LÉXICO

No diga "congelamiento de precios", sino "rentabilidad intervenida".

¿Y QUÉ PIENSAN HACER SI FALLA?

No es necesario ser premio Nobel de Economía para darse cuenta que un combo de liberales que creen en la mano invisible del mercado para combatir la inflación, y radicales aportando ideas para resolver se problema, está destinada al fracaso antes de comenzar.

Para empezar, es notable la velocidad con la que hicieron la transición entre repetir incansablemente la monserga de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, que se resolvería (fácilmente, además) dejando de emitir y retirando bruscamente circulante de la plaza, a plantear acuerdos de congelamiento de precios con los supermercadistas y las empresas productoras de los artículos de primera necesidad: se pegaron flor de porrazo generando la inflación más alta de los últimos 27 años (y nos lo hicieron pegar a todos) y listo, se sacuden la tierra y siguen adelante como si nada.

Con una inflación de costos (generada sobre todo por la decisión del gobierno de dolarizar las tarifas) persistente y sin chances de revertirse en lo inmediato, y con una “estabilidad cambiaria” prendida con alfileres hasta que se vuelva a acelerar la dolarización de carteras y fuga de capitales en un año electoral, el gobierno quiere concluir un acuerdo con las empresas para congelar precios hasta el presunto (recalcamos lo de presunto) balotaje presidencial de noviembre: puede fallar.

Eso, sin contar que todavía no ha concluido el pasaje a precios de la abrupta devaluación producida en el último año, que comprueba otro fracaso del primitivo teórico del neoliberalismo argento: que los movimientos en el tipo de cambio no se trasladan a los precios, más en una país con unas estructura productiva dual y desequilibarada como la nuestra.

Pero aun dejando de lado todo eso, que supone el contexto mínimo a analizar las medidas económicas que el gobierno se apresura a lanzar como para “hacer ver” que hace algo frente al desbarranco de la economía y la caída en picada de Macri en las encuestas, la pregunta es que piensan hacer si -como todo lo indica- las cosas fallan; es decir si las empresas no cumplen con lo pactado y hay desabastecimiento y faltante de productos, o remarcaciones de precios, o las dos cosas.

¿Van a apelar acaso a la Ley de Abastecimiento 20.680. que juzgaban inconstitucional cuando eran opositores, cuya reforma en 2014 por la Ley 26.991 votaron en contra quienes hoy forman parte de “Cambiemos”?

Lo curioso es que esta misma gente que desconoce el carácter social de la economía como ciencia, y te dice que existen ciertas “leyes” que la gobiernan que serían fijas e inmutables, después te dice que todo pasa por las expectativas, o “el humor de los mercados”, o la “credibilidad”.

Si eso es así, ¿qué credibilidad puede generar un gobierno que toma medidas en las que él mismo no cree -porque lo ha dicho innumerables veces-, ni tampoco da la sensación de estar dispuesto a hacerlas cumplir, llegado el caso? Video relacionado:

EDUCANDO A LOS FUNCIONARIOS

La descontrolada inflación generada por gobierno de Macri a través de la enorme devaluación y su traslado a precios, genera un panorama desolador para la gran mayoría de la población, ya que quien vive de un ingreso en pesos, ve día a día disminuida su capacidad de compra ante los aumentos permanentes de los precios.

Y esta situación del consumidor se agrava, porque entre quienes deben tomar decisiones al respecto, nos encontramos con el Sr. Prat gay, un Ministro de Hacienda que a sus más de cincuenta años., recién hace unos días descubrió que en el mercado existen formadores de precios, y que hay empresas que se cartelizan, que se ponen de acuerdo y elevan artificialmente el valor de los productos.

En la misma dirección de ojos llenos de sorpresas, el Sr. Francisco Cabrera, Ministro de Producción hace una declaración reveladora, como se puede ver en ésta nota, en la cual “advirtió que hubo "empresarios" que "subieron precios de manera descontrolada o desmesurada, sobre todo al inicio del gobierno" actual lo cual, lamentó, "impactó en la inflación". Impresionante. Otro ministro con una lucidez propia del mejor equipo de los últimos cincuenta años.

En declaraciones a radio Mitre, éste Ministro de Producción planteó que los empresarios "no vulneraron una ley" con esa movida y, por lo tanto, "no se los puede castigar por eso".. Pero el Sr. Cabrera, que seguramente ha llegado al ministerio en base a su probada capacidad y sobrada solvencia profesional, debería conocer la normativa vigente, sobre todo aquella que tiene incidencia en el área en que le toca desempeñarse.

Por ejemplo debería tener presente la existencia  de la Ley 20.680 (Ley de Abastecimiento) y su reforma en el año 2014 a través de la Ley 26.991. El artículo 4 de la ley que el Ministro no conoce, establece que serán pasibles de sanciones, quienes -entre otros supuestos- “ Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos, u obtuvieren ganancias abusivas.”

