"El fallo de la Corte Suprema de Justicia que paró el tarifazo y ordenó realizar las audiencias públicas previstas en la ley deja además bien en claro que el gobierno no puede hacer “trampa” con el precio del gas. La corte aclara explícitamente que “esta audiencia pública, en las actuales circunstancias, debe realizarse para todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución del gas natural”. Es correcto, ya que el costo del gas propiamente dicho representa un 81,5% del total de la factura antes de impuestos. Y la Corte sostiene que debe discutirse en audiencia pública porque no se trata, como pretende el Gobierno de Macri, de un “precio de mercado” sino que este precio fue establecido por el Ministerio de Aranguren.
Más precisamente, la resolución 28/2016 de marzo fue la que estableció los nuevos valores para el gas en boca de pozo que reciben las petroleras, según la cuenca (NOA, Chubut, Neuquina, Santa Cruz, Tierra del fuego) y el tipo de usuario. Ahí el incremento, en promedio, fue de un 193% para el gas que se destina al segmento residencial, de un 795% para el que se vende a los comercios y pequeñas industrias y de un 91% para el que se emplea como GNC. Esto significa, en pocas palabras, que el precio gas en boca de pozo pasó USD 2,72 por millón de BTU a USD 4,46. Para los usuarios en su conjunto esto implica un costo adicional de USD 1.850 millones. Antes, cada empresa recibía un monto similar pero que variaba según cuánto había incrementado la producción, a través del llamado Plan Gas. Ahora, lo recibirán directo del usuario.
Con el fallo de la Corte Suprema contra el tarifazo, esta resolución quedó anulada para el segmento residencial que representa sólo el 23% de la demanda. La nueva propuesta del Ministerio de Energía es muy sencilla. Sobre el aumento anterior (el de la resolución 28) se aplicó un “descuento” que se irá reduciendo con el tiempo. Para el segmento residencial de consumo bajo el aumento iba a ser del 297%, ahora será del 237%, es decir, un 20% de descuento. Para consumo medio era de 235%, será de 176%, un 25% de descuento. Para el consumo alto, el aumento era de 174% y será del 122%, un 30% de descuento. Para los usuarios comerciales el aumento, que era del 700% y del 575%, pasará a ser del 500%. Si el gobierno sigue adelante con sus planes, este aumento se producirá en octubre de 2016. De ahí en adelante, se indica un “sendero” que progresivamente llevará el gas en boca de pozo, a USD 6,8 por millón de BTU dentro de 3 años. Este valor, coincide con el precio de importación del gas.
Esta es la filosofía que está por atrás del tarifazo de Macri: como puede observarse, más allá del nivel de los aumentos, de aquí en adelante las tarifas del gas en Argentina van a estar DOLARIZADAS. Esto significa que además del aumento que muestra el gobierno, van a aumentar también junto con el tipo de cambio, que a ciencia cierta nadie sabe cómo se va a comportar. En segundo lugar, el gobierno de Macri pretende igualar el precio que se les paga a los productores locales al precio internacional -el llamado “import parity”-. Esta es “casualmente” -o no tanto- la política tarifaria de las empresas privatizadas en los noventa: dolarizadas y al precio internacional. Este esquema presenta dos graves problemas. Uno es que una parte importante del gas se produce en argentina a costo a argentino, muy inferior a este cuadro tarifario, lo que asegura superganancias para las petroleras. Y el segundo problema, más grave aún, es que ni los trabajadores ni las empresas argentinas tienen sus ingresos dolarizados. Esa tarifa es impagable.
Según el gobierno, uno de los objetivos del tarifazo es reducir el déficit fiscal bajando los subsidios que paga el Estado. Claramente no es así: mientras el Gobierno de Macri optaba por subir brutalmente las tarifas para las familias y las pequeñas empresas, también decidía bajar los impuestos a sojeras, petroleras, mineras, a las transacciones financieras y a la riqueza de los bienes personales. El monto que se ahorra con el aumento de las tarifas es similar al que se perdió reduciendo los impuestos de los más ricos del país.
