LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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martes, 17 de septiembre de 2024

SERVICIOS ESENCIALES

 

Hace unas semanas atrás la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de la UCR y el PRO para declarar a la educación como "servicio esencial". Un desquicio analizado en su momento acá cuando habían intentado hacerlo en el gobierno de Macri. A su turno Larreta y acá los legisladores del oficialismo provincial (salteándose la discusión sobre si una provincia tiene facultades para eso) también lo intentaron.

A propósito de los paros del personal aeronavegante, el gobierno está haciendo lo mismo con el transporte aerocomercial: en el Boletín Oficial de ayer se publicaron los Decretos 825 (completo acá) y 831 (verlo acá), por los que se adoptan disposiciones para restringir el derecho de huelga en esa actividad.  

Ambos se basaron en el mega DNU 70/23 de Milei que había ido más allá, al modificar el artículo 24 de la Ley 25877 (dictada durante el gobierno de Kirchner para reemplazar a la "ley Banelco") de modo tal que dispuso que "Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos."; garantías que según el DNU van desde un setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare en el caso de los servicios esenciales, y un cincuenta por ciento (50 %) en las denominadas "actividades o servicios de importancia trascendental", nueva categoría creada por el decretazo. 

De acuerdo al cual "Se considerarán servicios esenciales en sentido estricto, las actividades siguientes: a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos; b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales; d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques; e. servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior; y f. cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.".

Y "...actividades de importancia trascendental las siguientes: a. Producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios; b. Transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; c. Servicios de radio y televisión; d. Actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera; e. Industria alimenticia en toda su cadena de valor; f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor; g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación.".

Como se ve, prácticamente ninguna actividad queda fuera de la enumeración, y por si fuera poco (de acuerdo al DNU) una comisión independiente y autónoma (?) integrada según se establezca en la reglamentación (o sea por el propio Milei) podrá calificar como servicio esencial o servicio de importancia trascendental una actividad no incluida en las enumeraciones precedentes, cuando se diere alguna de las siguientes circunstancias que precisa el decreto: "a) La extensión y duración de la interrupción de la actividad de que se tratare pudiere poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o parte de la comunidad; b) La actividad afectada constituyere un servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública; c) La interrupción o suspensión del servicio pudiere provocar una situación de crisis nacional aguda que hiciere peligrar las condiciones normales o de existencia de parte de la población; y d) la interrupción o suspensión de la producción pudiere poner en peligro el adecuado abastecimiento de productos críticos para la población y/o afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal.". 

Como puede verse, toda la problemática gira en torno no a lo esencial o importante de una determinada actividad, sino al ejercicio del derecho de huelga, y estas restricciones (que conllevan casi su anulación práctica) provienen de un gobierno que en el mismo DNU 70 derogó la Ley de Abastecimiento 20680, desfinancia la educación pública o desregula la actividad aerocomercial alentando las "low cost" al punto de eliminar el ranking de impuntualidad en los vuelos que elaboraba la ANAC, en el que tenían un lugar preponderante.

El artículo 24 de la Ley 25877 que ahora Milei modificó por el decretazo (cuestionado en éste aspectos como otros en la justicia, y suspendido en su aplicación en doble instancia) fue reglamentado en 2006 por Néstor Kirchner mediante el Decreto 272, modificado a su vez por Macri durante su gobierno. En línea con los convenios internacionales firmados por el país y las recomendaciones de la OIT, lo que dispuso Kirchner fue que la Comisión integrada por representantes de los trabajadores, los empresarios, los colegios de abogados y la universidad calificara "...excepcionalmente como servicio esencial a una actividad no enumerada en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Nº 25.877," y  asesorara "...a la Autoridad de Aplicación para la fijación de los servicios mínimos necesarios, cuando las partes no lo hubieren así acordado o cuando los acuerdos fueren insuficientes, para compatibilizar el ejercicio del derecho de huelga con los demás derechos reconocidos en la Constitución Nacional...".

O sea: la "esencialidad" y los consecuentes límites al derecho de huelga (garantizando guardias mínimas, preavisando con determinada anticipación las medidas de fuerza) es la excepción y no la regla, y no es el Estado quien la decide, unilateralmente, sin participación de los trabajadores y sus organizaciones, o según el capricho del gobierno de turno. 

No puede ser casual -y no lo es- que se intente veladamente (y no tanto) reducir a su mínima expresión el derecho de huelga hasta tornarlo casi imposible de ejercer, cuando se implementan planes económicos que lo hacen imprescindible, para defender a los trabajadores del ataque sistemático contra sus empleos, salarios, derechos y condiciones de trabajo. Es parte de lo que se quiere decir cuando se afirma que esta política económica no cierra sin represión. 

A la inversa, el kirchnerismo no solo no restringió el derecho de huelga, sino que creó empleos, mejoró los salarios y la distribución del ingreso, y reconoció derechos laborales, o repuso parte de los mutilados durante el menemismo; al punto que los gobiernos de Cristina sufrieron cinco paros generales, pero por el impuesto a las Ganancias, ahora repuesto por Milei, casi sin pagar costos sindicales por ello.  

Esta cuestión de los "servicios esenciales" o las "actividades de importancia trascendental" no tiene nada que ver entonces con lo prioritario en sí de determinada actividad, sino con las exigencias del capital para disciplinar a la mano de obra: el viejo sueño húmedo de la derecha en todos lados y en todos los tiempos, de desplumar a la gallina sin que grite.

PD: Dando rienda suelta a su paranoia represiva (que luego se descargaría sobre los jubilados), la semana pasada Patricia Bullrich aprobó su "protocolo anti-bloqueos" (completo acá), horas antes de gasear chicos de 9 y 10 años en el Congreso. Tuits relacionados:

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miércoles, 17 de abril de 2024

VOLVIERON LOS 90'

 

Hemos dicho un par de veces que Pullaro debe celebrar las salvajadas del gobierno de Milei un poco (bastante) porque las comparte, y otro poco porque le arrastran marcas: estamos todos pendientes de lo que hace el orate y no le prestamos atención a sus turradas.

