GORILA CON NAVAJA

 

Para los que tenemos el hábito (o vicio) de leer a diario el Boletín Oficial, es frecuente encontrarse con productos salidos de la factoría de Federico Sturzenegger, el Licurgo de idioteces que se mete a reformar todo, hasta las cosas que no comprende. Sobre todo esas, con los resultados conocidos. Y el Boletín Oficial de ayer no fue la excepción: allí aparecieron publicados el Decreto 790 (que flexibiliza los controles sanitarios para las importaciones de productos animales y vegetales), y el Decreto 787, que refiere a las cuotas o aranceles que cobran los colegios privados (completo acá).

Por éste último decreto se deroga su similar 2417/93 y se le encomienda al Ministerio de Capital Humano proponer un sistema alternativo al del Decreto 2452/91 (ambos del primer gobierno de Menem), por el cual el Estado nacional autoriza los aumentos de cuotas de los colegios privados. Los fundamentos del decreto de Milei (que Sturzenegger redactó y propagandiza, pero no firma) dejan claro que el gobierno entiende a la educación como un bien transable en el mercado, como la ropa, los autos o las verduras.

En efecto, al dejar sin efecto el requisito de la previa autorización del Estado para los aumentos de cuotas de los colegios privados (luego de hacer referencia a una obviedad: las escuelas fueron transferidas a las provincias), dice por ejemplo lo siguiente: "Que dicha intervención, al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos." (las comillas son del texto y las negritas nuestras, en todos los casos)

Para que no queden dudas, en el siguiente considerando señala que "Que esta situación (la intervención del Estado previo a aumentar las cuotas, aclaramos) constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos, quienes, al ser entidades privadas, deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal.". Y éste otro lo termina de dejar perfectamente claro: "Que el principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado.".

Mercado, precios, demandas, condiciones de contratación: uno lee el decreto y parece que no estuviera hablando de educación. Aunque es cierto que de eso, poco, tirando a nada. Coherente con la visión de Milei (que respalda los delirios del reformador) y de Sturzenegger, que de eso (educación) entiende poco, y de la vida en general, casi nada.

Tanto que ignora (o pasa deliberadamente por alto) que la intervención del Estado en la fijación de las cuotas de las escuelas privadas se remonta por lo menos a la Ley 13047 (Estatuto del Docente Privado) de 1947 (primer gobierno de Perón), por cuyas disposiciones el Estado (que ya venía subsidiando colegios privados, en mayor o menor medida) trató de asegurarse que esos fondos se destinaran primordialmente a pagar sueldos, y lo mismo sucediera con los importes de las cuotas que pagaban los padres de los alumnos. De allí que en un capítulo específico y en sus artículos 18 a 26 todas esas cuestiones (cuotas o aranceles pagados por los padres, subvención del Estado y salario del personal) están inescindiblemente vinculadas.

Así por ejemplo su artículo 21 dispone que por lo menos la mitad de los ingresos de los colegios por cuotas o aranceles deben destinarse al pago de los sueldos de su personal, y el artículo 24 que los subsidios del Estado se deben otorgar cuando el establecimiento demuestra que con sus ingresos por cuotas o aranceles, no puede pagar los salarios mínimos establecidos para su personal por la misma ley. Ignora también el decreto pergeñado por Sturzenegger que para tratar estas y otras cuestiones  la ley crea el Consejo Gremial de la enseñanza privada, que aun hoy funciona.

Dado que el decreto dice -y esto si es cierto- que las escuelas nacionales fueron transferidas a las provincias, es necesario aclarar que por ejemplo en Santa Fe rige -desde 1968- la Ley 6427 y sus normas reglamentarias, que establecen pautas similares: el Estado interviene en la fijación de las cuotas, vinculando su monto a la existencia o no de subvención estatal y  su monto, y a los salarios del personal docente; porque la ley les garantiza a los educadores privados el mismo salario que perciben sus similares de las escuelas públicas, en idéntico cargo o función. Por eso el SADOP (sindicato que agrupa a los docentes privados) participa de la paritaria provincial docente, y también de la paritaria nacional, desarticulada por Milei.

