LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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martes, 12 de mayo de 2026

GOBIERNO SE BUSCA

 

En momentos en los que el círculo rojo está en la búsqueda del ejecutor prolijo, con buenos modales y sin desbordes psiquiátricos que pueda garantizar la supervivencia del modelo más allá de Milei, es bueno reflexionar sobre lo que el modelo significa; que es en esencia una dualización del desarrollo productivo del país (con sectores ganadores y perdedores) con sus secuelas sociales y laborales, en un marco de retiro del Estado incluso hasta de roles que en otros tiempos se reputaron esenciales, y su desguace en beneficio de un puñado de grupos económicos del país y el extranjero.

Y aun algunos que están perdiendo con éste modelo porque no pertenecen a los nichos y enclaves que obtienen de él ventajas comparativas (como sucede con buena parte de la industria manufacturera) aspiran a sostenerlo porque les obsequió una reforma laboral flexibilizadora que apunta a consolidar niveles de precarización, baja de salarios y reestructuración de las relaciones de poder al interior de las empresas, que soñaron por años obtener.

La filosofía (por llamarla de algún modo) que sustenta teóricamente el experimento no se reduce a la motosierra o el topo que destruye el Estado desde adentro, sino que va más allá: supone además que todo el proceso de asignación de costo y beneficios a la sociedad resultantes de su implementación queda librado a las fuerzas del mercado, y el gobierno se desentiende de la realidad, incluso de los aspectos de ésta que crean sus propias políticas y decisiones.

Un caso bastante ilustrativo al respecto es el incremento de los precio de los combustibles y la energía como consecuencia de la situación internacional, que termina repercutiendo por ejemplo en la crisis terminal del transporte público; fenómeno frente al cual el gobierno de Milei nada hace porque cree que nada tiene que hacer; lo que lleva al contrasentido de que se ufane de un superávit energético (que más que mérito propio es de Cristina, por haber recuperado YPF poniendo así en valor Vaca Muerta y el potencial de recursos con que contaba el país), mientras en un país que tiene petróleo y gas en abundancia los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos no paren de subir, por un combo explosivo de omisiones y decisiones deliberadas del gobierno, como reducir los subsidios o dolarizar las tarifas. 

La política energética libertaria -si es que tal cosa existe- se reduce a un extractivismo desenfrenado en busca de dólares para pagar la deuda, dólares que además tampoco llegan en la medida que se requiere precisamente porque se les ha garantizado a sus dueños que podrán hacer con ellos lo que quieran; como se puede comprobar con la extensión de los beneficios del RIGI a las petroleras que no los necesitaban para ganar fortunas, y el anuncio de un "súper RIGI" que les otorga más ventajas impositivas, y más libertades para disponer de las divisas.

Cuando el gobierno de Milei consiguió que el Congreso aprobara la ley bases eliminó con ella con precisión quirúrgica -aportada por lo estudios jurídicos que asesoran, entre otros, a las petroleras- toda referencia contenida en la Ley 26741 de recuperación de YPF a la necesidad de alcanzar el autoabastecimiento petrolero y garantizar el suministro al mercado interno a precios razonables, liberando así a las petroleras de todo compromiso al respecto. 

Consistente con eso, éste gobierno ni siquiera frente a un contexto de crisis internacionales que dispara los precios del petróleo y con ellos los de los combustibles piensa en medidas para atemperar sus efectos en la economía nacional, las empresas y los hogares; como poner retenciones a las exportaciones de petróleo o fijar precios diferentes para el barril según se destine a la exportación o el abastecimiento interno   

Lejos de disminuir la carga tributaria que lleva el precio de los combustibles líquidos o utilizar la recaudación del impuesto para aumentar los subsidios a las tarifas, lo embolsa para dibujar un superávit fiscal trucho y ni siquiera repara las rutas que están destrozadas, y contribuyen así a encarecer los costos de producción y distribución de bienes y servicios; lo que repercute -junto con el precio de los combustibles- en los niveles de inflación que degradan los salarios. Mientras tanto, pide reflejar en los precios la incidencia de los impuestos, o le echa la culpa a las tasas municipales. 

Tiene (y se jacta de ello, tanto que el presidente no se saca el mameluco, aunque la quiso privatizar) la petrolera líder del mercado y la única que tiene todo el ciclo integrado de exploración, producción, destilación y refinación; y no hace valer esa posición estratégica para atemperar el impacto de la crisis internacional en la economía doméstica: solo la usa para repartir pauta publicitaria en los medios y sobres para los periodistas adeptos  y poder decir que no lo hace desde el gobierno, o para pagarles sueldos generosos a los funcionarios reciclados de la gestión.

Milei desentendido por completo de los problemas cotidianos de la gente (como poder tomar un colectivo sin esperar horas, o un tren sin bajar como ganado) parece olvidar una verdad de Perogrullo: todo país necesita un gobierno que atienda precisamente esas cuestiones y que demuestre que le preocupan, y la Argentina no es la excepción. Y actualmente y desde hace dos años y medio no lo tiene, y esa es una anomalía que no puede perdurar mucho tiempo. 

lunes, 30 de marzo de 2026

COHERENCIA POR FAVOR


* La recuperación del control estatal sobre YPF fue una decisión estratégica cuyos efectos -como en todas las decisiones estratégicas- se vieron en el tiempo, y hasta hoy puede incluso disfrutar éste gobierno, que se ufana de estar en las antípodas del kirchnerismo en todo: desplazando al grupo Repsol de la empresa se logró revertir el declino de la producción, incrementarla, poner en valor el enorme activo que representa Vaca Muerta y darle al país una oportunidad de obtener divisas genuinas, y ahorrárselas despilfarrándolas en importar crudo y combustibles. Golazo del kirchnerismo, que hasta los gorilas (sin decirlo así, claro) festejan.