Así pasó con el desconocimiento de los acuerdos paritarios firmados en el último tramo del gobierno de Perotti (en esto Pullaro fue precursor) y los despidos de personal contratado que había pasado a planta permanente en ese marco, y otro tanto con los tarifazos de aguas, luz, transporte y peajes provinciales.

Estuvo por la provincia el ministro del Interior Francos para asegurarse el apoyo de Pullaro y los diputados nacionales de "Unidos Para Cambiar Santa Fe" tanto al  DNU como a la nueva ley ómnibus, y el gobernador lo esperaba con el presentismo docente reinstaurado unilateralmente por decreto, pocas horas después de que el gobierno lograra cerrar trabajosamente la paritaria del sector, que terminó aceptando un magro aumento en una votación dividida cuya transparencia fue cuestionada por sectores internos de AMSAFE.

En línea con el intento nacional (consagrado en el DNU) de reglamentar el derecho de huelga hasta hacerlo casi desaparecer y declarar en ese contexto a determinadas actividades (entre ellas la docencia y la educación) como esenciales para impedirlo, Pullaro acaba de decirles a los docentes santafesinos (muchos de los cuales lo votaron) que no esperen mejoras salariales significativas en el resto del año: ése y no otro es el sentido del decretazo del "premio" a los docentes que no falten por ningún motivo.

Al mismo tiempo propicia un debate legislativo por la reforma del régimen previsional de la provincia que, a cuento del déficit de la Caja de Jubilaciones, plantea -no tan abiertamente, pero lo hace- la suba de la edad jubilatoria, el aumento de los aportes personales de los trabajadores, la eliminación del 82 % móvil o un mix de todo:

En el colmo del absurdo, el ministro de Economía de la provincia dice que el presentismo no es sueldo y por eso no se discute en paritarias, sino que es "una decisión de gobierno". Lo que no dice es que fue su propio gobierno el que arrancó la gestión diciendo que el ausentismo docente era muy elevado, y que era un tema que debía ser parte necesaria de la discusión en paritarias.

Como tampoco dice que el sueldo del gobernador y sus funcionarios políticos tampoco se discute en paritarias, pero aprovechan para aumentarlo cada vez que se disponen aumentos para los empleados, como veíamos acá, y como volvió a suceder ahora, con la paritaria cerrada con los gremios de la Administración Central: 


Y por si toda esta revisitación de los 90' en línea con Milei fuera poco, empiezan a hablar de la privatización de las principales empresas públicas (la EPE y ASSA), menos de una semana después de que el gobernador presentaba como novedoso el repelente para mosquitos fabricado por el LIF en la gestión de Perotti, diciendo en la ocasión que en Santa Fe se seguía confiando en la capacidad del Estado como empresario.

Para sondear el terreno privatizador, apelan a todo tipo de estrategias: o lo hacen a través del periodismo amigazo como el de Rosario 3 en el caso de la EPE; al que usan para blanquear una supuesta oferta de un fondo inversor árabe para comprar la empresa, y de paso echarles la culpa de tener que venderla a los empleados, que serían los culpables de todos sus males, cuando los sueldos representan apenas el 21,14 % del total de los gastos de la distribuidora, casi la mitad de la incidencia que el gasto en personal tiene en general en el Estado provincial; y mucho menos de la mitad de lo que gasta la distribuidora provincial en comprar energía en el mercado mayorista, más con los tarifazos nacionales en la generación.      

O directamente los funcionarios responsables del área como Boscarol en el caso de ASSA, que salen a plantear la privatización como una salida con argumentos mitad falsos y mitad delirantes, como hacer de la empresa (hoy una SA) una SRL, como si fuera una ferretería de barrio. Dice Boscarol que Aguas Santafesina se financiaba en el último año del gobierno de Lifchitz en un 80 % con las tarifas y el 20 % restante con aportes del Tesoro, y esa proporción se habría invertido al 8 % y 92 % en el último año de Perotti, lo cual además de desmentir la imagen "ajustadora" del anterior gobernador (si eso fuera cierto significaría que prefirió subsidiar a aumentar las tarifas), es falso.

Según los datos de las Cuentas de Inversión disponibles en la página oficial del gobierno, en el año 2019 (último del gobierno de Lifschitz) ASSA se financió en un 38,05 % con recursos propios (tarifas) y el 61,95 % restante con aportes del Tesoro (subsidios), y en el 2022 (último dato disponible del gobierno de Perotti) esas proporciones fueron del 37,53 % y 62,47 %, respectivamente: es decir, casi iguales. Incluso para éste año las proporciones para éste año son un 43,63 % de recursos propios (tarifas) y un 56,37 % de aportes del Tesoro (subsidios).

Boscarol propone como si fuera novedoso un esquema en el cual el Estado haga las obras, y el operador privado preste los servicios operando la concesión, cuando eso se viene haciendo desde que en 2006 fue creada ASSA, solo que ésta cumple el rol que antes tenía el privado. De hecho, el presupuesto para éste año aprobado por la Legislatura a pedido de Pullaro contempla que el 100 % de los gastos de capital (obras y equipamiento) sean financiados con aportes del Tesoro.

Claro que -como dice Boscarol- si uno mira el Estatuto de ASSA aprobado por el Decreto 193/06 de Obeid fijaba la duración de la sociedad en 20 años que se cumplirían el año que viene, pero no es menos cierto que el artículo 3 del mismo dice lo siguiente : "El término de duración de la sociedad será de veinte (20) años contados de la fecha de inscripción registral de la sociedad pero debe extenderse, mediante modificación estatutaria, hasta que expiren la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato de concesión que celebre con la Provincia de Santa Fe. Igual extensión se producirá en caso que se prorrogue el término del Contrato de Concesión.".

