EL INFIERNO ESTÁ ENCANTADOR

Uno hubiera pensado que llamarle a una cárcel para delincuentes de alto perfil "El Infierno" era una expresión de uso coloquial, a la que apelaba el bukelismo discursivo de Pullaro para dirigirse a un público ávido de discursos manoduristas, hasta que se encuentra con que es usada en la propia comunicación institucional del gobierno, como podemos ver acá en el portal oficial, nota a la cual corresponde la imagen de apertura.

"Infierno" remite a un lugar no tanto aislado como de tormento permanente para el castigo y expiación de las culpas de los que tienen la desgracia de caer allí. Aunque sería ocioso hacerlo para cierta gente (Pullaro entre ellos) a la que la cuestión le chupa un huevo, no está de más recordar lo que dice el artículo18 de la Constitución Nacional: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice."

Y si bien estamos ante alguien que -como Pullaro- se jactó en la campaña a convencionales constituyentes de garantizar que la nueva Constitución provincial no sería "garantista", lo cierto es que su artículo 14 dice algo más o menos parecido, como no podía ser de otra manera: "Quedan prohibidos la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y cualquier otra forma de violencia sobre las personas sometidas a privación o restricción de su libertad ambulatoria." (y) "Los establecimientos de privación de libertad deben ser sanos y limpios, adoptando las medidas necesarias para otorgar un trato adecuado conforme a la situación procesal, el género y la edad.".

Descartado entonces que lo de "El Infierno" venga por el lado de la tortura (aunque el uso de la expresión es deliberado para que el subconsciente social haga el resto), nos aclara el propio Pullaro en la nota que el fin de la nueva cárcel es otro: "Vamos a separar a los presos más violentos para romper el vínculo con el afuera." Y acá empiezan las preguntas, al menos las nuestras, porque nunca las hay del periodismo amigazo: ¿Serán más violentos por los delitos que cometieron para ir presos, o dentro del propio penal?, si es esto último ¿Cómo sería conveniente poner a todos los violentos juntos en el mismo lugar? ¿El aislamiento con el afuera no se podía conseguir de otro modo, como por ejemplo con los famosos inhibidores de señal de celular que tanto propagandizó el gobierno, o restringiendo las visitas o el acceso a Internet?

Pero sigue Pullaro en la nota: "(el gobernador)...destacó “la inversión que estamos llevando adelante y fundamentalmente la decisión de poder terminar la infraestructura penitenciaria que será para 1.150 reclusos de alto perfil” y recordó que a la par en ese predio se están construyendo “dos cárceles más que tendrán alrededor de 1.950 detenidos cada una”."(y) "A la Unidad Penitenciaria N°8 “El Infierno” serán trasladados “alrededor de 500 reclusos que hay actualmente en los tres niveles de alto perfil: 70 en el nivel 1; 176 en el nivel 2; y casi 300 en el nivel 3”, afirmó Pullaro, lo que permitirá, según el mandatario, “seguir separando a los detenidos más conflictivos y violentos de la provincia para romper el vínculo con el afuera”." 

Lo que nos dispara más preguntas: ¿Los presos que van a ir a "El Infierno" son entonces 1150, o hay que sumar los de las otras dos cárceles y ya superarían los 5000?. ¿Son presos con condena firme cumpliendo su sentencia (que en algún momento concluye), o hay procesados con prisión preventiva que en cualquier momento podrían salir en libertad? Preguntamos para ir sabiendo si "los detenidos más conflictivos y violentos de la provincia" podrían estar en algún momento caminando entre nosotros; porque hasta donde sabemos, del infierno original nadie volvió. 

Sigue entusiasmado Pullaro: "...es una obra pública de impacto que esperamos terminarla rápidamente para que los presos que están en otros penales vengan a esta de alto perfil”." (y) "...se trata de la primera cárcel para reclusos de alto perfil -donde irán a parar narcos y sicarios- que se construye en Piñero, y será única en su tipo en Sudamérica.". ¿El narcotráfico no era un delito federal según se cansaron de aclararnos durante 12 años los gobiernos del Frente Progresista, entre ellos el de Lifschitz del cual Pullaro fue ministro de Seguridad? Si esto es así ¿Qué hacen narcos en cárceles de la provincia, sobre todo ahora que la nación inauguró (al menos para la foto) la nueva cárcel federal de Coronda? ¿Significa que la provincia -que por años reclamó en vano una compensación por los presos federales alojados en cárceles provinciales- está invirtiendo fortunas en construir una nueva cárcel para detenidos y condenados por causas en la justicia federal? Si hay 5000 narcos y sicarios sueltos y considerando los índices de eficacia del Poder Judicial esclareciendo delitos y condenando a sus autores ¿Cuántos son los que están sueltos y haciendo de las suyas?

Pero el delirio bukelista del gobernador no es gratis: lo que Pullaro y su gobierno denominan "El Infierno" (y en realidad se denomina "Unidad Penitenciaria N° 8 Alto Perfil" de Piñero), y el propio gobernador adjudicó las obras y el equipamiento por un monto que en conjunto el propio presupuesto provincial 2026 aprobado hace poco por la Legislatura estima en 148.013 millones de pesos; o lo que es lo mismo, cuatro (4) puentes entre Santa Fe y Santo Tomé considerando la oferta original adjudicada para esa obra, o dos y medio (2,5) si se tienen en cuenta las redeterminaciones de precios ya aprobadas.

Por el Decreto 509 del 26 de marzo de 2025 se adjudicó la construcción de cuatro módulos penitenciarios a ING. PEDRO MINERVINO S.A., para el Módulo A, por un monto de $ 24.494.557.566,93, PECAM S.A., para el Módulo B, por un monto de $ 24.497.968.522,47, EDECA S.A., para el Módulo C, por un monto de $ 24.498.562.077,68 y DYSCON S.A., para el Módulo D, por un monto de $ 24.936.418.296,78. Por el Decreto 1783 del 19 de agosto de 2025 se adjudicó la construcción del doble muro, el edificio del control de ingreso y edificios complementarios a DEPAOLI & TROSCE CONSTRUCTORA S.R.L. por $ 27.797.725.629,32; y finalmente por el Decreto 1784 del 19 de agosto de 2025 se adjudicó la construcción del edificio exterior y obras de infraestructura a COEMYC S.A. $ 20.998.862.634,26. Como dijimos en su momento, un loteo "civilizado" entre habitués de la obra pública provincial.

