"ANALÍZAME"

 

"Analiza": https://t.co/CluuEi87rZ

— La Corriente K (@lacorrientek) January 22, 2021

"Analiza". https://t.co/iD2bhJdhYU

— La Corriente K (@lacorrientek) January 21, 2021

Los otros días y a propósito del trillado tópico de los "problemas de comunicación" del gobierno, decíamos en ésta entrada: "Desde acá y con el sólo ánimo de aportar al debate, pensamos que la cosa es un poco más compleja: antes que comunicar hay que gestionar, y en la medida de lo posible y considerando los contextos, hacerlo lo mejor que se pueda. 

Si no hay nada de gestión, no hay nada que comunicar, aunque se intente: ésta formulación debería ser sencilla de aceptar universalmente, y sin embargo no sucede: leemos, vemos y oímos a diario que se nos informa que el gobierno "evalúa" tal cosa, o que "no descarta" tal otra, o que "sigue atentamente" determinado acontecimiento. 

Es decir, se está comunicando, pero en realidad no se comunica nada; al menos si por "algo" entendemos decisiones tomadas, firmes, concretas, plasmadas en los instrumentos institucionales del caso (leyes, decretos, resoluciones).  " 

Las reflexiones vienen como anillo al dedo para las "no ticias" de las que dan cuenta los tuits de apertura: que el gobierno "analiza" distintas medidas, como un bono extraordinario para los beneficiarios de planes sociales, las modalidades con que seguirán funcionando programas como el ATP o el Repro II, y las subas de precios en los alimentos.

De idéntico modo, en otras noticias se da cuenta de que se "analiza" retomar el IFE, o se anticipa que el lunes saldrían en el Boletín Oficial los decretos prorrogando la prohibición de los despidos, y la doble indemnización. 

Todos los temas reseñados tienen algo en común: dan cuenta de que la situación económica y social sigue siendo crítica, y demanda respuestas y acciones inmediatas por parte del Estado: respuestas y acciones, inmediatas. O sea, menos "analiza" y más "decidió", "resolvió" o "decretó".

Nadie puede suponer que el presidente y los funcionarios ignoran el contexto en el que les toca gobernar, dicho ésto por si algún genio de la comunicación oficial cree que se gana algo contándonos que están "analizando" que hacer al respecto.

Ese contexto crítico determinaría -por ejemplo- la decisión de prorrogar la prohibición de los despidos y la doble indemnización. Pero ese mismo concreto determina también que, con la misma o mayor premura, se tomen las demás medidas; en especial la asistencia extraordinaria a los sectores excluidos del mercado del trabajo formal o informal, y alguna medida de contención de la inflación en bienes sensibles, como los alimentos.

Claro que ahí aparecen otros factores, como por ejemplo en el caso de la IFE, el ATP o el REPRO además de algún posible diseño de "sintonía fina" para asegurarse de que sean efectivos y les lleguen a los que verdaderamente los necesitan, la decisión de invertir recursos del Estado en esos programas. Y en el caso del precio de los alimentos, la decisión política de confrontar con los que provocan los aumentos.

A que vamos con esto: a que sí, por razones de mal entendida "prudencia fiscalista" y de tacticismos del estilo "no da la correlación de fuerzas", no existe la más mínima intención de avanzar en uno u otro sentido, dejar filtrar a los medios que se "analiza" hacer tal o cual cosa no solo es inconveniente, sino contraproducente en términos políticos. Res, non verba, decían los romanos. 

Y si no va a haber res (nada que ver con los aumentos de la carne. O sí), que no haya verba. Tuits relacionados:    

Y si todavía no saben que vuelven qué importan los datos que se pidan? https://t.co/mJ5iziwDda

— La Corriente K (@lacorrientek) January 22, 2021

Una medida concreta para contener los aumentos de precios de los alimentos. No digo bajar ya. Contener. Una. No pido más.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 21, 2021

NO ES NECESARIO

¿O sea que mientras subsista la necesidad los van a seguir comprando con sobreprecios?: https://t.co/QcIlkpe8CA

— La Corriente K (@lacorrientek) April 6, 2020

El viernes pasado el operativo para el cobro de los jubilados y beneficiarios de AUH y otros planes fue una completa cagada, del principio al fin. No sirve decir que los bancos tuvieron la culpa (que la tuvieron), o hablar de la pelotudez de la gente que se resiste a usar la tarjeta de débito en el cajero, o el home banking, que existe: como Estado tenés que prever esas cosas, y estar preparado para darles respuesta.

La prueba está en que el sábado y domingo, con los mismos bancos y con la misma cantidad de pelotudos en la población, la cosa funcionó como debía funcionar, desde el principio. El gobierno hizo lo que tenía que hacer: había un error, lo corrigió.

Flaco favor le hacemos nosotros si justificamos el error, apelando a  cualquier argumento, o a señalar que el macrismo hacía cosas peores: para que se hagan mejores, justamente, es que nos votaron a nosotros y no a ellos.

Otro tanto pasa con la compra de alimentos con sobreprecios (sí, sobreprecios) de Desarrollo Social: no importa si los que la denunciaron fueron el diario La Nación y Cabot, el periodista de los cuadernos. Las resoluciones estaban publicadas en el Boletín Oficial, y cualquiera podía ver que se compró y a que precios, y sacar sus propias conclusiones.

Claro que el periodismo hegemónico opositor al gobierno se regodea en éstas cosas y calló por años el saqueo a gran escala que perpetró el macrismo del Estado, vía negociados eufemísticamente bautizados "conflictos de intereses", privatizaciones, endeudamiento y fuga de capitales. Pero de ellos no se puede esperar otra conducta, fue "su" gobierno. El asunto es que nosotros tratemos -en la medida de lo posible- de no mandarnos cagadas tan obvias, y dejárselas picando para que se hagan un pic nic.

El presidente viene hablando hace tiempo (lamentablemente y hasta ahora, solo hablando) de los vivos que especulan con la pandemia para aumentar los precios de los productos más sensibles de la canasta familiar, y hasta prometió un DNU para facultar a los municipios a controlar a los comercios de proximidad, y aplicar las sanciones de la ley de defensa de la competencia (entre nos, creemos que le erró al vizcachazo y quiso decir defensa del consumidor, porque de aplicar la ley de abastecimiento ni hablemos).

