UN PAÍS NORMAL

 

Al parecer un país normal requiere que las empresas quieren y los trabajadores pierdan sus empleos. Estos soretes toscos son nuestra autopercibida élite económica. https://t.co/P9yVe25ZIq

— La Corriente K (@lacorrientek) February 25, 2026

Para los empresarios también tendría que valer lo de "con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes". https://t.co/jVoAirQNPA

— La Corriente K (@lacorrientek) February 25, 2026

Y ustedes pensando que se habían arrepentido. https://t.co/svM2MPM8J7

— La Corriente K (@lacorrientek) February 25, 2026

Tomemos nota cuando después todos estos larvas se quieran despegar del desastre. https://t.co/49pxwom98Y

— La Corriente K (@lacorrientek) February 24, 2026

Todos los acuerdos del régimen para armar partidos únicos terminan en crisis del tipo "que se vayan todos", y montones de sellos de goma desparramados para todos lados fingiendo demencia y travistiéndose aceleradamente en opositores.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 24, 2026

Siempre nos dijeron "el plan económico es sólido pero se necesitan consensos para darle sustentabilidad política". Ahora están logrando los consensos para hacer lo que se les canta la chota y queda más claro que nunca que el plan económico es un fracaso.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 24, 2026

El consenso del 70 % del que hablaba Larreta: https://t.co/5iCw25lFJj

— La Corriente K (@lacorrientek) February 24, 2026

Con apenas horas de diferencia, el CEO de YPF y el presidente de la CAME coincidieron en sus declaraciones: los cierres de empresas con su secuela de despidos y pérdida de fuentes de trabajo que se están sucediendo a lo largo y a lo ancho del país son los costos inevitables que hay que pagar para convertirnos en un país normal. Cosa que al parecer antes requiere tocar fondo en todos los planos: algo así como "cuanto peor, mejor".

Si lo hubiera dicho Myriam Bregman o algún otro dirigente de la izquierda los acusarían de golpistas y les armarían alguna causa judicial, pero como lo dicen corifeos de nuestra autopercibida élite empresarial pasa casi desapercibido, o se toma por válido el argumento; como si tal barbaridad ya no se hubiera dicho antes en nuestra historia, y los resultados no fueran los mismos, siempre que se aplicaron estas mismas políticas que hoy padecemos.

Y hablando de argumentos repetidos: desde 1976 para acá se nos dice que los planes económicos de la derecha (en sus diversas encarnaciones) son sólidos, pero es necesario alcanzar ciertos consensos políticos en torno a ellos para que puedan estabilizarse y lograr los frutos esperados (siempre que nos pongamos de acuerdo en cuales son). El "riesgo" no serían entonces las propias políticas económicas insustentables desde todo punto de vista, sino el "ruido político": las elecciones, las protestas sociales, el sindicalismo. La democracia, en definitiva.

Pues bien, desde ese punto de vista podría decirse que Milei disfruta de su propia pax: revalidó apoyo social en las elecciones de medio término, los respaldos de los grandes sellos empresarios a su gestión (como acaba de pasar con el G6) son explícitos (si no lo hicieran serían ingratos: gobierna para ellos), los medios hegemónicos (justo los que para él no son ensobrados) lo aplauden y replican al pie de la letra el discurso oficial, enfrenta al peor sindicalismo de la historia que dejó pasar la reforma laboral casi sin resistencia, la principal dirigente opositora (y presidenta a su vez del principal partido de oposición) está presa, proscripta y vigilada por la justicia en sus movimientos y declaraciones.

El peronismo está desarticulado y dividido y hasta apareció una fracción con peluca que se suma a la amplia coalición pan-oficialista; que controla con comodidad ambas Cámaras del Congreso y excluyó a la principal fuerza opositora de los cargos directivos y las comisiones; mientras ya están gastando a cuenta de que podrán armar una Corte Suprema a su medida. Y el resto del Poder Perjudicial (como pasa siempre) olfatea el clima de época y los ayuda a él, su hermana y sus funcionarios de zafar de las consecuencias de sus descuidismos varios, que perpetran mientras destrozan y entregan el país, o lo que queda de él.

Buena parte de los rectores de las universidades nacionales (los ligados a la UCR) negociaron bajo cuerda con el gobierno una nueva ley de financiamiento mucho más modesta que la que Milei se niega a cumplir aun mediando orden judicial, el Banco Central compra reservas, el dólar permaneció un buen tiempo más o menos estable y pareciera que todo está andando joya y acorde al plan, pero el riesgo país sigue estando por arriba del nivel que dispararía nuevo endeudamiento, las acciones y los bonos se desploman, y los cierres de empresas y despidos se multiplican, aunque ya hemos visto que esto último -según nos dicen- serían daños colaterales inevitables del éxito del modelo.

Pero sin embargo se mueve: lejos de la aparente calma por los reacomodamientos en la superestructura, el Congreso pintado de distintos tonos de violeta se sustenta en el ausentismo electoral de la mitad del padrón (registro récord desde la vuelta a la democracia), el voto de buena parte de los que concurrieron a las urnas ha sido traicionado en su sentido y los conflictos laborales son tan focalizados (por la crisis de la dirigencia sindical incapaz de conducirlos) como extendidos, porque la realidad "real" empieza a golpear donde más duele: bolsillo, empleo, salarios, inflación, despidos, cierres, recesión.

Y los agredidos por las políticas de Milei y su gobierno (simples ejecutores de una cruel venganza clasista) son como los personajes de la obra de Pirandello, que estaban en busca de un autor: no podemos saber hoy cuando se producirá la reacción, ni cuan extendida será ni -sobre todo- quien acertará a canalizarla y conducirla. Pero de algo podemos estar seguros: si no hay canales de expresión política (lo que explica la abstención electoral) ni sindical o a través de los movimientos sociales (otros desaparecidos en democracia) no significa que no la habrá. 

Nuestra historia es pródiga en ejemplos al respecto -en otros tiempos- de lo que era un país normal; que no es uno donde la mitad no vota, solo el 10 % vive más o menos bien, y se despliega un modelo económico que no tiene respuestas -ni empleo, ni progreso, ni perspectivas de futuro, ni inclusión- para las dos terceras partes de sus habitantes, como mínimo. Tuits relacionados:

20 años de intentos por construir el peronismo posta post de Perón libre de kirchnerismo para que lo terminen encarnando Sáenz y Carolina Moisés, para votarle todo a Milei. Fiera venganza la del tiempo, como decía Discépolo.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 25, 2026

...la protesta policial, hasta que creció y rebotó en los medios nacionales. El gobierno provincial sigue apostando a la misma táctica: en lugar de poner plata en los bolsillos de los trabajadores, elige ponerla en los de los empresarios de la desinformación. Así le va.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 25, 2026

¿LA CUARTA ES LA VENCIDA?

 

Está pasando de nuevo. Como con Martínez de Hoz, Menem y Macri. Y ni así aprenden algunos cuando votan. https://t.co/hd66eKyp1k

— La Corriente K (@lacorrientek) February 18, 2026

Lo dicen como si los tipos se hubieran ganado la lotería. https://t.co/OetRaydLcj

— La Corriente K (@lacorrientek) February 18, 2026

Imagináte si los despidos son así ahora lo que van a ser si se aprueba la reforma laboral que abarata las indemnizaciones. https://t.co/2viqq1a2jw

— La Corriente K (@lacorrientek) February 18, 2026

Pero la macro está ordenada, digamos todo. https://t.co/7jbGbOttY1

— La Corriente K (@lacorrientek) February 18, 2026

 

El cierre definitivo de la empresa FATE con su secuela de 920 trabajadores despedidos impacta por su tamaño, pero no sorprende en el contexto: desde que Milei es presidente, cierran 30 empresas por días, y se pierden en el mismo lapso 450 puestos de trabajo en el sector privado, sin contar los despidos en el Estado.

Las razones son muy sencillas de establecer: apertura indiscriminada de las importaciones, altísimas tasas de interés que hacen más rentable dedicarse a la bicicleta financiera que a producir, tarifas dolarizadas que incrementan los costos de producción, depresión del nivel de los salarios (principal ancla inflacionaria del plan económico) que impacta en la caída del consumo interno, apreciación cambiaria (el otro ancla contra la inflación) que abarata las importaciones y encarece los bienes transables producidos en el país, en dólares.

