad de arbitrar políticas activas para sostener la actividad y el empleo en contextos de crisis como el presente, ni las diferentes escalas de las empresas que actúan en el mercado, y las ventajas comparativas que puede tener una gran mutinacional a diferencia de una Pyme. 

Sin embargo, debe agudizarse el ingenio para compensar esas asimetrías y el impacto de la crisis y la pandemia, con otros instrumentos de política económica: tratamientos diferenciales en materia tarifaria o impositiva, ventajas adicionales para el acceso al crédito aplicando a esos fines las facultades de que goza el Banco Central desde la reforma a su carta orgánica impulsada por Cristina en el 2012, entre otros que pueden explorarse.

La rebaja de aportes patronales se parece así a la tantas veces meneada flexibilización laboral, introduciendo entre los trabajadores y jubilados actuales y los del futuro una diferenciación que se rinde ante las lógicas del capitalismo tal como lo conocemos, en lugar de compensar sus asimetrías con políticas de protección social universales, que establezcan pisos comunes de derechos. Peronismo, que le dicen.

Tuit relacionado: 

No importa cuando estés leyendo ésto. ¿No sirvieron entonces las rebajas de contribuciones patronales de Moroni y coso?: https://t.co/uzqWK3lWUd

— La Corriente K (@lacorrientek) May 6, 2021

GORILISMO ESTADÍSTICO

 

Para los aficionados a las estadísticas informo que el peronismo una vez más se empecina en ser la fuerza política que más acuerdos firmó con el FMI. En la misma línea, es la fuerza política que, vaya uno a saber por qué fobia obsesiva, considera a los jubilados sus enemigos.

— rogelio alaniz (@ralanizok) November 10, 2020

El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue creado en 1944, como consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods. La Argentina durante los gobiernos del primer peronismo nunca formó parte del organismo, y solo pasó a ser miembro de él por el Decreto Ley 15.970 del 31 de agosto de 1956, firmado por el dictador Aramburu, presidente de facto de la Revolución Fusiladora.

El primer acuerdo de un gobierno argentino con el FMI fue firmado en 1958, durante el gobierno de Frondizi y el último en de 2018, por el gobierno de Macri y siendo Dujovne el ministro de Economía. Por ese acuerdo le otorgaron a la Argentina (en realidad para la frustrada reelección de Macri) 57.000 millones de dólares, el mayor préstamo de la historia del Fondo a un solo país. 

El acuerdo anterior a ése era de enero del 2003, durante la presidencia provisional de Duhalde y siendo ministro de Economía Lavagna; lo que significa que el kirchnerismo no firmó ningún acuerdo con el FMI en doce años y medio de gobierno, y en enero del 2006 y con aprobación del Congreso, Néstor Kirchner canceló la totalidad de la deuda que a ese momento tenía el país con el Fondo.

Según consta acá en la página del Banco Central, entre 1958 y 2003 el país firmó 26 acuerdos con el FMI, de los cuáles 9 se firmaron en gobiernos peronistas: 3 en el gobierno de Isabel (muerto Perón) entre 1975 y 1976, y 6 en el gobierno de Menem (el peronismo que les gustaba a los antiperonistas) entre 1989 y 1998. Las dictaduras militares (que derrocaron a gobiernos peronistas en 1955 y 1976, y a gobiernos elegidos con proscripción del peronismo en 1962 y 1966) firmaron otros 7, y los gobiernos radicales 10: 4 Frondizi, 5 Alfonsín y uno De La Rúa. 

En realidad firmaron 11, contando el firmado por Macri en el 2018, dado que la UCR integraba el gobierno: con ese acuerdo el tanteador quedó 18/9, siendo 9 los acuerdos firmados durante gobiernos peronistas, o que por lo menos llegaron al poder en nombre del PJ. (*)

 

En 1944, el nivel de la cobertura previsional alcanzaba el 7% de los trabajadores activos. En solo tres años y durante el primer peronismo, se pasó en 1947 a que el 45% de los trabajadores estaban afiliados a una Caja Nacional de Previsión. En esa etapa se produjo la masificación de la cobertura legal, extendiéndose al conjunto de los trabajadores, con la creación de las cajas de empleados de comercio (1944), trabajadores de la industria (1946), trabajadores rurales e independientes, profesionales y empresarios (1954) y trabajadores del servicio doméstico (1955). Este proceso implicó que el derecho a la previsión social dejara de ser un beneficio exclusivo de los estratos ocupacionales más privilegiados y se extendiera a amplias franjas de la clase trabajadora. A partir de este momento, el acceso a la cobertura previsional quedó dependiendo sólo de la pertenencia del trabajador al mercado de trabajo formal. 

Hacia 1954, con la sanción de la Ley 14370, se produjo un cambio sustancial en la naturaleza del régimen cuando se asumió la lógica de reparto como principio estructurante. Ello implicó que la redistribución de ingresos prime como criterio de determinación del haber jubilatorio, dejando atrás la lógica de capitalización individual. De esta forma, el régimen pasó a basarse en la solidaridad intergeneracional como lógica de financiamiento, donde los trabajadores activos debían sostener a aquellos que se retiraron del mercado de trabajo por vejez, invalidez o a las familias de los trabajadores fallecidos

En el año 1994 (cuando gobernaba, reiteramos, el peronismo que les gusta a los antiperonistas) se aprueba el sistema de capitalización o jubilación privada a través de  las AFJP mediante la Ley 24241. A partir de 1993 se redujeron las alícuotas de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, con el supuesto objetivo de incentivar la contratación de personal. Entre 1993 y 2000, dichas cargas se redujeron cerca del 50%, pasando del 33% sobre los salarios nominales al 17,8%, tendencia que se vio agudizada con la sanción de Ley 25250 de Reforma Laboral en mayo de 2000 (gobierno de De La Rúa, "ley Banelco"), la que preveía para el caso de los nuevos puestos de trabajo una reducción adicional, según las características del trabajador, de entre 33% y 50%.

Con el Decreto 1495/01 dictado por De La Rúa, las AFJP lograron avanzar sobre las cuentas individuales deduciendo parte de su comisión directamente del saldo de la cuenta aquel afiliado que dejaba de aportar durante cierta cantidad de tiempo. El porcentaje de beneficiarios del sistema de seguridad social disminuyó: mientras en 1992 representaban el 84,4% de los hombres y el 73,9% de las mujeres de 65 años y más, en 2004 este número había descendido a 71,0% y 62,1%, respectivamente. 