* Como correspondía a su rol de presidenta, la decisión final la tomó Cristina  y a ella le corresponde el mayor mérito histórico, si de establecer rankings en esa materia se trata. Pero esa decisión no hubiera podido llevarse a cabo sin contar con ejecutores eficaces, convencidos de que era correcta y necesaria para el país, y que ameritaba arremangarse y ponerse a trabajar con celo patriótico para ponerla en práctica. Y en ese renglón ingresan desde De Vido hasta Kicillof, incluyendo a Galuccio (hoy volcado con éxito a la actividad privada), que cumplió con creces el rol para el que fue convocado. Perderse ahora en disputas minúsculas fruto de las pequeñeces de la interna para determinar paternidades es un error mayúsculo, que pierde de vista la enorme magnitud del acierto de política pública de la decisión.

* El fallo de la Cámara de Apelaciones le dio la razón a la posición argentina con los mismo y exactos argumentos con los que el año pasado Kicillof -y antes que él Cristina, ambos varias veces a lo largo del litigio- rechazaban la pretensión del fondo Burford. Que el PRO o LLA crean que tuvieron algo que ver al respecto -cuando uno votó en contra de lo que llamó "confiscación" y Macri sigue diciendo que fue ilegal aun después del fallo que dice exactamente lo contrario, y Milei dijo en cadena nacional que la expropiación es un robo cuando aun hay instancias judiciales pendientes en EEUU- solo demuestra que a la derecha aunque no le quede más remedio que festejar (otro triunfo cultural del kirchnerismo), en el fondo quería que el país perdiera, para tener razón. Y para pagar (como hizo Macri con los fondos buitres) incluso más de lo que se reclamaba, tomando deuda y echándole la culpa al kirchnerismo. 

* El PRO votó en contra (casi en soledad) la expropiación en 2012  y Macri (lanzado por entonces a su carrera presidencial) dio un discurso explicando las razones, que son las mismas que luego esgrimiría el fondo Burford en el litigio, y que reiteraría Milei en su cadena nacional del viernes pasado. Entre los que entonces votaron en contra se encontraba Patricia Bullrich, que también ahora festeja el triunfo; aunque en su caso el travestismo político es marca de fábrica.

* Si Macri hubiera tenido que lidiar con un fallo adverso -como el de la jueza Preska- seguramente hubiera dicho lo mismo que dijo cuando su antecesor, el juez Griesa, falló en contra de la Argentina en el reclamo de los hold outs encabezados por su financista de campaña y agente de propaganda Paul Singer: hay que ir a sentarse con la jueza y lo que ella diga, eso hay que hacer. En la misma estaba Milei hasta el viernes, tanto que propuso crear una "tasa Kicillof" para pagar un fallo que ya imaginaba adverso e irremontable, pero cuya anulación ahora se atribuye como mérito exclusivo.

* La expropiación del 51 % de las acciones de YPF fue -por más de una década- eje de una campaña sucia del macrismo primero y del mileísmo después, contra Kicillof. Como no le encontraron nada siquiera cercano a un caso de corrupción, lo acusaban de haberle causado un daño al país con su decisión, que además fue de Cristina, y él simplemente instrumentó. Pues bien, con el fallo a la vista, con Cristina proscripta (para sacarla de la cancha por miedo a que les gane) y el gobernador de Buenos Aires lanzado a la carrera presidencial tendrán que buscar otro argumento, porque ése se les terminó volviendo en contra.

* Los que litigan en el juzgado de Preska contra la Argentina no eran Repsol (ya debidamente indemnizado por su 51 % de las acciones expropiado) y ni siquiera los Petersen (Eskenazi) u otros accionistas del 49 % restante, representados por Burford. Y su pretensión no fue nunca (porque sabían que no podrían hacerlo) revertir la expropiación, sino que se les hiciera extensiva a ellos, y el Estado argentino les comprara sus acciones, bajo las condiciones establecidas por ellos. Ese planteo es el que rechazó de plano la Cámara de Apelaciones, diciendo que prevalece la ley argentina de expropiaciones sobre el estatuto de la sociedad.

* Antes de ser presidente (y de ponerse el mameluco de YPF) Milei decía a quien quisiera escucharlo que el juicio estaba perdido, y proponía para pagar la indemnización a Burford la "tasa Kicillof ": un bono perpetuo de deuda a favor de los que suponía inevitables ganadores. Lo reiteró a los pocos días de asumir el cargo, y el año pasado cuando se conoció el fallo de la jueza Preska. En ese contexto, le parecía alarmante tener que endeudar al país en 18.000 millones de dólares (aunque a cambio se quedara con el control de la mayor empresa del país), pero vio como una señal de fortaleza del programa económico pedirle otros 20.000 millones de dólares al FMI (adicionales a los 45.000 que antes le había pedido Macri), y obtener un swap del Tesoro  de EEUU por otros 20.000, en ambos casos a cambio de nada. O de entregar el país, por varias generaciones.

* Ya presidente y reiterando lo que había dicho en campaña, Milei propuso volver a privatizar YPF, e incluso Vaca Muerta, como si la Constitución no dijera que la propiedad de los recursos naturales es de las provincias: la empresa figuraba en el listado de las empresas a vender de lo que fue la fallida "ley ómnibus", y tuvieron que sacarla en el proyecto de "ley bases", para conseguir apoyo en el Congreso. Sin embargo y como hizo el menemismo en los 90', su gobierno bajo la gestión del ex Techint Marín volvió a la táctica de la "privatización periférica" o el desguace progresivo de la empresa: se desprendieron por monedas (y con sospechas de negociados, como las ventas a la empresa de Iguacel) de yacimientos convencionales en Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y vendieron Profértil, la empresa controlada con la que YPF operaba en el mercado de los fertilizantes. 

* Aun siendo el de hidrocarburos uno de los sectores ganadores del modelo económico de Milei, los puestos de trabajo generados en Vaca Muerta (entre la petrolera estatal y las privadas que comenzaron a invertir más solo cuando ella lo hizo, como siempre ha sido en el país) no llegaron a compensar los que se perdieron por la decisión empresarial de YPF de retraerse de las áreas convencionales; repitiendo así en el sentido y los efectos, la lógica predatoria con que Repsol manejaba la compañía, que fue lo que llevó a su expropiación en 2012. 

