LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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jueves, 27 de junio de 2024

PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA

 

Esta semana se conocieron los indicadores oficiales de las principales variantes de la economía durante el primer trimestre del año, es decir en los primeros meses desde que el ex panelista televisivo tomó el comando del Poder Ejecutivo nacional.

Los resultados son todos desastrosos, por donde se los mire: el PBI cayó más de 5 puntos, el desempleo subió más de dos puntos en tan breve lapso, los salarios perdieron brutalmente poder adquisitivo y la desigualdad aumentó a niveles que no se veían hace casi 20 años ,y crecieron en forma paralela la pobreza y la indigencia.

Resultados directos de una política económica nefasta que produjo esos mismos efectos cada vez que se aplicó, lo que autoriza a suponer que -en tanto no se modifique- cuando se vuelvan a conocer los índices que correspondan a los meses transcurridos desde la medición difundida, todos empeorarán. Lejos está de vislumbrarse no ya un atisbo de recuperación -cosa que empiezan a reconocer hasta los que siempre defendieron este tipo de políticas-, sino el fondo del pozo.

Se dirá que son efectos deseados y buscados al aplicar esas políticas, por ejemplo porque aumentar el desempleo permite forzar salarios a la baja y resolver brutalmente la puja distributiva a favor del capital. La pregunta es cuanto tiempo esa dinámica es sostenible no ya en términos políticos o sociales, sino estrictamente económicos, bajo la propia racionalidad del capitalismo.

La respuesta a la pregunta parecen estar dándola otros indicadores como la brecha cambiaria, la pérdida de valor de los bonos soberanos y de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en los mercados de capitales acá y en el extranjero; tanto como las presiones devaluatorias combinadas del complejo agroexportador -sentado sobre una pila de dólares- como del FMI, que elogia el rumbo pero advierte los riesgos, y no suelta un dólar.

Todo indica que mientras la economía real se cae a pedazos, el casino financiero montado por Caputo está a punto de estallar, con consecuencias imprevisibles. O perfectamente previsibles: más dolor, sufrimiento y privaciones para la mayoría de los argentinos.

Y en ese contexto, el presidente reclama para sí y su principal asesor un futuro premio Nobel de Economía por estar reescribiendo la doctrina, sumido en una espiral de delirio que incluye viajar por el mundo con la nuestra y sin autorización del Congreso, para recibir premios falopa de fundaciones inexistentes, o que nuclean a otros psicópatas como él. Esa sería en apretada síntesis una descripción de la realidad nacional.

O no: faltaría agregar que en ese mismo contexto, la oposición "dialoguista" y "responsable" se apresta a votar en el Congreso una ley por la cual se le cederán a ese presidente facultades extraordinarias para profundizar esta misma política económica que ya está produciendo desastres, y para terminar de desguazar desde adentro a un Estado al que odia y ha declarado su enemigo. Tanto que promete seguir con el despido masivo de empleados públicos, arrojando al desempleo a miles de personas que no podrán ser absorbidas por un sector privado que no solo no está creando empleo, sino que lo destruye a pasos acelerados.

Un paquete que incluye además reponer el impuesto a las Ganancias sobre un tramo de los salarios hoy exentos -en momentos en que la pérdida del poder adquisitivo es notoria-y disminuir la carga del impuesto a los Bienes Personales para los más ricos, cuando aumenta exponencialmente la desigualdad. 

No se llega a tamaño nivel de complicidad sin la íntima convicción -se diga o no en público- que el rumbo elegido por el demente de Milei no solo es el correcto, sino el único posible. Y que es mejor -aunque tampoco esto convenga decirlo en público- que los costos políticos de la motosierra los pague él, haciendo el trabajo sucio que en un futuro aprovecharán otros.

Todo mientras se desmantela toda forma de política social de protección, sea por el desfinanciamiento o lisa y llanamente, por su eliminación. Después hay quienes se sorprenden cuando todo vuela por los aires, o buscan culpables no en las absurdas teorías económicas que aplican, sino en la realidad que una y otra vez, se les resiste. No sea cosa que un estallido social les impida aspirar a ser laureados con el premio Nobel. 

lunes, 27 de septiembre de 2021

CÍRCULO VICIOSO

 

Cuando la derecha gobierna (en dictadura o en democracia) implementa políticas de exclusión social que tienden a extraer la riqueza que genera una sociedad, y distribuirla regresivamente, en favor de las clases dominantes. Por esa razón no consigue estabilizar consensos en torno a su modelo, porque la ampliación y profundización de las desigualdades (la única y verdadera "grieta") es causa permanente de tensiones políticas, convulsiones sociales e inestabilidad económica. Y si por excepción logra legitimarse políticamente por un tiempo -como sucedió con el menemismo y la convertibilidad- es la insustentabilidad intrínseca del modelo económico la que termina provocando una nueva crisis. 