Con el kirchnerismo en el gobierno desde mayo del 2003, a través de la Ley 25994 de Jubilación Anticipada y el Decreto N° 1454/05 de Jubilación de “Amas de Casa” se incorporan 1.500.000 personas al sistema jubilatorio. En el 2008 durante el primer gobierno de Cristina se sanciona la Ley 26417 de Movilidad Jubilatoria, y poco después por la Ley 26425 se recuperaron los activos en poder de las AFJP a través de la eliminación del régimen de capitalización. En ambos casos la oposición que con el tiempo formaría "Cambiemos" (la UCR, el PRO y la Coalición Cívica) votó en contra, y Elisa Carrió se "encadenó" al obelisco en defensa de las AFJP 

En septiembre de 2014 se sanciona la ley 26970, la cual permite regularizar los aportes por el período que va desde 1993 al 2003, con un plan de pagos de sesenta cuotas para los autónomos y los monotributistas que ya tienen la edad para acceder a la jubilación, permitiendo que otros 600.000 personas (un 87 % mujeres) accedieran a la jubilación. Por la Ley 27181 se "blindaron" los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para evitar que se malvendieran, exigiendo para ello una aprobación del Congreso con los dos tercios de los votos de los miembros presentes.

En 2016 la Ley 27260 ("blanqueo de capitales") derogó esa norma, y aprobó la "reparación histórica" para pagarles a menos del 8 % de los jubilados los índices fijados a su antojo por la Corte Suprema en las causas "Badaro" y Eliff". En diciembre del 2017 y en medio de un impresionante operativo de represión policial, se reemplazó la fórmula de ajuste de los haberes aprobada en 2008, por otra con la que los aumentos resultaron menores. Todos estos hechos son públicos, notorios, conocidos, constan en publicaciones periodísticas y bases de datos públicas accesibles para todos, están los registros en los diarios de época. Cualquier puede consultarlos y corroborarlos antes de opinar. 

O puede hablar al pedo sin ningún fundamento que no sea el puro prejuicio antiperonista, pero con aires de autoridad. Ojo: con eso le alcanza y sobra para haber dado durante años clases de Historia Argentina en la Universidad Nacional del Litoral, y escribir notas del tema en el diario "El Litoral", Clarín y La Nación. Esos lugares donde cualquier burro que rebuzne gorileadas tiene cabida, digamos.  

(*) La infografía con el tamaño de las deudas contraídas con el FMI por los distintos gobiernos esta sacada de ésta nota de La Nación 

FÓRMULAS

 

Desde acá veníamos diciendo que uno de los principales temas pendientes de encarar por el gobierno era la definición de la nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones, algo dejado de lado en la Ley 27541 de emergencia, que suspendió la fórmula aprobada por el macrismo en diciembre de 2017 y facultó al Poder Ejecutivo a disponer los aumentos por decreto.

La fórmula aprobada entonces (y que significó el principio del fin del macrismo en términos políticos, por las resistencias que despertó) contemplaba aumentos trimestrales determinados en un 70 % en base a la inflación acumulada en el trimestre previo, y un 30 % a la evolución de los salarios de los trabajadores registrados en actividad, medidos por el índice RIPTE (Remuneraciones Integradas Promedio de los Trabajadores Estables).

Vino a reemplazar a la fórmula aprobada en 2008 durante el primer gobierno de Cristina por la Ley 26417, y diseñada por Amado Boudou, por entonces al frente de la ANSES, fórmula a la cual corresponde la imagen de apertura. 

Esta reajustaba los haberes semestralmente en base en un 50 % a la evolución de los salarios de los trabajadores registrados en actividad medidos por el RIPTE (que elabora la Secretaría de Seguridad Social) o por el INDEC, el que resultara mayor de los dos; y el otro 50 % por la evolución de los recursos tributarios por beneficio, o sea la porción de la recaudación de los impuestos (IVA, Ganancias. Bienes Personales) afectada a financiar la seguridad social, dividida por la cantidad de beneficiarios (jubilados y pensionados).

El límite de la movilidad estaba dado por la evolución de los recursos totales de la ANSES (o sea impuestos más aportes personales de los trabajadores registrados, y contribuciones patronales), pero si estos crecían en mayor medida que los salarios y la recaudación impositiva, eran el elemento que determinaba el aumento de los haberes; asociando así a los jubilados y pensionados con la mejora de la recaudación de recursos propios del sistema previsional (aportes y contribuciones), que a su vez demuestran -cuando se dan- que crecieron los puestos de trabajo registrados, y los salarios de los trabajadores "en blanco".

Por lo que se sabe hasta acá (aun no hay documentos oficiales) la nueva fórmula que el gobierno enviaría al Congreso retomaría en líneas generales la de Cristina y Boudou, con una salvedad que señala acá Miguel Fernández Pastor: solo tomaría el RIPTE para medir la evolución de los salarios, y no el índice del INDEC, que en muchos años dio por encima. Lo curioso del caso es que cuando se discutió la Ley 26417 en 2008, la CGT y la CTA cuestionaron que se incluyera el índice del INDEC y no el RIPTE, suponiendo que éste daría mayores aumentos, y Cristina zanjó la cuestión reuniéndose con Moyano y Yasky para plasmar en la ley que se tomara el que diera un porcentaje mayor.

Tampoco se sabe si repetirá el esquema de la fórmula del 2008 en cuanto a que si los recursos totales de la ANSES crecen por encima de los salarios y la recaudación, los haberes jubilatorios se ajusten de acuerdo a ellos. Otro punto en el que habrá que esperar para ver la letra chica del proyecto.

Saber hoy si la nueva fórmula (que debe pasar además por la discusión en el Congreso) será más favorable o perjudicial para los jubilados es bastante prematuro y azaroso, por varias razones. Para empezar, desde la aprobación de la fórmula macrista para acá hubo rebajas de aportes patronales (que afectan los recursos de la ANSES), y los pactos fiscales firmados por Macri con los gobernadores modificaron la afectación de algunos impuestos nacionales destinados en parte a la seguridad social.

Ni hablar de la evolución de la inflación y los aumentos salariales pactados en paritarias para los trabajadores registrados, en medio de la pandemia, un formidable disciplinador de reclamos salariales junto con la recesión, vía la amenaza del desempleo latente. También influyen los fallos de la Corte que le hicieron lugar a los reclamos de Santa Fe, San Luis y Córdoba por el descuento del 15 % de la masa precoparticipable que se destinaba a la ANSES para atender las prestaciones de la seguridad social; luego hechos extensivos al conjunto de las provincias.  