* El gobierno de Milei convirtió a YPF en una pieza más de un modelo extractivista sin agregado de valor, en lugar de ser la punta de lanza de un modelo de desarrollo industrial autónomo, con integración y diversificación productiva, incluso para la propia industria hidrocarburífera. El ejemplo más claro es el abandono del proyecto conjunto con la malaya Petronas para construir una planta de licuefacción (GNL) en Bahía Blanca primero (por motivos puramente políticos, para joderlo a Kicillof), y en Río Negro después; y más recientemente -aunque no tenga que ver con YPF- la reorientación de la traza de los gasoductos, pensando más (como en los 90') en la exportación que en las necesidades de energía de la industria nacional, a la que luego tildan de no competitiva. 

* Esta política de manejo de YPF perjudicial para los intereses del país fue secundada con silencios prolongados y escasas protestas públicas de los gobernadores de la mayoría de las provincias petroleras, particularmente los de Santa Cruz y Chubut, que además le aportaron a Milei votos claves en las votaciones del Congreso. Todo ello pese a que la Ley 26741 que recuperó el control estatal de YPF (en otra decisión estratégica de Cristina) previó que el 51 % del paquete accionario en manos del Estado se dividiera entre la nación (26 %) y las provincias petroleras (25 %), unidas entre sí en un pacto de sindicación de acciones, que las obliga a votar siempre en el mismo sentido en las asambleas de la sociedad, y en las reuniones de directorio: hubiera bastado que lo hicieran valer cuando éstas los perjudicaban, para que no se concretaran, o el gobierno nacional tuviera que negociar.  

* El anterior Procurador del Tesoro de la Nación que esutvo en el cargo hasta hace menos de un mes (es decir quien dirige el Cuerpo de Abogados del Estado que lleva adelante los juicios en representación del Estado nacional), Santiago Castro Videla, tuvo que excusarse de intervenir en el litigio del fondo Burford contra la Argentina porque Alberto Bianchi (uno de los socios de su estudio jurídico) fue contratado por el fondo inversor; lo mismo que Alejandro Fargosi, a quien Milei eligió para encabezar la lista de diputados nacionales de LLA en la CABA. 

* Que en éste contexto, y conocido el fallo de la Cámara de Apelaciones del Distrito Sur de Manhattan que la validó, el gobierno de Milei proponga la reforma a la ley de expropiaciones (cuya aplicación excluye la ley bases en las inversiones hechas bajo el RIGI) con los fundamentos disparatados que expuso el presidente en cadena nacional (a riesgo de perjudicar, como dijimos, la posición del país en el litigio) no puede sino interpretarse como evidencia de una colusión dolosa de intereses con los que litigan contra el país, o con los que pudieran hacerlo en el futuro, en similares circunstancias.

* Aun para quienes creemos que la UCR es una marca comercial que no se decide a terminar de liquidar el fondo de comercio y lo que hayan hecho no es el dato relevante en todo esto, sirva la ocasión para recordar que sus diputados y senadores votaron a favor de la expropiación de YPF en 2012. Que el último rasgo de dignidad en línea con la mejor y olvidada tradición partidaria (la de Mosconi e Yrigoyen) que tuvieron fuera hace ya 12 años y votando junto con el kirchnerismo (para irritación de buena parte de su electorado) en una decisión cuyos resultados hoy todos -de un modo u otro- reivindican como positiva para los intereses del país  debería llamarlos a la reflexión, si es que aun es posible. 

sábado, 28 de marzo de 2026

EXPRÓPIESE

 

En la reaparición pública de Adorni con su stand up cotidiano en el que se defendió de las acusaciones de corrupción en su contra como la almeja (enterrándose con la lengua), pasó casi desapercibido el anuncio que hizo de que el gobierno enviaría una serie de proyectos de ley para "garantizar la propiedad privada".  Pasó desapercibido hasta que anoche lo recordó el presidente en cadena nacional, en un mensaje en el que celebró que la justicia de Estados Unidos le diera la razón a la Argentina en el litigio iniciado por el fondo Burdford Capital, por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF.

En realidad, se trata de un conjunto de proyectos que ya habían sido anunciados cuando el Poder Ejecutivo convocó al Congreso a extraordinarias, y entre ellos en esa oportunidad merecieron más atención las modificaciones a la Ley 26737 del dominio de tierras rurales aprobada en el gobierno de Cristina para limitar la tenencia y propiedad de tierras en manos de extranjeros; y a la Ley 26815 de manejo del fuego, en éste caso para eliminar los cambios introducidos en 2020 por la Ley 27604 a instancias de un proyecto presentado por Máximo Kirchner, para limitar el uso de las tierras afectadas por los incendios a los fines productivos o de desarrollos inmobiliarios, por un plazo de 60 años desde su extinción. Casualmente cuando se ha presentado un proyecto de capitales israelíes para construir una ciudad-country en 100.000 hectáreas no determinadas aun de la Patagonia.

Pero también estaba incluido en ese conjunto de proyectos -y es el que interesa analizar aquí- uno para modificar la Ley 21499 de expropiaciones, limitando -según dijo Adorni- las causas por las que un bien puede ser declarado de utilidad pública para ser expropiado, aunque en rigor el jefe de gabinete -demostrando que del tema, como de tantos otros, entiende poco- dijo que no correspondía que el Estado resolviera eso "unilateralmente". Milei agregó que proponen que la expropiación sea "para situaciones excepcionales" (como si no hubiera sido siempre así), y para pagarles m{as indemnizaciones a los expropiados, lo que de mono alguno sorprende.

La pregunta sería en ese caso a quien le tendría que preguntar el Estado (garante del bien común) si algo es o no de utilidad pública para expropiarlo, o con quien lo tendría que discutir; cuando determinarlo es un acto propio del ejercicio de su soberanía exterior y supremacía interna para imponerse al interés particular; y el particular afectado por la privación de un bien lo único que puede discutir (en sede administrativa y judicial), es el precio, o sea el monto de la indemnización que se le debe pagar para desapoderarlo del bien.

Y no se trata de inventos chavistas ni nada por el estilo: la cuestión de la expropiación de bienes por causa de utilidad pública estaba ya en el artículo 17 de la Constitución Nacional original sancionada en 1853, y siguió estando hasta el día de hoy, con el mismo texto. Es decir que aun la muy liberal Constitución ideada por Alberdi -que en el mismo artículo protegía y protege la propiedad privada incluso de las necesidades del país ante una guerra: ("Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exija auxilios de ninguna especie")- admitía la expropiación de un bien por causa de utilidad pública.