Cuando es desalojada del poder por el voto (porque la democracia es la única herramienta con que cuentan las mayorías sociales para torcer su destino), dejan a su paso una sociedad cada vez más fragmentada y desigual, que debe reconstruirse desde un piso de derechos y standards de vida más bajo, para la mayor parte de sus integrantes. A la inversa, los que se enriquecen son cada vez menos, pero más ricos y poderosos.  

Las fuerzas populares que llegan al gobierno como instrumento electoral de las ansias sociales de reparación de las mayorías deben abocarse de inmediato a esa tarea, para sostener en el tiempo su legitimidad de origen, pues de lo contrario será velozmente erosionada; no solo porque las impaciencias de los que no pueden esperar se explican por urgencias elementales (comida, salud, vivienda), sino porque la derecha controla los dispositivos de construcción de sentido social (sobre todo los medios audiovisuales, las redes sociales y las tecnologías asociadas), y tiene la propiedad de los medios de producción, por ende maneja las palancas y los resortes de la estructura económica, tanto como los climas de opinión y las expectativas sociales. 

Si las fuerzas populares consiguen imponer reformas que reviertan en parte el deterioro social heredado, y logran reconquistar o garantizar derechos, revalidan su legitimación política inicia; pero si no encaran transformaciones estructurales más profundas, más tarde o más temprano enfrentarán las restricciones que surgen del modelo de desarrollo, y de las relaciones de poder que exceden lo electoral.

Para avanzar en ese sentido -así lo indica la experiencia histórica- es necesario lesionar intereses, que no aceptarán mansamente ceder posiciones y privilegios, y reaccionarán con todos los medios a su alcance. Si algo enseña la experiencia argentina actual, son los límites del "consensualismo" y los intentos de comprometer a las clases dominantes (o al menos a una fracción de ellas) en un modelo de desarrollo integrado e inclusivo, en el que forzosamente deben ceder parte de sus privilegios.

Puesto en ese trance, no todos los dirigentes de las fuerzas políticas populares se la bancan o demuestran estar a la altura de las circunstancias, y si las clases populares no son organizadas políticamente, en no pocos casos terminan colaborando -al menos parte de ellas- conciente o inconcientemente para sus explotadores.

La experiencia corriente es que, en esos casos, ganen terreno al interior de las fuerzas políticas populares las fracciones conciliadoras, que terminan imponiendo (mas allá de su propio volumen electoral específico) la línea política del conjunto; de resultas de lo cual todos buscan correrse más hacia un presunto "centro", se empieza a hablar de poner fin a los conflictos en busca de consensos, y se tornan más blandos los bordes de las coaliciones políticas y sociales armadas para enfrentar al bloque de poder dominante.

Pero si los procesos de transformación se detienen justo cuando es necesario profundizarlos, las restricciones de todo tipo (económicas, políticas, sociales) que éstos enfrentan no desaparecen y a veces ni siquiera se posponen en el tiempo, porque ellas se corresponden -como se dijo antes- con el modelo de desarrollo imperante, y con el comportamiento predatorio de las clases dominantes, que es tan constante y permanente como lo son sus intereses. Y si esos intereses no son afectados, conservarán todo el poder que surge de su fortaleza, para imponerse aun al riesgo de dañar al conjunto.

Estas clases dominantes además y en toda América Latina, están apoyadas por la memoria social de la experiencia de las dictaduras (instrumentadas siempre en su beneficio): represión, violaciones a los derechos más elementales y desarticulación de toda forma de organización política y social. Desde esa plataforma escrita en el imaginario colectivo siempre exigen más, aun de aquellos que gobiernan en nombre del voto de otros, no del suyo; pues no se sienten comprometidos por el mandato democrático.

Y si las fuerzas populares ensayan políticas de estabilización en busca de reducir los niveles de conflicto (es decir, cediendo a las presiones de los sectores dominantes, aun al precio del abandono de su propia base electoral), la paradoja es que terminan erosionando su consenso y legitimidad inicial, y son batidas o con las propias reglas del juego democrático, o con los golpes de mercado, o con una combinación de ambos: la generación de un clima de desestabilización económica, que redunda en conflictos sociales e influye en los cambios políticos.

