LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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martes, 25 de febrero de 2025

LES PINTÓ KIRCHNERISMO TARDÍO

 

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lunes, 23 de agosto de 2021

PAGAR POR LO QUE ES DE TODOS, GRACIAS A MACRI

 

En el primer mandato de Cristina, allá por el año 2009, se aprobó una profunda reforma de la legislación electoral y de las campañas políticas a través de la Ley 26571, que instauró en las elecciones nacionales las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y, entre otras novedades, trajo la asignación igualitaria de espacios publicitarios gratuitos para que los partidos difundieran sus propuestas, a través de los medios audiovisuales.

El artículo 34 de la ley prohibió además a las agrupaciones políticas y sus listas internas contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones. La violación a la prohibición apareja sanciones tanto para las agrupaciones políticas, como para las emisoras de radio y televisión.

Al mismo tiempo y por el artículo 74 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios, aprobada ese mismo año 2009), los servicios de comunicación y de televisión por suscripción estaban obligados a ceder en forma gratuita los espacios necesarios en su programación para emitir los spots de campaña. Es decir: no podían cobrarle al Estado por emitir esos avisos, que debían emitir obligatoriamente.

El sistema tenía su lógica: el espíritu general de la reforma era la democratización de la representación política (de hecho ese era el nombre oficial de la Ley 26571), y establecer ciertas condiciones igualitarias de competencia entre las distintas fuerzas políticas, en las competencia electorales. Por ejemplo, así como se garantizaban los espacios en los medios audiovisuales, se prohibía el financiamiento de las empresas en tanto tales a los partidos políticos.

Y por otro lado, el Estado hacía valer su condición de propietario y administrador del espectro radioeléctrico, que es un bien público (artículo 7 de la Ley 26522) que los particulares solo pueden explotar mediante una licencia que él les otorga. Dicho de otro modo: los espacios gratuitos los garantizaba el Estado, porque son suyos, siendo los licenciatarios meros administradores.

Pero luego pasaron cosas, concretamente el macrismo; que en el año 2019 -es decir en plena campaña electoral, a solo tres meses de las PASO presidenciales de ése año- vino a cambiar las reglas de juego a través de la Ley 27504: redujo a un 5 % del total de las emisiones de los medios audiovisuales el espacio destinado a los spots de campaña, y estableció que la mitad de ese espacio sería cedida a título gratuito y la otra mitad será considerada pago a cuenta de impuestos nacionales; es decir los pagamos todos, para conservar la tajada de pauta publicitaria (oficial y privada) que los medios pueden vender en esos espacios, que hasta ese momento debían ceder gratuitamente.

Como esa misma reforma del 2019 volvió a permitir los aportes de las empresas a los partidos políticos (se imaginarán para favorecer a quienes), la lógica era la inversa: los negocios estaban por encima de los bienes públicos (como el espacio audiovisual, o la competencia electoral en condiciones igualitarias),  y es el mercado el que le dicta las reglas de juego a la política, y no al revés.

De resultas de esa reforma aprobada en los estertores del gobierno de Macri, existen hoy causas judiciales en las que las empresas de medios le reclaman al Estado por el pago de los avisos (en dinero o a través de compensación de impuestos), en un monto que puede llegar a los 16.500 millones de pesos. 

Y la cosa pudo ser peor, como por ejemplo si hubieran adoptado el sistema que impuso en la provincia el socialismo (y aún rige) y explicamos acá, por el cual el Estado paga los avisos de campaña en los medios audiovisuales -todos, del primero al último- como si fueran publicidad oficial, con pauta.

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miércoles, 14 de abril de 2021

PAYASOS Y DUEÑOS DEL CIRCO

 


Por si no hubiéramos tenido antes innumerables muestras de la miserabilidad del periodismo estrella de los medios hegemónicos, la pandemia nos ha mostrado los niveles de hijoputez que son capaces de alcanzar; rubro en el que además se superan día a día: negando la existencia del virus o su letalidad, combatiendo la cuarentena y sus restricciones, sembrando dudas y pánico sobre la eficacia de las vacunas, en fin, no han dejado turrada por hacer.

Sin embargo y tal como lo apuntan con tino los tuits de apertura, el problema no son los Lanatas, Feinmann o Canosas que ponen la cara y la voz en la radio y la tele, y con los que nos enojamos a diario como si las cosas que dicen simplemente se les ocurrieran a ellos, como librepensadores.

Detrás de ellos hay quienes mueven las palancas marcando la línea editorial de los medios (sobre la pandemia y sobre todo), en función de la cual esos personajes que posan de "independientes", "rebeldes" y "a mí nadie me dice lo que tengo que decir" hablan, cuando la mayoría de las veces ni siquiera hace falta llegar a decírselos: trabajan en esos medios, precisamente, porque sus dueños (los que prefieren permanecer en las sombras) saben exactamente lo que son capaces de decir y de hacer. Para eso justamente los pusieron allí.

Y para reforzar la correa, por si el perro malo se vuelve malo para sus dueños, los tienen con la cucaracha al oído transmitiéndoles minuto a minuto las cifras del ráting, o alentándolos porque van bien tirando mierda. Siempre sin aparecer, tirando la piedra y escondiendo la mano.

Entre las tantas disposiciones olvidadas de la ley de medios y como recordábamos acá hace un tiempo, está la que obliga a los licenciatarios de licencias de comunicación audiovisual a tener una carpeta pública, accesible para cualquiera por Internet, en la que conste quienes son los dueños de los medios, que son los que marcan su línea editorial.

Y en consecuencia quienes son los reales responsables de cuanta forrada sale al aire, incluso atentando contra la salud pública en medio de una pandemia, o contra los derechos de los menores, o cometiendo todo de violencia simbólica y verbal contra las mujeres y grupos vulnerables. Ellos, no los periodistas o comunicadores a los que les prestan un micrófono o una cámara, que sin dudas tienen su parte de culpa.

Estas cuestiones no se solucionan poniendo el foco en los payasos (con denuncias en el INADI o la Defensoría del Público), sino en los dueños del circo; cortándoles la pauta publicitaria oficial, sancionándolos incluso con la pérdida de las licencias, si fuera el caso. Porque nada pasa en sus medios si ellos no quieren que pase.