Y la Constitución peronista de 1949 ratificaba el concepto (la expropiación procede por causa de utilidad pública declarada por ley, y previamente indemnizada) en su artículo 38, en el que consagraba la función social de la propiedad privada: "La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.". En el artículo 40 establecía las pautas para expropiar -si fuera necesario- los bienes afectados a los servicios públicos, y fijaba las pautas para la indemnización en ese caso en particular.

Lo que se trataría de modificar ahora -entre otros- es el artículo 1 de la Ley 21499 (1977) que dice lo siguiente: "La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.". Su antecesora la Ley 13264 (1948) establecía en su artículo 1: "El concepto de utilidad pública comprende todos los casos en que se persiga la satisfacción de una exigencia determinada por el perfeccionamiento social.".

Similares conceptos contiene la Ley 7534 (1975) de Santa Fe en su artículo 1: "El concepto de interés general comprende todo aquello que represente o tienda a lograr una satisfacción material o espiritual para la colectividad.", y la Constitución provincial reformada el año pasado dice en su artículo 21 (que reproduce exactamente el artículo 15 de la Constitución de 1962): "La propiedad privada es inviolable y solamente puede ser limitada con el fin que cumpla una función social. El Estado puede expropiar bienes, previa indemnización, por motivos de interés general calificado por ley."

Hasta los tratados bilaterales de inversión (TBI) firmados en abundancia durante la década del 90' al calor de las reglas del Consenso de Washington dejaron a salvo la facultad expropiatoria del Estado; algo que solo podía ocurrírsele a este gobierno de ocupación colonial que padecemos, y lo dejó plasmado en la Ley 27742 (ley de bases), más específicamente en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, en el artículo 200 inciso b): "El Estado nacional garantiza a los VPU adheridos al RIGI: b) La plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al VPU toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional, o de jurisdicciones locales o extranjeras;...".

Es decir que el Estado les asegura a determinados inversores que jamás serán expropiados -ni por él, ni por las provincias ni por los municipios- aunque exista una necesidad pública que así lo justifique; pudiendo llegar incluso (está implícito en el texto) a usar la fuerza para impedirlo, o intervenir una provincia a esos fines, estirando los preceptos constitucionales de los artículos 5 y 6 CN (hasta violarlos) en beneficio exclusivo del capital extranjero.

Expresiones tales como "utilidad pública", "satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual", "perfeccionamiento social", "satisfacción material o espiritual para la colectividad" o "interés general" son los que en doctrina se conoce como conceptos jurídicos indeterminados, que el constituyente y el legislador dejan deliberadamente abiertos para poder captar en forma dinámica todas las situaciones que pueden presentarse a través del tiempo, y que imponen que el Estado actúe expropiando un bien particular, que son múltiples y variadas y van desde evitar que una fábrica abandonada o vaciada por sus dueños cierre y se pierdan puestos de trabajo (de hecho así se ha hecho en el caso de la mayoría de las fábricas recuperadas), o para retomar el control de la petrolera estatal y alinearla con los objetivos del país y el desarrollo nacional en materia energética; como hizo el gobierno de Cristina en 2012 con la Ley 26741; que habilitó la recuperación del control de YPF por el Estado nacional.

Esta última mención no es casual en éste post, pero tampoco -creemos- en éste momento y en relación al litigio que el Estado nacional sostiene en Estados Unidos contra el fondo buitre  Burford Capital, por la expropiación del 51 % del paquete accionario de YPF. Un litigio en el que la Argentina contó hasta con el apoyo de del gobiernos de los EEUU, que no hace más que defender su propia ley de inmunidad soberana de los Estados en su territorio, y su prevalencia sobre cualquier estatuto societario; que es lo que viene sosteniendo la Argentina desde el inicio del litigio, y que el fallo del tribunal de apelaciones yanqui acaba de convalidar, dándole la razón y revocando el fallo de la jueza Preska, que ordenaba pagar una indemnización colosal a los demandantes, y transferirles las acciones de la petrolera.

Si no estuviéramos en manos de un gobierno infiltrado en todas sus líneas por los agentes del capital financiero internacional, si de allí no proviniesen todos los principales funcionarios del Ministerio de Economía (y ahora también de la cancillería), si las políticas de éste gobierno no hubieran alentado el desembarco en el país de fondos especulativos como el propio Burford Capital que litiga contra Argentina por la recuperación de YPF para participar del festival de ganancias fáciles de la bicicleta financiera (y que acaba de recibir un fallo adverso para sus intereses, pero favorable para el país), si funcionarios de éste mismo gobierno (como el ex Procurador del Tesoro Castro Videla o el diputado Fargossi) no hubiesen estado vinculados al fondo litigante como abogados, si ese mismo gobierno no estuviera desesperado por rifar los recursos naturales del país y el patrimonio público para hacerse de dólares para pagar la deuda y si no estuviera tratando de evitar que los latrocinios y saqueos de hoy no puedan ser revertidos mañana por un futuro gobierno, uno podría pensar que cuestionar en éste momento la potestad expropiatoria del Estado o pretender disminuirla en su potencia jurídica sería pura casualidad.

Pero en éste contexto no puede ser sino otra cosa, amén de la demostración palmaria de que el presidente tiene severos trastornos mentales y vive en una dimensión paralela; tanto que dijo que expropiar está mal y es un robo (cuando se paga una indemnización), luego de un fallo de un tribunal del país del cual es siervo incondicional que dijo todo lo contrario. Tuits relacionados: 

martes, 1 de julio de 2025

EL COMODORO PY YANQUI

 

jueves, 23 de enero de 2025

VISIÓN ESTRATÉGICA

 

El discurso hegemónico instalado denosta a lo que denomina populismo por su inmediatez y falta de visión estratégica a largo plazo: según esa idea, el populismo sacrifica el futuro por un presente más o menos próspero, en el que gasta dispendiosamente los recursos para perpetuarse en el poder, sin importar lo que pase después. Por el contrario, ellos (los republicanos, el liberalismo, la derecha en fin) piensan en las futuras generaciones con una mirada que no se posa solo en el presente. De allí que -por ejemplo- siempre nos están exigiendo sacrificios ahora, diciéndonos que son imprescindibles para estar mejor, en un futuro venturoso que nunca terminan de definir: puede ser el segundo semestre, o dentro de 50 años.