Así y todo, el renglón de los subsidios es muy grande. ¿Cómo se fue gestando la política de subsidios? Aunque las cuestiones energéticas son complejas, vale la pena detenerse en ellas porque si no se corre el peligro de llegar a falsas conclusiones y dejarse engañar por falsos argumentos, como los que hoy usa el gobierno de Macri. Repasemos brevemente la historia. Se dice habitualmente que Argentina no es un “país petrolero” sino un “país con petróleo”, es decir, en nuestro subsuelo existen cantidades relativamente modestas de hidrocarburos, suficientes para abastecer las necesidades internas pero no para generar grande excedentes exportables. A principios de siglo XX se encontró petróleo en nuestra Patagonia, sin embargo, fue con el descubrimiento de ricos yacimientos de gas como Loma de la Lata a fines de los 70, que Argentina se convirtió en un país “con gas”. El gráfico muestra que a principios de la década de 1980 Argentina disponía de gas para 48 años si se comparaban las reservas disponibles con la producción anual. A principios de la década de 1990 quedaba gas para 25 años y luego de la etapa neoliberal, en 2003, se había reducido a la mitad: 12 años de gas. Hoy las reservas se estiman en 7 años de consumo. Como se ve, “casualmente” las reservas de gas aceleraron su caída después de la privatización de YPF. Es que sin nuevos descubrimientos la producción se incrementaba incluso más allá de las necesidades de consumo. Esto se explica porque se invertía muy poco en buscar más gas -exploración- y así se iban vaciando los yacimientos existentes, a punto tal que entre los años 1998 y 2002 se exportó gas “excedente”, sin invertir para reponerlo. Con el descubrimiento de yacimientos “no convencionales” existe hoy un nuevo potencial de producción de gas en el país: Argentina, según la EIA (administración de información sobre energía de EEUU), cuenta con la segunda reserva mundial de gas no convencional, de 801 billones de pies cúbicos.
Cuando se descubrieron los yacimientos en los 70, esa abundancia relativa de gas produjo un cambio “estructural”, porque hizo que nuestra matriz energética se fuera inclinando hacia un perfil “gas dependiente”. En 1985 un 50% de la energía generada provenía de centrales que funcionaban con gas porque también se dejó de invertir en centrales hidroeléctricas. Otra prueba del gas abundante y barato es que los altos hornos que producen acero en SOMISA (hoy en manos de Techint por la privatización de 1991) sean los únicos en el mundo que funcionan a gas. Lo mismo ocurre con el alumnio de Aluar.
Al calor del crecimiento de la producción y el consumo de los últimos 12 años, la utilización de gas fue aumentando sistemáticamente. Pasamos de consumir 79 millones de metros cúbicos por día en 1993, a 111 M en 2002 y a 149 en 2015. Es decir que, durante los últimos 12 años, con un modelo económico de crecimiento industrial y elevado poder adquisitivo, el consumo de gas creció en un 33,8%. Como también muestra el gráfico, las inversiones de las empresas petroleras no acompañaron el crecimiento del consumo interno con un crecimiento en la producción ni en las reservas. Todo lo contrario.
Sobre esta resistencia a invertir de las petroleras privadas, viene a cuento un diálogo que sostuve, como viceministro de Economía, con el entonces CEO de Repsol-YPF, el Sr. Brufau. Cuando le mostré las lamentables estadísticas de la empresa -que no lo sorprendieron- le insistí en que el país necesitaba que YPF produjera más gas. Brufau respondió: “esa es una decisión de la empresa, me van a tener que obligar”. Bien sabía que el marco regulatorio del sector, también fruto de la década de los noventa, no proporcionaba ningún instrumento para “obligar” a las empresas a invertir más, a pesar de que obtenían jugosas ganancias. También recuerdo que siendo interventor de la empresa los empleados de YPF me comunicaron que Repsol había vendido la mayoría de sus yacimientos en extranjero y que no existían proyectos para buscar más gas, además de haber relocalizado a muchos de los expertos argentinos en otras empresas del grupo en el exterior. El resto de esta historia es conocida: terminó en la decisión de la Presidenta de recuperar YPF el 16 de abril de 2012.
