COMO ARMAR DESARMANDO

 

Este lunes apareció publicado en el Boletín Oficial el DNU 314 (completo acá), por el cual Milei aprueba el "Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino "; cuyos fines son "...el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional,...".

A esos fines, el DNU dispone destinar el 10 % del producido de la venta de inmuebles del Estado nacional que el gobierno está llevando adelante en el marco de la ley bases, porcentaje que podrá elevarse hasta el 70 % si los bienes vendidos estaban afectados al uso de las Fuerzas Armadas. En el decreto se mencionan tanto la Ley 24948 (1998), cuyo artículo 19 dispuso diferentes alternativas para su reequipamiento, como la Ley 27565 de 2020, que creó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF); y se señala que lo que dispone no excluye lo que establecen esas normas, sino que las complementa.

Lo que está haciendo Milei por el DNU -firmado a la vuelta de hacer cosplay de Top Gun en un portaaviones yanqui que navega el Mar Argentino sin autorización del Congreso nacional como manda la Constitución- es establecer una fuente contingente de recursos (que depende de que se vendan bienes del Estado, que salen de su patrimonio), para atender una necesidad permanente (el reequipamiento de las Fuerzas Armadas).

Vistas así las cosas en el contexto de un gobierno que mantiene a los uniformados con sueldos paupérrimos, desfinanció hasta quebrar y vaciar su obra social y está comprando chatarra estadounidense de rezago (como los F16) como si se tratara de tecnología de última generación, el DNU parece más dirigido a validar el remate del patrimonio público de los argentinos, que a modernizar y equipar a nuestras Fuerzas Armadas. 

Es decir está hecho más pensando en los negocios de Elsztain o Costantini, que en las necesidades de la defensa nacional; considerando además que la venta de terrenos y edificios de las FFAA están entre las operaciones más cuestionadas de la gestión libertario, incluso por opositores "razonables" como Pichetto.

Y ya que el decreto menciona a la ley que creó el FONDEF durante el gobierno de Alberto Fernández, recordemos que ésta dispuso en su artículo 3° distintos criterios a tener en cuenta en la adquisición de equipamiento para las fuerzas, siempre que fuera posible: "1. Favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; 2. Promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; 3. Incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado (y) 4. Mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.". 

Ninguna salvedad hace al respecto el DNU, con lo que cabe suponer que en caso de llevarse a la práctica sus disposiciones, con esos recursos se seguirá comprando chatarra extranjera, sin transferencia de tecnología ni utilización acorde nuestras reales necesidades de defensa, o posibles hipótesis de conflicto.

Pero la mayor trampa del DNU está en lo que no dice, y es que a fines del año pasado, al aprobarse el Presupuesto nacional para éste año por la Ley 27798, se derogó el inciso a) del artículo 4° de la Ley 27565 de creación del FONDEF. Esa norma establecía el principal componente de los recursos del Fondo, que se debían destinar al reequipamiento de las Fuerzas Armas: un porcentaje del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional, que desde 2023 era del 0,8 %; aporte que -según la misma norma-es independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional.

Es decir que además del dato objetivo que desde éste año esos recursos los embolsa Caputo para hacer con ellos lo que se le antoje (como hace con el producido del impuesto a los combustibles líquidos que debía destinarse al mantenimiento de las rutas, o el Fondo de Educación Técnica), hay una diferencia cualitativa muy grande entre la ley del FONDEF y el DNU: una creaba una fuente permanente de recursos para atender una necesidad también permanente, el otro crea una fuente que el día que no queden inmuebles para vender se agota, y el reequipamiento militar que lo financie Magoya (muy posiblemente tomando deuda), si es que se hace.

Eso sin contar que estamos ante un gobierno que deja de lado la discusión sobre la prioridad entre gastar en la defensa del país u otros fines, porque decidió de entrada no gastar en nada que no sea pagar la deuda; como lo pueden comprobar los jubilados, las universidades nacionales, los que andan por las rutas del país, los investigadores científicos o las personas con discapacidad y sus familias. 

DIRECTIVAS CLARAS

 

En el Boletín Oficial del lunes pasado se publicó el Decreto 457 (completo acá), por el cual el presidente aprueba la actualización de la "Directiva de Política de Defensa Nacional" en el marco de la Ley de Defensa; es decir el documento por el cual se fijan los objetivos y misiones del Ministerio de Defensa en tanto mando civil, y de las Fuerzas Armadas en su conjunto, en tanto instrumento militar de la defensa nacional.

El año pasado comentábamos en ésta entrada como el gobierno del "Frente de Todos" y con la vuelta del "Chivo" Rossi a Defensa había ido retomando para las Fuerzas Armadas el rol que nunca debieron abandonar, y del cual los había sacado la deriva macrista, por hacer seguidismo de las hipótesis de conflicto trazadas por el Pentágono para la región, bajo la doctrina de las denominadas "nuevas amenazas". Así también se retomaron los decretos reglamentarios de la Ley 23554 de Defensa Nacional dictados durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

La actualización de la "Directiva" va en el mismo sentido, y es interesante tomarse el trabajo de leer el documento (que en un anexo de 39 páginas integra el decreto publicado el lunes); porque allí se plantea un análisis de la situación internacional y regional en términos estratégicos, políticos y económicos, la inserción de la Argentina en ese contexto, las posibles amenazas que deberían prepararse para conjurar sus Fuerzas Armadas y los roles complementarios al específicamente militar que éstas están llamadas a cumplir, entre otros temas abordados. Nosotros nos tomamos el trabajo de destacar algunos párrafos salientes, a saber:

"Para potencias medias como la REPÚBLICA ARGENTINA, evaluar detenidamente el desenvolvimiento de tensiones en torno de rutas comerciales y recursos estratégicos resulta impostergable, toda vez que las condiciones de explotación que se fijen pueden afectar su seguridad y la viabilidad de sus proyectos de desarrollo económico-social. Resulta fundamental, en consecuencia, que la REPÚBLICA ARGENTINA pondere adecuadamente la situación de grandes espacios territoriales efectiva o potencialmente provechosos en materia de recursos naturales, teniendo en cuenta la situación en el ATLÁNTICO SUR y el régimen jurídico internacional aplicable al SECTOR ANTÁRTICO ARGENTINO en virtud de la plena vigencia del Tratado Antártico. Los referidos cambios económicos han revitalizado la puja por los recursos naturales estratégicos y por el control de las rutas de comercio que transportan dichos recursos desde sus zonas de extracción hacia las de producción y consumo. La demanda mundial de agua dulce, petróleo, gas, minerales y alimentos, entre otros bienes escasos, se vislumbra como potencial fuente de conflictos entre Estados.".

" Asimismo, es crucial desarrollar una clara perspectiva sobre el valor estratégico de los recursos minerales del país, en particular sobre los modos de explotación, desarrollo tecnológico-productivo e incorporación de valor agregado relacionados con el litio, cuyas reservas se ubican en el denominado “Triángulo del Litio” entre la REPÚBLICA ARGENTINA, la REPÚBLICA DE CHILE y el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (donde se concentra más del OCHENTA POR CIENTO (80 %) de los depósitos conocidos en el mundo). Asimismo, detentan una importancia fundamental las reservas hidrocarburíferas, entre las cuales se destaca el yacimiento de Vaca Muerta, segundo más importante del mundo en recursos no convencionales de gas y cuarto en recursos no convencionales de petróleo.". 