Aunque Pullaro dice en la nota que las obras alcanzaron una ejecución del 40 %, según los datos oficiales y en términos estrictamente financieros, es del 33,07 % a diciembre del año pasado; lo que significa casi 48.951 millones de pesos ya gastados en la obra, otra vez: más de un puente entre Santa Fe y Santo Tomé, según la oferta original adjudicada. Sigue el gobernador: "Pullaro remarcó que será “una cárcel de máxima seguridad” por la que se lleva adelante una “inversión que no se hizo nunca en la provincia”, y recordó que en “100 años se hicieron 3500 celdas mientras que en 4 años de gestión vamos a hacer más de 3500 contando la ampliación de los penales en Santa Felicia, Coronda, Las Flores, Recreo y estas tres nuevas cárceles”, siendo “el gobierno que más cárceles hizo”,...". 

Lo que nos recuerda lo que hace unos días decíamos en esta entrada: "El presupuesto contempla $ 61.048.275.000 en obras de refacción, mantenimiento y ampliación de escuelas, y construcción de nuevos establecimientos educativos en toda la provincia. Para los mismos fines, pero en las cárceles, contempla $ 172.460.308.000, o sea 2,82 veces más. Toda una definición del modelo de gestión de Pullaro: donde haya una escuela, habrá tres cárceles.".

Los 70.704,5 millones de pesos que el gobierno provincial piensa invertir (según el presupuesto) en "El Infierno" éste año representan el 41 % de la inversión total en infraestructura penitenciaria, y supera en un 15,81 % (9656 millones de pesos) lo que -según el mismo presupuesto- piensa invertir en infraestructura escolar, en toda la provincia: cada uno pasa a la historia como elige pasar.

LAS PERLAS DE PULLARO (3° PARTE)

Una más, y no jodemos más (las otras dos, acá y acá): el presupuesto provincial 2026 aprobado por la Legislatura contiene (como todos los años) el plan de obras públicas con identificación de proyectos, cronograma financiero y físico de ejecución; lo que permite establecer el grado de ejecución de las obras que están en marcha, las obras nuevas que se iniciarían este año y cuando concluirían ambas. Así nos encontramos que: 

* Se contemplan una gran cantidad de obras bajo el rótulo "Obras nuevas a iniciar" con un crédito asignado -en todos los casos- de 10 millones de pesos cada uno, y a concluirse este año porque no se prevén fondos para los ejercicios sucesivos. Si esos datos son ciertos, el gobierno de Pullaro está diciendo -por ejemplo- que durante 2026 construirá por ese monto un nuevo puente sobre la laguna Setúbal acá en Santa Fe, y por un monto equivalente completará la urbanización -en el marco del RENABAP- de Playa Norte, también acá. 

Parece raro porque el mismo presupuesto contempla $ 3.105.437.000 (o sea 31 veces más) solo para terminar las remodelaciones de los canteros centrales de las avenidas Aristóbulo Del Valle, 7 Jefes y JJ Paso en Santa Fe, pero será cuestión de estar atentos a las inauguraciones entonces. Lo mismo con la obra (podada en su proyecto) del nuevo edificio para el Instituto Superior "Almirante Brown": según el presupuesto, con los 4100 millones de pesos que piensan gastar este año (el 10 % del presupuesto en publicidad oficial) lo terminan.

* Con la misma metodología ya expuesta, el presupuesto que diseñó e hizo aprobar Pullaro dice que este año van a terminar la ampliación de la planta potabilizadora de ASSA en Santa Fe (invirtiendo 35.400 millones), y el acueducto San Javier-Tostado, al menos en el tramo Tostado-Villa Minetti; dos obras que habían obtenido financiamiento nacional durante el gobierno de Perotti, y que quedaron paralizadas por la motosierra de Milei. Si el presupuesto se cumple, agua no va a faltar entonces, veremos que pasa.

* Y hablando de puentes, el nuevo a Santo Tomé que se está construyendo lleva -según el presupuesto- un 12 % de ejecución (en casi un año de obra) y se invertirán en él este año 14.000 millones de pesos, que representan el 23 % del total del proyecto. También dice el presupuesto que el 65 % restante (o sea los dos tercios de los trabajos) se ejecutarán el año que viene, hasta concluir la obra antes de que Pullaro finalice su mandato.

También dice que la obra -originariamente adjudicada en 39.000 millones de pesos a COCYVIAL, la empresa propiedad de Nahuel Caputo, el accionista mayoritario del diario "El Litoral"- terminará costando 58.825 millones (un 50,83 % más  en algo más de dos años), sin contar futuras redeterminaciones de precios en el marco de la Ley 12046. 

* El presupuesto contempla $ 61.048.275.000 en obras de refacción, mantenimiento y ampliación de escuelas, y construcción de nuevos establecimientos educativos en toda la provincia. Para los mismos fines, pero en las cárceles, contempla $ 172.460.308.000, o sea 2,82 veces más. Toda una definición del modelo de gestión de Pullaro: donde haya una escuela, habrá tres cárceles.

* Otra definición parecida, y del mismo cuño ideológico: mientras el presupuesto contempla $ 593.077.000 (menos de 600 millones) para un "Programa de Conectividad en Barrios Populares", asigna $ 48.201.501.000 para video vigilancia, es decir, instalación de cámaras de seguridad: podría decirse que gastarán 81,27 veces más en vigilar, que en integrar digitalmente a los santafesinos que viven en las condiciones más desfavorables.    

* En el programa de gasoductos (tan promocionado por Pullaro) se harán obras por $ 6.559.926.000, o lo que es lo mismo, el equivalente a unos 56 días (menos de dos meses) del gasto en publicidad oficial.

* En la organización de los Juegos Odesur se gastarán $101.505.040.000 (más de cien mil millones), de los cuales $ 32.075.161. 000 (casi la tercera parte) se transferirán en forma directa a la "asociación civil" formada expresamente para eludir las normas de contratación del Estado provincial: más información al respecto, acá.

¿SERÁ EL MISMO HOSPITAL?

 

La historia del nuevo hospital regional de Rosario es larga: era uno de los famosos "8 hospitales en toda la provincia" de la propaganda del socialismo, y la obra fue originariamente adjudicada por Binner en el 2011: en ésta entrada pueden ver más detalles al respecto; pero lo cierto es que 14 años después, no está terminado aun.

Tanto que Pullaro por el Decreto 3116 cuya imagen abre el post adjudicó la etapa final a una UTE integrada por tres conocidas de la obra pública provincial, tantos en los gobiernos del Frente Progresista como en el actual: DINALE, EDECA y PECAM. Por cierto: esta etapa final tiene un plazo de ejecución de tres años, lo que supone que el hospital no estaría terminado antes de finales del 2028, 17 años después de habérselo empezado.

Como da cuenta el decreto, el presupuesto oficial para esa etapa final al mes de marzo de éste año era de $ 70.614.801.339,63; y la obra termina siendo adjudicada en diciembre a una oferta que cotizó en agosto (o sea, cinco meses después de confeccionado el presupuesto) $ 47.857.000.000; es decir un 32,23 % menos. O sea que en una obra que ya lleva 14 años de empezada sin concluirse, se tomaron cuatro meses para decidir la adjudicación, con esa diferencia entre presupuesto oficial y oferta más conveniente; como si algo no cerrara. 