Por la insuficiencia de inversión privada en el sector petrolero, a partir de 2008 Argentina tuvo que empezar a importar gas natural licuado por barco (GNL) e incrementar las compras desde Bolivia por gasoducto. Llegamos así a la cuestión de los subsidios. Su origen es la enorme diferencia entre el precio del gas producido en el país y el gas importado. El elevado precio internacional del petróleo llevó a que el gas nacional se pagara USD 0,86 por millón de BTU mientras el gas que venía de Bolivia salía USD 11 USD y el gas licuado que llegaba por barco costaba USD 17. En realidad, en términos físicos, se importaba una pequeña proporción de lo que se consumía, pero esas importaciones salían muy caras. En el 2011, por caso, el consumo total de gas del país ascendía a 144 millones de metros cúbicos por día de los cuales 125, es decir, un 86,8% provenían de la producción local, y sólo un 13,2% se importaba. Sin embargo, cuando se analiza el costo de todo ese gas, la proporción era inversa: del total abonado, un 53,3% se iba en la importación y un 46,7% en pagar a los productores locales.
Ante esta situación nuestro gobierno tomó dos decisiones: en primer lugar, se decidió no trasladar el costo del gas importado íntegramente al usuario. Esto es precisamente lo que se denomina “subsidio”, es decir, la diferencia que existe entre el costo total de compra y lo que se cobra como tarifa a los usuarios. Se realizaron varios aumentos tanto del gas como de la energía (producida en parte con gas) pero atendiendo siempre al criterio de razonabilidad: después de todo, ¿de qué sirve un aumento que nadie puede pagar? En segundo lugar, se buscó incrementar rápidamente la inversión de las empresas en exploración para alcanzar nuevamente el autoabastecimiento. Además de la recuperación de YPF se tomaron otras medidas de estímulo al sector privado. Ambas decisiones surtieron el efecto esperado: desde 2012 hasta 2016 la producción de gas dejó de caer y comenzó a crecer.
Nuestro gobierno mantuvo los subsidios a los hogares porque trasladar todo el costo de importación a las familias produciría una caída del poder adquisitivo de los salarios y del consumo, debilitando así el mercado interno, afectando así la producción y el empleo. También se mantuvieron los subsidios a las empresas, en particular a las pequeñas, para fomentar su crecimiento. Bien sabíamos, como quedó demostrado con el gobierno de Macri, que un tarifazo es siempre recesivo e inflacionario.
Desde el lado de la oferta, la producción empezó a aumentar. En el caso de YPF la gestión del Estado multiplicó los equipos de exploración y el volumen de inversión, y así la producción de gas creció un 32% entre el primer semestre de 2016 e idéntico período de 2012. En el caso de las petroleras privadas se lanzó un programa de incentivos y compromisos llamado “Plan Gas” según el cual se pagaban 2,3 USD /Mbtu por el gas “viejo”, es decir, el que se produciría sin nueva inversión y 7,5 USD /Mbtu por el gas “nuevo”, esto es el gas adicional que aportaran las empresas. Además, se inició una política de acuerdos y estrecha supervisión de los planes de inversión de las empresas para que se cumplan los compromisos. Como resultado de estas políticas, se logró revertir en tiempo record el declino en la producción de gas, que creció para las empresas incluidas en el Programa un 7,8% promedio entre diciembre de 2012 y septiembre de 2015, permitiéndole al Estado ahorrar más de USD 4.000 millones. A la vez, en 2015 se observó un crecimiento interanual de 3,4% de la producción de gas y de un 5,1 % en el primer semestre de 2016.