Es decir que no es como dice Boscarol que hay que ver que se hace con ASSA, sino al revés: primero definir si los servicios de agua potable y cloacas en Santa Fe los va a seguir prestando el Estado o los concederá para su explotación a grupos privados, y una vez definido eso, resolver que se hará con Aguas Santafesinas. Y esa definición le corresponde a la Legislatura, porque no sea cosa que los ex Frente Progresista (y hoy Unión Democrática con el PRO adentro) quieran hacer con el agua y las cloacas lo mismo que hicieron en el gobierno de Binner con la autopista Santa Fe-Rosario: interpretar la Ley 11157 de Reutemann como que los autorizaba permanentemente a privatizarla por decreto, y así lo hicieron.

Cuando era inminente la caída de la concesión otorgada por el gobierno de Reutemann al Grupo Suez (porque recordemos por si hiciera falta que esos servicios ya estuvieron en manos privadas en Santa Fe, y la experiencia terminó en un rotundo fracaso), la Legislatura provincial sancionó la Ley 12516, cuyo artículo 3 dice lo siguiente: "A los efectos del Artículo anterior, facúltase al Poder ejecutivo a constituir sociedades, fideicomisos, ejecutar obras y, en general, celebrar contratos, dictar todas las normas reglamentarias y realizar todos los actos vinculados que fueran necesarios para el cumplimiento de los fines de una adecuada prestación de los servicios sanitarios.".

Y el artículo 2 al cual se remite decía "Ante el supuesto que, por cualquier circunstancia, se produjera la ruptura de la relación contractual con la empresa concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., autorízase al Poder Ejecutivo a instrumentar y poner en ejecución un procedimiento de transición que garantice la efectiva prestación del servicio.".

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viernes, 16 de abril de 2021

¿TRASLADAR LA CAPITAL AFUERA DEL PAÍS?

 


Si hay algo que atraviesa nuestros 200 y pico de años de existencia política como país, es el conflicto entre la ciudad puerto y el resto del territorio: Alberdi decía que la Revolución de Mayo había significado para los pueblos del interior reemplazar el coloniaje español, por el porteño.

Lo que vino después es conocido: 70 años de guerras civiles entre la instalación de la Primera Junta y la Ley 1029 dictada en los días finales del gobierno de Avellaneda, para declarar a la ciudad de Buenos Aires como Capital de la república, como establece el artículo 3 de la Constitución, curiosamente según la enmienda que los propios porteños hicieron en 1860, al texto original sancionado en Santa Fe en 1853.

Las guerras civiles entre unitarios y federales, las disputas por el modelo de organización política del nuevo Estado con el reparto de las rentas del puerto y la aduana como telón de fondo, la secesión porteña creando entre 1852 y 1861 un Estado independiente, con sus propios embajadores. El triunfo porteño en Pavón para imponerle el unicato político a todo el país terminando con los caudillos, con el ejército de línea.

Y el acto ¿final? del drama en 1880, con la pelea a tiros por la capitalización entre los rifleros de Tejedor y los "chinos" de Roca, que se aprestaba a asumir el gobierno y deseaba hacerlo completando la organización institucional, dejando de ser un simple "huésped" de las autoridades de la ciudad.    

Por si los porteños no tuvieran pocas heridas en su ego que procesar, en el 45' vino el peronismo con aquellas multitudes que refrescaron sus patas en las fuentes de la plaza, que hasta entonces solo les había estado reservada a ellos: acostumbrados como estamos a analizar la antinomia peronismo-antiperonismo en términos del conflicto entre el pueblo y la oligarquía, solemos pasar por alto éste otro enfoque, el de la ciudad puerto que se sintió de nuevo invadida por los "cabecitas negras" tal como cuando, en 1820, las montoneras de López y Ramírez ataron sus caballos en las rejas de la pirámide de Mayo.

Más acá en el tiempo, Alfonsín contradijo su propio proyecto de trasladar la capital del país precisamente fuera de la ciudad puerto (como lo había planteado ya Artigas en sus instrucciones a los diputados orientales a la Asamblea del Año XIII), para canjear, en la reforma de 1994, la reelección de Menem (o la posibilidad de ella), entre otras pitanzas, por la autonomía porteña; que creyó usufructuaría electoralmente la UCR.

De hecho lo hizo con De La Rúa, y ya sabemos como terminó todo después: nos vendieron el buzón de que alguien que podía arreglar veredas con el presupuesto per cápita más alto del país por lejos, estaba en condiciones de gobernarlo. Y como si eso no fuera poco, nos lo volvieron a vender con Macri -con los resultados conocidos- y lo están intentando de nuevo con Larreta.

Reiteración de casos que nos permitiría formular una ley política, que complemente a aquélla que dice que lo que no pasa en Buenos Aires, no pasa en el país, sin que nada podamos hacer al respecto. Es algo mucho más amplio y complejo que el histórico conflicto entre porteños y provincianos, e incluso excede a la dicotomía peronismo-antiperonismo; que sigue siendo -mal que le pese a muchos- el principal eje ordenador de la política argentina.

Lo que está en cuestión ahora, a propósito de la pandemia, el crecimiento de los contagios y las medidas de restricción que debieron tomarse para contenerlos, es algo mucho más profundo: expone las tensiones entre capitalismo y democracia, tanto como el conflicto entre el poder legítimo surgido de la voluntad popular y los poderes no electivos que quieren imponer el rumbo de la sociedad en el sentido de sus intereses. Que son por ejemplo los que disfrazan un velado intento de reglamentar el derecho de huelga en la calificación de la educación como "un servicio esencial"; según explicábamos acá.  

Discutir la aplicación de las medidas que dispone el gobierno nacional y amenazar con resistirlas, no es sino otra forma de rechazar el resultado electoral de octubre del 2019; como si en lugar de un conflicto entre las autoridades de un país y las de su ciudad capital, fuere un conflicto entre dos Estados independientes, como lo fue el que tuvieron entre 1852 y 1861 la Confederación Argentina, y el Estado de Buenos Aires, buscando otro Pavón. 

Que hayamos pasado de los rifleros de Tejedor a los caceroleros actuales, o de los "chinos" de Roca a Alberto anunciando el despliegue de las fuerzas federales (tan necesarias en otros lugares del país) en las calles porteñas para asegurar el cumplimiento de las restricciones, es decir que la historia que ayer fue tragedia se repita hoy en clave de farsa, no lo hace menos grave; por sus posibles consecuencias.