De hecho, los medios hegemónicos no son la expresión comunicacional del poder económico sino parte esencial de ese mismo poder; de allí que los discursos de odio e irracionalidad que destilan los Baby Echecopar en esos mismos medios no son sino la verbalización brutal y pública de lo que ese mismo poder piensa en privado, en las sombras en las que le gusta permanecer para conservar intacto su poder de condicionar a los gobiernos y las instituciones de la democracia. Hay que sacarlos de allí, no gastando la pólvora en chimangos.

Y aunque pueda parecer que no viene al caso del tema del cual estamos hablando, la distinción entre payasos y dueños del circo también vale para la política: podemos putear a los ministros y funcionarios todo lo que queramos, siempre que no perdamos de vista quien es en definitiva el responsable de las cosas que no nos gustan.

Tuits relacionados:  

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jueves, 28 de enero de 2021

CASO TESTIGO

 


Cuando Cristina envió al Congreso lo que luego de un amplio debate sería la ley de medios, dijo con visión profética que se trataba de una prueba ácida para las instituciones de la democracia: ver cuanto eran capaces de avanzar profundizando esa democracia, cuando ese avance supone -siempre lo supone- recortar privilegios o tocar intereses poderosos.

Y no se equivocó: si bien la ley logró sortear airosa la discusión y aprobación en el Congreso, estuvo luego cuatro años durmiendo en los cajones de distintos juzgados frenada por un festival de cautelares, hasta que la Corte la declaró constitucional, para luego frenar su lógica consecuencia: los planes de adecuación forzada a las cláusulas desmonopolizadoras, por parte de los grupos de multimedios (el principal, Clarín) que debían desinvertir desprendiéndose de licencias.

Lograron así ambos (el poder económico, en éste caso Clarín, y sus ramificaciones en el Poder Judicial) estirar el status quo hasta que llegara un gobierno más afín (el de Macri), que de un DNU borró de un plumazo las cláusulas irritativas de la ley, y volvió letra muerta el resto de sus artículos. En palabras de Cristina, prueba ácida no superada: la democracia -o al menos parte sustancial de las fuerzas políticas que compiten en su marco- no pudo o no quiso avanzar sobre los intereses de importantes grupos económicos.

Alberto Fernández -que ya no estaba en el gobierno y casi ni en el kirchnerismo cuando se impulsó la ley- llegó a la presidencia con ese estado de cosas, y no sólo no ha dado muestras de avanzar para reponer el texto original de la ley (para lo cual bastaría un DNU como el 267/15 de Macri que la mutiló), sino que dijo explícitamente que era un debate que no le interesaba dar, y un tema en el que no tenía interés en insistir. 

Dijo sí, que si algún valor tenía la ley era haber mostrado el rol político que juegan los medios: precisamente eso mismo fue lo que Cristina intentó poner de manifiesto cuando hablaba de la "prueba ácida", y cuando en el mismo momento convocó -en vano- a las fuerzas políticas de la oposición a sumarse a la cruzada democratizadora de la comunicación audiovisual. Claro que uno y otro extrajeron enseñanza diferentes de su comprobación sobre el rol político de los medios: mientras Cristina siempre tuvo claro que son solo la punta del iceberg del poder económico que siempre prefiere quedar oculto bajo la superficie, Alberto supone que se puede negociar con ellos, si no se les hostilizan sus negocios.

Así que no solo no hubo el menor intento de reimplantar la ley de medios, sino que tampoco ningún organismo oficial competente (Defensa de la Competencia, el ENACOM) ensayó el más mínimo curso de acción tendiente a revisar la fusión entre Cablevisión y Telecom, que profundizó aun más la posición dominante que el Grupo Clarín tiene en todos los mercados de bienes y servicios en los que participa. Grupo Clarín cuyos medios, además, siguen recibiendo generosamente pauta oficial del gobierno nacional, aunque lo masacren a diario con sus líneas editoriales, operaciones de toda índole y "fake news" a granel.

En ese estado de las cosas, Alberto dictó el DNU 690, por el cual declaró "servicios públicos" a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión por cable, como consecuencia de lo cual pasaron a estar sujetos a una regulación más intensa por parte del Estado, y sus tarifas deben ser aprobadas por el gobierno. En consonancia con ello, el ENACOM dictó la Resolución 1466, que autorizó a las empresas a aplicar a partir del 1º de enero un aumento del 5 %, sobre las tarifas anteriormente vigentes.

El Grupo Clarín -como es su práctica habitual- se pasó las regulaciones oficiales por donde no les da el so, y envió facturas con aumentos del 20 %, y hasta acá ha desoído las intimaciones del organismo de control para volver a facturar, o reintegrar a sus abonados lo pagado de más. Todo indica que se abre una disputa judicial para que el Estado haga cumplir sus normas, de azaroso rumbo en los tribunales que supimos conseguir.

Por supuesto que hoy el gobierno tiene otras cosas mucho más urgentes de las que ocuparse antes que el precio del celular, el cable o internet: los precios de la comida, la liquidación de las divisas provenientes de las exportaciones, las maniobras de los bancos para seguir presionando sobre el tipo de cambio o sortear los controles de capitales, que se cumplan los DNU que prohíben los despidos o fijan doble indemnización. 

Pero del mismo modo que la ley de medios no fue una disputa por "la democratización de la palabra" (o al menos, no sólo ni principalmente eso) sino un conflicto entre el poder político y las corporaciones económicas, en todos esos casos la disputa es la misma: el Estado intentando regular para componer intereses y compensar diferencias, injusticias o desigualdades, y el poder económico tratando de imponer la ley de la selva del mercado, y maximizar ganancias, a como dé lugar.

De modo que la pelea por hacerle cumplir a Clarín el DNU 690 y la Resolución 1466 dictada en su consecuencia va mucho más allá del caso en sí, y no se resuelve llamando a que los usuarios "hagan valer sus derechos como consumidores", del mismo que la suba descontrolada del precio de los alimentos no se resuelve con un boicot de los consumidores: son problemas que remiten a una discusión profunda sobre el sentido y los alcances de la democracia, y la cuestión del poder; y así deben abordarse.

Como los aborda Clarín, sin ir más lejos: mostrando desafiante su poder crudo y duro para ver como responde el gobierno, y dándole una señal a los poderosos intereses que amalgama y conduce en la AEA respecto a cuanto pueden tensionar su relación con el gobierno, en defensa de sus intereses. Y si en el gobierno no lo entienden así, estamos ante un problema mucho más grave que facturas de servicios que deben ser reformuladas.