Es interesante que en su delirio (aprobado por Milei con su firma) Sturzenegger (un gorila munido de una navaja con mucho filo) deja traslucir que los salarios de los trabajadores deben ser fijados unilateralmente por los patrones: ¿acaso tuvo un lapsus revelando uno de los propósito finales de la promocionada reforma laboral en la que seguramente estará trabajando también, recopilando borradores enviados por las cámaras empresarias?

Será interesante ver lo que sucede de acá en más con esta "reforma estructural" en particular, cuando las cuotas de los colegios se empiecen a disparar, o sus propietarios reclamen en las provincias que el Estado no las autorice más, ni se meta con ellas. Aunque muchos no lo sepan ni lo imaginen (sobre todo en el universo de papis y mamis que se verán afectados) es ni más menos que exactamente lo que votaron. Tuits relacionados:

Justo lo que la gente reclamó cuando votó. A disfrutarlo. https://t.co/a37KuG0Ots

— La Corriente K (@lacorrientek) November 11, 2025

Un decreto flexibilizando los controles de importación de productos animales y vegetales. Otro liberando las cuotas de los colegios privados. Los dos salidos de la mente afiebrada de Sturzenegger, que no firma ninguno. La gloria la deja para los hijos, como decía Balá.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 11, 2025

DISIMULEMOS, NEGRO

" - ¿Che, como vienen las paritarias?"

"- Como el culo: los docentes nos sacaron cagando y declararon paros toda la semana que viene, y siguen la otra si no mejoramos la propuesta. Y en cualquier momento se suman los municipales, ATE y UPCN."

"- Que cagada, ¿No se te ocurre algo que podamos hacer, que no cueste guita?"

"- Ya está: decimos que el viernes que viene las "desobligamos", y listo."

"- Genio, crack":

"- Vos sabés que después que lo firmé me quedé pensando: con eso de los servicios esenciales, ¿los docentes no estarán comprendidos, y no vendrán después con que queremos reglamentar el derecho de huelga como hizo Menem?".

"- Esa es la idea, pero que no se note: después en la paritaria negociamos no descontar ese día, y listo.".

"- Que capo sos, no sé que haría sin vos."

"- ¿Qué te puedo cobrar por esto, que me llevés en la lista de diputados provinciales?".

"- Eso dalo por hecho, no se hable más." 

MOVIMIENTO DE PINZAS CONTRA LA DOCENCIA

En el marco de la escalada del conflicto contra los gremios de empleados públicos provinciales, el gobierno de Lifschitz anunció que cerrará las paritarias por decreto, y amenazó con descontar los días de paro.

En el caso de los trabajadores de la Administración central, podría atenerse a la formalidad de la Ley 10.052, convocar a la paritaria y que allí ambos gremios (UPCN y ATE) se expresen sobre la propuesta, y decidir por mayoría, con lo cual se garantizaría que sea aceptada porque la representación de UPCN es mayor.

Sin embargo optaría por el decreto fijando unilateralmente el aumento, y haciéndolo extensivo a los docentes, sector en el que los dos gremios mayoritarios con personería gremial (AMSAFE y SADOP) rechazaron la propuesta.

En éste último caso se da una situación muy particular, como consecuencia de lo que dispone la Ley 12.958 aprobada en el 2009 durante el gobierno de Binner, y que establece el marco legal de las paritarias docentes.

El artículo 16 de la ley dispone lo siguiente: “Ante dificultades de resolución de un conflicto suscitado durante el proceso de negociación colectiva, que torne imposible la continuidad de las audiencias, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, en el término de cuarenta y ocho (48) horas de tomado conocimiento de la situación, convocará a la Comisión Federal de Mediación, constituida en el marco de la Paritaria Nacional Docente según Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 457/07 e integrada por un representante del Ministerio de Educación de la Nación, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y un representante de las organizaciones gremiales nacionales que incluyan a los sindicatos de la Jurisdicción.”