Cuando como resultado de ello las derechas retoman el poder institucional y la conducción del Estado, no vuelven mejores, sino peores: profundizan las políticas de endeudamiento para la fuga de capitales, el industricidio, la destrucción masiva de empleos y salarios, la ruptura aun más profunda de la cohesión social, el abandono de las módicas conquistas conseguidas en los ciclos anteriores, la erosión, colonización y destrucción del Estado.

Con lo cual se vuelve al principio, a comenzar de nuevo el ciclo, pero desde más abajo y con un desastre mayor, cada vez. Y por lo general, con la idea (falsa) en los dirigentes políticos de las fuerzas que se asumen como populares o representación de las mayorías, de que el error estuvo en ir muy rápido, o más a fondo, cuando fue exactamente al revés. Si de una vez no se entiende esto y se persiste en el error, nunca lograremos romper el círculo vicioso.

martes, 1 de septiembre de 2020

PANDEMIA Y DESIGUALDAD


El tuit de apertura corresponde a esta nota de Diario Bae, en la que se detalla desde una perspectiva de género como impacta la pandemia en la desigualdad en perjuicio de las mujeres, y cuáles son algunas de las medidas compensatorias que el gobierno tomó para atemperar los efectos sociales de la crisis, que pueden contribuir a reducir la brecha de ingresos en ese aspecto. También es cierto que el aislamiento consecuencia de la cuarentena agravó las situaciones de violencia de género, en tanto muchas mujeres se vieron forzadas a permanecer aisladas con sus agresores.

Ni la pandemia ni el virus, claro está, crean por sí mismos la desigualdad social, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo: en todo caso la agravan, o contribuyen a visiblizarla en mayor medida, exponiendo con crudeza carencias, precariedades, falta de acceso a bienes esenciales (como el agua potable) y también -como no- la insensibilidad social y la crudeza del capitalismo salvaje, que están en la base de esas desigualdades. Es bueno entonces que, ahora que empezamos a pensar en una agenda de la post pandemia, estos temas estén en el tape, y formen parte de la discusión pública.

Si miramos en retrospectiva, el "diario de la pandemia" es el registro de la desigualdad: un virus que vino del exterior, traído por quienes pueden viajar porque tienen excedentes económicos, que pasó de estar encapsulado en lugares residenciales de clase media/alta de la CABA, que comenzó a expandirse a los barrios populares de la ciudad primero, y de allí al conurbano y al país, después. En los barrios populares, fueron frecuentes los casos de contagios entre quienes trabajan como personal de casas de familia, que volvían contagiados por sus patrones/as y, en condiciones de hacinamiento, sin agua potable ni condiciones de vivienda adecuada, .

El virus no discriminó, pero la cuarentena sí: apenas estallada la crisis, el gobierno hubo de restringir la circulación e impedir el uso masivo del transporte público; asestando así un duro golpe a los sectores de la economía informal en sus más variadas formas, y dificultando el medio de desplazamiento por excelencia de las clases populares. Paradójicamente, esos mismos sectores populares nutrían las filas de los que eran considerados trabajos esenciales (y hasta el día antes estaban invisibilizados, cuando no despreciados), y debían permanecer trabajando con riesgo de contagio: enfermeros y personal de la salud, camioneros, recolectores de residuos, policías, entre otros.

El avance del virus impuso restricciones, y estas se llevaron los consumos culturales y no esenciales de las clases medias: el cine, el teatro, los bares y restaurantes, la peluquería, los deportes. Claro que en muchos casos esos mismos consumos son la fuente de trabajo de otros, que vieron afectados sus ingresos por la cuarentena: adivinen ustedes por cual de los dos lados del tiento vino la presión de los medios para habilitar actividades. El propio "servicio doméstico" fue el arquetipo en ese sentido: el problema no era que la mucama se pudiera contagiar y contagiar a su familia, sino que la señora de la casa no tenía quien le limpiara.

En paralelo fue creciendo la presión del capital reclamando su libra de carne, en forma de habilitar actividades aun a riesgo de contagio, presuponiendo y aceptando un número "tolerable" de contagios y de muertes para mantener la rueda funcionando, y sostener sus ganancias. El Estado respondió con un mix de medidas, tratando de preservar el empleo y aliviar la carga de las empresas que podían tener dificultades para el pago de los salarios, al mermar la actividad: aparecieron el IFE y la ATP, cuyo diseño o alcance pueden discutirse, pero permitieron que la Argentina sufriera menos que otras países la pandemia, medida en términos de destrucción de empleo.