"El campo económico-comercial se presenta decididamente multipolar, con una marcada traslación de Occidente a Oriente en términos de dinamismo económico y capacidad industrial-comercial. La dimensión transnacional, por su parte, se presenta compleja y multiforme, en un contexto de vulnerabilidades significativas para los Estados nacionales como consecuencia de la permeabilidad de sus fronteras en tiempos de creciente globalización y digitalización de los vínculos comerciales, financieros y sociales. Un escenario global con las características descriptas implica importantes desafíos para la estrategia de defensa de un Estado mediano como la REPÚBLICA ARGENTINA. El principal reto en un contexto de fragmentación, fluctuación e inestabilidad consiste en encontrar un balance provechoso entre la cooperación mutuamente beneficiosa con los actores globales que controlan el acceso a recursos y la capacidad de definir y proteger autónomamente los intereses del país. Es en este último terreno donde la política de defensa nacional adquiere un rol preponderante.".

"El grado de descoordinación actual a nivel regional no puede ser endilgado a un único factor. Ha jugado un papel relevante en tal sentido el proceso de polarización generado por los cambios de signo político en varios países de AMÉRICA DEL SUR en los últimos años. En este marco, y dado que la Zona de Paz regional continúa vigente, en tanto que no existen expectativas creíbles de recurso a la fuerza militar para la resolución de conflictos entre países suramericanos, la REPÚBLICA ARGENTINA debe desplegar toda la energía que esté a su alcance para construir vínculos más estrechos, profundos y positivos en materia de cooperación en Defensa. La región suramericana cuenta con una dotación de recursos energéticos y naturales no renovables comparativamente superior a la existente en otras zonas del mundo.".

"Entre otros datos significativos detenta aproximadamente el SEIS POR CIENTO (6 %) de la población mundial, el TRECE POR CIENTO (13 %) de la superficie cultivada del planeta y el VEINTIUNO POR CIENTO (21 %) de los bosques naturales del mundo. A la vez, se erige como un área relevante en la distribución hídrica mundial, puesto que concentra más de la cuarta parte del agua dulce del planeta. Las reservas hidrocarburíferas se han visto incrementadas recientemente a partir de descubrimientos que han tenido lugar en el litoral marítimo brasileño y por la posibilidad de explotar los amplios yacimientos de hidrocarburos no convencionales en la REPÚBLICA ARGENTINA. Asimismo, América Latina se ha consolidado como la segunda región con mayor dotación de recursos hidrocarburíferos, solo detrás de Medio Oriente, a la vez que es la región con la mayor cantidad de especies, ecorregiones y biodiversidad marítima del mundo. En este contexto, la estructuración del Sistema de Defensa de la REPÚBLICA ARGENTINA y su dependiente INSTRUMENTO MILITAR, siempre en el marco de su Misión Principal y del posicionamiento y actitud estratégica defensiva, deberán contemplar esta tendencia del escenario internacional en sus previsiones estratégicas.".

"En lo que representa un avance institucional y presupuestario para el sector de la Defensa, la REPÚBLICA ARGENTINA ha decidido comprometer un significativo esfuerzo fiscal para la modernización del equipamiento y tecnología a través del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado por la Ley N° 27.565. Esto no solo resulta relevante para la defensa efectiva del territorio soberano y para el desarrollo nacional, sino también para mejorar la cooperación y los estándares de interoperabilidad con nuestros vecinos. La contribución presupuestaria del FONDEF busca revertir, paulatina pero sostenidamente, décadas de deterioro de las capacidades materiales, con el objetivo de alcanzar mayor capacidad de disuasión y de control soberano del territorio; afianzar la producción industrial para la Defensa; impulsar la cooperación tecnológica regional e internacional; mejorar las condiciones de seguridad y las condiciones laborales de las fuerzas; fortalecer los vínculos estratégicos existentes y propiciar la creación de otros similares.".

"En el caso de la REPÚBLICA ARGENTINA, desde la restitución del régimen democrático en el año 1983, el arco político entero ha rechazado la militarización de la seguridad pública, acuerdo explícitamente plasmado en las coincidencias interpartidarias que desembocaron en la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554. Por tanto, se deja en manos del Poder Judicial y las distintas fuerzas de seguridad la prevención, investigación y control de estos delitos. Esta decisión se debe a un fuerte consenso democrático respecto de establecer un límite claro entre el aparato de Defensa y el de Seguridad. Independientemente de las cuentas pendientes en materia de lucha contra el narcotráfico, el largo compromiso en no utilizar a las Fuerzas Armadas como instrumento para estos fines ha significado que su formación profesional no se vea comprometida por la participación en misiones no acordes a su naturaleza, instrucción y doctrina. A su vez, ello ha evitado los riesgos para la vida de civiles que resultan de introducir al aparato militar en el terreno de la seguridad doméstica.".

"Con relación a los espacios multilaterales vigentes a nivel continental con injerencia sobre el área de defensa, se destaca la presencia de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) y la JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA (JID). Se observa en la OEA una reducción de sus funciones de coordinación multilateral e invitación al diálogo, limitándose en sus más recientes acciones a proveer legitimación para sanciones impuestas a ciertos Estados de la región. Con relación a la JID, la REPÚBLICA ARGENTINA ha mantenido una posición crítica respecto de su rol y funciones como ámbito de cooperación continental para el sector de la Defensa. En primer lugar, porque esa instancia exhibe una estructura anacrónica, que no refleja la institucionalidad democrática imperante y propicia solo el contacto entre instancias militares, dejando de lado el diálogo entre los representantes políticos y civiles a cargo de la conducción de los respectivos aparatos de Defensa. En segundo lugar, porque su diseño institucional, prácticas y posturas insumen recursos que no han generado un impacto positivo acorde con las necesidades e intereses de la región.".

"En consecuencia, el Sistema de Defensa Nacional se orienta estructural y organizativamente hacia la disuasión de potenciales agresiones externas por parte de fuerzas armadas de otros Estados, siguiendo lo dispuesto por la Resolución 3314 (1974) de la Asamblea General de las NACIONES UNIDAS y el consenso político interpartidario plasmado en el plexo normativo construido para el sector de la Defensa en democracia (compuesto, entre otras normas, por la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, sus respectivas modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 727/06). Por lo tanto, queda fuera de la órbita del Sistema de Defensa Nacional, ya sea en sus aspectos doctrinario, de planeamiento y adiestramiento, así como también de producción de inteligencia, toda cuestión atinente a la seguridad interior.".