Exactamente el mismo set de decisiones de política económica (porque no se trata de fenómenos de la naturaleza) que se aplicaron en la dictadura de Videla y Martínez de Hoz con la "tablita", en el menemato con Cavallo y la convertibilidad, y luego con Macri. Siempre las mismas políticas de darwinismo económico y social que establecen reglas de juego para que sobrevivan pocos (los que hacen las reglas), y los demás se las arreglen como puedan.

Durante la dictadura y como parte del plan diseñado desde antes del golpe por el grupo Azcuénaga, la idea era desmontar lo que se denominaba "industrias artificiales" construidas con apoyo estatal y protección durante el primer peronismo; como parte de un plan político más amplio para retrotraer a la Argentina a 1943, sin sindicatos poderosos ni trabajadores organizados, con derechos y salarios altos. Suena actual, ¿no? 

En tiempos de Menem la novedad estuvo dada por el desguace y remate del patrimonio público con las privatizaciones, que antes se había ensayado pero nunca llegó a alcanzar esa escala. Y con Macri hasta se lo intentó teorizar como una "reconversión productiva", a la que se denominó "Plan Australia": las industrias catalogadas como ineficientes debían desaparecer y solo subsistir aquellas en las que el país era competitivo, en términos internacionales. La competitividad, por supuesto, siempre pasaba por deprimir los salarios y flexibilizar las condiciones de trabajo. Suena muy actual otra vez, ¿no?  

En los tres procesos mencionados la "reconversión productiva" trajo aparejados enormes costos sociales: destrucción de empleo y tejido industrial, aumento de la desocupación (buscado para deprimir los salarios y disminuir la conflictividad sindical), auge del cuentapropismo en variadas formas: remiserías, parripollos, canchas de paddle, clubes de video, o la sofisticación de la hijoputez con el macrismo, que nos mandaba a todos a convertirnos en cerveceros artesanales o pilotos de drones. Hoy día serían los empleos precarizados en plataformas como Uber, Rapi, Didi o Pedidos Ya.

El experimento libertario que encarna Milei no tiene -en ese sentido- nada de novedoso, y se inscribe en la misma tradición teórica, políticas y -sobre todo- resultados desastrosos. Y el grupo Azcuénaga fue reemplazado por las ensoñaciones delirantes de Sturzenegger, que nos dice que destruir empresas y perder empleos es el precio a pagar para que los argentinos podamos disfrutar de productos de mejor calidad y baratos. Cualquier parecido con el corto publicitario de la silla pergeñado por el aparato comunicacional de la dictadura (no en vano rescatado en estos tiempos por los trolls libertarios), es pura casualidad.

Para peor, el industricidio en curso en el país sucede en un contexto mundial marcado por la guerra de aranceles y las políticas proteccionistas de su propia producción que despliegan las principales potencias mientras le venden al resto los abalorios del libre comercio, y nosotros compramos: pensemos que casos como el de FATE y otros tantos se producen sin que aun hayan entrado en vigencia los leoninos y perjudiciales acuerdos de libre comercio que el gobierno de Milei y el Mercosur firmaron con Estados Unidos y la Unión Europea; que potenciarán al máximo las amenazas a nuestra industria y sus puestos de trabajo.

En ese mismo contexto la reforma laboral que impulsa el gobierno a pedido de casi todas las fracciones del capital busca abaratar aun más los costos salariales y los despidos, para que la sociedad financie con su sufrimiento la "reconversión" de las industrias en importadoras, como seguramente hará Madanes Quintanilla (que también es dueño de ALUAR) después de cerrar FATE. Una reconversión que para los trabajadores nunca es tan sencilla, y esta vez no será la excepción: en un país con 47 millones de habitantes, no hay lugar para tantos repartidores de envíos a domicilios, o choferes de aplicaciones.

Lo complejo del asunto es que la primera vez este plan (porque en esencia sigue siendo el mismo) se aplicó en dictadura y a punta de las bayonetas, como describiera magistralmente Rodolfo Wlash en su carta abierta a la junta militar; y la segunda vez, durante el menemato, en democracia pero con una sociedad estragada por la hiperinflación y dispuesta en consecuencia a soportar cualquier cosa, incluso una "cirugía mayor, sin anestesia", como se definió al sufrimiento social entonces.

Ya en la tercera -durante el macrismo- ni siquiera el ciclo más prolongado de crecimiento y redistribución de la riqueza desde el primer peronismo (que eso fueron los gobiernos de Néstor y Cristina) pudo evitar que muchos argentinos volvieran a tropezar con la misma piedra, y que decir de la cuarta (el experimento anarcocapitalista en curso), cuando la promesa de darwinismo económico y social fue explícita con la figura de la motosierra, y logró un amplio consenso social primero, y electoral después, revalidado en parte en las últimas elecciones.

¿Aprenderán algunos de la experiencia esta vez, o estaremos condenados a repetirla sin poder salir de la trampa rompiendo el círculo vicioso? Tuit relacionado: 

Sabés quién hablaba también de "industrias artificiales"? Martínez de Hoz. https://t.co/qCs6Omx9fj

— La Corriente K (@lacorrientek) February 18, 2026

OTRO TIRO EN EL PIE

 

Tal como se venía anunciando desde hace un tiempo y por obvias presiones de los Estados Unidos, este miércoles (inmediatamente después de la visita del Secretario del Tesoro) se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 273 (completo acá), por el cual se habilita la importación definitiva para consumo de bienes usados con simple declaración jurada, modificando una resolución de Cavallo de 1994.

La medida comprende por supuestos a los bienes de capital, como por ejemplo la maquinaria agrícola, y fue precisamente este aspecto el que encendió las alarmas en Santa Fe, en cuyo territorio radica el 44 % de la producción nacional del rubro; concentrada a su vez en Las Rosas y Las Parejas, en el Departamento Belgrano.

La cuestión tomó estado público en pleno proceso electoral santafesino, al punto de que se viralizó en las redes un video en el que alguien explicaba las consecuencias de la apertura para el entramado productivo de la zona, fuertemente vinculado al sector, cuya maquinaria cuenta además con un 80 % de partes producidas por otras empresas de la zona y de la provincia; lo que lo convierte en un ejemplo exitoso de cluster de empresas vinculadas y entramadas entre sí generando empleo genuino y de calidad, y promoviendo el arraigo en el interior de la provincia y del país.

Todo eso es, entonces, lo que estaba en riesgo ante la posibilidad de que el gobierno nacional -cediendo a una de las exigencias de los Estados Unidos a cambio de su apoyo para conseguir el préstamo del FMI- habilitara la importación de maquinaria usada, en un contexto ya de por sí difícil por la recesión y la caída del consumo, y en el que el sector agropecuario está retaceando sus compras por una política económica que los perjudica claramente, pero como no estamos en un gobierno peronista, decidieron callarse la boca y no salir a cortar rutas.

Pues bien, el domingo pasado -como los de toda la provincia- los habitantes del Departamento Belgrano fueron a las urnas, y con ellos, los de las municipalidades de Las Rosas y Las Parejas, donde como se dijo están ubicadas las principales empresas del sector de maquinaria agrícola.

La imagen de apertura nos muestra como resultó la cosa para el nivel departamental de la elección de convencionales constituyentes: el candidato de "La Libertad Avanza" (actual intendente de Las Rosas) ganó con el 42,08 % de los votos, seguido por el actual senador provincial por el Departamento Belgrano, que era el candidato de Pullaro; y entre los dos acumularon el 76,25 % de los votos.

En la misma categoría de cargos (convencionales por el departamento), el candidato de LLA obtuvo el 67,77 % de los votos en Las Rosas, y si bien fue segundo en Las Parejas a corta distancia del candidato pullarista, entre ambos sumaron allí el 69,67 % de los votos. En Las Rosas esa sumatoria llegó al 74,97 %. Por si alguien piensa que en la elección pudieron influir los factores locales, hay que recordar que Las Rosas no eligió concejales, y en Las Parejas (donde sí se elegían), la fuerza que responde a Milei ni siquiera presentó candidatos a esa categoría de cargos.