Y el artículo 17 establece que “La Comisión Federal de Mediación actuará como un facilitador del diálogo mediante audiencias convocadas a tales efectos, a las que deberán concurrir obligatoriamente las partes, sin sujeción a un procedimiento formal, todo ello a fin de que logren autocompositivamente una solución dentro de los diez (10) días hábiles desde el primer encuentro, prorrogables por única vez. Vencidos estos plazos, sin que se hubiera arribado a una fórmula de solución, el Cuerpo dará un informe al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia con indicación de las causas del conflicto, desarrollo de las negociaciones, fórmulas propuestas para su superación y parte que lo aceptó y rechazó.” (las negritas son nuestras)

El caso previsto en la ley sería clavado: el gobierno provincial clausuró la discusión en paritarias, fijará unilateralmente los aumentos y descontaría los días de huelga a los trabajadores que adhieran a las medidas dispuestas por los gremios, rechazándolo.

El Decreto 457/07 que se menciona es el que dictó en su momento Néstor Kirchner reglamentando las disposiciones de la Ley 26.075 de financiamiento educativo, que referían al convenio base para los docentes de todo el país, con una paritaria nacional en la que se establecía entre el Estado y los gremios el salario mínimo garantizado para todas las jurisdicciones, para el cargo testigo.

Sí, es el mismo decreto que a principios de éste año por el Decreto 52 Macri modificó, desguazando la paritaria nacional docente al quitarle la discusión salarial como objeto, y modificando la composición de la representación gremial para diluir la representatividad de CTERA (la organización mayoritaria de las que nuclean a la docencia), e integrar en un pie de igualdad a gremios más proclives al acuerdo como UDA.

CTERA es justamente la organización madre de AMSAFE, el gremio de los docentes de las escuelas públicas provinciales; y UDA (que no forma parte de la paritaria provincial, por su inexistente representación) es el único gremio junto con UPCN que aceptó la oferta salarial del gobierno de la provincia.

Mientras tanto SADOP viene peleando en la justicia para ser admitido en la paritaria nacional, de la que el gobierno de Macri lo excluyó.

Viendo que en un caso les cerraron la paritaria por decreto fijándoles el aumento (en la provincia, el socialismo) y en el otro antes les habían vaciado la paritaria de contenido excluyendo la discusión nacional (en la nación, el macrismo), si uno fuera mal pensado diría que entre el “progresismo” y la “nueva derecha moderna y democrática” hicieron un juego de pinzas contra la docencia santafesina.

Lo que loco es que el gobernador pretendiera que los gremios aceptaran la oferta, cuando él mismo dice que les garantiza que sus salarios pierdan frente a la inflación (capturado de acá):

MANUAL PROGRESISTA PARA EL CONFLICTO SOCIAL

En noviembre del año pasado Lifschitz -como la mayoría de los gobernadores- firmó el pacto fiscal con el gobierno de Macri, que implicaba trasladar a las provincias el ajuste que ya por entonces ejecutaba la nación.

El pacto fue el punto de partida de la reforma previsional que podó el salario de los jubilados y pensionados, aunque Lifschitz luego lo negara: decíamos acá que bastaba leerlo cláusula por cláusula para concluir en que era así, porque a eso se habían comprometido.

Y dijimos también que el pacto conllevaba el compromiso del gobierno nacional de financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia sin exigir a cambio la "armonización" del sistema previsional santafesino con el nacional, compromiso que hasta ahora no se ha cumplido, por la cual con coherencia los gremios estatales (con el apoyo de todo el Movimiento Obrero Santafesino) se movilizaron en defensa de los derechos de los jubilados actuales y futuros.