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domingo, 7 de febrero de 2021

LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS

 


Un poco por el predominio comunicacional que tienen los medios que adversan al gobierno, y otro poco por torpezas discursivas propias, nos vimos envueltos en una discusión absurda sobre la educación es o no algo "esencial", y en consecuencia tienen que volver las clases presenciales, en medio de la pandemia.

Que la "esencialidad" de la educación la planteen los que, cada vez que gobernaron la desfinanciaron, terminaron con la paritaria nacional docente, no construyeron uno solo de los 3000 jardines de infantes que habían prometido construir con la plata del "Fútbol Para Todos", y hablaban de la desgracia de "caer en la escuela pública", no deja de correr los límites de lo absurdo.

Más cuando se lo plantean al peronismo, que entre los gobiernos de Perón, Néstor y Cristina construyó más escuelas que nadie en toda la historia argentina, estableció ya en 1949 la gratuidad de la enseñanza universitaria, fijó por ley desde 2005 la obligación del Estado de destinar no menos del 6 % del PBI a la educación; o distribuyó millones de netbooks en todo el país a través de Conectar Igualdad, programa discontinuado por el macrismo, que tampoco cumplió con la ley de financiamiento educativo.

De modo que amigos, la discusión no es si la educación es o no esencial, porque para nosotros lo es y a ustedes, en rigor, les importa un comino. La discusión -y acá sí acordamos con Trotta- es falaz, porque si algo no es la educación, es un "servicio".

Lo que sorprende en todo caso es que el Ministro de Educación no haya clausurado la discusión citando lo que dice al respecto la Ley 26206 de Educación Nacional, aprobada en 2006 con un amplio consenso de las fuerzas políticas, incluso el de muchos que hoy son oposición y piden declararla "servicio esencial". El Artículo 2º de esa ley es muy claro al respecto: "La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.". Bien público y derecho, no "servicio".

Y dice más la ley, en su Artículo 10º: "El Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.". Porque esta idea de considerar a la educación un "servicio" no es nueva, ni mucho menos: así está planteada en el ALCA, en los "tratados de libre comercio", en el frustrado acuerdo Unión Europea - Mercosur y en las normas de la OCDE.

De allí a que se la arancele, privatice o comercie, hay solo un paso, que en muchos casos ya se ha dado. Como también en ese marco aparecieron ideas como las "escuelas charteadas", el "bono educativo" a los padres y similares, que no harían más que profundizar a través de la educación las desigualdades sociales, o hacer desaparecer los compromisos y obligaciones legales del Estado de intervenir en educación.

Y otra consecuencia de considerar a la educación un "servicio esencial" (que como tal, no puede ser interrumpido bajo ningún concepto), es introducir una velada reglamentación del derecho de huelga de los docentes, cuando se presume que estos podrían resistir la vuelta a la presencialidad, si no están dadas las condiciones sanitarias para ello. Y a futuro, si -por ejemplo- no logran salarios o condiciones de trabajo adecuadas. Ya Patricia Bullrich -que no gestiona ni un quiosco- amenazó con echar a los docentes que se nieguen a volver a las aulas.

Este asunto de los "servicios esenciales" y el derecho de huelga tuvo en el país sus vaivenes, en el marco de los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y derecho de negociación colectiva: en ésta entrada y en ésta otra hay más información al respecto, viendo como evolucionó la legislación desde los tiempos de Menem y De La Rúa, hasta los de Néstor Kirchner y Macri. Que la educación es esencial no caben dudas, que no tenemos que pisar el palito entrando en discusiones tramposas, tampoco.

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viernes, 9 de agosto de 2019

EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR


No decimos nada nuevo si afirmamos que la reforma laboral flexibilizadora es “el” proyecto por excelencia del régimen macrista, aquel al que han consagrado la mayor parte de sus desvelos, y que figura primero en su lista de prioridades; desde el momento mismo en el que Macri asumió el gobierno.

Al fin y al cabo, llegó a poder como representante de los empresarios, y con el objetivo en mente de bajar los costos laborales en dólares, mientras se procuraba precarizar las relaciones de trabajo, y debilitar la presencia e influencia del sindicalismo: ese, y no otro, es el significado de los “70 años de peronismo” que el macrismo se puso como meta dejar atrás.

En estos cuatro años intentaron por distintas vías conseguir la meta: acuerdos sectoriales de flexibilización laboral (como los de los petroleros o el SMATA), ensayo de acuerdos parciales con la cúpula pactista de la CGT y hasta proyectos enviados al Congreso yendo más allá de lo acordado con la burocracia de los “gordos”, como ocurrió luego del triunfo en las elecciones legislativas del 2017.

Precisamente ese proyecto (que tenía una profunda impronta precarizadora) es el que por estas horas intentarán reflotar, corregido y aumentado, si las urnas les volvieran a sonreír; según nos cuenta en detalle esta nota de Mariano Martín en Ambito Financiero.

La similitud con la reforma laboral aprobada por Bolsonaro en Brasil es escalofriante: eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (lo cual dejaría los derechos laborales de los trabajadores a merced de la voluntad de los empresarios), reducción de la negociación colectiva al nivel de empresa, reemplazo de las indemnizaciones legales por un “fondo de despidos”, “bancos de horas” para no pagar horas extras y eliminar de hecho la jornada legal de trabajo, eliminación de toda responsabilidad solidaria de las empresas en caso de tercerización de tareas.

Y por supuesto, también es una reforma antisindical: eliminar o reducir la presencia de los delegados gremiales en los lugares del trabajo, dejar librado al criterio del patrón el encuadramiento sindical del personal, eliminar las contribuciones a pactadas en los convenios colectivos a favor de los sindicatos con personería gremial. Recordemos que ya en algunos casos (como por ejemplo en el acuerdo con los petroleros por Vaca Muerta) se restringió el derecho de huelga, hasta hacerlo virtualmente desaparecer.