Por último incide mucho el "punto de partida" de los nuevos reajustes con la nueva fórmula cuando se apruebe, y su empalme con la vigente hasta el año pasado: recordemos que la fórmula macrista les "comió" un trimestre. Como se ve muchas variables a considerar, sin mencionar las discusiones sobre si conviene adoptar una fórmula "procíclica" (que asocie a los haberes de los jubilados al crecimiento de la economía), o "anticíclica", que los proteja de una mayor inflación, o evite que sus ingresos caigan si se prolonga la recesión.

Lo que es cierto es que, como hemos dicho muchas veces acá, el problema no es solo contable o de finanzas públicas, sino económico y político: sin apostar a dinamizar el consumo y por esa vía la demanda agregada, no hay posibilidad alguna de crecimiento económico; y es imposible dinamizar el consumo si no se recomponen los ingresos de los sectores más vulnerables, que son justamente los que tienen mayor propensión al consumo.

Y acertar con la fórmula adecuada de ajuste de los haberes jubilatorios (que además y de acuerdo a la Ley 27160  debería aplicarse a los aumentos de la AUH) es también un problema político: como dijimos antes, nadie gana elecciones ajustando y la reforma previsional aprobada con fórceps por el macrismo en diciembre de 2017, envalentonado por el éxito relativo en las legislativas de ese año (en las que aplicó las dosis justas de keynesianismo electoral), fue el principio de su debacle política por las resistencias que suscitó. Tuit relacionado: 

Empezamos a echar al macrismo cuando aprobó una fórmula de movilidad que cagaba a los jubilados. Parece que no extrajimos ninguna enseñanza del hecho.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2020

PREVISIONALES

2016: Cambiemos (ex Grupo A) aprueba en el Congreso la "reparación histórica" y para pagarla, autoriza a liquidar el Fondo de ANSES

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

2020: vuelve el peronismo, aprueba la ley de emergencia, suspende la fórmula de Macri y le da los aumentos a los jubilados por decreto. El 87 % cobra más que lo que hubiera cobrado con la fórmula macrista.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

O la fórmula de Boudou, a la que se opusieron porque pedían el 82 % móvil. Después se preguntan por qué no llegan al 3 % de los votos

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

Varias veces dijimos acá que las opciones que se planteaban al kirchnerismo en materia previsional tras la crisis del 2001 y la implosión de la convertibilidad eran limitadas, y optó claramente por la reparatoria: enmendar en parte los estragos que las políticas neoliberales hicieron en el mercado del trabajo, interrumpiendo trayectorias laborales de las personas, impidiéndoles acceder a la jubilación, desfinanciando la seguridad social con la estafa de las AFJP y altos niveles de empleo en negro y deprimiendo los salarios con contratos basura y flexibilización laboral.

En esa primera etapa (que ahora el actual quiere en parte recrear, en otro contexto), se privilegiaron las moratorias previsionales para ampliar la tasa de cobertura del sistema, y la recomposición por decreto (como ahora) para mejorar el poder adquisitivo de los haberes más bajos. De esa decisión (acertadísima en el contexto) viene el hecho de que la enorme mayoría de los jubilados actuales perciban la mínima.

En una etapa posterior y tras fracasar Néstor Kirchner en el intento de poner fin "consensuadamente" al sistema de AFJP (con un año de plazo, solo el 11 % de los trabajadores que habían ingresado optaron por volver al sistema de reparto), y con la crisis financiera internacional de fondo, Cristina -por consejo de Amado Boudou- tuvo la visión estratégica de recuperar para el sistema público de reparto, los recursos aportados por los trabajadores y usufructuados por las AFJP. 

También entonces y a partir de los fallos "Badaro" y "Eliff" de la Corte, puso manos a la obra para mejorar la movilidad de los haberes, con la fórmula también diseñada por Boudou, que permitió que -salvo en algún año de caída de la actividad- las jubilaciones le ganaran a la inflación y también (aun cuando no fuera ése el objetivo), mejorara la tasa de sustitución respecto al haber de actividad del trabajador. En ambos períodos, la transferencia de ingresos a sectores que consumen gran parte de ellos (además de un acto de estricta justicia) tuvo efectos positivos para la economía en su conjunto, que ya por sí justificarían el acierto de las medidas.

Tal como recuerdan los tuits de apertura, el camino no estuvo exento de escollos: tanto la liquidación del sistema de AFJP, como en su tiempo las moratorias previsionales y luego la ley de movilidad del 2008, tuvieron críticas; algunas insólitas como las de la izquierda reivindicando el 82 % móvil, que no hace sino sacralizar en la etapa de pasividad, la enorme desigualdad del mundo laboral durante los 90 y bastante después, por lo ya expuesto en cuanto a las políticas flexibilizadoras de las relaciones del trabajo.

Esa oposición (toda, incluso algunos actuales oficialistas) sumó fuerzas en el Congreso para aprobar un inviable 82 % móvil, sin financiamiento genuino, y que apostaba a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: cualquier vínculo conceptual con lo que vendría en el macrismo, con la "reparación histórica", la (otra vez) desfinanciación del sistema por la baja de aportes patronales, la licuación del valor del FGS en dólares, la clausura de las moratorias y la implantación (como caramelo para endulzar el blanqueo de capitales) de la "pensión universal del adulto mayor", no son pura casualidad. Invitamos a leer acá, con provecho para entender el tema, los fundamentos del Decreto 1482/10 de Cristina, por el cual vetaba en su momento el 82 % móvil.

La frutilla del postre vino en 2017 con la derogación de la fórmula Boudou y su reemplazo por otra, cuyos efectos llegan hasta hoy, cuando opera el arrastre de la altísima inflación del período macrista, en un contexto de endeudamiento sideral y virtual quiebra del Estado. Es sobre esa realidad sobre la que está operando el gobierno, y en ese contexto surgen los anuncios del viernes; que generaron la insólita reacción de los macristas y aledaños, ahora en la oposición, defendiendo el engendro como si no hubieran hecho nada, o su política de seguridad social hubiera sido una maravilla. 

Y cuidado: no son pocos quienes desde la izquierda hacen circular las planillas con lo que hubieran ganado con la fórmula macrista aquellos jubilados que verán sus ingresos rezagados frente a la inflación del período, así como en su momento reclamaban soluciones para los (pocos) jubilados que encuadraban en los fallos "Badaro" y "Eliff", aunque cumplirlos en forma literal (con índices de ajuste inverosímiles diseñados por la Corte de modo pretoriano) significara la quiebra del sistema previsional de reparto, para el conjunto. Extravíos conceptuales difíciles de explicar, desde una perspectiva de izquierda.