Cuando se dictó el DNU 690, dijimos acá: "Pero más importantes que todo eso, son las consecuencias políticas del DNU: aunque el presidente se esfuerce en decir que él no está en guerra con nadie, hay muchos que están en guerra con él y con su gobierno, desde el primer día; como el Grupo Clarín. Y si toma medidas que toquen su víscera más sensible, que es el bolsillo, la guerra tenderá a intensificarse, y tendrá que estar preparado para eso. ". En ese preciso punto estamos, y frente a un caso testigo de un problema mucho mayor.

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domingo, 10 de enero de 2021

DÉMOSLES RAZONES

 


El mismo día que la oposición política (con la UCR a la cabeza, cosas vederes Sancho) criticaba al presidente por irresoluto por el "decreto de necesidad y sugerencia" sobre las restricciones a la circulación nocturna en la pandemia, Clarín alineaba a los sellos de goma que le responden para alertar que estamos en presencia de una dictadura chavista y estatizante; que avanza sobre las libertades públicas, los derechos individuales y la propiedad privada.

En espejo el "Foro de Convergencia Empresarial" acá y la  "Academia Nacional de Ciencias de la Empresa" acá, cuestionaban las mismas cosas: la marcha atrás dada por el gobierno con el aumento autorizado a las empresas de medicina prepaga, el DNU que declara servicios públicos esenciales a las TICs y las somete a mayor regulación estatal, el congelamiento de las tarifas, el cierre de las exportaciones de maíz y los -supuestos- controles de precios a los alimentos y artículos de primera necesidad.

Las mismas entidades cuestionaron el impuesto a las grandes fortunas y las medidas tomadas para prevenir los contagios en la pandemia, y reniegan de la intervención del Estado en todo, salvo cuando -durante la misma pandemia- les pagó puntualmente los ATP para que sus empresas pudieran pagar los sueldos. El discurso es el mismo de siempre: "reglas de juego claras que alienten la inversión", "reducir la presión fiscal", pero eso sí: hay que sostener otros subsidios, como el plan Gas para las petroleras.

Alegando demencia sobre su más reciente apuesta política (el macrismo), lo más granado del empresariado argentino dice que las políticas que cuestionan "fracasaron siempre", como si las que ellos piden hubieran tenido éxito alguna vez, incluso para ellos mismos: casi con certeza a todos lex fue mucho mejor -por ejemplo- entre el 2003 y el 2015, que entre el 201 y el 2019; salvo quizás las concesionarias privadas de servicios públicos, y habría que verlo en detalle.

Y pinta un panorama sombrío, que solo existe en su imaginación: si el gobierno hubiera hecho el 5 % de lo que dicen que podría llegar a hacer, seríamos una potencia mundial. La idea es clara: agitar el espantajo del kirchnero/soviético/chavismo para que el presidente que retrocedió de expropiar Vicentín porque lo criticaron los que no lo votaron, desista de tomar cualquier medida que vaya en ese sentido; cosa que por lo general consiguen.

Porque hay que decirlo claro: los problemas del gobierno no vienen por las cosas que hace sino por las que no hace, o por las que empieza a hacer y retrocede. La oposición y hasta la hostilidad del poder económico ya la tiene asegurada, haga lo que haga. O esa que hay que empezar -de una buena vez- a hacer cosas que les molesten de verdad, por buenas razones. El único modo de agradarles es haciendo precisa y exactamente lo que ellos quieren, que no es lo que votó la gente (al menos la mayoría de ella) en octubre del 2019.

Dicen que hace un tiempo y frente a planteos similares de la cúpula de la AEA, el ministro Guzmán les habría dicho "ustedes tienen que entender que los que gobernamos somos nosotros, no ustedes". La definición -precisa- debería completarse con ésta otra: "ustedes tienen que entender que perdieron las elecciones, y las ganamos nosotros". Claro que para eso el primero que lo tiene que comprender, es el propio gobierno.

Dejando de lado tibiezas, hibrideces, tentaciones fiscalistas o consensualismos absurdos con quienes nada quieren consensuar. Para cada uno de los temas que el poder económico está planteando, debe haber una respuesta estatal acorde a la preservación de la autonomía de la política, al sostenimiento de la legitimidad del gobierno elegido por el voto ciudadano, y a la preservación del bolsillo y los intereses de las grandes mayorías populares, que son además su principal base electoral.

Así que entonces en lugar de estar discutiendo cuanto deben aumentar las prepagas, la luz, el gas, los celulares, el cable o internet discutamos que inversiones hicieron las empresas, cuáles son sus costos, como cumplen las regulaciones (retomarlas cuando corresponda, como la ley de medios o la de las empresas de medicina prepaga), cuáles son sus niveles de rentabilidad; y ejerciendo todos los controles que correspondan. Ni hablar que lo mismo cabe para el aumento incesante de precios de los productos de primera necesidad, que se tornan inalcanzables para muchas familias argentinas: subamos retenciones si es necesario, no miremos para otro lado, o peor aun, no las bajemos.

Si te van putear, dales buenas razones para hacerlo, no reportajes para intentar calmarlos. Y como dijo Cristina en La Plata: el que tenga miedo que se busque otro laburo. Tuit relacionado: 
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miércoles, 6 de enero de 2021

CONFLICTOS Y SUPOSICIONES

 


Una frase muy común en tiempos de los gobiernos de Cristina era "El kirchnerismo te quiere llevar al paraíso, pero a las patadas". Indicaba que aquellos gobiernos proponían objetivos loables, pero que no se ocupaban de generar los consensos necesarios para llevarlos a cabo. Lo decían sobre todo los "propios", o los que en algún momento lo fueron, y luego se bajaron de la experiencia kirchnerista, por distintas razones. Era un modo de decir "nos vamos porque aunque estemos de acuerdo en el fondo, no compartimos las formas", o algo por el estilo.

Siempre tuvimos la impresión de que se trataba menos de una visión algo naif de la política que excluye de ella la dimensión del conflicto, que de una manera de esquivarle el bulto a comprometerse con esos objetivos, justamente porque conseguirlos suponía -y supone- lesionar intereses. Algo así como "cuando el kirchnerismo se pone problemático, yo dejo de ser kirchnerista, o empiezo a marcar críticas para tomar distancias.".