Desde luego que la afirmación es falsa, de principio a fin, no solo porque esos futuros venturosos que nos prometen nunca llegan -en forma de un "derrame" que jamás se produce- y por supuesto, la culpa siempre la tendrá el populismo, que los interrumpe cuando están ejecutando su plan. O la sociedad, que no está dispuesta a sacrificarse hoy, para poder estar mejor mañana. 

Otra falsedad: basta recorrer nuestras últimas campañas electorales para advertir quienes prometieron soluciones mágicas a problemas complejos, o quienes dijeron que no iban a exigir sacrificios, no al menos a la mayoría de la sociedad sino a ciertos sectores, brumosamente definidos en tiempos recientes como "casta".  

Ni hablar que la derecha no tiene -ni quiere tenerla- una mirada estratégica de largo plazo, en términos de proyecto de país: decíamos hace poco en ésta entrada: "Ahora (y desde hace mucho tiempo) solo hay voracidad capitalista desenfrenada, ausentismo y fuga: intelectual, de compromiso social, de capitales, de inversiones, de la propiedad de las empresas. Solo importa extraer, explotar, valorizar y fugar tanto como se pueda y tan rápido y profundo como los dejen, y no mucho más. La política de tierra arrasada de los que -en palabras de Capusotto- se sienten los dueños de un país que odian, política de la que Milei es apenas el maleable instrumento político, legitimado por el voto ciudadano.".

Y dos ejemplos recientes vienen a demostrarlo: la explotación de los recursos gasíferos y petroleros de Vaca Muerta, y el desarrollo de la energía nuclear. En ambos casos el denostado populismo durante los gobiernos kirchneristas supo ver más allá de la coyuntura, planificando a futuro para un país en grande, que fuera algo más que una granja colonial extractiva.

Durante 2006 en el gobierno de Néstor y con la inspiración de Julio De Vido, ", que contemplaba finalizar la planta nuclear Atucha II, que había sido empezada en 1980 (concluida durante el kirchnerismo), investigar la viabilidad de la construcción de una nueva planta nuclear, que sería la cuarta para Argentina (para lo cual se consiguió luego financiamiento chino), extender la vida útil de la planta nuclear Embalse (ya cumplido), construir un prototipo de reactor Carem, una planta nuclear de baja potencia de cuarta generación (desarrollada luego y  exportadas a diferentes países), poner en marcha la de la Planta de producción de agua pesada ubicada en la provincia de Neuquén, reanudar las actividades de enriquecimiento de uranio en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu firmar un acuerdo entre CNEA y las empresas Bacon y Tecnonuclear por el cual se entregaran radioisótopos en forma gratuita a varios hospitales públicos para el uso en pacientes de recursos escasos (se montaron centros de medicina nuclear).

Ya en el gobierno de Cristina en 2009, la Ley 26.566 amplió los objetivos del plan nuclear incluyendo las obras tendientes a la finalización de la construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear Atucha II (construida luego y hoy en funciones), al proyecto de extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I (concluido y comenzado en 2019 el segundo ciclo de vidas de 30 años), y a la construcción de toda otra central nuclear cuya ejecución le sea encomendada a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), para lo cual como se dijo se buscó y obtuvo financiamiento chino.

Todos estos desarrollos fueron concretados o se encontraban en marcha cuando asumió este gobierno, que detuvo el proyecto CAREM y las obras en Atucha, y despidió trabajadores (incluidos profesionales capacitados) de la CNEA y Nucleoeléctrica Argentina, que estuvo incluida en la nómina de empresas a privatizar. Hasta que en uno de los viajes de negocios de Milei a EEUU descubrieron que la energía nuclear podía servir para las criptomonedas y todas cuestiones que los seducen; y de inmediato se lanzaron a anunciar un "plan nuclear" (como si nunca antes en el país hubiera existido algo así), encomendado a un oscuro asesor presidencial que debe creer que el atómo es una pomada antihemorroidal.

La historia de Vaca Muerta es más conocida: después de años de desinversión y vaciamiento en manos del grupo Repsol, en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina y bajo su inspiración, con Axel Kicillof como ministro de Economía, se resolvió que el Estado recuperara el control mayoritario de YPF para convertirla en la punta de lanza del esfuerzo nacional por alcanzar el autoabastecimiento petrolero. La Ley 26741 (que avaló la expropiación del 51 % del capital social de la empresa) en su artículo 1 declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina "...el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.". 

En el artículo 3 de la misma ley se establecieron como principios de la política hidrocarburífera "La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas; la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales; la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo; la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en la República Argentina con ese objeto; la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado; la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos y la obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras.".

Con precisión quirúrgica para hacer destrozos, este gobierno que ahora se vanagloria de los récords de producción de Vaca Muerta (en lo que sobresale YPF) derogó a través de la ley bases ese artículo 1° de la Ley 26741, y mutiló el artículo 3 para garantizarles a las petroleras la absoluta libertad de precios y cupos exportables, y aprobó el RIGI que es un saqueo institucionalizado de los recursos naturales del país, sin exigirles a los inversores (a los que se les conceden todo tipo de facilidades y privilegios) compromisos en materia de integración de cadenas de proveedores locales, metas de abastecimiento al mercado interno como condición para exportar, o liquidación de las divisas en el país para ayudar a superar la restricción externa que condiciona nuestro desarrollo, y que fue el disparador de la recuperación estatal de la petrolera durante el gobierno de Cristina.

Eso sin dejar de señalar que en la fallida ley ómnibus y nuevamente en la primera versión de la ley bases, este mismo gobierno colonial que hoy tenemos trató de volver a privatizar la empresa, como si no hubiéramos tenido bastante con la nefasta experiencia menemista en esa materia como en otras (Aerolíneas por ejemplo). 

domingo, 10 de septiembre de 2023

Y PÉGUELE FUERTE

 

Siguiendo el enlace del tuit de apertura de Axel llegan al texto completo de su posteo, a propósito del fallo de una jueza de Nueva York por la expropiación de YPF en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina. Allí está lo central que hay que entender del tema, y no nos vamos a repetir.