Claro que los millones de personas que accedieron al IFE no hicieron más que poner de manifiesto, como decíamos antes, los altos niveles de informalidad que tiene nuestra economía, y los bolsones de pobreza que aumentaron durante el macrismo,y volvieron a crecer como consecuencia de la pandemia. Y aun para los sectores de empleo formalizado, las paritarias estuvieron planchadas, el salario real retrocedió, los aumentos de precios de los alimentos siguieron aun con retroceso de los índices inflacionarios y congelamiento de tarifas, y el gobierno habilitó un trámite express para los acuerdos de reducción salarial a cambio del sostenimiento de los puestos de trabajo.

Si algo no modificó la pandemia, fueron las relaciones de fuerzas sociales preexistentes, para imponer o bloquear determinadas políticas: mientras la reducción salarial del 25 % anduvo sobre rieles o el Estado absorbió con recursos fiscales parte de las nómina salariales en su mayoría congeladas y sin paritarias, la fracción más concentrada del capital logró ejercer el lobby suficiente para dilatar por meses el llamado "impuesto a las grandes fortunas", que recién acaba de aterrizar en el Congreso.

Y eso no es todo: algunos de los sectores que más ganaron durante la pandemia (como las empresas de comercio electrónico, los bancos o las telcos) resisten toda regulación estatal que vaya en contra de sus beneficios, como el DNU que declara servicios públicos esenciales a las TIC's y la telefonía celular; servicios críticos en circunstancias normales, imprescindibles en las actuales y que demostraron lo profundo de las brechas de desigualdad, como sucede por ejemplo en materia de conectividad con fines educativos. 

En ese marco, veamos ahora la discusión instalada en el debate visible, la protesta en el espacio público o la agenda que imponen los grandes medios: se puede ver allí claramente lo que se muestra, pero sobre todo lo que se oculta. Nos saturan con las angustias y los problemas de ciertos segmentos de la clase media, generalmente adversa en términos políticos y electorales al gobierno nacional; mientras nos ocultan los padecimientos de los sectores populares, agravados por la pandemia, aunque no chillen, ni armen marchas anticuarentena, ni cacerolazos, ni banderazos. O precisamente por eso.   

Como se ve, si hubiera que ponerle un título a la agenda de la salida de la pandemia -cuando sea que esta sea parte del pasado-, pero para empezar a construir desde ya la salida- sería la lucha contra la desigualdad, en todas sus formas. Que para eso llegamos al gobierno, al fin y al cabo.

miércoles, 2 de octubre de 2019

LA VERDADERA GRIETA


No hacía falta que el INDEC difundiera las cifras de la pobreza en el país para que supiéramos que la situación en ese rubro empeoró drásticamente: sabido como es que se la mide por ingresos, no podía esperarse otra cosa considerando que los asalariados formales, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares vienen perdiendo por goleada frente a una inflación persistente, aunque el gobierno insista en negar la realidad diciendo que estaba empezando a bajar.

Y eso que aun falta lo peor: las cifras del tercer trimestre, cuando la nueva corrida cambiaria y la consecuente aceleración de los índices inflacionarios (aun disimulada por los dibujos de Todesca) seguramente terminaron arrojando a más argentinos a la pobreza y la indigencia. Los números que ahora se oficializan (y sin que esto implique concederles credibilidad plena) junto con los de la evolución del empleo explican los resultados de las PASO mejor que cualquier encuesta previa, o análisis posterior. Porque resulta que, mal que le pese a Durán Barba, la economía pesa y la gente sigue votando con el bolsillo.

Pero más allá de los fríos números que se difunden, está la cuestión de todo lo que implica la pobreza: si se desgranan las cifras, se advierte que así como el desempleo golpea más en los jóvenes, la pobreza y la indigencia son más marcadas y graves entre los niños; lo cual habla de una dimensión intergeneracional del problema, que compromete gravemente el futuro del país. Un presente doloroso, y un futuro incierto.

Y siendo, como decíamos antes, que la pobreza en la Argentina se mide estrictamente por ingresos, inmediatamente fuera de la línea que determina que alguien caiga en ella, hay millones de argentinos que están en el borde, y que si la dinámica de la economía sigue como viene (y nada indica que vaya a mejorar), terminarán cayendo.

Si hubiéramos de creerle a los discursos políticos dominantes, que coinciden todos en manifestar su preocupación por la pobreza, no debería haber tema de agenda más importante que éste en plena campaña electoral, y sin embargo no es así; de modo que hay algo que no cierra en todo esto.

