LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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lunes, 22 de diciembre de 2025

LA BLITZKRIEG DEL CAPITAL

 

La discusión en el Congreso del Presupuesto y reforma laboral enviados por Milei se llevaron toda la atención y dejaron en un segundo plano los demás temas contenidos en el Decreto 865 por el cual se llamo a extraordinarias, y en un punto es lógico: ambos (presupuesto y reforma laboral) son a su vez madrioshkas de hijoputeces, verdaderas bombas racimo que desparraman para todos lados recortes de derechos para trabajadores y sectores sociales más desprotegidos, y canonjías, privilegios y beneficios para todas las fracciones del capital.

En el caso del presupuesto y además de sus números en sí (expresivos de la continuidad del plan de ajuste fiscal para generar excedentes que destinar al pago de la deuda) estaba el capítulo que finalmente fue rechazado en la votación en Diputados, e incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, el reconocimiento de deudas monumentales por la pesificación de las tarifas a Edenor y Edesur, el congelamiento de las asignaciones familiares y la AUH, la derogación del fondo de educación técnica y la restitución a la CABA de los puntos adicionales de coparticipación que le cediera Macri por decreto. 

La reforma laboral -un intento regresivo por volver a los tiempos de la servidumbre de la gleba- conlleva además beneficios tributarios exorbitantes para el capital más concentrado, en perjuicio incluso de la masa de recursos coparticipables que deben compartirse con las provincias.

Pero el resto del temario contenido en el decreto de convocatoria a extraordinarias no es menos tenebroso: así por ejemplo el proyecto de ley de "Inocencia Fiscal" supone un blanqueo (el enésimo en pocos años) permanente y perpetuo, así como la invitación a lavar dinero, evadir impuestos y fugar capitales, con la renuncia explícita del Estado nacional a buena parte de sus facultades de fiscalización y recaudación; mientras que la "Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria" propone penalizar (si: incluir en el Código Penal) determinadas políticas económicas expansivas del gasto, o que vulneren la regla del equilibrio fiscal o déficit cero: en la cabeza de Milei los lavadores de dinero o evasores de impuestos no son delincuentes sino héroes que deben ser premiados, pero toda política económica que se aparte del dogma de la superchería austríaca del cual él es devoto, merece la cárcel.

Hay además una horrorosa reforma del Código Penal que condensa todos los engendros del punitivismo de la derecha más reaccionaria y un proyecto de modificación (en la práctica derogación) de la ley de glaciares, hecho expresamente a pedido de los Estado Unidos en el acuerdo comercial anunciado hace poco, para beneficio de cuatro o cinco grandes multinacionales mineras; que sumado al contexto ya de por sí oprobioso del RIGI lo único que le reportará al país (y a las provincias que lo apoyan) es el saqueo de sus recursos naturales, sin dejar nada a cambio salvo pasivos ambientales, y algunos empleos más o menos bien remunerados. 

Como si todo esto fuera poco, el 14 de diciembre se dieron a conocer distintas propuestas emanadas del Consejo de Mayo, entre ellas una "ley de inviolabilidad de la propiedad privada", que conlleva modificaciones sustanciales en el régimen de expropiaciones de la Ley 21.499 (cuasi eliminando la ocupación temporaria de uso en casos de catástrofes o desastres naturales), en el procedimiento de desalojo contemplado en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para los casos de alquileres (convirtiéndolo prácticamente en un juicio ejecutivo) y en el régimen de integración socio-urbana de barrios populares de la Ley 27.453 (estableciendo las condiciones para los barrios urbanizados puedan ser coto de caza de los desarrolladores inmobiliarios).

También introduce cambios en la regulación de tierras rurales de la Ley 26737 (eliminando las restricciones que se establecieron en tiempos de Cristina para las adquisiciones por extranjeros) y en la Ley 26815 de manejo del fuego, para eliminar los cambios introducidos en la pandemia a partir de un proyecto de Máximo Kirchner, para evitar los incendios provocados para ampliar la frontera agropecuaria, o posibilitar negociados inmobiliarios. Al respecto pueden consultar con provecho esta nota de María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo en "El Cohete a la Luna".

Estamos en presencia entonces de una verdadera guerra relámpago desatada por todas las fracciones más concentradas del capital nacional y extranjero, lanzados como animales carroñeros sobre los restos de lo que queda de la Argentina, sus riquezas y recursos naturales y los derechos de la mayoría de sus habitantes. Tal como lo hicieran con Martínez de Hoz primero y con Menem y Cavallo después, y como lo intentara Macri en 2017 hasta que chocó la calesita, los que nos dicen que nosotros íbamos por todo lo hacen ellos apenas pueden; y vuelven a repetir su doble lectura de los resultados electorales en el país, según quien gane las elecciones: cuando el que gana no les gusta, debe moderarse y ejecutar las políticas que convienen a sus intereses con prescindencia de lo que haya votado la gente; pero cuando ganan ellos -a través de sus mascarones de proa de ocasión- tienen carta blanca para hacer lo que les plazca, y toda oposición debe ser arrasada.

Debates a las apuradas con plazos perentorios, comisiones del Congreso armadas a dedo sin respetar las proporciones resultantes del voto ciudadano, leyes ómnibus armadas como verdaderos Frankenstein jurídicos que evidencian tratos pampas entre mafiosos que en el fondo saben que lo son, y no se tienen confianza más allá de los acuerdos circunstanciales, secretismo sobre los contenidos  escasa o nula defensa argumental de las bondades de las iniciativas; y en no pocos casos, confesión más o menos explícita de que en el fondo se trata de defender negocios, o responder a intereses bien concretos, y muy poderosos.

Es tan difícil encontrar en el paquete de leyes que Milei quiere aprobar (y que se suman a la ley bases con el RIGI y el DNU 70 aun vigente) algún fracción más o menos relevante del capital nacional o extranjeros cuyos deseos no hayan sido atendidos de modo preferente, con precisión quirúrgica, como encontrar allí algo mínimamente parecido al cuidado o la atención de un grupo vulnerable, la concesión o la garantía de un derecho para las grandes mayorías nacionales, o algún beneficio tangible y concreto para los pauperizados sectores populares.

El (triste) papel que cumple en todo esto Milei no difiere mucho del que juega Jaime Campos en la AEA: el amanuense de ocasión encargado de recolectar las demandas de los patrones (nacionales y sobre todo extranjeros), y hacerlas realidad. Solo que munido de la investidura presidencial, y con el respaldo institucional del Estado argentino.

La voracidad del asalto indica que en el fondo y aunque apoyan el experimento libertario con seres vivos, son concientes de su fragilidad y de que no puede durar mucho; de allí que lo que quieren en rigor es blindarse para condicionar a futuros gobiernos, aprovechando la oportunidad (que ellos mismos calificaron de histórica, y en un sentido lo es), y sacando provecho de la experiencia.