Precisamente con el argumento de la financiación del déficit de la Caja Lifschitz urgió a la Legislatura a aprobar en extraordinarias el pacto, sumándole que de otro modo la provincia no podría cobrar la deuda que mantiene con ella la nación tras el fallo de la Corte nacional de noviembre del 2015 por el descuento de fondos coparticipables destinados a la ANSES y la AFIP: a pocos días de la fecha establecida en el pacto para que Macri haga una propuesta concreta de pago, la única que hizo no involucra dinero en efectivo, y ha sido rechazada por la provincia.

Lo cierto es que el pacto se aprobó en tiempo récord, en una sesión escandalosa en Diputados y pese a las promesas de Bonfatti a los gremios estatales de que no se aprobaría. 

Luego llegaron las paritarias, y el intento del gobierno nacional de ponerles un cepo del 15 % como máximo de aumento, sin cláusula gatillo; que es exactamente la cifra tope de aumento del gasto público corriente (que involucra a los sueldos de sus empleados) a la que se comprometieron los gobernadores que firmaron el pacto: ver al respecto acá.

Y la misma cifra que Santa Fe arrancó ofreciéndoles en las paritarias provinciales a los sindicatos: 15 % en tres cuotas. Así como Lifschitz había negado que el pacto fiscal significara la reforma previsional que cambió la fórmula de ajuste en la nación, sus funcionarios empezaron negando que ese mismo pacto condicionara la oferta salarial en las paritarias; para luego terminar admitiéndolo y ponerlo como excusa para no mejorarla.

En el medio y al mejor estilo María Eugenia Vidal, el "progresismo" santafesino trató de quebrar la voluntad de los gremios y los trabajadores apelando a la amenaza (aun vigente) de descontar los días de huelga, publicó solicitadas en los diarios con sueldos de los docentes para promover el resquemor entre trabajadores y quitarle apoyo social a los paros, y -dicen- envió a algunos periodistas "amigos" los sueldos de los empleados de la Administración.

Todo eso mientras repite que la oferta salarial -luego estirada a un 18 % que no es tal, en dos cuotas- es "la última, definitiva e inmodificable". 

La respuesta de los trabajadores fue contundente: todos los sindicatos (incluyendo a los municipales) rechazaron la propuesta, y la mayoría de ellos anunciaron medidas de fuerza, en algunos casos condicionadas a que el gobierno no haga un mejor ofrecimiento salarial. 

Todos, salvo UPCN, que en una votación peleada y controversial (por ser buenos) la aceptó, como se había comprometido antes de la asamblea su secretario general con el gobierno; y salvo UDA en el caso de la docencia, el mismo gremio al que Macri metió a dedo en la paritaria nacional docente por decreto, pasando por encima de la representatividad de la CTERA. Como ven, no son tan distintos el "progresismo" vernáculo y la derecha nacional gobernante; sobre todo cuando se trata de cumplir con lo que han pactado entre ellos.

Habrá que ver ahora como sale el gobierno provincial del embrollo en el que se metió solo (al firmar el pacto fiscal, de cuyos "beneficios" todavía no disfruta): si redoblando la apuesta y fijando unilateralmente por decreto el aumento salarial y descontando días de huelga, o por el contrario retomando el diálogo con los sindicatos y mejorando su oferta; aunque eso le implique incumplir lo que firmó en el pacto fiscal.

Después de todo, en caso de optar por esta última alternativa, perfectamente podría alegar que la nación no ha cumplido con ninguno de los compromisos a su cargo: no hay propuesta aceptable del pago de la deuda con Santa Fe, y Macri no ha derogado -como se comprometió- su decreto de 2016 "armonizador" de los sistemas previsionales.

A menos que el gobernador suponga que podrá alcanzar su deseo de reformar la Constitución provincial para ser reelecto de la mano de reuniones a escondidas con los senadores del PJ de la Banelco (que votaron a mano alzada el pacto fiscal), y respaldado por los dirigentes sindicales más desprestigiados de la provincia, por entregar sistemáticamente a sus representados.