"En este sentido, la política de defensa nacional debe evitar el problema histórico de la reproducción acrítica y descontextualizada de concepciones de empleo y doctrinas que reflejan, por un lado, los intereses y la mirada de potencias extranjeras y por el otro, realidades geopolíticas diferentes a las que imperan en AMÉRICA DEL SUR. En efecto, del mismo modo que a mediados del siglo XX se replicaron con resultados desprofesionalizantes las prácticas contrainsurgentes de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y desde fines de ese mismo siglo se procuró en diversas oportunidades el abordaje de las denominadas “nuevas amenazas”, actualmente el riesgo de la importación de doctrinas se proyecta hacia la denominada “guerra híbrida” y sus múltiples variantes. Partiendo de estas premisas, los objetivos fundamentales y permanentes de la política de Defensa argentina son: proteger la vida y libertad de sus habitantes; salvaguardar la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la Nación; preservar su integridad territorial y resguardar sus recursos y objetos de valor estratégicos.".

"La protección de los recursos naturales, contenidos en la definición más comprehensiva de recursos estratégicos, constituye un aspecto medular en la formulación de la actitud estratégica defensiva de la REPÚBLICA ARGENTINA. Siguiendo lo establecido por el artículo 2° de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional y el artículo 1° del Decreto Reglamentario N° 727/06, asegurar la disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables localizados en el territorio nacional es una forma tangible de materializar los intereses vitales de la Nación. Deben planificarse las capacidades y doctrinas acordes para proteger los espacios y recursos estratégicos ante la potencialidad de un ataque militar estatal externo, sobre todo aquellos que revisten una importancia fundamental para el desarrollo socioeconómico y el sustento de la población, la producción agrícola e industrial, el transporte a través del territorio nacional y la generación de energía. Sin expectativas de conformar una lista exhaustiva, en esta categoría deben considerarse: las cuencas hidrocarburíferas; las áreas fértiles cultivables que conforman el núcleo del circuito productivo agropecuario; las cuencas hidrográficas de superficie (ríos, lagos, lagunas, esteros y campos de hielo) y aguas subterráneas; las áreas de producción minera y la biodiversidad protegida por su interés científico y tecnológico.".

"Se deberán llevar a cabo todos los procesos necesarios de evaluación exhaustiva para propiciar la incorporación e institucionalización de la experiencia obtenida a partir del masivo despliegue de las FUERZAS ARMADAS en torno de las tareas de apoyo en el contexto de la pandemia de COVID-19 (“Operación General Manuel Belgrano”). Deberán ser identificados los aciertos y errores cometidos, así como las limitaciones logísticas experimentadas y las necesidades materiales y de capacitación para subsanarlos. Este proceso deberá nutrirse también de las experiencias de otros países con el fin de fomentar la incorporación de mejores prácticas e incentivar la interoperabilidad en casos de operaciones de apoyo a la comunidad nacional y/o de otros países, especialmente en AMÉRICA DEL SUR.".

RETOMANDO LA SENDA CORRECTA

Con casi nula repercusión mediática, o con bastante menos de la que correspondería a un tema de tal envergadura, apareció publicado hoy en el Boletín Oficial el Decreto 571, que deroga sus similares nros. 683 y 703 del 2018, dictados por Macri; reimplantando a su vez la vigencia de los Decretos nros. 727 y 1691 del 2006 (de Néstor Kirchner) y 1714/09 y 2645/14 de Cristina. (El decreto completo acá).

Lo que supone en la práctica el decreto es abandonar las normas impuestas por Macri respecto a la misión de las Fuerzas Armadas, y los lineamientos de la "Directiva de Defensa Nacional" que aprobó durante su gobierno, para volver a las que rigieron en los tiempos del kirchnerismo.

Eso supone restablecer la plena vigencia de la legalidad, separando claramente las tareas propias de la defensa nacional (que competen a las FFAA como instrumento armado de la nación para esos fines), de las de seguridad interior. Y al mismo tiempo establece una doctrina clara y precisa para el instrumento militar, vinculado a su rol específico en la defensa del orden constitucional, la soberanía nacional y la defensa de la integridad territorial del país; frente a posibles ataques exteriores por parte de otros Estados, con sus propias fuerzas armadas.

En su momento nosotros analizamos acá los decretos de Macri en ésta entrada y en esta otra, señalando como vulneraban las leyes de Defensa Nacional 23554, Seguridad Interior 24059 e Inteligencia Nacional 25520; que es precisamente lo que señalan ahora los considerandos del decreto; cuando por ejemplo afirma que "...alterando ostensiblemente el criterio demarcatorio que separa la Defensa Nacional de la Seguridad Interior, el Decreto N° 683/18 omitió que la escisión de estos campos deviene del tipo y/o naturaleza de la amenaza, concluyendo que, como consecuencia de la evolución del entorno de Seguridad y Defensa, resultaba necesario establecer nuevos roles y funciones para cada una de estas instancias, lo que contraviene el sólido consenso normativo y doctrinario alcanzado desde la recuperación de la democracia en el año 1983.".

Y sigue el decreto: "Que siguiendo la voluntad del legislador al sancionar la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554, y recuperando la conceptualización de “agresión” definida por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS en su Resolución N° 3314 (XXIX) del año 1974, el Decreto Nº 727/06 estableció que “debían rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación “nuevas amenazas”, responsabilidad de otras agencias del Estado organizadas y preparadas a tal efecto”."

"Que el mismo Decreto Nº 703/18, en abierta contradicción con lo prescripto por la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, establece al universo de las denominadas “nuevas amenazas” como hipótesis de empleo del Instrumento Militar, al fijar en su Capítulo II (Posicionamiento Estratégico de la REPÚBLICA ARGENTINA en materia de Defensa), punto d. (Impacto de la criminalidad transnacional), que las FUERZAS ARMADAS podrían ser empleadas en apoyo de estrategias tendientes a enfrentar problemáticas como “la desarticulación de redes delictivas vinculadas al narcotráfico, la piratería, la trata de personas y el contrabando”, así como para “prevenir la expansión del terrorismo transnacional”.

"Que por lo expuesto, el mencionado Decreto N° 703/18, al establecer como hipótesis de empleo de las FUERZAS ARMADAS al conjunto de las denominadas “nuevas amenazas”, pone en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta como el Instrumento Militar que se encuentra funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales.". (las negritas son nuestras)

Como muchas decisiones de la administración de AF, esta también demoró entre su anuncio (allá por el mes de enero) y su concreción, pero es preferible tarde que nunca; sin que pueda pensarse que la demora obedeció a la pandemia. Acaso haya que asociar el momento en el cual el decreto finalmente ve la luz, con las críticas del presidente a la administración Trump en su teleconferencia de días pasados con otros líderes políticos regionales, siendo que es el gobierno de EEUU el que vino presionando a los gobiernos del continente para que adoptaran la doctrina de las "nuevas amenazas" como hipótesis de conflictos de sus FFAA, como lo hizo Macri.

Como fuere y por lo que fuere, un muy celebrado paso adelante en la consolidación de nuestra trabajosa construcción democrática, y en la fijación de un política exterior autónoma e independiente, acorde con las mejores tradiciones nacionales. 

UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

Leemos en El Cronista que sería inminente la firma por Alberto Fernández del decreto que deroga al Decreto 721/16 de Macri que, modificando a su vez uno de Alfonsín, les devolvía a los comandos de las Fuerzas Armadas que éste último les había sacado en los tiempos de la restauración democrática, para producir designaciones en cargos militares de jerarquías intermedias, cambios de destino, bajas y retiros obligatorios, ascensos a suboficiales, licencias y resolución de reclamos contra las sanciones disciplinarias.