Si hubiera que elegir un momento que opere como divisoria de aguas al respecto, elegiríamos el conflicto del 2008 con las patronales agrarias por las retenciones móviles, que terminó pariendo la identidad kirchnerista. Hasta allí y tras la implosión del 2001, el kirchnerismo había avanzado sin encontrar mayores resistencias en determinadas cuestiones -la Corte menemista, el impulso a las políticas de memoria, verdad y justicia, el desendeudamiento- que o bien generaban consensos amplios, o lo ponían frente a adversarios cuya defensa en público era complicada de sostener, a menos que uno fuera Cecilia Pando o Paul Singer (más adelante éste al menos consiguió quien velara por sus intereses). En público: en privado es claramente otra cosa.   

Desde esa misma lectura se sostenía que el kirchnerismo -y sobre todo Cristina- generaba conflictos innecesarios, o consumía demasiada energía en otros que si bien eran necesarios, no eran prioritarios porque había otras demandas más urgentes que atender. No pocos atribuyeron la derrota del FPV en las elecciones presidenciales del 2015 a cierto cansancio de la sociedad por la "épica del conflicto permanente" a la que, en teoría, la sometía el kirchnerismo.

Es importante recalcar en el presente ese núcleo conceptual, porque está claro que es el que siguen sosteniendo -o por lo menos lo hacían al llegar al gobierno- el presidente y buena parte de sus colaboradores. Permítasenos un repaso de algunos de los principales conflictos que sostuvo Cristina en sus dos mandatos:

* Con las patronales del campo por las retenciones móviles, o por la apropiación de los excedentes de las rentas extraordinarios del sistema agroexportador, y la regulación por el Estado del comercio exterior y el abastecimiento interno. Se dijo que el kirchnerismo tropezó con el conflicto y luego no pudo salir de él, porque no diferenció correctamente a los pequeños y medianos productores de los grandes grupos exportadores, y de ese modo los emblocó a todos en su contra.

* Con el grupo Clarín y otros multimedios por la ley de medios, que en realidad surgió como iniciativa a la cual el gobierno le puso su peso institucional enviando el proyecto al Congreso, después de la actitud abiertamente destituyente del hólding de Magnetto, precisamente durante el conflicto del campo. Se dijo entonces que el kirchnerismo se desgastó en una larga pelea que en el fondo era inútil, porque "los medios no influyen tanto", o "Clarín es solo un diario, no lo leas más y listo".

* Con la justicia federal, cuya reforma -al igual que como sucedió con la ley de medios- impulsó Cristina allá por el 2013 a través de un conjunto de leyes, que tuvieron como disparador no los fallos de los jueces contra funcionarios presuntamente corruptos, sino el festival de cautelares que paralizaba las iniciativas del gobierno (por ejemplo la propia LSCA), o favorecía al verdadero poder (a La Nación para no pagar impuestos, a la Rural para no devolver el predio de Palermo).

* Con los fondos buitres que no habían ingresado a los canjes de deuda del 2005 y el 2010, y saboteaban todos los esfuerzos del país por cerrar ese capítulo, litigando en su contra en los tribunales internacionales. Se decía que no arreglar con ellos era un capricho de Cristina, que nos impedía acceder al financiamiento a tasas convenientes.

Si alguno encuentra un hilo conductor entre la incidencia que esos conflictos tuvieron en la definición de la identidad política kirchnerista, los desgajamientos producidos en la estructura electoral del peronismo/FPV y su efecto en el triunfo de la derecha, la "oposición racional y responsable" al macrismo en -al menos- sus dos primeros años largos de gestión, y algunos titubeos y tibiezas del gobierno actual, no sería casualidad.

Volvamos ahora al presente y preguntémonos: ¿puede alguien sostener seriamente qué, con Alberto en la presidencia en lugar de Cristina, con otros modos y formas del discurso oficial y sin "llevar a nadie al paraíso a las patadas", cada uno de esos focos de conflicto, o todos ellos, han modificado su comportamiento respecto al que tuvieron hasta el 2015?

El "campo" sigue amenazando con lock outs y cortes de ruta ante la menor medida oficial que pueda rozar sus intereses (como el cierre de las exportaciones de maíz), los medios (Clarín, La Nación, Infobae) siguen bombardeando a diario con ley de medios mutilada y promesa de no intentar reponerla, la justicia es campo minado para el gobierno y sus iniciativas (eso sin contar el "lawfare" contra Cristina y los ex funcionarios de su gobierno) y los fondos buitres estuvieron a punto de hacer fracasar el canje de deuda, luego promovieron una corrida contra el peso (en colusión con algunos de los otros factores) y amenazan con el default a algunas provincias.  

¿No sería hora ya, no de que algunos hagan revisionismo histórico de los gobiernos de Cristina, sino de que revisen su percepción de cierta dinámica del conflicto político inherente a toda sociedad democrática, para aprovechar en el presente las conclusiones?

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domingo, 3 de enero de 2021

CARPETAZOS

 


Fue una de las noticias de la semana: Vila y Manzano le compraron a Marcelo Mindlin (uno de los empresarios favoritos de Macri) su participación accionaria en Edenor, una de las distribuidoras eléctricas del AMBA. Dicen que además se meterían también en Metrogas, aunque en éste caso no hay precisiones respecto a las acciones de quien adquiriría, pero algunos afirman que sería el 70 % que está en poder de YPF, que había sido obligada a desinvertir desprendiéndose de esas acciones por Aranguren. 

Todos estos movimientos en empresas reguladas (en teoría) por el Estado porque tienen otorgadas concesiones de servicios públicos deben ser objeto de aprobaciones especiales, y en éste caso la compra debe ser validada por el ENRE (Ente Regulador de la Electricidad).

Pero hay otra arista del caso, no debidamente considerada al menos en la información que hasta acá ha circulado: los nuevos dueños de Edenor (Vila y Manzano) son también dueños de licencias de medios de comunicación audiovisual, y hay normas que impiden que lo sean de ambas cosas, al mismo tiempo: aun tras la mutilación producida en algunas de sus normas por el DNU 267/15 de Macri, así lo dispone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26522 en sus artículos 24 inciso i) y 25 inciso d), que siguen vigentes y más abajo se transcriben.  