Estos datos resultan fundamentales para evaluar las políticas de tarifas y subsidios. Resumiendo: los subsidios al gas aparecen porque que las empresas no habían invertido lo suficiente mientras el consumo crecía, por lo que hubo que recurrir a las importaciones en un contexto de elevadísimos precios mundiales del petróleo. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo habrá que subsidiar? Si Argentina se hubiera quedado sin gas “para siempre”, el precio del gas seguramente subiría también para siempre hasta ser igual al precio del gas importado. Sin embargo, con las políticas que el gobierno nacional había puesto en marcha, el país se dirigía nuevamente hacia el autoabastecimiento. De manera que la necesidad de importar sería, si se continuara con esas políticas, sólo transitoria. El propio ministro Aranguren estimó ante el Congreso que Argentina podía dejar de importar gas en 2019. De esta manera se entiende mejor la decisión que tomó nuestro gobierno de mantener los subsidios sobre las tarifas de gas: al tratarse de un déficit de gas transitorio, no tiene sentido trasladar a los usuarios todo ese costo, con el riesgo de fundir a buena parte de la industria y de perjudicar a los hogares hasta lograr nuevamente el autoabastecimiento.
Volvamos ahora al precio del gas en boca de pozo. Ya en nuestro gobierno, a través del Plan Gas, habíamos mejorado el precio para incentivar la inversión. Pero esto nos lleva a una discusión profunda sobre el costo y el precio del gas, una discusión que en el caso de los hidrocarburos es muy compleja. Es cierto que las empresas sólo ponen en marcha sus inversiones cuando esperan obtener una ganancia que les permita recuperar lo invertido. Pero en el sector petrolero, durante estos años, las petroleras privadas multinacionales no querían invertir lo necesario en Argentina porque exigían una rentabilidad similar a la que podían obtener en otras regiones, rentabilidad que con el barril de petróleo a 100 o 120 dólares era inmensa. No era que perdieran dinero, sino que en otros lugares del globo ganaban más. Por eso no invertían lo suficiente.
Se generaba así una paradoja. En los yacimientos ya existentes el costo de extracción del gas (llamado “lifting cost”) es muy bajo, inferior a 1 USD/Mbtu. Por lo tanto, las petroleras no sufren pérdidas vendiendo el gas internamente a USD 2. Pero exigían también un precio mucho mayor para invertir, porque en el costo del gas nuevo agregaban también el costo de la exploración de nuevos yacimientos. Es así que el precio del gas en boca de pozo es el resultado de una negociación con las petroleras en la que también tiene que existir un compromiso de reinversión de las ganancias y de incremento de la producción, a cambio de un precio mayor. Esto es precisamente lo que hizo nuestro gobierno, y dio resultados.
La cuestión no termina acá: una vez que se fija el precio del gas en boca de pozo, aparece otra decisión distinta: quién paga el precio de la importación y de los incentivos para que las empresas inviertan. En nuestro gobierno decidimos estimular la producción sin transferir ese costo adicional completo a los usuarios particulares y productivos, que estaban subsidiados.
Lo que propone el gobierno de Macri es muy distinto. En primer lugar, pretende transferir todo el costo, tanto del gas nacional como del gas importado, y también el incentivo para las empresas directamente a los usuarios. En segundo lugar, el precio más alto que reciben las empresas no está condicionado a que lleven adelante un plan de inversiones, ni a que sostengan la actividad y los puestos de trabajo. En lugar del Plan Gas que premiaba al que más producía, Macri modificó el precio del gas poniendo un “precio plano”, sin ningún condicionamiento. Es decir, les otorga el premio sin que hagan el esfuerzo. El resultado está a la vista: desde que subió Macri, la inversión y la actividad en el sector de los hidrocarburos se derrumbó.
Los subsidios en nuestro gobierno estaban asociados a una estrategia energética clara: mientras se alcanza nuevamente el autoabastecimiento, para lo que faltarían 4 o 5 años, no se trasladarían todos los costos a los usuarios. El gobierno de Macri decidió aplicar una política muy distinta: para los usuarios, subsidio cero. Tarifas altísimas, dolarizadas, al precio de importación. Para las petroleras: precios altos, ganancias inmensas sin compromiso de inversión y de actividad. Lo que esconde, en esencia, este tarifazo es un cambio diametral en la política energética argentina. El propio Ministro Arganguren declaró que “no es relevante recuperar el autoabastecimiento”. A confesión de parte…"