A esta altura del partido no debería sorprender la reacción en cadena de la oposición en modo cipayo, incluida la UCR que en 2008 votó a favor de la expropiación, porque hacerlo en contra hubiera demasiado, hasta para ellos, arrastrados como son. Hoy cuestionan el modo en que se expropió o el acuerdo con Repsol, cuando el modo lo votaron a favor, y el fallo trata de un reclamo de un fondo buitre que compró el juicio a otros accionistas, que no son el grupo español.

Tal como lo señala Axel Kicillof, el fallo  es absurdo por donde se lo mire, porque supone tanto como admitir que un Estado no puede ejecutar un acto propio de su soberanía como tal, como calificar algo como de utilidad pública y expropiarlo; con la sola salvedad -que establece la Constitución- de indemnizar a sus propietarios por la privación del dominio. Hasta los propios TBI(Tratados Bilaterales de Inversión) firmados en la oprobiosa década del 90' dejan a salvo esa facultad.

Pero ésta disputa es todo menos jurídica, y solo en el país más bizarro del mundo en temas judiciales (más incluso que nosotros, lo que es mucho decir) como los EEUU, puede concebirse un fallo así, de la jueza que sucedió a Griesa.

La discusión es para que queremos a YPF, o mejor aun, que país queremos y que rol juega en él la petrolera estatal: o tenemos soberanía nacional para el desarrollo, la independencia económica y la justicia social, o somos una colonia extractivista cuyos destinos deciden otros fronteras afuera, en las que esas metas no pueden ni siquiera plantearse.

Hace un tiempo cuando se cumplieron los 100 años de la creación de la petrolera estatal, reseñábamos brevemente su historia en ésta entrada, cuya relectura recomendamos.

Decíamos entonces: "YPF es una metáfora del país, en la que están contenidas todas las Argentinas posibles, sea una con desarrollo, industria, tecnología, empleos de calidad con buenos salarios y desarrollos sectoriales y regionales agregados; u otra que simplemente extraiga nuestras riquezas naturales sin otra perspectiva que llevárselas afuera, sin dejar nada a cambio.".

Lo segundo es lo que venía haciendo por años el grupo Repsol, hasta que Cristina decidió la expropiación del 51 % del paquete accionario, que votó el Congreso con la Ley 26741. Y eso es a lo que propone volver la oposición, donde algunos (como Milei ) proponen incluso volverla a privatizar. Eso hay que discutir, y no las sandeces de una jueza yanqui que equipara a un Estado soberano con un grupo de tahúres de las finanzas, en desmedro del Estado soberano.

Tuits relacionados:  

sábado, 4 de junio de 2022

100 AÑOS DE UNA METÁFORA DE LA ARGENTINA

 

Se cumplieron ayer 100 de la creación de YPF por Hipólito Yrigoyen en los meses finales de su primer gobierno. La empresa petrolera que es (o era) la empresa más grande del país, que el país volvió a controlar por decisión de Cristina hace 10 años y que es (en más de un sentido) una metáfora de la Argentina. Y si no nos creen, repasemos los hitos fundamentales de su historia, que son el, parte los del país. (Léase como si lo hiciera Lalo Mir).

Yrigoyen la crea y pone al frente a Enrique Mosconi, un militar, de la línea de San Martún, Savio y Perón. Alvear lo sostiene en el cargo, en el que desempeña una patriótica gestión, y lo mismo Yrigoyen en su segundo mandato, que termina en 1930 con un golpe de Estado que Waldo Frank llamó "con olor a petróleo", porque el presidente estaba a punto de conseguir en el Congreso los votos necesarios para nacionalizar el petróleo, la otra medida trascendente y complementaria de la creación de la petrolera estatal.

Después de la "Década Infame", el golpe juniano y el 17 de octubre, llega el peronismo al gobierno y en 1949 reforma la Constitución nacionalizando en su artículo 40 -entre otros recursos- los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía con excepción de las vegetales. YPF alcanza los mayores niveles de producción de su historia, pero aun así, un país que crecía no podía lograr el autoabastecimiento petrolero. No obstante, Perón logró lo que Yrigoyen no pudo, en el punto más alto del poder popular en la Argentina.

En 1955 el gobierno inicia tratativas con la California, una subsidiaria de la Standard Oil, para que extrajera petróleo en Santa Cruz, por cuenta y orden de YPF. Es una de las excusas (junto con el conflicto con la Iglesia) que los gorilas utilizan para organizar el golpe contra Perón: los comandos civiles de lo que sería luego la Fusiladora reparten la conferencia de Silenzi de Stagni (profesor de Minería en la UBA) impugnando el contrato, y Arturo Frondizi (entonces en la UCR) escribe su libro "Petróleo y política", propugnando el monopolio fiscal de la explotación.  

Caído Perón, la historia sería muy distinta: el gobierno militar derogó por un decreto de Aramburu la Constitución del 49', y con ella cayó la nacionalización del petróleo. Frondizi sucedería en el poder a la Libertadora, y pese al pacto con Perón se tragó -como decía Jauretche- su propio libro, y lanzó la "batalla del petróleo", firmando contratos mil veces más leoninos que el que le impugnaran a Perón, para que empresas extranjeras extrajeran nuestro petróleo. Años más tarde y en otro gobierno surgido en el contexto de la proscripción del peronismo, Illia los anularía.

La dictadura militar del 76' puso al frente de YPF a Suárez Mason, uno de los genocidas más infames de ese régimen  infame, quien se encargó concienzudamente de vaciarla y endeudarla hasta casi quebrarla en línea con la política económica de Martínez de Hoz, cumpliendo así la regla de hierro de los golpes de Estado en el país con la excepción del de 1943: los dan los pretendidos nacionalistas, para que los terminen aprovechando los pretendidos liberales.