Y mientras pasaba eso, el propio Estado, comprando por procedimiento abreviado porque lo autoriza la declaración de emergencia, convalida sobreprecios en productos sensibles destinados a prestar asistencia alñimentaria a los sectores más necesitados: ¿cómo vamos a convencer a la gente de que podemos ir contra los formadores de precios, o reestructurar la deuda o poner en cintura a grupos como Techint, si pagamos por un paquete de fideos casi el doble de lo que vale?

Spoiler: tampoco podemos poner en cintura a Techint, que acaba de ratificar los 1450 despidos. Ni siquiera con un DNU que suspendió por 60 días los artículos 211 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Y si decimos que compramos caro porque hay emergencia -como dijo Arroyo- estamos diciendo que la emergencia autoriza a aumentar los precios de un modo desmedido, o sea lo contrario de lo que el presidente procura transmitir. 

Seamos serios, y banquemos todo lo que tengamos que bancar de éste, nuestro gobierno, el que militamos y votamos; y al que vamos a defender de todas las asechanzas que tiene a diario, en un contexto particularmente difícil. Pero bancar lo que haya que bancar no supone, necesariamente, bancar pelotudeces (pensando bien) de funcionarios que no están a la altura de las circunstancias, o no terminan de comprender lo que está en juego.

Otra vez: de ese modo, flaco favor le hacemos a un gobierno cuyo presidente (el nuestro, el que votamos) pidió que le dijéramos cuando se estaba equivocando, incluso saliendo a la calle si era necesario para hacernos oír. No pasó tanto tiempo de eso.

Si no vamos a tener que terminar creyendo que tanto pedido de autocrítica, tanto pegarle a "los patios militantes" y la "militancia termo" era nada más que un modo oblicuo de pegarle al kirchnerismo porque nunca les terminó de caber, y en especial a Cristina. Un cacho de coherencia nomás, no es tan complicado. Tuits relacionados: 

Si el Estado comprando por millones no consigue mejores precios ¿cómo podemos esperar que nos proteja a nosotros, los simples consumidores? No bancemos lo inbancable. Queremos renegociar la deuda o ir contra Clarín y no podemos pagar más barata una botella de aceite.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 6, 2020

Si el oferente no accede a efectuar la venta, se lo sanciona en base al art. 4 incisos a) y f). Se aplica una multa y se hace comiso de la mercadería (art.5). Luego se deposita en la cuenta del oferente el valor de la compra según precios máximos (deducido el monto de la multa)

— La Corriente K (@lacorrientek) April 7, 2020

APROVECHEMOS

Aprovechemos todo el tole tole que se armó con el coronavirus para discutir sobre el rol del Estado, cuales deben ser sus prioridades, sus funciones propias que son indelegables en el mercado, y la necesidad de que cuente con los recursos suficientes (que no pueden venir de otro lado que del pago de impuestos) para poder cumplirlas adecuadamente.

Aprovechemos para concientizar sobre la importancia de la salud pública, de tener un Ministerio que se ocupe de eso, y de que al frente de ese ministerio, esté alguien que entiende del tema, y sabe lo que hay que hacer en situaciones de crisis o emergencia.

Aprovechemos para analizar la relación que existe entre las libertades individuales de cada uno, y los deberes de solidaridad recíproca que tenemos entre todos, porque vivimos en sociedad y no podemos estar mirándonos el ombligo todo el tiempo, o dejar de vacunarnos o cumplir las recomendaciones sanitarias, simplemente porque se nos canta.

Aprovechemos para discutir ese disparate que hicieron en la reforma constitucional con el artículo 76 de la Constitución que habla de la delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo en situaciones de emergencia pública, de resultas del cual el poder administrador por excelencia (el Ejecutivo) tiene que pedir facultades paras administrar, justamente cuando más las necesita, porque se está frente a una situación de emergencia. (Más información al respecto, acá)

Aprovechemos para remarcar, todas las veces que haga falta, la importancia de tener un gobierno activo, que conduzca un Estado que regule todo lo que haya que regular sin miedos ni complejos, y a cargo de un presidente que demuestra que está en control de la situación (éste, u otro que haga lo mismo), y sabe para donde hay que ir; no un CEO de declamada eficacia, que naufraga en el primer problema que se le presenta.

Aprovechemos para señalar que, en determinadas circunstancias, es necesario que el gobierno interrumpa los noticieros o la novela para informar a la población sobre asuntos de interés general, por cadena nacional.

Aprovechemos para desterrar, de una buena vez, ese mito gorila de que el peronismo siempre tiene la suerte de gobernar en coyunturas favorables, con abundancia de recursos y todos los planetas alineados en su favor, mientras que al antiperonismo le sucede exactamente lo contrario, por pura fatalidad, y no por errores propios.

Tuit relacionado:

El próximo gorila que diga que al peronismo siempre le toca gobernar en coyunturas favorables y con viento a favor se come un sopapo con la mano abierta. Primer aviso.

— La Corriente K (@lacorrientek) March 13, 2020

LO QUE HAY Y LO QUE NO HAY

Y dale con la cantinela de los superpoderes, @serdelfino:https://t.co/lk7qC4PSf1

— La Corriente K (@lacorrientek) February 8, 2020

El viernes pasado ingresó a la Legislatura el proyecto de ley de "necesidad pública" en materia alimentaria, sanitaria, financiera, de seguridad y de las contrataciones públicas que envió el Poder Ejecutivo provincial. Mucho se ha especulado al respecto, en los medios y por parte de la oposición. Menos se ha explicado, en contraste, que es lo que contiene el proyecto, y que es lo que no. Empecemos entonces por explicar lo que sí hay en el mensaje y proyecto de ley que envió Perotti:

* La creación de un Programa de Emergencia Alimentaria, para reforzar en dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000) las partidas para programas alimentarios contempladas en el Presupuesto en el Ministerio de Desarrollo Social; lo que permitirá -por ejemplo- aumentar sustancialmente los montos que perciben los beneficiarios de la Tarjeta Única de Ciudadanía (provincial) para ponerlos en línea con la tarjeta alimentaria de la nación, y los montos que se pagan a las entidades que atienden merenderos y comedores comunitarios (artículos 4 y 5 del proyecto).

* La facultad en el artículo 7 para que el Ministerio de Salud afecte a los programas y planes derivados de la emergencia sanitaria que se declara, la producción del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF SE) y oriente los medicamentos a  producir por éste; creándose por el artículo 8 el Programa de Emergencia Sanitaria, que tendrá fondos por dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000), para programas de Atención y Recuperación de la Salud y Accidentología y Emergencias Sanitarias contemplados en el Presupuesto en el Ministerio de Salud, y en el Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales, al que se le destinan 380 millones de ese total.