Será cuestión entonces de que alguna vez hagamos lo mismo nosotros, y así como el deber de la hora es resistir con todas las fuerzas la avanzada, también hay que prepararse para un futuro no solo con propuestas alternativas que (como la que hizo esta semana el PJ sobre la reforma laboral) requieren reconquistar el poder político para poder imponerse, sino con un programa construido en base a compromisos concretos de tumbar todos estos latrocinios al país, su pueblo y sus recursos, si llegaran a concretarse; comenzando además por decir claro y con todas las letras que haremos con la deuda, que es el nudo gordiano de la dependencia. 

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miércoles, 28 de mayo de 2025

HABLAR AL PEDO ES GRATIS

 

Primero y como hacía los otros días Cristina en el acto del congreso de Cultura con el "Pacto de Mayo", un breve ejercicio de memoria en estos tiempos vertiginosos: recordemos que hace unos días el gobierno de Milei anunciaba con bombos y platillos que derogaría todas las normas que impiden a las personas usar libremente los dólares del colchón, sin tener que justificar su origen: "Tus dólares, tu decisión" fue el lema de la campaña. Incluso en la misma conferencia de prensa en la que estaban Caputo, el presidente del Banco Central y Adorni dieron precisiones de las modificaciones en los montos a partir de los cuales -por ejemplo- la UIF debía reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, o la AFIP exigir la justificación de determinadas operaciones o movimientos patrimoniales.

Unos cuantos días después, lo único que se oficializó fue el decreto 353 de Milei publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial que en su artículo 1° dice lo siguiente: "Dispónese la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina. A esos fines, se deberá dar cumplimiento a las normas que oportunamente dicte el Banco Central de la República Argentina.".

Por el artículo 2° del decreto se le daba intervención a la Unidad de Información Financiera para que "...en el marco de sus competencias definidas por la Ley N° 25.246 y sus modificaciones vinculadas con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva,...en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente, verifique la necesidad de adecuar su normativa a raíz de las disposiciones contenidas en este decreto." Hasta ahora la UIF (desguazada por este gobierno a través de las reformas dispuestas por la Ley 27739 y los Decretos 891/24 y 274/25) nada ha dicho ni hecho al respecto.

En el artículo 3° se le encomienda a la ARCA (sucesora de la AFIP, disuelta por el gobierno de Milei) que "...el marco de la desregulación a la que hace referencia el artículo 1° del presente decreto, implemente en diferentes etapas y de manera gradual, para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, una modalidad simplificada y opcional de declaración del Impuesto a las Ganancias de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones. Dicha modalidad deberá elaborarse tanto sobre la base de la información con la que cuente el organismo recaudador como por la que suministren oportunamente los contribuyentes, responsables y/o terceros, y únicamente estará disponible para los contribuyentes que obtengan rentas de fuente argentina en forma exclusiva.", y agrega: "Los sujetos que resulten comprendidos en dicha modalidad, según lo disponga la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quedarán exceptuados de cumplir con la obligación prevista en los párrafos segundo y tercero del artículo 3° de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 862 del 6 de diciembre de 2019 y sus modificaciones.". (las negritas son nuestras)

Este aspecto de la cuestión -además del apetito insaciable de dólares de Caputo, que es la verdadera razón de todos los anuncios- es posiblemente el único que en algún momento depare novedades, por una sencilla razón: les permitiría a los principales contribuyentes de Ganancias y Bienes Personales (es decir, esa casta que el gobierno dice combatir pero para la cual en realidad gobierna), evadir impuestos o rebajar la carga fiscal -ya de por sí exigua- que deben soportar.

Siempre en la misma línea de venta de humo, el decreto de Milei en su artículo 8° aclara que "Ninguna de las disposiciones del presente decreto ni de las normas que se dicten en su consecuencia liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones de las obligaciones impuestas por la legislación vigente orientada a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.". Lo cual es cierto, si siguen como hasta ahora: o sea, sin producir nada concreto en materia de normas, más allá de los anuncios en la conferencia de prensa de días pasados.

Como no podía ser de otro modo y pese a que -en realidad- el gobierno nacional no hizo concretamente nada para complementar los anuncios, desde el gobierno de Pullaro salieron rápidamente a respaldar esos anuncios, pero advirtiendo que tomarían medidas para evitar que esos dólares del colchón terminen financiando actividades delictivas, o ayudando a que las organizaciones criminales laven dinero de origen ilícito. 

Lo cual demuestra que en manera de venta de humo, Pullaro y sus funcionarios son pioneros, y podrían darle clases al gobierno nacional: en ésta nota de Aire de Santa Fe los ministros Olivares y Coccocioni explican que los controles los harán a través de la "SIDE" provincial montada en los inicios de la gestión Pullaro (ver al respecto más info acá), "No será pidiendo información a todos los organismos sobre una transacción. Vamos a actuar a partir de información criminal, de inteligencia criminal. Y, desde esos indicios, abarcaremos a personas que tengan parentesco, vínculos de amistad o contactos frecuentes; ante operaciones que la inteligencia criminal detecte." 

"A partir de esos indicios, se requerirá información. Y si surgen volúmenes económicos importantes de esas personas, se procederá al bloqueo económico.". Preguntado Olivares que significa eso contesta: "Tomar medidas para evitar que esas personas realicen compras de inmuebles, de vehículos u otro tipo de transacciones. Inclusive, podemos cortarles el suministro de energía eléctrica, llegado el caso. Esas son las competencias de la Provincia de Santa Fe..". (las negritas son nuestras)

O sea: el tremendo plan anti-lavado provincial quedaría en manos de la EPE, para que haga lo que suele hacer, pero con todos los santafesinos: cortar la luz. Sin control del sistema financiero ni las aduanas, sin injerencia en las declaraciones juradas y los pagos de Ganancias o Bienes Personales, con un limitado control de la constitución de las sociedades comerciales (a través de la Inspección General de Personas Jurídicas), sería interesante ver que hace el gobierno provincial cuando obtiene "información de campo" o de "informantes" sobre posibles movimientos sospechosos de dinero de origen ilícito; y sobre todo, como impide que los sospechosos compren casas, campos, empresas o autos cuando el gobierno nacional decretó un jubileo y no piensa preguntar de donde viene la plata.

Ya vimos en su momento en esta entrada y en esta otra lo que puede hacer la provincia cuando nos venden que en Santa Fe hay "extinción de dominio" de los "bienes de los narcos": rematarlos cuando así está ordenado por la justicia en una causa, cosa que el Código Penal de la Nación contempla desde 1921. O lo que hicieron con la ley "anti mafia" 27786, ese mamarracho gestado por la mente afiebrada de Patricia y apoyado por Pullaro enfáticamente yendo al Congreso a pedir en persona su aprobación.