Después de criticar las mediciones del kirchnerismo y de provocar un “apagón estadístico” de seis meses para ocultar los efectos concretos de las políticas que descargó sobre el pueblo argentino, Macri dijo que precisamente era este tema, el de la pobreza, el único punto de partida desde el cual aceptaba ser juzgado por su desempeño como presidente y por los resultados de su gobierno.

Pues bien, medido con esa vara, su gobierno es horrible, el es un pésimo presidente y el kirchnerismo fue mucho mejor, sin ninguna duda y sin ningún complejo “autocrítico” de nuestra parte; porque tomando la medición que mejor les parezca, el resultado es siempre el mismo: nosotros dejamos un país con menos pobres que los que recibió Néstor el 25 de mayo del 2003, y Macri se irá habiendo agregado varios millones a esa dolorosa lista, en relación con los que había cuando asumió el gobierno.

Y eso lo pudo constatar cualquiera que quisiera hacerlo, en carne propia, o por historias de primera mano más o menos cercanas, sin necesidad de que se lo cuenten Todesca o el INDEC. Que algunos decidan hacerse los boludos e ignorarlo, es otra cuestión, que a la que queremos ir.

En ese bizarro tour de despedida del peor gobierno de nuestra historia democrática que han dado en llamar la gira del “Sí, se puede”: Macri ni siquiera viene mencionando en forma tangencial la pobreza, y todos los que van a apoyarlo no se lo exigen, ni lo interpelan por respuestas a ella, aun cuando quieren que creamos que en el 2015 lo votaron porque prometía la “pobreza cero”: una tomada de pelo tan gigantesca como pretender que votaron a Macri y lo volverían a hacer, porque les preocupa la corrupción.

Pero en el sostenido apoyo a Macri y todo lo que representa (por ejemplo más de cinco millones de nuevos pobres) de ese tercio siquiátrico de la población argentina del cual las marchas son apenas una visibilización, hay más que “olvido” de la pobreza, o perdón y apoyo a las políticas que no hacen sino aumentarla: hay una deliberada naturalización de la injusticia, la desigualdad y las diferencias sociales; tanto que es la oposición a toda política pública que tienda a reducirlas y que de un extraño modo perciben como una amenaza a ciertas jerarquías sociales que consideran detentar (si es real o no es otro asunto), el verdadero elemento fundante y cohesionador de su identificación política, y de sus opciones electorales.

Se trata de gente a la que no solo los pobres no les importan o los quieren ocultar de su vista como los borran de sus preocupaciones, sino que si pudieran, los eliminarían hasta en sentido físico. Basta bucear un poco en las redes sociales para percibir los discursos de odio que así lo expresan, o ver como festejan el stand up bizarro de Carrió que habla de los pobres casi como si fueran animales domésticos.

El núcleo duro del discurso gorila que hoy es el nudo argumental del relato macrista consiste en una serie de mistificaciones históricas, por la cual ellos se reservan el monopolio de los valores (la decencia, la transparencia, la sensibilidad social, el respeto por las instituciones, el esfuerzo y la cultura del trabajo), y nos dejan a nosotros la corrupción, el fomento de la vagancia, la ignorancia fomentada y el autoritarismo.

En tiempos de post verdad (aunque la cosa viene de lejos), diremos que es un discurso que prescinde de los hechos, porque no los necesita: poco importa y les importa si ha sido el peronismo el que más hizo en la Argentina por crear empleo, reducir la pobreza y la desigualdad o garantizar el acceso masivo a la educación pública en todos sus niveles; e incluso fue mucho más democrático y republicano, que lo que ellos jamás serán capaces de ser. O mejor dicho: sí importa, y por eso nos odian.

Nosotros no somos perfectos, claro, y tenemos muchos defectos, pero hay uno que seguro no tenemos: no nos molesta que la gente progrese y que la sociedad sea cada vez menos desigual e injusta. No solo no nos molesta, sino que trabajamos para que eso pase, y si nos apartamos de esa huella, no somos dignos de llamarnos peronistas.