Es decir que entre los candidatos del gobierno que amenazaba (y cumplió) con tomar una medida mortal para los intereses de las empresas y trabajadores de la zona, y los del gobernador que viene secundando todas y cada una de las políticas de ese gobierno nacional con alguna que otra tibia protesta para cuidar las formas (y el caso de la maquinaria agrícola importada no fue la excepción, como no lo fue la hidrovía y otros tantos temas similares) se alzaron con 3 de cada 4 votos de los habitantes de la región.

El propio Pullaro en una ronda de medios nacionales el día después de la elección (y un día antes de que la medida temida se concretara) decía que al país le venía bien que al presidente le fuera bien, aunque el presidente nos cague de hambre (ese día devaluó, de hecho), la gente pierda su empleo, las fábricas cierren o el país quede endeudado por vida, como consecuencia directa (y deseada) de su plan de gobierno.

Pero más allá de Pullaro, Milei o Meyer, el episodio debe servir para reflexionar sobre que vota la gente cuando vota, bajo que premisas o de que modo interpreta la realidad, aun aquella que la afecta de modo directo: ahí andan por ejemplo los trabajadores de las automotrices penando por sus trabajos, o los productores agropecuarios mascullando por lo bajo (para que no se note) sus quejas contra las políticas oficiales. Mejor no repasar los números del balotaje presidencial de 2023 en las zonas rurales, o en las ciudades donde hay localizadas plantas automotrices.

La pregunta es ¿Qué se hace con esto para no quedar condenados a repetirlo una y otra vez, simplemente seguir repitiendo que el pueblo nunca se equivoca, o que es lo mejor que tenemos y ya está?

ARRANCÓ EL REMATE

 

Lo primero que reglamentaron de la ley pasta base es el desguace del Estado: privatizaciones y rajes de empleado públicos. Ni siquiera el RIGI. Lo cual da una idea clara de su diagnóstico de situación: el topo destruyendo el Estado desde adentro, como si con eso resolviera algo.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 5, 2024

Un poco -bastante- es culpa nuestra porque en cuatro períodos de gobierno (incluyendo el de Alberto) no las derogamos, y en muchos casos (servicios públicos por ejemplo) en base a ellas emparchamos, en lugar de adoptar soluciones de fondo.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 5, 2024

...gasto total del presupuesto de cada año. O sea que aunque los echaran a todos (lo cual es imposible) eso sería lo máximo que podrían ahorrar. Ni hablar si se lo compara sobre el PBI, son migajas. El propósito real es generar miedo en los empleados (para que no reclamen....

— La Corriente K (@lacorrientek) August 5, 2024

Eso se ve claro en la reglamentación del "silencio administrativo", al que se le da un valor positivo: es el Estado bobo, que otorga al callar, evitando así explicar decisiones inexplicables porque no favorecen ningún interés público, sino solo intereses privados.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 5, 2024

... interior. Endeudamiento externo y eliminación de los controles de capitales. Bicicleta financiera. Nuestra derecha te vende como nuevas las mismas viejas ideas que fracasaron siempre, desde 1976.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 5, 2024

(El texto completo del Decreto 695 que reglamenta los capítulos de privatizaciones, disponibilidad y cese de empleados públicos y cambios a la ley de procedimientos administrativos de la ley de bases, acá en el Boletín Oficial de ayer).

Y en el Boletín Oficial de hoy, sigue el desguace del Estado: por el Decreto (DNU) 699 se declara servicio público"a las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional.", para renglón seguido disolver el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (vulgarmente denominada hidrovía), que fuera creado por el Decreto 556 de 2021, con participación de las provincias ribereñas. 

Estrenando el uso de las facultades extraordinarias que le concediera la ley bases, Milei preparan así una nueva privatización, bajo el asesoramiento del Comando de Ingenieros del Ejército de los EEUU. Y deja pagando a los opositores "colaboracionistas" como Pullaro, que reclama un lugar en el ente de control para Santa Fe, cosa que tuvo en el gobierno anterior.

Para terminar, también en el Boletín Oficial de hoy, el Decreto  696 dispone finalmente la disolución formal del INADI.

PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA

 

"Si sale bien me dan el premio Nobel de Economía". https://t.co/1355YSw5Vj

— La Corriente K (@lacorrientek) June 24, 2024

"Si sale bien me dan el premio Nobel de Economía", segunda parte. https://t.co/Q4Yft9doi6

— La Corriente K (@lacorrientek) June 24, 2024

Tranquilos. Seguro que los absorbe el sector privado, que está creando empleos a lo loco. https://t.co/5Vz14l1hEr

— La Corriente K (@lacorrientek) June 25, 2024

"Si sale bien me dan el premio Nobel de Economía", número tres. https://t.co/C950XG6TZQ

— La Corriente K (@lacorrientek) June 25, 2024

A los Mileitas les duele, pero el rumbo es muy parecido al de Macri, solo que con mucho menos acceso al crédito externo y con un ajuste peor sobre los sectores de menores recursos y destruyendo industria. Similar resultado también pero potenciado en recesión, pobreza y desempleo.

— Mariano Kestelboim 🇦🇷 (@marianokestel) June 25, 2024

La caída del poder adquisitivo es fuertísima: 24% en promedio y ¡33,5%! en el decil 1 (el 10% de menores ingresos).

A modo de referencia, en el peor momento de la pandemia (2do trimestre 2020) el poder adquisitivo había caído 15% en promedio y 28% en el decil 1. pic.twitter.com/jdqcq4NSe9

— Daniel Schteingart (@danyscht) June 25, 2024

Todos los estratos de ingresos perdieron por muchísimo frente a la inflación. La pérdida de poder adquisitivo fue más profunda en los más pobres.

Este gráfico muestra por qué en simultáneo: a) subió la desigualdad y b) subieron la pobreza y la indigencia. pic.twitter.com/o9WsIMNY2s

— Daniel Schteingart (@danyscht) June 25, 2024

Cayó el PBI.
Subió la desocupación.
Y ahora sube la desigualdad.

El coeficiente de Gini, en su peor momento: 0.467. Tremenda desmejora en la distribución del ingreso desde la llegada de Milei. pic.twitter.com/XPOTDFdLOu

— Julia Strada (@Juli_Strada) June 25, 2024

En solo un trimestre llevaron la desiguladad al punto más alto de la serie. En serio les digo, fuera de chicanas, miren el dato y diganme ¿alguien sinceramente puede defender en este contexto la reducción del impuesto a la riqueza? Eso es lo que está haciendo el gobierno con… pic.twitter.com/UdwunPz8pv

— Itai Hagman (@ItaiHagman) June 25, 2024

Si así no repuntan la caída del empleo y la actividad deberían dejar de intentarlo. https://t.co/wg0N73EQR2

— La Corriente K (@lacorrientek) June 26, 2024

Esta semana se conocieron los indicadores oficiales de las principales variantes de la economía durante el primer trimestre del año, es decir en los primeros meses desde que el ex panelista televisivo tomó el comando del Poder Ejecutivo nacional.

Los resultados son todos desastrosos, por donde se los mire: el PBI cayó más de 5 puntos, el desempleo subió más de dos puntos en tan breve lapso, los salarios perdieron brutalmente poder adquisitivo y la desigualdad aumentó a niveles que no se veían hace casi 20 años ,y crecieron en forma paralela la pobreza y la indigencia.

Resultados directos de una política económica nefasta que produjo esos mismos efectos cada vez que se aplicó, lo que autoriza a suponer que -en tanto no se modifique- cuando se vuelvan a conocer los índices que correspondan a los meses transcurridos desde la medición difundida, todos empeorarán. Lejos está de vislumbrarse no ya un atisbo de recuperación -cosa que empiezan a reconocer hasta los que siempre defendieron este tipo de políticas-, sino el fondo del pozo.