Dicho todo esto a modo de introducción, los anuncios del viernes marcan que el gobierno piensa perserverar en la fórmula del primer kirchnerismo (recomponer prioritariamente los haberes más bajos), al mismo tiempo que reintroduce la cobertura integral de los medicamentos más importantes que usan los jubilados, lo que constituye un aumento indirecto de sus haberes, que debe ponerse en la balanza para sopesar las decisiones. Disgresión: si es cierto -como dicen- que la medida tiene un costo fiscal de 30.000 millones de pesos, haber eliminado la cobertura integral de medicamentos de PAMI debe anotarse en las decisiones más nefastas y cuasi criminales del macrismo.

Aun así, no seríamos honestos si no dijéramos que no se termina de entender por qué razón no se comprende a buena parte de ese 13 % (mágico número hablando de jubilaciones, y con Pato Bullrich en escena) del total de los jubilados cuyos haberes ajustarán a la baja; ya que no podrían ser simplemente las restricciones fiscales, o el punto no ha sido debidamente explicado: hay sectores con capacidad contributiva disponible para afectar impositivamente, y contribuir a financiar mejoras más profundas; como los bancos, las privatizadas y el campo privilegiado. O recuperar la coparticipación que Macri le regaló a la CABA por decreto, por ejemplo. Si no explicamos eso, no vale quejarse por las críticas de la izquierda en ese punto (porque en lo de la coparticipación, defienden a Larreta) porque dan en el clavo.

Menos cuando -según se anuncia- la reposición de la cobertura integral de medicamentos por PAMI no distinguirá a los beneficiarios por niveles de ingresos, y al mismo tiempo el gobierno enviará por fin al Congreso el proyecto de ley modificando los bochornosos regímenes jubilatorios de privilegio (en más de un sentido) de jueces y diplomáticos, que si es como cuentan y muestran acá, parece sumamente sensato y justo.

La pregunta que nos hacemos no es, ni más ni menos, que la misma que se viene haciendo Cristina desde los tiempos de campaña: quien va a pagar los costos de la fiesta macrista. Y no es técnica, sino profundamente política, porque remite a lo que Artemio López caracteriza con gran acierto en ésta columna suya en Perfil, como los dilemas que enfrenta Alberto. Tuits relacionados:

¿Cuanto costaba pagarles el mismo aumento al 13 % que se quedó afuera, e incluso menos, ponéle excluyendo a los que cobran más de 50.000 pesos de jubilación? ¿Y cuanto era eso en retenciones o alícuota extraordinaria de Ganancias a los bancos? Es para un amigo que pregunta.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

LA OLA ESTÁ DE FIESTA

¡Pará, pará, pará! ¿Vos decís entonces que en realidad la ola de juicios tiene su origen en la reforma que hizo Macri en el 2017, sobre la cual la Corte nunca se expidió y tiene los expedientes cajoneados?: https://t.co/zmzTtoOyXM

— La Corriente K (@lacorrientek) January 27, 2020

La suspensión de la fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios aprobada por el macrismo en el 2017, y su reemplazo por las facultades otorgadas al presidente para disponer aumentos a cuenta de una nueva fórmula a aprobarse, es sin dudas el aspecto más discutido de la ley de emergencia que el gobierno de Alberto Fernández logró aprobar en el Congreso, hacia el interior del propio "Frente de Todos", y sus apoyos sociales. 

No faltaron quienes (como Roberto Navarro en ésta nota de El Destape) plantearon con absoluta sensatez que el "corte" del nivel de haberes elegidos para recomponer con aumentos de suma fija (que impactan porcentualmente más en los de haberes más bajos) era discutible si solo primaba el criterio fiscalista; siendo que estaban disponibles otras rentas extraordinarias, de ganadores del modelo macrista, sobre las que el Estado podría avanzar impositivamente, para conseguir recursos: las petroleras y compañías de energía, las concesionarias de servicios públicos privatizados, los bancos.

Profundizando así la línea iniciada con los cambios en las retenciones, en Bienes Personales y en Ganancias, especialmente en el caso de las empresas. Lo hemos dicho antes: acá coincidimos con ese enfoque, y añadimos que las medidas hubieran tenido consenso social amplio.

Por otro lado está lo específicamente inherente al sistema previsional, sus ejes rectores y su financiación. En ese sentido, transcribimos este hilo de Artemio López en su cuenta de Twitter, porque nos parece necesario para enfocar correctamente la cuestión:   

Moratoria: Los no aportantes fueron en su mayoría absoluta trabajadores precarizados por sus patrones o el sistema económico que no dió chances de formalización. Es correcto y sustentable que en sus días finales tengan cobertura previsional y se la paguen los ricos vía impuestos.

— Artemio López (@Lupo55) January 26, 2020

Cuando Néstor Kirchner en 2006 comenzó con moratorias, tras 27 años de neoliberalismo, el 47% de quienes estaban para jubilarse no podían pues trabajaron en negro bajo relación de dependencia, eran amas de casa o hacían changas precarias. La decisión fue sabia, justa y feminista.

— Artemio López (@Lupo55) January 26, 2020

Como cantamos con Pink Flyd, "somos todos iguales en el final" ✌
Pink Floyd - Two Suns In The Sunset https://t.co/VTiVcjwC30 vía @YouTube

— Artemio López (@Lupo55) January 26, 2020

La claridad conceptual de lo que dice Artemio nos exime a nosotros de abundar en cuestiones que ya hemos dicho muchas veces acá: no hay sistema de seguridad social en el mundo que se financie exclusivamente en base a los aportes de empresarios y trabajadores y sin auxilio de impuestos afectados a ese fin, por ende la discusión es quien paga esos impuestos; al menos si estamos de acuerdo en que hay que sostener un sistema jubilatorio universal y de reparto. El mismo Artemio lo dice.

Y al interior del sistema previsional, la cuestión en todo caso es discutir si se prioriza el componente inclusivo (es decir, la tasa de cobertura del sistema), o el sustitutivo (o sea en que medida o porcentaje el haber de pasividad replica el sueldo del trabajador en actividad). El primer criterio es claramente solidario, y ha sido el que tradicionalmente sostuvo el peronismo; ni hablar de las experiencias de los gobiernos kirchneristas: las moratorias previsionales cumplieron esa finalidad, para reparar los estragos producidos por el menemato en los 90' (y su continuidad en el gobierno de la Alianza) sobre el mercado laboral.