Artículo 24 inciso i)  "...No ser director o administrador de persona jurídica, ni accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal...". Artículo 25 inciso d): "...No ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona jurídica titular o accionista de una persona jurídica a quien el estado nacional, provincial o municipal le haya otorgado una licencia, concesión o permiso para la prestación de un servicio público;...".

También sigue vigente el artículo 56 de la ley de medios, que dice textualmente: "Registro de accionistas. El registro de accionistas de las sociedades por acciones deberá permitir verificar en todo momento, el cumplimiento de las disposiciones relativas a la titularidad del capital accionario y las condiciones de los accionistas. El incumplimiento de esta disposición configurará falta grave. ". 

Como sigue vigente el artículo 57, que crea el "Registro Público de Licencias y Autorizaciones". Así dice la norma: "La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llevará actualizado, con carácter público, el Registro Público de Licencias y Autorizaciones que deberá contener los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que resulten de interés para asegurar la transparencia. La autoridad de aplicación deberá establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet." (las negritas son nuestras)

Hagan la prueba -como hicimos nosotros- de entrar a la página del ENACOM a ver si encuentran esa información, y nos cuentan. Pero también deberían poder buscarla en las páginas de cada uno de los medios que cuentan con una licencia, porque así lo dispone el artículo 72 de la LSCA, otro que sobrevivió a la poda del DNU de Macri: "Obligaciones. Los titulares de licencias y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual deberán observar, además de las obligaciones instituidas, las siguientes: e) Cada licenciatario o autorizado debe poner a disposición, como información fácilmente asequible, una carpeta de acceso público a la que deberá sumarse su exhibición sobre soporte digital en internet. En la misma deberán constar: (i) Los titulares de la licencia o autorización, ...(iii) Integrantes del órgano directivo,...".

El sentido de las normas de la ley de medios era claro: por un lado que el Estado y los ciudadanos sepan quienes son sus dueños (dado que son empresas, y funcionan como tales), y por el otro, que el que maneja medios de comunicación no maneje servicios públicos, de modo que no utilice el poder de fuego de éstos para defender sus intereses, sea ocultando las quejas de los usuarios por el mal funcionamiento de los servicios, o abogando por la suba de tarifas, entre otras cuestiones.

Dicho esto y señalado que los artículos de la ley de medios que conciernen a éste caso siguen vigentes, es necesario decir que una cosa es sentar postura respecto a que no se insistirá en la ley de medios -como ha dicho el presidente-, y otra muy distinta es hacerse los boludos, y no garantizar que se cumpla como corresponde, en lo que sigue vigente.

Y por si alguno dijera -como nos pasó en Twitter- que Vila y Manzano se han desprendido de sus medios (a manos de sus hijos, socios o testaferros), cabe recordar que en su célebre y fugaz paso por el Ministerio de Comunicaciones, el "Milico Aguad archivó por "haber devenido abstractos" los planes de adecuación que presentaron distintos grupos de multimedios (entre ellos Vila-Manzano), justamente porque el DNU 267 de Macri había eliminado los artículos 45, 48 y 161 de la Ley 26522 que obligaban a desinvertir a los que tenían licencias de las que permitía la ley. Tuits relacionados:  
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domingo, 1 de noviembre de 2020

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

 


Desde 2008 por lo menos que los medios hegemónicos son la oposición real en la Argentina cuando gobierna el peronismo: son los que marcan la agenda, estructuran el discurso, señalan los "blancos" y definen las prioridades de la acción política del campo "no peronista" de la política nacional. Lo que por supuesto a la extraviada izquierda.

Como expresiones de lo más concentrado del poder económico que son, arrinconan a la política, la condicionan y le imponen su propia lógica. Tanto es así que han "creado" figuras que sin ellos no podrían simplemente existir, como Carrió. Y desde que Cristina sorprendió el año pasado con el anuncio de su corrida de escena para que el candidato fuera Alberto, parecen no terminar de entender los alcances de la movida, y hasta que punto les demanda cambiar de estrategia; por eso siguen con la misma, como si estuviéramos en el 2013.

Apuestan como objetivo a la división del peronismo y del "Frente de Todos" y a las diferencias entre Cristina y Alberto, para condicionar además el rumbo del gobierno, una vez que comprobaron el año pasado que no pudieron incidir como querían en el resultado de las elecciones; y mientras tanto -como hicieron con su protagonismo en el armado de la Alianza en los 90'- sondean la construcción de la alternativa opositora, con lo que tienen a mano: están sopesando si terminar de soltarle la mano a Macri (cosa que en Clarín parecen tener definida, no así en La Nación incluso porque es posible que el Capitán Reposera sea accionista) y reemplazarlo por Larreta, o si el hijo de Franco aun tiene potencial aprovechable a los mismos fines.

El problema es que, salvo que haya cosas que uno no vea, el registro comunicacional, el lenguaje, el mensaje y los emisores son de un antiperonismo cerrado de nicho, que puede ayudar a consolidar las creencias del núcleo duro del voto opositor, pero que tiene incapacidad de seducir más allá de él. Quizás la idea sea que el malestar generado por la pandemia y la prolongación de la crisis económica le de a ese discurso, a esas plataformas y a esos emisores, la potencia de llegar a una audiencia "no cautiva" de la que por sí mismos carecen.

Siguen anclados en el 2013, con los mismos temas, obsesionados con Cristina, repicando todo el tiempo sobre la base de un puñado de certezas para ellos inconmovibles, más como si quisieran convencerse a sí mismos y a su audiencia de que son ciertas, que si intentaran que permeen en otros públicos. Como señaló con agudeza Cristina en su carta, como si siguiera gobernando ella y no Alberto; que incluso creyó -erróneamente- que lo iban a tratar distinto, por ser distinto a ella.

Pero hasta acá ellos, y una estrategia de destrucción política sistemática, que como bien señala Cristina cada vez que puede, va más allá de influir en las audiencias o las preferencias electorales: es de naturaleza destituyente, y disputa poder. La cuestión es que estrategia se les opone de nuestro lado, que no sea simplemente dejarlos hacer, confiando en que la que ellos han elegido es equivocada y terminará cansando, o girando en el vacío.

Y eso no supone renegar de la idea de que los problemas de un gobierno (y el de Alberto está lejos de ser la excepción) son de comunicación, y no de gestión: para comunicar bien, primero tiene que haber algo concreto que comunicar. 

