Veíamos esta semana como en un acto en IMPA (fábrica recuperada en Almagro) y en compañía de los referentes del Movimiento Evita, Daniel Scioli anunciaba que en caso de llegar al gobierno en diciembre, crearía un ministerio específicamente dedicado a la economía social, solidaria y popular.
Un sector de la economía que crece día a día, y abarca desde los trabajadores cuentapropistas o los agricultores familiares, hasta el movimiento de fábricas recuperadas, los mercados populares o las cooperativas de vivenda y agua potable.
Tal como lo explica acá Enrique Martínez, "La primera mirada de políticos, economistas o analistas en general puede equivocar el foco, imaginando que lo que se intenta es contener a los pobres o excluidos con algún componente productivo mayor que lo que hasta aquí ha intentado y logrado el Estado de bienestar, creado en esta última década. Si así fuera, sería positivo, pero no se alejaría mucho de un ajuste fino de una red de subsidios y apoyos colaterales a millones de argentinos, a los que el capitalismo concentrado dejó fuera de la producción y el gobierno kirchnerista logró, en parte, incluir por ingresos.
El desafío del nuevo espacio ejecutivo que se comienza a esbozar, que deberá ser tema de discusión y acción de buena parte de quienes aspiran a aportar a la mejora de la justicia social en los próximos años, sin embargo, es superior a la contención y la protección de los desamparados por un sistema organizado alrededor del lucro. De lo que se trata es de construir ámbitos donde progresivamente millones de compatriotas alcancen una vida digna produciendo bienes y servicios que la comunidad necesita y usa, trabajando en unidades productivas individuales o colectivas, pero donde se dé prioridad al servicio comunitario, no al lucro. La palabra competitividad debiera ser reemplazada por productividad; la cooperación estaría dentro de los valores positivos; la derivación de problemas ambientales o cualquier otro a terceros debiera ser moral y legalmente penadas..".
Lo que no es tan conocido quizás es que la provincia de Santa Fe pudo ser pionera en tener su propio organismo específico encargado de impulsar y promover la economía social, pero el "progresismo" que nos gobierna se opuso; y lo impidió.
En efecto, a partir de un proyecto del diputado Toniolli del Movimiento Evita se sancionó a fines de noviembre del año pasado la Ley 13.452, de promoción y fomento de la economía popular, social y solidaria; que entre otras cosas creaba el Instituto de la Economía Social y Solidaria de la provincia (I.E.S.S.) como ente autárquico, con participación de las organizaciones sociales del sector en su directorio, y dotado de un fondo de financiamiento espefíco; que no podría ser inferior al 5 % del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social, del que dependería.
A números de éste año, algo más de unos 59 millones de pesos (apenas una cuarta parte de lo gastado el año pasado por la provincia en publicidad oficial, pero ya veremos que ni eso dejaron); que de acuerdo a la ley deberían destinarse en un 85 % al fomento y promoción de todas las formas de economía social y solidaria, quedando el resto para sufragar los gastos de funcionamiento del I.E.S.S..
Sin embargo, el 30 de diciembre del año pasado y por el Decreto 4977, Bonfatti vetó 12 de los 23 artículos de la ley proponiendo en algunos casos "textos alternativos", y como en la Legislatura no se obtuvo la mayoría para rechazar el veto y las enmiendas, la ley se cayó.
Repasando los fundamentos del decreto de veto, se advierte que en gran medida se remiten a supuestas disposiciones de la Ley 12.510 (de Administración, Eficiencia y Control del Estado) que se transgredirían en la ley, cosa que no se especifica concretamente en ningún caso.
Sin embargo, no deja de ser interesante advertir como el "progresismo" apela a los argumentos de la derecha neoliberal para oponerse a una iniciativa sin dudas transformadora: la Ley 12.510 es la criatura predilecta de Juan Carlos Mercier, el discípulo dilecto de Cavallo en Santa Fe durante los 90' y más, y frustrado aspirante a retornar al gobierno provincial de la mano de Miguel Del Sel.
Analizando más en detalle las partes de la ley que vetó Bonfatti, se le terminan de ver las patas a la sota:
* No sólo que impide la creación del I.E.S.S. como ente autárquico (es decir sujeto de derecho, con patrimonio y recursos propios), sino que le quita la atribución de disponer de su propio presupuesto.
* Desaparece la obligación de distribuir al menos el 50 % de la pauta publicitaria oficial del gobierno de la provincia en medios comunitarios; obviamente para preservar el reparto en favor de los grandes medios provinciales y nacionales organizados como sociedades comerciales y conformando grupos económicos o hóldings mediáticos, en no pocos casos.
* Elimina el Fondo de Financiamiento específicamente destinado por la ley a promover y fomentar la economía social y solidaria, reemplazándolo por un vago compromiso presupuestario del Estado sin ninguna pauta concreta o mínimo de recursos garantizados. Tan clara es la intención en éste punto, que el veto no propone ninguna "redacción alternativa" para la eliminación del Fondo: desaparece y punto.
* Elimina también el criterio establecido en la ley de asignar no menos del 85 % de los recursos del Fondo a las actividades de fomento y promoción de la economía social y solidaria, de modo que no se pueda emplear más del 15 % de los recursos específicos en los gastos de funcionamiento del IESS y la estructura administrativa que demande implementar las políticas públicas en ese sentido.
* Lo expuesto en los dos apartados anteriores no es un dato menor, si se considera en que veíamos hace poco acá al analizar la Cuenta de Inversión provincial del año pasado que el Ministerio de Desarrollo Social viene perdiendo -año tras año- participación porcentual relativo en el conjunto del gasto público de Santa Fe; y que cada vez una parte mayor de sus recursos son devorados por la burocracia administrativa, en lugar de llegar directamente a los beneficiarios de los diferentes programas y políticas.
* De acuerdo con el veto, las exenciones de impuestos provinciales (como Ingresos Brutos y Sellos) no estarían ya establecidas en la ley, sino libradas al criterio del Poder Ejecutivo.
* Se elimina el criterio sentado en la ley de que las mesas regionales de diálogo que se crean entre los diferentes sectores de la economía solidaria y social no tengan límites en su integración (pudiendo participar todos los inscriptos en el Registro que se crea), y funcionen de manera asamblearia a razón de un voto asignado a cada sujeto inscripto.
* Se excluyen de la ley las entidades organizadas y regidas por la Ley 20.321 y 20.337 (mutuales y cooperativas), y se detraen de los recursos afectados al fomento y promoción de la economía social y solidaria los aportes provenientes de la Ley 23.427 (Fondo de financiamiento, educación y promoción cooperativa).
Un modo sutil de dejarlos en la órbita del Ministerio de la Producción, para que sigan siendo usufructuados por los sectores tradicionales del "campo", en especial las cooperativas conformadas por la Federación Agraria; socia política del socialismo que obtiene de tal modo un mecanismo encubierto de financiamiento de sus actividades, y retribuye los favores en cada campaña electoral.
Si bien se mira y al menos en éste caso en particular, el "progresismo" que hizo campaña en las elecciones presidenciales pidiendo que se los votase para que "no regresara la derecha" a gobernar Santa Fe, terminó a la derecha de Scioli.