Cuando hace un tiempo y preguntado por Vargas Llosa sobre que haría en caso de acceder a un segundo mandato Macri dijo que lo mismo, pero más rápido, se refería a esto, más que nada y antes que todo; de modo que en este contexto nadie se puede llamar a engaño, ni votar al gobierno y hacerse luego el desentendido, o el defraudado: está votando que los trabajadores pierdan derechos y salarios, más de los que ya perdieron en estos cuatro años. El que avisa no es traidor.

Cabalgando sobre el descrédito social del sindicalismo (fundado en razones reales, para que negarlo) y sobre el ideal aspiracional de la “meritocracia” y el “emprendedurismo”, el gobierna supone (y no le falta razón) que existe cierto grado de consenso social para reformas de cuño esclavista y precarizador: no pocos trabajadores, efectivamente, compran el discurso de que los (otros) trabajadores y sus derechos son parte del problema, si no “el” problema del país.

Creen (ilusoriamente) que sin la molesta presencia de los gremios y los sindicalistas podrán obtener mejores salarios y condiciones de trabajo que sin ellos, algo que por supuesto, no se dio nunca, en ningún país del mundo. Como diría Jauretche, van a comprar con el manual del almacenero.

Hay que machacar recordando que el domingo en las PASO también se vota por esto, para empezar a sepultar este tipo de proyectos pensados para maximizar las ganancias del capital, al riesgo de empobrecer más aun a las grandes mayorías nacionales; y condicionar el crecimiento y el desarrollo del país, en beneficio de unos pocos. Más aun: si hubiera que exponer un único y solo argumento (ahora que está de moda no pedir ninguno) por el cual no cometer el suicidio de darle a Macri otro mandato, debería ser este.
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domingo, 21 de julio de 2019

CURSO ACELERADO DE LIBERALISMO PARA LIBERTARIOS


 La huelga no es un delito ni un capricho personal de algún dirigente gremial, es un derecho reconocido a los sindicatos por el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional.

El mismo artículo que les reconoce también a los gremios el derecho a concertar convenios colectivos de trabajo, esos donde aparecen las negociaciones en paritarias que a usted le parecen un concepto fascista.

Ese artículo 14 Bis fue incorporado en 1957 por la autodenominada “Revolución Libertadora”, que también -como usted- decía ser liberal.

Usted es candidato a presidente, no a juez, y por eso aun si la huelga fuera un delito, no le corresponde al presidente juzgarlo porque la misma Constitución (en este caso en su texto original que viene desde 1853, hoy renumerado) en su artículo 109 dice que el presidente de la nación no puede “...ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas judiciales o restablecer las fenecidas”.

Si Baradel y el SUTEBA deciden una huelga, es una cuestión de las autoridades de la provincia de Buenos Aires (no del presidente) resolver que hacer al respecto, por ejemplo descontar los días de paro.

En nuestra Constitución de 1853 (liberal como la que más) la Argentina es un país federal (artículo 1), y en virtud de eso, les reconoce a las provincias “...el goce y ejercicio de sus instituciones...” (artículo 5).

Por esa razón las provincias “...conservan todo el poder no delegado por esta constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación...” (artículo 121 CN); y además “...se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal...” (artículo 122).

Vuelva en marzo, alumno Espert, tiene que repasar un poco el liberalismo, porque viene muy flojo en el tema.
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sábado, 8 de junio de 2019

HAY UN PATRÓN


Con poca repercusión en los medios (más bien nula), aparecieron publicados el jueves en el Boletín Oficial dos decretos vinculados al mundo de las relaciones laborales: uno es el Decreto 404 que modifica otro de Cristina del año 2009 sobre las multas a las ART (completo acá); y el otro es el Decreto 402, que refiere al paro de transportes del pasado 30 de abril (completo acá).

El primero modifica el Decreto 1694/09, por el cual Cristina había fijado el valor del Módulo Previsional (MOPRE) en un 33 % de la jubilación mínima, con los ajustes resultantes de la ley de movilidad de los haberes. El MOPRE es la unidad de medida que se tiene en cuenta para calcular el valor de las multas que se aplican a las ART, empleadores autoasegurados, y las compañías de seguros de retiro por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo de acuerdo con la Ley 24.557 de riesgos del trabajo.

El nuevo decreto rebaja ese monto al 22 % de la jubilación mínima, que además ahora y como es sabido, se ajusta por una nueva fórmula que arroja valores sustancialmente menores; con lo que el ajuste que perjudica a los jubilados tiene beneficios extras para las empresas incumplidoras de las normas sobre higiene, prevención y seguridad del trabajo: van a pagar menos plata por las infracciones que cometan, incluso para las actuaciones en trámite que se iniciaron con la reglamentación anterior, porque así lo dispone el decreto.

En los fundamentos de la medida, se señala que “...del análisis de los pronunciamientos emitidos por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal (tribunal ante el cual se deben apelar las sanciones, aclaramos) se observa un alto porcentaje noventa y ocho coma dieciséis por ciento (98,16%)- de confirmación de las sanciones,...”, (pero) “...con una reducción del cuarenta y cinco coma cuarenta por ciento (45,40%), del monto de las mismas....”, o sea: la justicia confirma 98 de cada 100 resoluciones aplicando las multas por considerar que eran correctas y las infracciones se habían cometido, pero rebaja (en promedio) casi a la mitad el monto.

El razonamiento se completa en el decreto señalando que “...los fundamentos que sostienen los fallos de la citada Cámara para revisar y reducir los montos de multas impuestas reposan en el “criterio de gradualidad y proporcionalidad que debe asumirse entre las faltas reprochadas y la sanción …”, lo cual es falaz y capcioso, porque nada tiene que ver con rebajar el valor de la unidad de cálculo: lo que los jueces han dicho es que puede haber casos en los que la sanción haya sido excesiva en relación a las faltas (lo que es otra cuestión), no que la unidad de medida usada para calcularlas fuera alta, y mucho menos que las faltas no se hubieran cometido.