De manera que no es cierto que los empresarios “no vulneraron una ley” como sostiene el Ministro, y es falso  que "no se los puede castigar por eso", ya que la normativa vigente en Argentina permite sancionar esas ilegales conductas comerciales a través de sanciones como multas, clausuras o inhabilitación.   El Ministro debería tomarse unos pocos minutos para leer la Ley 20.680, y evitaría de ese modo hacer declaraciones que no hablan bien de su sólida formación.

Como sorprenden estas declaraciones, también es llamativo que el mismo Ministro refiera a la voluntad del gobierno nacional de controlar el cumplimiento del programa “Precios Cuidados”. Y es llamativo porque el partido hoy gobernante, fue reiterativo hasta el hartazgo al calificar ese programa como inviable cuando fue lanzado por el gobierno anterior, y el PRO vaticinaba por los medios el inevitable fracaso de “Precios Cuidados”. Pareciera que no fue tan así, como  el PRO (entonces en la oposición)  anunciaba. 

Y la extensión del programa en la actualidad, vendría a corroborar el revelador descubrimiento de Prat Gay en relación a la existencia de formadores de precios. Impactante.

Y ante “Precios Cuidados”, un caso similar de desorientación tenemos a nivel local.  La concejal Adriana Molina (FPCyS-UCR) presentó dos proyectos para favorecer la implementación del programa Precios Cuidados en la ciudad de Santa Fe.

Propone que un organismo municipal, la Dirección de Derechos Ciudadanos,  recepcione los reclamos ante el faltante de productos, y promueve formalizar un acuerdo con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para cooperar en la fiscalización del programa Precios Cuidados.

La Concejal debería conocer que en materia de comercialización, el organismo de aplicación en la provincia es la Dirección General de Comercio Interior, de acuerdo al Decreto 850/94. Por ello, dicho organismo provincial tiene la facultad y la obligación de controlar y fiscalizar el cumplimiento del programa “Precios Cuidados”, por tratarse de un acuerdo regido por normas nacionales de comercialización.

Pero es llamativa la propuesta que hace ahora la Concejal, más allá de la cuestión normativa que pasa por alto . Desde el lanzamiento de Precios Cuidados hasta el año 2015, el sector político al que pertenece la Concejal, sector que tenía y tiene a cargo la intendencia, no efectuaron tarea, difusión o apoyo alguno al programa. 

Y al mismo tiempo, el funcionario a cargo de Comercio Interior de la provincia, boicoteaba a través de los medios el programa “Precios Cuidados”, haciendo declaraciones desopilantes, donde al igual que hace hoy Cabrera, mostraba un desconocimiento notable de las leyes vigentes y de las facultades que estas otorgan.

PRECIOS DESCUIDADOS

Se le está complicando a la revolución de la alegría la ardua tarea de tapar el sol con la mano, a tal punto que hasta los propios medios oficialistas no tienen más remedio que dar cuenta de la realidad: la imagen de apertura es un "collage" armado con las que ilustran ésta nota de Clarín y ésta otra de La Nación, ambas de sus ediciones de ayer. 

Las dos dan cuenta del alza de los precios de los productos básicos de consumo de la canasta familiar, en especial en los rubros de alimentos (con énfasis en la carne) y bebidas, que componen la mayor parte de los gastos de las familias; con mayor incidencia en los casos de los sectores de menores ingresos.

Pese a que el gobierno quiera seguir achacando el fenómeno a "la pesada herencia recibida", lo cierto es que el argumento se derrite como un helado al sol: la inflación registrada es la mayor en dos años (desde la devaluación del 21 % de enero del 2014), y los productos que las empresas lograron que el gobierno sacara de "Precios Cuidados" tienen aumentos que van desde el 60 % en promedio, y los hay mayores (lo dice la nota de Clarín). 

Incluso el artículo de La Nación señala que el aumento interanual de la canasta ampliada (incluyendo servicios, indumentaria, gastos de esparcimiento e indumentaria) supera el 28 % (por encima de la pauta que el gobierno pretende para las paritarias); sin contar la incidencia del inminente tarifazo en las facturas de luz, gas y agua, y con servicios como la telefonía celular que han "pospuesto" sus aumentos para marzo.

En éste contexto hay una clara transferencia de ingresos desde los sectores populares a los más concentrados de la economía, como consecuencia directa e inmediata de las medidas que el gobierno de Macri primero anticipó (como la devaluación) y luego ejecutó, como la eliminación o rebaja de retenciones y la apertura total de las exportaciones.

Las acusaciones del impresentable de Prat Gay y otros funcionarios del gobierno a la anterior gestión de la Secretaría de Comercio por una supuesta "zona liberada" para los aumentos en los últimos días de la gestión de Cristina suenan a sarcasmo, en boca de un gobierno que ha dicho reiteradamente que descree de los controles de precios; y que aceptó disminuir las listas de productos incluidos en "Precios Cuidados" de 512 productos, a 300. Un listado en el que -como destaca La Nación- ya no hay carnes (el rubro que más ha aumentado), ni frutas ni verduras.