Diferencia que además existe pese a que según surge de los propios datos oficiales del gobierno de la provincia a través del IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos), el costo de la construcción en el Aglomerado Gran Rosario lleva acumulada a octubre (último dato disponible) un alza anual acumulada del 16,6 %, e interanual del 22,4 %: ver los datos acá. 

Todas las demás ofertas estuvieron por debajo del presupuesto oficial, en rangos que van desde el 10,12 % hasta el 19,36 %; con diferencias entre la ganadora y la más cara del 24,60 %, lo que ya de por sí es mucho.

A diferencia de los casos en que la oferta ganadora es más cara que el presupuesto oficial, en éste caso no se actualizó éste último, aunque imaginamos que de solo aplicarle el índice de precios de la construcción a que antes hicimos referencia, la diferencia sería aun mayor.

Tanta que uno se pregunta si el presupuesto oficial fue confeccionado por alguien que no entiende del tema, o las empresas que ofertaron (y en especial las que forman la UTE ganadora) están pensando en construir un hospital igual al que licitó la provincia. 

ESTABAN FLOJOS DE PAPELES NOMÁS

 

Tres meses atrás contábamos nosotros en ésta entrada que el gobierno provincial había ideado un mecanismo para subsidiarles a las empresas contratistas de obra pública los intereses de los préstamos bancarios que contrajeran en el sistema financiero; usando como garantía los certificados de obra pendientes de pago.

La operatoria se instrumentó primero a través del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (agente financiero del Estado provincial según contrato concedido por los gobiernos del Frente Progresista desde 2009), y se amplió después al Banco Municipal de Rosario, en lo que constituye un doble ayudín con recursos de todos los santafesinos: a las empresas contratistas, y al banco manejado por Javkin, y antes y por años por el socialismo.

Rubro en el que éste gobierno (que restableció el fideicomiso para la explotación de la autopista que Perotti había cancelado para que la administrara Vialidad provincial) no ha inventado nada, ni mucho menos: desde la tarjeta alimentaria al fideicomiso del Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales y los depósitos judiciales de Rosario pasando por otros curritos menores, los salvavidas provinciales a la entidad financiera municipal son múltiples. 

Al analizar el proyecto de presupuesto que envió el mes pasado Pullaro a la Legislatura, decíamos en ésta otra entrada "...el artículo 58 del proyecto autoriza al gobierno de Pullaro a suscribir con entidades bancarias convenios de pago a proveedores y/o contratistas y/o adherir a líneas de financiamiento asociadas a la ejecución de gastos de capital, facultándose a compensar los costos financieros que surjan de la operatoria; lo que significa que el mecanismo por el cual la provincia les subsidia a las empresas contratistas los intereses de los préstamos bancarios que contraigan que describíamos acá, estaba flojito de papeles en términos legales.".

Pues bien, el Decreto 3064 firmado por Pullaro y su ministro Olivares el lunes pasado cuya imagen encabeza el post no hace más que confirmarlo: por él el gobernador está delegando en el ministro de Economía "...la aprobación de los Modelos de Acuerdos a celebrarse con instituciones bancarias para brindar asistencia financiera a contratistas de obra pública del Estado Provincial y su posterior suscripción...".

Pero la firma de esos convenios queda supeditada al momento "...cuando el ordenamiento jurídico vigente haya autorizado al Poder Ejecutivo a formalizar dichos acuerdos." . 

Para el caso en que se interpretase que ese "cuando" ya pasó (y por ende si hay una norma que dice que los convenios los firma el gobernador, por la delegación que dispone el decreto los pasaría a firmar el ministro), la pregunta es cual sería entonces el sentido del artículo 58 de la ley de presupuesto para el 2026 que está por tratar la Legislatura, que propicia que se lo autorice a Pullaro a firmar (ahora, no antes) ese tipo de acuerdos.

El Decreto 3064 dice en sus considerandos que "...a instancia de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y en virtud de los beneficios reportados por la ejecución del Programa en cuestión se decidió sumar una nueva entidad bancaria a fin de continuar con sus lineamientos en iguales condiciones de financiamiento que las ya dispuestas en los acuerdos con el agente financiero provincial;..."  , y que "...siendo éste el segundo año consecutivo de la implementación del “Programa de asistencia financiera a contratistas de obra pública del Estado Provincial” se ha evaluado la posibilidad de incluir nuevas entidades bancarias a los fines de ampliar las líneas de financiación, lo que contribuiría a un mayor y más variado acceso al Programa por parte de los contratistas;...". (las negritas son nuestras)

Además de saber cuantos recursos del Estado provincial (y por ende de todos los santafesinos) se llevan gastados en éste subsidio al endeudamiento privado (porque de eso se trata), aspecto sobre el cual el decreto firmado el lunes por Pullaro y Olivares nada dice, sería muy interesante saber por qué toda la operatoria no debería ser considerada flojísima de papeles desde el punto de vista legal.

Al respecto, no está demás recordar que el artículo 65 de la Ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado establece que "Los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que el Poder Ejecutivo otorgue a personas físicas o jurídicas ajenas a este sector, deben contar con autorización legislativa.". 

BARATO SEGURO NO FUE

 

Unas semanas atrás te contábamos en éste posteo como el gobierno de Pullaro instrumentó un sistema para financiarles a las empresas contratistas de obra pública los préstamos bancarios que pidan, asumiendo la provincia parte del pago de los intereses correspondientes.

Decíamos entonces que "...se otorga a las empresas una línea de créditos con tasa subsidiada por la Provincia, es decir que a los intereses del crédito no lo pagan las empresas, sino la Provincia, y como garantía del crédito que otorga el Banco, los contratistas dejan en prenda los derechos que surgen del certificado de obra impago."

Y agregábamos que "Mediante el programa, la empresa contratista puede tomar un crédito bancario en base al certificado de obra que la Provincia le adeuda. Concedido el crédito por la entidad bancaria, al interés que se debe pagar por ese crédito no lo paga la empresa, ya que los intereses del crédito son pagados por la Provincia de Santa Fe, es decir por todos los santafesinos. Se paga con la nuestra. Si los certificados de obra se pagaran en término, no habría necesidad de afrontar costos financieros extras que agravan las obligaciones de la Provincia de Santa Fe.".

Al no estar disponible el acto que instrumentó el programa (una resolución del ministro de Economía Olivares) no se puede saber si se había previsionado cuantos recursos necesitaría la provincia para hacer frente al pago del subsidio de tasas, lo que puede variar porque depende de en que banco tome el préstamo cada empresa contratista y como esté el nivel general de tasas del mercado, que sabemos que bajo no es.

