FÓRMULA MORTAL

 

Para empezar, hagamos algo de memoria completa y repasemos la historia, como le gusta a éste gobierno: cuando el presidente se vanaglorió de los resultados de la motosierra y la licuadora y dijo que junto con el déficit cero eran innegociables, omitió decir que casi la mitad del ajuste recayó sobre las jubilaciones y pensiones, que perdieron gran parte de su poder adquisitivo frente a la inflación.

Tal como explicó Cristina en campaña y cualquiera que lea un poco sobre los números del Estado nacional lo puede comprobar, es imposible una rebaja sustancial del gasto público -ni hablemos alcanzar el déficit cero y sostenerlo en el tiempo- sin una poda brutal de las jubilaciones y pensiones, en términos reales. 

Como lo admitió implícitamente el propio gobierno -que ahora prefiere que lo olvidemos- al proponer en la fallida ley ómnibus la lisa y llana derogación del artículo 32 de la Ley 24241 que establece la fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios sin reemplazarla por ninguna alternativa, y dándole al presidente la facultad discrecional de decidir los aumentos. 

Recordemos también que el gobierno atribuye el déficit del sistema previsional a las leyes de moratoria que ampliaron el número de beneficiarios, y analiza transformar esas jubilaciones en planes sociales; y que hace apenas un par de semanas maniobró con sus aliados de la "oposición amigable" en el Congreso para hacer fracasar la sesión de Diputados donde se planteaba discutir una nueva fórmula; mientras Adorni repetía en su stand up diario que no apelarían a un DNU para cambiarla, porque creían que era un tema demasiado importante como para que no lo discuta el Congreso, y salga por ley.

En ese marco y mientras el gobierno intenta tentar a los gobernadores con el "Pacto de Mayo" para que validen el DNU 70 y aprueben a libro cerrado una nueva ley ómnibus, se publicó ayer en el Boletín Oficial el DNU 274 (completo acá), por el cual se modifica el artículo 32 de la Ley 24241 que es el que establece, como dijimos antes, la fórmula de movilidad jubilatoria. 

Ahora y a partir de julio (sí, Adorni, lee el decreto por lo menos antes de decir boludeces, en especial sus artículos 3 y 4) los haberes se ajustarán mensualmente de acuerdo a la inflación (último dato conocido disponible) medido por el IPC, justo -pero justo, vea- cuando el gobierno dice que el INDEC la está midiendo mal por las promociones 2 X 1 y coso, y cuando Caputo y Milei dicen que la inflación "real" ya está en un dígito.

Hasta entonces -es decir hasta el segundo semestre- se seguirán ajustando por la fórmula vigente, que pondera la evolución de los salarios de los trabajadores registrados medida por el RIPTE, y la de los recursos propios de la ANSES y los tributarios afectados a la seguridad social (afectaciones que el gobierno quiere eliminar, para disponer de más recursos para pagar deuda.

Mientras tanto, el DNU prevé incrementos a cuenta de los aumentos futuros (y a deducir de estos) basados en la inflación registrada, y nada -pero nada, ni de cerca- para compensar la pérdida de poder adquisitivo verificado en estos meses por los jubilados y pensionados. De hecho, el decreto ni siquiera menciona los bonos otorgados a los jubilados por el propio gobierno en estos meses, de modo tal que todo indica que no se volverán a otorgar, y aun cuando se repitieran, no formarán parte de la base de cálculo de los haberes sobre la que se calculan los futuros aumentos: ya lo dijo el presidente, la motosierra y la licuadora no se negocian, porque son su mayor orgullo.

De lo que sí habla el decreto es de instrumentar un mecanismo de empalme entre ambas fórmulas (eso serían los aumentos a cuenta, que se dan hoy pero se descontarán mañana) para evitar "litigiosidad futura", o sea juicios contra el Estado. Porque quizás muchos no lo sepan, pero la Corte Suprema tiene a fallo hace años una demanda por la inconstitucionalidad del empalme (a la baja real de las jubilaciones) urdido por el gobierno de Macri cuando reemplazó en el 2017 (el día de la represión en el Congreso) la fórmula aprobada en el gobierno de Cristina.

Si la fórmula vigente hasta ayer tenía el inconveniente de ser procíclica en términos económico (las jubilaciones crecían en tiempos de bonanzas, y perdían cuando se daba vuelta la taba), la que acaba de aprobar Milei desvincula por completo a las jubilaciones de la evolución del salario de los trabajadores en actividad (haciendo que los pasivos no puedan favorecerse de las mejoras que obtengan los activos por su resistencia al modelo de ajuste), consagra definitivamente la brutal pérdida de poder adquisitivo operada en estos meses y sujeta los futuros aumentos a una inflación que el gobierno cree poder dominar con sus recetas monetarias, o "reconfigurar" si todo falla.

Y además el DNU -junto con otro publicado ayer sobre pagos a los tenedores del cupón de deuda ajustable por PBI (ver acá) expresa la doctrina oficial del gobierno en sus relaciones con el Congreso, de ahora en más: dictará DNUS cuando se le cante o lo juzgue conveniente, porque entienda que la discusión en el Congreso durará mucho, o la votación les terminará siendo desfavorable.

Por una cosa (la referencia a la litigiosidad en cuestiones previsionales) o por la otra (cuando y como se debe o no dictar un DNU), teléfono para los larvas de la Corte, para que interrumpan sus eternas vacaciones. Tuits relacionados:

Pero el decreto dice lo contrario. https://t.co/Q5IzCIP04j

— La Corriente K (@lacorrientek) March 25, 2024

Y a vos hay que recordarte que los que no les hicieron los aportes son los empleadores. Y que las leyes de moratoria previsional fueron votadas por amplísima mayoría en el Congreso. https://t.co/kBNPFrVhLR

— La Corriente K (@lacorrientek) March 25, 2024

Cuál fórmula, la que dijiste la semana pasada que iban a mandar al Congreso? https://t.co/nDHhSWL7dR

— La Corriente K (@lacorrientek) March 25, 2024

POLÍTICA DE INGRESOS

 

La autodepuración de la inflación https://t.co/HYhjMPFhXO

— Tuitero K (@cadavezmask) April 25, 2022

Hace unos días muchos se sorprendieron porque en una aparición televisiva, Leandro Santoro blanqueó lo que es -sin dudas- el credo oficial del gobierno en materia económica; cuando dijo que primero debía recuperarse la economía, luego el empleo y finalmente los salarios: es decir, una versión "nac&pop" del derrame neoliberal.

No hacía falta que lo dijera Santoro para darse cuenta, sino que bastaba a esos fines compulsar las medidas que viene tomando el gobierno y -sobre todo y como dijo hace poco Cristina- las que no toma. Dijimos nosotros en su momento que era un gobierno que funciona a dos velocidades: una para atender las demandas de las distintas fracciones del capital, otra para las de los sectores de ingresos fijos, sobre todo trabajadores (formales e informales) y jubilados.

Una referencia que es necesario hacer porque, así como existe una "teoría del derrame" de cuño heterodoxa que está en la base misma del plan político y económico del gobierno, cuando desde la misma heterodoxia se nos dice -con razón- que la inflación es un fenómeno multicausal pero fundamentalmente resultado de la puja distributiva, no se abunda suficientemente en lo más importante: quienes ganan y quienes pierden en esa puja.

Si tenemos -como tenemos- una economía que crece y se recupera de la doble pandemia (el macrismo y el COVID), pero tenemos una módica recuperación del empleo y se profundiza el carácter regresivo de la matriz distributiva, es que algo está saliendo mal o -por el contrario- está saliendo según lo previsto, que no es lo que votamos los argentinos en 2019.

Entre los grandes ganadores del período se cuentan -sin dudas- "el campo" (pese a los tractorazos), los bancos, las alimenticias, las textiles, las empresas de servicios TIC's, es decir los de siempre. Y entre los perdedores (aunque por momentos se modere la pérdida, sin revertirla) los trabajadores, los jubilados, los cuentapropistas o los beneficiarios de planes de asistencia social. Si a esta divisoria se la cruza con las preferencias electorales en 2019, se explican los resultados de las elecciones del año pasado mejor que con muchas teorías sociológicas complejas.

Y pese a esos resultados, todo indica que el gobierno persiste en el error: los anuncios de ingresos adicionales -extraordinarios, no regulares ni permanentes y necesarios pero claramente insuficientes- para los sectores más golpeados por la crisis quedaron -hasta acá- en eso: anuncios. Tras la publicación en el Boletín Oficial del 8 de abril del decreto estableciendo el bono de 6000 pesos a los jubilados, no aparecieron aún nuevos decretos ni resoluciones de la ANSES con los bonos para monotributistas, trabajadores informales ni el nuevo bono de 12.000 pesos para los jubilados, y la página oficial del organismo previsional o está colapsada, o es una tortura concretar a través de ella los trámites para los posibles beneficiarios.