Por eso la diferencia con cierta gente que hace de la preservación de la verdadera grieta (la de la injusticia social y la desigualdad) su identidad política, es abismal, y no puede ser salvada con apelaciones a la buena voluntad, o a deponer los enfrentamientos entre argentinos. Con gente que odia la movilidad social de la cual son resultado, con los que necesitan que haya cada vez más pobres para ser ellos cada vez más ricos, o con los que adopta su visión del mundo aunque sean unos secos notables, no nos separa una grieta: nos separa algo más profundo que la zanja de Alsina. Y ojalá que siga siendo así.

jueves, 8 de marzo de 2018

IGUALDAD Y OPORTUNISMO



El período ordinario de sesiones en la Legislatura provincial dura hasta el 31 de octubre, y se puede prorrogar hasta el 30 de noviembre por decisión de ambas Cámaras (artículo 40 Constitución provincial)

La nota dice que Lifschitz presentó el proyecto de paridad de género en las listas en julio del año pasado a los legisladores, con lo cual de ser así tendría estado parlamentario.

Sin embargo, en marzo del año pasado -como pueden ver en el decreto de abajo- había incluido para su tratamiento en el período extraordinario otro proyecto sobre el tema, originado en la Cámara de Diputados y con media sanción.

Justo -pero justo vea- una semana después del Día de la Mujer:


Y ahora dicen que hoy -justo, pero justo hoy, vea- lo vuelve a presentar, aunque el anterior que había presentado sigue teniendo estado parlamentario.

Al menos, eso es lo que surge del artículo 61 de la Constitución de la provincia: “Todo proyecto que no haya alcanzado sanción definitiva en dos períodos ordinarios de sesiones consecutivas caduca y sólo puede ser nuevamente considerado si se lo inicia como nuevo proyecto.” (las negritas son nuestras).

O sea que hasta el 30 de noviembre de éste año no hay necesidad de presentar ningún proyecto nuevo, sino en todo caso de insistir con que se trate el anterior; porque hasta el 1º de mayo la Legislatura está en período de sesiones extraordinarias, en el que solo se pueden tratar los asuntos propuestos por el Poder Ejecutivo (artículo 40 tercer párrafo de la Constitución provincial).

El gobernador -o sea, el propio Lifschitz- convocó a extraordinarias a la Legislatura el 30 de noviembre del año pasado, por el Decreto 3627.

Desde entonces hasta hoy, no se ocupó de incluir en el temario la paridad de género en la representación política; pese a que ya lleva dictados cinco (5) decretos ampliando el temario de la convocatoria.

Cualquiera diría que el nuevo anuncio al respecto entonces, es puro oportunismo en atención a la fecha; porque si realmente le interesara el tema, se hubiera ocupado antes, ¿O no?

viernes, 27 de diciembre de 2013

PARA LA IGLESIA, EN ALGUNOS CASOS NO SERÍA PECADO MENTIR


O por lo menos, mandar fruta en forma reiterada y sistemática; como el Observatorio Social de la UCA; que dice que los indicadores sociales del país están peor que en el 2004.

Para despejar de antemano cualquier polémica al respecto, demos por sentado que los datos del INDEC están mal; aunque lo que se cuestionan son los índices de costo de vida, y no las demás estadísticas e indicadores.

Y admitamos también que la inflación es alta (no comparemos con otros períodos históricos, porque no sería serio: remember las híper varias) sobre todo en los alimentos; y que la economía no viene creando empleo con el mismo ritmo que lo hacía en años anteriores, o que subsiste un alto porcentaje de empleo en negro. Todo eso es cierto.

Tan cierto como que es poco serio decir que los indicadores sociales de hoy de la Argentina son peores que los del 2004: para refutaciones de las barbaridades del Observatorio de la UCA por gente que conoce bastante más que nosotros del asunto, leer acá a Artemio , y acá la reseña que hace Verbitsky de su polémica con los que arman estos informes, que se repiten periódicamente, con serias inconsistencias técnicas como allí se dice.

Por nuestra parte diremos que resulta curioso decir que la situación social es peor hoy que en los primero tiempos posteriores a la crisis del 2001, cuando entonces el país tenía un índice de desempleo largamente por arriba del 25 %, y hoy hace tiempo ya está consolidado en guarismo inferiores a un dígito. La evolución de las propias cotizaciones al sistema de seguridad social (que permite sostener una mayor cobertura) da cuenta del volumen de creación de empleo genuino y registrado, producido en estos años.

Años en los que además se tomaron medidas para fortalecer la inclusión social, y reducir los niveles de desigualdad; aumentando la cobertura previsional de las personas en condiciones de jubilarse, y estableciendo un régimen legal de movilidad semestral de sus haberes, que anteriormente no existía; y que vino arrojando aumentos siempre por encima de las estimaciones privadas de la inflación, y del promedio de las paritarias de los empleados en blanco

Otro tanto puede decirse de la evolución del Salario Mínimo, Vital y Movil, luego de una década de hibernación del Consejo del Salario; cuya evolución además puede medirse por el poder de compra de bienes sensibles de la canasta familiar: ver acá y acá.  