Oia, ahora que lo pensamos, no difiere tanto de la fórmula que está empleando Macri para ganar "gobernabilidad", con la ayuda del "peronismo federal" de Pichetto y los gobernadores, y la CGT del triunvirato.    

Y los dichos del gobernador indican que se identifica más con el modo Macri o Vidal para resolver los conflictos sociales. 

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Con la impresionante marcha de ayer los docentes volvieron a darle una lección a más de uno, dentro y fuera del gobierno.

Al gobierno, que insiste en serrucharse todo el tiempo su propia base social de apoyos (¿o acaso alguien duda que muchos de los que marcharon votaron a Macri?), y aislarse del pulso de la sociedad; tildando de desestabilizador a todo el que protesta, se moviliza y reclama.

Con un presidente y su ministro/gerente de recursos humanos (como él mismo se definió ante los empresarios) estigmatizando a la escuela pública, y pretendiendo cargar exclusivamente sobre las espaldas de los docentes los indicadores del fracaso escolar.

Con una torpeza propia de carniceros presentaron los resultados de las pruebas absolutamente fuera de todo contexto y situación, y sin acertar a explicar como se hicieron, o que indican; mientras el presidente culminaba el derrape con el exabrupto ya conocido de “la caída” en la escuela pública, en una puesta en escena que permite deslegitimar desde ese lugar los justos reclamos salariales: la “productividad” introducida por otros medios.

Una burrada que no hizo sino transformar lo que era un reclamo salarial en una defensa de la escuela pública agredida por el discurso “meritocrático” del gobierno, que emblocó junto a los docentes en su reclamo, a vastos sectores de la sociedad.

Como con la carpa blanca del 88’ y la marcha federal del 97’, los docentes supieron intuir de que va la cosa, y que es lo que está en juego; que es bastante más que unos puntos más o menos de aumento salarial en la paritaria.

Y sin embargo en ese aspecto específico también dieron cátedra: comprendieron antes que nadie que en la obstinación de Macri por no convocar a la paritaria nacional está el deseo de usarlos como caso testigo para escarmentar al resto de los trabajadores y sus organizaciones, y disciplinar a la fuerza de trabajo detrás de las “metas de inflación” dibujadas en el presupuesto.

A ese dique lo están derribando los maestros con su lucha, de allí que todos los gremios -tanto estatales como privados- que logren en sus paritarias aumentos por encima de ese 17 % en el que ya ni Sturzenegger cree, le deben cada punto extra a la dignidad de los docentes, y a su coherencia en la pelea.

Docentes que también le enseñaron a la oposición política que a Macri, su gobierno y sus políticas se lo combate con discursos claros, sin eufemismos ni medias tintas, llamando a las cosas por su nombre y defendiendo con firmeza los avances logrados en la década pasa; como la ley de financiamiento, la estructura nacional del sistema educativo, los niveles de inversión pública en él y los programas compensatorios de las desigualdades regionales y sectoriales.

Avances que -como dijeron los dirigentes que hablaron ayer en la marcha- no fueron concesiones graciosas de un gobierno, sino resultado de la lucha de los maestros y sus organizaciones, y de la visión en todo caso de un poder político que entendió entonces que les asistía la razón, y que en la mejora de su situación sectorial, se aportaba a la construcción de un futuro mejor para el país. Crecer, pero con la gente adentro, como se suele decir. 

Y finalmente lo docentes le dieron una formidable lección a la balbuceante conducción de la CGT, que tras un montón de cabildeos y la desautorización de sus propias bases terminó definiendo a desgano un paro que ya queda tan lejos como el polo, conforme a la dinámica de la protesta social que tendrá seguramente un nuevo mojón contundente en los actos del viernes por el Día de la Memoria.