Mientras tanto, en el Boletín Oficial de ayer se publicó la resolución del Enacom que autoriza nuevos aumentos en la telefonía fija y móvil, la televisión por cable o satelital y los servicios de Internet, claro que dejando en claro en los considerandos (verla completa acá) que el Estado trata de preservar los ingresos de los sectores más vulnerables; lo que daría a entender que los aumentos deberían haber sido mayores aun a los aprobados. También se autorizó un aumento en el precio de corte del bioetanol, lo que disparará otro aumentos de las naftas.    

Al mismo tiempo, el gobierno recibió ayer a la cúpula de la UIA para "consensuar" el proyecto para gravar las "rentas inesperadas" que aun no asomó por el Congreso, y quien sabe si algún día lo hará; y el presidente del Banco Central pide frizzar el proyecto de levantamiento del secreto bancario y bursátil, imprescindible para que sea eficaz el proyecto presentado en el Senado para gravar activos no declarados en el exterior. Del mismo modo que el "tractorazo" menguado confirma el poder de extorsión de las patronales del campo para vetar cualquier cambio en las retenciones, el propio Pesce se convierte en voceros de los bancos, para mantener funcionando una de las principales herramientas de la fuga de capitales, bajo la amenaza de provocar una corrida.

Al no concretarse aun los anuncios del presidente y Guzmán -que tampoco son para morirse de la emoción- la políticas de ingreso para los sectores populares queda reducida a la ley de movilidad jubilatoria (que el gobierno terminó aprobando a desgano cuando se vencía el plazo de la ley de emergencia), y a las paritarias que comprenden solo a los trabajadores formalizados, y cuyo resultado depende de la capacidad negociadora o de presión de cada sector sindical. 

No hay -ni siquiera está previsto- un aumento generalizado de emergencia para los jubilados de menores ingresos, ni para los trabajadores formales, alternativa descartada en conjunto por el gobierno y la CGT, a cambio del adelanto de paritarias en ciertos sectores de trabajadores. Lo que sí hay son audiencias públicas en marcha para disparar nuevos aumentos en el gas y la luz: o sea que política de ingresos hay, que sea una poronga, es otra cuestión.  

Es decir que el plan económico (y por consecuencia el político) sigue siendo en esencia el mismo que nos llevó a la derrota electoral del año pasado; por lo que cabe preguntarse por qué debería ser distinto el año próximo, aunque el presidente se enoje con los que no tiene que enojar (que somos los mismos a los que nos pidió que cuando se equivocara, saliéramos a la calle para hacérselo saber), y grite cuando no tiene que gritar. Tuits relacionados:  

Boletín Oficial de hoy: aumentos de cable, celulares, internet y bioetanol (o sea, futuro aumento de las naftas). Y no, no salió el nuevo IFE ni los bonos para jubilados y monotributistas. Después se sorprenden cuando perdemos las elecciones.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 25, 2022

https://t.co/Bs3OclVxUc Aumento del precio de corte del bioetanol, o sea, se viene otro aumento de las naftas. Condenados al éxito en la guerra contra la inflación.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 25, 2022

https://t.co/4BWleeiLjR Aumento del 19% en dos tramos de Internet y telefonía celular. Viene tremenda la guerra contra la inflación.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 25, 2022

¿Todos sabemos como termina esto, no?: https://t.co/A5kLeJ8nsp

— La Corriente K (@lacorrientek) April 25, 2022

GUZMÁN ES UN SANATERO

 

Lo que están planteando ahora sobre las jubilaciones de jueces y diplomáticos ya está previsto en el artículo 56 de la Ley 27541 de diciembre de 2019. Nunca se llevó a cabo ni siquiera el estudio. Como para ver el nivel de sanata.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 21, 2022

Ustedes son chicos y no se acuerdan, pero apenas asumió este gobierno mandó un proyecto para modificar las jubilaciones de jueces y diplomáticos, sin que lo pidiera el FMI y la oposición se opuso

— La Corriente K (@lacorrientek) February 21, 2022

Pese a que el presidente anunció hace semanas que el acuerdo con el FMI ya estaba cerrado, todavía eso no ha sucedido y -según dicen ahora- la causa serían exigencias del Fondo que antes nos habían dicho que no existiría; como las reformas a los regímenes previsionales. Por ejemplo los que rigen las jubilaciones de jueces y diplomáticos, aunque como bien dicen acá en La Política Online, ya fueron reformadas a principios del 2020 por la Ley 27546. 

Desde que comenzaron las tratativas con el Fondo, el gobierno y especialmente el ministro Guzmán dicen que el acuerdo no involucrará un ajuste del gasto público porque "vamos a pagar creciendo", e incluso el gasto subirá, para impulsar la economía. Explícitamente ha prometido el ministro -por ejemplo- sostener el régimen de movilidad de los haberes que se aprobó en enero del 2021, y que en sustancia y con algunos cambios menores, es el que rigió durante los mandatos de Cristina.

El otro capítulo de la discusión son las tarifas de los servicios públicos, y los niveles de subsidio a las mismas: hemos dicho acá que hablar de recortes en el gasto público, es hablar de recortar subsidios a las tarifas (o sea, subirlas de modo significativo), y recortar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, que son la mitad del gasto público nacional. Lo demás no mueve el amperímetro.

Y acá nos queremos detener: estamos discutiendo -o empezando a discutir, según trasciende- por las jubilaciones de jueces y diplomáticos, que ya fueron modificadas como se dijo, en enero del 2020. Y venimos de un año en el que perdimos una elección básicamente porque Guzmán -aun sin acuerdo con el FMI frenó el gasto en términos reales, y terminó teniendo un déficit fiscal menor al previsto en el presupuesto: recordar la polémica que se quiso armar al respecto con Cristina, que tenía razón; y recordemos que el acuerdo aun no cerrado con el Fondo incluye "un sendero progresivo de reducción del déficit fiscal" y menor "financiamiento al Tesoro vía emisión monetaria del Banco Central": para este año del 3,3 % de déficit fiscal previsto en el presupuesto rechazado por la oposición en el Congreso, pasaríamos al 2,5 %.

Pues bien, volvamos en el tiempo a los comienzos de la gestión de Alberto Fernández y Martín Guzmán, cuando el gobierno disfrutaba de su legitimidad de origen, no había sobrevenido la pandemia y nadie imaginaba que llegaría, y ni siquiera habían comenzado las tratativas con el FMI para renegociar la deuda que contrajo Macri. 

Volvamos a diciembre de 2019, cuando el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de emergencia, que terminaría siendo sancionado antes del fin de ese año como Ley 27541. Ley cuyo artículo 56 -aun hoy vigente- dice lo siguiente: "El Poder Ejecutivo nacional convocará una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia, para que en el plazo de ciento ochenta (180) días, revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales prevista en el artículo 2° del decreto 137/2005, el artículo 1° incisos b) y c) de la ley 26508, el artículo 1° del decreto 1199/2004 en el marco de las resoluciones MTEySS 268/2009, 824/2009 y 170/2010 y resolución SSS 9/2010, la ley 26913 según decreto 1.058/2014, el artículo 3° de la ley 27452, el artículo 5° punto II y artículo 14 de la ley 27260 texto según ley 27467, el artículo 2° de la ley 23848, el artículo 3° de la ley 27329, el artículo 7° de la ley 22929 conforme decreto 160/2005, el artículo 27 de la ley 24018, el artículo 6° de la ley 22731, los artículos 75, 94 y concordantes de la ley 19101, de los artículos 5° a 10 de la ley 13018 y 107 y siguientes de la ley 20416, y de los artículos 4° a 6° y 13 de la ley 23794, y de toda otra norma análoga que corresponda a un régimen especial, contributivo o no contributivo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.". (Las negritas son nuestras)

Antes de que alguien se apresure a decir que el artículo pudo haber sido incorporado en el debate parlamentario, diremos que estaba en el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo como artículo 51, con el mismo texto y el agregado de la suspensión por el plazo de ciento ochenta (180) días de la vigencia del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias, es decir el régimen de movilidad de los haberes previsionales, facultándose al Poder Ejecutivo a disponerlos por decreto. Así fue hasta que en enero del 2021 se sancionó la Ley 27609, que como se dijo repuso el régimen de movilidad de los gobiernos de Cristina, cuando además asumió Fernanda Raverta en ANSES.

¿A qué refieren las leyes y decretos que se mencionan en el artículo 56 de la ley de emergencia, propuesto como se dijo por Fernández y Guzmán en diciembre de 2019, o sea pre pandemia y pre tratativas con el FMI para renegociar la deuda?

El Decreto 137/05 (de Néstor Kirchner) es el régimen de movilidad de los haberes de los docentes cuyas jubilaciones fueron encuadradas en la Ley 24016, la Ley 26508 (2009, primer mandato de Cristina) es el régimen jubilatorio de los docentes universitarios), el Decreto 1199/04 de Kirchner estableció un suplemento de movilidad en los haberes de todos los jubilados; y la Ley 26913 (2013, segundo mandato de Cristina) y el Decreto 1058/14  establecieron las pensiones de los ex presos políticos.