Esa misma filosofía fue -sin dudas- la que inspiró a la reciente ley de emergencia, y a los aumentos dispuestos por decreto, antes de que se apruebe una nueva ley de movlidad: podemos discutir en todo caso (como dijimos más arriba) la financiación, o el nivel de "corte" respecto a lo que se consideran jubilaciones rezagadas o no; no el sentido de la política previsional, que es el que entendemos correcto.

La lógica contraria (es decir, la que pone el énfasis en el componente sustitutivo del salario que tiene la jubilación) tributa a una idea individual más propia de un sistema de capitalización que uno de de reparto, y reproduce en la vida de pasividad las desigualdades que en actividad impone el mercado del trabajo, fruto a su vez del modelo productivo o de desarrollo. 

La máxima expresión de eso es el 82 % móvil, insólitamente sostenido como bandera por expresiones políticas "progresistas", o de izquierda; y en el medio podemos mencionar experimentos como la "reparación histórica" diseñada por el macrismo, que agravó las desigualdades retributivas entre jubilados, para terminar de agravar la crisis de financiamiento del sistema de seguridad social, sin tener al mismo tiempo la voluntad de gravar impositivamente a los sectores con mayor capacidad contributiva para financiarlo: más bien hizo todo lo contrario, en sus cuatro años de gobierno.

Y esa lógica "sustitutiva" que prevalece en el sentido común instalado por sobre la de la inclusión y ampliación de la cobertura al máximo posible, tiene su correlato en la judicialización de demandas del segmento más acomodado de la clase pasivo, que ponen en riesgo el financiamiento estructural del sistema. Pasó durante el kirchnerismo con los fallos "Badaro 1", "Badadro 2" y "Eliff" de la Corte Suprema de Justicia de la nación, luego amortiguados con la sanción de la Ley 26417 de movilidad en el 2008, durante el primer mandato de Cristina.

Pasó nuevamente con la "reparación histórica" del macrismo (cuyo objetivo teórico era, precisamente, disminuir los niveles de litigiosidad), y volvería a pasar ahora, al menos a estar por lo que cuenta acá Gabriel Morini en Ambito: la Corte tiene en sus manos dos causas emblemáticas al respecto (una viene del mismo tiempo que "Badaro", es colectiva y promovida por la Defensoría del pueblo, la otra tiene que ver con la inconstitucionalidad de la reforma macrista), y estaría dispuesta a usarlas justo ahora, cuando el gobierno piensa como salir de la emergencia, con un nuevo régimen de movilidad de los haberes jubilatorios.

Párrafo aparte para la actitud de los cortesanos que, en éste como en otros temas, barren las cosas bajo la alfombra empeorando de ese modo las cosas: un fallo oportuno durante el macrismo hubiera repuesto las cosas al estado previo a la reforma del 2017, creando otro escenario en el presente; porque la fórmula Boudou -por caso- combinaba la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad, con la evolución de los recursos de la ANSES, y la tasa de inclusión del sistema, sacando del cálculo la inflación. En un contexto de crecimiento económico, permitió que los jubilados ganaran poder adquisitivo, porque los aumentos le ganaron a la inflación.

Lo cierto es que, más allá de los plazos que se fijó a si mismo en la ley de emergencia, el gobierno deberá encontrar más temporano que tarde una solución al problema; porque está claro que no logrará evitar la "ola de juicios" (ni hablar si decide avanzar como ha anunciado, en la modificación de ciertos regímenes jubilatorios de privilegio), y si persiste en la idea de "achatar" la pirámide jubilatoria (insistimos, idea correcta, pero que debe ser correctamente instrumentada), es posible que la estimule, como cuenta la nota.

Como fuere, es la propia realidad la que lo vuelve a poner en el punto de partida de la discusión tal como estaba cuando ingresó al Congreso el proyecto de ley de emergencia: ¿no será la hora de reconsiderar opciones sobre la financiación del sistema de seguridad social, para poder sostener con mayor legitimidad política la idea de priorizar a los haberes más bajos, para que vayan recomponiéndose a un ritmo mayor que los restantes? Eso, sin considerar las implicancias de la solución que se elija en orden a poner en marcha los motores de la demanda agregada, para superar la recesión que nos legara el macrismo. Tuit relacionado:

Todo esto de @robdnavarro, muy sensato: https://t.co/ZX89UBPqp5

— La Corriente K (@lacorrientek) January 26, 2020

UNA PREGUNTA, VARIAS RESPUESTAS

En la campaña antes de las PASO Alberto Fernández hizo hincapié en la situación de los jubilados, planteando la necesidad de que volvieran a tener cobertura total de los medicamentos a cargo del PAMI como hasta el 2015, y que se recompusieran sus haberes; retomando en éste caso la fórmula de ajuste que regía hasta diciembre de 2017.

Después, acaso como consecuencia de las repercusiones que generó en los mercados el triunfo contundente del "Frente de Todos" (o el desmoronamiento electoral de Macri, para ser más precisos), el foco pasó a estar puesto en enviar mensajes "tranquilizadores" respecto al pago de la deuda: fue cuando apareció la discusión sobre "reperfilamientos", "reestructuraciones", "renegociaciones" y otras re, la últimas de ellas, la "solución uruguaya". 

Se puede discutir en términos de discurso de campaña electoral si las prioridades son las correctas o no había que dejarse correr la vaina con ciertas cuestiones (considerando los antecedentes del kirchnerismo honrando las deuda contraídas por otros), pero así están planteadas las cosas; mientras Cristina insiste preguntando en sus apariciones públicas quien va a pagar las deudas que deja el macrismo, cosa que desde acá dijimos que era y es "la" pregunta que definirá el rumbo del próximo gobierno. 

Pregunta cuya respuesta muchos parecen dar por sentada, porque pasan directo al tópico de como se pagará: con o sin quita, con estiramiento de los plazos, canjeando bonos o no. Y la dan por respondida, en nuestra opinión, porque dan por sentado que la pagarán los mismos de siempre, como lo hace el inefable Martín Tetaz en el tuit de apertura: los jubilados, los trabajadores y demás sectores de ingresos más o menos fijos, con ajuste sobre sus salarios y sobre los recursos del Estado; para generar así los excedentes sociales que se destinen al pago de la deuda.  