Se dirá que son efectos deseados y buscados al aplicar esas políticas, por ejemplo porque aumentar el desempleo permite forzar salarios a la baja y resolver brutalmente la puja distributiva a favor del capital. La pregunta es cuanto tiempo esa dinámica es sostenible no ya en términos políticos o sociales, sino estrictamente económicos, bajo la propia racionalidad del capitalismo.

La respuesta a la pregunta parecen estar dándola otros indicadores como la brecha cambiaria, la pérdida de valor de los bonos soberanos y de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en los mercados de capitales acá y en el extranjero; tanto como las presiones devaluatorias combinadas del complejo agroexportador -sentado sobre una pila de dólares- como del FMI, que elogia el rumbo pero advierte los riesgos, y no suelta un dólar.

Todo indica que mientras la economía real se cae a pedazos, el casino financiero montado por Caputo está a punto de estallar, con consecuencias imprevisibles. O perfectamente previsibles: más dolor, sufrimiento y privaciones para la mayoría de los argentinos.

Y en ese contexto, el presidente reclama para sí y su principal asesor un futuro premio Nobel de Economía por estar reescribiendo la doctrina, sumido en una espiral de delirio que incluye viajar por el mundo con la nuestra y sin autorización del Congreso, para recibir premios falopa de fundaciones inexistentes, o que nuclean a otros psicópatas como él. Esa sería en apretada síntesis una descripción de la realidad nacional.

O no: faltaría agregar que en ese mismo contexto, la oposición "dialoguista" y "responsable" se apresta a votar en el Congreso una ley por la cual se le cederán a ese presidente facultades extraordinarias para profundizar esta misma política económica que ya está produciendo desastres, y para terminar de desguazar desde adentro a un Estado al que odia y ha declarado su enemigo. Tanto que promete seguir con el despido masivo de empleados públicos, arrojando al desempleo a miles de personas que no podrán ser absorbidas por un sector privado que no solo no está creando empleo, sino que lo destruye a pasos acelerados.

Un paquete que incluye además reponer el impuesto a las Ganancias sobre un tramo de los salarios hoy exentos -en momentos en que la pérdida del poder adquisitivo es notoria-y disminuir la carga del impuesto a los Bienes Personales para los más ricos, cuando aumenta exponencialmente la desigualdad. 

No se llega a tamaño nivel de complicidad sin la íntima convicción -se diga o no en público- que el rumbo elegido por el demente de Milei no solo es el correcto, sino el único posible. Y que es mejor -aunque tampoco esto convenga decirlo en público- que los costos políticos de la motosierra los pague él, haciendo el trabajo sucio que en un futuro aprovecharán otros.

Todo mientras se desmantela toda forma de política social de protección, sea por el desfinanciamiento o lisa y llanamente, por su eliminación. Después hay quienes se sorprenden cuando todo vuela por los aires, o buscan culpables no en las absurdas teorías económicas que aplican, sino en la realidad que una y otra vez, se les resiste. No sea cosa que un estallido social les impida aspirar a ser laureados con el premio Nobel. 

¿QUÉ HACER CON ESTO?

 

Quemado. Por completo. Pobre vago. https://t.co/Mw0OQVm1Qu

— La Corriente K (@lacorrientek) June 20, 2024

El testimonio se viralizó tras el paso de Javier Milei por Rosario para el acto del día de la bandera: ahí estaba el muchacho, al pie del monumento, uno de los pocos que fueron a bancar al presidente al que votó y en el que -a juzgar por sus palabras- sigue confiando, porque cree que tiene un buen plan. 

Aunque ese mismo plan -cosa que claramente él no acierta a entender- lo dejó sin trabajo, durmiendo en un refugio y teniendo que salir por las mañanas temprano a tirar currículums para ver si consigue algo. Su testimonio habla por sí mismo: no es un actor contratado, ni un troll que repite un guión elaborado desde las oficinas de propaganda del gobierno.

Es -o era- un trabajador común, que está haciendo el esfuerzo por terminar la escuela para mejorar sus perspectivas de futuro, al que la motosierra le podó su trabajo, y junto con él, el de todos sus compañeros de la fábrica en la que trabajaba, que cerró. Su historia será seguramente la de muchos otros, incluso muchos que votaron a éste gobierno, acaso pensando que iban a estar mejor.

O sea, a simple vista no hay razones para pensar que se trata de alguien -que los hay a montones- que votó a Milei pensando que a otros les fuera peor aunque ellos no mejoraran. Claro que más allá de las intenciones de cada uno cuando deposita el sobre en la urna, el voto trae consecuencias, de las que uno no se puede desentender. Nadie, tampoco nosotros, que venimos de votar a Alberto.

El testimonio interpela a la política, y nos interpela a nosotros, porque es muy posible que él -o muchos como él- nos hayan votado otras veces, y sus expectativas no fueron satisfechas, y no encontró mejor modo de intentar satisfacerlas o expresar su descontento, que votar a Milei.

Y nos interpela a preguntarnos que se hace con esto, porque en ese terreno (el de la insatisfacción con los resultados concretos de la democracia, en las expectativas defraudadas) se resuelven el debate y la praxis política y militante, y se decide el futuro del país: es ese electorado sin lealtades partidarias o ideológicas sólidas, que se mueve al calor de la situación del momento, el que termina decidiendo las elecciones, y con ellas el rumbo del país.

No estamos hablando del núcleo duro irreductible de la Argentina gorila en sus distintas vertientes, que es capaz de apoyar una invasión marciana con tal de que no gobierne el peronismo; contra la cual es una pérdida de tiempo improductiva todo intento de captación o pedagogía política. Esto es otra cosa, y amerita entender que pasa, para ensayar una respuesta.

Y esa respuesta no puede ser mandarlos a cagar y que se jodan, hasta que aprendan a votar como se debe, o algo por el estilo. O al menos no puede ser solamente esa: tampoco se puede caer en una mirada exculpatoria de toda forma de boludez política (sea personal o social) con la idea -que se ha demostrado como mínimo revisable- de que "el pueblo nunca se equivoca". En éste caso por ejemplo, se podría decirle que se escuche a sí mismo, a su propio relato existencial, en busca de respuestas, sin otra mediación.

Pero la política en clave democrática, nacional y popular exige otra respuesta, otra mirada, otros lenguajes, otras lecturas, que tampoco está muy claro cuales hayan de ser, pero todo indica que no pueden seguir siendo las mismas que empleamos hasta ahora, porque claramente no están dando resultado. Y conste que -nosotros al menos- estamos tan perplejos como cualquiera, y tenemos más preguntas que respuestas.  

SE LA DEJAMOS SERVIDA

 

PAÍS CÓMODO
Hoy empezaron a llegar desvinculaciones (usemos el lenguaje del enemigo por un momento) de trabajadoras y trabajadores del estado nacional.
En la Administración Pública se los conoce como “los Artículo 9” y hace referencia a ese artículo de Ley 25.164.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Una vez que uno gana el concurso y se cumplió el año y supongamos que las autoridades validan el pase a planta, esa persona pierde la antigüedad. Es decir, es como que recién empieza en la administración pública (no a los fines de aportes previsionales).

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Estos muchachos que nos gobiernan los están notificando por mail (hay que agradecerles ese gesto) porque ni siquiera haría falta. Fin del contrato y a su casa. Ni hace falta una carta documento para estos despidos.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

¿Cuándo decíamos volver mejores esto no estaba incluido? ¿Por qué cuando somos gobiernos no garantizamos los derechos como corresponde? ¿Por qué tanta desidia si nos cansamos de repetir que somos el partido que mejor representa a la clase trabajadora?

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Recuerdo esto: “¡Claro que dejo un país incómodo para los dirigentes!”, decía Cristina en su último mensaje a la Asamblea Legislativa, y todos nos emocionamos, pero pocos entendieron que ese era el camino que debíamos tomar a la vuelta.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Se le dijo al Presidente que tenía que usar la lapicera y no lo hizo. Alberto le dejó el camino muy fácil a Milei para que haga todo lo que está haciendo.
Cuando volvamos no tenemos que ser tan PELOTUDOS porque lo de hoy también, un poco, es culpa nuestra.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

La Ley 24185 de paritarias en el sector público nacional es de 1992, gobierno de Menem, con Gustavo Béliz como Secretario de la Función Pública. La Ley 25164 (ley marco del empleo público) es de 1999, finales del segundo mandato del riojano. Ninguna de ellas fue modificada desde entonces. Béliz (recordemos) fue funcionario de Néstor Kirchner primero, y andando los años, de Alberto Fernández después.