Vuelta la democracia, el alfonsinismo claudicante en sus horas postreras tuvo su "Plan Houston" pergeñado por Terragno, el proto-menemista y llegamos a Menem, y el período más oscuro en la historia de YPF: privatizada en 1992 (con el apoyo de las provincias petroleras, incluida la Santa Cruz de Kirchner) y desnacionalizada en 1998, cuando el Estado nacional cedió aun más control de la empresa a los capitales extranjeros, a través del grupo español Repsol. El proceso de entrega se profundizó gracias a la provincialización de los recursos naturales en la reforma constitucional de 1994 (artículo 124 de la Constitución), y la entrega de la "acción de oro" del Estado nacional en la petrolera, por parte de De La Rúa y a manos de Repsol.

Después de años de vaciamiento por los españoles, Cristina tomó en 2012 la histórica decisión de recuperar para los argentinos el control mayoritario de YPF, lo que se concretó con la Ley 26741 de soberanía hidrocarburífera; a la que el entonces Jefe de Gobierno porteño y luego presidente Mauricio Macri, se opuso enfáticamente, y los legisladores del PRO votaron en contra. Con el Estado de nuevo al comando de YPF, la empresa recuperó el rol que nunca debió perder, el de la nave insignia del desarrollo petróleo e industrial en el país, en la búsqueda del autoabastecimiento energético.

Hasta que llegó Macri, con su extraño capitalismo que destruye el valor de las empresas para abaratarlas y que las compren sus socios y amigos: si él y Aranguren no lograron volver a privatizarla fue porque no pudieron, no porque no quisieran. Y llegamos al presente, donde conviven en YPF todas las ambigüedades y contradicciones del FDT: lidera la producción y comercialización de gas, petróleo y combustibles en el país como en sus mejores tiempos, pero también los aumentos de precios para el mercado interno que alimentan la inflación, cuando conducida por el Estado debería ser un factor de estabilización.

Genera divisas que necesitamos para sostener el crecimiento, pero se coaliga con las petroleras privadas para conseguir (con éxito) que el gobierno les permita disponer libremente de ellas, esperemos que en su caso realmente para adquirir equipos para aumentar la producción, y no como subterfugio para la fuga de capitales. Y si su valor ha descendido -como señalan los macristas, eludiendo sus responsabilidades en ello- ¿no sería una buena oportunidad para intentar recuperar el 49 % restante de su capital accionario, en lugar de regalarles dólares a Paolo Rocca y los vivos de siempre, o a las empresas para "que limpien sus balances" de supuestas deudas como dijo Guzmán? 

Porque como dijimos, YPF es una metáfora del país, en la que están contenidas todas las Argentinas posibles, sea una con desarrollo, industria, tecnología, empleos de calidad con buenos salarios y desarrollos sectoriales y regionales agregados; u otra que simplemente extraiga nuestras riquezas naturales sin otra perspectiva que llevárselas afuera, sin dejar nada acambio.

En estos 100 años, su creación por Yrigoyen, la nacionalización de los recursos que explota por Perón y la recuperación de su control por Cristina (sin lo cual no estaríamos hablando del potencial de Vaca Muerta, o de las posibilidades de aprovecharlo) son los hitos fundamentales. Lo cual da una idea del privilegio que hemos tenido de ser sus contemporáneos. Tuits relacionados:   

jueves, 17 de junio de 2021

RECURSOS ESTRATÉGICOS

 


Leemos en La Política Online: "Un proyecto de ley del diputado del Frente de Todos Marcelo Koening declara el litio como "recurso estratégico nacional" y le arrebata el control a las provincias, motivo de rechazo de Cambiemos que manifestó su "profunda preocupación" a través de un comunicado.".

"En diálogo con radio Gráfica, sostuvo que si su proyecto no prospera  Salta, Jujuy y Catamarca, las provincias con reservas de litio, lo dilapidarán. "Ahora negocian con empresas multinacionales que dejan menos del 5% de las ganancias, y el resto se lo llevan". "Bolivia, Chile y Argentina tienen, cerca del 60% de las reservas de litio en el mundo. Es como si fuéramos Arabia Saudita, Venezuela e Irán juntos. Todo este caudal puede ser una condena o una gloria", celebró.".

"En su proyecto no excluye a las provincias, pero las ubica como parte de una comisión justo al Estado nacional y el sistema científico técnico argentino, para que "entre lo tres decidan quien, cómo y para qué es el litio, no sea llevado afuera y pueda ser industrializado en la Argentina". "La segunda etapa es elaborar un proyecto de industrialización en origen, para que los recursos y el trabajo que se genere beneficien a las provincias. Y el tercer paso constituirnos en un productor de electromovilidad, de autos, camiones y micros, que no solamente puedan proveer a la demanda nacional. Ya tiene fecha de vencimiento el combustible fósil. Los autos eléctricos necesitan el litio para acumular ésta energía", destacó Koening.".

El diputado comparó su proyecto al sistema que utilizó Evo Morales en Bolivia, donde llegó a presentar un modelo de auto con baterías propias, pero a Cambiemos no le convence y a través de un comunicado recordó que el artículo 124 de la Constitución "delega en las provincias el control de los recursos naturales de su territorio".". 

En medio del reñidero de gallos en que se convierte la mayor parte del tiempo la política nacional, con una oposición bizarra en sus planteos e inverosímil en su agenda, no deja de ser auspicioso que se discutan cuestiones como éstas, de carácter estratégico. Como tampoco deja de ser auspicioso que desde sectores del FDT (aunque no sea el propio Poder Ejecutivo)  se sostenga una mirada de largo plazo y estructural sobre las perspectivas de desarrollo nacional, con los recursos con los que el país cuenta.

Ayer nomás lo celebrábamos en ésta entrada en relación con la revisión de la política de privatizaciones del macrismo en materia energética, y así como cuestionamos que no se tomen medidas en el mismo sentido en otros frentes como la hidrovía, fue importante que el Estado nacional capitalizara sus acreencias en IMPSA (la constructora de turbinas  de Pescarmona) para tomar su control: esas son las cuestiones en las que hay que poner la mira, y no tanto en las operaciones mediáticas cotidianas, o los desvaríos de la oposición.