Vemos entonces que el gobierno que ha hecho campaña en contra de “la industria del juicio laboral” introduce por un lado un virtual indulto parcial a infracciones a las leyes vigentes que son las que causan los accidentes de trabajo (al disminuir los controles y medidas de prevención), y por el otro relaja a futuro la exigencia de no volver a cometerlas, tomando las medidas para prevenirlos, al disminuir el valor de todas las multas rebajando la unidad de medida con la que se calculan.

El otro decreto, el 402, reproduce otros similares que se citan en los considerandos, todos dictados durante los gobiernos de Menem y De La Rúa, frente a sendos paros de transporte o paros generales de actividades; disponiendo que en esos casos el Estado asume la cobertura de los daños que pudieran haber sufrido las unidades del transporte en todas sus modalidades con motivo de la medida de fuerza, y que no estuvieran cubiertos por los respectivos seguros; que además son obligatorios, más tratándose de unidades afectadas al transporte público.

Lo curioso de este caso (a diferencia de los antecedentes que se citan) es que refiere al paro de transportes del pasado 30 de abril, pero el decreto es dictado más de un mes después, y sin establecer un procedimiento para que los empresarios que invocan daños a sus unidades puedan demostrar que han sido consecuencia del paro, para poder reclamarle al Estado la indemnización. 

 Tampoco existe la más mínima mención en el decreto a incidentes sucedidos ese día, de los que se derivaran daños a unidades del transporte automotor, ferroviario o subterráneo de pasajeros; con lo cual la pregunta es si no estamos en presencia de un subsidio estatal encubierto a determinadas empresas concesionarias, y quienes son en definitiva las beneficiarias.

Aun cuando parezca que los dos decretos refieren a cosas distintas y sin vínculo aparente entre sí, se puede detectar un patrón: el gobierno de los patrones regulando a favor de los empresarios, y en contra de los trabajadores y sus derechos.
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jueves, 30 de mayo de 2019

NOS SOBRAN LOS MOTIVOS


Es más, habría que ir pensando en largar otro paro ya mismo.
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sábado, 2 de marzo de 2019

DISIMULEMOS, NEGRO



" - ¿Che, como vienen las paritarias?"

"- Como el culo: los docentes nos sacaron cagando y declararon paros toda la semana que viene, y siguen la otra si no mejoramos la propuesta. Y en cualquier momento se suman los municipales, ATE y UPCN."

"- Que cagada, ¿No se te ocurre algo que podamos hacer, que no cueste guita?"

"- Ya está: decimos que el viernes que viene las "desobligamos", y listo."

"- Genio, crack":


"- Vos sabés que después que lo firmé me quedé pensando: con eso de los servicios esenciales, ¿los docentes no estarán comprendidos, y no vendrán después con que queremos reglamentar el derecho de huelga como hizo Menem?".

"- Esa es la idea, pero que no se note: después en la paritaria negociamos no descontar ese día, y listo.".

"- Que capo sos, no sé que haría sin vos."

"- ¿Qué te puedo cobrar por esto, que me llevés en la lista de diputados provinciales?".

"- Eso dalo por hecho, no se hable más." 
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miércoles, 31 de octubre de 2018

ZONA LIBERADA


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martes, 16 de octubre de 2018

MACRISMO: ¿CON "M" DE MODERNIDAD O DE MEDIOEVO?


Mientras todos discutíamos quien pagaba la compensación a la distribuidoras de gas y las petroleras por la devaluación, en Neuquen se aprobaba una nueva adenda al convenio de flexibilización laboral para los petroleros en Vaca Muerta, con una virtual supresión del derecho de huelga.

En la adenda quedaron comprendidos también los trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA, y ambos sindicatos (el otro es el de Petroleros Privados de Neuquén que conduce el senador del MPN Guillermo Pereyra) hacían así su aporte “a la paz social, comprendiendo el carácter estratégico que tiene para el país” la explotación de esa reserva gigantesca de petróleo y gas.

La adenda es un complemento del acuerdo de flexibilización firmado el año pasado, y priva a los trabajadores y sus sindicatos de la herramienta básica con la que cuentan para defender sus derechos, contemplada nada menos que en el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional. Da por tierra también con el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, que el gobierno había intentado amputar del texto de la Ley de Contrato de Trabajo, en la primera versión de la fallida reforma laboral.

Al mismo tiempo, el gobierno provincial en manos del MPN (hoy aliado del macrismo en el Congreso, como lo fuera de todos los gobiernos nacionales desde 1983) y el gobierno municipal de la capital (con intendente de la UCR) reprimían salvajemente a los trabajadores municipales movilizados contra la reforma previsional que les cercena derechos, y que el gobierno provincial se apresta a replicar para sus empleados públicos.

Cuando se lanzó el primer acuerdo de flexibilidad laboral en Vaca Muerta Macri lo puso como el ejemplo y modelo a seguir en todas las actividades, sobre la base de la falsa (e interesada) idea de que el problema del modelo productivo de la Argentina está en sus elevados costos laborales, y en los “privilegios” (léase derechos) de que gozan los trabajadores y los sindicatos que los nuclean.

Convenios similares se firmaron en la industria automotriz con el SMATA, con la misma UOCRA para emprendimientos privados, y con la UOM para las industrias electrónicas de Tierra del Fuego, pero hasta ahora en ninguno de esos casos se había llegado al extremo que acaban de consagrar en Vaca Muerta: comprometerse a no hacer huelga.

Mientras tanto, leemos acá que los trabajadores (porque eso son, aunque muchos no lo sepan o no lo quieran reconocer) de plataformas de servicios como Uber, Cabify, Treggo, Mercadoni, Rappi y Glovo, fundaron su propio sindicato, y solicitaron su inscripción en el ex ministerio y hoy Secretaría de Trabajo de la nación: la APP (Asociación de Personal de Plataformas).

Sus reclamos iniciales son mínimos, como que los dueños de las plataformas absorban de sus bolsillos el pago de las cuotas del monotributo que hoy pagan los trabajadores del suyo, y que también contraten un seguro que los cubra contra todos los riesgos derivados de su labor. Como ven, no hablan ni siquiera de blanquear el carácter laboral de la relación, hacerles los aportes jubilatorios o a la obra social, o cosas por el estilo.