La reglamentación de la Ley 25164 fue aprobada por el Decreto 1421/02 (gobierno de Duhalde) y recién fue modificada en el 2016 por Macri. El Convenio Colectivo General del sector público fue aprobado durante el gobierno de Kirchner por el Decreto 214/06, y tuvo desde entonces varias modificaciones.

El denominado SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa) que establece el escalafón de los empleados de la Administración Pública Nacional fue aprobado por el Decreto 993/91 (gestión Menem-Béliz), y recién fue reemplazado pero por un sistema similar por el Decreto 2098/08 durante el primer mandato de Cristina, a partir de un acuerdo en paritaria con los gremios estatales ATE y UPCN.

Cuando le faltaban dos semanas para terminar su gobierno en 2019 y ya sabría que no sería reelecto, Macri dictó el Decreto 788 creando lo que dio en llamar la "Alta Gerencia Pública", un régimen de funcionarios VIP de planta permanente, con sueldos de privilegio y menores exigencias para el ingreso y la promoción que el resto de los empleados. 

Apenas asumido Alberto lo suspendió por el Decreto 36/19, esa suspensión fue prorrogada y después de muchos vericuetos y al igual que pasó con el SINAPA, el Decreto 191/23 lo reemplazó por un sistema similar, que debería empezar a regir en junio de éste año. Todos estos cambio (y el propio decreto de Macri) se sustentaron en acuerdos paritarios logrados entre el gobierno y las entidades gremiales.

Esta larga introducción viene a cuento de contextualizar lo que bien apunta el compañero Sergio Delfino en los tuits de apertura del post: en todo éste proceso y en relación al empleo público nacional hubo más continuidades que rupturas con el pasado, y -esto lo agregamos nosotros- profundizar en cambios en estos asuntos nunca estuvo en el radar de los gobiernos kirchneristas, a menos que esos cambios fueran motorizados por los sindicatos. 

Quizás por temor a incursionar en temas asociados a la agenda de la derecha (como la reforma del Estado, que suena a ajuste, despidos y privatizaciones), o porque había otras urgencias que atender, pero pasó, y hay que hacerse cargo de las consecuencias. Porque de esa política de parches (que hemos apuntado acá varias veces siguió el kirchnerismo en otros rubros, como los servicios públicos) devienen muchos de los problemas actuales, que le permiten a Milei avanzar en su "plan motosierra" sin mayores obstáculos.

Que es lo que está pasando en estos días con la ola de despidos en el Estado nacional, fundamentalmente de personal contratado, sea porque no se les renuevan sus vínculos una vez vencidos, o porque aun estando vigentes se los despide porque carecen de estabilidad.

En efecto, el artículo 9 de la Ley 25164 dice respecto al personal contratado que "El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. El personal contratado en esta modalidad no podrá superar en ningún caso el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo de trabajo, el que tendrá directa vinculación con el número de trabajadores que integren la planta permanente del organismo.".

Su reglamentación aprobada por el artículo 9 del Decreto 1471/02 indica que "El régimen de contrataciones comprende la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias, y estará sujeto a las siguientes previsiones: a) El personal será afectado exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio o estacional, que resulten necesarias para complementar el ejercicio de las acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o entidad descentralizada. Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de servicios, asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de trabajo y/o proyectos especiales o para atender incrementos no permanentes de tareas.".

Y además señala que "Las actividades de carácter estacional responden a tareas que se realizan periódicamente y sólo en determinada época del año. En estos casos el personal puede ser incorporado a una planta transitoria con designación a término, cuyas características serán reguladas por la autoridad de aplicación.".

De modo que si había muchos organismos del Estado (en especial aquellos descentralizados territorialmente con agencias locales, como la ANSES) que funcionaban con gran cantidad de personal contratado (en algunos casi exclusivamente) y ese personal venía cumpliendo durante años las funciones propias de personal de planta permanente porque el organismo había ampliado sus funciones y roles (acá otra vez el ejemplo de ANSES viene como anillo al dedo), lo que estaba ocurriendo es que se perpetuaron situaciones de fraude laboral, en perjuicio de miles de trabajadores precarizados que deberían haber sido incorporados a planta permanente, con todos los derechos de tales; y quizás hoy otra sería la historia con el "plan motosierra", al menos para ellos.

Y en perjuicio también de la validación social de esas políticas públicas, que es en realidad lo que les interesa voltear, junto con despedir trabajadores. Pero así las cosas, todo indica que al menos en éste tema, a Milei se la dejamos servida. Las cosas por su nombre. 

LA NAVIDAD DE MORONI

 

La Navidad de Moroni, @Gsamsa12: https://t.co/6oSgf7IAqO

— La Corriente K (@lacorrientek) December 24, 2021

Para que Funes De Rioja tenga algo para colgar en el arbolito, se publica hoy en el Boletín Oficial el DNU 886 (completo acá), por el cual se prorroga la emergencia ocupacional que vencía el 31 de diciembre, pero solo hasta el 30 de junio de éste año. Y el gobierno ha dejado trascender que esa sería la última prórroga, y a su vencimiento no habrá más.

Y hace más que eso: el propio decreto dispone en su artículo 2 una reducción gradual de la doble indemnización en casos de despidos sin causa, hasta su virtual eliminación, justo cuando venza la prórroga.

Mientras tanto, el artículo 3 de la norma mantiene el "techo" a las indemnizaciones agravadas en 500.000 pesos, que está vigente desde enero de éste año. Lo cual con una inflación que rondará el 50 % supone una baja, en términos reales, de ese monto máximo. Más no pueden pedir la UIA ni la AEA, para levantar las copas ésta noche.

Hace unos días el gobierno anunció una baja del desempleo abierto al 8,2 %, cifra conseguida rigiendo la emergencia ocupacional, la prohibición de despidos (desoída impunemente por muchos grandes grupos económicos) y la doble indemnización. Tal como el kirchnerismo creó cinco millones de puestos de trabajo en sus gobiernos, sin una reforma laboral flexibilizadora.

Reforma que en estos últimos seis años viene ocurriendo si medimos los salarios en moneda dura, o en su poder de compra frente a la inflación. No se trata entonces, de generar un marco normativo que permita crear empleo, como dice el discurso patronal, y replican las medidas del gobierno.

Se trata de otra cosa, que es la misma y única cosa: recular en chancletas frente a las demandas del poder económico, a cambio de nada. O sí: de seguir perdiendo poder y autoridad, y erosionar la propia base electoral, mientras se delira pensando en reelecciones.  

Tuits relacionados: 

Pasó Triaca y dijo que Moroni es un sorete garca, pro patronal: https://t.co/SbKhF60qF7

— La Corriente K (@lacorrientek) December 24, 2021

Bajó el desempleo con emergencia ocupacional, prohibición de despidos y doble indemnización. Ahora prorrogan la emergencia y la prohibición de despedir solo por seis meses, y en ese período hacen bajar la doble indemnización hasta que desaparezca. Acá no entiende el que no quiere

— La Corriente K (@lacorrientek) December 24, 2021

ESCLAVISMO A FLOR DE PIEL

 

A diferencia de las demás vacunas comprendidas dentro del calendario nacional de vacunación, la del COVID no es obligatoria, y cabe suponer que por una razón: cuando se lanzó el plan estratégico de vacunación el Estado no podía garantizar que hubiera dosis para todos (aun hoy no lo puede hacer, aunque se haya avanzado mucho), y no parecía lógico crear una obligación legal, sin proveer los medios para cumplirla.

Sin embargo, desde el principio mismo de la pandemia y aún en medio del mayor nivel de restricciones (por ejemplo cuando existía el ASPO en todo el país), hubo quienes tuvieron que trabajar forzosamente, exponiéndose a los riesgos de contagio, porque sus actividades eran  consideradas esenciales. Y algunos de ellos (como los camioneros, empleados de supermercados y negocios de comestibles, de empresas de servicios públicos esenciales) debieron esperar bastante para poder acceder a vacunarse.