* Se faculta al Ministerio de Salud (artículo 11), a incrementar los aranceles y tasas de habilitaciones que cobra a los establecimientos privados de salud, con destino a la Dirección General de Auditoría Médica, se dispone que todas las actuaciones en las que se indique que son para atender la emergencia alimentaria, social o sanitaria tienen prioridad en el uso de las autorizaciones para gastar (artículo 12), y se encomienda a los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social efectuar un monitoreo constante de precios y disponibilidad de medicamentos e insumos del sector salud y de alimentos y de otros bienes necesarios para atender la emergencia social, alimentaria y sanitaria, tomando como referencia los establecidos por los organismos nacionales y provinciales competentes al momento de establecer el presupuesto oficial para realizar los trámites de adquisición (artículo 13).

* Se establece (artículo 23) una moratoria de deudas por recursos no tributarios, sus intereses y multas vencidas al 31 de diciembre de 2019; el que incluirá los siguientes multas de la Agencia Provincial de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad, por aplicación de la Ley Provincial de Tránsito, multas de la Dirección Provincial de Vialidad por circular con exceso de carga en rutas provinciales, tasas Bromatológicas a cargo de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud; aranceles por Control de Fitosanitarios a cargo del Ministerio de la Producción; multas de las Direcciones de Transporte y Comercio Interior del Ministerio de la Producción, por infracciones a las leyes correspondientes a su competencia; multas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por incumplimiento a las leyes laborales y multas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, por infracciones a las leyes correspondientes a su competencia.

* Se autoriza por el artículo 24 al Poder Ejecutivo a concertar operaciones de crédito público por doce mil millones de pesos ($ 12.000.000.000), para atender renegociaciones de contratos públicos, o la cancelación de deuda flotante, o consolidada en los términos del Presupuesto; a través de la emisión de pagarés, letras del Tesoro y cheques de pago diferido cuyo vencimiento exceda el ejercicio. La autorización es extensiva a los Municipios y Comunas, para atender las deudas con sus proveedores y contratistas.

* También se autoriza al Poder Ejecutivo  (artículo 26) a concertar operaciones de crédito público hasta la suma de quince mil millones de pesos ($ 15.000.000.000.), con el objeto de recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales a la Vista (FUCO), vaciado en el final de la gestión de Lifschitz.

* Se crea por el artículo 29 un Régimen Transitorio de Asistencia Financiera a Municipios y Comunas, por algo más de tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000), para que puedan afrontar la política salarial, la prestación de servicios esenciales a la población, situaciones de emergencia social, cancelación de deudas o inversión real directa.

* Por el artículo 33 se faculta al Ministerio de Seguridad a disponer la convocatoria al servicio activo del personal de la Policía de la Provincia en situación de retiro del Escalafón General, Subescalafón Seguridad, con la salvedad que en ningún caso puede reintegrarse al servicio personal que se encuentre con auto de procesamiento en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad o condenados en causa penal, aún cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena.

* Por el artículo 34 se faculta al Ministerio de Seguridad podrá poner en disponibilidad al personal policial que no hubiera sido reubicado o reasignado en el proceso de reorganización de la dependencia o área en la que presta servicio; acredite como mínimo veinte (20) años de servicios policiales; y reviste en alguno de los grados comprendidos entre las jerarquías de Comisario hasta Director General de Policía, ambas inclusive; el que puede ser pasado a retiro obligatorio transcurridos los treinta días (30) de dictada la disponibilidad (artículo 35).

* Por el artículo 37 se crea el Programa de Emergencia en Seguridad, para ser destinado a los rubros “Construcciones” (obras en comisarías, en el ISEP), “Maquinaria y Equipo” y “Equipo de Seguridad” (motos, patrulleros, camionetas), el que se financiará con aportes de Rentas Generales del Tesoro provincial por hasta pesos mil millones ($ 1.000.000.000.-); el 15 % de los recursos provenientes de los Servicios de Policía Adicional y el 50 % de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, lo que sumaría unos 2300 millones de pesos. 

* Por el artículo 39 se reglamenta la rendición a efectuar por el Ministerio de Seguridad  de los fondos reservados que estaban asignados a diferentes unidades policiales, y que el Gobernador por Decreto 53 le transfirió al Ministerio (más información acá).

* Por el artículo 40 se faculta al Poder Ejecutivo a utilizar los recursos provenientes de las operaciones de crédito autorizadas para dar sustentabilidad en el tiempo (o sea, prorrogarlas) a las medidas dispuestas por el Decreto Nº 69/20; es decir, sostener el congelamiento de tarifas (más información, acá). 

* Por el artículo 41 se faculta al Poder Ejecutivo a disponer franquicias adicionales a los efectos de garantizar progresivamente la absoluta gratuidad del boleto educativo en todos los niveles y modalidades, pudiendo a esos fines podrá afectar, si fuera necesario, las disponibilidades financieras resultantes de las operaciones de crédito que concierte conforme a la autorización que se le da, y disponer las modificaciones necesarias al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, incrementando el monto de “Transferencias” (aumento de subsidios).

Eso es, en líneas generales, lo que hay en el proyecto de ley que Perotti remitió a la Legislatura. Lo que no hay, en cambio, es:

* "Facultades extraordinarias", "suma del poder público" o "superpoderes" al Gobernador para rescindir unilateralmente contratos sin consecuencias, contratar en forma directa sin hacer licitación, o evitar la intervención del Tribunal de Cuentas, o para manejar fondos públicos sin rendir cuentas a nadie.

* Privatizaciones o ventas de activos del Estado, cierre de empresas públicas, o incorporación a las mismas de capitales privados, o cambios en el agente financiero para -por ejemplo- sacarle el contrato a Eskenazy, y dárselo a Grenón. 

* Aumentos de tarifas de los servicios públicos a cargo del Estado provincial (luz, agua), ni regulados por él (peajes y transporte), como fue norma y varias veces al año, entre 2007 y 2019.

* Congelamiento de salarios o jubilaciones, recorte de derechos a los jubilados o empleados públicos, o despidos en masa en el Estado.

Desde acá lamentamos si algunos estaban esperando que hubiera algo de todo eso (o incluso lo anunciaron), y quedaron decepcionados.

LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD

Tal como se anunciaba y esperaba, el Frente Progresista, que gobernara la provincia los últimos 12 años hasta este mes de diciembre en que volvió el peronismo a la Casa Gris, rechazó el proyecto de emergencia en múltiples aspectos (económica, financiera, fiscal, sanitaria, social, alimentaria y de seguridad) enviado por Omar Perotti a la Legislatura.