Por el Decreto 2610 del pasado viernes 17 que encabeza el post, Pullaro y sus ministros Enrico y Olivares nos dicen que hay certificados de obras que ejecuta la Dirección Provincial de Vialidad pendientes de pago por 11.290 millones de pesos, que entrarían en el programa: las empresas los colocan como garantía en los bancos con los que toman préstamos, y la provincia paga los intereses de esos préstamos, con la nuestra.

Claro que para que esos certificados de obra puedan usarse de ese modo no es necesario (según la resolución de Olivares que creó el programa) que estén vencidos y no hayan sido pagados fuera de término, aunque en esos casos también se los puede utilizar: de hecho, el decreto dice que esos 11.290 millones de pesos corresponden a certificados de obra impagos del mes de julio de éste año.

Lo que supone que ya están vencidos y devengando intereses, porque el artículo 71 de la Ley de Obras Públicas 5188 establece que deben cancelarse dentro de los sesenta (60) días de emitidos, y en caso contrario empiezan a devengar intereses. Para que se entienda, la provincia paga intereses dos veces: por mora por pagar los certificados vencido el plazo legal, y para subsidiarles a las empresas los intereses bancarios de los préstamos que tomaron, si los usaron como garantía. 

Nada dice el decreto de cuanto nos costó la jodita en éste caso en particular (reiteramos, solo para obras de Vialidad), y es imposible calcularlo porque además de lo antes expuesto sobre el mercado del crédito bancario en estos momentos, hay que ver en cuantos días de mora incurrió la provincia en cada caso, en cada uno de esos certificados.

Ni hablemos si quisiéramos hacer la cuenta para todos los casos en que todas las reparticiones del Estado provincial que ejecutan obras públicas (Vialidad, Vivienda y Urbanismo, la EPE, el Ministerio de Obras Públicas, el de Educación, entre otras) hayan apelado a éste mecanismo; diseñado por los mismos genios que le aconsejaron a Pullaro salir a tomar deuda en los mercados de capitales, justo en estos momentos.

Pero al igual que pasa con los préstamos bancarios que toman las empresas, algo es seguro: barato no fue. Para muestra un botón: dentro de las obras con certificados que entraron al programa (por afuera de las comprendidas en el decreto) está el puente entre Santa Fe y Santo Tomé, adjudicado a la empresa constructora del accionista mayoritario del diario "El Litoral". 

Y de acuerdo con la resolución conjunta firmada éste lunes 20 por los ministros Enrico y Olivares, esa empresa cedió como garantía de un préstamo bancario (cuyos intereses pagaremos todos) un certificado de obra pendiente de pago del mes de agosto (que si no venció podría estar próximo a vencerse) por 1450 millones de pesos:

LOS COSTOS DEL APRENDIZAJE "OPOSITOR" DEL GOBERNADOR

 

Este lunes Pullaro estuvo recorriendo al obras de estabilización de la cascada del arroyo Saladillo, entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Al respecto, leemos en el portal de la provincia: "El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, encabezaron este lunes una recorrida por las obras que se llevan adelante en el cauce del arroyo Saladillo, con el objetivo de detener el retroceso de su cascada. Con una inversión de 28.000 millones de pesos, se trata de una intervención estratégica en el límite entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez, destinada a frenar la erosión que amenaza la infraestructura del puente Molino Blanco y las principales vías de comunicación entre ambas ciudades.".

"Durante la visita a la obra, en la colectora de avenida Circunvalación y Ayacucho, Pullaro subrayó que se trata de “una obra fundamental que se tenía que hacer”, y explicó que “había sido iniciada por el Gobierno nacional, pero con un grado de ejecución muy bajo”. Por ello, sostuvo que resultaba urgente asumir su continuidad, ya que estaban en riesgo no solo el puente Molino Blanco, sino también los puentes de Circunvalación y de la vía. Asimismo, recordó que desde su gestión esperaban que la obra se financiara con fondos nacionales, “porque así había comenzado”, pero que ante la urgencia y el riesgo de una catástrofe, resolvieron avanzar “a un ritmo de ejecución muy alto para terminarla rápidamente”. El mandatario destacó que con esta intervención “se ve la dimensión de lo que es la obra pública y el rol del Estado, porque si no la hiciera el Estado, nadie la llevaría adelante”." (las comillas son del texto y las negritas nuestras)

Mucho antes de que Pullaro descubriera la pólvora y se juntara con otros gobernadores que de repente se empezaron a autopercibir opositores al gobierno de Milei, decíamos nosotros en ésta entrada: "Como se ve, parar toda la obra pública en marcha aduciendo que no hay plata cuesta mucho más plata, y además, no se terminan las obras, con lo cual lo que se ha gastado en ellas hasta la paralización es plata quemada. Eso sin contar el disparate de que el Estado sea el que deje de definir que obra pública se hace y cual no, y delegue esa atribución en el mercado y su interés medido en términos de rentabilidad. O el costo social y económico medido en términos de pérdida de puestos de trabajo sea en las empresas contratistas, como en toda la cadena de proveedores asociados a la construcción en general. En síntesis, un disparate por donde se lo mire, propio de gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando, y de sus consecuencias.".

Y la obra del arroyo Saladillo es un excelente ejemplo de ello, porque lo que no dice Pullaro es que la financiación nacional para la obra se obtuvo en los gobiernos de Alberto Fernández (en la nación) y Perotti (en la provincia), siendo éste el que la adjudicó y comenzó, hasta que el propio Pullaro al asumir -por entonces firmando el Pacto de mayo y en plena luna de miel con Milei, tanto que apoyó la ley bases- acordó interrumpirla; cosa que a la provincia no le salió gratis.

Contábamos acá que "Pasando en limpio: la nación dejó de financiar la obra, como consecuencia de eso se paralizó, la provincia la tuvo que tomar a su cargo, y recién se reanudó a los siete (7) meses de iniciado el mandato de Pullaro. Claro que -como advertíamos nosotros en la entrada mencionada- la jodita no salió gratis: según consta en el propio decreto de Pullaro, el valor redeterminado faltante de obra a mayo 2024 se estima en $ 1.162.110.049,04 y la deuda que deberá afrontar la provincia como consecuencia de las redeterminaciones no aprobadas por Nación corresponde a un valor de $ 228.150.784,05. O sea, lo que falta de obra cuesta un 46,40 % más que la obra completa, según el monto adjudicado por Perotti, y además la provincia absorbe una deuda con las empresas por las redeterminaciones de precios de la parte de obra ejecutadas, impagas por la nación."