Ni más ni menos que lo que se hizo hasta el 2003, y lo que se viene haciendo desde el 2015, con la sola excepción de la experiencia kichnerista; porque si bien es cierto que para pagar la deuda el Estado necesita recursos, y necesita generar un superávit fiscal que le permita hacerlo, esa idea (la del superávit fiscal) no puede transformarse en un fetiche a la cual se sacrifique el conjunto del modelo económico y en consecuencia, de su distribución social de las cargas. Porque el problema no es tanto contable (de saber de cuantos recursos vas a disponer para pagar cuantas deudas), sino económico, y sobre todo político.

Económico, porque si se insiste en la lógica del ajuste para generar excedentes y recursos para pagar la deuda, los resultados serán los mismos que está obteniendo el macrismo: el círculo vicioso de profundizar la recesión, la caída de la actividad, el empleo, los salarios, el consumo y al final, la recaudación con la que se esperan pagar los servicios de la deuda. Los ejemplos al respecto abundan en nuestra historia.

Y político, porque supondría que el macrismo y el núcleo de ideas que expresa habría sido derrotado en las urnas, para sobrevivir más allá del mandato de Macri, en las políticas desplegadas desde el Estado como si nada hubiera pasado, o los argentinos no hubiéramos votado. Es preciso recordar que fue justamente la profundización del ajuste a través de la reforma previsional de diciembre del 2017, lo que detonó la resistencia social al macrismo, y comenzó a marcar el punto inicial de su caída, incluso antes de haber ido a pedir la escupidera al FMI.

En un contexto diferente al actual (porque la deuda estaba en default y fue reestructurada con quita sustancial, y no teníamos tanta con el FMI), Néstor Kirchner salió del laberinto por arriba, invirtiendo las prioridades en la asignación de los recursos del Estado: el lugar que antes ocupaban los servicios de los deuda pasó a ocuparlo el gasto en seguridad social, a través de la recomposición progresiva de los haberes de jubilados y pensionados, y las leyes de inclusión jubilatoria.

Ya con Cristina en el gobierno, se profundizó el rumbo con la ley de movilidad primero, y la AUH después. La ley de movilidad de 2008 (cuya fórmula original diseñó Amado Boudou) incluía entre los elementos a tener en cuenta para ajustar los haberes no solo la evolución de los salarios de los trabajadores registrados (apuntando a sostener o aumentar la tasa de sustitución), sino la de los recursos de la ANSES, sean los propios de la seguridad social (aportes personales de los trabajadores y contribuciones patronales), como la parte de la recaudación impositiva específicamente afectada a la financiación de la seguridad social.

De ese modo los jubilados y pensionados (y luego los beneficiarios de la AUH) quedaban asociados al crecimiento de la economía, porque si los recursos de la ANSES crecían al compás del aumento en el nivel de actividad y empleo, eran tomados como elemento a tener en cuenta para el ajuste de los haberes, si lo hacían por encima de los aumentos salariales pactados en paritarias. De allí que nosotros decíamos por entonces que los pasivos tenían la mejor paritaria de todas.

Pero además de beneficiarse del crecimiento, lo generaban: las políticas de seguridad social que ejecutó el kirchnerismo, poniendo el énfasis primero en la tasa de cobertura del sistema y luego, en otra etapa, en la de sustitución, no solo tenían un imperativo de justicia para reparar los estragos causados en los noventa en términos de pérdida de empleo registrado: buscaban además alimentar uno de los motores de la demanda agregada (el consumo privado), mejorando el poder adquisitivo de los ingresos de sectores con alta propensión al consumo, que destinan la mayor parte de sus ingresos a ese fin.

De ese modo y tal como lo decía Néstor entonces, y lo repite hoy como un mantra Alberto Fernández, se puede pensar en pagar la deuda: si no crecemos, no hay modo. Y está vista que con las políticas "ofertistas" de ajuste tradicionales, no solo no se crece, sino que se pone en riesgo la capacidad de repago de la deuda. Por eso "la" pregunta de Cristina tiene al menos dos respuestas posibles, la que siempre se ensayó en el país (que está implícita en la pregunta de Tetaz), y la que intentó el kirchnerismo mientras fue gobierno: de la que se elija dependerá el curso de los años venideros. 

Nota relacionada 1. Nota relacionada 2.

LAS CAUSAS REALES, TE LAS DEBO

Que la liquidación del sistema de las AFJP fue uno de los principales callos que pisó el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno, no caben dudas: de hecho, esa es la causa real por la cual Amado Boudou está preso, porque se metió con un fabuloso negocio de los bancos; que eran los principales operadores y beneficiarios del sistema de jubilación privada.

Con eso en mente, no sorprende que se vuelva una y otra vez sobre las dificultades de financiación del sistema de seguridad social gestionado por el Estado, y no precisamente para aportar ideas para mejorarlo: el punto aparece en todos los “memorándums de entendimiento” con el FMI, o en los propios documentos del organismo en los que eleva sus “sugerencias” a los gobiernos para reducir el déficit fiscal, o implementar políticas de ajuste o “déficit cero”. 

Lo cual es muy curioso porque en los 90’ la creación del sistema de jubilación privada con la consiguiente transferencia de los aportes de los trabajadores que ingresaban a él, fue la causa de la mitad o más del déficit fiscal de un Estado nacional que -en teoría- se achicaba vía privatizaciones.

Por eso no sorprende por ejemplo que en ésta nota del Cronista se mencione entre las causas del déficit del sistema jubilatorio administrado por la ANSES...a la estatización del régimen de las AFJP en el 2008, durante el primer gobierno de Cristina; cuando es exactamente al revés: gracias a esa medida, el Estado recuperó recursos que puede destinar -como de hecho lo hace, incluso con éste gobierno- al financiamiento de la seguridad social; más allá de los recursos ordinarios y corrientes del sistema previsional (aportes personales, contribución patronal e impuestos).

Por eso tampoco sorprende que se hable del crecimiento del déficit operativo del sistema previsional, sin la más mínima mención a las sucesivas rebajas de contribuciones patronales que el gobierno de Macri viene disponiendo, en distintos acuerdos sectoriales con sectores empresarios, con el fin declamado (y nunca cumplido) de “disminuir los impuestos al trabajo” para crear empleo. Como en los 90’, cuando se implantaron las AFJP, se rebajaron los aportes patronales, y el desempleo subió drásticamente, en lugar de bajar; mientras que a partir del 2003 se reimplantaron parcialmente los niveles de contribuciones patronales previas a 1993, y al mismo tiempo se crearon millones de puestos de trabajo registrados.