Horas antes del anuncio del "plan colchón" de Caputo, Patricia Bullrich decía que iban a empezar a aplicar la "ley anti mafias" (un engendro que no resiste el más mínimo análisis de racionalidad jurídica) en Rosario por ser una "zona de investigación especial" por el accionar de las bandas narco criminales. Pues bien, esa ley en su artículo 15 invita "...a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones contenidas en la presente ley, en sus aspectos procesales y de colaboración interjurisdiccional.", cosa que Santa Fe -a tres meses de su sanción- todavía no hizo. 

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jueves, 22 de mayo de 2025

"ES LO QUE LA GENTE VOTÓ"

 

Las elecciones porteñas siempre fueron leídas en clave nacional, y las de éste año no fueron una excepción, en especial para el gobierno de Milei; que las planteó como una especie de referéndum de su gestión en el centro político, financiero y mediático del país, y una PASO de la derecha antiperonista para dirimir quien conduce la Unión Democrática social.

Y está claro que los resultados allí traen consecuencias, sobre todo si te va bien como le fue al gobierno, al menos en el objetivo de arrebatarle el distrito al PRO. Prueba de ello es lo que se fue viendo en lo que va de la semana en el Boletín Oficial -donde se publican las medidas de gobierno- y en las declaraciones del presidente y sus funcionarios: es como si dijeran  (y pero aún, hicieran) algo como "Como los porteños votaron a Adorni, podemos hacer lo que se nos cante el ojete".

Así fue que en el Boletín del pasado martes se publicó  el Decreto 338 (DNU) que modifica el Código Aeronáutico Nacional ya toqueteado por el DNU 70 y la ley bases para avanzar hacia la casi total desregulación y desnacionalización del negocio aéreo en el país y la eliminación de todo tipo de regulaciones sobre la propiedad de las aeronaves, el otorgamiento de rutas de navegación y hasta la nacionalidad de los tripulantes. También el Decreto 332 por el cual Milei disuelve la "Unidad Especial de Investigación" que había creado por el caso Libra, "porque ya se cumplieron sus objetivos". 

El mismo día se publicaron el Decreto 333 que concreta la anunciaba eliminación de los derechos de importación para teléfonos celulares y satelitales (y para consolas de video juegos) y el Decreto 334, que establece un régimen especial para pequeños envíos de productos industriales desde la zona aduanera especial de Tierra del Fuego, a condición que se hagan desde plataformas digitales de comercialización (tochi, Galperín). También el martes se publicó el Decreto 339, por el cual se eliminan todas las disposiciones y programas de asistencia estatal a las Pymes contenidos en las Leyes 24467 y 25872 (Programa Nacional de Promoción del Empresariado Joven).

Al día siguiente, en el Boletín del miércoles, se publicó el Decreto 341 que modifica la Ley 26075 de financiamiento educativo para retirar al Estado nacional de la paritaria nacional docente, pero reservándose el derecho de homologar o no los convenios que las provincias suscriban entre sí en ese marco para fijar el nuevo piso salarial docente uniforme en todo el país, lo que quedará supeditado en su cumplimiento a las disponibilidades presupuestarias del Programa de Compensación Salarial Docente, que éste gobierno vació por completo de recursos.   

Y también ayer se publicó el Decreto 340 (DNU) por el cual se establece un régimen de excepción para la marina mercante nacional, que va en la misma línea de las modificaciones al Código Aeronáutico: desnacionalizar el sector ( eliminando requisitos sobre la propiedad o matrícula de las embarcaciones que hacen navegación de cabotaje, sus sociedades propietarias o la nacionalidad de la tripulación) y desregularlo por completo eliminando controles, regulaciones e interferencias estatales.

Como si todo eso no bastara, se hicieron tiempo en un apartado de éste último decreto para profundizar aun más las restricciones al derecho de huelga contenidas ya en el DNU 70 (y declaradas inconstitucionales en la justicia), que prácticamente lo tornan ilusorio. Eso sin contar con que amplían aun más los poderes que se auto-asigna el gobierno según una norma rechazada por el Senado y que solo sobrevive porque sus cómplices en Diputados se niegan a tratarlo, y la Corte Suprema tiene firmes sus nalgas sobre la causa judicial promovida en su momento por la CGT, precisamente sobre los aspectos laborales contenidos en la norma.

Otra ronda de la piñata de negocios para amigos, satisfacer reclamos de las distintas fracciones del capital, alimentar los delirios "desregulatorios" del Licurgo de idioteces Sturzenegger, hacerle concesiones a lo más fiel de su propia su base electoral, garantizarse su propia impunidad, pasar por encima de los demás poderes del Estado y hacerles saber que lo que hagan o diga les chupa un huevo, profundizar aun más la motosierra del ajuste y el desguace del Estado reduciendo sus funciones hacía lo estrictamente mínimo e indispensable (como reprimir).

Todo eso mientras avanzan a paso firme hacia la construcción de un narco-estado, para lo cual el presidente recorre los canales y radios avalando sin complejo el ingreso de dinero proveniente del delito, prometiendo que su gobierno no preguntará de donde proviene,  mirará para otro lado y no hará preguntas molestas.

Es decir, cumplir fielmente con su programa con la idea de que ahora está refrendado por el voto de la gente, lo sepan o no quienes lo votaron, y sin medir las consecuencias, o si hay gente a la que no le gusta. Quizás algunas de estas cuestiones tengamos que aprenderlas nosotros para el caso que se de vuelta la tortilla, y nos toque volver a gobernar.

Y empezar desde ahora a pensar en nuestras prioridades llegado ese caso, y nuestros propios DNU's. Claro que para eso tenemos que ponernos antes a discutir que pensamos y creemos que hay que hacer con el país, y dejar por un rato de discutir estrategias electorales, armados, listas, candidaturas, quien maneja la lapicera, cuando se vota o con que sistema, y a quien beneficia o perjudica.

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domingo, 15 de septiembre de 2024

LAVADO DE DINERO: ¿EN CONTRA O A FAVOR?

 

Por el Decreto 1470 (cuyas imágenes ilustran el post) Pullaro contrató en forma directa por casi 100 millones de pesos a la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), presidida por Juan Félix Marteau, el "experto" en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que fue funcionario de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Macri.

La gestión se encuadra en la Ley Estado de Emergencia en Seguridad Pública Nº 14237, Artículo 3 y Artículo 4 Incisos j), k) y p) y el Decreto Nº 219/24; que aprobara el régimen especial de contrataciones en ese marco. Como en la parte resolutiva del decreto no se dice concretamente para que se contrata a la Fundación (que no es una “firma” comercial, sino una institución sin fines de lucro, conforme su tipo jurídico y objeto social), hay que remitirse a los considerandos para saber de qué se trata.