De un programa que al parecer no era tan malo, desde que el propio artículo de Clarín dice: "Los productos de “Precios Cuidados” venían con un “retraso” grande porque el kirchnerismo les autorizaba remarcaciones del 12 al 15% en promedio para todo el 2015, contra una inflación general que fue del 26,9% según el IPC porteño. En pocos días, las empresas parecen haber querido recuperar el tiempo perdido."

Los resultados están a la vista: las alimenticias nucleadas en la COPAL -que sostuvieron la semana pasada por boca de Funes De Rioja que el programa significaba "precios pisados"- y las grandes cadenas de supermercados están remarcando a lo pavote y acumulando ganancias extraordinarias; favorecidas por un gobierno que -ahora sí- hace la vista gorda, porque además los tiene dentro de sus propias filas: ¿hace falta recordar que hay un hombre de Arcor en el directorio del Banco Nación, o que el propio Secretario de Comercio es de la familia dueña de "La Anónima"?

Mientras suben las tasas de interés, el Banco Central "seca" la plaza de efectivo y caen la demanda y el consumo, los precios siguen en alza, desmintiendo así el relato neoliberal que pone el foco de la inflación en el gasto público y el recalentamiento de la demanda por los aumentos de salarios. 

Por el contrario, si se repara en quiénes aumentaron sus productos y con qué márgenes, se tendrá una idea clara de como juegan los formadores de precios y los que tienen posiciones dominantes del mercado; todos ellos ahora exentos por el gobierno de informar la evolución de su estructura de costos, para justificar las alzas de precios.

Un gobierno que decreta un "apagón estadístico" que no se sabe a ciencia cierta cuanto durará, y que pretende ponerle un "cepo" a las paritarias amenazando con la pérdida de puestos de trabajo si los sindicatos tiran demasiado de la soga reclamando aumentos; y que está planteando un esquema de "metas de inflación" decrecientes, pero dando por saldada la discusión para atrás sobre esta brutal transferencia de ingresos en perjuicio de los sectores populares.

¿O acaso alguien recuerda ya algo sobre el "pedido" a los empresarios de retrotraer los precios a los vigentes a principios de noviembre?

Esta es la realidad concreta sobre la que se despliegan una tras otra las operaciones mediáticas tendientes a distraer a los bobos (que Nisman, que Davos, que los prófugos, etc); pero tal como viene la cosa parece que la tarea se las hará más difícil día a día.

NI MÁS NI MEJOR

Sobre la marca de "Precios Cuidados" en Santa Fe,  leemos en La Capital que el Director Provincial de Comercio Interior, Leonardo Gianzone, dijo que "Santa Fe es la provincia argentina con mayor cantidad y calidad de cumplimiento"; y agregó: "es la que mayor cantidad de cadenas adheridas posee, duplicando incluso a la Capital Federal, con un total de 108. Y el esquema de cumplimientos, tras arduos trabajos, ya es muy satisfactorio", señaló el funcionario. Apuntó que existen tres criterios para la evaluación del cumplimiento: la coincidencia entre el precio del programa y el de góndola, que alcanza el 98 por ciento, la correcta señalización de los Precios Cuidados, que llega al cien por ciento y la disponibilidad de los productos que, en promedio entre cadenas locales y nacionales, llega al 70 del porcentual.". 

Desde acá celebramos que Gianzone haya salido del clóset y le conozcan al menos la cara, así como que haya cambiado de opinión; y ahora sí admita que le compete controlar no solo los "Precios Cuidados", sino en general todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos del consumidor: decíamos  hace poco acá que venía sosteniendo en forma insólita que carecía de facultades para fiscalizar el cumplimiento de las normas nacionales que rigen en la materia.

Pero como no hay más creyente que el converso, el hasta hace poco silente e incompetente (según sus propios dichos) funcionario, nos dice en el diario del Loco Lindo. "el esquema de cumplimientos (del programa "Precios Cuidados", aclaramos nosotros), tras arduos trabajos, ya es muy satisfactorio." 

Pero lo que genera dudas es lo de los "arduos trabajos", porque hace muy poco las asociaciones de consumidores con sede en la provincia denunciaban que la Dirección de Comercio cuenta -para controlar el cumplimiento del acuerdo y toda la normativa de aplicación- con sólo 2 inspectores en Rosario, e igual número acá en Santa Fe.

Parece poco para controlar lo que el propio Gianzone reconoce serían 108 bocas de expendio diseminadas por toda la provincia, que ofrecen los productos de "Precios Cuidados".

Tampoco aclaró si ante esa mayor exigencia aumentó la dotación de personal a su cargo, y lo largó a la calle: al menos acá en Santa Fe y hasta el martes pasado (hace dos días) ninguno de los comercios adheridos recibió jamás una visita de un inspector de la provincia para fiscalizar el cumplimiento de "Precios Cuidados".

Lo que nos hace suponer que las palabras de Gianzone tienen más ver con otra cosa; como por ejemplo el relevamiento que hicieron al respecto desde la Mesa de Economía del Movimiento Evita, del que dábamos cuenta acá, y a cuyas conclusiones pueden acceder siguiendo este enlace.