Sin embargo, esa simple circunstancia de haberse agrupado para armar un sindicato que los represente y defienda encendió las alarmas en los empresarios del sector, y es lógico que así sea: es un ataque directo al corazón de un modelo de negocios basado no tanto en la innovación tecnológica, como en la explotación de la mano de obra que trabaja en condiciones de precariedad absoluta, y de total carencia de derechos laborales, o derivados de la condición de trabajadores, que les es negada.

Modelos de negocios activamente promovidos por el macrismo (sin que deba confundir al respecto la falta de oficialización de UBER en la CABA ante la resistencia de los taxistas, donde hay mucho voto oficialista), como el ejemplo a seguir, parar “modernizar las relaciones laborales”, o peor aun: para alentar el “emprendedurismo” donde cada uno es “su propio empresario”, aunque sea manejando una moto o bicicleta para acarrear bultos pesados.

La engañifa perfecta del capitalismo siglo XXI, que llama “asociados” a lo que no son sino esclavos disfrazados, pero eso sí: libres de atarse a un sindicato, o a condicionantes como la conciencia de clase, o la solidaridad con otros que están en su misma condición.

 Tampoco es cuestión de enojarse con los que aceptan trabajar en esas condiciones, porque son parte de las víctimas de un modelo de exclusión: así como Perón decía que gobernar es crear trabajo, para Macri, su gobierno y su clase gobernar es destruirlo, para crear un ejército de reserva de desocupados que acepten mansamente trabajar en cualquier condición que sea con tal de remarla; o precarizarlo y abaratarlo, haciendo que los que tienen un empleo acepten moderar reclamos, rebajar exigencias, resignar derechos, para poder conservarlo. La teoría de los dos zapatos de Prat Gay.

Sea del extremo de la pirámide laboral que se tome (los petroleros, trabajadores en blanco, calificados y bien pagos, los "asociados" de las plataformas, precarizados, en negro y mal pagos), lo que se busca es siempre lo mismo: supresión del derecho de huelga, prohibición de sindicalizarse, negación del carácter de trabajadores, instauración del fraude laboral, precarización, recorte de derechos. Es curioso como la modernidad macrista consiste en retornarnos a los tiempos del medioevo.
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lunes, 25 de junio de 2018

HUELGA DE NEURONAS


Si la idea era mostrar que trabajás, yo hubiera subido un video donde llegara más temprano a la oficina (antes de las 13.15, ponéle). Yo, eh.

Y donde no estuviera despeinado como recién levantado, y en todo caso dijera "Hoy vine a trabajar, como todos los días"-

Porque "Acá se trabaja" no necesariamente significa que vos fuiste a trabajar. Fijáte, que se yo.  


Si ustedes pasaron el día de paro general sin tener consignas claras, pensando exclusivamente en motivaciones partidarias y causándonos clarísimos perjuicios a todos los argentinos, es un problema de ustedes.

 Igual, lo podemos tomar como una fuerta autocrítica, y valorarlo como tal.

 Aunque pensándolo bien, le podrían haber preguntado a esta otra gente, que es radical y tiene perfectamente claro por qué adhirió al paro:

Pero si la idea era mostrar que el paro fue un fracaso, no hubieran elegido una imagen de la ciudad vacía, mostrando que fue un éxito; no sé, manéjenlo.


¿Vos decís entonces que "borom bom bom, borom bom bom, los sindicatos, son de Perón?"

¿O acaso te pararon el país Barrionuevo y Julio Bárbaro, que están a cargo de la intervención del PJ?

  
Pero ¿qué decís, Jorgito? El gobierno tampoco sirve para nada porque no arregla ningún problema, y nos lo tenemos que fumar un año y medio más todavía.

¿O están queriendo irse antes?

Después no salgan con que los quieren voltear, eh.
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viernes, 29 de diciembre de 2017

AFIRMAN QUE PARA ENTERARSE ANTES DE ALGUNAS COSAS HAY QUE LEER BLOGS, Y HAY POLÉMICA


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martes, 26 de diciembre de 2017

OTRO PASO HACIA LA LIMITACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA


En el Boletín Oficial de hoy está publicado el Decreto 1095 (completo acá), que modifica dos artículos del Decreto 272 dictado en el año 2006 por Néstor Kirchner; relacionado con la reglamentación del derecho de huelga en los servicios públicos. 

En materia de derecho de huelga, la Ley 25877 de 2004 (que derogó la "ley Banelco") estableció en su artículo 24 lo siguiente: "Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. 

Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión independiente integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:

a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.

b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL con la intervención del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, dictará la reglamentación del presente artículo dentro del plazo de NOVENTA (90) días, conforme los principios de la Organización Internacional del Trabajo." (las negritas son nuestras)

La reglamentación de ese artículo fue aprobada por Néstor Kirchner a través del Decreto que ahora modifica Macri. Los cambios consisten en reemplazar a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, como entidad legitimada por el Estado para proponer candidatos a integrar la Comisión que debe determinar cuáles son "servicios esenciales", para que en ellos el derecho de huelga tenga otras modalidades; y al mismo tiempo establecer que sea el Ministerio de Trabajo y no la propia Comisión, la que establezca su propio régimen de funcionamiento.

En la Academia -un verdadero antro del pensamiento jurídico más reaccionario- revistan como miembros tipos como Alberto Rodríguez Varela, Juan Carlos Cassagne, Jorge Vanossi (que la preside), Gregorio Badeni (abogado de Clarín) y Daniel Funes de Rioja, de la UIA y la COPAL, entre otros. Acá pueden ver la nómina completa. 

Es decir lo más granado del establishment jurídico del país que reemplazaría a la FACA, donde en éste tema tallan fuerte los abogados laboralistas, por razones obvias; y que caen así otra vez bajo el anatema de mafiosos que les endilgó Macri. No sea cosa que -por ejemplo- se les ocurra proponer a Héctor Recalde como miembro de la comisión.