"Y para eso, y para pagarles a las empresas un anticipo financiero en concepto de removilización de obra de $ 116.211.004,90 correspondiente al 10% del valor redeterminado faltante de obra a mayo 2024, hubo que modificar el presupuesto provincial sacando partidas que originariamente estaban destinadas a otras obras, por un total de $1.390.260.833,09: o dicho de otro modo: por un importe equivalente al 75,18 % del monto original de adjudicación de la obra, solo para poder ponerse al día y reanudarla.". (las negritas son otra vez nuestras)

No obstante todo eso y la propaganda oficial del gobierno de la provincia con ésta y otras obras que tomó a su cargo por abandono de la nación (que ellos firmaron consentir), el propio Pullaro dictó el Decreto 465 del 17 de marzo de éste año por el cual aprobó la rescisión por mutuo acuerdo con Mundo Construcciones S.A. y Supercemento S.A.I.C. U.T.E., de la ejecución de la obra complementaria adjudicada por Decreto Nº 1051/23 de Perotti.

Claro que no lo hizo ni para terminar más rápido los trabajos (y lo de "terminar" habría que verlo, porque rescindió obras complementarias ya adjudicadas, antes de empezarlas), ni para "cuidar el peso", según su nuevo eslogan publicitario "centrista": solo en lo que va del 2025 su ministro de Obras Públicas Enrico firmó tres resoluciones (487 del 7 de mayo, 586 del 27 de mayo y 682 del 1 de julio) prorrogando los plazos de finalización de las obras (que deberían haber estado terminadas en el 2024), lo que -dicen- debería suceder éste sábado 9 de agosto (ver imagen que cierra el post).

Y como la demora en la obra pública cuesta, también lleva firmadas Enrico tres redeterminaciones de precios (Resoluciones 636 del 12 de junio, 770 del 23 de julio y 738 del 16 de julio para las obras complementarias), y seis (6) adicionales de obra. Pero bueno: el sábado 9 suponemos que irá junto con Pullaro a cortar la cinta:

LA VUELTA DE UN CLÁSICO

 

Seis (6) ofertas presentadas, con diferencias del 29,87 % entre la más barata y la más cara.

Cuatro (4) por encima del presupuesto oficial, en rangos que van desde el 3,52 % al 23,15 %.

En una obra contratada por unidad de medida y precios unitarios, con 360 días (12 meses) de plazo de ejecución.

Tres (3) ofertas presentadas, con diferencias del 42,24 % entre la más barata y la más cara.

Una (1) por encima del presupuesto oficial, en un 30,80 %.

En una obra contratada por unidad de medida y precios unitarios, con 270 días (9 meses) de plazo de ejecución.

Dos (2) ofertas presentadas, con diferencias del 37,81 % entre la más barata y la más cara.

Las dos (2) por encima del presupuesto oficial, en rangos que van desde el 5 % al 44,71 %.

En una obra contratada por unidad de medida y precios unitarios, con 360 días (12 meses) de plazo de ejecución.

Cuatro (4) ofertas presentadas, con diferencias del 48,03 % entre la más barata y la más cara.

Una (1) por encima del presupuesto oficial, en un 36,08 %.

En una obra contratada por unidad de medida y precios unitarios, con 360 días (12 meses) de plazo de ejecución.

Seis (6) ofertas presentadas, con diferencias del 20,03 % entre la más barata y la más cara.

Cinco (5) por encima del presupuesto oficial, en rangos que van desde el 1,59 % al 15,42 %.

En una obra contratada por unidad de medida y precios unitarios, con 300 días (10 meses) de plazo de ejecución.

Seis (6) ofertas presentadas, con diferencias del 33,42 % entre la más barata y la más cara.

Tres (3) por encima del presupuesto oficial, en rangos que van desde el 7,85 % al 23,72 %.

En una obra contratada por unidad de medida y precios unitarios, con 300 días (10 meses) de plazo de ejecución.

"Lo que muy probablemente puede ocurrir haciendo que sean gratis los pliegos -como serán ahora- es que se presenten empresas "groupíes" (como en los remates) que inflen artificialmente sus cotizaciones sin ninguna responsabilidad ni costo, para crear una apariencia de concurrencia y competitividad; y que termine ganando el caballo del comisario, aunque cotice caro, pero pareciendo -por comparación- que lo hizo barato.".

Posteo relacionado completo, acá.

A LA COMISARÍA

 

El gobierno de Pullaro retomó lo que había sido una idea de su gestión como ministro de Seguridad de Lifschitz: construir mega-comisarías denominadas precintos o estaciones en las grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, para concentrar allí los efectivos policiales. Claro que eso supone -como lo hicieron entonces- cerrar comisarías en muchos barrio, pero ese es otro tema.

Por el Decreto 907 del pasado martes 13 cuya imagen abre el post, Pullaro adjudicó la licitación para construir la Estación Policial Rosario Centro, con un presupuesto oficial de 18.040 millones de pesos. Tal como da cuenta el decreto, a la licitación se presentaron diez (10) ofertas, de las cuales ocho estuvieron por debajo de ese presupuesto, en rangos que oscilan entre el 2,54 % y el 25,01 %.

Una vez recibidas las ofertas, hubo que elegir a la mejor. Al respecto nos cuenta el propio decreto: "Que, del análisis del ANEXO II, resulta que las ofertas de las empresas POSE S.A., DINALE S.A.-DYSCON S.A. - UT, PECAM S.A. y DEPAOLI & TROSCE CONSTRUCTORA S.R.L., resultan igualmente ventajosas y más convenientes que las demás, por lo que se sugiere invitar a las mismas a presentar Mejora de Ofertas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 5188 y su Decreto reglamentario;...".

O sea, de las diez (10) ofertas presentadas, cuatro (4) de las que estaban por debajo del presupuesto oficial tuvieron diferencias entre sí (en números redondos) de 569 millones de pesos, de la primera (más barata) a la cuarta. Entre la primera y la segunda la diferencia se reducía a unos 38 millones,

El decreto de Pullaro nos cuenta como terminó la cosa: "Que el acto de apertura de las mejoras de ofertas se llevó a cabo el día 04 de abril de 2025 (fs. 2745) , obteniéndose la presentación de una (1) oferta perteneciente a: 1- DE PAOLI & TROSCE CONSTRUCTORA S.R.L., quien cotiza por un total de $ 14.430.065.149,38. En tanto que las empresas POSE S.A., DINALE S.A.- DYSCON S.A. - UT y PECAM S.A. no presentaron mejoramiento de ofertas por lo que se consideran sus ofertas originales, glosándose las respectivas propuestas económicas y el Acta que fue firmada por los presentes sin observaciones;...".