En las que se dice por ejemplo lo siguiente:

O sea, conclusiones bastante distintas de las de Gianzone; y mucho más parecidas a las que motivaron a un grupo de diputados provinciales del Frente Para La Victoria a presentar un proyecto para transferirles facultades de control en la materia a los municipios, fundamentado en que "la inacción de la Dirección de Comercio Interior" de la provincia en esos temas, "asumida y justificada públicamente por sus funcionarios", puede ser suplida "con el empoderamiento" de los gobiernos locales.".

A lo cual el diario agrega "El proyecto pone en la agenda política santafesina el control de precios por parte del Estado, un tema que hasta ahora fue abordado en soledad por el Ejecutivo nacional."

Pero es muy sencillo saber quien dice la verdad: basta que Gianzone muestre la documentación con las respectivas actas de inspección de su área a los 108 comercios adheridos a "Precios Cuidados" (de las que seguramente ha obtenido los números que muestra para decir que Santa Fe es la provincia que mejor cumple el programa) y sus resultados (incluyendo por supuesto, las infracciones detectadas y eventuales sanciones aplicadas); y listo.

FUNCIONARIOS PROVINCIALES DISTRAÍDOS

A diferencia de lo ocurrido durante el acuerdo de precios nacional en el año 2013, ahora las autoridades de la Provincia de Santa Fe, contradiciendo lo que sostenían por los medios el año pasado, descubrieron que sí tienen  facultades delegadas para actuar sobre normas de comercialización nacional. Y que por lo tanto, pueden controlar el cumplimiento del acuerdo “Precios Ciudados” e  intervenir en la aplicación de sanciones ante eventuales incumplimientos. Desde éste blog les recordábamos el año pasado a las autoridades provinciales, que sí tenían las facultades legales que declaraban públicamente no poseer.

Y no hubo ninguna variación de la normativa nacional o provincial desde el año 2013 a la fecha en lo que hace a leyes sobre comercialización. Las mismas facultades que existen hoy en la provincia, estaban vigentes anteriormente, y esas normas consagran a la Dirección de Comercio Interior como autoridad de aplicación en la Provincia de Santa  Fe, de normas nacionales de comercialización.

Sin embargo, en el 2013 los funcionarios provinciales, siguiendo instrucciones del gobernador, optaron por boicotear el acuerdo de precios. Sin estas instrucciones que traducían una postura política de oposición irracional, ningún funcionario de segundo o tercer nivel, saldría por lo medios a negar públicamente sus propias facultades y a anunciar la inacción del gobierno provincial.

La actitud del gobierno de Santa Fe ahora se modifica, lo que celebramos, porque si los funcionarios del área de defensa del consumidor cumplen con su función, esto será beneficioso para todos los santafesinos.

Como se puede ver en ésta nota, el ministro Fascendini inteligentemente ha descubierto que eventuales sanciones pueden aplicarse en el marco de las leyes de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia, y que el poder de policía es “delegado y compartido con la Nación”. Por su parte, Gianzone,  titular de la Dirección de Comercio Interior (ambos en la foto de apertura), quien el año pasado efectuara declaraciones llamativas negando las propias facultades de su organismo, ahora coincide con el Ministro provincial en el descubrimiento de sus posibilidades legales, y declara que “las sanciones -nos pidieron y lo vamos a hacer- se tomarán coordinadamente con la Nación. Esto se acordó de esta manera para que no haya en el país disparidad de criterio”.

La “disparidad de criterio” solamente se daba en la Provincia de Santa Fe, donde los funcionarios declaraban ignorar normas nacionales y la delegación de facultades a las provincias para el control de su aplicación, todo a causa de las órdenes del ejecutivo provincial.

La nueva declaración del funcionario y el eufemismo de hablar de disparidad de criterio, es un reconocimiento que lógicamente desde la Nación, le han solicitado que cumplan con las funciones para las que fueron designados y apliquen la normativa vigente. Porque lo que es violatorio de la ley en Argentina, también lo es en la Provincia de Santa Fe, aunque estos funcionarios distraídos, designados por un gobierno provincial conservador y extremadamente afecto a los intereses empresarios, hace poco tiempo se hicieran los desentendidos perjudicando a toda la población de la provincia.

SOBRE LOS ACUERDOS DE PRECIOS

El 1° de enero empezará a regir el nuevo acuerdo de precios firmados por el gobierno con las principales empresas y cámaras que integran los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización de alrededor de 200 artículos (la lista se conocerá esta semana); que compondrían unos dos tercios de los conusmos habituales de las familias.

Entre las novedades sobresale que -tras su largo paso por el gobierno- no estará Guillermo Moreno al frente por parte del Estado (lo que supone todo un interrogante) y la lista de productos es más acotada que la que comprendía el acuerdo anterior, que vence justo ese día. 

El acuerdo además -estrictamente hablando- establece un sistema de precios administrados: considerando su duración (todo el próximo año) se autorizarían incrementos de precios, si las empresas logran demostrar fehacientemente variaciones de costos, por cualquier causal; un esquema similar al que viene funcionando con las prepagas, desde que salió la ley regulatoria.