La Ley 27452 estableció una reparación no contributiva para niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso o violencia familiar, la Ley 27260 y modificatorias (de Macri) establecieron la "reparación histórica a los jubilados" y la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), la Ley 23848 refiere a las pensiones de los ex combatientes de Malvinas y la Ley 27329, a la de los conscriptos que participaron de acciones en el TOAS. La Ley 22929 y el Decreto 160/05 (de Kirchner) refieren a las jubilaciones de los investigadores científicos y la Ley 24018 en su artículo 27 establece el régimen de movilidad de jubilaciones de ex presidentes, vicepresidentes, ministros de la Corte y miembros del Poder Judicial.

La Ley 22731 regula las jubilaciones del Servicio Exterior de la Nación (diplomáticos), la Ley 19101 regula los requisitos del retiro y movilidad de los haberes del personal militar de las FFAA, las Leyes 13018 y 20416 son de las jubilaciones del personal del Servicio Penitenciario Federal y finalmente la Ley 23794 refiere a las jubilaciones de los guardaparques de la Administración de Parques Nacionales.

¿Qué significan estos datos? Que en diciembre de 2019, recién asumidos, sin pandemia ni FMI, el presidente y su ministro de Economía entendían que había que contener el gasto público, y que para lograr ese objetivo había que revisar las condiciones de otorgamiento de jubilaciones y pensiones, y su régimen de movilidad; por su alto impacto en las cuentas públicas. Incluyendo no solo los regímenes que podrían considerarse con razón como de privilegio (como los de jueces y diplomáticos), sino otros concebidos durante el período kirchnerista para favorecer a colectivos vulnerables, o postergados.

Y si no avanzaron más allá de lo que dice el artículo, fue porque no le dieron las relaciones de fuerza, pero al interior de la propia coalición oficialista: solo así se entiende que el gobierno tardara un año en aprobar la misma fórmula de movilidad de los haberes que rigió en los gobiernos de Cristina, y no haya planteado reponerla ya de entrada, en la misma ley de emergencia. Ley en la que, por cierto, está planteado desdolarizar las tarifas de los servicios públicos y revisar íntegramente los contratos de concesión, los planes de inversiones de las privatizadas y los marcos regulatorios, cosa que tampoco se hizo. 

Moraleja: cuanto avance un posible acuerdo con el FMI en condiciones gravosas para el país y las mayorías populares depende más de nosotros y la presión que seamos capaces de ejercer, que de las íntimas convicciones de Alberto y de Guzmán ("Va pasar lo que ustedes quieran que pase", CFK, 9 de diciembre de 2015).    

EQUILIBRAR LAS CARGAS

 

No hay otra política económica que no sea rebajar cargas patronales, la idea es desfinanciar la seguridad social y tirar a la baja la fórmula de aumento de las jubilaciones, que se basa entre otras cosas en la evolución de los recursos de la ANSES? https://t.co/Lybi3U5A0k

— La Corriente K (@lacorrientek) May 5, 2021

Ya la expresión "cargas patronales" en sí misma denota una deriva conceptual, o una derrota cultural: supone admitir el discurso de que las contribuciones a la seguridad social dificultan la creación de empleo, o lo "encarecen". 

Y sin  desconocer que, en términos estrictamente económicos, en el proceso productivo el salario es un costo, la generalización de los sistemas previsionales y de seguridad social con la aparición del denominado "Estado de bienestar" sumó un enfoque distinto a la cuestión: las contribuciones patronales  a la seguridad social tienen su razón de ser en la utilización de la fuerza de trabajo con fines productivos durante la vida laboral de los trabajadores, coadyuvando así a financiar el salario sustitutivo a que tienen derecho cuando se jubilan; y ya no pueden aportar a generar plusvalía.

En ésta idea y en el pacto intergeneracional entre trabajadores se basaron los sistemas solidarios de reparto de la seguridad social: los empleadores de hoy financian (junto con los trabajadores del presente) el pago de los beneficios previsionales de los pasivos del presente, que fueron los trabajadores del pasado, y así sucesivamente.

Éste debate se dio en la Argentina, como en todo el mundo, y la secuencia es conocida: el menemismo  introdujo el sistema de jubilación privada basado únicamente en el aporte de los trabajadores, y rebajó sustancialmente las llamadas cargas patronales; proceso éste último revertido solo en parte durante los gobiernos kirchneristas, que repusieron en parte los niveles previos de contribuciones de los empleadores a la seguridad social.

De ese nefasto experimento -afortunadamente concluido por el kirchnerismo en el primer gobierno de Cristina, recuperando los activos que estaban en manos de las AFJP- resultó más de la mitad del déficit fiscal del Estado nacional en los 90'; déficit que se usó a su vez como la excusa perfecta para las políticas de ajuste, el endeudamiento que financió la fuga de capitales y la privatización de empresas y activos del Estado, consolidando un modelo que aun hoy nos condiciona, en sus grandes líneas.

En ese contexto, no es de extrañar que la idea de rebajar las contribuciones patronales a la seguridad social como herramienta de política (por momentos pensada como prevalente o única) para amortiguar ciclos recesivos sobreviva hasta hoy, y goce de buena salud; tanto como sucedía en los tiempos del Consenso de Washington.

A punto tal que se olvida, por ejemplo, que en ese mismo año 2008 en el que el gobierno de Cristina decidió terminar con la estafa de las AFJP, también aprobó una ley de movilidad jubilatoria que establecía entre los componentes de la fórmula, los recursos específicos de la seguridad social asignados a la ANSES, es decir los aportes personales de los trabajadores, y las contribuciones patronales de sus empleadores. 

De modo que rebajar contribuciones patronales desfinancia a la seguridad social privándola de parte de sus recursos genuinos, y tira hacia abajo los posibles aumentos a los jubilados, por la aplicación de la fórmula que fue modificada por el macrismo, y repuesta en su vigencia durante éste gobierno. Eso sin contar que la ineficacia del instrumento para los fines que habitualmente es planteado está comprobada: precisamente durante el kirchnerismo creció en forma sostenida el empleo, pese a que, como se dijo, se repusieron en parte los niveles de contribuciones patronales reducidas en los 90'.    

Nadie desconoce la necesidad de arbitrar políticas activas para sostener la actividad y el empleo en contextos de crisis como el presente, ni las diferentes escalas de las empresas que actúan en el mercado, y las ventajas comparativas que puede tener una gran mutinacional a diferencia de una Pyme. 

Sin embargo, debe agudizarse el ingenio para compensar esas asimetrías y el impacto de la crisis y la pandemia, con otros instrumentos de política económica: tratamientos diferenciales en materia tarifaria o impositiva, ventajas adicionales para el acceso al crédito aplicando a esos fines las facultades de que goza el Banco Central desde la reforma a su carta orgánica impulsada por Cristina en el 2012, entre otros que pueden explorarse.

La rebaja de aportes patronales se parece así a la tantas veces meneada flexibilización laboral, introduciendo entre los trabajadores y jubilados actuales y los del futuro una diferenciación que se rinde ante las lógicas del capitalismo tal como lo conocemos, en lugar de compensar sus asimetrías con políticas de protección social universales, que establezcan pisos comunes de derechos. Peronismo, que le dicen.

Tuit relacionado: 

No importa cuando estés leyendo ésto. ¿No sirvieron entonces las rebajas de contribuciones patronales de Moroni y coso?: https://t.co/uzqWK3lWUd

— La Corriente K (@lacorrientek) May 6, 2021

¿QUO VADIS, GUZMÁN?

 

Hay que reconocer que el tipo proyecta una imagen y tiene un discurso, que le juegan a favor para que caiga bien en determinados sectores: discípulo de Stiglitz, confronta -cuando lo chucean, porque no lo busca- con los economistas de la ortodoxia que lo trataron despectivamente de "pasante", desenmascara sus payasadas conceptuales, y deja pagando a más de una vaca sagrada de los medios con su discurso consenso, preciso y claro. Se mueve bien en esos terrenos.

Sin embargo, no solo de imagen y discurso vive el hombre, y las dudas (al menos para nosotros) con Martín Guzmán, el ministro de Economía y por ende el responsable de definir el plan económico del gobierno del "Frente de Todos", vienen por el lado de la gestión y sus resultados. Que a su vez hay que medirlos desde las prioridades que cada gobierno se fije en su política económica, rubro en el cual éste gobierno debe -necesariamente- diferir de su antecesor; como que expresan proyectos económicos distintos.

Desde que asumió y aun antes de la pandemia, Guzmán le asignó máxima prioridad al problema de la deuda, mochila pesada heredada del macrismo si las hay: rápido cierre con los acreedores privados (con escasa quita del capital pero reprogramación de los vencimientos), y búsqueda permanente de un acuerdo con el FMI, para reprogramar los pagos del mega préstamo que le dieron a Macri, que son una espada de Damocles en el futuro de la economía argentina.