 De este modo las patronales podrían tener doble representación (el caso de Funes de Rioja es el más claro: podría ingresar por la UIA o por la Academia), y en consecuencia mayor peso para definir cuando un servicio es esencial o crítico, para limitar en él el derecho de huelga de los trabajadores.

Un modo del gobierno de insistir con el proyecto que el año pasado presentara en el Congreso Mario Negri (UCR) (con el paro del transporte en Córdoba como disparador), para volver exactamente al mismo sistema que consagrara Menem (en los tiempos del "ramal que para, ramal que cierra") con el Decreto 2184/90); y luego De La Rúa con la tristemente célebre Ley 25.250 (la "ley Banelco") y el Decreto 843/00, que le deja al propio Estado (que en muchos casos es juez y parte) el rol de decir discrecionalmente que servicios son críticos y cuáles no.

La ley sancionada en 2004 por el kirchnernismo y reglamentada por Néstor en el 2006 en cambio, iban en línea con las recomendaciones de la OIT para que sea una comisión independiente de expertos la que determine que servicios son críticos y cuáles no, de modo de no incluir indebidamente alguno, por ejemplo a la docencia.
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lunes, 12 de junio de 2017

ESTO SON: EL GOBIERNO MÁS GARCA DE LA HISTORIA ARGENTINA


Están haciendo lo que ni siquiera Menem se animó a hacer: dar de baja las pensiones no contributivas de Desarrollo Social a la vejez o la incapacidad, con excusas varias; del mismo modo que dieron de baja el Plan Qnita con el cuento de la corrupción, o la cobertura de medicamentos del PAMI, con el argumento de que hay jubilados que tienen yates.

 Hace meses vienen boludeando a los docentes bonaerenses intentando quebrarlos primero, y tirarles la sociedad encima después para que levanten los paros, y cuando lo hacen y vuelven a las claes ("con los chicos en el aula") le hacen por séptima vez en el año la misma oferta salarial, con un 1 % de diferencia y en cuotas. Lo que supone que no les interesa arreglar el conflicto, sino pudrirla, para sacar provecho del enojo de los padres, provocando con premeditada perversidad el enfrentamiento entre trabajadores.

 Les siguen negando la paritaria nacional, mientras amenazan con el juicio político a los jueces que respalden el reclamo de los sindicatos docentes; y con imponer por DNU el "Plan Maestro", que entre otras bellezas, introduce la flexibilidad laboral al interior de la escuela.

 Con la misma lógica (soreta) promueven a tambor batiente en el Congreso aprobar (con el paro del transporte en Córdoba como disparador) una reglamentación del derecho de huelga para volver exactamente al mismo sistema que consagrara Menem (en los tiempos del "ramal que para, ramal que cierra") con el Decreto 2184/90); y luego De La Rúa con la tristemente célebre Ley 25.250 (la "ley Banelco") y el Decreto 843/00, que le deja al propio Estado (que en muchos casos es juez y parte) el rol de decir discrecionalmente que servicios son críticos y cuáles no.

Un sistema que -dicho sea de paso, ahora que abundan los "nestoristas"- fue derogado por el kirchnerismo en 2004 con la Ley 25.877 (que derogó la "ley Banelco"), y su reglamentación aprobada luego por Néstor a través del Decreto 272/06, siguiendo las recomendaciones de la OIT.

 ¿Necesitarán otra vez de una Banelco para imponerlo, o Massa, Bossio, Pichetto y algunos de los gobernadores volverán a darles quórum y votos voluntariamente, porque comparten la idea? 

 El propio Macri arremete contra Recalde, acusándola de manejar la "mafia de los juicios laborales", como telón de fondo para propiciar el traspaso del fuero laboral nacional a la CABA, donde podrá poner y sacar los jueces a gusto y piacere.

 Segunda disgresión: mientras el "peronismo de Perón" onda Schiaretti y el sindicalismo "ortodozo" (como la conducción de la UTA dan su apoyo político al intento de reglamentación del derecho de huelga o le echan la culpa de todo a Cristina (como Schmi) habría que recordarles que no fue Recalde sino el propio Perón), quien creó en 1944 la justicia del trabajo; y que el desconocimiento de los decretos del gobierno de Farrell que la establecieron fue una de las causales que esgrimió luego contra la Corte Suprema de la década infame.

 O sea que no quieren volver a los 90' ni a la dictadura, sino directamente a la Argentina anterior al peronismo.

 No les molesta Barrionuevo, ni ninguno de los sindicalistas corruptos con los que negocian la entrega de los derechos de los trabajadores a cambio de curros varios y guita para las obras sociales: les molesta Baradel, y en general, cualquiera que defienda los derechos de los trabajadores.

 No les molestan Lázaro Báez, ni Jaime ni López (por el contrario, han sido socios), sino Recalde, el tipo que rechazó una coima de millones de dólares, y siguió adelante con el proyecto para eliminar los tickets canasta. Y les molesta por las mismas razones que Baradel: porque defiende a los laburantes, y desenmascara el discurso garca y patronal de este gobierno de CEO's.

 El brulote de Macri hoy es la respuesta directa a ésta nota del propio Recalde en Cash del domingo, donde denuncia punto por punto el programa anti obrero y anti sindical del gobierno, si logra triunfar en octubre.

 Paritarias con techo, por productividad y "metas de inflación", nula inversión en prevención de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y clausura de la posibilidad de reclamar indemnizaciones en la justicia, salarios a la baja, precarización, cercenamiento del derecho de huelga, persecución al sindicalismo que no se doblegue: esa es la médula del programa de gobierno, y eso es todo lo que está en riesgo de ocurrir si estos hijos de puta ganan las elecciones.

 Y lo que es peor es que se tiran a fondo en el intento porque suponen que al menos parte de las propias víctimas se anudarán la soga al cuello voluntariamente, cuando vayan a las urnas. Después de todo, muchos ya lo hicieron una vez.

 Claro que si te vuelve a pasar, ya será culpa de ellos, y de nadie más. Ni siquiera del gobierno más garca de la historia.
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