Desde su óptica, podría decirse que el rechazo es lógico: declarar por ley que la provincia está en emergencia sería reconocer que gobernaron como el culo. Pero como dijo alguien que de esto sabía: la única verdad es la realidad, y aun cuando no quieran darle consagración legislativa, estamos en emergencia, y gobernaron como el culo; y esto último no lo decimos nosotros: lo dijeron los santafesinos el 16 de junio cuando votaron, y por eso perdieron las elecciones.

De modo que ese es un debate que -como señaló Leandro Busatto en el debate- ya está saldado, mal que les pese. Y bien harían en empezar por reconocerlo si no con expresiones públicas (nadie les pide que se tiren ceniza y pidan perdón), con gestos políticos; como ayudar al nuevo gobierno a resolver los quilombos que ellos armaron. Pero no, eligieron otro camino, que hoy parece el más fácil, pero a la larga se les puede terminar volviendo en contra: en política estas cosas se pagan, más tarde o más temprano.

Ni siquiera vale decir ahora que si un gobierno peronista le hacía esto a uno de distinto signo político que lo sucediera será un escándalo, porque el peronismo (al menos en Santa Fe), no lo hizo: por el contrario, los que son lectores asiduos de este blog sabrán que muchas veces hemos cuestionado que la dirigencia peronista con representación institucional (en especial en el Senado) aportara a la "gobernabilidad" de las administraciones del socialismo, trenzando la soga con la que se iba a ahorcar al peronismo en su conjunto.

Pero de todo se aprende en la vida, y el paso por la Legislatura del paquete de leyes enviado por Perotti para afrontar la emergencia así lo demuestra: en un gesto de sensatez que demuestra que tomaron conciencia de la grave situación de la provincia, los senadores votaron la ley tributaria y las emergencias, y en éstas últimas aceptaron darle al gobernador herramientas para sortear la crisis, que le habían negado en la discusión anticipada y apurada del presupuesto 2020.

Se abre ahora otro panorama, donde Perotti deberá extremar el ingenio para utilizar las herramientas disponibles para lidiar con la pesada herencia que le deja el socialismo, mientras enfrenta los graves problemas que la provincia tiene por sus indicadores de pobreza e inseguridad, que están por encima de la media nacional; y mientras apuesta (como todos, incluso los que le negaron el voto en la discusión legislativa de la emergencia) a que Alberto Fernández logre enderezar el rumbo económico del país, y de ese modo se vaya recomponiendo la cosa.

No será fácil, pero nadie dijo que lo fuera, y encima de eso, si alguien esperaba algún gesto de madurez del socialismo (aceptando que perdió las elecciones, y otro debe gobernar porque así lo decidieron los santafesinos), tendrá a la vista las pruebas de que la esperanza era vana. No se puede decir que sorprenda, viniendo de parte los que insistieron hasta la víspera misma de la elección con una reforma constitucional para la que nunca se preocuparon por conseguir consenso; o que se pasaron 12 años en el gobierno echándole la culpa de todos los problemas a los demás, sin hacerse cargo nunca de nada, en la parte que les tocaba, que era mucha.

Lo diga o no una ley, en Santa Fe hay emergencia, mal que les pese; y en ese marco Omar Perotti desenvolverá su gobierno, por lo menos en los primeros tiempos. Y si logra sortear las dificultades no será precisamente por "los aportes a la gobernabilidad" de una "oposición responsable", que no quiso discutir la emergencia, sino que prefirió hablar (como siempre) de las nubes de Ubeda: que si el gobernador quería superpoderes para convertirse en un emperador, que si quiere "vender" (sic) el Laboratorio de Fármacos, que esto o que lo otro. 

Lo que seguro no hizo Perotti es -por decir algo- armar un fideicomiso oscuro del Banco Municipal de Rosario, para manejar los recursos del Laboratorio, tal como manejaron -del mismo modo- los peajes de la autopista, o el Fondo Provincial del Deporte. Pero de nada de eso se habló en el debate. Ni acumular una deuda de más de 1500 millones con los prestadores de servicios del Ministerio de Salud (como los proveedores de insumos, o los efectores a los que se derivan pacientes), y negarse a declarar la emergencia sanitaria; o dejar un choclo de contratos dolarizados, y negarse a darle al Poder Ejecutivo atribuciones para renegociarlos. 

De lo que tampoco hablaron durante el debate (porque no pueden) es si es o no cierto que hicieron crecer la deuda flotante de la provincia con proveedores y contratistas un 78% en un año, llevándola a 22.700 millones de pesos, o si es cierto o no que se patinaron 14.770 millones de pesos del FUCO en apenas 10 días, dejando solo 118 millones en caja; mientras pedían anticipos en descubierto al banco de Eskenazy pagando una tasa de interés del 70 % anual. 

De eso nada dijeron, en todo el debate de las leyes, en ambas Cámaras: raro que no se hayan defendido con cifras en la mano, si todo está tan bien como dicen, al punto de no necesitar declarar la emergencia, ¿no?. Como tampoco pudieron enumerar una sola medida concreta que haya tomado Lifschitz en su gobierno para paliar la emergencia social y alimentaria que las organizaciones barriales le pidieron en vano declarar durante dos años, para terminar haciéndolo a desgano, por decreto y sin adoptar una sola medida en consecuencia con la declaración.

Ni falta hace que digamos que, aunque lo quieran negar o esconder, Santa Fe está en emergencia en materia de seguridad desde hace años. Tanto, que ellos mismos la declararon por la Ley 13.297 en el 2013 y ya está vencida, y nadie en su sano juicio podría decir -sin ruborizarse- que la situación en esa materia ha mejorado desde entonces. A menos que Pullaro crea que a los familiares de víctimas de la inseguridad que impugnaron su asunción como diputado los mandó Perotti; porque cuando uno pierde contacto con la realidad, cualquier razonamiento es posible.