En ellos se señala que “…se gestiona la contratación de servicios técnicos profesionales de asesoramiento para la implementación en la órbita del Estado Provincia de un programa de disrupción financiera y patrimonial sobre activos de origen delictivo con el objetivo de fortalecer la Política Pública en materia de Seguridad vigente, en el marco de la previsto en la Ley Estado de Emergencia en Seguridad Pública Nº 14237;…” y “Que la Subsecretaría de Articulación de Procesos de Reforma Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad solicita se gestione la Contratación de un Servicio de Diseño e Implementación de un dispositivo tendiente a la captación, sistematización y análisis de información financiera y patrimonial proveniente de economías delictivas, aplicable en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe; requiriendo enmarcar la gestión en la Ley Estado de Emergencia en Seguridad Pública Nº 14237, como contratación directa dada la imperiosa necesidad de comenzar con un diagnóstico profundo e iniciar acciones que permitan a la Provincia impedir el uso e ingreso de dinero ilícito al sistema legal, entre otras cosas;”.

A eso fines la solicitante propone que la contratación se efectúe con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), acompañando antecedentes de dicha fundación y anteproyecto de contrato de locación de servicios a suscribir. 

Pese a que en el decreto se hacer referencia a “…la convocatoria a la Contratación Directa Nº 40/24 - Ley Estado de Emergencia en Seguridad Pública Nº 14237 - Expediente Nº 00201-0270049-7, del registro del Sistema de Información de Expedientes (SIE), constando en las actuaciones el pedido de cotización con los requisitos a cumplimentar “Solicitud de Presupuesto...”, el cual fue enviado a la firma Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), advirtiéndose en autos la constancia de recepción;…”, y que en el SIE figura ese expediente como iniciado el 24 de julio y constando de 100 fojas, en el portal de la provincia en el apartado “Licitaciones” la gestión no aparece registrada.

En el decreto se hacer referencia al artículo 3 y al artículo 4 incisos j), k) y p) de la Ley 14237 de emergencia en seguridad, pero esas normas no establecen un procedimiento determinado de contratación, sino el objeto de la emergencia en seguridad en el primer caso, y acciones u objetivos específicos a alcanzar en ese marco, en el segundo.

A saber, dice el Artículo 3: “Objeto. El estado de emergencia declarado, tiene por objeto abordar integralmente todos los aspectos relacionados a la seguridad pública, facilitar la atención de las problemáticas criminales complejas, procurar la conjunción de la crisis de violencia altamente lesiva en la población y atender (') particularmente la situación de grupos sociales vulnerables, con el propósito de mejorar la calidad de vida en sociedad de la ciudadanía, resguardar los bienes públicos y privados y conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales.”.

Y el artículo 4 (en los incisos citados): “ j) Diseñar un sistema que facilite la interacción y el intercambio de datos entre diferentes órganos, sistemas y tecnologías, promoviendo la colaboración y la eficiencia operativa, de manera de agilizar los procesos de trabajo y el intercambio de información necesaria, preservando las competencias funcionales de cada órgano; k) Rediseñar los programas de formación de las fuerzas de seguridad, sus contenidos curriculares y atender la problemática de las instituciones encargadas de la capacitación, a fin de mejorar la calidad y la especificidad de la misma. Asimismo, implementar un esquema de capacitaciones a todas las personas que integran los órganos alcanzados por esta ley, que se traduzca en una mejora en los procesos de trabajo y facilite la concreción de los objetivos establecidos por la presente ley; p) Revisar los procesos administrativos de trabajo interno de todos los órganos alcanzados por la presente ley a fin de que se implementen reformas que evidencien una mejora plausible en los tiempos y en la calidad de la respuesta a la ciudadanía;”.

Es decir, nada que ver con lo que el propio modelo de contrato (ver imagen abajo) aprobado por el Decreto de Pullaro dice sobre su objeto en su cláusula primera: “...diseñar e implementar un dispositivo tendiente a la captación, sistematización y análisis de Información financiera y patrimonial proveniente de economías delictivas aplicable en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe y que se transformen en un insumo para la investigación criminal, conforme los estándares internacionales que rigen la materia, como así también, a brindar colaboración y asesoramiento para la formulación del marco regulatorio necesario para el cumplimiento del objetivo del presente contrato.”.


Tampoco se menciona en el Decreto ninguna norma concreta del Decreto 219/24 ni de los procedimientos de contratación regulados por él, ni se ha invocado ni probado -al menos en la fundamentación del acto- ninguna de las circunstancias que en el régimen de contrataciones del Estado (artículo 116 y concordantes de la Ley 12510 y Decreto 1104/16) permiten contratar en forma directa, sin mediar previa licitación pública, concurso público (si se entendiera que el factor determinante de la selección no es el precio sino los antecedentes o la experticia técnica) o concurso de precios. Es decir, la contratación directa carece de todo fundamento normativo visible que permita inferir por qué se eligió a la Fundación, sin considerar ninguna otra propuesta.

El decreto y el contrato contemplan un mecanismo de indexación de los precios del contrato, que contraviene lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley 12510, que dispone que “Los precios pactados son invariables, excepto que ello signifique una economía para el Estado.”. Y el reajuste de precios previsto en el contrato tampoco se adecúa a lo dispuesto por su reglamentación, aprobada por el Decreto 1104/16 en cuanto a que “…cuando circunstancias externas, extraordinarias e imprevisibles, sobrevinientes a la ejecución del contrato, alterasen la equivalencia de las prestaciones tornándola excesivamente onerosa para cualquiera de las partes, las Jurisdicciones o Entidades contratantes evaluarán la conveniencia de renegociar el contrato sobre la base del principio del sacrificio compartido o disponer su rescisión sin culpa de las partes.” .

La página web de la Fundación figura como “sitio en construcción”, y la única documentación a la que se puede acceder en ella son dos informes sobre el delito en la provincia de Santa Fe, de marzo y de agosto de éste año. El primero (de unas 65 páginas) contiene mayormente información disponible en los medios o aportada por el Observatorio de Seguridad Pública del gobierno provincial en gestiones anteriores (con lo cual buena parte del trabajo estaba hecho), y en el segundo (de apenas 13 páginas) se da cuenta de la disminución de los homicidios por hechos vinculados a la criminalidad compleja en los primeros meses de la gestión Pullaro, pero se aclara que no se puede precisar si eso obedece o no a las políticas de seguridad implementadas por el nuevo gobierno.

Lo curioso -o no tanto- es que el decreto dispone que el contrato con la Fundación -concluido como dijimos en forma directa, sin licitación- tenga vigencia retroactiva al 1º de agosto, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 12510, en cuanto a la mecánica que debe observarse en la ejecución de los gastos del Estado. ¿Estarán pagando de antemano las conclusiones del tercer informe? 