Nada de eso les preocupaba por entonces a los popes de la UIA: por el contrario, presionaron al gobierno por mayores aperturas, aun cuando las cifras de los contagios y las muertes no las hacían aconsejables. En la dicotomía entre la salud (la vida, en definitiva) y la economía, jamás dudaron: los negocios primero.

La confluencia entre la dinámica propia del capitalismo de cobrarse su libra de carne para garantizar las ganancias (incluso al extremo de poner en riesgo la supervivencia física de la fuerza de trabajo que emplea), y la pulsión fiscalista del ministro de Economía que, apenas pudo, canceló o disminuyó las asistencias compensatorias por las restricciones como el IFE o los ATP, dio como resultado una circulación mayor que la que aconsejaban los epidemiólogos, para que no se interrumpiera la actividad económica, y en consecuencia mayores contagios y muertes. Pasó acá y en muchos otros países.

Ahora, con el plan de vacunación avanzando a buen ritmo en el país y un porcentaje importante de la población con al menos una dosis, la UIA vuelve sobre sus pasos y aprovecha la oportunidad de la existencia de un número (por suerte menor que hace un tiempo) de gente que no se vacunó porque no quiso, para colar por la hendija el pedido de manos libres para despedir sin costos, o dejar de pagar salarios.

Cuando hace un par de meses atrás asumió el esclavista Funes De Rioja (que no es empresario ni industrial) al frente de la central empresaria, decíamos acá que esa designación era un signo muy claro del orden de prioridades de las demandas del establishment local, en el cual una reforma laboral flexibilizadora sigue ranqueando alto.

Si cuando se habla de peronismo cualquiera más o menos avisado entiende derechos para el trabajador y leyes laborales, cuando cierta gente le echa la culpa de todos los males del país a "los 70 años de peronismo", está hablando precisamente de eso: quiere borrar del mapa la legislación laboral, volviendo al país a 1943, en ese terreno, en nombre de la modernización y el crecimiento.

Al plantear despedir o dejar de pagarles los sueldos a los que no aceptan vacunarse, Funes De Rioja y la UIA no están preocupados por los contagios, las muertes por COVID o las camas de terapia intensiva: simplemente están haciendo números para recortar costos, y así aumentar sus ganancias. Y los salarios son un costo, al que siempre le van a apuntar para reducirlo, como a los impuestos.

El problema no sería tanto ése -al fin y al cabo el gobierno, correctamente, cruzó la idea- sino que es el propio gobierno el que a veces, pierde el norte, se olvida que llegó a donde llegó en nombre del peronismo, y empieza a pensar con la lógica de los garcas que el peronismo vino a combatir, para proteger a los trabajadores. Como por ejemplo cuando piensa en la reducción o eliminación de las contribuciones patronales (desfinanciando así la seguridad social) como casi la única herramienta para promover el empleo.

O cuando alienta indirectamente que se paguen remuneraciones de miseria, incluso por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, en especial en el campo y las llamadas "economías regionales", eliminando la incompatibilidad con los planes sociales, que no sería tal si se tratara -como debe ser- de empleo registrado, en blanco, que hace que el trabajador pase a percibir las asignaciones familiares. Claramente no es por ahí donde se van a contener las pulsiones esclavistas de nuestro empresariado más concentrado.

SINTONÍA FINA

 

En el Boletín Oficial de hoy se publicó el DNU 266 (completo acá), por el cual se prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y suspensiones por los mismos motivos.

Una buena medida en un contexto de crisis, que por supuesto luego hay que encargarse de hacer cumplir: ya vimos lo que pasó antes con grandes empresas -como las del grupo Techint- que despidieron gente en plena pandemia, sin sufrir ninguna consecuencia por hacerlo, desobedeciendo las normas que lo prohibían. 

El decreto mantuvo la mañosa interpretación del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo que analizamos acá, de resultas de la cual hay ciertas suspensiones que siguen vigentes, con rebaja de sueldos. 

Pero además exceptuó de la prohibición a los despidos del personal de la construcción comprendido en la Ley 22.250, que tiene un Fondo de Cese Laboral que se integra con aportes a cargo del empleador, equivalentes a un porcentaje de los salarios, que se le pagan al trabajador en caso de despido, en reemplazo de las indemnizaciones legales, y las más de las veces, por montos inferiores a ellas. 

El sector empresario de la construcción acaba de ser beneficiado por el gobierno con un blanqueo "ad hoc", por el cual pueden exteriorizar divisas no declaradas y zafar de pagar los impuestos adeudados, a cambio de aportar a un fideicomiso para financiar proyectos de inversión. Y si son del "Norte Grande", se vieron beneficiados por la rebaja de aportes patronales.

Ayer miércoles se publicó también en el Boletín Oficial el decreto (simple) 261 (completo acá), por el cual se oficializó el tan anunciado bono extra de 15.000 pesos para los beneficiarios de la AUH y los monotributistas de las dos categorías más bajas; pero solo para aquéllos que residan en el AMBA. El argumento es que allí se dispusieron hace poco mayores restricciones por la pandemia.

Pese a que se dijo que la norma contendría una cláusula posibilitando la adhesión de las provincias a las restricciones dispuestas para el AMBA como una condición para que los beneficios pudieran llegar a los perceptores de la AUH y monotributistas de menor facturación que residen en ellas, nada de eso pasó. La condición hubiera sido una virtual extorsión a los gobernadores, tomando como rehenes a los más necesitados. 

Sin embargo, la solución de lisa y llanamente excluir a las provincias fue peor: si hablamos de necesidades económicas -que es de lo que en definitivas hay que hablar cuando por ejemplo de percibir la AUH se trata-, no hay muchas diferencias entre un pobre del AMBA, y uno del resto del país. 

El argumento de que en un lugar se dispusieron mayores restricciones y en otros no es ridículo, porque justamente lo que se restringe son actividades formalizadas (no puede haber un decreto suspendiendo las changas, por ejemplo), y los beneficiarios de la Asignación son mayormente los hijos de los trabajadores no registrados. A la hora de rebajar aportes patronales en las provincias del Norte Grande, por ejemplo, no se tuvo en cuenta si en esas provincias se dispusieron o no mayores restricciones de actividades por la pandemia.

En definitivas, dos ejemplos de como se arruinan dos políticas públicas correctas (proteger los empleos y mejorar los ingresos de los más pobres) por un mal entendido sentido de hacer "sintonía fina" pero al revés: pasando el cedazo fino con los de abajo, y grueso con los de arriba. De Moroni (que firmó los dos decretos) ya nada sorprende, pero el problema es que las dos decisiones involucran la firma del presidente; sin lo cual no hubieran llegado a existir.

DIÁLOGO, CONSENSO Y COSO. SOBRE TODO COSO

 

La respuesta de los empresarios al llamado del gobierno al diálogo social es poder aumentar más los precios, y despedir empleados sin consecuencias: https://t.co/sgG95jkCj4

— La Corriente K (@lacorrientek) February 26, 2021

No se trata de que uno descrea de la utilidad o importancia del diálogo, o suponga que es imposible arribar a algunos consensos básicos en el país. Se trata simplemente de tener una mirada realista, y tener en cuenta que para dialogar -como para bailar el tango- hacen falta dos, e incluso -a diferencia del tango- más que dos dispuestos a hacerlo, con sentido constructivo.

Del mismo modo que -por ejemplo- para discutir un modelo de desarrollo productivo integrado para el país es imprescindible (en palabras de Claudio Scaletta) que exista un sector empresarial "demandante de desarrollo" y no ávido por evadir impuestos, dolarizar ganancias o excedentes y fugarlos; para que el diálogo cierre en cosas concretas y no sea una mera pérdida de tiempo, se necesita que todos estén dispuestos a ceder algo en pos de los consensos.

Sobre todo los que más tienen para ceder, porque menos han cedido antes, o porque nunca han cedido; y entienden el diálogo como una simple excusa para plantear sus demandas, de las que no están dispuestos a bajarse, o la subsistencia de sus privilegios, que no están dispuestos a resignar.