Lo que señalaba Cristina en su carta, entre otras cosas, es que en otro tiempo, con otra impronta del ejercicio del rol presidencial, con otra orientación del gobierno y en otro contexto, el complejo de medios hegemónico en tanto dispositivo de construcción de sentido del poder real, funcionaba exactamente igual que hoy: la idea de que cambiaran porque el presidente sea Alberto y no ella es otra premisa que, junto a la "salida exportadora" o la existencia de bolsones de "oposición razonable" con los que explorar acuerdos, debería revisar el gobierno, para ir sobre terreno más firme.

Además de las deficiencias de la comunicación oficial que no son pocas (anuncios que no se concretan, funcionarios que comentan la realidad como si no tuvieran responsabilidad en tratar de transformarla, el papel de mediocre a lamentable del sistema de medios públicos), las bocas de fuego mediáticas que disparan munición gruesa contra el gobierno, el presidente, los funcionarios o Cristina todo los días, todo el día, lo hacen con proyectiles provistos por el propio gobierno: pauta publicitaria oficial, archivo de la ley de medios, persistencia de la fusión entre Cablevisión y Telecom.

Al igual que cuando se discutió precisamente la ley de medios, si no se comprende cabalmente que esas cuestiones no tienen tanto que ver con una abstracta e inasible "libertad" de expresión, con negocios bien concretos y con una disputa por el poder, se está cometiendo un grave error, que podría costar muy caro. Aunque ellos sigan todo el tiempo hablándole al espejo, y predicando a los convencidos.  

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jueves, 20 de agosto de 2020

LA VERDADERA OPOSICIÓN


La verdad es que a esta altura de los acontecimientos, uno se siente un poco pavote hablando del rol político de los medios, algo tan obvio que hasta el propio Alberto Fernández -que desiste de insistir con la ley de medios- le reconoce el valor de haberlo puesto blanco sobre negro. La cuestión, decíamos, no es nueva: los medios son parte esencial del poder económico (no simplemente sus voceros), y como tales, influyen en el sistema político, en favor de los intereses de ése poder no elegido.

Hace casi un cuarto de siglo atrás y después de haber obtenido de Menem -como de todos los gobiernos- múltiples favores, el grupo Clarín comenzó a desgastarlo, y gestó la Alianza UCR-Frepaso para desplazarlo del poder: la movida les salió bien al principio, pero ya sabemos como terminó. Como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández disfrutó de las mieles de una buena relación con el grupo, en el período que fue desde la pesificación asimétrica de las deuda y la ley de bienes culturales, hasta la fusión de los cables. En esos tiempos de buenas migas llegó incluso a ser síndico por el Estado en Papel Prensa.

Después, como es sabido, pasaron cosas: él se alejó de un gobierno que rompió lanzas con Clarín por el conflicto del campo (en rigor, el multimedios pasó a una actitud abiertamente destituyente en defensa del reclamo de las patronales agrarias), y de eso devinieron el informe sobre Papel Prensa y la ley de medios. Con Clarín se trata siempre de asuntos de negocios, aun cuando -como señala Cristina en "Sinceramente"- Héctor Magnetto se siente con derecho indisputable a dictarles la hoja de ruta a todos los gobiernos. Con La Nación, en cambio, la cosa tiene un trasfondo más ideológico, como "house organ" que es de la oligarquía vernácula, desde su misma fundación.

Acaso una de las razones por las cuáles Cristina haya decidido elegir a Alberto para que fuera el candidato en lugar de ella, sea precisamente ese vínculo que siempre sostuvo con el Grupo, o el hecho de que no se lo viera con una postura confrontativa frente al periodismo y los medios: es posible que pensara que bastante estropeado dejaba Macri al país, como para generar más frentes de conflictos, esto siempre en el terreno de la pura especulación de nuestra parte.

Lo cierto es que las cosas están como estuvieron siempre, y los medios son, en la práctica, la verdadera oposición: tienen más capacidad de daño sobre el gobierno que cualquier fuerza con representación institucional en el Congreso, vertebran a esa oposición como siempre lo han hecho (en su momento gestaron "Cambiemos" como habían gestado la Alianza), y van acomodando los patitos en la fila, para tener recambio en cada turno electoral: así como en su momento coquetearon con la idea de reemplazar a Macri por María Eugenia Vidal para mejorar las chances de supervivencia electoral de "su" gobierno (porque lo fue, aunque hoy traten de que nos olvidemos), hoy van soltándole lentamente la mano a Macri para abrirle paso a Larreta, mientras le dan aire al "bolsonarismo" argento encarnado por Patricia Bullrich, en un juego de pinzas para desgastar al gobierno.

Si alguien (incluso en el gobierno) cree poder distinguir matices al interior de la oposición entre "halcones" y "palomas" le está errando fiero, porque a la hora de los bifes estarán todos juntos, y lo estarán porque de lo contrario sus chances de ganar disminuyen: por las mismas razones por las que fogonea las divisiones en el peronismo, los medios, en tanto parte del "poder real", intentan vertebrar unidades opositoras, aunque terminen siendo amontonamientos o meros rejuntes electorales. En tiempos post dictaduras militares, se han visto forzados a reconvertir su arsenal para incidir en los asuntos políticos.

Por estos días asistimos al develamiento judicial de lo que siempre supimos: el aparato de espionaje ilegal montado por el macrismo desde las cloacas del Estado para orquestar la persecución de Cristina y, en general, de sus adversarios políticos y hasta de algunos socios. Y en ese aparato los medios hegemónicos cumplieron un rol esencial, nutriéndose de información falsa u obtenida ilegalmente, tanto como proveyéndola: los avances de la investigación sobre el celular del ex secretario de privado de Macri han oscurecido la causa que tramita el juez Ramos Padilla en Dolores, otro muestrario de esa connivencia nefasta en la que resulta difícil distinguir donde comienza el rol de unos y de otros, porque si algo está claro, es que todos buscan lo mismo.

Apenas asumió sus funciones, Alberto Fernández señaló que no consideraba prioritario insistir con la ley de medios, y que por su parte se terminaba la guerra con el periodismo. Del otro lado no entendieron lo mismo, y el "periodismo de guerra" que en su momento reconociera Julio Blanck sigue vivito y coleando, e irá recrudeciendo en intensidad cuanto más cerca estemos de las elecciones del año que viene; porque su objetivo es desgastar al gobierno, a Cristina -su principal soporte en todos los planos- y. en general, a los sectores más dinámicos de la coalición oficialista, que son los que pueden incidir en un rumbo del gobierno que pueda rozar sus intereses. Porque también ejercen la "domesticación" hacia adentro del peronismo, por si la carta opositora falla.