Ah, un dato final: ¿el acompañamiento de los diputados de "Juntos por el Cambio" al rechazo a la emergencia habrá sido el acto de lanzamiento de la nueva "Unión Democrática" provincial que quieren conformar todos los sectores antiperonistas, dejando de lado viejas diferencias entre "progresistas" y "neoliberales", que nunca existieron? Tuits relacionados: 

Cuando el socialismo dice "Perotti no necesita la emergencia porque tiene todas las herramientas para gobernar" debe leerse "Se puede seguir endeudando con el banco de Eskenazy al 70 %", @serdelfino

— La Corriente K (@lacorrientek) December 31, 2019

Y el socialismo rechazó la emergencia sanitaria: https://t.co/SCwG5RgvHA

— La Corriente K (@lacorrientek) December 31, 2019

Cualquier parecido entre la discusión del PRO con la UCA por los índices de pobreza para decir que Macri no creó nuevos pobres, y el socialismo negándose a declarar la emergencia en Santa Fe (con el apoyo del PRO) sería pura casualidad, @serdelfino.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 31, 2019

En la PBA el PRO negocia con Kicillof votarle la ley tributaria por cargos en el Estado. Acá en Santa Fe en la discusión por la emergencia, el socialismo le pide a Perotti derogar el Decreto 89 que tumbó los nombramientos de Lifschtiz. Tan distintos que son iguales ya @serdelfino

— La Corriente K (@lacorrientek) December 31, 2019

El histórico partido de la gorra nunca defrauda, @serdelfino:
https://t.co/obwzaqZA60

— La Corriente K (@lacorrientek) December 31, 2019

EL PERONISMO LOS PONE MIMOSOS

Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con la reacción opositora a las primeras medidas del gobierno de Axel Kicillof es un termómetro de como vendrán las cosas en el país en los próximos meses y posiblemente años; y no solo porque el gobernador de Buenos Aires es una figura con una posible proyección política mayor de cara al futuro.

Se juega allí buena parte del destino del gobierno del peronismo retornado al poder, después de los cuatro años de saqueo macrista; y por eso los responsables de ese saqueo reaccionan como lo hacen: como si no tuvieran nada que ver con el desastre que causaron, y tratando por todos los medios de agrandarlo o evitar que se tomen medidas para resolverlo, esperando que todo vuele por los aires: sí, son los mismos que hace hace menos de 20 días hablaban del "club del helicóptero", e imaginaban movidas destituyentes contra Macri y María Eugenia Vidal.

Axel recibió el gobierno de la provincia más grande del país (un país en sí misma) con un enorme endeudamiento en dólares contraído en tiempo récord por la pésima gestión de Vidal, que apeló a ese mecanismo aun cuando su relación con Macri le permitió gozar del beneficio de la actualización del fondo del conurbano. 

Y cuando el nuevo gobernador trata de recomponer ingresos para hacer frente a las obligaciones más apremiantes de su administración (en una provincia desquiciada por el macrismo en la prestación de sus servicios esenciales como la salud y la educación), y trata de que el esfuerzo de esa recomposición de ingresos fiscales recaiga sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, no solo estos se le paran de manos, sino sobre todo sus mandaderos en el sistema política, es decir la dirigencia de lo que era hasta diciembre "Cambiemos", en especial el PRO.

Con la misma irresponsabilidad con la que aceptaron que Macri le tirara por la cabeza a la provincia los contratos de tarifazas dolarizadas con Edenor y Edesur, y con la que Vidal descerrajara a los bonaerenses otro tarifazo de luz pocos días antes de dejar el gobierno; medidas todas revertidas por el gobierno de Alberto Fernández en la ley de emergencia aprobada por el Congreso, y por Kicillof al asumir la gobernación bonaerense. Dicen que detrás de todo hay una disputa por cargos en el Estado que asume ribetes extorsivos, pero pensar que ese es el único motivo sería engañarse.

Pero no son Kicillof y su gobierno en la provincia de Buenos Aires los únicos que tienen que lidiar con éste tipo de situaciones: acá en Santa Fe también se cuecen habas, y hay paralelismos que asustan: cuando Omar Perotti planteó en la Legislatura una ley de emergencia en distintos aspectos (sanitaria, social, alimentaria, de las contrataciones, fiscal, económica y de seguridad), el portavoz legislativo del socialismo, Joaquín Blanco, usó exactamente las mismas palabras que empleó en el Congreso nacional Waldo Wolf (diputado del PRO) para referirse a las atribuciones que reclamaba para sí Alberto Fernández en la ley de emergencia: que trata de convertirse en un emperador. 

Y eso no fue todo: el vocero encargado de decir que no le votarán a Perotti la ley de emergencia en seguridad (en la provincia con los mayores índices de delito violento del país) fue Maximiliano Pullaro, el ex ministro de Seguridad de Lifschitz hace hace días, responsable de esos índices y parte de un gobierno que gobernó con ley de emergencia en seguridad por varios años; al amparo del cual hasta hicieron contrataciones del Plan Abre, sin licitación y con intervención perentoria del Tribunal de Cuentas. El mismo que al asumir sufrió una impugnación a su diploma de diputado, por parte de los familiares de las víctimas de la inseguridad en Santa Fe.

Le niegan a Perotti la declaración de emergencia sanitaria mientras los nuevos hospitales que inauguraron se inundan cuando llueve, o los proveedores de insumos del Ministerio de Salud amenazan con cortarle el suministro por las deudas acumuladas; y también le niegan la declaración de emergencia alimentaria y social en una provincia cuyos indicadores de pobreza (sobre todo en los grandes aglomerados urbanos de Santa Fe y Rosario) están por encima de la media nacional.

Tampoco quieren declarar la emergencia financiera y fiscal, ni permitirle introducir ahora en el presupuesto que armaron ellos (pese al pedido de Perotti de que no lo hicieran) herramientas para renegociar contratos y pago de deudas con los proveedores; cuando acumularon una deuda flotante de 22.700 millones de pesos en solo un año, y cuando se fumaron casi 15.000 millones de pesos del FUCO (fondo de cuentas oficiales bancarias) en apenas 11 días, del 30 de noviembre pasado a la asunción del rafaelino.

Es decir, el "progresismo" santafesino dejó a la provincia en el mismo Estado (calamitoso) que dejó a la provincia de Buenos Aires la derecha asumida, explícita y no culposa, y al igual que ella se desentiende del problema, y sabotea los intentos de resolverlos que ensayan los que en uno y otro lado, votó el pueblo para eso. Porque si no, tanto amarillos bonaerenses como socialistas santafesinos hubieran ganado las elecciones, y seguirían gobernando.

Nadie puede desconocer que hay diferencias entre Kicillof y Perotti, aunque ya distinguir al socialismo que gobernó acá 12 años del PRO que lo hizo en Buenos Aires los últimos cuatro, se hace cada día un poco más difícil. Lo que está claro es lo que hay en común, en uno y otro caso: volvió el peronismo al gobierno, y eso los pone como locos. 