Lo que le permitirá al Estado además acceder a información sensible para cruzarla con la que ya dispone por vía de la AFIP, o los controles que ejerce para las empresas que operan en el mercado de capitales. 

Probablemente el nuevo acuerdo sea más realista en cuanto a las posibilidades reales de controlar el cumplimiento de lo pactado, y de allí el número menor de artículos alcanzados; pero también es cierto que existe la posibilidad real que las empresas intenten compensar sus márgenes de utilidad, con los precios de los productos no comprendidos.

En lo inmediato, el acuerdo busca operar sobre las expectativas en la formación de los precios que impactan en los niveles de inflación, para descomprimir ese frente; y supone para el gobierno un desafío mayúsculo, tanto para garantizar eficacia de todas las agencias estatales comprendidas en su ejecución (principalmente la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior), como para dotar de volumen político a la iniciativa.

En los prolegómenos de la firma, se conoció un informe de Comercio que desnudaba las maniobras de las principales empresas para eludir el acuerdo vigente, falseando la oferta de bienes mediante productos en apariencia distintos a los comprendidos; pero con diferencias menores o inexistentes, y a precios considerablemente mayores.

Según se ha dicho, se tomó nota del problema (detectado por los vilipendiados militantes de "Mirar para Cuidad", digamos de paso) a la hora de armar el nuevo acuerdo.

Cuyo éxito depende en nuestro opinión de una suma de factores que deberán alinearse, a saber:

* La capacidad de gestión estatal para actuar en tiempo real y oportuno en la fiscalización, aplicando de inmediato las sanciones del caso, en el marco legal vigente: Ley 20.680 de abastecimiento (si faltaran los productos comprendidos en el acuerdo), Ley 22802 de lealtad comercial (si vuelven las maniobras fraudulentas con las ofertas), Ley 24240 de defensa del consumidor y Ley 25156 de defensa de la competencia; si aparecen situaciones de abuso de posición dominante en la formación de precios (ver al respecto lo dicho acá). Y si esa legislación no funciona o es inadecuada, no hay que vacilar en utilizar las mayorías en el Congreso para impulsar su modificación.

* La ampliación  de la base social y política del acuerdo, avanzando en estrategias para sumar a la fiscalización del mismo a sindicatos, cooperativas, vecinales, organizaciones sociales, gobiernos provinciales y municipales: acá hemos historiado lo que pasa por ejemplo en la provincia de Santa Fe; donde el gobierno provincial aduce falsamente no tener competencias legales para actuar previniendo y sancionando abusos.

* La decisión de utilizar la información disponible y las herramientas del Estado con sentido inteligente, desde los medios de promoción (como la ampliación de la oferta de crédito a las empresas que puiedan expandir su producción y alentar la competencia para corregir distorsiones o situaciones de concentración); hasta los de disuasión, como la eliminación inmediata de beneficios, promociones o exenciones fiscales o de cualquier tipo, a aquéllos que saquen los pies del plato y no cumplan lo pautado.

Ya se ha vuelto un lugar común citar para el caso a Perón con aquello de que los hombres son buenos, pero si se los vigila, son mejores; y en este sentido el cumplimiento del acuerdo supone un desafío mayúsculo a la capacidad de gestión estatal, comparable (en términos de envergadura y de significación política) a haber instrumentado la AUH o el Programa Procrear.

Enfrente de éste intento del gobierno por atacar el problema inflacionario, hay un discurso opositor absolutamente vacío de propuestas, que remite sistemáticamente al INDEC y el problema de la medición de los precios; omitiendo toda referencia al comportamiento rentístico y predatorio del empresariado, que es el efecto concreto de esa inflación, en los bolsillos populares.

Por esa razón a esa misma oposición -cuando es gobierno en el nivel provincial o municipal- hay que comprometerla institucionalmente en el acuerdo; aunque más no fuera para ponerla en evidencia.

A los que siempre bancamos a Guillermo Moreno nos quedará el gusto amargo de pensar que este nuevo ensayo -en apariencia más estructurado que los anteriores en el planteo- perfectamente hubiera podido ponerse en marcha con él en el gobierno (y hasta se nos antoja que, para determinados casos, hubiera sido mejor), pero no podemos quedarnos en ese detalle; sino apostar a que la cosa funcione, no por el éxito del gobierno, sino del conjunto del pueblo argentino, en especial los sectores populares.     

MANUAL PARA RELATORES

El Frente Progresista a lo largo de más de cinco años de gestión, se ha destacado por la designación en puestos claves de relatores de la realidad. Los funcionarios de la Provincia de Santa Fe, no tienen capacidad o no les interesa modificar situaciones que perjudican a la población. Solo se dedican a hacer comentarios. Aunque tengan en sus manos las herramientas jurídicas, las estructuras administrativas, los recursos humanos y presupuestarios para modificar situaciones, ellos solo se especializan en relatar.