Hace pocos días se conoció un informe sobre la distribución de la pauta oficial del gobierno nacional en el primer semestre del año, que denota que encabezan el reparto los medios del Grupo Clarín, el diario La Nación y hasta el portal Infobae; que hacen punta en la oposición frontal al gobierno, en el armado y difusión de las protestas callejeras opositoras y, en general, en la ofensiva de desgaste contra el oficialismo. 

También veíamos acá como las telefónicas -entre otras empresas- se van a beneficiar con la ampliación de la moratoria, y no se avizoran iniciativas del gobierno para introducir otros jugadores en el mercado de provisión de los servicios de Internet, o revisar la fusión entre Cablevisión y Telecom. Los grupos económicos dueños de los medios son también tenedores de bonos de la deuda argentina, y tienen lazos de negocios con los principales fondos de inversión que hasta último momento bloqueaban el acuerdo, presionando para obtener una mejor oferta.

Alguno podría ver todos estos hechos como demostrativos de un respecto irrestricto por Alberto Fernández y su administración de la libertad de prensa, otros somos más escépticos (o realistas), y tenemos la impresión de que estamos pagando las balas con las que nos van a tirar, hasta matarnos si pueden.
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jueves, 18 de junio de 2020

PIDIENDO PERDÓN POR GOBERNAR


Apenas arrancó la cuarentena en su fase inicial y más dura ("aislamiento social, preventivo y obligatorio" en todo el país), decíamos acá a propósito de que los medios audiovisuales quedaron comprendidos entre las excepción a las restricciones para circular, por entender que se trataba de "actividades esenciales": "Es decir que si se les permite, por ejemplo, a los periodistas, circular, es para ir a la radio, el canal, el diario o la revista donde trabajan, y volver a su casa desde ellos, al terminar la jornada laboral. Como diría Perón: de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa. El sentido de mantener a los medios funcionando entonces, es brindar información a la población sobre la situación (información, no transmitir terror amarillista), y de paso, mantenerla entretenida en una situación estresante como es una cuarentena, ante un brote epidemiológica que nos altera a todos la rutina habitual de nuestras vidas.

No son imprescindibles -y no deberían estar autorizados a circular, por ejemplo, los movileros que andan con micrófonos todos escupidos por ellos y por los entrevistados que colocan en los dientes de esos entrevistados, o que se abalanzan como mosquitos sobre algún funcionario o alguien famoso para sacarle declaraciones, sin respetar en lo más mínimo la distancia aconsejada para evitar contagios. Menos movileros en los controles de circulación, atosigando a los policías o personal de seguridad, o preguntándoles a los que violan la cuarentena y circulan en auto o a pie, por que lo hacen, cosa que todos sabemos: por forros.

Muchos menos son imprescindibles los movileros en Ezeiza (uno de los principales focos infecciosos) entrevistando a los que vuelven del exterior y deben guardar cuarentena, o los "expertos" (generalmente, en mayoría de los casos, chantas descomunales) que circulan por las calles para llegar a los canales de televisión a tirar cualquier verdura sobre el virus y sembrar el pánico, o al revés, para desaconsejar la cuarentena o relativizar la amenaza que representa la pandemia. En realidad, para ser serios, los medios deberían limitarse estrictamente a brindar, mientras dure la crisis, la información oficial sobre su evolución, y las medidas que se están tomando para conjurarla, o las prevenciones que hay que observar. Si el resto del tiempo no saben que hacer, como diría Sergio Maldonado, que pasen música.".

Tres meses después, el desempeño de los medios y el periodismo en medio de la pandemia, no hizo sino empeorar: no solo baten fruta a granel, sino que la mayoría milita decididamente en contra de la vigencia de la cuarentena y las medidas restrictivas, mientras que al mismo tiempo trafican horror con las cifras de contagiados y fallecidos.

Y como el esquema comunicacional está aun más concentrado que el económico o político en la CABA, el contraste entre el deterioro cotidiano de los indicadores epidemiológicos de la caldea amarilla, y el desfilo de personajes insustanciales por la tele es muy fuerte: mientras mucha gente sigue impedida de ver a sus afectos o de trabajar para ganarse el sustento, el mercado de pulgas televisivo nos prodiga salames por doquier en el prime time, respecto a los cuales uno se pregunta como llegaron allí, o por el contrario, en que otro lugar podrían estar. Y también se preguntaba si el gobierno pensaba hacer algo al respecto. 

Pseudo científicos, econochantas, programas con invitados que hablan al pedo de la nada todo el tiempo, desinformación, operaciones de prensa, blindaje mediático, terrorismo social administrado en dosis, en fin, hay de todo. Ante la inacción de las autoridades oficiales, al menos hasta ayer, en que por unos minutos nos esperanzamos con el comunicado del ENACOM al que refiere el primer tuit de apertura.

Claro que duró muy poco: ante los primeros esbozos de queja por "censura", el titular del ente (el massista Ambrosini) sale a aclarar que "hubo un error" en el comunicado, que no quisieron censurar a nadie y que lo único que hicieron fueron "recomendaciones" a los que los medios les pueden o no dar pelota, si quieren. Ya sabemos lo que harán: se las pasarán por el quinto forro de las pelotas.

Habituados como estamos a estas reculadas que a seis meses de gobierno ya son un sello de gestión, no deberíamos sorprendernos. Tampoco es que pidiéramos que tumben el DNU 267 de Macri que mutiló la ley de medios y disolvió la AFSCA, creando en su reemplazo el ENACOM: al fin y al cabo el propio presidente dejó en claro desde el principio que tal cosa no era una prioridad de su gestión.

Simplemente pensábamos que, considerando el contexto en que vivimos, de emergencia sanitaria, y aunque más no fuera por estrictas razones de salubridad pública y para evitar contagios y la propagación del virus (especialmente en los lugares donde es más fuerte su circulación, como la CABA), el Estado fijaría prioridades, y solo permitiría la circulación de las personas estrictamente necesarias, porque cumplen tareas esenciales, de las que no podemos prescindir.