Si es indudable que la provincia de Santa Fe (como cualquier provincia) no tiene nada que hacer en cuestiones de terrorismo (uno de los campos de "expertise" de Marteau), es muy opinable que pueda hacer algo en materia de lavado de dinero: en el primero de los informes de la Fundación se menciona un fallo de la Corte Suprema de la provincia (causa "González de Gaetano y otros s/Asociación Ilícita, Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511891-0”), en el que determinó que la justicia penal provincial es competente para investigar y enjuiciar a los responsables de la comisión del delito de lavado de activos; y para ello sostuvo que los fundamentos esgrimidos por la CSJN en el fallo “OLIVETTO, JOSE LUIS S/INFRACCIÓN ART. 303 INC. 2A” "...no suponen un criterio contundente de aplicación general y permanente para todos los casos que versen sobre la materia y que lo dirimente para determinar la competencia será la naturaleza de los intereses en juego." 

Agrega Marteau en su informe (invirtiendo la carga de la prueba) que "...el máximo tribunal provincial consideró que los acusados no lograron demostrar que el delito de lavado de activos imputado no era consecuencia de delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la provincia de Santa Fe.". En criollo: la Corte nacional ha dicho que las provincias no tienen competencia para juzgar el delito de lavado de dinero (que desde 2011 es autónomo de los delitos que puedan haber originado el dinero de origen ilícito), y la de la provincia dice que no es tan así, y habría que verlo.

Pero en todo caso hablan de juzgar, por los tribunales previa investigación del MPA. No de investigar por el Poder Ejecutivo, asesorado por una Fundación. A menos que -considerando los antecedentes del caso y la oscuridad del procedimiento- el gobierno de Pullaro y la Fundación de Marteau se ocupen del lavado de dinero, pero no en contra, sino a favor.
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domingo, 21 de abril de 2024

SE NOS CAGAN DE RISA EN LA CARA

 

El cónclave del presidente con buen parte de la cúpula del poder económico en el país fue a puertas cerradas, sin presencia de la prensa. Imaginemos como habrá sido lo que allí se habrá hablado, si lo único que trascendió fue que Milei les dijo que los que evaden impuestos y fugan capitales son héroes, y los que compran dólares en negro, más aun.

No es que uno esperara que alguno de todos los delincuentes de guante blanco presentes se levantara indignado y se fuera al oír semejante cosa, pero no deja de asombrar en un punto el nivel de impudicia con el que se manejan estos tipos: se los puede ver en las fotos sonrientes, disfrutando del éxito de haber colocado un muñeco que les viabilice sus negocios, nada menos que con el voto popular.

Ni Macri se atrevió en sus tiempos a tanto como Milei: llegó a decir que los de su clase se veían forzados a evadir yfugar porque el Estado -en palabras de Biolcatti- era un depredador insaciable, y era una simple estrategia de defensa para proteger sus patrimonios del Leviatán estatal.

Milei redobla la apuesta elevándolos alacategoría de héroes y lo aplauden, porque además eso es lo que fue a buscar, carente de afectos como es: que lo aplaudan, por lo que sea. Y lo hace con la total impunidad que le concede no solo su vínculo de relaciones carnales con el poder económico, sino el estruendoso silencio del sistema político opositor, salvo alguna que otra voz aislada que no cambia la conclusión.

Se dirá que buena parte de esa misma oposición no se atrevió a asomar la cabeza para que no le enrostraran el vergonzoso aumento de las dietas del Senado, ajenos por completo al contexto social; y es muy posible que sea cierto.

Pero no es menos cierto que la oposición no condena los exabruptos del presidente (que acumula cada día una nueva causal suficiente para ser destituído por juicio político) en éste caso no por respeto a su investidura ni para evitar ser tildada de golpista, sino por miedo a ese poder económico concentrado y brutal -tan brutal como los dichos presidenciales- que rodeó a Milei en el Llao Llao.   

Y algo más que miedo: buena parte de esa oposición ha buscado y sigue buscando interlocución y explorando posibles acuerdos y sociedades donde solo hay enemigos: del pueblo, de sus derechos, de los trabajadores, de lo público, del país y de su desarrollo autónomo.

Si Milei dice que los evasores y fugadores son héroes y estos lo aplauden entusiasmados, es porque se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza. Otra lección para aprender y no perder el tiempo buscando unicornios azules de burguesías nacionales donde poco hay de burguesías y nada de nacionales. y simplemente estamos ante un grupo de buscas. VIP en lugar de vulgares -y habría que verlo-, pero buscas al fin.

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lunes, 27 de febrero de 2023

DESCUBREN QUE EL AGUA DEL LAVADO MOJA

 

La semana pasada se supo por boca del Jefe de Gabinete Agustín Rossi, que el gobierno nacional había respondido al pedido del gobernador Perotti para crear una delegación de la UIF (Unidad de Información Financiera) en la ciudad de Rosario. Primero el miércoles se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 85/23 (completo acá) que modificaba la reglamentación de la Ley 25246 de lavado de dinero; y luego el viernes pasado se publicó la Resolución 31 de la UIF (completa acá), que es la que efectivamente crea la nueva delegación.

Varias veces nos hemos ocupado acá de la problemática del lavado de dinero, y señalamos que abrigamos dudas respecto a la eficacia de las normas y los instrumentos diseñados para combatirlo, generados a partir de la pertenencia de la Argentina al G20, y el acatamiento de las normas y directivas del GAFI. Nuestro escepticismo se funda precisamente en que el lavado de dinero de origen ilícito (sea proveniente del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas o -sobre todo- la evasión impositiva) no sería posible sin la cooperación de entidades centrales del modelo del capitalismo globalizado; como los bancos, fondos de inversión y los denominados paraísos (en rigor, guaridas) fiscales.

La medida adoptada la semana pasada, además de responder a un pedido puntual de Perotti, se inscribe en un contexto de desborde de la violencia criminal sin control en Rosario, vinculada al narcotráfico y a la disputa de bandas por el territorio; algo que no es novedoso ni reciente, ni mucho menos. De allí que sorprende leer los fundamentos del Decreto 85 del presidente primero, que se reproducen en la Resolución 31 de la UIF, después. Veamos algunos: (las comillas son cita textual de las normas, las negritas son nuestras): 

"...en los últimos años, se han incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas con operaciones realizadas en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe." (O sea, el organismo responsable de controlar el lavado de dinero ya había advertido que en Rosario se había incrementado significativamente el reporte de operaciones sospechosas de serlo, y nada había hecho al respecto)..."...dicha ciudad es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee ante la Unidad de Información Financiera." (Chocolate por la noticia: está enclavada en el corazón de una de las regiones más importantes económicamente del país, pero hasta ahora -al parecer- no merecía que allí se instale una delegación de la UIF)  

"...la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, actualmente se erige como una localidad de vital importancia, no sólo en cuanto a cantidad de población y volumen de comercio, sino fundamentalmente, por su actual lucha frente a la criminalidad organizada en general y a los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, previstos en la Ley N° 23.737, uno de los delitos precedentes del delito de lavado de activos más significativos, en particular." (Siguen los descubrimientos sensacionales: en Rosario hay mucha gente, mucho flujo comercial y graves y serios problemas con el narcotráfico...desde hace décadas)  