Nos cuentan por lo medios lo que pasa, nos dicen lo que según ellos sucede, y hasta ahí llegan. Incluso, aunque declaren no estar de acuerdo con la situación que describen, no hay propuestas, actividad o gestión dirigida a modificarla. Solamente nos cuentan que pasa. Ese es el concepto de gestión del frente liderado por un “socialismo” que en Venezuela votaría a Capriles, y en Argentina comparte el proyecto de país de Macri, un país para pocos, donde se privilegien los intereses de los sectores concentrados de la economía.

Desde que celebrara el Gobierno Nacional el acuerdo de precios con las cadenas de supermercados en febrero de éste año, y ahora extendido sobre 500 productos a partir del 01/06/2013, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe adoptó una postura inexplicable: desentenderse del acuerdo, como si la Provincia de Santa Fe fuera otro país.

Durante el mes de Febrero, invocando argumentos insostenibles, delirantes, como señaláramos entonces en éste post, el funcionario de quien depende la Dirección de Comercio Interior de la Provincia, hacía declaraciones.  Siempre relatando. Y pretendía no tener legislación ni potestades para intervenir ante la posibilidad de falta de cumplimiento del acuerdo de precios.

Un absurdo jurídico, ya que es innegable la vigencia de los Decretos 762/85 y 850/94, y la Dirección General de Comercio Interior resulta la autoridad de aplicación en la Provincia de normas nacionales de comercialización, entre ellas la Leyes 22.802 (Lealtad Comercial), 20.680 (Abastecimiento) y 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) y sus normas complementarias. Solo comentarios, comentarios absurdos, pero ninguna acción concreta desde la Provincia para acompañar una medida que favorecía a la población.  

Quizás porque apostaban y apuestan al fracaso del acuerdo de precios, un acuerdo exitoso y ahora prorrogado, siguen manteniéndose en el absurdo relato sin hacer nada. Y ahora aparece frente al mismo acuerdo, un nuevo relator: El Ministro de la Producción, Carlos Fascendini.

Como se puede ver en la nota “Están faltando productos de las lista de los 500 congelados” el Ministro Provincial declara que “lo que no se ha producido son las ofertas públicas de los precios que iban a hacer las empresas. Si esto ocurriera se podría estar aplicando la ley de defensa del consumidor. Por lo tanto, solo podemos relevar e informar la secretaría de Comercio interior. Nosotros no podemos sancionar a los hipermercados, que firmaron el convenio".

El Ministro debería repasar la normativa vigente y las facultades de la Provincia frente al incumplimiento de la normas nacionales de comercialización. Y repasar los listados de precios publicados.

Pero a ellos solo les interesa el relato. Lo ayudamos al Ministro por si quisiera hacer algo más que relatar, recordándole que la provincia de Santa Fe está dentro de la República Argentina. Tome nota Ministro:

1- A un acuerdo de precios como el celebrado por el Gobierno nacional para que rija en todo el territorio del país, le son aplicables las normas sobre comercialización.

2- Si los precios acordados no se respetaran, o hubiera faltante de productos,  se estarían vulnerando los derechos de los consumidores consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor), ley de la cual la Dirección de Comercio Interior de la Provincia es autoridad de aplicación. Y tiene facultades para aplicar sanciones, en éste caso en base a los artículos 7 y 8 de la Ley 24.240.

“La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley.” (Art.7-Ley 24.240).

Por eso cuando el Ministro Fascendini declara que: “Por lo tanto, solo podemos relevar e informar a la secretaría de Comercio interior. Nosotros no podemos sancionar a los hipermercados, que firmaron el convenio", el Ministro miente. Y utiliza el manual para relatores: nos cuenta que pasa, o lo que le parece que ocurre , o lo que alguien le dijo que ocurría. Pero no hace nada.

El Gobierno Provincial puede colaborar con el cumplimiento del acuerdo. Pero no lo hace. Solo relata y apuesta al fracaso de una medida que favorece a la población, y sobre todo, favorece a los sectores más humildes que destinan la mayor parte de sus ingresos a adquirir alimentos.

Poeque estos “progresistas“,  se preocupan por otros sectores, no por la gente. Hace unos días, Bonfatti pedía pÚblicamente una devaluación del 40%, y declaraba que “Hay un atraso cambiario enorme, de eso no tengo ninguna duda.”

  

Junto a los sectores concentrados de la economía, el Gobernador pedía una fuerte devaluación del peso. Y Bonfatti sabe perfectamente, que el efecto devaluatorio tendría una enorme consecuencia inflacionaria sobre los precios internos y marcadamente sobre el rubro alimentario. La devaluación beneficiaría a los sectores exportadores y a los grupos económicos que fijan precios en el mercado interno, en perjuicio de los asalariados.

Y por eso, mientras piden devaluaciones, no defienden el acuerdo de precios. No es porque no tengan normativa, sino porque defienden otros intereses.

SE BORRAN OTRA VEZ

Leemos en el diario del Loco Lindo: "No hay lista congelada que el gobierno provincial fiscalice, y tradicionalmente los supermercados de Santa Fe conforman una plaza con precios promedio más bajos”. Muy medido en sus conceptos, el presidente de la Cámara de Supermercados del Centro Comercial de Santa Fe respondió así a la consulta de El Litoral.