Y si eso ocurre con los sectores formalizados del trabajo, y los que obtienen cobertura previsional, otro tanto sucede con los excluidos del sistema formal: no puede sostenerse seriamente que la situación del país en orden a los niveles de pobreza e indigencia sea peor luego de que se instaurara la AUH, que antes.

Estas y otras medidas marcaron que las políticas de protección social de los sectores más vulnerables fueran  destacadas por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); así como hace poco la FAO declaró a la Argentina con hambre cero, es decir sin situaciones de desnutrición crónica.

Se puede discutir cuanto y aceptar que la velocidad del proceso ha disminuido en los últimos tiempos, pero no se puede negar que la desigualdad en el país (medida por el Coeficiente de Gini) ha disminuido, así como ha mejorado la distribución funcional del ingreso, en beneficio de los trabajadores, que vieron aumentar en estos años su participación en la torta nacional.

Es muy poco serio decir que hemos retrocedido en posibilidades de acceso de las clases populares a la educación, cuando la ley de financiamiento educativo permitió alcanzar una inversión en el rubro del 6,51 % del PBI (cifra histórica), programas como Conectar Igualdad han contribuido a disminuir la brecha digital; o medidas como la AUH incrementaron notoriamente la matrícula escolar, especialmente en el nivel secundario; medida en términos históricos.

El informe vincula el aducido crecimiento de la pobreza y la desigualdad, y de las situaciones de marginalidad, con el incremento de la inseguridad: una vinculación lineal entre pobreza y delito que simplifica brutalmente situaciones sociales complejas, y omite el rol de la criminalidad organizada en la generación de determinados niveles de inseguridad: ¿o acaso el propio episcopado no acaba de alertar sobre el auge del narcotráfico en el país? 

Pero además las conclusiones del informe de la UCA se dan de patadas con un hecho irrefutable: el kirchnerismo obtuvo un rotundo respaldo popular en dos elecciones presidenciales, ambas celebradas con posterioridad a la intervemción del INDEC (por si se cuestionan las cifras oficiales) y la primera de ellas, antes de la instauración de la AUH y la ley de movilidad jubilatoria.

Sería muy pueril explicar esos resultados por el argumento del clientelismo, cuando el principal programa social  (la AUH) tiene un universo de beneficiarios consolidado en torno a los 3,6 millones que en su mayoría no votan (recordemos que los jóvenes de 16 años sólo pueden hacerlo desde fines del 2012); y en las últimas elecciones presidenciales Cristina rozó los 12 millones de votos.

Es más sensato asociar esos contundentes triunfos electorales con un proceso continuado de crecimiento económico apuntalado por un mercado interno en alza, con mayor consumo de la clase media (en buena parte depauperizada tras la crisis de la Convertibilidad) y los sectores populares; que accedieron en estos años a niveles de consumo inaccesibles en tiempos anteriores.

Las opciones electorales de vastos sectores de la sociedad argentina serían entonces, de pura racionalidad instrumental; consecuentes con una percepción mejorada de su propia situación, como resultado de políticas públicas concretas.

El intento de deslegitimar en bloque la década kirchnerista que subyace en este tipo de análisis ni siquiera tiene la franqueza de plantear frontalmente que, en el fondo, quienes los hacen esconden un profundo desprecio por las mayorías populares; que según ellos votarían irracionalmente a quienes no representan sus auténticos intereses.