O sea, ninguna de las otras tres ofertas que precedieron a la más barata (que mantuvo su oferta hasta en los centavos, sin rebajas) intentó siquiera rebajar sus precios, para ver si se podía quedar con un contrato de más de 14.000 millones de pesos. PECAM, la segunda y muy habitual adjudicataria de obras públicas provinciales en las gestiones del Frente Progresista, debía rebajar su oferta en unos 38 millones de pesos para igualar y eventualmente superar a la adjudicataria (De Paoli & Trosce Constructora S.R.L.), y no lo hizo.

Para que se entienda: perdió la licitación por no aplicar un descuento del 0,26 % sobre su oferta. Como si supiera que no tenía sentido, o que esta vez les tocaba perder. O que en la siguiente ganan seguro. Lo mismo vale para los otros tres que fueron a la mejora de ofertas: la UTE Dinale-Dyscon (otros habitués de las adjudicaciones en tiempos socialistas y radicales) podía ganar con un descuento del 3,79 % en su oferta original, pero tampoco lo hizo.

Pero hay más: al día siguiente se abrieron las ofertas de la licitación para construir una estación policial igual, pero en Santa Fe. Leemos en el portal oficial: "Durante la licitación, se presentaron nueve empresas oferentes: la primera correspondiente a la firma Tecsa S.A quien cotizó $ 14.908.582.010,38; la segunda oferta fue de la U.T Bauza Ingenieria S.R.L - Pilatti Constructora S.A por $ 13.400.013.360,89; la tercera oferta fue de la empresa Mundo Construcciones S.A quien cotizó $ 12.829.547.110,17; la cuarta oferta fue de la firma Cocyar S.A por $ 12.452.411.033,49; la quinta oferta correspondió a Cocivial S.A por $ 12.837.710.000; la sexta oferta fue de la U.T Pirámide - Coemyc por $ 14.108.000.000; la séptima oferta correspondió a la firma EFE Construcciones S.R.L por $ 15.799.333.482,42; la octava oferta fue de Depaoli & Trosce Constructora S.R.L, que cotizó $ 15.364.080.388,20; y la novena oferta fue de la firma Capitel S.A por $ 13.295.290.886,15.".

Según se señala allí, el presupuesto oficial de la obra es de $ 15.849.995.382, lo que supone que todas las ofertas estuvieron por debajo del mismo, en rangos que van desde el 0,32 % al 27,28 % (A esta altura habría que preguntarse si están haciendo bien los presupuestos); y que la diferencia entre la más cara y la más barata fue del 26,88 %. 

Mirando las ofertas, se advierte que la diferencia entre las tres más bajas (Cocyar S.A., Mundo Construcciones S.A. y Cocivial (la empresa de Nahuel Caputo adjudicataria de la obra del puente a Santo Tomé) es -en números redondos- de unos 385 millones de pesos o un 3 % como máximo, con lo que seguramente habrá llamado a mejora de ofertas.

¿Retocará sus números -por ejemplo- Cocivial, o ya le tocó ganar en la licitación del puente? Porque De Paoli % Trosce (ganadora del contrato para la estación policial de Rosario, y la única que cotizó en las dos licitaciones) acá parece que entendió como es, y cotizó la oferta más cara de las nueve presentadas: esta vez le tocó hacer de groupie, digamos.

CÁLCULOS ESTIMATIVOS

 

Seis (6) ofertas presentadas, con diferencias del 55,94 % entre la más barata y la más cara, en una obra contratada por unidad de medida y precios unitarios y con 540 días (18 meses) de plazo de ejecución.

Tres (3) por encima del presupuesto oficial en rangos que van desde el 3,1 % al  15,47 %.  

Siete (7) ofertas presentadas, con diferencias del 27,73 % entre la más barata y la más cara, en una obra contratada por unidad de medida y precios unitarios y con 240 días (8 meses) de plazo de ejecución.

Todas por encima del presupuesto oficial en rangos que van desde el 1,9 % al  30,28 %.  

Once (11) ofertas presentadas, con diferencias del 46,13 % entre la más barata y la más cara, en una obra contratada por unidad de medida y precios unitarios y con 360 días (12 meses) de plazo de ejecución.

Seis (6) por encima del presupuesto oficial en rangos que van desde el 0,5 % al 36,70 %.  

Cinco (5) ofertas presentadas, con diferencias del 24,90 % entre la más barata y la más cara, en una obra contratada por unidad de medida y precios unitarios y con 240 días (8 meses) de plazo de ejecución.

Tres (3) por encima del presupuesto oficial en rangos que van desde el 7,4 % al 20,02 %.  

"Lo que muy probablemente puede ocurrir haciendo que sean gratis los pliegos -como serán ahora- es que se presenten empresas "groupíes" (como en los remates) que inflen artificialmente sus cotizaciones sin ninguna responsabilidad ni costo, para crear una apariencia de concurrencia y competitividad; y que termine ganando el caballo del comisario, aunque cotice caro, pero pareciendo -por comparación- que lo hizo barato." (post completo, acá)

LA SEGUNDA DEUDA MÁS AL PEDO DE LA HISTORIA

 

Hace muy pocos días atrás contábamos en ésta entrada que buena parte del superávit fiscal del que se ufana la gestión de Pullaro en su primer año de gobierno se sustentaba en dejar de gastar recursos afectados, o lo que es lo mismo, destinados por ley a un fin específico, en especial la obra pública.

En criollo: los recursos estaban, se tomó la decisión de no gastarlos, y en consecuencia al cerrar el ejercicio pasado impactaron en el superávit de las cuentas públicas pero tenían que transferirlos a este ejercicio para poderlos usar. De ese modo -decíamos- solo en el pasado mes de febrero Pullaro había transferido recursos que deliberadamente dejó ociosos por más de 75.000 millones de pesos, que explicaban más del 57 % del superávit de las cuentas públicas provinciales del año pasado.

Decíamos también que pese al parate de la obra pública que los propios decretos de transferencia de recursos no invertidos ponen en evidencia, "...Pullaro y su gobierno están reclamando que la Nación no cumple acuerdos ni les transfiere las rutas nacionales para poder mantenerlas; además de haber endeudado a la provincia en 50.000 millones de pesos, supuestamente con ese fin: con haber usado los recursos que tenían disponibles y no utilizaron (solo los comprendidos en esos dos decretos, puede haber más), no era necesario el endeudamiento."

El mecanismo del endeudamiento fue explicado en ésta otra entrada, y fue una idea genial de la Bolsa de Comercio de Rosario y los grandes grupos exportadores que operan desde los puertos del sur de la provincia: prestarle plata al Estado (y cobrarle interés por ello), para que les haga las obras que ellas necesitan para exportar. 

En los últimos días de febrero Pullaro habilitó las partidas para pagarles a los que le prestaron plata suscribiendo los bonos (las exportadoras) por más de 4935 millones de pesos, en concepto de intereses.