"...de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina, aprobada mediante el Decreto N° 653/2022, surge: i) una gran cantidad de organizaciones criminales con asiento en la Ciudad de Rosario; ii) una actividad criminal y niveles de violencia por encima de la media nacional; iii) que constituye, además, uno de los principales puntos de destino nacionales del tráfico de droga; y iv) en materia de narcocriminalidad, el rol destacado de los transportes fluviales (a través del Río Paraná, Hidrovía Paraná-Paraguay) o aéreos (vuelos irregulares) tanto para explicar el ingreso al país de la sustancia, como su desplazamiento por el territorio nacional y, eventualmente, su posterior exportación ilícita." (O sea, ya hace un año la propia UIF hizo un relevamiento de riesgos de lavado por disponerlo un decreto presidencial, y ese relevamiento arrojó como resultados lo que cualquiera puede comprobar, con solo leer los diarios todos los días. Es al pedo, contar con inteligencia para conseguir información privilegiada es una gran ventaja, ahora se entiende lo que pasó con el atentado a Cristina)  

"Que, además, este tipo de delincuencia se viene fortaleciendo merced a los estrechos vínculos con los que cuentan las estructuras criminales, a su capacidad para movilizar enorme cantidad de fondos u otros activos y a los métodos para ocultar el origen ilícito de su patrimonio." "Que, en ese sentido, los flujos financieros y, principalmente, el lavado de activos asociado a los delitos previstos en la Ley N° 23.737 viene alcanzando un protagonismo cada vez mayor y más complejo," (Tremendo: los narcos se fortalecen porque manejan cantidades fenomenales de guita de origen ilícito, que no pueden justificar, y por eso buscan como lavarla. O sea que si había un lugar en el que investigar posible operaciones sospechosas de lavado de dinero, era Rosario...que no tenía delegación de la UIF hasta el viernes pasado)
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lunes, 30 de enero de 2023

PAYASADAS FISCALES

 

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martes, 29 de marzo de 2022

GAMBITO DE DAMA

 

Cristina movió, y cambió la agenda: los puso a todos a discutir lo que ella plantea, como sucede siempre; lo cual debería bastar por sí como hecho contundente, para que ya no le discutan ni su volumen político, ni su centralidad absoluta, para bien o para mal. Es el hecho ordenador de la política argentina, hace años.

Al impulsar que el bloque de senadores del FDT presente dos proyectos de ley para levantar el secreto bancario e imponer una contribución especial a los que tienen bienes o activos no declarados en el exterior para conformar un fondo destinado a pagar (en dólares) los vencimientos de la deuda con el FMI, está planteando la respuesta correcta a la pregunta que ella misma viene haciendo de modo insistente desde 2018, cuando Macri contrajo el mega-préstamo: quienes lo van a pagar.

El gobierno no pudo sino salir a apoyar la iniciativa, más allá de sus convicciones íntimas o especulaciones sobre la "correlación de fuerzas" en el Congreso: lo contrario hubiera significado ahondar aun más la grieta con la principal figura política del Frente, y -sobre todo- con su propia base electoral: si alguien se niega a que la deuda sea pagada como plantea Cristina, tiene que sincerar quienes y como la van a pagar.

La oposición -al igual que pasó en su momento con el impuesto a las grandes fortunas- no pudo evitar la celada, y salió rápido y de pálpito a defender evasores de impuestos, fugadores de capitales y lavadores de dinero de dudoso origen, dándose vuelta en el aire de su arsenal teórico ensayado contra el kirchnerismo: ahora, de pronto, se volvieron garantistas y creen firmemente en la presunción de inocencia, no les interesa tanto "recuperar lo robado" y se oponen a un impuesto que -dicen- es imposible de aplicar. Esto es lo que son y lo que fuero siempre, en todo caso la astucia de Cristina es exponerlos a la luz, en toda su miseria.

Aunque pasó desapercibido porque se discutían otras cuestiones más acuciantes como las tarifas de los servicios públicos, las normas y mecanismos para combatir el lavado de dinero también fueron parte de las negociaciones entre el gobierno y el FMI para renegociar la deuda. Precisamente de esa supuesta preocupación del Fondo sobre el tema, se agarró Cristina para tratarlo con el embajador de Estados Unidos: otros que se verá forzados a tomar posición, a ver que tan comprometidos están en la cruzada.

Más allá de las dificultades que el proyecto pueda enfrentar en el Congreso y hasta de las legítimas dudas que pueda plantear sobre su factibilidad, cualquiera medianamente avispado se da cuenta que Cristina no ignora lo que pueden llegar a hacer o no los yanquis "cooperando" en detectar evasores, fugadores y lavadores: en su propio gobierno trasladó al país las normas y recomendaciones del GAFI a pedido del G20 (incluyendo la llamada ley antierrorista) buscando el apoyo de Obama en la disputa con los fondos buitres, sin conseguir ni una cosa ni la otra: ni ayuda para enfrentar a Paul Singer y sus muchachos, ni condenar a nadie por lavado de dinero; esa omisión inveterada de la justicia argentina que a nadie parece molestarle, porque nunca hubo sospechosos kirchneristas.

De esto no debe inferirse que el planteo que subyace en los proyectos sea ingenuo, sino todo lo contrario: no se le puede pedir a Cristina (que ni siquiera integra formalmente el Senado como para votar) que adopte decisiones concretas que corresponden al Congreso o al Poder Ejecutivo. Pero si se le puede pedir (como le pidieron cuando se opuso al arreglo con el FMI en los términos en que estaba planteado) caminos alternativos, para salir de los laberintos a los que nos condujeron Macri con su espantoso gobierno primero, y Alberto con sus vacilaciones y reculadas, después.

Y eso es precisamente lo que Cristina está haciendo, con la misma línea de discurso y el mismo horizonte de rumbo político que viene planteando, cada vez que opinó al respecto, hace cuatro años. Y haciéndolo acaba de hacer el mayor aporte a la tan reclamada unidad que se hizo desde las PASO del año pasado hasta acá, como mínimo: si Alberto y el gobierno están convencidos que el proyecto marca el camino y lo apoyan con convicción -es decir, no para la tribuna- hay un montón de discusiones que se pueden dar por saldadas. Es como si CFK les preguntara "¿Y vos chabón , de qué lado estás?".  

Tuits relacionados: 

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lunes, 18 de octubre de 2021

LOS BOLSOS DE SHANAHAN

 


Leíamos ayer en Rosario 12: "Una investigación que se inició con el seguimiento a una serie de bunkers en Villa Banana terminó con el allanamiento a una financiera de España al 800, propiedad del ex titular del Puerto de Rosario Gustavo Shanahan. Los federales llegaron a esta "cueva blanca" - tal el nombre del operativo- siguiendo a los vendedores de estupefacientes, a quienes les vendían moneda extranjera. El detenido es un conocido actor de la city rosarina, ex director del Puerto de Rosario y del complejo de barrios cerrados Los Pasos del Jockey Club de Rosario." (las primeras negritas son del original y las otras nuestras)

Hace 10 años atrás, allá por el 2011 y durante el gobierno de Binner,  escribimos acá: "Y otro caso interesante para analizar desde esa perspectiva es el de los barrios privados que está construyendo un fideicomiso del Jockey Club de Rosario denominado Proyecto Urbanístico S.A.; que se lanzó en el 2007 y del cual tienen acá detalles. Se trata de ocupar casi 200 hectáreas linderas al country del Jockey Club de Rosario.".