Consultado sobre la eventualidad de “multas” en un escenario en el que no hay listas fijas con precios determinados, Silva respondió que la Dirección de Comercio de la provincia no los “fiscalizará” por carecer de marco legal, pero que de todas maneras está vigente el relevamiento de precios que habitualmente realizan.".

Para los que somos de Santa Fe la actitud de los supermercadistas locales no sorprende: siempre le encuentran el pelo al huevo, tal como pasa con el Centro Comercial: que si no los consultaron, que si los proveedores esto o aquéllo, que si los productos no satisfacen necesidades básicas, que si son grandes cadenas nacionales (sobre las cuáles hacen lobby para que no se instalen, pero no ofrecen a cambio mejorar sus precios), excusas nunca les faltan.

Lo que les falta es ganas de hacer algo, como harán por ejemplo sus colegas de Rosario con proveedores locales: un acuerdo de precios a escala local, con sus propios proveedores, para mantener congelados los precios de determinados productos, buscando llegar progresivamente a la lista de 500 productos del acuerdo nacional.

A menos que esperen que el Napia Moreno les meta el dedo en el culo, y terminen haciendo algo para poder competir, como pasó con la Supercard y los descuentos y promociones con tarjetas; tal como apunta acá Barricada.

Pero no sólo los supermercadistas locales se borran de todo lo que sea acuerdo para mantener precios: de las declaraciones de Silva se desprende que la Dirección de Comercio de la provincia no fiscaliza, porque aduce no tener facultades para hacerlo; algo ya analizado como falso en éste post.

Nadie le está pidiendo al gobierno de la provincia que se sumen a "Mirar para cuidar", y manden a los del Gabinete Joven a controlar los precios, porque todos sabemos que ellos están para cosas mucho más importantes que revisar latas de arvejas:

Simplemente les estamos pidiendo que, como Estado, cumplan las obligaciones legales que tienen de velar por los derechos de los consumidores; a menos que (tal como se explicó en detalle acá, cuando la anterior etapa de los acuerdos de precios) la Dirección de Comercio de la provincia tenga expresas instrucciones de hacer la vista gorda, para después terminar dando marcha atrás y reconociendo lo obvio: deben intervenir y controlar, porque para eso están.  

Las normas nacionales son muy claras al respecto:

La Ley 24.240 de Defensa de los Derechos del Consumidor dispone en su artículo 7 que "La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones."; y en el artículo 10 Bis que "El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible; b) Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente", para el caso en que -por ejemplo- las cadenas nacionales que existen en Santa Fe y adhirieron al acuerdo de precios (Coto y Wall Mart) no tengan disponibles los productos comprendidos.

Pero más clara es la ley respecto a las facultades de contralor y sanción de conductas lesivas a los derechos del consumidor. Su artículo 41 dice: "La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones."

Lo mismo dice el artículo 13 de la Ley de Lealtad Comercial 22.802: "Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones."

Y lo propio hace la Ley 20.680 de Abastecimiento en su artículo 18: "Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º."

Como se ve, la obligación de controlar y fiscalizar (para defender el bolsillo de los consumidores) va más allá de los acuerdos de precios que hizo el gobierno nacional; pero por lo menos podrían empezar por eso, ya que no quieren generar sus propias políticas al respecto, ni controlar a los comercios locales.

A menos que defiendan otros intereses, y por eso decidan borrarse, como siempre.

AVÍSENLE A LA FRANJA QUE LAS FOTOCOPIAS NO ENTRAN DENTRO DE LOS ACUERDOS DE PRECIOS

La verdad que estos muchachos de la boina blanca no nos dejan de sorprender: cuando se planteó la discusión del voto joven, en lugar de salir a buscar pibes de 16 años para convencerlos de que voten a la UCR (no es fácil la tarea, lo admitimos, pero eso es la militancia: bregar por lo que parece imposible), se opusieron porque los pibes "no estaban preparados para votar responsablemente", y antes había que "generar una mejora del sistema educativo".

Así los negros cabeza los votaban a ellos supuestamente.

Ahora no quieren participar de los controles de precios, porque que se sumen militantes a la tarea "significa delegar funciones que son propias del Estado"; aunque queda claro que el que inspecciona y controla, con poder para aplicar sanciones, es justamente el Estado.

Además de toda esa sanata de la confusión entre partidos políticos y gobierno: gobierna un partido político chicos, a lo mejor acostumbrados a seguir la realidad (y la política) por los titulares de Clarín y La Nación, lo perdieron de vista. 

De todos modos, ese partido que gobierno convoca a sus opositores para que participen de algo (nada más ni nada menos que de cuidarle el bolsillo a la gente), y no quieren ir. 

Después no se quejen si se quedan estancados en un rango de entre el 2 y el 11 % de los votos cuando se vota a presidente, y no se disfrazan con un candidato extrapartidario como Lavagna (ahí consiguen llegar a la escalofriante cifra del 17 %).

Si estos son los que el día de mañana van a reemplazar a los Barletta, Alfonsín, Cobos, Sanz, De La Rúa, Aguad, Morales, Terragno, están al horno muchachos.