El decreto de Macri lo comentamos en su momento en ésta entrada, señalando que "En el caso de los militares el decreto de Macri retrocede peligrosamente en el piso común de nuestra construcción democrática colectiva desde la dictadura, y más allá del signo político de los gobiernos de turno; como ya lo había demostrado al introducir la "ley de derribo" en la emergencia en seguridad, tornando borrosa la frontera entre la defensa nacional y la seguridad interior, y volviendo a comprometer a las fuerzas armadas en ésta última.

Los riesgos de la autonomización de las fuerzas armadas del poder político -de por sí serios en cualquier circunstancia- se agravan cuando se los mira en el contexto de los drásticos cambios que el gobierno está introduciendo en la política exterior y sus alineamientos internacionales; lo que incluye una activa "cooperación" con las agencias de seguridad de los EEUU, desde la DEA al FBI, pasando por el Pentágono y el Comando Sur.".

A casi cuatro años de distancia, huelga decir que la cuestión tiene una acuciante actualidad, tanto que hace poco y a propósito de los acontecimientos de Bolivia, Chile y Ecuador, desarrollábamos en extenso en éste otro posteo la preocupación por el hecho de que los gobiernos democráticos de la región (incluido el nuestro) debían adoptar las diligencias del caso para asegurarse un efectivo control político de sus fuerzas armadas, como elemento de estabilización democrática. 

De confirmarse la noticia, sería un primer e importante paso en la dirección correcta del nuevo gobierno para desandar el camino emprendido por el macrismo en la relación entre el poder democrático y las fuerzas armadas, en un momento crucial. No es casual que Alberto Fernández parezca dispuesto a darlo cuando ha confiado en Agustín Rossi la conducción del Ministerio de Defensa, conociendo lo que piensa el "Chivo" en estos asuntos.

Restarán después, si el decreto se firma, otros que vayan desmontando la estructura jurídica armada por el macrismo para convertir a nuestras Fuerzas Armadas en meros apéndices de la estrategia de política exterior de los Estados Unidos para la región (fuente de muchas de sus convulsiones políticas), y comprometerlas en tareas de seguridad interior, rompiendo en éste aspecto el consenso democrático trabajosamente construido desde 1983.

Así por ejemplo habrá que derogar los Decretos 683 y 703 del 2018, que modificaron el Decreto 727/06 de Neśtor Kirchner, que reglamentaba la Ley 23.554 de Defensa Nacional; y los Decretos 1691/06, 1714/09 y 2645/14 firmados por el propio Néstor y por Cristina en sus dos mandatos, fijando la "Directiva de Defensa Nacional", es decir los roles asignados al instrumento militar de la defensa nacional y sus posibles hipótesis de conflicto, y organización funcional.

Con esos decretos Macri modificó la "Directiva de Defensa Nacional", fijando nuevas hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas, y permitiendo su participación en tareas de seguridad interior. En sus momento ambos decretos de Macri fueron analizados en ésta entrada, y en ésta otra.

Y además el gobierno tendría que derogar la Resolución 1531/19 del Ministerio de Defensa cuando lo conducía (y lo chocaba) Oscar Aguad, por la cual se modificara el organigrama de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, vaciando de contenido y funciones al Estado Mayor Conjunto: ver mas información al respecto, acá.     

O sea, seguir en relación con las Fuerzas Armadas el mismo camino ya iniciado en relación con las fuerzas de seguridad federales, derogando los "protocolos" de la gestión Bullrich; y con la intervención a la AFI para reorganizar los servicios de inteligencia: reconquistar para el poder civil, representado por el gobierno electo por el pueblo, el gobierno pleno de instrumentos que tienden a autonomizarse y seguir su agenda propia, en desmedro de la calidad democrática y el normal funcionamiento de las instituciones.

DIRECTIVAS DE AFUERA

Tal como se venía anunciando hace unos días y veíamos acá finalmente el gobierno complementó su reforma al rol de las Fuerzas Armadas aprobando la nueva “Directiva Política para la Defensa Nacional” mediante el Decreto 703 firmado por Macri y publicado ayer en el Boletín Oficial (completo acá).

Tal como se suponía, la nueva Directiva (que reemplaza a la aprobada por los Decretos 1714/09 y 2645/14 de Cristina, a los que deroga) impone un cambio sustancial al rol, la doctrina y las hipótesis de conflicto de nuestras Fuerzas Armadas, poniendo casi en un mismo plano de igual su función primordial (la defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial del país y su capacidad de autodeterminación política ante ataques externos, con otras que hasta acá eran subsidiarias; como las tareas de apoyo a la seguridad interior en el marco de la Ley 24.059.

Para muestra de lo dicho, baste un botón: el decreto viene acompañado de un anexo de 40 fojas en el que se desarrolla la nueva “Directiva”, en el que solo se le dedican diecinueve (19) renglones al conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña por la soberanía sobre las islas Malvinas, mientras por contraste se mencionan doce (12) veces la problemática del narcotráfico, nueve (9) veces el terrorismo y ocho (8) veces la defensa del cyberespacio; y cuando se habla de Malvinas se señala que “La República Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares” sin hacer la más mínima mención a la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Por el contrario, se dice que “La reciente mejora en la relación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contribuye al logro de este objetivo nacional irrenunciable, ya que favorece un espacio de oportunidad para incrementar la cooperación bilateral y promueve el interés nacional de preservar y explotar los recursos naturales allí existentes.”; cuando en función del acuerdo firmado en 2016 lo que sucede es precisamente lo contrario., pues el Estado argentino renuncia incluso a aplicar las sanciones que contemplan las Leyes 26.659 (2011) y 26.915 (2013) para las empresas que los explotan con licencias otorgadas por los kélpers.

En los considerandos del decreto se hace derivar el cambio en las misiones primordiales de las Fuerzas Armadas de las promesas de campaña de Macri (“Que el Poder Ejecutivo Nacional ha establecido como objetivos transversales de su gestión de gobierno la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la pobreza y la unión de los argentinos, por lo que su cumplimiento exige la colaboración de todas las áreas del Estado, conforme sus competencias y responsabilidades específicas.”), y se señala que las normas aprobadas por el kirchnerismo le imponían al instrumento militar de la defensa nacional “un conjunto de limitaciones doctrinarias”.

Para resolver ese problema, Macri adopta llave en mano la doctrina de las "nuevas amenazas" del Comando Sur del Pentágono, y así por ejemplo la Directiva afirma que el aumento de las capacidades militares de China y Rusia (no su creciente preponderancia económica) genera un contrapeso para el poder militar de los Estados Unidos; y lejos de condenar la ruptura al multilateralismo ocasionada por la doctrina de las “guerras preventivas” de la principal potencia mundial, pone la responsabilidad en “otros países” que no menciona, y señala que el proceso no es irreversible porque se han fortalecido instancias de cooperación internacional como la OCDE o el G20, como si esos “clubes de países ricos” pudieran reemplazar a la ONU en la solución de conflictos internacionales.