martes, 24 de septiembre de 2013

MEJOR REPARTO


Leemos en Página 12 de hoy: "La distribución del ingreso mostró una leve baja en el segundo trimestre en relación con el mismo período del año pasado. El coeficiente de Gini (que registra el grado de inequidad en la distribución del ingreso, siendo 1 el valor más desigual y 0 el de equidad absoluta) registró una caída de 0,418 a 0,414 en la medición para el ingreso per cápita familiar. Según el informe difundido ayer por el Indec, el 10 por ciento de la población con mayor nivel de ingreso promedio por miembro de la familia se hizo de 18.644 de pesos en el segundo trimestre, mientras que el 10 por ciento que más abajo está en esa escala recibió 1068 pesos. La diferencia entre ambos valores es de 17,5 veces. En el segundo trimestre de 2008, cuando comenzó la actual instancia de la crisis global, la citada brecha era de 24,3 veces.
En la medición de ingreso per cápita familiar, que registra el ingreso promedio por integrante del grupo familiar, el coeficiente de Gini cayó desde el segundo trimestre de 2004 de 0,513 a 0,414 este año. El 60 por ciento de esa mejora tuvo lugar hasta 2008, junto a las altas tasas de crecimiento, creación de empleo y recomposición salarial. De allí en más avanzó el 40 por ciento restante, en un contexto más complejo no sólo por el panorama internacional sino por el propio hecho de que la economía era más sólida y presentaba nuevas necesidades de inversión tanto del sector privado como del Estado para mejorar la productividad.
Si bien la equidad general, que mide el Gini, registró esa importante mejora, es más impactante la reducción de la desigualdad “entre puntas”. La brecha entre el 10 por ciento mejor ubicado en la escala de ingreso promedio por integrante de la familia y el 10 por ciento más pobre bajó de 60 veces en 2004 a 24 veces en 2008 hasta 17,5 en la actualidad. El dato de la brecha marca el grado de avance relativo de los más pobres con relación a los más favorecidos por la economía nacional. Hace un año, ese valor era de 18,2 veces.
Si se concentra el análisis sobre el universo de los ocupados, la brecha de ingresos entre el decil mejor pago y el de ingreso más bajo fue de 17,4 veces en el segundo trimestre. Es una diferencia similar al del ingreso total per cápita familiar. Sin embargo, el coeficiente de Gini entre los ocupados es de 0,377, lo que expresa que la desigualdad global en este segmento es menor a la de la población total. Eso implica que la condición de pertenecer al mercado laboral equilibra los niveles de ingresos. El Indec también estudia el ingreso familiar total de los hogares. En el segundo trimestre del año, la mitad de las familias que vive en el país recibió ingresos igual o inferiores a los 6 mil pesos.".
Más allá de la previsible crítica a la credibilidad de las cifras del INDEC, y del contexto político que tiñe todo intento de rescatar lo logrado en estos diez años con la ominosa sombra del fin de ciclo, lo que no puede discutirse es la direccionalidad del proceso y -de paso- el daño que causaron en el país las políticas del neoliberalismo; tanto grande como el esfuerzo que significa repararlo.
Tanto que el mismo artículo da cuenta de que, con las mejoras en la medición de la desigualdad por ingresos entre los distintos segmentos poblacionales del país en los últimos años, se está llegando recién a los indicadores de hace unos veinte años.
Pero incluso el propio período de la década kirchnerista (con datos como estos, sin dudas ganada) reconoce dos etapas: una de vigorosa expansión de la economía junto a la creación de empleo partiendo del piso de la crisis del 2001, y una segunda (desde el 2008 para acá) en el que la expansión del empleo se modera, o no acompaña el ritmo de crecimiento de la economía; y en contextos de crisis hay que articular desde el Estado políticas para sostener el empleo, y que no se destruyan puestos de trabajo.
Y es allí donde queda claro que se podrán cuestionar las cifras, pero no la direccionalidad del proceso abierto el 25 de mayo del 2003 hacia una sociedad más justa, equilibrada e inclusiva.
Del mismo modo que hay herramientas diseñadas o instrumentadas por el kirchnerismo que contribuyeron fuertemente a moderar la desigualdad (la reactivación de las paritarias y el Consejo del Salario, la inclusión previsional, la ley de movilidad jubilatoria, la AUH), el estudio deja claro que el principal igualador social sigue siendo el trabajo: entre los ocupados formales la mejora del coeficiente de Gini es más notable aun.
De allí que crear empleo, o sostenerlo en contextos de crisis, deben ser la clara prioridad de cualquier proyecto político que se precie de ser más o menos progresista o inclusivo; y en el caso del peronismo no es ni más ni menos que la fidelidad a su identidad histórica.
Al respecto es notable que en el país la desigualdad haya seguido disminuyendo desde el 2008, cuando todo el contexto económico mundial conspiraba contra ello.
Notable, pero no casual: sólo fue posible por la firme decisión política de instrumentar políticas contracíclicas que evitasen la destrucción de puestos de trabajo. 
Para el gobierno hubiera sido muy sencillo (sobre todo luego del impactante triunfo de Cristina en el 2011) emprender el camino de los ajustes para equilibrar ciertos aspectos de la macroeconomía, sin compromisos explícitos del sector privado de la economía de invertir para sostener el empleo.
Un camino que muchos todavía hoy (en un contexto de mayor debilidad política del oficialismo) siguen reclamando, por lo que los datos que aporta el informe tienen un gran valor pedagógico para ilustrar por donde va y no va la cosa; más allá de los resultados electorales.