Pero hay un dato positivo para destacar: todas estas movidas destituyentes (porque eso son, sin dudas) parecen no tener demasiado respaldo social, como lo comprueba el escaso poder de convocatoria de los "cacerolazos" y "tractorazos" del campo. Las cosas parecen estar cambiando, para bien, y la gente tiene otras preocupaciones que atender; que siga así.

EL AJUSTE MENOS PENSADO

Tal como indica la imagen de apertura, anoche ingresaron al Senado provincial los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo proponiendo una reforma tributaria con moratoria impositiva, y una ley de emergencia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, económica, financiera y fiscal y en seguridad en la provincia, con los alcances establecidos en la ley, hasta el 31 de diciembre del año 2021.

El proyecto ratifica la adhesión a la Ley nacional 27519, por la que se prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional; y en los fundamentos del mensaje se indica que si bien Lifschitz había adherido por el Decreto 2875, no adoptó ninguna medida en concreto como consecuencia de la adhesión. Dispone que en el uso de las autorizaciones para gastar contenidas en el presupuesto tendrán prioridad las partidas destinadas a salud, desarrollo social y la emergencia alimentaria.

Les encomienda a los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social efectuar un monitoreo constante de precios y disponibilidad de medicamentos e insumos del sector salud y de alimentos y de otros bienes necesarios para atender la emergencia social, alimentaria y sanitaria, tomando como referencia los establecidos por los organismos nacionales competentes al momento de establecer el presupuesto oficial para realizar los trámites de adquisición. Es decir, que la provincia aproveche en sus compras las mejoras que obtenga la nación negociando con los laboratorios y las alimentarias.

Con motivo de la emergencia social, alimentaria y sanitaria declarada, el Ministerio de Salud queda facultado a afectar a los programas y planes derivados de la emergencia sanitaria la producción del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado y orientar los medicamentos que produce  esos fines; y al mismo tiempo se amplían las facultades de contratación del Laboratorio, para ampliar su capacidad de producción para abastecer a los efectores públicos de salud. Las contrataciones necesarias para adquirir bienes para atender la emergencia social, alimentaria y sanitaria, se consideran comprendidas en la causal de urgencia contemplada en el régimen de contrataciones, con lo cual se agilizan los procedimientos y los controles del Tribunal de Cuentas.  

Hay un capítulo entero dedicado a los contratos del Estado, por el cual se faculta al Poder Ejecutivo a reprogramar sus plazos y a resolverlos (rescindirlos) en su caso, invocando la emergencia como causal de fuerza mayor; salvo que sea posible la continuación del contrato, previo acuerdo de partes que se sostenga en el principio del sacrificio compartido. Esto es de particular importancia en los contratos dolarizados que deja como herencia el socialismo, en los que la devaluación disparó los costos que debe pagar la provincia a niveles insostenibles.

De acuerdo con el proyecto, el Gobernador puede suspender por 90 días corridos prorrogables por otro tanto, todas las licitaciones y concursos en trámite, incluyendo los que se realizan en los Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado y en las Unidades Ejecutoras encargadas de la gestión de programas con financiación proveniente de organismos multilaterales de crédito. También puede proceder a la venta de inmuebles ociosos o improductivos del Estado, destinando los importes obtenidos por la venta a acciones que se ejecuten para favorecer la inclusión educativa (como el boleto educativo gratuito), paliar la emergencia social, alimentaria y sanitaria o en seguridad que se declara.

El capítulo fiscal del proyecto apunta a una mejora de los procedimientos, estructuras, equipamiento y metodologías de fiscalización de la Administración Provincial de Impuestos (API), para alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la determinación, fiscalización y recaudación de los impuestos. Se modifica la ley de presupuesto que armó Lifschitz e hizo aprobar antes de la asunción de Perotti, para facultar al Poder Ejecutivo a emitir pagarés y letras del Tesoro con vencimiento más allá del ejercicio 2020, para cancelar deuda consolidada con proveedores y contratistas; y a tomar créditos para recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales a la Vista (FUCO), es decir, la suma de las cajas de la provincia.

Esto se explica por las cifras que da el propio mensaje sobre la situación financiera de la provincia que recibió Perotti del socialismo: de acuerdo a la información suministrada por la Contaduría General de la Provincia, la administración provincial registraba al 30 de noviembre un desequilibrio fiscal de 8129 millones; que será sustancialmente mayor al cierre del ejercicio, con una deuda flotante que asciende a 22700 millones y que registra un incremento vertiginoso de 78 % con relación al año anterior. Por otro lado, se señala que el nuevo gobierno encontró una gran cantidad de tramitaciones que implican compromisos ciertos de gastos, que no cuentan con imputación presupuestaria (para saber si se contaba con partidas para atender esos gastos).

El vaciamiento del FUCO fue monstruoso: ascendía a 14888 millones al 30 de noviembre, pero al momento de llegar el nuevo gobierno tenía disponibles solo 118 millones, puesto que los 14770 millones restantes ya habían sido utilizados. Traducido: se la patinaron toda, y por eso tuvieron que apelar a adelantos transitorios provenientes del agente financiero de la provincia (el Nuevo Banco de Santa Fe de Eskenazy), con un costo financiero del orden del 55 % anual actualmente, superando el 70 % en meses anteriores.

La emergencia en seguridad significará profundizar las medidas que viene tomando Marcelo Saín desde que asumió la conducción del Ministerio de Seguridad: se lo faculta a modificar la estructura orgánica y funcional de la Policía creando, transformando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y dependencias; reajustar y racionalizar los recursos humanos, asignando y reasignando funciones, dependencias y destinos a todo el personal de la fuerza, pudiendo afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la Administración Pública centralizada para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales, priorizando el destino del personal policial a tareas específicas de seguridad.

Se la transfieren al Ministerio de Seguridad la administración y disposición de los fondos especiales autorizados por distintas leyes especiales para ser manejados por la Policía para tareas de inteligencia policial e investigación criminal (una de las "cajas negras" de la cana); y se dispone que el estado de emergencia en seguridad es causal suficiente para disponer el reintegro al servicio activo de personal retirado, poner en disponibilidad o pasar a retiro, al personal de la Policía. La ley dispone que en ningún caso puede reintegrarse al servicio personal policial con auto de procesamiento en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad o condenado en causa penal, aún cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena.