Hay varias alusiones veladas (sin precisarlas en un Estado concreto) a los Estados que alientan o favorecen el terrorismo, o “...están desarrollando medios cibernéticos para explotar las vulnerabilidades inherentes a los sistemas de comando, control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento.” (¿Rusia, según la denuncia del FBI la CIA sobre la última campaña presidencial yanqui?); y en el análisis de la situación regional el primer hecho que se menciona -y al que se le asigna un lugar destacado- es la situación de Venezuela, de la que se señala que “...afecta negativamente la estabilidad de la región, especialmente la de los países vecinos. Estos últimos enfrentan un creciente flujo de refugiados que impacta sobre las economías limítrofes; generando condiciones propicias para la criminalidad organizada y el narcotráfico, y produciendo un efecto derrame hacia el resto de la región que debilita su gobernanza.”. ¿Abren la puerta para involucrar a nuestras Fuerzas Armadas en una eventual invasión militar orquestada por EEUU? 

Luego de constatar la ausencia de conflictos militares en la región, la contrapone con “...el aumento de problemáticas de seguridad transnacional...tales como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de personas y eventualmente terrorismo.” (las negritas son nuestras), ante las que las Fuerzas Armadas deben intervenir, no obstante reconocer que “Las estrategias de lucha contra el narcotráfico son un objeto de debate en la región, particularmente en lo que respecta al modo en que debe abordarse el conflicto y a las agencias que deben intervenir en la prevención, conjuración e investigación de este fenómeno delictivo.”. No hay ninguna referencia puntual al fracaso de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en Colombia o México, por ejemplo.

Otro tanto sucede con el terrorismo: el decreto señala que “En la actualidad, nuestra región no representaría un escenario de alta prioridad para la proyección y acción directa de organizaciones terroristas, en especial de aquellas asociadas al extremismo islámico. Sin embargo, los países de América del Sur colaboran estrechamente en el control de zonas calientes y puntos críticos; entre ellas la Triple Frontera entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay. La principal preocupación de seguridad en esta zona fronteriza refiere a los flujos de financiamiento para organizaciones vinculadas al terrorismo islámico, o bien en su rol como escala de tránsito y entrenamiento de células terroristas. Pese a la baja probabilidad de atentados terroristas en América del Sur, aún persisten en la región organizaciones políticas que han apelado a este tipo de tácticas en el pasado.”. (Otra vez las negritas son nuestras) Es decir, exactamente la misma justificación que vienen empleando los Estados Unidos para presionar para instalar una base militar en la zona.

Estos otros párrafos tienen claras reminiscencias de la doctrina de la seguridad nacional (las negritas son nuestras): “La falta de identificación de amenazas convencionales directas no implica que la República Argentina carezca de riesgos y desafíos para la Defensa Nacional. A diferencia de las amenazas -en las que se aprecian indicios de una voluntad de daño -, los riesgos constituyen situaciones cuya probable evolución podría afectar los intereses nacionales en materia de Defensa. Esta afectación puede responder a la explotación de vulnerabilidades propias, en particular las relacionadas a la vigilancia y control de los espacios soberanos, o al condicionamiento de la postura estratégica de la Nación en la arena internacional.”

“Las tendencias vinculadas a la transformación de las formas de la guerra y la combinación de formas tradicionales y no tradicionales de agresión representan un riesgo para los objetivos estratégicos de la Nación. La proliferación de este riesgo tiene un claro protagonismo en la agenda internacional y afecta la seguridad de todos los Estados del mundo. En este marco, la ocurrencia de un ataque contra los objetivos estratégicos de la República Argentina configura un problema de alto impacto potencial para la Defensa Nacional. El Sistema de Defensa Nacional debe planificar y proteger los objetivos estratégicos que puedan ser objeto de una agresión de origen externo.”. 

Lo curioso es que en ninguna parte de las 40 fojas de la “Directiva” se identifican ni los potenciales agresores, ni se enumera ninguno de los “objetivos estratégicos" que podrían atacar, sino que se los deja librado a la decisión del Presidente: ¿una explotación petrolera tomada en protesta por el recorte en las asignaciones familiares en la Patagonia, una central nuclear ídem, en protesta por los despidos?

El decreto plantea como objetivos centrales para las Fuerzas Armadas “El incremento de la participación en los organismos multilaterales en materia de defensa, principalmente en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como también en otras instancias de cooperación regional, hemisférica e internacional” y “El involucramiento activo en ejercicios y adiestramientos militares combinados con las Fuerzas Armadas de países aliados y amigos, conforme las prioridades estratégicas definidas por la política exterior argentina.”; lo que traducido significa: con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y participar de la Junta Interamericana de Defensa; ese apéndice del Comando Sur del cual surgiera la tristemente célebre "Escuela de las Américas".

El decreto le encomienda al Ministerio de Defensa un plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas adecuando “...el despliegue territorial a las necesidades de la actual coyuntura estratégica y las exigencias de su preparación para el empleo, abandonando el criterio de "ocupación territorial.”, para lo cual “...deberá elevar para consideración del Poder Ejecutivo Nacional un listado de instalaciones no necesarias desde el punto de vista de la Defensa Nacional. Las propuestas de cierre y/o apertura de instalaciones militares deberán ser acompañadas de un diagnóstico relativo a su impacto.”. Es decir que se vienen cierres de cuarteles, y venta de inmueble hoy afectados al uso de las Fuerzas Armadas, para favorecer negocios inmobiliarios.

También le encomienda a la cartera de Aguad “...deberá avanzar en la formulación de un plan de modernización institucional dirigido a racionalizar las estructuras administrativas y burocráticas de la jurisdicción.”, considerando las restricciones fiscales y puntualizando que “Las organizaciones y capacidades del Sistema de Defensa Nacional no involucradas en tareas prioritarias y responsabilidades en tiempo de paz deberán reducir sus estructuras de personal.”; lo cual anticipa nuevos despidos en el sector público.

Nada dice el decreto que pueda suponer algo parecido a un plan de desarrollo de las capacidades nacionales de producción para la defensa (armamentos, material bélico, equipamiento tecnológico), lo cual es totalmente compatible con un gobierno que viene desguazando Fabricaciones Militares, cerró FANAZUL o viene asfixiando financieramente a INVAP. Y no es un dato menor recordar que el Decreto 683 derogó la "Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas" aprobada por el Decreto 1691/06 de Néstor Kirchner, sin reemplazarla por otra; a lo cual se suma que el mismo decreto de Macri excluyó al Estado Mayor Conjunto de toda intervención en el asesoramiento para la compra de material y equipamiento para las FFAA.

Sin esa otra "Directiva", queda al gobierno un amplísimo marco de discrecionalidad (en tanto reina la oscuridad) respecto a los criterios de organización específicamente operaciones del instrumento armado de la defensa (las FFAA), porque la orden dada al Ministerio de Defensa de proponer una nueva ley del personal militar que reemplace a la Ley 19.101 (1971) solo resuelve los aspectos escalafonarios del reclutamiento y la carrera del personal; no el funcionamiento de las fuerzas.  