"A principios de este año se realizó un acto en la Municipalidad de Rosario, con la presencia del intendente Lifschiz y Binner, para formalizar el traspaso de las obras complementarias comprometidas por el fideicomiso: una escuela y un centro de salud, con las que el socialismo pretende cohonestar la privatización del desarrollo urbano de la ciudad; que es lo que verdaderamente importa en este caso. El señor remarcado con el círculo es Gustavo Shanahan, que era hasta hace poco (el acto fue en febrero) el presidente del directorio de Proyecto Urbanístico S.A., el fideicomiso del Jockey Club de Rosario que desarrolla la construcción de los barrios privados.".

¿Por qué decimos "era"? Porque el Jockey Club se vio obligado a separarlo de su cargo porque -al parecer- el amigo Shanahan tuvo un problemita con unos chequecitos rebotados. Y su separación de la administración del fideicomiso, derivó en que se pidiera su raje de otro lugar, al que pertenece: el ENAPRO (Ente Administrador del Puerto Rosario),..".

"El ENAPRO es un ente público no estatal, en el que participan la provincia de Santa Fe (que designa a su presidente), la Municipalidad de Rosario y los sectores empresariales privados vinculados a la actividad portuaria. Es quien gestiona la administración y explotación del puerto, aunque en realidad ha concedido esa explotación a una empresa privada: hoy, Terminal Puerto Rosario (TPR) S.A.; una empresa que estuvo al borde de la quiebra y logró licuar sus deudas mediante una propuesta altamente favorable para que el grupo Vicentín (de la poderosa aceitera del norte provincial) se la quedara por monedas." (las negritas son nuestras)

"Hete aquí que el amigo Shanahan, antes de ser funcionario del  ENAPRO (y por ende, encargado de controlar  a la concesionaria TPR S.A.) era uno de los directores de Terminal Puerto Rosario (TPR) S.A.; probablemente al mismo tiempo que mandaba cheques que rebotaban en el fideicomiso del Jockey Club, para construir cuatro barrios privados en una zona aledaña al arroyo Ludueña. Y en su condición de miembro del directorio de TPR S.A. (la concesionaria encargada de la operación del puerto Rosario), firmó con la provincia de Santa Fe y el ENAPRO, un convenio;...".

"Por ese convenio, se le ceden al gobierno de la provincia los terrenos necesarios para la construcción del Puerto de la Música; la "obra emblemática" del socialismo, y que aun no pudo comenzarse; justamente porque los obreros del puerto temen perder sus trabajos si avanza, porque se afectaría la actividad portuaria. En su primera versión, la empresa TPR S.A. (es decir el concesionario privado) tomaba a su cargo las obras para garantizar que el puerto de Rosario no se viera afectado operativamente por la construcción del Puerto de la Música, incluyendo la construcción de un nuevo muelle sobre el río Paraná; a cambio de lo cual le prorrogaban la concesión (que dura hasta el 2032) por siete años, hasta el 2039.".

"Por eso en representación del ENAPRO está en la firma del convenio su entonces presidente Jaime Ferré, que luego se alejaría del organismo y sería reemplazado por Angel Elías. Y Ferré se fue por una razón muy sencilla: se firmó un segundo convenio con el ENAPRO y la provincia (representada por el mismísimo Binner), liberando a la concesionaria TPR S.A. de la obligación de construir el muelle (obligación que pasaba a recaer en el Estado provincial), pero a cambio le mantenían (y mantienen) la prórroga por siete años de la concesión, sin contraprestación. Todo sea por seguir a todo trance con la obra del Puerto de la Música, que además está muy floja de papeles, porque no consiguió todavía la autorización del gobierno nacional (más concretamente un decreto de Cristina) que exige el artículo 8 de la Ley 24.093.". (Salvo indicación en contrario, las negritas son nuestras)

Dos años después, en el 2013, contábamos acá como el amigo Shanahan confesó que los catalanes que manejaban en sus tiempos TPR (Terminal Puerto Rosario) lavaban a través de ella dinero proveniente del nacrotráfico. O sea que los 34 millones de pesos hallados ahora en bolsos en su "cueva" no deben sorprender: la cosa viene de lejos, tanto como los vínculos del socialismo con estos personajes, aunque después se enojen si les dicen "narcosocialismo".

Y si no recordemos que en el 2011 Binner le quiso prorrogar hasta el 2039 a TPR (donde entonces Shanahan era ejecutivo) la concesión del puerto de Rosario que recién vencía en el 2032, del mismo modo que Lifschitz en el 2019 (cuando estaba a punto de dejar el gobierno, porque habían perdido las elecciones), se la quiso prorrogar nuevamente a la misma empresa, pero ahora controlada por el Grupo Vicentín, hasta el 2057, o sea por 25 años más de la concesión original. Tuits relacionados de éste mismo año: 

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martes, 5 de octubre de 2021

RECORDATORIO DE LO OBVIO

 


* No debe sorprender a nadie que en cualquier lista de cuentas off shore en paraísos fiscales figuren Macri, sus familiares, socios o amigos. Lo raro sería que no estuvieran, o que aun no haya aparecido alguna cuenta trucha a nombre de Antonia, o del perro Balcarce.  

* Tampoco debería sorprender que salgan rápido a aclarar que tener una cuenta off shore no es delito, o que intenten justificarlo porque e el país no están dadas las condiciones para invertir dejando la plata acá: hace poco el propio Macri confesó muy suelto de cuerpo que en la Argentina para hacer fortuna, hay que evadir impuestos, y una off shore es siempre -pero siempre- para eso, y para reciclar guita de origen dudoso, o lisa y llanamente ilegal.

* Menos que menos debería sorprender que los medios opositores le bajen el volumen a la noticia, a menos que de algún extraño modo puedan relacionarla con Cristina y el kirchnerismo. Alconada Mon y otros escribas del poder están en estos consorcios de periodistas no para descubrir información reservada, sino para controlar que la que ya saben que existe y puede perjudicar a sus patrones, no se difunda públicamente.

* El nivel de truchada de todo el episodio está marcado, entre otras cosas, precisamente por el hecho de que nunca figuran en esas listas periodistas, ni dueños de conglomerados de medios. Y por la circunstancia de que las revelaciones (como sucedió con los Panamá paper's y los Wikileaks) no provocan ningún cambio en la regulación internacional de los paraísos fiscales o la banca off shore, por la simple y sencilla razón de que son los instrumentos diseñados por el capitalismo financiero global (y usados incluso por los gobiernos de los país centrales para reciclar dinero destinado a operaciones non sanctas) para poner a buen resguardo el dinero evadido al fisco, o proveniente de delitos.