A menos que tengan miedo que Moreno les mande a controlar los precios de las fotocopias en los centros de estudiantes de las universidades.   

ESTADO, GESTIÓN Y EFICIENCIA

Por A. C.

El 9 de Marzo, reunido con la Asociación de Supermercados, el Secretario de Comercio Interior, en su trabajo sistemático de lucha contra el alza artificial de precios, les proponía a las cadenas de supermercados, la creación de una Tarjeta de Crédito única para la actividad, que unificara todas las tarjetas propias de los supermercados en un solo sistema. Y les mostraba las ventajas del nuevo sistema. 

El 26 de Marzo, solo dos semanas después, las principales cadenas de supermercados anunciaron la puesta en marcha de la Súper Card, una tarjeta de crédito para operar en esos comercios, con un límite de compra de $3.000 y posibilidad de financiar consumos hasta $1.000 pesos, con una tasa de financiación de los saldos de solo el 22 por ciento anual. 

Como los Supermercados, deben pagar a los bancos una comisión del 3% por vender con las tarjetas tradicionales (MasterCard, Visa, American, etc) , la comisión con la nueva tarjeta, se baja a la tercera parte, al 1%, es decir que los supermercados reducen en forma muy importante su costo financiero.

Y para los usuarios, se baja la financiación de los saldos de una manera notable, ya que las tarjetas de crédito tradicionales, hoy financian los saldos a una tasa de más del 60% anual, mientras que la nueva tarjeta, reduce el costo del financiamiento al 22%. 

Más allá de la convocatoria de Moreno, la iniciativa no será estatal, sino que serán las propias cadenas las que estarán a cargo del nuevo sistema de cobro, que convivirá por el momento con las tarjetas tradicionales, por lo que se podrá pagar en efectivo, con la Supercard o con los otros sistemas que están vigentes en la actualidad. 

Pero ahora aparece la Super Card como una opción interesante, sobre todo para aquellos sectores de la población que gastan un alto porcentaje de su ingreso en alimentos, y siempre que hay opciones, se favorece al que puede elegir.

Los clientes cautivos, son esclavos que pagan más de lo que el producto o servicio vale, y se convierten en un gran negocio para las empresas.  Los clientes con opciones, son un desafío que las empresas deben captar a través del ofrecimiento de mejores precios, ventajas o promociones, para que no terminen en manos de un competidor. Y eso reduce los costos a cargo de ese cliente. 

Los bancos en Argentina, con ganancias siderales como detallaramos en ésta nota,  cobran por el uso de tarjetas de crédito,  una comisión del 3% que es muy superior a la que cobran los bancos de países vecinos (Brasil o Uruguay) o  en EE UU, donde los valores van del 0,75 al 1%. 

Y los supermercados (no lo dice Moreno), plantean que dejarán de aceptar más adelante las tarjetas tradicionales, salvo que los bancos disminuyan las comisiones a un punto en las tarjetas de crédito y a cero en las de débito. A partir de la nueva tarjeta, en el sector financiero admiten que es grande la presión ante el lanzamiento de la Super Card, y estarían dispuestos a bajar las comisiones a un rango de entre uno y 1,3 por ciento.

Las negociaciones ya comenzaron, pero desde la ASU (Asociación Supermercadistas Unidos) ya declaran que, si no llegan a un acuerdo, dejarán de aceptar los plásticos tradicionales y limitarán la oferta a sus clientes sólo a la Súper Card. No lo dice Moreno, lo dice la ASU. 

Y como se puede ver en ésta nota, ya pidieron públicamente su adhesión al sistema las cadenas de electrodomésticos y las cámaras empresarias nucleadas en la Confederación General Empresaria (CGERA) , que solicitaron que "se extienda su utilización a PyMEs, almacenes y comercios", porque  la creación de la tarjeta Super Card "sincera la verdad sobre los precios y condiciona a las entidades financieras que basan su altísima rentabilidad a costa del trabajo de las pequeñas y medianas empresas".

"Si los supermercados, con el poder que tienen, pagan el 3 por ciento en el costo de la tarjeta, las empresas comerciales PyMEs pagan 3 veces más, lo que explica por que aún el sistema financiero argentino crece por encima de la economía, en detrimento de la industria y del pueblo que consume", señaló el presidente de la institución, Marcelo Fernández. No lo dice Moreno, lo dice CGERA. 

Con esta baja del costo de financiamiento (ahora del 22% anual, antes de más del 60%), y como lo sintetizó en los medios la Subsecretaria de Defensa del Consumidor María Colombo,  por cada millón de usuarios adheridos a la nueva tarjeta, habrá un ahorro que volverá directamente a los consumidores de 1.100 millones de pesos por año.-

A este favorable panorama para el consumidor, se le agrega una extensión por 60 días del acuerdo de precios con los supermercados, es decir hasta el 31 de Mayo. 

De esta forma, el Gobierno Nacional en acciones concretas, utiliza la estructura estatal en beneficio de la población, obteniendo objetivos con gestión y eficiencia, y convocando al diálogo y a la participación del sector privado.