Frente a un paro cegetista “vergonzante” (“contra nadie”, “para hacer catarsis”, como dijeron los triunviros) y sin movilización, los docentes coparon las calles y la plaza histórica, contra Macri, su gobierno y sus políticas.

Los persiguieron, los amenazaron, les mandaron la policía a las escuelas a relevar los listados de adherentes a los paros, les descontaron los días de huelga, los quisieron reemplazar por “voluntarios”, les ofrecieron “premios” a los carneros, y buscaron dividirlos con el eje de la educación pública versus la privada.

Se sobrepusieron a todo eso con unidad (privilegiando lo que tienen en común para defender y conseguir por sobre toda otra consideración), solidaridad (en defensa de sus compañeros de las provincias más pobres, que dependen de la paritaria nacional para alcanzar un piso mínimo de dignidad) y organización, apelando al conjunto de la comunidad educativa para que escuchara y apoyara sus reclamos, interpelando al mismo tiempo al Estado y al conjunto del sistema político.

MÁS DERECHOS

No sin lucha, pero comprendido y posibilitado por el marco que brinda un proceso político orientado, según el caso, a establecer o restituir derechos, esta semana tomamos nota de que en el Ministerio de Educación de la Nación se realizó el miércoles 10 la reunión de la Comisión Negociadora de la Educación Privada.

Instancia articulada por la decisión política del gobierno nacional, significó que en la misma el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, el Secretario General de SADOP, y los representantes de la Confederación de Asociaciones de Enseñanza Privada (COORDIEP) la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (CAIEP) y el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) firmaron un acta en la que “se fijan las condiciones mínimas de trabajo para todos los docentes privados de todo el país y puede considerarse un convenio colectivo” de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores y empleadores de la enseñanza privada.

Con esta decisión auspiciada por la autoridad educativa nacional, los docentes privados dejan de ser un sector ajeno al de los casi 5 millones de trabajadores con convenio colectivo en el país.

Como pasó antes en éste mismo proceso político iniciado en el 2003, con las leyes reguladoras tuitivas del trabajo rural y del personal de casas de familia: tres colectivos de trabajadores y trabajadoras que conquistaron derechos, en contextos laborales (cada uno de ellos) en que las desigualdades de fuerzas son particularmente marcadas.

Logros que no hubieran sido posibles, sin la decisión política de impulsar los cambios: una lección para estos tiempos en que abundan los profetas de los cambios sin conflicto.

El primer acuerdo del que da cuenta el Acta suscripta, parte de definir a la educación -incluida la de gestión privada- como “un bien público y un derecho personal y social”, y desde el vamos contempla acciones tendentes a democratizar las relaciones entre las partes vinculadas y brindar protección a los trabajadores: dispone una mecánica para avanzar en aspectos no regulados de la relación de empleo, previendo la homologación por el Ministerio de Trabajo a pedido de alguna de las partes ante el silencio del Consejo Gremial de Educación Privada; previsión significativamente más favorable a la representación de los trabajadores.

Establece como modalidad laboral típica la de tiempo indeterminado y sus excepciones, arbitrando como medio para combatir el fraude laboral más usual -de contratar por el ciclo lectivo y privar de salario, vacaciones y beneficios sociales al trabajador durante el receso escolar- la obligatoriedad de la registración de los vínculos celebrados en el Consejo Gremial.

Un nuevo hito -y van- que confirma la ganancia de la década, propio del clima de época que significa el kirchnerismo como proyecto político y su correlato en acción gubernativa. Surgido del “país imposible” del 2001 anudó los derechos humanos con los movimientos sociales emergentes de la crisis, asumió la iniciativa política reconstruyendo la autoridad presidencial, amplió derechos, reconociendo nuevos y reestableciendo los quitados, y apoyó su proceso defendiendo el trabajo, medida estratégica que sostiene mediante decisiones que favorecen la industrialización y dando herramientas al sujeto detrás de esa medida, el propio trabajador, para que empoderado sea dueño de su destino.