Se señala en la nota y el informe del cual habla, que una de las causas del déficit del sistema (entendido por la insuficiencia de los recursos propios de la seguridad social, como los aportes patronales de los trabajadores y la contribución patronal) es el mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios, que en su momento había establecido la Ley 26.417 sancionada también durante el gobierno de Cristina. Precisamente con ese argumento (puntualizado por el FMI) el gobierno emprendió la reforma de fines del 2017, y ya se habla de otro “retoque”, en éste caso en la determinación del haber base inicial de cada jubilado.

Pero lo que tampoco se señala al enumerar las presuntas causas del déficit del sistema previsional, es que en el mismo momento en el que se reformaba la fórmula de reajuste de los haberes, se le sacaban a la ANSES recursos específicos afectados a financiar ese sistema: concretamente y de acuerdo con el pacto fiscal, dejó de ingresarle el 20 % del producido de la recaudación de Ganancias, reemplazado por el total de la recaudación del impuesto al cheque, cuyos ingresos son mucho menores.

Sobre los fallos de la Corte que ordenaron cesar el descuento a las provincias de su parte en la masa “precoparticipable” de impuestos nacionales para destinarlo a la ANSES, hemos dicho muchas veces acá (por ejemplo en ésta entrada, cuya lectura recomendamos) que ese fue el puntapié inicial para el desfinanciamiento del sistema previsional, bajo la bandera de un supuesto federalismo; y sosteníamos (y sostenemos) que la discusión es falsa, porque debe plantearse en otros términos.

Que son ni más ni menos que como financiar y sostener un sistema de seguridad social que se base en dos principios: la más amplia inclusión y tasa de cobertura posible (a eso apuntaban las moratorias del kirchnerismo), y que al mismo tiempo pague haberes razonables, que les permitan a los jubilados y pensionados mantener e incrementar su poder adquisitivo frente a la inflación.

Como lo posibilitaba, sin ir más lejos, la fórmula que fue reemplazada en diciembre del 2017, con el propósito teórico de reducir el déficit; que el propio gobierno se encargó y encarga de acrecentar con otras medidas como las señaladas más arribas, más la famosa “reparación histórica” que benefició relativamente a una porción muy reducida de los beneficiarios.

Es necesario discutir esas cuestiones sin agachadas para justificar -de un modo u otro- la vuelta del sistema de capitalización o jubilación privada, o para que la ANSES malvenda los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en beneficio de algunas empresas que están entre las más grandes del país; y de las que el FGS tiene participaciones accionarias.

DEPENDE DE VOS

Es posible que vos seas uno de los votantes de Macri en el 2015 al que le molesta que le digan que lo engañaron, prometiendo en campaña cosas que no pensaban cumplir, u ocultando lo que realmente haría en el caso de llegar al gobierno: puede incluso que lo vuelvas a votar, porque estás de acuerdo con lo que está haciendo, y nunca tuvieras dudas respecto a lo que iba a hacer.

O por el contrario, quizás seas de aquellos que lo votaron creyendo que “íbamos a estar mejor, un poco más cada día”, y que “no te vamos a sacar nada de lo que te dieron”; y luego te desencantaste porque todo lo que negó que iba a hacer en el debate previo al balotaje, lo terminó haciendo y peor, una vez en el gobierno.

También es posible que creas que, como Macri repite siempre, “éste es el único camino”, y que los ajustes son dolorosos pero necesarios para que el país salga adelante; o, por el contrario, acaso seas de los que piensan que se les fue la mano, que hay cosas que no se pueden justificar, como los tarifazos o haberles metido la mano en el bolsillo a los jubilados modificando la fórmula de aumento de los haberes.

Incluso hasta es posible que en ese caso haya decidido salir a la calle a protestar, por considerar que al hacerlo, cruzaron un límite que no estabas dispuesto a tolerar, ni siquiera habiéndolos votado: “con los viejos no”.

También puede ser que no te interese averiguar si es cierto o no que en realidad al país lo viene manejando el FMI desde que el gobierno fue a pedirle plata, y en consecuencia se hace lo que ellos dicen, porque nos tienen agarrados de los huevos. O acaso aun sabiendo que es así, no te importe, porque no tenés ningún problema con eso: “nunca me interesó la política”.

Sin embargo, hay un punto en el cual (por lo menos de la boca para afuera) pareciera que estuviéramos todos de acuerdo, o deberíamos estarlo: no nos gusta que nos mientan, y preferimos que nos digan la verdad, aunque sea dolorosa. Sobre todo lo esperamos -al menos eso decimos- de los políticos, cuando nos piden el voto.

Precisamente sobre esa creencia trabaja Macri, cuando decía en campaña y repite ahora que “nunca te vamos a mentir, te vamos a decir la verdad”. Está en vos analizar si cumplió con esa promesa o -por el contrario- fue la primera que violó, y lo sigue haciendo a diario.

Ciertos es que a todos nos cuesta admitir cuando nos engañan, sobre todo si nos pasa más de una vez, porque admitirlo implica aceptar que ahí ya es claramente culpa nuestra. Nos sentimos unos boludos, bah; aunque también es cierto que lo que más nos molesta en esos casos, es que nos lo digan.

El problema es que es muy difícil evitar pensar que así nos ven (como boludos a los que se los puede engañar impunemente), cuando leés por ejemplo cosas como esta nota de Burgueño en Ambito de ayer, en la que nos cuentan que el gobierno le pedirá al FMI posponer para el año que viene la reforma laboral, y la reforma previsional; porque como son intragables, le traerían inconvenientes políticos en un año de elecciones.

O sea y para que quede claro: así como en el 2015 Scioli lo interpelaba a Macri diciéndole lo que haría si llegaba al gobierno y él lo negaba, o desde el kirchnerismo se advertía lo que vendría si ganaba “Cambiemos” y se lo descalificó con el rótulo de “campaña del miedo”; ahora es el propio gobierno el que está diciendo que sabe lo que en realidad va a hacer (porque se comprometió por escrito a hacerlo, a cambio de mucha plata) en otro mandato de Macri, pero le pide al Fondo que de eso no se hable, hasta que pasen las elecciones. Es decir, que acepten ser cómplices de una nueva estafa electoral.