* Lo indicado en el punto anterior debería servirnos para revisar el seguidismo que se ha hecho en el país de las recomendaciones del GAFI, de resultas del cual se han perpetrado mamarrachos varios en la legislación penal, sin lograr avanzar un centímetro en la lucha contra el lavado de dinero proveniente de la evasión impositiva o el delito. Baste señalar al respecto el mamarracho de la UIF en tiempos macristas, y su casi nula eficacia en general, desde que existe. 

* El episodio tiene y tendrá significación electoral nula, y es absurdo esperar lo contrario: quienes votan al macrismo lo hacen sabiendo estas trapisondas, e incluso las justifican con los mismos argumentos de sus autores. Más aun: son parte de una cultura aspiracional que no solo justifica y aplaude estas cosas, sino que las replicaría si pudiera, y les diera el bolsillo para hacerlas.

* Por más denuncias que se hagan, tampoco el caso tendrá demasiada trascendencia en los tribunales, fuera porque consideren que no existe delito, o porque los posibles delincuentes son los tipos más poderosos del país, y el Poder Judicial está, antes que nada, para preservar sus intereses y privilegios.

* Hace pocos días un bobo economista libertario (de los que tanto abundan) decía que era falso que al país le faltaran dólares, porque los argentinos tenían miles de millones en cuentas off shore y activos en todo el mundo, cuando precisamente esos son los dólares (fruto de la evasión, la valorización financiera de los excedentes y la fuga de capitales) que le faltan al país para completar su ciclo de desarrollo. Y los impuestos evadidos y off shorizados son los que faltan en los hospitales, las escuelas, las rutas o las viviendas.
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martes, 1 de diciembre de 2020

TRANSPARENCIA Y COSO

 


La Argentina es ese raro país donde los mayores evasores se quejan de la presión impositiva y piden rebajas de impuestos, que tuvo hasta hace poco un presidente que justifica fugar la guita afuera y tener depósitos, cuentas y activos en paraísos fiscales porque acá el Estado los agobiaba con impuestos.

Y por esa razón, los cultores del "respeto a las normas" aprobaron el blanqueo de capitales más amplio y generoso de nuestra historia, sin la condición -por primera vez- de tener que repatriar los fondos que los que blanqueaban tenían en el exterior. Todo eso, mientras en el mundo estallaba el escándalo de los "Panamá paper's" y sus coletazos que implicaba personalmente al propio Macri, y mientras acá nos distraían a todos con el show de las motoniveladoras de Marijuan escarbando media Patagonia en busca de las bóvedas ocultas con la plata que supuestamente se afanó el kirchnerismo.

En el colmo del ridículo, hace poco, cuando la Cámara de Diputados de la nación discutió el llamado impuesto a las grandes fortunas, el presidente del interbloque de "Juntos por el Cambio", Mario Negri, no encontró mejor modo de defender a los 10 0 12 mil tipos más ricos del país que lo tendrían que pagar, que decir que las grandes fortunas no estaban en el país sino en los paraísos fiscales.

La fuga de capitales (técnicamente conocida como "formación de activos externos") quizás sea el rasgo estructural más perdurable de nuestra economía, junto con la restricción externa; y acaso en un punto estén conectadas: buena parte de los dólares que nos faltan para sostener el crecimiento se van por la canaleta de la fuga, en sus diversas formas.

La fuga es el resultado tanto de la dolarización de excedentes "por derecha" como consecuencia de las altas rentabilidades de los sectores más concentrados de la economía, como "por izquierda" por la evasión impositiva, y en una zona gris entre ambas, la elusión, es decir el lobby para seguir gozando de exenciones impositivas o rebajas o diferimientos. 

De allí para arriba y para abajo todo lo que se puedan imaginar: triangulación de operaciones entre empresas de un mismo grupo económico, sobre y sub facturación de importaciones y exportaciones, precios de transferencia. La fuga es lo que verdaderamente se lleva los recursos que deberían ir a la inversión necesaria para sostener el crecimiento, más que cien "impuestos a las grandes fortunas". Y otro tanto para los delitos financieros o vinculados a los mercados de capitales: uso de información privilegiada, por ejemplo. 

Pero al lado de la fuga en sí, está toda la estructura jurídica que proveen los paraísos fiscales para canalizarla, e incluso para utilizar esas sociedades y empresas cáscara para operar en el país sin pagar impuestos. Al respecto, leemos en La Política Online que la diputada Fernanda Vallejos (FDT) presentó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral para "... el control del estricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia en las distintas etapas de prevención, detección, investigación, persecución, proceso y recuperación de activos producto del delito...", en especial de los delitos financieros. También es de su autoría el proyecto aprobado por la Cámara el mes pasado para excluir de todo beneficio fiscal, impositivo o de protección estatal a las empresas que operan con paraísos fiscales, están constituidas en ellos o vinculadas a sociedades que allí funcionan. 

Según la iniciativa, la comisión podrá "Investigar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa vinculada con la Prevención y Lucha contra los Flujos Financieros Ilícitos, en los casos tales como: Blanqueo de Capitales, Evasión Fiscal, Planificación Fiscal Abusiva, Fraude Fiscal, Fraude de Inversiones, Fraude Informático, Utilización de instalaciones bancarias y corporativas extraterritoriales o jurisdicciones de baja o nula tributación o no cooperantes, para llevar a cabo objetivos delictivos por parte de los agentes económicos, entidades jurídicas, entidades financieras y organismos reguladores.". 

Contará para ello con amplias  facultades, tales como solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con los hechos objeto de investigación, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales, u ordenar la citación de testigos, funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales.

Se podrá discutir sobre la eficacia de las comisiones parlamentarias, pero no deja de ser interesante que se pongan estas cuestiones en el tapete discutiéndolas en el Congreso nacional, para exponer además la hipocresía de algunos, que ya se manifestó cuando se discutió el anterior proyecto de Vallejos y hablaban de que así "se espantan las inversiones" y cosas por el estilo. Porque estas regulaciones están presentes -que se cumplan o no es otra cosa- en los que esos mismos no vacilarían en calificar como países serios, y en las recomendaciones del G20 y el GAFI, por ejemplo.

Si el proyecto se aprueba y al mismo tiempo se opera el proceso de "des-offshorización" de la Argentina que comenzó con las nuevas normas de la Inspección General de Justicia (IGJ) aprobadas por Ricardo Nissen a poco de asumir en el organismo restringiendo la actividad en el país de las sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales, se podrá tener un mapa más claro de éste tipo de prácticas que permitan avanzar en regulaciones públicas más inteligentes y eficaces para impedirlas.
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