Tal parece que nos equivocamos, y estábamos en`presencia de otro episodio más de "gobernar en puntas de pie", o pidiendo perdón por hacerlo. Una pena. 
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domingo, 5 de abril de 2020

BELOCOVID



A propósito de la discusión por el DNU con el que el gobierno amagó (y finalmente no concretó) para disponer de la infraestructura sanitaria del sector privado en el marco de la emergencia, nos acordamos de éste post del 2012 en el que hablábamos de la medicina prepaga, que acababa de ser reglamentada por primera vez con la Ley 26682 y su reglamentación aprobara por Decreto 1983/11, durante el gobierno de Cristina.

Decíamos entonces: "Si hay un tema que marca emblemáticamente la fractura social producida en la Argentina de los 90' y el desguace del Estado con el correlativo avance del mercado sobre territorios antes vedados, lo es el de la salud, con el explosivo crecimiento del negocio de la medicina prepaga; quizás solo en modo comparable al crecimiento de la educación privada. 

En el marco de la destrucción de la salud pública (fruto de un modelo político que implicaba el retiro del Estado aun de sus roles esenciales), muchos sectores sociales en especial de la clase media, en parte por necesidad (la falta de cobertura adecuada del sistema público) y en parte por pautas culturales de diferenciación, ingresaron a la cobertura de salud prepaga, más allá de los que la tenían por la vía de las obras sociales sindicales, con más trayectoria y antigüedad en el país.

Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados). 

En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores.  

Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental. 

Es así como gente que protesta y cacerolea porque la AFIP pretende cobrarle impuestos o indagar sobre sus consumos, ahorros o demás movimientos económicos, tolera pacíficamente que los bancos, las prepagas o las empresas de telefonía celular o televisión por cable privadas (por citar sólo los casos más frecuentes, ni por asomo los únicos) los esquilmen con precios, condiciones de prestación de los servicios, comisiones o cargos fantasmagóricos por rubros de servicios inexistentes. Sería como una especie de impuesto a la ideología promedio de la clase media, que parecen estar en muchos casos dispuestos a soportar.". (las negritas las agregamos ahora)

Nos parece que las reflexiones tienen candente actualidad, cuando estuvimos a nada de que algunos núcleos de las clases medias urbanas cacerolearan desde sus balcones y en medio de la pandemia, a favor de mantener "sus" camas en una clínica o sanatorio privado, presuntamente garantizadas por Swiss Medical u OSDE, en riesgo de ser ocupadas por una Braian o una Jeny, mandados por Ginés o la Cámpora directamente desde el hospital público; cuando en realidad lo que puede pasar es que pacientes de la prepaga deban ser derivados al hospital público, porque las prepagas -oh sorpresa- no suelen tener clínicas o sanatorios propios, con camas "reservadas". 

Es muy posible que los que veían con terror esa posibilidad ilusoria, pocas horas antes e incluso el mismo día, hayan aplaudido desde sus balcones a los médicos y enfermeras del sistema de salud pública, por su labor en la emergencia. Como también es muy posible que entre ellos haya muchos votantes de Macri, que desguazó la ley de control de las prepagas a favor de los intereses de las empresas,  eliminando por ejemplo la intervención previa de la Secretaría de Comercio Interior para autorizarles los aumentos, o ampliando los plazos por los cuales pueden cobrar a sus afiliados cuotas extras cuando ingresan, por ser de determinados grupos etáreos o de riesgo: ver más información al respecto acá. 

El episodio en todo caso se inscribe en el contexto más general de las miseria sociales que revela la pandemia y la prolongación de la cuarentena, y la tensión permanente entre el micromundo individual de cada uno, y los deberes que nos impone la convivencia en sociedad, con criterio de solidaridad; máxime en situaciones como la que estamos viviendo.

Marco en el cual resulta preocupante que el gobierno haya retrocedido ante la presión del sector privado de la salud, anunciando un DNU que iba a declarar de utilidad pública en el marco de la emergencia a toda la infraestructura del sector, para utilizarla en el marco de la emergencia: esas cosas no se anuncian para luego desistir, simplemente se hacen.

Y para hacerlas si fuera necesario llegado el caso (que no sabemos si finalmente no terminará llegando, conforme evolucione la pandemia), ni siquiera sería necesario un DNU: basta que se invoquen los artículos 57 a 60 de la Ley 21499, que contempla la ocupación temporánea de uso "Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos,..." (artículo 57), sea para "...responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente." (artículo 58)...".

Queda por tocar, a propósito de esto, otro ángulo de la cuestión, que es el rol de los medios de comunicación: esta misma semana vimos como agitaron el cacerolazo porteño pidiendo el recorte de los sueldos de los funcionarios, después de que presidente señalar a los empresarios que, como Paolo Rocca de Techint, despiden gente en medio de la pandemia. Ayudaron así a correr el eje de la discusión del poder económico (donde debía estar), hacia las instituciones democráticas, que están respondiendo en la emergencia, en líneas generales y salvo algunos opositores enancados en la misma línea distractiva, a la altura de las circunstancias.

En esa misma línea salió en los medios estos días Caudio Belocoppit, el dueño de Swiss Medical, una de las prepagas más importantes del país; que en el video de apertura (también del 2012) habla de las dos cuestiones: la medicina prepaga y la ley de medios audiovisuales que por entonces había aprobado el kirchnerismo.

Belocoppit cuenta en el video que había sido en su momento socio de Haddad en Canal 9, y hoy día es propietario del 40 % de América TV, señal por cuyos programas se paseó en estos días quejándose como empresario de la salud privada, del posible avance sovietizante del gobierno, o de como deberían aumentar sus aranceles, para hacer frente a la emergencia, todo sin aclarar que es a su vez dueño de medios, y como tal, los pone al servicio de sus intereses empresariales, en éste momento crucial.

Es en ese contexto que cobran importancia las previsiones de la Ley 26522 de servicios de comunicación audiovisual, que establece en sus artículos 57 y 72 inciso e) que la AFSCA (hoy ENACOM) debe llevar actualizado y con carácter público, el Registro Público de Licencias y Autorizaciones que deberá contener los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización; y que además cada licenciatario o autorizado debe poner a disposición, como información fácilmente asequible, una carpeta de acceso público a la que deberá sumarse su exhibición sobre soporte digital en Internet, en la que debe constar, entre otras cosas, quienes son los titulares de la licencia o autorización. Como para saber desde donde habla cada uno, ¿vieron?. Tuit relacionado: 
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