Que es más o menos lo que pasa -ahora y siempre- con el núcleo duro de nuestro establishment económico, como se puede comprobar leyendo  esta nota de Ámbito sobre las demandas de las principales empresas alimentarias al gobierno cuando respondieron a su convocatoria para hablar sobre los aumentos de precios de los alimentos.

Los tipos piden "descongelar" los precios de los productos incluidos en "Precios Máximos" (o sea, poder aumentar lo que no aumentaron), y protestaron -cuando no- contra la doble indemnización y la prohibición de disponer pedidos o suspensiones, porque (sic) "pierden competitividad".

De donde uno podría concluir perfectamente y sin temor a equivocarse, que por "competividad" entienden "tasa de ganancia obtenida mediante la híperexplotación de la mano de obra y el abaratamiento del costo de despedir parte de ella". Traduciendo se entiende la gente.

Y también podría pensar que sentido tiene convocar a dialogar a gente como Funes de Rioja, para el cual al parecer los alimentos están baratos, o si están caros no es un problema de él, o con el que tenga algo que ver. 

Para que se entienda: convocados para aportar ideas para salir de la crisis, los tipos reclaman manos libres para seguir aumentando los precios de la comida, y para poder despedir o suspender gentes, sin mayores consecuencias legales o económicas.

O también se podría discutir que sentido tuvo convocar a los empresarios del "Norte Grande" por parte del presidente, para que los tipos le planteen a boca de jarro que quieren pagar el "aporte solidario" vulgarmente conocido como "impuesto a las grandes fortunas" (o sea, se trata de gente que está entre los 12.000 tipos más ricos del país) en 36 cuotas, sin intereses. 

Una "contribución" que -recordemos- se destina en buena medida a afrontar los gastos que demanda la pandemia, como comprar vacunas, de esas que se terminaron poniendo Aldrey Iglesias y su familia, ponéle. 

Tuit relacionado: 

Siguen los gestos de solidaridad de nuestro benemérito empresariado, aportando su granito de arena para la solución de los problemas del país: https://t.co/hnXEfycfky

— La Corriente K (@lacorrientek) February 26, 2021

LOS GORILAS, LA MEJOR JUSTIFICACIÓN HISTÓRICA DEL PERONISMO

Por si no lo tienen al tipo, fue funcionario del Ministerio de Economía en la gestión de Cavallo, durante el gobierno de Menem, lo cual sería por sí toda una carta de presentación: ese fue el único peronismo que no le molestaba, lo que dice más de "ese" peronismo, que de él mismo.

El tipo es, en términos conceptuales, un primate tipo Milei o Boggiano, de esos que nos saturan por estos días opinando sobre todo. Por ejemplo sobre la cuarentena y los mejores modos de afrontar la pandemia: él, como tantos, creen saber más que los científicos o epidemiólogos. Es además hombre de consulta frecuente en temas económicos, nivel De Pablo, Broda o el propio Cavallo: o sea, lamentable nivel.

Por supuesto es anticuarentena, y se terminó contagiando del coronavirus, lo cual sería un caso de justicia poética, si no fuera por el hecho de que contagiándose, puede contagiar a otros. En sensibilidad humana y conciencia social, aplazado entonces el hombre.

Pero vayamos al tuit de apertura, que no difiere en su carácter reaccionario de la mayoría de los tuits que pone en su cuenta. Sin embargo, éste tiene algo especial, que es un formidable poder de síntesis para entender a los gorilas, y entiéndolos a ellos, entender por qué apareció y perdura el peronismo en la política argentina.

Al tipo lo fastidia "tener que llenar papeles" apenas salió del sanatorio (al que entró por propia voluntad, al contagiarse por no respetar la cuarentena), para su empleada doméstica (obsérvese que el trato es casi el de una mascota) en blanco; cosa que pareciera molestarle porque, claro, es de los que piensan que las leyes sociales "desalientan la creación de empleo", y esas cosas.

Le molesta que la empleada siga cobrando sin trabajar, porque el Estado la ha dispensado (como a tantos) del deber de prestación de servicios en medio de la pandemia para prevenir contagios (tanto de ella como de sus empleadores), y no por eso debe ser privada de los medios para subsistir. Que alguien no vincule estos elementos como algo lógico, justo y racional, dice mucho sobre su escala de valores, y su visión del mundo y de la vida.

Seguramente al tipo el sueldo de su empleada no le altera las finanzas, ni le cambia la ecuación, lo que le altera es precisamente esa cosmovisión primitiva, en la que no entran las determinaciones del Estado para ordenar la sociedad y componer intereses, más en tiempos difíciles. Vean si no que lo que le molesta es que la empleada "le es infiel", al no desobedecer la norma estatal que la protege, e ir igual a trabajar: prefiere quedarse con el Estado, en un sentido, que a su completo servicio; parece ser el razonamiento del primate Rodríguez. 

Y advierte, en tono capanga, que él la va a despedir apenas pueda, "de un soplido". Tan fácil como comer o descomer, en palabras de un ex funcionario macrista del área laboral. Justo lo que el peronismo desde sus orígenes, vino a terminar: esa situación de desprotección absoluta del trabajador o trabajadora, frente a la voluntad omnímoda del patrón.

Pero además dice que una vez despedida, no la piensa reemplazar, al menos con otra empleada en blanco: o sea, o va a negrear a alguna otra (práctica habitual en ésta gente, con la excusa de que registrar al personal "trae problemas y dolores de cabeza"), o se las arreglará solo, porque al fin y al cabo lo que la empleada hace no sería tan importante, o imprescindible.

Eso sí: lo de no contratar más "domésticas" solo corre si hay un gobierno peronista, si gobernaran ellos lo piensa, porque ahí sí, puede negrear, o despedir como y cuando quiera, sin pagar indemnización. Otra vez: como le decía Discépolo a "Mordisquito", justo por tipos como éste, es que existe el peronismo. Es bueno que lo recordemos cada vez que tengamos dudas sobre el rumbo que estamos siguiendo: si por alguna razón nos parecemos a ellos, seguro que en algo la estamos pifiando.

LES DIO VERGÜENCITA DECIRLO

Es falso que el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo habilite la rebaja del salario. Basta leer la ley para comprobarlo, tarea tan fácil, que induce a pensar que detrás de la información mentirosa se oculta la intención maliciosa.

— Héctor Pedro Recalde (@HPRecalde) June 5, 2020

En el Boletín Oficial de ayer salió el DNU 528 prorrogando por 180 días la vigencia de la doble indemnización (completo acá), y el DNU 529 (completo acá) por el cual se suspenden, mientras dure el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", los términos de los artículos 220 a 222, que establecen la máxima vigencia posible de la suspensión de trabajadores en determinadas circunstancias (fuerza mayor, falta de trabajo), superada la cual el trabajador puede considerarse despedido, y con derecho a cobrar la indemnización; pero exclusivamente en los casos en que las suspensiones se instrumentan en el marco del artículo 223 Bis de la ley.

Si bien podría apuntarse que la prórroga de la doble indemnización es una medida protectoria de los trabajadores, luego hay que hacerla cumplir, o en todo caso, disuadir a los empresarios de que despidan; el DNU que lo prohibía fue olímpicamente ignorado por algunas empresas (como las del Grupo Techint), y de hecho la prórroga de la doble indemnización por un lapso mayor que la de éste (que vencería en julio) denota que el gobierno pareciera darse por vencido, y en todo caso intentar proteger los puestos de trabajo a través de la doble indemnización.

Sin embargo como dijimos, en el mismo DNU 529 que prorroga los plazos máximos de suspensiones sin que los trabajadores puedan considerarse despedidos, se aclara que la prórroga es en los casos que esas suspensiones se amparan en el artículo 223 Bis de la LCT, o sea que en los demás una suspensión por más de 30 días en el año por falta de trabajo, o por más de 75 días en el año por causa de fuerza mayor, dan derecho al trabajador a considerarse despedido, y reclamar la indemnización por despido; que conforme al DNU 528 sería doble hasta fin de año.