En ambos casos exhibió incluso más urgencia que sus respectivas contrapartes, en cerrar el acuerdo, en el entendimiento -suponemos- que eso creaba las condiciones para estabilizar la economía, y poder pensar en volver a crecer. La mirada se reveló, con el paso del tiempo, algo voluntarista: los mismos fondos de inversión que obstruyeron el acuerdo hasta que no se mejoró la propuesta de un modo acorde a sus intereses fogonearon durante todo el segundo semestre del año pasado una corrida cambiaria que forzara al gobierno a devaluar, y cuestionaron en público cada vez que pudieron, algunas de las medidas más importantes de la política económica como los controles cambiarios, o el congelamiento de tarifas.

Y aun así, con esos mismos fondos se reunió en Nueva York el ministro, no se sabe muy bien a qué fines, porque no puede pensarse que se sientan tentados a invertir en el país en la economía real, para mejorar su capacidad de repago de la deuda. Algo parecido sucede con el FMI "bueno" de Kristalina: el diálogo es fluido, hay premura en cerrar el acuerdo, pero nada indica que el Fondo vaya a abandonar su política de exigir "condicionalidades" (vulgarmente llamadas "reformas estructurales"), para posibilitar un acuerdo que reprograme los vencimientos.

Guzmán, sin que esas condicionalidades hayan sido explícitamente puestas por el FMI sobre la mesa, parece atenderlas, en tanto compromete un sendero de reducción del déficit fiscal hacia el futuro, que solo puede cumplirse omitiendo que estamos en una pandemia, y frenando el gasto público, lo que tiene efectos sobre el nivel de actividad; y -dolor monetarista- sobre la inflación, en éste caso por ejemplo cuando anuncia aumentos de tarifas, para reducir subsidios.

Por contraste,  no se advierte el mismo celo de parte suya para cuidar o mejorar los ingresos del fisco, que sería otro modo de arribar al resultado buscado del equilibrio fiscal, si es eso lo que se desea. Por el contrario, las únicas medidas del equipo económico en los últimos tiempos han sido "ofertistas", resignando ingresos del fisco para seducir al capital: el "blanqueo" destinado a generar un fideicomiso para financiar inversiones en la construcción privada e infraestructura, o la virtual eliminación de aportes a la seguridad social a los empresarios del "Norte grande"; medida que por carácter transitivo tira a la baja la fórmula de ajuste de los haberes previsionales, uno de cuyos componentes de movilidad son, precisamente, los recursos propios de la ANSES como las contribuciones patronales.

No fueron Guzmán ni el Poder Ejecutivo quienes promovieron el "impuesto a las grandes fortunas": de hecho el presidente mismo dijo originalmente que era una cuestión del Congreso. Sí fueron ellos quienes, una vez sancionado, otorgaron plazos y planes de cuotas para el pago a los obligados, retaceando así el ingreso de recursos al fisco, que no parecieran ser necesarios para financiarlo, y contribuir al equilibrio que se proclama, sin pisar el gasto. 

Idea ésta -la de pisar el gasto para sostener el orden en las cuentas públicas- que además de ser de otro cuño ideológico del que suele expresar Guzmán en su discurso, está detrás de decisiones como no replicar el IFE ni estirar el ATP para los sectores sociales y productivos más afectados por la pandemia. Al mismo tiempo, tampoco existe la intención de aumentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo cual aportaría ingresos adicionales al fisco por un lado, y ayudaría a contener la inflación en alimentos, por el otro.   

Otra inconsecuencia son los cambios en Ganancias (donde el ministro se allanó a los deseos de Sergio Massa), sin preocuparse porque esos ingresos que deja de percibir el Estado se destinan, más que al consumo, al ahorro en dólares, al menos para los salarios más altos de la escala. A la inversa, cuando de frenar un nuevo IFE se trata, se lo justifica por el lado del supuesto peligro de aumentar el déficit generando una demanda adicional de emisión, que puede trasladarse al billete verde: en ambos casos detrás de las opciones económicas, hay consecuencias políticas y sociales, bien definidas.

En Ganancias a las empresas y Monotributo, el ministro tuvo que ceder -a pedido de sectores internos del propio FGDT- a una mayor presión impositiva sobre las Pymes y las categorías más bajas, pero está por verse si se compensará eso con un aumento de las escalas a las empresas de la cúpula empresarial, que son las que más facturan, y acumulan más ganancias.

El gobierno tuvo éxito hasta acá en frenar la corrida cambiaria especulativa, y tuvo que volver sobre sus propios pasos en la estrategia de las "mini-devualaciones" del peso acompañando apenas por debajo la inflación, para no apreciar el tipo de cambio. Sin embargo, los instrumentos financieros que empleó para ello han generado un problema adicional, al que no pareciera que se le esté prestando demasiada atención.  

Pero dejamos para el final lo más importante: cuando se le pregunta a Guzmán cual es el plan, suele decir que está expresado en el Presupuesto nacional: aumento de la inversión en obra pública, recomposición salarial por encima de la pauta inflacionaria, aumentos de tarifas por debajo de ésta, reducción progresiva del déficit fiscal y "pesificación" del financiamiento, apelando al mercado local de capitales.

Del paquete, lo que menos claro está es cual es la estrategia y cuáles son las medidas para recomponer los ingresos de los sectores populares frente a la inflación, y que se piensa hacer, en concreto, para contener ésta dentro de las pautas presupuestarias: en solo los tres primeros meses del año, los precios subieron más de un 13 % (los alimentos, mucho más), cuando la pauta establecida para todo el año es del 29 %.

Y en todo ese tiempo, se conoció que la pobreza supera el 42 %, y la inflación de marzo rozó el 5 %; mientras abril comenzó con aumentos de las prepagas, de los combustibles (ya un clásico) y descongelamiento del proceso para aumentar las tarifas de luz y gas, exponencialmene aumentadas durante el macrismo. 

Del otro lado (es decir, vía políticas de ingresos) el Consejo del Salario recién está convocado para fin de mes sin que se sepa en cuanto se retocará un SMVM que hoy está por debajo de la línea de pobreza, pocos gremios han cerrado sus paritarias y solo algunos por encima del 29 % de inflación establecido en el presupuesto, nada se dice -que no sean los aumentos trimestrales según la fórmula aprobada- de los haberes de jubilados y pensionados, y para los perceptores de la AUH y monotributistas de las categorías más bajas solo se ha anunciado (sin concretarse aún) un bono de 15.000 pesos para aquellos que residen en el AMBA, y en las provincias donde sus gobiernos adhieran a las últimas restricciones sanitarias y a la circulación que se dispusieron allí: una  segmentación inadmisible, que les hace pagar el costo de la pelea del presidente con los gobernadores, a los que más sufren en la crisis.     

La cuestión entonces no es -como repite Guzmán como un mantra- lo que dicen las pautas del presupuesto, sino las medidas que el gobierno piensa tomar para hacerlas cumplir. Claro que eso supone conflictos (chocolate por la noticia, Zaiat), ganadores y perdedores; como los hubo con todas las medidas precedentemente reseñadas, las que se tomaron y las que no. El asunto es en esa coyuntura de que lado se ponen el ministro, el presidente (que es definitivas el responsable final del plan económico) y el gobierno que votamos.

UNA LECCIÓN DE POLÍTICA

 

Hace rato ya que nadie -salvo quizás Lanata- piensa que Máximo es solo un gordito que se la pasa todo el día jugando con la play. Ni siquiera los opositores, que por cosas como el discurso cierre de la sesión de ayer empezaron a tomarlo más en serio, o deberían hacerlo. Y si no lo hacen, peor para ellos. 

Hace rato ya que el hijo de Néstor y Cristina viene demostrando que, además de eso, tiene condiciones y méritos propios para la política. El tiempo dirá si esas condiciones le confieren proyección y volumen electoral.

El discurso de ayer -poco más de 18 minutos- es una lección de política, que vale la pena escuchar. Habla, por supuesto, del tema en sí de la sesión: la fórmula de aumento de los haberes de los jubilados, sus antecedentes y su contexto; señalando allí los hitos de un proceso que se remonta por lo menos a los tiempos de las AFJP, para los que son cortos de memoria, y están hablando de "ajuste" porque se repuso la fórmula vigente entre 2008 y 2017, con la que los haberes de los pasivos le ganaron a la inflación.

Pero además habla de otras cosas: por encima de todo, sobre las condiciones del debate político en la Argentina de hoy, y el lamentable rol que está cumpliendo la oposición. Una oposición que se niega a reconocer que perdió las elecciones, y mucho menos a reflexionar sobre por qué las perdió.

Con un discurso irracional en el que parece que alegaran demencia para pretender que las elecciones no sucedieron, y que tampoco sucedieron los cuatro años de gobierno de Macri. Y que va siempre a remolque -como desde 2003- de la agenda que imponen los grandes medios, que vertebran el discurso del poder real.

Ese mismo poder que -como les recuerda Máximo en el discurso- ellos expresan políticamente, y cuyos intereses defienden. Desde allí desnuda la falsedad del discurso de la "resistencia" de almas bellas republicanas peleando en condiciones desiguales contra una dictadura poco menos que soviética. Con la comparación entre las balas y las piedras, dejó en claro quienes resisten y resistieron, y quienes reprimieron para ajustar. 