Quizás no te haya interesado informarte respecto a lo que significan la reforma laboral, y la reforma previsional: flexibilización de los convenios colectivos de trabajo, recorte de derechos, precarización, aumento de la edad jubilatoria, reducción de haber jubilatorio base o inicial. 

O sea, vas a tener que trabajar más años para jubilarte, en condiciones más precarias o inseguras, con menos derechos y menor salario, para poder cobrar años más tarde una jubilación recortada, que se ajustará por un índice menor y perderá poder adquisitivo. Es decir, cagarte de arriba de un pino, con todas las letras; más de lo que ya lo hicieron en estos tres años, pero sin decírtelo.

Después de todo, ya lo hicieron en el 2015, y mal no les fue, de modo que lo que ellos van a hacer si vuelven a ganar está muy claro; tanto que cuando ganaron las legislativas del 2017 lo empezaron a hacer, pero la resistencia que generó la reforma previsional los frenó. El asunto es, entonces, ¿qué pensás hacer vos al respecto, cuanto te toque votar?

APRENDAN DE BOUDOU

El llamado "Plan de Inclusión Previsional" fue aprobado por la Ley 25.994, sancionada en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Por entonces Sergio Massa era el Director Ejecutivo de ANSES y como tal, no hizo más que cumplir una ley sancionada por el Congreso nacional, a instancias del Poder Ejecutivo de ese momento. De Diego Bossio no sabemos en que andaba, acaso pidiendo sanguchitos por los despachos oficiales.

La segunda moratoria previsional (en la que la mayoría de las beneficiarias fueron mujeres, exactamente el 87 %) fue aprobada por la Ley 26.970, sancionada en el 2014 durante el segundo mandato de Cristina. Por entonces, Diego Bossio era el Director Ejecutivo de ANSES (designado por la presidenta de la nación), y le caben las mismas generales de la ley señaladas para Massa: hizo lo que tenía que hacer, ejecutar una política pública plasmada en una ley del Congreso nacional, dictada a instancias del Poder Ejecutivo de ese momento.

Para entonces Massa ya no solo no estaba en la ANSES, sino que ni siquiera estaba en el kirchnerismo, con el cual rompió en el 2013 para formar el Frente Renovador; y por lo menos accedió a una banca en el Congreso por votos propios, no como Bossio que ingresó en las listas del FPV (acaso como reconocimiento de CFK a su gestión en ANSES), para luego actuar negando haber sido parte de sus gobiernos, como Pedro a Cristo.  

Puede que ambos hayan sido -en su momento- eficaces gestionando en la función que se les asignó, pero eso no quita lo esencial: en un gobierno presidencialista como el que tiene nuestro país, las decisiones -para bien o para mal- le corresponden al presidente de turno; y si requieren una ley para ser concretadas, de su aprobación por el Congreso.

Este vicio (o miserabilidad política) de atribuirse a título personal decisiones políticas de un gobierno del cual se es parte pero con el que luego se tienen diferencias no es nuevo: le pasó a Lavagna cuando se atribuía el éxito del primer canje de deuda (omitiendo que el que lo presionó para que la oferta fuera más agresiva con los acreedores fue Néstor Kirchner); y más acá en el tiempo le pasó a Florencio Randazzo, cuando se lanzó a competir contra Cristina (y antes, en su intento de ser candidato presidencial) basándose en su buena gestión en el tema ferroviario (que la tuvo), como si no hubiera sido el resultado del respaldo político de Cristina, y de los recursos que le asignó para llevarla a cabo.

Un caso interesante desde este punto de vista es el de Lino Barañao, el único ministro que Cristina y Macri compartieron, y exactamente en el mismo cargo: el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: con Cristina, su gestión fue celebrada y exitosa, porque logró incrementar los recursos asignados a la ciencia y la investigación, repatriar más de 1000 científicos a través del Plan Raíces, fortalecer el CONICET y los institutos de investigación.

Con Macri es todo lo contrario: es el ministro de la poda y el ajuste presupuestario que le quita recursos al sector, del retroceso en el proceso de formación de nuevos investigadores, del abandono de los planes de expansión y del éxodo (otra vez) de hombres de ciencia que se van del país, buscando mejores horizontes. ¿Cambió entonces Barañao, se volvió bruto o hijo de puta de repente, o cambió el gobierno en el cual cumple sus funciones, y sus prioridades?

El ejemplo opuesto (el del que teniendo méritos de los que vanagloriarse no lo hace, porque no pierde vista la perspectiva política) es Amado Boudou: fue el que les acercó primero a Cristina y luego a Néstor (contra la opinión de Sergio Massa) la idea de terminar con el sistema de las AFJP y transferir sus activos al Estado para salvarlos del temporal que se venía con la crisis de las sub prime en el primer mundo; medida clave para evitar la destrucción del sistema previsional argentino, y que posibilitaría otras de gran impacto como la Asignación Universal por Hijo (AUH), o el Programa Procrear.

También fue el autor de la fórmula de movilidad de los haberes previsionales que el Congreso aprobó a instancias de Cristina en el 2008 con la Ley 26.425, y que el gobierno de Macri modificó en perjuicio de los jubilados, en diciembre del 2017. Sin embargo, jamás se atribuyó ni una ni otra cosa a título personal; sino que reconoció en todo momento el mérito político de Cristina, de haber apoyado esas iniciativas, hasta convertirlas en realidad. 

Y si bien es cierto que cuando se modificó la ley de movilidad Massa y Bossio recordaron que eran opositores y la votaron en contra, preocupados como están con la no continuidad de la política de inclusión previsional y los ingresos de los jubilados, omitieron decir que se clausuró cuando la Ley 27.260 de "reparación histórica" que ellos votaron, decidió no prorrogar la moratoria, y reemplazarla por la "Pensión Universal del Adulto Mayor", que fija haberes menores a la jubilación mínima, a la que se podía acceder por las moratorias.

Misma ley en la que se derogó la Ley 27.181 que Cristina había hecho aprobar por el Congreso en 2015, para evitar que se vendieran los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, sin autorización del Congreso por ley especial, con el voto de la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. O sea, cuando tuvieron que decidir por ellos solos (y no ejecutar las órdenes de un presidente del cual eran funcionarios) los dos, Massa y Bossio, le erraron como a las peras. Tuit relacionado:

"Lino Barañao" como respuesta a todo ex funcionario nuestro que (como Sanguchito Bossio) se atribuya a título personal el éxito de alguna política pública del kirchnerismo. Deberían aprender de Boudou

— La Corriente K (@lacorrientek) 10 de enero de 2019