Pero para que el desfalco sea absoluto (y para darnos la razón, sin decirlo, claro está) además de endeudarse y pagar intereses, no hizo las obras. ¿Y cómo podemos saberlo nosotros?

Muy sencillo: mirando el Decreto 408 firmado por Pullaro el pasado lunes 10 cuya imagen encabeza el post, por el que se transfieren a éste ejercicio porque no fueron invertidos en el anterior, más de 43.775 millones de pesos provenientes del endeudamiento que contrajo la provincia con las exportadoras, sobre un total de 50.000 millones de pesos que autorizó con ese fin la Legislatura en la ley de presupuesto.

Como dijimos hace poco más de una semana, con solo dos (2) de los dieciocho (18) decretos que firmó Pullaro en febrero transfiriendo recursos afectados no invertidos el año pasado (los Decretos 343 y 344 del pasado 24 de febrero), tenían disponibles 43.137 millones de pesos para hacer obras públicas, que por ley no se podían usar para otra cosa. 

O sea, usando esa plata que estaba disponible, no había necesidad de generarles otro negocio a las exportadoras, tomando deuda. Eso debe ser lo que el gobernador entiende por "una administración eficiente de los recursos públicos" que le permite "encarar el plan de obras públicas más ambicioso de la historia de la provincia".

En realidad, si Milei no estuviera gestionando otro mega préstamo del FMI para financiar la fuga de capitales, estaríamos en presencia de la deuda más al pedo de la historia. Gracias a eso, queda relegada al segundo lugar.

AL FINAL LES SOBRÓ PLATA

 

Y ese plan está acá, con nosotros, en ésta habitación? https://t.co/JnezDWhNDI

— La Corriente K (@lacorrientek) February 26, 2025

Por estos días se puede ver en los medios y redes sociales una profusa propaganda del gobierno de la provincia sobre un presunto plan de obras públicas que sería el más importante de la historia de Santa Fe. El propio Pullaro protagoniza la mayoría de los spots junto a maquinaria vial o recorriendo las obras.

De ser cierto, significaría que por fin arrancaron después de un 2024 en el que -en línea con el gobierno nacional de Javier Milei- hicieron la plancha en ése aspecto. Y no es una simple apreciación nuestra: así lo indican las propias estadísticas oficiales sobre la ejecución presupuestaria del gobierno provincial en materia de inversión pública. Y si no, van dos botones de muestra con los dos decretos (343 y 344) firmados por Pullaro el pasado lunes 24 de febrero y cuyas imágenes ilustran el post.

Explicamos: por ambos se están transfiriendo a éste ejercicio partidas presupuestarias no invertidas (es decir, no ejecutadas o no gastadas) el año pasado por un total que roza los 43.137 millones de pesos, de recursos afectados, es decir que tienen un destino específico y no se pueden usar para otra cosa.

Lo cual supone no ya una política de ajuste del gasto público (que la hubo), sino una absoluta ineficiencia en la gestión, porque no es que usaron esa plata para atender otras necesidades más urgentes como pagar sueldos o compensar fondos que dejaron de llegar de la Nación, por ejemplo para pagar el incentivo docente (spoiler: Pullaro no lo solventó con recursos propios, como hizo Kicillof), o subsidiar el boleto de colectivo (spoiler 2: en ese rubro también dejaron recursos ociosos). 

Para poner en perspectiva la cifra de obra pública u otros gastos de capital (como maquinaria y equipo) que se dejó de ejecutar (solo la comprendida en estos dos decretos), el gobierno de Pullaro acaba de adjudicarle la obra del puente de Santa fe a Santo Tomé a la empresa constructora del accionista mayoritario del diario "El Litoral" por algo más de 39.000 millones de pesos. Lo que supone que -a juzgar por las propias cuentas públicas provinciales- al puente ya lo podrían haber hecho el año pasado, y les sobraba plata.

Recordemos que Pullaro y su gobierno están reclamando que la Nación no cumple acuerdos ni les transfiere las rutas nacionales para poder mantenerlas; además de haber endeudado a la provincia en 50.000 millones de pesos, supuestamente con ese fin: con haber usado los recursos que tenían disponibles y no utilizaron (solo los comprendidos en esos dos decretos, puede haber más), no era necesario el endeudamiento.

Dentro de los rubros de recursos afectados (es decir, con un destino específico asignado por ley) hay partidas de los importes que la provincia recibe de la Nación por el cobro del fallo de la Corte Suprema de Justicia por el descuento de parte de la pre-coparticipación que se destinaba a la ANSES (según el acuerdo alcanzado por el gobierno de Perotti), y la parte de la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos que se debe destinar a la infraestructura vial. 

También se transfieren recursos no invertidos de la parte del Impuesto Inmobiliario que debe destinarse a infraestructura vial en los distritos rurales de la provincia (aunque hace poco el gobierno provincial le cambió el nombre al programa "Caminos de la Ruralidad" de Perotti con el aparente propósito de mantenerlo y ampliarlo) y los recursos destinados a la inversión pública según el Pacto Fiscal firmado en su momento por Lifschitz con Macri. 

Y resulta llamativo también -e indicativo del modelo de gestión- el hecho que, de acuerdo a los Decretos 343 y 344, esos 43.137 millones de pesos disponibles en éste ejercicio para hacer obra pública que no se hizo el año pasado, no son afectados a ninguna obra de las que ya están en marcha, o las nuevas que se puedan licitar {este año.

Quedan guardados en la "bolsa" de Olivares para usarlos en lo que les plazca, como por ejemplo atender las redeterminaciones de precios de los contratos de obra pública según la Ley 12046 (la "paritaria" de la patria contratista), o a aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital hasta un monto equivalente al cuarenta por ciento (40%) del crédito inicial previsto para estos, según autoriza al Poder Ejecutivo el artículo 60 de la Ley 14.385 de presupuesto para éste año.

De ser el primer caso, significaría que el gobierno de Pullaro maneja dos inflaciones distintas: una a la baja con la que intenta (y en la mayoría de los casos lo logra) cerrar paritarias a la baja con los gremios de trabajadores estatales, y otra para indexar los precios de los contratos de obra pública. Y de ser el segundo, supone que el tan promocionado plan de obras públicas es en realidad otra venta de humo a las que la gestión provincial nos tiene acostumbrados.