Y recuerda también en qué condiciones -con una represión descomunal de por medio- tuvieron que aprobar en el 2017 la fórmula que hoy reivindican, con la cual los jubilados perdieron 20 puntos de poder adquisitivo de sus haberes, en solo dos años. Fórmula que -insólitamente- hoy defiende la izquierda, apedreada entonces por resistirla.

Insistimos: hay que escucharlo as Máximo, para tener una idea clara, dicha sin eufemismos, de como se está dando en la Argentina la disputa política; el mismo día que la legalización del aborto se encaminaba a ser ley, y que comenzaba la vacunación contra el COVID, gracias al despliegue de las capacidades de un Estado que no se ausenta ni deserta; y en medio de una insólita campaña antivacunación promovida -en una pandemia- por esos mismos medios hegemónicos, y esa misma oposición desorientada y sin rumbo.

Un contexto que nunca hay que perder de vista ni siquiera cuando se señalan -como acá hemos hecho- errores, vacilaciones u omisiones del gobierno. Tuits relacionados: 

Busquen en Google o los diarios de sesiones lo que decía la oposición en el 2008 cuando se aprobó esta misma fórmula para aumentar las jubilaciones. Y después busquen como fue la evolución de los haberes medidos contra la inflación entre ese año y el 2015.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 30, 2020

Esto es la UCR. Pero no hoy, sino desde 1928 por lo menos. No busquen más, no hay. https://t.co/mmb3cTqwDO

— La Corriente K (@lacorrientek) December 30, 2020

Con el argumento de los aportes no tendrían sentido las moratorias previsionales, y habría que aprobar el 82 % móvil o volver a las AFJP y la capitalización. El deterioro neuronal de los troscos es terminal. https://t.co/evqCdRx4Bn

— La Corriente K (@lacorrientek) December 30, 2020

UN GOBIERNO COMO EL DE CRISTINA

 

¿No queremos equivocarnos? Hagamos un gobierno como el que haría Cristina, y listo: https://t.co/RGsi2YGsib

— La Corriente K (@lacorrientek) December 3, 2020

Cristina intercedió ante el gobierno para que modificaran la fórmula de ajuste de las jubilaciones que discute el Congreso, y para que el último aumento del 5 %  no sea deducible del primero que corresponda, de acuerdo con la nueva fórmula. Los aumentos ahora pasarían a ser trimestrales en lugar de semestrales, y para medir la evolución de los salarios se tomarán en cuenta los dos índices existentes: el RIPTE que mide los salarios de los trabajadores registrados, y el del INDEC que incorpora al de los informales, que en ocasiones suele ser superior; y se tomaría el que de más en cada medición, como era en la fórmula que diseñó Boudou y aplicó desde 2009.

Se encauza así el proyecto para mejorarlo, y conseguir que los jubilados puedan recuperar parte del poder adquisitivo de sus salarios que perdieron durante el macrismo, tal como se prometió en campaña. Era un contrasentido -y una injusticia además- que ese mísero 5 % con el cual los jubilados de la mínima le ganarían a la inflación de éste año por un par de puntos tras haber perdido un 20 % en el macriato, se diera por un lado y se quitara por el otro: no hay razones fiscales que justifiquen tamaño error político.

Es insólito que haya tenido que interceder Cristina para que una propuesta del gobierno en un tema clave respete los compromisos asumidos en campaña: todavía hay en el gobierno quienes creen que la gente vota por el equilibrio fiscal, o no entendieron bien aquello de que "los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro".

Debe ser la misma gente que, en su anterior paso por los gobiernos de Néstor y Cristina, en algún momento se bajó del barco y se fue rumiando críticas, para pasar varios años desde la vereda enfrente contándoles las costillas -sobre todo a Cristina- y aparentando tener soluciones para todos los problemas. Bueno chicos, es acá y es ahora el momento en el que, si las tienen, hay que empezar a aplicarlas; siempre que no sean de éste calibre, porque por ese camino nos comen los piojos en las elecciones.

Es el momento de tragarse el orgullo, y si no les da el cuero para admitir en público que Cristina tenía razón y los equivocados eran ustedes, al menos tratar de hacer, en cada circunstancia, lo que hubiera hecho ella; que no tuvo que lidiar con la pandemia y el macrismo, pero sí con la peor crisis financiera internacional desde 1929, el levantamiento agrogarca, la guerra permanente de los fondos buitres en los tribunales de todo el mundo, los cañonazos diarios de Clarín y La Nación y el fiambre Nisman, entre otras cosas. Y bien que se la bancó, mientras ustedes le criticaban las cadenas nacionales y los patios militantes.

Sospechamos -es una intuición- que algo parecido sucede con la persistencia intacta de las estructuras legales y judiciales del "law fare" y la persecución judicial contra los compañeros presos políticos y la propia Cristina: debe haber en el gobierno quienes creen que no deben hacer nada al respecto porque a ellos no los toca, o porque entendieron el mensaje mafioso, y jamás harán nada como para que les toque. Quizás sea por eso que no se repuso la ley de medios, o sigue vivita y coleando la fusión Cablevisión-Telecom, o fluyendo abundante la pauta oficial hacia Clarín, La Nación o Infobraden.

Grave error: el día que, por alguna razón que incluso desconozcan, dejen de serle funcionales al poder real, correrán la misma suerte de Boudou, De Vido, D'Elía o Milagro Sala: ya ha quedado sobradamente demostrado que ni siquiera es necesario cometer delitos. 

Como decíamos acá a propósito de la discusión por los fondos de la CABA: la disputa es política, de poder y el poder y la política no toleran el vacío. Poder que no se ejerce se desgasta aun más rápido que el que se usa, y lo que no usa uno, lo usan los otros, en su contra.

A apagar los espirales y dejar de alfonsinearla, antes de que sea tarde. Y si no saben que hacer, pregúntenle a Cristina. Tuits relacionados:          

El presidente y algunos de los boludos que lo rodean deben creer que, llegado el caso, a ellos no les tocaría la suerte de Boudou. A menos que les hayan dado seguridades de que así será a cambio de no hacer ciertas cosas. Eso explicaría mucho.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 3, 2020

Con el 22% de los votos y sin legisladores propios Néstor se cargó a la Corte menemista. Las relaciones de fuerza se construyen, con voluntad política

— La Corriente K (@lacorrientek) December 3, 2020

La Argentina fue denunciada en la CIDH por la prisión arbitraria de Milagro Sala. Lo menos que debería hacer el gobierno es presentarse en la Corte con ese precedente y pedir su libertad.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 3, 2020

Si los presos son políticos es porque las condenas fueron políticas. Y la solución debe ser política: indultos presidenciales, y a otra cosa.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 3, 2020

Hay algunos en el gobierno (capaz que hasta el presidente) que se están cobrando viejas internas de los gabinetes Kirchneristas con los compañeros presos. Son muy miserables.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 3, 2020

Pasábamos por acá para recordarles que antes de anticipar el fallo de la Corte contra Amado los medios anticiparon que aumentan el cable, los celulares e internet antes de que el gobierno lo autorice. Un día de éstos asumimos y ahí van a ver.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 3, 2020

Ni un DNU de Macri tumbamos, empezando por el que mutiló la ley de medios. Está vigente aún el de la"extinción de dominio". Qué esperamos, que a algún juez impresentable de Comodoro Py se le ocurra aplicarlo.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 3, 2020

Con la misma Corte, sin siquiera la amenaza de un juicio político y el artículo 280 vigente era absurdo esperar otro fallo en la causa Boudou. A que si el involucrado era Santa María o algún otro amigote del presidente se ocupaban rápido del tema.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 4, 2020

Hablemos claro: la ley del arrepentido y la"extinción de dominio" subsisten porque le gustan a Massa, que las propuso, las bancó y votó la primera. Y el presidente sostiene que Massa es el más preparado para sucederlo. Lo demás es cuento, o negación de lo obvio.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 4, 2020

Votamos peronismo, en versión kirchnerista. No alfonsinismo presente y giulianismo massista futuro. No nos tomen por boludos.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 4, 2020

Si no hubiera sido por años socia del estudio jurídico de Alberto, la Losardo no podría haber sido ministra de nada ni en Narnia. La única verdad es la realidad.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 4, 2020

GORILISMO ESTADÍSTICO

 

Para los aficionados a las estadísticas informo que el peronismo una vez más se empecina en ser la fuerza política que más acuerdos firmó con el FMI. En la misma línea, es la fuerza política que, vaya uno a saber por qué fobia obsesiva, considera a los jubilados sus enemigos.

— rogelio alaniz (@ralanizok) November 10, 2020

El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue creado en 1944, como consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods. La Argentina durante los gobiernos del primer peronismo nunca formó parte del organismo, y solo pasó a ser miembro de él por el Decreto Ley 15.970 del 31 de agosto de 1956, firmado por el dictador Aramburu, presidente de facto de la Revolución Fusiladora.