Es además muy sugestivo (y peligroso) que en el marco de una "Directiva" que ensancha las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior (a punto tal que ya no las considera "subsidiarias") solo se hagan genéricas y vagas referencias a la Ley 24.059, sin precisar -por ejemplo- que el artículo 32 de la misma dispone que el empleo de elementos de combate de las FFAA para "restablecer la seguridad interior" cuando el accionar de las fuerzas de seguridad fuera insuficiente a esos fines requiere la previa declaración del estado de sitio por el Congreso (si se trata de conmoción interior), o por el presidente con acuerdo del Senado si se trata de un ataque exterior, o el Congreso está en receso (Constitución Nacional, artículos 86 inciso 29) y 99 inciso 16)). Llegado el caso ¿nos pondrá Macri frente a los hechos consumados, aduciendo que la ley de seguridad intrior y la Constitución "tienen lagunas"? 

En síntesis y más allá del lógico rechazo que despertó el Decreto 683 al volver a involucrar activamente a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, la nueva “Directiva” supone delegar en los organismos militares de los Estados Unidos el accionar operativo de las mismas, tal y como el gobierno de Macri delegó en los tecnócratas del FMI la conducción de la economía a partir del acuerdo stand by; en otro intento de soltar lastre y licuar el poder institucional del gobierno y el presidente, para conseguir apoyos que le permitan remarla hasta diciembre de 2019.

"NO CUENTEN CON NOSOTROS"

Gacetilla de prensa, colectivo del Ejército estacionado en inmediaciones del Congreso pic.twitter.com/PxUYYpevi5

— Ejército Argentino (@Ejercito_Arg) 14 de diciembre de 2017

 La imagen de apertura corresponde al comunicado de prensa subido desde la cuenta oficial de Twitter del Ejército Argentino, respecto a la participación de unidades de transporte de la fuerza utilizadas ayer en el operativo de seguridad montado en el Congreso.

Está aclarando en qué carácter estaban allí: para transportar a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), afectados a su vez al operativo de seguridad de la cumbre de la Organizacióm Mundial del Comercio (OMC).

Y tal como lo señalan, lo fundan en el artículo 27 de la Ley 24.059 de seguridad interior, que señala lo siguiente: "En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior.".

Sin embargo, el comunicado está diciendo mucho más que eso: luego de una jornada bochornosa por la represión brutal descargada por las fuerzas de seguridad federal al mando de Patricia Bullrich contra los manifestantes, y hasta contra personas en situación de calle que viven en los espacios públicos aledaños, el Ejército Argentino se desmarca y está señalando claramente que ellos no participaron de la represión, ni tuvieron responsabilidad alguna al respecto.

Pero también están avisando que no los tengan en cuenta para esos menesteres, y no por convicciones democráticas, sino para evitar caer en el mismo barro al que arrastró el gobierno a las fuerzas de seguridad; muchos de cuyos integrantes -por cierto- se revuelcan gustosos en él.

Una aclaración muy importante, en momentos en que en el gobierno se analiza la posibilidad de modificar el Decreto 727/06 reglamentario de la Ley 23.554 de Defensa Nacional, para involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior; en "hipótesis de conflicto" como la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo.

Para que una institución regida por los principios de la más absoluta verticalidad como el Ejército decida desmarcarse en público de tal modo de lo que es una decisión de los más altos niveles políticos del Estado (el presidente Macri) como reprimir a mansalva a los manifestantes ayer, es porque el vínculo de la fuerza armada con ese poder político está absolutamente desmadrado.

Lo que no debería extrañar si se repara en el contexto en el que el comunicado se emite, marcado por la crisis en la Armada por las responsabilidades emergentes de la desaparición del submarino ARA San Juan y sus tripulantes; y el tristísimo papel desempeñado en todo el entuerto por el inútil ministro de Defensa Oscar Aguad.

Otro ejemplo más de la degradación constante de la autoridad que la Constitución le confiere a Macri en su carácter de presidente (en éste caso como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas); como consecuencia de sus propias decisiones. 

DE LO RIDÍCULO A LO PELIGROSO

El bochornoso fallo de Bonadío de ayer en la causa generada a partir de la no menos ridícula denuncia del fiscal bien podría figurar en una antología de los disparates jurídicos; más allá de sus obvias motivaciones e implicancias políticas. Sin embargo, entre las 491 fojas de dislates que su señoría escribó y/o copió de "El rincón del vago", nosotros destacamos algunas que nos parecieron llamativas, por lo potencialmente peligrosas.

Así entre las fojas 275 y 278 del libelo se pueden leer cosas como éstas: "Debemos señalar también que con la aparición del fenómeno del terrorismo internacional cambió la concepción clásica de estado de guerra, como así también fijar el tiempo de cuándo comienza y cuándo termina el conflicto y cómo se formaliza. En este sentido, se sostuvo, también, que: “... La aparición de este fenómeno ha cambiado diametralmente la concepción de qué es la guerra, cómo y cuándo se considera que aquélla ha comenzado, en qué consiste, cómo se manifiesta y hasta cuándo dura; y quién o quiénes son los sujetos con aptitud para ser actores en este campo (aunque no estén reconocidos formalmente como sujetos del Derecho Internacional) ...” (conf. GRABIVKER, Marcos - “El gran desafío actual: la lucha contra el terrorismo fundamentalista” 26 de diciembre de 2016).

También han referido autores internacionales, que ciertas conductas conllevan el homicidio indiscriminado de personas han sido consideradas como actos de guerra. Sobre este punto refirió Michael WALZER que: “... La imposición sistemática del terror sobre poblaciones enteras es una estrategia que se utiliza tanto en la guerra convencional como en la guerra de guerrillas y es un recurso del que se valen tanto los gobiernos establecidos como los movimientos radicales. Su propósito es destruir la moral de una nación o de una clase, socavar su solidaridad; su método es el asesinato aleatorio de personas inocentes. Esa aleatoriedad es la característica determinante de la actividad terrorista. (…) En la guerra, el terrorismo es una manera de evitar el combate con el ejército enemigo ...”. (WALZER M. - “Guerras Justas e Injustas, un razonamiento moral con ejemplos históricos” - traducción de Tomás FERNÁNDEZ AÚZ y de Beatriz EGUIBAR - editorial Paidós - 3ª ed. - Barcelona - 2001). A su vez, cuando éstas son ejecutadas, planeadas o apoyadas por agentes de un Estado, como en el caso del atentado a la A.M.I.A., pueden ser considerados como un “acto de guerra de agresión”, en el sentido clásico del "Ius ad bellum". 

En efecto, el apoyo logístico o financiero de un Estado a una organización “terrorista” para la realización de un acto que produce la muerte de personas, consideradas “enemigas” por éstos, simplemente por su condición de ciudadanos del Estado atacado, o bien por su pertenencia a un grupo social, etnia o religión, han sido considerados actos bélicos que, a su vez, han recibido una respuesta de autodefensa por parte del Estado agredido, en el caso de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y una condena por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las resoluciones N° 1.368 y 1.373 dictadas como consecuencia de ellos.