Pero relacionado con el artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el lunes salió publicada en el Boletín Oficial la Resolución 475 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (completa acá), que prorroga por 60 días la Resolución 397 de la cartera a cargo de Claudio Moroni.

En los considerandos de la medida se señala que responde a "...la solicitud presentada por la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO que como Anexo se adjunta a la presente...", y que (la) "...situación de emergencia impuso la adopción de medidas administrativas y de procedimientos que permitieron una rápida y ágil respuesta frente a las peticiones ciudadanas, dictándose en consecuencia la Resolución MTE y SS N° 397/20.". 

Lo que no dice en ningún lado la resolución es que "peticionaron" en concreto los "ciudadanos" de la CGT y la UIA, con lo cual no queda otra que remitirse al anexo, donde leemos: "Los representantes de la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CGT), señores Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló, conjuntamente con la UNION INDUSTRIAL ARGENTINA (UIA) representada por los señores Miguel Acevedo y Daniel Funes De Rioja; se dirigen al Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Claudio MORONI, a fin de hacerle saber lo siguiente: El pasado mes de abril, con el objeto de preservar los puestos de trabajo existentes y garantizar a la sustentabilidad de las empresas en serios problemas económicos como consecuencia de la pandemia y de las medidas que se tomaron para mitigar sus efectos, como el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado, que en conjunto generan un funcionamiento anómalo del sistema productivo y la prohibición de desarrollar diferentes actividades económicas, las partes promovimos el dictado de normas instrumentales en relación a la posibilidad de acordar la forma de garantizar el mantenimiento de ingresos laborales y puestos de trabajo a aquellos trabajadores que no pudieran prestar tareas." 

"Ejercitamos el Diálogo Social tripartito como herramienta para enfrentar, lo más razonablemente posible, las consecuencias de la crisis social y económica derivada de la pandemia por COVID 19. De manera consensuada se establecieron transitoriamente y por el término de sesenta días, los lineamientos propuestos en pautas de derechos esenciales cuyo resguardo las partes acordaron como posibles para recomendar a la autoridad de aplicación la homologación automática de las suspensiones pautadas a través del mecanismo del art. 223 bis de la LCT. Analizada la marcha de las medidas, el impacto favorable para trabajadores y empresas, el sostenimiento de los puestos laborales, la protección social derivada de la conservación de la relación de trabajo y teniendo en cuenta que en los próximos días vence el acuerdo por el agotamiento del plazo establecido, entendemos que resulta necesario promover el dictado de nuevas normas que sostengan los lineamientos oportunamente propuestos como pautas razonablemente posibles de protección así como su ágil implementación en todo el territorio nacional para preservar las unidades productivas con su dotación de empleo, evitando de este modo, tanto las desvinculaciones de personal como el cierre de las empresas."

"Es preciso generar las normas necesarias y renovar por 60 días la vigencia de las herramientas que se utilizaron hasta el presente prorrogando la vigencia de la suspensión pactada, encuadrada en los términos del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y establecer las condiciones de la mayor celeridad posible para su homologación.". 

Ahí está, de eso se trataba: de prorrogar por otros dos meses el mecanismo de homologación "express y con fritas" de los acuerdos de reducción salarial pactados entre las patronales y los sindicatos; cosa que en el tuit de apertura el maestro Recalde nos explica que no se puede hacer invocando ese artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, incorporado al texto en 1996.

La norma dice expresamente: "Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661.". 

Si no entendimos mal a Recalde, la norma no está pensada para rebajar salarios, sino para que sobre una parte de estos los empleadores no hagan aportes patronales (por eso lo de "no remunerativa"), excepto a las obras sociales y el seguro de salud. O sea que además de inaceptable en términos sociales e incomprensible en un gobierno peronista, la cosa vendría un poco flojita de papeles en materia legal. Se entiende ahora por qué al Ministro Moroni le dio como vergüencita de decir lo que estaba firmando en la resolución, con todas las letras.

En todo caso y sentada la intención del gobierno de proteger los empleos, genera dudas si las herramientas elegidas son eficaces a ese fin, o si no estamos ante una nueva vuelta de tuerca del dilema de los zapatos de Prat Gay: ante la imposibilidad (o indecisión política) de prohibir los despidos, se sostienen los puestos de trabajo, pero con rebaja salarial.

EVALÚAN SI TRASLADAN LA CAPITAL A LUXEMBURGO

Cuando el gobierno dictó el DNU 329 prohibiendo por 60 días los despidos y suspensiones por razones de fuerza mayor (suspendiendo en ese plazo la vigencia de los artículos 211 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo) que los permiten), el grupo Techint reaccionó despidiendo 1450 operarios de una de sus empresas constructoras.Finalmente logró que los despidos quedaran firmes, pese a que el DNU decía que los despidos dictados en esas condiciones "... no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.".

Después de eso, se supo que hubo empresas del mismo grupo (Techint) que presentaron la documentación en ANSES para conseguir que el gobierno (o sea, todos nosotros) les pagara parte de los sueldos del personal; lo que incluyó al mismísimo CEO que firmó los telegramas de despido.

Hoy se publica en el Boletín Oficial (completo acá) el DNU 487, por el cual Alberto Fernández prorroga por 60, hasta el 31 de julio, la prohibición de disponer despidos o suspensiones por causa de fuerza mayor. Al igual que el primer DNU, este establece que "...Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º del presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

En el mismo Boletín Oficial de hoy también aparece publicado el Decreto 488 (completo acá), por el cual se establece el "barril criollo" para remunerar a las petroleras su producción, en 45 dólares, frente a la caída del precio internacional. La medida supone fuertes subsidios que terminará afrontando el Estado (es decir, todos nosotros), para sostener la actividad y evitar despidos.

Esto último puede resultar un contrasentido cuando al mismo tiempo se está diciendo -el mismo día, en el mismo Boletín Oficial- que los despidos están prohibidos, pero lo cierto es que el Decreto 488 en su artículo 2° dice textualmente: "Las empresas productoras deberán aplicar idéntico criterio al sostenimiento de los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales y deberán mantener la planta de trabajadores y trabajadoras que tenían al 31 de diciembre de 2019. Ello se realizará en un marco de consenso con las organizaciones de trabajadores y en procura conjunta de alcanzar modalidades laborales que mejoren la eficiencia, la tecnología y la productividad y que estén acordes con las mejores prácticas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos."

También el mismo artículo, en su párrafo final, dispone lo siguiente: "Durante la vigencia del artículo 1º, las empresas productoras no accederán al mercado de cambios para la formación de activos externos ni adquirirán títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera o transferencia de custodia al exterior. ". O sea, las empresas que accedan al beneficio de cobrar 45 dólares por barril de petróleo no podrán fugar capitales, ni operar en la bolsa para hacerlo.

Hasta acá, nada que decir: son medidas adecuadas, en el contexto de crisis, aun cuando alguna vez habrá que tomar el toro por las astas en materia de petróleo, y tomar en cuenta los costos internos de producción, en pesos: del propio decreto surge que las empresas podrían convenir con los sindicatos convenios flexibilizadores a la baja, por ejemplo.

El grupo Techint (el mismo de los despidos mencionados al inicio del post) será uno de los principales beneficiarios del "barril criollo" a través de su petrolera Tecpetrol, una de las principales operadores privadas en Vaca Muerta. El mismo grupo que ayer forzó el despido de 30 operarios de una de las contratistas de Siderca (una de sus "naves insignias" en la siderurgia), y se temen otros 600 más, en las tercerizadas que le prestan servicios a la empresa del grupo.

Como ven, la estrategia de "cajitas chinas" del hólding que comanda Paolo Rocca es presentarse con sus empresas por todas las ventanillas disponibles del Estado para obtener beneficios, pero desentendiéndose de las obligaciones legales y sociales que ese mismo Estado impone, en un contexto de crisis. 

Lo que requiere de este Estado (es decir del gobierno) respuestas claras, rotundas y contundentes, porque lo están desafiando abiertamente, y están desafiando su autoridad. Antes de que sea tarde y a alguien se le ocurra plantear que, lisa y llanamente, la capital del país (es decir, el lugar donde residen sus autoridades) se traslade a Luxemburgo.