El primer acuerdo de un gobierno argentino con el FMI fue firmado en 1958, durante el gobierno de Frondizi y el último en de 2018, por el gobierno de Macri y siendo Dujovne el ministro de Economía. Por ese acuerdo le otorgaron a la Argentina (en realidad para la frustrada reelección de Macri) 57.000 millones de dólares, el mayor préstamo de la historia del Fondo a un solo país. 

El acuerdo anterior a ése era de enero del 2003, durante la presidencia provisional de Duhalde y siendo ministro de Economía Lavagna; lo que significa que el kirchnerismo no firmó ningún acuerdo con el FMI en doce años y medio de gobierno, y en enero del 2006 y con aprobación del Congreso, Néstor Kirchner canceló la totalidad de la deuda que a ese momento tenía el país con el Fondo.

Según consta acá en la página del Banco Central, entre 1958 y 2003 el país firmó 26 acuerdos con el FMI, de los cuáles 9 se firmaron en gobiernos peronistas: 3 en el gobierno de Isabel (muerto Perón) entre 1975 y 1976, y 6 en el gobierno de Menem (el peronismo que les gustaba a los antiperonistas) entre 1989 y 1998. Las dictaduras militares (que derrocaron a gobiernos peronistas en 1955 y 1976, y a gobiernos elegidos con proscripción del peronismo en 1962 y 1966) firmaron otros 7, y los gobiernos radicales 10: 4 Frondizi, 5 Alfonsín y uno De La Rúa. 

En realidad firmaron 11, contando el firmado por Macri en el 2018, dado que la UCR integraba el gobierno: con ese acuerdo el tanteador quedó 18/9, siendo 9 los acuerdos firmados durante gobiernos peronistas, o que por lo menos llegaron al poder en nombre del PJ. (*)

 

En 1944, el nivel de la cobertura previsional alcanzaba el 7% de los trabajadores activos. En solo tres años y durante el primer peronismo, se pasó en 1947 a que el 45% de los trabajadores estaban afiliados a una Caja Nacional de Previsión. En esa etapa se produjo la masificación de la cobertura legal, extendiéndose al conjunto de los trabajadores, con la creación de las cajas de empleados de comercio (1944), trabajadores de la industria (1946), trabajadores rurales e independientes, profesionales y empresarios (1954) y trabajadores del servicio doméstico (1955). Este proceso implicó que el derecho a la previsión social dejara de ser un beneficio exclusivo de los estratos ocupacionales más privilegiados y se extendiera a amplias franjas de la clase trabajadora. A partir de este momento, el acceso a la cobertura previsional quedó dependiendo sólo de la pertenencia del trabajador al mercado de trabajo formal. 

Hacia 1954, con la sanción de la Ley 14370, se produjo un cambio sustancial en la naturaleza del régimen cuando se asumió la lógica de reparto como principio estructurante. Ello implicó que la redistribución de ingresos prime como criterio de determinación del haber jubilatorio, dejando atrás la lógica de capitalización individual. De esta forma, el régimen pasó a basarse en la solidaridad intergeneracional como lógica de financiamiento, donde los trabajadores activos debían sostener a aquellos que se retiraron del mercado de trabajo por vejez, invalidez o a las familias de los trabajadores fallecidos

En el año 1994 (cuando gobernaba, reiteramos, el peronismo que les gusta a los antiperonistas) se aprueba el sistema de capitalización o jubilación privada a través de  las AFJP mediante la Ley 24241. A partir de 1993 se redujeron las alícuotas de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, con el supuesto objetivo de incentivar la contratación de personal. Entre 1993 y 2000, dichas cargas se redujeron cerca del 50%, pasando del 33% sobre los salarios nominales al 17,8%, tendencia que se vio agudizada con la sanción de Ley 25250 de Reforma Laboral en mayo de 2000 (gobierno de De La Rúa, "ley Banelco"), la que preveía para el caso de los nuevos puestos de trabajo una reducción adicional, según las características del trabajador, de entre 33% y 50%.

Con el Decreto 1495/01 dictado por De La Rúa, las AFJP lograron avanzar sobre las cuentas individuales deduciendo parte de su comisión directamente del saldo de la cuenta aquel afiliado que dejaba de aportar durante cierta cantidad de tiempo. El porcentaje de beneficiarios del sistema de seguridad social disminuyó: mientras en 1992 representaban el 84,4% de los hombres y el 73,9% de las mujeres de 65 años y más, en 2004 este número había descendido a 71,0% y 62,1%, respectivamente. 

Con el kirchnerismo en el gobierno desde mayo del 2003, a través de la Ley 25994 de Jubilación Anticipada y el Decreto N° 1454/05 de Jubilación de “Amas de Casa” se incorporan 1.500.000 personas al sistema jubilatorio. En el 2008 durante el primer gobierno de Cristina se sanciona la Ley 26417 de Movilidad Jubilatoria, y poco después por la Ley 26425 se recuperaron los activos en poder de las AFJP a través de la eliminación del régimen de capitalización. En ambos casos la oposición que con el tiempo formaría "Cambiemos" (la UCR, el PRO y la Coalición Cívica) votó en contra, y Elisa Carrió se "encadenó" al obelisco en defensa de las AFJP 

En septiembre de 2014 se sanciona la ley 26970, la cual permite regularizar los aportes por el período que va desde 1993 al 2003, con un plan de pagos de sesenta cuotas para los autónomos y los monotributistas que ya tienen la edad para acceder a la jubilación, permitiendo que otros 600.000 personas (un 87 % mujeres) accedieran a la jubilación. Por la Ley 27181 se "blindaron" los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para evitar que se malvendieran, exigiendo para ello una aprobación del Congreso con los dos tercios de los votos de los miembros presentes.

En 2016 la Ley 27260 ("blanqueo de capitales") derogó esa norma, y aprobó la "reparación histórica" para pagarles a menos del 8 % de los jubilados los índices fijados a su antojo por la Corte Suprema en las causas "Badaro" y Eliff". En diciembre del 2017 y en medio de un impresionante operativo de represión policial, se reemplazó la fórmula de ajuste de los haberes aprobada en 2008, por otra con la que los aumentos resultaron menores. Todos estos hechos son públicos, notorios, conocidos, constan en publicaciones periodísticas y bases de datos públicas accesibles para todos, están los registros en los diarios de época. Cualquier puede consultarlos y corroborarlos antes de opinar. 

O puede hablar al pedo sin ningún fundamento que no sea el puro prejuicio antiperonista, pero con aires de autoridad. Ojo: con eso le alcanza y sobra para haber dado durante años clases de Historia Argentina en la Universidad Nacional del Litoral, y escribir notas del tema en el diario "El Litoral", Clarín y La Nación. Esos lugares donde cualquier burro que rebuzne gorileadas tiene cabida, digamos.  

(*) La infografía con el tamaño de las deudas contraídas con el FMI por los distintos gobiernos esta sacada de ésta nota de La Nación 

¿ESTÁ TODO BIEN, O ESTÁ TODO MAL?

 

¿En qué momento nos descuidamos y quedamos atrapados en la encerrona de elegir entre devaluación o ajuste?: https://t.co/WDPLd5vhE4

— La Corriente K (@lacorrientek) November 9, 2020

Advertencia: este no es un post sobre economía, sino sobre política.  Ayer nomás decíamos acá que la derecha enfrenta (acá y en todos lados) el dilema de legitimarse por vía electoral ejecutando políticas que atienden exclusivamente los intereses de los sectores más poderosos de la sociedad, que por definición son minoritarios.

El mismo dilema enfrentamos nosotros, aunque no seamos de derecha: en condiciones de democracia abierta, es necesario revalidar la legitimidad de origen con la de ejercicio, y para eso hay que juntar votos y ganar elecciones; cosa parala cual no suele haber nada mejor que ejecutar políticas públicas que mejoren las condiciones materiales y objetivas de existencia del mayor número posible de personas.

En ese contexto, en breve entraremos en período de efervescencia electoral (que no mermará aunque existiera consenso en suspender las PASO), de cara a unos comicios parlamentarios de medio término que definirán el contexto político en el que el gobierno de Alberto Fernández transitará la segunda parte de su mandato: si fortalecido por un triunfo, o con dificultades mayores porque los resultados no son los esperados. 

La foto de hoy -es una percepción, no tenemos encuestas a la mano- es que el principal activo político del gobierno es la descomposición de la principal oposición, que ha cerrado su discurso y sus prácticas sobre el núcleo duro de sus votantes, mientras enfrenta una cada vez más indisimulable disputa por el liderazgo. No parece estar hoy -reiteramos: hoy- en condiciones de ofrecerse a la sociedad como una alternativa potable.

Pero decíamos también en la entrada anterior comentada que las derechas trabajan sobre las insatisfacciones sociales con un discurso anti-política, y vaya si hay espacio para ambas cosas en un país como el nuestro que viene de cuatro de cinco años (tres de los cuatro de Macri y éste, por la pandemia) con la economía cayendo y destruyendo a su paso actividad, empleos, salarios y consumo, Lograr que la economía se recupere y empiece a dar buenas noticias es entonces para el gobierno un imperativo de primer orden, por razones de estricta necesidad electoral y supervivencia política.