Sobre este punto el doctor Cornelius PRITTWITZ reflexionó que: “... El punto esencial debiera ser la cuestión (...) de si el ataque (...) se efectuó ‘desde el exterior’. Desde el punto de vista del Derecho Internacional parece del todo incierta la interpretación del término ‘ataque desde el exterior’: Si ello reclama una “dirección” de los ataques a través de otros Estados, si es suficiente el ‘apoyo’ de esos otros Estados o quizá basta su ‘tolerancia’. (...)" (las negritas son nuestras)

Como ven, Bonadío trata de fundamentar la delirante acusación del delito de traición a la patria tipificado en el artículo 119 de la Constitución Nacional y 214 del Código Penal ("La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro") (la negritas otra vez son nuestras) en una presunta guerra en la que la Argentina fue agredida por Irán a través de un acto terrorista cometido por agentes de su Estado, sin declaración formal previa.

Y para eso no tiene menor idea que apelar a las hipótesis de conflicto que ha definido la política exterior de los Estados Unidos, con su tristemente célebre "guerra contra el terrorismo"; que fue el basamento teórico con el que pretendió cohonestar sus intervenciones armadas imperiales fuera de sus fronteras en las últimas décadas. Sin ir más lejos, el atentado a las torres gemelas fue la excusa perfecta para intervenir en Irak, y luego proseguir la cruzada en Afganistán.

Tal parece que como el gestor de todo esto con su denuncia (Nisman), Bonadío también es libreteado desde la embajada, a la cual es asiduo invitado y concurrente, en un momento muy particular del mundo, la región y el país; cuando Donald Trump acaba de sumar un elemento más para escalar la tensión en Medio Oriente al reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel y trasladar su embajada.

Está muy claro desde el inicio que la denuncia de Nisman fue parte de una movida de la derecha norteamericana para contrarrestar los acuerdos de Obama con Irán, así como la "pista iraní" del atentado fue en sus comienzos, una "historia" acordada entre los gobiernos de Argentina, Estados Unidos e Israel para distraer la atención de otras (como la pista siria), por conveniencias vinculadas a sus intereses estratégicos y geopolíticos. Los de ellos, no los nuestros; que en todo esto somos el pato de la boda.

Un juego peligroso al que se sumó gustosa nuestra propia derecha (incluyendo la que controla las entidades más representativas de la comunidad israelí en el país), sin reparar debidamente en las posibles consecuencias; y en el que nosotros no tenemos nada para ganar, y todo para perder. 

Este marco teórico que Bonadío estampa en su bochornoso fallo es además el mismo bajo el cual el gobierno de Macri ha refritado la doctrina de la seguridad nacional de la dictadura, el "enemigo interno" (hoy corporizado en los mapuches, mañana puede ser cualquiera) y prepara una modificación del Decreto 727, reglamentario de la ley de defensa nacional firmado por Néstor Kirchner en el 2006; para habilitar la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, y adaptar la doctrina nacional de defensa y el rol de su intrumento armado, a las hipótesis de conflicto ("las nuevas amenazas") del Pentágono y del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos.  

DE ARMAS TOMAR

Intentemos racionalizar tanto como sea posible el análisis de la denuncia que hizo el domingo Roberto Navarro en su programa sobre las gigantescas compras de armamentos (más de 2000 millones de dólares) que el gobierno de Macri gestiona en los Estados Unidos; sin caer en el lugar común de “gastan en eso y no en...” (ponga cada uno lo que le parezca prioritario), aunque en un país con las carencias del nuestro ese enfoque sea perfectamente válido y legítimo.

Nadie (o casi nadie) discute la necesidad de que un país cuente con fuerzas armadas, y de hecho ningún país del mundo (o casi ninguno) prescinde de tenerlas; diríamos sin temor a equivocarnos que ninguno que tenga el tamaño y territorio del nuestro, e incluso bastante menos para defender de agresiones exteriores.

Dicho eso, tampoco nadie (o casi nadie) podría oponerse a que el instrumento militar de la defensa nacional (porque eso son las fuerzas armadas, al menos en la visión que el peronismo impuso desde aquélla célebre conferencia de Perón en la universidad de La Plata en 1944) esté convenientemente equipado; y disponga de los mejores pertrechos posibles, para poder cumplir con eficacia su rol.

Lo que hace ruido en éste caso es que la monumental operación de rearme de nuestras FFAA (la mayor en más de 40 años, mayor incluso que las que la dictadura hizo para la guerra en Malvinas) es el contexto político en el que se produce, y la total falta de precisiones del gobierno de Macri al respecto.

Se apresta a gastar más de 2000 millones de dólares en dos años (algunas compras ya se concretaron) un gobierno que se ha caracterizado hasta acá por torpedear sistemáticamente todos los organismos de integración regional,  alineándose con las acciones de política exterior del Departamento de Estado para sumar creciente tensión (como en el caso de la sobreactuación de su postura respecto a Venezuela); y que al mismo tiempo demostró con sus acciones querer borrar deliberadamente la línea que separa la defensa nacional de la seguridad interior, tan trabajosamente trazada durante más de tres décadas de construcción democrática colectiva.

Porque no está demás recordar que fue éste mismo gobierno el que al comienzo de su gestión comprometió la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna al aprobar por decreto la “ley de derribo”, en el contexto de la “emergencia en seguridad”; que por cierto y como se ha dicho, fue también una formidable excusa para que el Estado compre pertrechos en condiciones de absoluta oscuridad, y exento de todo tipo de controles.

Inquieta pensar que el gobierno de Macri encare tan vasto proyecto de reequipamiento militar sin que los argentinos sepamos cual es la hipótesis de conflicto que se pretende atender con esos medios, descartando desde ya que se trate de disuadir la amenaza que representa la creciente militarización británica en Malvinas: la mega-compra comenzó el año pasado, mientras éste mismo gobierno de “Cambiemos” resignaba progresivamente nuestro secular reclamo a las islas como moneda de cambio del apoyo inglés a la candidatura de la canciller Malcorra a la ONU; y ya en éste año cuando se conocieron los aprestos militares ingleses en las islas (luego del vergonzoso acuerdo firmado entre ambas chancillerías que omite toda referencia a  la cuestión), la respuesta de nuestra diplomacia no pudo ser más decepcionante.

Por otro lado es poco racional suponer que los Estados Unidos accederían a equipar a nuestras FFAA si la principal hipótesis de conflicto de éstas fuera un enfrentamiento con su principal aliado y socio en la OTAN, y su más firme acompañante en cuanta aventura bélica a lo largo del planeta deciden emprender, generalmente invocando el fantasma de “la guerra contra el terrorismo”.

Lo que nos lleva a ensayar nuestra propia hipótesis al respecto: es mucho más racional en cambio -se nos antoja- suponer que la apertura yanqui a proveer a nuestras FFAA tiene que ver con compromisos del gobierno de Macri de adscribirlas a las hipótesis de conflicto que plantea para la región el Comando Sur (el terrorismo, las migraciones, el cambio climático); y eventualmente comprometerlas a participar de las aventuras militares yanquis en el exterior como hiciera Menem con aquéllas fragatas que partieron a la guerra del Golfo; con los tristes resultados conocidos en términos de atentados sufridos en el país.