La misma venta de humo con la que promocionan el superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) del año pasado de 132.055 millones de pesos, cuando solo en 22 días del mes de febrero de éste año (entre el 3 y el 25de) Pullaró firmó 18 decretos transfiriendo para éste ejercicio recursos no invertidos el año pasado de fondos afectados a un destino específico: el 57 % del superávit promocionado. Tuit relacionado:

...de cuentas especiales (o sea que tienen un destino específico) en 2024. Es decir que al menos el 57 % del superávit (seguramente más) se explica por la absoluta ineficiencia en la gestión, ya que esos fondos si no se usan para su destino no se pueden usar para otra cosa.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 28, 2025

SALDOS Y RETAZOS

 

Por estos días se puede ver en los medios y redes sociales una profusa propaganda del gobierno de la provincia sobre un presunto plan de obras públicas que sería el más importante de la historia de Santa Fe. El propio Pullaro protagoniza la mayoría de los spots junto a maquinaria vial o recorriendo las obras.

De ser cierto, significaría que por fin arrancaron después de un 2024 en el que -en línea con el gobierno nacional de Javier Milei- hicieron la plancha en ése aspecto. Y no es una simple apreciación nuestra: así lo indican las propias estadísticas oficiales sobre la ejecución presupuestaria del gobierno provincial en materia de inversión pública. Y si no, van dos botones de muestra con los dos decretos (343 y 344) firmados por Pullaro el pasado lunes 24 y cuyas imágenes ilustran el post.

Explicamos: por ambos se están transfiriendo a éste ejercicio partidas presupuestarias no invertidas (es decir, no ejecutadas o no gastadas) el año pasado por un total que roza los 43.137 millones de pesos, de recursos afectados, es decir que tienen un destino específico y no se pueden usar para otra cosa.

Lo cual supone no ya una política de ajuste del gasto público (que la hubo), sino una absoluta ineficiencia en la gestión, porque no es que usaron esa plata para atender otras necesidades más urgentes como pagar sueldos o compensar fondos que dejaron de llegar de la Nación, por ejemplo para pagar el incentivo docente (spoiler: Pullaro no lo solventó con recursos propios, como hizo Kicillof), o subsidiar el boleto de colectivo (spoiler 2: en ese rubro también dejaron recursos ociosos). 

Para poner en perspectiva la cifra de obra pública u otros gastos de capital (como maquinaria y equipo) que se dejó de ejecutar (solo la comprendida en estos dos decretos), el gobierno de Pullaro acaba de adjudicarle la obra del puente de Santa fe a Santo Tomé a la empresa constructora del accionista mayoritario del diario "El Litoral" por algo más de 39.000 millones de pesos. Lo que supone que -a juzgar por las propias cuentas públicas provinciales- al puente ya lo podrían haber hecho el año pasado, y les sobraba plata.

Dentro de los rubros de recursos afectados (es decir, con un destino específico asignado por ley) hay partidas de los importes que la provincia recibe de la Nación por el cobro del fallo de la Corte Suprema de Justicia por el descuento de parte de la pre-coparticipación que se destinaba a la ANSES (según el acuerdo alcanzado por el gobierno de Perotti), la parte de la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos que se debe destinar a la infraestructura vial (recordemos que Pullaro y su gobierno están reclamando que la Nación no cumple acuerdos ni les transfiere las rutas nacionales para mantenerlas), la parte del Impuesto Inmobiliario que debe destinarse a infraestructura vial en los distritos rurales de la provincia (aunque hace poco el gobierno provincial le cambió el nombre al programa "Caminos de la Ruralidad" de Perotti con el aparente propósito de mantenerlo y ampliarlo) y los recursos destinados a la inversión pública según el Pacto Fiscal firmado en su momento por Lifschitz con Macri. 

¿MODUS OPERANDI?

 

12 cuadras de asfalto. Un ministro, el intendente, el senador por el departamento y un diputado (ex intendente) en el acto. Una pobreza, vea. https://t.co/SelaTZrSIt

— La Corriente K (@lacorrientek) November 6, 2024

Hace poco y a propósito de la publicitada decisión del gobierno de Pullaro de dejar de cobrar los pliegos en las licitaciones públicas, decíamos nosotros en ésta entrada: "Lo que muy probablemente puede ocurrir haciendo que sean gratis los pliegos -como serán ahora- es que se presenten empresas "groupíes" (como en los remates) que inflen artificialmente sus cotizaciones sin ninguna responsabilidad ni costo, para crear una apariencia de concurrencia y competitividad; y que termine ganando el caballo del comisario, aunque cotice caro, pero pareciendo -por comparación- que lo hizo barato.".

Y agregábamos un ejemplo: "Como sucedió hace poco (Decreto 1560 del 9 de septiembre de Pullaro), cuando se adjudicaron las obras para la provisión de agua y la demolición de la antigua torre tanque en la cárcel de Coronda con un plazo de ejecución de 150 días (muy poco tratándose de obras públicas); licitación a la que se presentaron siete (7) empresas, con una diferencia de precios del 49,46 % entre la más cara, y la finalmente adjudicada. ¿Tanto le podés errar en el cálculo, con cotización por precios unitarios y ese plazo de ejecución?".

La semana pasada y con el inusitado despliegue publicitario e institucional de que da cuenta el tuit de apertura, se abrieron los sobres para licitar la ejecución de doce (12) cuadras de asfalto en calle Larrea acá en Santa Fe.

Al respecto leemos en el portal de la provincia: "Para la ejecución de los trabajos se presentaron 7 oferentes. La primera oferta correspondió a la firma Luis Losi SA, que cotizó por $ 1.832.781.672,74; la segunda fue de Conhormaq Srl, por $ 1.343.666,66; la tercera de Dragados Santa Fe SA, por $ 1.212.493.344,34; la cuarta de Néstor Julio Guerechet SA, por $ 1.558.021.988,55; la quinta de Savyc SA, por $ 1.263.429.335,96; la sexta de Inar Vial SA, por $ 1.238.400.004,48; y la última fue de Angel Boscarino Construcciones SA, por $ 1.741.756.384,82. El presupuesto oficial es de $1.290.070.442,3, a valores de julio 2024; y el plazo de ejecución de 6 meses.".

Repasemos: el presupuesto oficial está hecho sobre la base de unos 107 millones por cuadra (?), y de las siete (7) ofertas presentadas, tres (3) (de empresas poco conocidas) estuvieron por debajo, y las otras cuatro (4) por arriba; estas últimas todas de empresas conocidas por ser frecuentes adjudicatarias de obra pública en la provincia.  

Pero mientras las ofertas que estuvieron por debajo del presupuesto oficial se separaron de éste en un rango que va del 2,07 % al 6,06 %, las que estuvieron por arriba difieren de él en rangos que van del 4,10 % al 42,07 %. Las tres más altas estuvieron por encima del presupuesto oficial en un rango que va del 20,77 % al ya citado 42,07 %, en una obra contratada por el sistema de precios unitarios, y con un plazo de ejecución de solo seis (6) meses.

¿Estamos, conforme a lo sospechado, ante un modus operandi? Lo debatimos después del corte.