Y en ese sentido una visión optimista de la cosa podría enfatizar que hay renglones o rubros de la actividad que empiezan a reactivarse, que la recaudación hace dos meses que viene creciendo en términos reales y que el gobierno parece -recalcamos: parece- estar controlando la corrida cambiaria, lo cual no es un dato menor: una abrupta devaluación hoy no solo sepultaría toda posibilidad de recuperación de la economía, sino que generaría un ingrediente explosivo para la estabilidad del gobierno en sí.

Que para contener la corrida se haya debido apelar a medidas que en otros contextos no serían del agrado del "paladar negro" del voto propio (como emitir deuda atada al dólar para permitirles salir de sus tenencias en pesos a los fondos de inversión traídos por el macrismo y con capacidad de daño para presionar sobre el dólar), sería un tema menor si se viera que al mismo tiempo se analizan estrategias para recomponer ingresos; pero viendo la parte medio vacía del vaso, hay cosas que preocupan.

Como por ejemplo que horas después de que el Jefe de Gabinete dijera que en la Argentina no hay más lugar para el ajuste, su segunda, Cecilia Todesca, diga que es necesario aumentar las tarifas: el reportaje completo, con otras definiciones más interesantes, acá en La Nación. Porque si hay cosas (precios de la economía) que "tienen" que aumentar, podríamos pensar en varias que vienen antes, como los salarios o las jubilaciones; cuyo índice de movilidad sigue sin ver la luz.

Sobre los salarios, a lo ya dicho sobre el insuficiente aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, recomendamos leer todo esto de Magdalena Rúa en "El Cohete a la luna". Como se señala allí, los salarios llevan años perdiendo contra la inflación y mermando su poder adquisitivo, y de allí provienen el estancamiento y la recesión prolongada de la economía en su conjunto: está apagado o funcionando a bajo régimen de vueltas el principal motor de la demanda agregada, que explica por sí misma el 70 % del funcionamiento de la economía.

Si es verdad como se señala acá en la nota de La Política Online a la que corresponde el tuit de apertura, que el gobierno enfrenta el dilema de hierro de ceder a las presiones devaluatorias o frenarlas aceptando un mayor ajuste de las cuentas públicas (de allí la demora en la definición del índice de ajuste de las prestaciones previsionales, y la cuestión de las tarifas) en el marco del posible acuerdo con el FMI, estaremos en problemas.

Porque nadie desconoce que con una corrida cambiaria en curso, en medio de una pandemia y una prolongada recesión, debe procurarse una mínima estabilización de las variables macroeconómicas. Pero sin una estrategia de recomposición de ingresos de los sectores más vulnerables y de los que dependen en general de ingresos fijos y son los que empujan el consumo, la demanda y la actividad, el panorama a futuro se torna incierto, y no solo en términos estrictamente económicos: nadie (o casi nadie) vota pensando en el superávit fiscal, o el saneamiento de las cuentas públicas, De hecho, esa estrecha visión de los problemas principales del país cosechó el año pasado alrededor del 1 % de los votos.     

LO QUE VIENE Y LO QUE ESTÁ

 

Excelente: https://t.co/0E1mGFICpx

— La Corriente K (@lacorrientek) October 10, 2020

@ClaudioScaletta siempre ayuda a pensar: https://t.co/ieKqNHlEeh

— La Corriente K (@lacorrientek) October 10, 2020

Para calmar las ansiedades sociales por las demandas pendientes, en especial en todo lo que signifique reparar los estropicios que dejó el macrismo, el gobierno eligió explicar la realidad en fases que deben ser atravesadas, para generar condiciones más propicias para avanzar: en un primer momento era justamente atender los frentes abiertos más graves de la pesada herencia recibida y por eso había que arreglar la deuda con los acreedores externos. Acá dijimos -y lo reiteramos- que nunca estuvo muy claro por qué esa era la prioridad principal, o por encima de otras.

Luego sobrevino la pandemia, y se impuso sobre todos los demás temas de agenda, y se devoró buena parte de las energías del gobierno, y de la sociedad. Pero la pandemia, amigos, vino para quedarse, y nadie sabe decir a ciencia cierta cuando terminará. De allí que el propio gobierno volviera sobre sus propios pasos discursivos para empezar a intentar instalar una "agenda del día después"; pero estaba en eso cuando tuvo que volver sobre la administración social de la pandemia, endureciendo medidas en la mayoría de las provincias del interior, desplazando la responsabilidad de su control a los gobernadores: una especie de división de tareas, decidida unilateralmente, que los concernidos no tuvieron más remedio que aceptar, estampando su apoyo en una solicitada.

Claro que la realidad no funciona en fases, y es un poco más compleja: de hecho, en plena pandemia que postergaba otras discusiones -como las políticas de redistribución del ingreso, o la reforma tributaria-, se cerró el acuerdo por la deuda con los acreedores externos, haciendo borrón y cuenta nueva con el proceso de endeudamiento del macrismo. El gobierno eligió dejar en un cajón el informe del Banco Central sobre los principales fugadores de divisas en el macriato y decidió no utilizarlo, si no para discutir la legitimidad de la deuda, por lo menos para establecer quienes debían pagarla, conforme se prometió en campaña.

El arreglo con los acreedores se hizo bajo la premisa de que mejoraría las expectativas de los actores económicos y calmaría las presiones cambiarias, y como bien sabemos, ni una ni otra cosa se verificó: tal cual lo plantea acá con la claridad de siempre Claudio Scaletta, la escalada del dólar "blue" se ha convertido para el gobierno en el principal problema político (sí, político, mucho más que económico), al cual debe encontrarle una respuesta eficaz e inmediata desarmando las expectativas devaluatorias; porque se va en ello su suerte política y su propia estabilidad, más allá de las perspectivas electorales. Ni que decir que abrir las puertas a una devaluación abrupta, en el contexto actual generado por la doble pandemia (la macrista y la del coronavirus) crearía la condiciones para un estallido social de imprevisibles consecuencias. Así de urgente es la cosa. 

Si la idea de arreglar con los acreedores era generar confianza y previsibilidad en los actores económicos, ya vimos que no se logró y es un supuesto basal del plan trazado que debe ser revisado, junto con otros que tampoco se concretaron: no hubo pax política ni mediática, no hay cosa tal como una fracción de "oposición constructiva y responsable" con la que establecer algún nivel de acuerdos, ni autocrítica del macrismo por sus desastres, ayudando un poco a la paz social desde el silencio: mañana vuelven a atizar una marcha contra el gobierno, en pleno ascenso de los contagios y las muertes.

Tampoco se ve como posible en lo inmediato la "salida exportadora" que aporte los dólares que alivien la restricción de las cuentas externas, y está por verse si las medidas "ofertistas" diseñadas para hacer que los hoy exportan liquiden sus divisas, tienen resultado. En ese contexto, cabe preguntarse si es posible -como intenta el gobierno- un pacto social sentando a la mesa a los que promueven la devaluación, mientras éstos (la UIA) por ejemplo, le reclaman flexibilizar los controles cambiarios y acceder al "contado con liqui", y sus dirigentes le plantean a la misión del FMI la necesidad de una reforma laboral de la que ni los funcionarios del Fondo habían empezado a hablar.   

En el repaso de los temas pendientes omitimos hasta acá el arreglo pendiente con el FMI, que a diferencia del que se cerró con los acreedores privados, vendrá con condicionalidades de política económica, aunque sus funcionarios juren lo contrario. ¿Nos pedirán que nos enamoremos de Kristalina?

Lo concreto es que el contexto político y económico desfavorable no va a cambiar en lo inmediato, al menos en lo que dependa de la conducta de los actores ajenos al gobierno, y sería muy ingenuo pensar lo contrario. Esos actores que, en una implícita admisión de los límites de acumulación de la estrategia opositora, empiezan a operar desembozadamente en la interna del "Frente de Todos", para aislar al kirchnerismo y a Cristina, como hace hoy con motosierra Van Der Kooy -el viejo amigo de Alberto, ¿altri tempi?-en Clarín.

¿Qué le queda por hacer al gobierno entonces? Otras cosas, distintas de las que hasta acá no funcionaron, en todos los planos. Por ejemplo encarar con decisión la agenda de los temas pendientes: la reactivación del Consejo del Salario en un país con más del 40 % de pobreza, la definición de un índice de movilidad jubilatoria que permita recomponer ingresos frente a la inflación, el reajuste de la AUH y el IFE, de cuya continuidad no se puede seguir dudando cuando hay certeza de que la pandemia vino para quedarse, el olvidado plan contra el hambre, o la necesaria reforma tributaria que vaya más allá del parche del impuesto a las grandes fortunas, aun en veremos.