Cuando las gestiones del embajador Lousteau comenzaron ante el Congreso norteamericano (mencionando explícitamente la lucha contra el terrorismo como destino posible del nuevo armamento) para que se habilitaran las compras, el gobierno de Macri vivía su luna de miel con la administración Obama, y tenía en consecuencia esperanzas de que algunas exportaciones del país (limones, carnes, biodiésel, tubos de acero sin costura) encontraran un lugar en el mercado USA, a partir de flexibilizaciones al sistema general de preferencias aduaneras.

Sería muy sugestivo enterarnos que éstas compras de equipamiento militar están atadas a las promesas que se hicieron al respecto (borradas luego de un plumazo por Trump apenas asumió), justamente por parte de los que vienen manteniendo viva la inverosímil denuncia de Nisman contra Cristina y su gobierno por el memorándum con Irán; a través del cual -dicen- se pactó canjear impunidad para los presuntos autores del atentado a la AMIA y petróleo, por granos y otras exportaciones argentinas.

Como también lo sería enterarnos de que en el medio de todo algún vuelto quedará en algún bolsillo: ¿nos vamos a sorprender por eso, conociendo los bueyes con que se ara?. Para mayor ironía, uno de los rubros más demandados de la lista son los helicópteros.

El equipamiento de las FFAA, sus características y los lugares en los que se lo adquiera son una discusión tributaria de otra más importante, que tiene que ver con su organización, sus hipótesis de conflicto y su doctrina de guerra; y merece debatirse en un ámbito más amplio como por ejemplo el del Congreso nacional, donde están representadas todas las fuerzas políticas.

No a las escondidas, en tratativas secretas y aprovechando el presunto retorno a un profesionalismo políticamente ascéptico de las instituciones armadas (por contraste con las FFAA “identificadas con un proyecto político”, que era una de las principales objeciones a Milani, más allá de sus causas judiciales), para colar la cartita a Papá Noel (en éste caso también dirigida al norte) de los jefes militares; sin ninguna otra consideración política, estratégica o de modelo de desarrollo nacional, en el cual se inserten las fuerzas armadas.

Porque en otro orden de cosas, estaríamos adquiriendo más de 2000 millones de dólares en armamento producido en el exterior, mientras en el país el mismo gobierno impulsa un recorte de los gastos del Ministerio de Defensa y las FFAA de más de un 35 % y se desmantela la industria nacional de la defensa; dejando languidecer a FADEA y Fabricaciones Militares, discontinuando el plan de radarización a cargo del INVAP o suspendiendo los contratos con Tandanor: es difícil no pensar en los casos del misil Cóndor o más atrás en el tiempo, el desguace del proyecto Pulqui que hizo la Fusiladora, para que el gobierno de Frondizi terminara comprando luego los Sabre F86 que le habían quedado de rezago a los yanquis luego de la guerra de Corea.

Por no mencionar que semejante compra de armamento sin transferencia de tecnología supone generar a futuro una clara interferencia de las fuerzas armadas de EEUU en el adiestramiento, la capacitación y la organización operativa de las nuestras.

¿REFUERZO O RETIRO?

Según nos contaba ayer la tribuna de doctrina en ésta nota (a la cual corresponde la imagen de apertura) el gobierno refuerza el control de las fronteras, y piensa involucrar cada vez más a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior; según un nuevo esquema que surgiría de un par de decretazos a la firma de Macri.

Más allá del peligro que la iniciativa entraña (en tanto vulnera leyes fundamentales de la democracia, consensuadas en más de 30 años y diferentes gobiernos) y que en su momento analizaremos en detalle si se concreta, lo cierto es que nos están diciendo que refuerzan la seguridad en los pasos fronterizos, lo que es función primordial de la Gendarmería.

Y hablando de Gendarmería, también los diarios de ayer (como por ejemplo acá Clarín) daban cuenta de que el gobierno piensa "blindar" el conurbano, enviando gendarmes en cantidades a los distritos más calientes en apoyo de la policía bonaerense.

Sin embargo, una mirada detallada sobre los recursos asignados a la fuerza en el presupuesto de éste año y el del año que viene, permiten poner en entredicho que el gobierno esté "reforzando" ambas cuestiones: el control de las fronteras, y la seguridad interior.

Hace unos días en ésta entrada mostrábamos como el ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich es uno de los que registra los peores números de la ejecución presupuestaria. 

El primero de los cuadros de abajo expone los rubros del presupuesto de Gendarmería Nacional para éste año, y el siguiente los del año que viene según el proyecto que envió Macri al Congreso:

De las cifras expuestas puede extraerse algunas conclusiones, a saber:

* El presupuesto global de la fuerza crecería de éste año al que viene un 45,18 %, cuando el aumento global del gasto público en el mismo período sería del 22,1 %. Es decir que crece más del doble del promedio del gasto total.

* Hay rubros del presupuesto de Gendarmería que crecen más incluso que ese 45,18 %, a saber: "Atención de Pasividades" sube un 72,97 %, como consecuencia de que de un número de 15.880 retiros y pensiones, la fuerza pasaría a pagar 17.370. 

* De esos 1490 beneficios más, 1410 serían nuevos retiros de personal en actividad; al no haber información disponible sobre los ingresos, es difícil saber si el balance será una Gendarmería con más o menos efectivos.

* Otro rubro que crece exponencialmente es "Inteligencia criminal", que subirá un 55,36 % de un año a otro; algo particularmente inquietante cuando se denuncia que el gobierno tiene su propio "Proyecto X" para el espionaje de la protesta social.  

* Los recursos para "Seguridad en fronteras" crecerían un 37,80 %, o sea casi 8 puntos por debajo del crecimiento del presupuesto global de la Gendarmería; y peor aun es el caso de "Operaciones complementarias de seguridad interior": crecerán sus partidas un 28,89 %, casi 16 puntos por debajo del aumento global de recursos de la fuerza.

* Como consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior, ambos rubros (que representan los centrales de las tareas específicas de la Gendarmería) que representan el 64,23 % de sus gastos éste año, descenderían al 59,40 % el año que viene. 

Es decir en términos reales, menos recursos para la seguridad en las fronteras, y menos recursos para las tareas de seguridad interior que involucran a la Gendarmería.

También ayer en La Nación nos contaba Pagni que Macri decidió transferir casi 900 millones de pesos del presupuesto de inteligencia de las fuerzas armadas al ministerio de Seguridad y los organismos de su dependencia, sobre todo Gendarmeria Nacional y la Policía Federal; y la AFI, el que analizaremos en otra entrada.

Es tan cierto que la "poda" tuvo esa magnitud (algo más de 885 millones) como que representan una merma del 81,58 % en el presupuesto de inteligencia militar: a no sorprenderse que en ese marco "sorprendan" por ejemplo nuevos ejercicios militares con misiles de los ingleses desde Malvinas.

Y lo que tampoco dice Pagni es que con esos cambios el presupuesto de inteligencia para la seguridad interna (¿o espionaje del conflicto social?) representará casi 10 veces el de la inteligencia militar: en cifras redondas, 1930 millones de pesos en un caso contra casi 200 en el otro.