La declaración de emergencia en seguridad faculta al Ministerio de Seguridad para poner en disponibilidad al personal policial que no hubiera sido reubicado o reasignado en el proceso de reorganización de la dependencia o área en la que presta servicio, acredite como mínimo veinte (20) años de servicios policiales y reviste en alguno de los grados comprendidos entre las jerarquías de Comisario hasta Director General de Policía, ambas inclusive. O sea, una depuración más amplia aun de las cúpulas de la fuerza policial. El personal policial puesto en disponibilidad como consecuencia de la emergencia podrá ser pasado a retiro a los treinta días (30) de dictada la disponibilidad.

Como puede verse, no hay privatizaciones de organismos públicos, ni se transfiere la Caja de Jubilaciones, ni se despiden empleados públicos o se les recortan sus salarios; aun cuando la situación financiera de la provincia es extremadamente difícil.

Es decir, no pasa nada de lo que el socialismo en campaña decía que iba a pasar si ganaba Perotti, o lo que aun está diciendo hoy en las redes sociales y a través de los medios adictos, cuando el nuevo gobierno avanza sobre la herencia recibida, como la implantación de ñoquis en la estructura estatal. El ajuste menos pensado, o por donde no se lo esperaban.

Vamos a ver que pasa cuando todo esto se discuta en la Legislatura, si siguen hablando al gas, o se hacen cargo de la parte que les toca por el estado en el que dejaron la provincia, que está lejos de ser el "fórmula 1" del que hablaba Lifschitz cuando se despidió. 

EN SANTA FE NO HAY HAMBRE

¿Se acuerdan de la emergencia alimentaria? No ¿no?

Parece que fue hace tanto tiempo, y sin embargo pasaron apenas dos meses desde que el Congreso aprobó la ley, y acá en Santa Fe Lifschitz adhirió por decreto después de dos años de negarse a enviar un proyecto a la Legislatura declarándola por ley, como le pedían las organizaciones sociales.

Bueno, ahora, dos meses después (es raro lo que el socialismo entiende por emergencia" dicen que refuerzan las partidas del Ministerio de Desarrollo Social para eso, aunque en realidad es mentira: modifican el presupuesto en forma compensada, y lo que les dan a algunas municipalidades lo sacan de la partida de subsidios destinados a entidades sociales.

Lo curioso es que el decreto dice que la ayuda estará destinada a las ciudades "con mayor densidad poblacional, con gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad y criticidad social"; pero no está Santa Fe.

¿No hay acaso hambre en la capital de la provincia, algo que amerite que le tiren parte de los fondos como a las otras municipalidades o Rosario, que se lleva el 73,51 % de la asistencia?

Y que decir del "aporte extraordinario" para que la gente pueda comprar algo "para la mesa navideña de los hogares": 4,8 millones rasposos, casi lo mismo que un stand de la provincia en Expoagro, a valores del 2009. Y encima hay que devolver esa suma al Banco Municipal de Rosario, porque la anticipó (con guita que la provincia deposita) en las Tarjetas de Ciudadanía precargadas.

¿Qué qué tiene que ver con todo esto el Banco Municipal?

Que desde el 2014 viene prestando el servicio de administrar las cuentas de la Tarjeta Unica de Ciudadanía en las que se acredita la plata que la provincia destina a la compra de alimentos a los sectores más vulnerables, y se lo acaban de prorrogar hasta marzo del año que viene, porque le dejan a la nueva gestión resolver la licitación en marcha:

O sea, acá invierten el argumento que usaron en el caso de la adjudicación del contrato del nuevo agente financiero al Nuevo Banco de Santa Fe S.A. de Eskenazy, y usan el mismo que usaron para prorrogarle a Telefónica el contrato por el 911.

Eso sí: como en ese caso, nunca sabremos por que no se terminan las licitaciones en tiempo y forma, y sobre todo quienes se presentaron y quienes estaban en condiciones de ganar.

ASÍ FUNCIONA LA TRANSICIÓN: EJEMPLO PRÁCTICO

¿Vieron que por estos días se pudrió todo en la transición del gobierno de Lifschitz al de Perotti, porque el nuevo gobernador y sus colaboradores dicen que el socialismo rompió su palabra de no tocar nada, y ser austero y prudente con los gastos para no agravar aun más la crítica situación financiera de la provincia?

¿Cómo explicarlo con un ejemplo práctico para que lo entiendan? Por ejemplo con el decreto cuyas imágenes ilustran el post, firmado la semana pasada por Lifschitz y Garibay, el sucesor de Ciancio en eso de ser el "cajero recaudador" del socialismo.

Por el decreto se amplían las partidas del Ministerio de Infraestructura y Transporte en más de 518 millones de pesos con destino a distintas obras públicas, pero $ 273.811.000 (el 52,84 % del total) no se destinan a avances en las obras, sino a las "redeterminaciones de precios" de los contratos: o sea, su indexación, por la cual se paga más plata por el mismo nivel de obras.

Claro que nada sale gratis, y un monto de esa magnitud debe salir de otro lado, por ejemplo de plata que se "ahorró" el gobierno provincial de las políticas salariales, o de obras que se dejarán de hacer en Seguridad, Educación y el mismo Transporte, como vemos en una de las planillas anexas al decreto:

Ahora bien, ¿cómo se reparten esos algo más de 518 millones de refuerzo para la obra pública entre las diferentes obras?

Las obras que están recuadradas en verde (el cuadro de abajo es de otro de los anexos del decreto) suman unos 68.850.000 (el 13,29 % del total), y son acá en la ciudad de Santa Fe, más que nada obras de desagüe.

Pero otros $ 183.391.181 (el 35,39 % del total) corresponden a obras en la ciudad de Rosario (recuadradas en rojo), todas de pavimentación urbana, que debieron haber sido ejecutadas y pagadas por la Municipalidad.

¿Ustedes se imaginan lo que pasaría si esos algo más de 518 millones de pesos, en lugar de destinarse a "redeterminaciones de precios" de obras que en muchos casos no tiene por qué pagar la provincia, se destinaran a reforzar las partidas del Ministerio de Desarrollo Social para la emergencia alimentaria, a la cual Lifschitz adhirió por decreto?

Seguramente disminuiría la tensión social en los barrios más vulnerables de las ciudades y pueblos de la provincia, y no sería un polvorín con el que deberá lidiar el futuro gobierno.

Bueno, así viene funcionando en Santa Fe la transición.

¿QUE ALIMENTOS?

Hasta hace pocos días en que el Congreso nacional aprobó la ley, todos estaban hablando de la emergencia alimentaria, y diciendo que era necesario tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a los alimentos básicos a vastos sectores de la sociedad que no pueden conseguirlos por sus propios medios.