El presupuesto enviado al Congreso no define una fórmula de movilidad jubilatoria, siendo que la mitad del gasto público es la seguridad social; y por el contrario establece aumentos de tarifas cuando ya ni se habla de la revisión tarifaria integral planteada en la ley de emergencia, o de adecuar los aumentos de tarifas a la renegociación de los contratos con las privatizadas, para garantizar las inversiones o incluso rescindirlos. Visto rápido, pareciera que nos apuramos a hacer los deberes que de ordinario pediría el FMI, antes de que lo hicieran. 

Ni la pandemia que no detuvo el arreglo con los acreedores externos ni las conversaciones con el FMI, ni el equilibrio de las cuentas públicas que no impidió la rebaja de las retenciones y el aumento de los reintegros a las exportaciones, ni aceleró la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, deberían ser excusa para no hacerlo. Porque de lo contrario se podría pensar que donde hay excusas, en realidad hay un plan, que no es el que votamos.  

Si se repasan los temas de la agenda alternativa planteada, se advierte que constituyen las bases principales del contrato electoral firmado con la mayoría del pueblo argentino en las elecciones del año pasado, y pone al gobierno a dialogar con su propia base electoral, proponiendo un  equilibrio político hacia el interior del FDT distinto del que proponen sus adversarios: hace falta más kirchnerismo, y no menos, mostrarlo y no esconderlo. Claro que como señala acá Nicolás Lantos eso supone "elegir un contrincante", pero es imposible quedar bien con todos, porque terminás quedando mal con los propios.

Tuit relacionado:   

https://t.co/yqgjEcZZJh Luminoso esto de @RicardoAronski1

— La Corriente K (@lacorrientek) October 11, 2020

PREVISIONALES

2016: Cambiemos (ex Grupo A) aprueba en el Congreso la "reparación histórica" y para pagarla, autoriza a liquidar el Fondo de ANSES

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

2020: vuelve el peronismo, aprueba la ley de emergencia, suspende la fórmula de Macri y le da los aumentos a los jubilados por decreto. El 87 % cobra más que lo que hubiera cobrado con la fórmula macrista.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

O la fórmula de Boudou, a la que se opusieron porque pedían el 82 % móvil. Después se preguntan por qué no llegan al 3 % de los votos

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

Varias veces dijimos acá que las opciones que se planteaban al kirchnerismo en materia previsional tras la crisis del 2001 y la implosión de la convertibilidad eran limitadas, y optó claramente por la reparatoria: enmendar en parte los estragos que las políticas neoliberales hicieron en el mercado del trabajo, interrumpiendo trayectorias laborales de las personas, impidiéndoles acceder a la jubilación, desfinanciando la seguridad social con la estafa de las AFJP y altos niveles de empleo en negro y deprimiendo los salarios con contratos basura y flexibilización laboral.

En esa primera etapa (que ahora el actual quiere en parte recrear, en otro contexto), se privilegiaron las moratorias previsionales para ampliar la tasa de cobertura del sistema, y la recomposición por decreto (como ahora) para mejorar el poder adquisitivo de los haberes más bajos. De esa decisión (acertadísima en el contexto) viene el hecho de que la enorme mayoría de los jubilados actuales perciban la mínima.

En una etapa posterior y tras fracasar Néstor Kirchner en el intento de poner fin "consensuadamente" al sistema de AFJP (con un año de plazo, solo el 11 % de los trabajadores que habían ingresado optaron por volver al sistema de reparto), y con la crisis financiera internacional de fondo, Cristina -por consejo de Amado Boudou- tuvo la visión estratégica de recuperar para el sistema público de reparto, los recursos aportados por los trabajadores y usufructuados por las AFJP. 

También entonces y a partir de los fallos "Badaro" y "Eliff" de la Corte, puso manos a la obra para mejorar la movilidad de los haberes, con la fórmula también diseñada por Boudou, que permitió que -salvo en algún año de caída de la actividad- las jubilaciones le ganaran a la inflación y también (aun cuando no fuera ése el objetivo), mejorara la tasa de sustitución respecto al haber de actividad del trabajador. En ambos períodos, la transferencia de ingresos a sectores que consumen gran parte de ellos (además de un acto de estricta justicia) tuvo efectos positivos para la economía en su conjunto, que ya por sí justificarían el acierto de las medidas.

Tal como recuerdan los tuits de apertura, el camino no estuvo exento de escollos: tanto la liquidación del sistema de AFJP, como en su tiempo las moratorias previsionales y luego la ley de movilidad del 2008, tuvieron críticas; algunas insólitas como las de la izquierda reivindicando el 82 % móvil, que no hace sino sacralizar en la etapa de pasividad, la enorme desigualdad del mundo laboral durante los 90 y bastante después, por lo ya expuesto en cuanto a las políticas flexibilizadoras de las relaciones del trabajo.

Esa oposición (toda, incluso algunos actuales oficialistas) sumó fuerzas en el Congreso para aprobar un inviable 82 % móvil, sin financiamiento genuino, y que apostaba a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: cualquier vínculo conceptual con lo que vendría en el macrismo, con la "reparación histórica", la (otra vez) desfinanciación del sistema por la baja de aportes patronales, la licuación del valor del FGS en dólares, la clausura de las moratorias y la implantación (como caramelo para endulzar el blanqueo de capitales) de la "pensión universal del adulto mayor", no son pura casualidad. Invitamos a leer acá, con provecho para entender el tema, los fundamentos del Decreto 1482/10 de Cristina, por el cual vetaba en su momento el 82 % móvil.

La frutilla del postre vino en 2017 con la derogación de la fórmula Boudou y su reemplazo por otra, cuyos efectos llegan hasta hoy, cuando opera el arrastre de la altísima inflación del período macrista, en un contexto de endeudamiento sideral y virtual quiebra del Estado. Es sobre esa realidad sobre la que está operando el gobierno, y en ese contexto surgen los anuncios del viernes; que generaron la insólita reacción de los macristas y aledaños, ahora en la oposición, defendiendo el engendro como si no hubieran hecho nada, o su política de seguridad social hubiera sido una maravilla. 

Y cuidado: no son pocos quienes desde la izquierda hacen circular las planillas con lo que hubieran ganado con la fórmula macrista aquellos jubilados que verán sus ingresos rezagados frente a la inflación del período, así como en su momento reclamaban soluciones para los (pocos) jubilados que encuadraban en los fallos "Badaro" y "Eliff", aunque cumplirlos en forma literal (con índices de ajuste inverosímiles diseñados por la Corte de modo pretoriano) significara la quiebra del sistema previsional de reparto, para el conjunto. Extravíos conceptuales difíciles de explicar, desde una perspectiva de izquierda.

Dicho todo esto a modo de introducción, los anuncios del viernes marcan que el gobierno piensa perserverar en la fórmula del primer kirchnerismo (recomponer prioritariamente los haberes más bajos), al mismo tiempo que reintroduce la cobertura integral de los medicamentos más importantes que usan los jubilados, lo que constituye un aumento indirecto de sus haberes, que debe ponerse en la balanza para sopesar las decisiones. Disgresión: si es cierto -como dicen- que la medida tiene un costo fiscal de 30.000 millones de pesos, haber eliminado la cobertura integral de medicamentos de PAMI debe anotarse en las decisiones más nefastas y cuasi criminales del macrismo.

Aun así, no seríamos honestos si no dijéramos que no se termina de entender por qué razón no se comprende a buena parte de ese 13 % (mágico número hablando de jubilaciones, y con Pato Bullrich en escena) del total de los jubilados cuyos haberes ajustarán a la baja; ya que no podrían ser simplemente las restricciones fiscales, o el punto no ha sido debidamente explicado: hay sectores con capacidad contributiva disponible para afectar impositivamente, y contribuir a financiar mejoras más profundas; como los bancos, las privatizadas y el campo privilegiado. O recuperar la coparticipación que Macri le regaló a la CABA por decreto, por ejemplo. Si no explicamos eso, no vale quejarse por las críticas de la izquierda en ese punto (porque en lo de la coparticipación, defienden a Larreta) porque dan en el clavo.

Menos cuando -según se anuncia- la reposición de la cobertura integral de medicamentos por PAMI no distinguirá a los beneficiarios por niveles de ingresos, y al mismo tiempo el gobierno enviará por fin al Congreso el proyecto de ley modificando los bochornosos regímenes jubilatorios de privilegio (en más de un sentido) de jueces y diplomáticos, que si es como cuentan y muestran acá, parece sumamente sensato y justo.

La pregunta que nos hacemos no es, ni más ni menos, que la misma que se viene haciendo Cristina desde los tiempos de campaña: quien va a pagar los costos de la fiesta macrista. Y no es técnica, sino profundamente política, porque remite a lo que Artemio López caracteriza con gran acierto en ésta columna suya en Perfil, como los dilemas que enfrenta Alberto. Tuits relacionados:

¿Cuanto costaba pagarles el mismo aumento al 13 % que se quedó afuera, e incluso menos, ponéle excluyendo a los que cobran más de 50.000 pesos de jubilación? ¿Y cuanto era eso en retenciones o alícuota extraordinaria de Ganancias a los bancos? Es para un amigo que pregunta.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020