Entre ellos, el socialismo, el gobierno provincial y Lifschitz, a quiénes las organizaciones sociales de Santa Fe les vienen reclamando en vano que declararan acá la emergencia alimentaria, y reforzaran las partidas destinadas a ese fin.

En ese contexto, el propio Lifschitz dictó el decreto cuya imagen encabeza el post, en el que ser refuerzan las partidas del Ministerio de Desarrollo Social en algo más de 172 millones de pesos.

Según dice el propio decreto, parte de esos fondos estarían destinados a la "Unidad Ministro", para la adquisición de kits alimentarios. Sin embargo, viendo la distribución de los gastos en la planilla anexa (ver abajo), nos encontramos con otra cosa:

Como ven, más de la mitad de los fondos del refuerzo presupuestario (unos 85,5 millones, para ser más precisos) se destinan a "Becas" y "Transferencias a Otras Instituciones No Especificadas Previamente" (NEP).

Y del resto, solo 20 millones van a la "Unidad Ministro", y para "Ayuda Social a Personas Varias" dentro del rubro "Transferencias", o sea subsidios.

Cosa muy distinta de comprar alimentos por parte de la provincia (que al hacerlo puede lograr mejores precios por cantidad), para distribuirlos entre los necesitados.

Como hicieron por ejemplo en plena campaña electoral, con la excusa de las inundaciones, como veíamos acá. En esos casos el gasto se imputa a "Bienes de Consumo", partida que en este caso no se usó para nada. 

Incluso aunque todos los fondos adicionales asignados a la "Unidad Ministro" hubieran sido para adquirir kits alimentarios como dice el decreto, solo representarían 20 millones de pesos, sobre más de 172 millones del refuerzo de partidas de Desarrollo Social: menos del 12 %.

Daría la impresión que la burocracia política ministerial aprovechó la volada de la sensibilidad generada en torno a la emergencia alimentaria, para utilizarla como excusa y que le asignaran más fondos para otras cosas.

LOS NIÑOS "YO NO FUI" DE SANTA FE

Que el país está viviendo una crisis profunda, con graves implicancias sociales, consecuencia directa de las políticas del gobierno de Macri, es una verdad de Perogrullo; y nadie necesita que venga el gobernador a contárselo. Como tampoco que en el marco de esa crisis, la recesión golpea fuerte las finanzas provinciales porque caen los recursos propios y coparticipables en términos reales (medidos contra la inflación), mientras crecen las demandas.

Tampoco está en discusión que Macri y su gobierno se desentienden de las consecuencias de lo que generaron, y dejan a las provincias libradas a su propia suerte. Sin embargo, de ahí a sacarse el chivo del lazo con tanta soltura como intentó hacer hoy Lifschitz, media un océano de distancia. Una actitud que, por otro lado, es perfectamente consistente con los antecedentes del socialismo santafesino, que compite cabeza a cabeza con el PRO por el premio a los "niños yo no fui" de la política argentina: jamás se hacen cargo de nada, y la culpa siempre es de los demás.

Cuando gobernaba el kirchnerismo, la cantinela era que eran discriminados por la nación "porque representaban otro modelo de como hacer política y gestionar el Estado", y a la menor crítica que recibían, salían corriendo a hablar de oscuros intentos de desestabilización. Con ese cuento por ejemplo no se hicieron nunca cargo de Tognoli, ni de la policía atendida por sus propios dueños, ni de los desaguisados de Vorobiof en el puerto; que siguieron corregidos y aumentados después de su partida..

Tampoco nunca se hicieron cargo de que aumentaron de modo brutal las tarifas de los servicios públicos provinciales (luz, agua) y el transporte (aun teniendo subsidios nacionales), más los peajes de las rutas provinciales (destacando que no tenían subsidios nacionales): o sea, iban y venían según les conviniera con los argumentos, pero la culpa siempre estaba afuera. Y los aumentos se disparaban, por las dudas y como única respuesta.

Es tan cierto lo que dice Lifschitz que la crisis en el país no comenzó con las PASO sino por lo menos dos años antes, como que en ese momento (o sea, a fines del 2017) él y su gobierno aceptaban firmar el pacto fiscal propuesto por Macri; en el cual las provincias resignaban recursos, y estaban planteadas ya la eliminación del fondo sojero, y de los subsidios al transporte. Dicho sea de paso: al día de hoy Santa Fe sigue sin estar entre las provincias que fueron a la Corte a demandar a la nación por la eliminación del fondo sojero; y tardó dos años en promover la demanda de ejecución de sentencia por los fondos de ANSES.

Y desde esa misma época (hace dos años atrás) data el reclamo de las organizaciones sociales de la provincia para que el gobierno socialista declarara la emergencia alimentaria, que hasta hoy ha sido desoído; por eso sorprende que el gobernador diga ahora que están destinando más recursos a atender las necesidades sociales más apremiantes, cuando las propias cifras oficiales dicen exactamente lo contrario:  la Cuenta de Inversión del año pasado demuestra que Desarrollo Social sigue retrocediendo en su participación relativa en el conjunto de los gastos provinciales, como pasa prácticamente sin solución de continuidad desde que en 2007 el socialismo llegó al gobierno. 

Eso, sin mencionar que hay factores específicamente santafesinos (y socialistas) que determinan la precariedad de las finanzas del Estado provincial, que se vuelven una "pesada herencia" para el gobierno de Omar Perotti: la situación de la Caja de Jubilaciones (porque que la nación no financie el abultado déficit, no explica por qué este se produce), el IAPOS (en situación de quebranto por un modelo prestacional oscuro que el socialismo nunca admitió discutir) o el aumento exponencial de la planta política para sostener un ñocaje hoy en migración a la justicia o a la planta permanente.

Ni hablar de una deuda en dólares irresponsablemente contraída al amparo del arreglo del gobierno de Macri con los fondos buitres; que se traslada como pesada hipoteca en sus vencimientos al futuro gobierno. (Más información al respecto, acá) Sospechamos que este súbito brote de indignación contra Macri tiene más que ver con que el peronismo les está empezando a marcar los puntos sobre las ies por las condiciones en las que le están entregando el gobierno de la provincia, que con la crisis social.

Pero los "niños yo no fui" de nada de eso se hacen cargo, como tampoco se hacen cargo de haber intentado licitar obras sin contar con el financiamiento garantizado como estrategia de campaña, o de haber gastado en una absurda consulta popular por la reforma constitucional, que nunca se realizó. Pero más que nada no se hacen cargo de que perdieron la elección, y están de salida. Lo único que se les pide es que no sigan rompiendo cosas.