Es cierto que para poner definitivamente bajo control del Estado nacional los recursos naturales de carácter estratégico (y el litio sin dudas lo es), es necesario una reforma constitucional. Al respecto decíamos tiempo atrás en ésta entrada: "Revisar la cláusula del artículo 124 que asigna el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, en especial en el caso de los hidrocarburos y todos los que pueden ser utilizados como fuentes de energía o revisten carácter estratégico (lo que no comprende necesariamente a los derivados de la minería); volviendo su dominio al Estado nacional con un porcentaje mínimo de participación de las provincias en su producido, establecido por la propia Constitución.".

Todos recordamos más o menos la Constitución de 1949 (que José Pablo Feinmann llamó con acierto "la expresión jurídica del mayor grado de poder popular alcanzado en nuestra historia"), cuyo artículo 40 señalaba en su parte pertinente: "Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.".

Como ven, la Constitución del primer peronismo iba incluso más allá (algo que deberían recordar los cultores del "federalismo" sin visión nacional), al poner todos los recursos naturales bajo el dominio y jurisdicción del Estado nacional, con clara conciencia, precisamente, de su carácter estratégico para la vida de un país. 

Su manejo con sentido y visión nacional supone desarrollo, industrialización, valor agregado, conocimiento científico asociado, desarrollo de cadenas de proveedores locales y no la simple explotación del recurso, a cambio de las regalías. No se trata de un problema de falta de voluntad de los gobiernos provinciales para avanzar en ese sentido -de hecho algunos lo han hecho-, sino de la escala de los actores con los que deben interactuar; como bien señala el diputado Koening.  

En paralelo con el proyecto sobre el litio a que hace referencia la nota, se supo que YPF resolvió en reunión de directorio constituir YPF Litio S.A., una empresa controlada por la petrolera de mayoría accionaria estatal para participar del proceso de explotación del llamado "oro blanco". Como fuere, alguna forma de participación del Estado nacional en el manejo de un recurso tan importante con proyección a futuro es algo que merece por lo menos debatirse, sin rechazarlo de plano con el solo argumento del federalismo, que suele esconder la defensa de otros intereses.  

martes, 9 de febrero de 2021

TIRAMOS UNA IDEA

 


Uno de los hechos que mas repercusiones negativas generan para la imagen del gobierno son, sin dudas, los constantes aumentos de combustibles en los que YPF lleva la delantera: no solo golpean al bolsillo de la gente e incrementan los costos de producción y transporte de los bienes conspirando contra el objetivo de bajar la inflación, sino que suman argumentos a los que en su momento se opusieron a que el Estado retomara el control de la petrolera; pues entonces se dijo que uno de los fines era que sirviera para fijar precios testigos en el mercado de los combustibles (claro que no a la alza, precisamente).

Entre los argumentos que se aducen para justificar los aumentos (en la gestión de Nielsen y en la actual también)  se señala que YPF necesita de modo urgente "cash" (flujo financiero) para poder adquirir las divisas que le demandará atender los compromisos de la abultada deuda en dólares que le dejó el macrismo, y que por estas horas está tratando de reestructurar con sus acreedores.

Como única petrolera totalmente integrada que hay en el país (desde el pozo al surtidor de la estación de servicio), YPF recibe buena parte de sus ingresos habituales del "downstream", es decir el proceso posterior a la extracción del petróleo, pasando por su refinamiento y procesamiento, para llegar a la producción de combustibles y lubricantes, y su comercialización, sobre todo en el mercado interno.

La petrolera controlada por el Estado tiene además su propia red de estaciones de servicio distribuidas en todo el país, que opera a través de Opessa, una sociedad controlada; y otorga la licencia para el uso de la marca a otras operadoras, de las cuáles la más conocida es el Automóvil Club Argentino (ACA).  

Al respecto y como marca el tuit de apertura, leemos en La Política Online que Axel Kicillof firmó un acuerdo con YPF para implementar en la flota de vehículos oficiales de su provincia el sistema YPF Ruta para el control del consumo de combustible, mientras avanza en la Legislatura provincial un proyecto de ley para que las unidades oficiales solo adquieran naftas, otros combustibles y lubricantes en la petrolera estatal. 

En su momento, lo mismo había dispuesto Cristina para los vehículos del Estado nacional, mediante el Decreto 1189/12, dictado al poco tiempo de expropiar el 51 % de las acciones de YPF que estaban en manos del grupo Repsol (el decreto completo acá en el Boletín Oficial)

Antes de eso y por el Decreto 204/04, Néstor Kirchner había modificado el reglamento de contrataciones del Estado nacional, permitiendo realizar en forma directa "Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del Estado Nacional entre sí o con organismos provinciales, municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también con las empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado, siempre que tengan por objeto la prestación de servicios de seguridad, logística o de salud. En estos casos, estará expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato."

Se trata ni más ni menos que un uso inteligente de los recursos del Estado, y de su poder de compra. Las normas del "compre estatal" sufrieron los mismos avatares que las del "compre argentino": se impulsan en los gobiernos populares, se derogan o simplemente ignoran durante los gobiernos del neoliberalismo, como ocurrió con el Decreto 1189/12 durante el gobierno de Macri.

Así sucedió acá en Santa Fe por ejemplo con la Ley 5356 sancionada en 1961, cuyo artículo 12 que establecía la obligación de los vehículos oficiales de comprar combustibles y lubricantes de YPF fue derogada en 1992 por la Ley 10933.

Hoy, la Ley 12510 aprobada en 2005 dice en su artículo 116 inciso c) apartado 6. que se puede contratar directamente "Entre organismos oficiales del sector público nacional, provincial o municipal, debiendo cumplirse el requisito de probada conveniencia sobre la media del mercado;...". Pero nada obsta a que se demuestra que YPF cumple con ese estándard, sea por precios o por poseer la red de estaciones de servicio más extendida del país, y en el territorio de cada provincia.

domingo, 24 de enero de 2021

¿QUÉ HACEMOS CON YPF?

 


Después del fracaso de la "argentinización" ensayada en el gobierno de Néstor Kirchner con el ingreso de Eskenazy, el kirchnerismo decidió recuperar el control de YPF en 2012, en el segundo mandato de Cristina y con la sombra de la restricción externa encima: las importaciones de combustibles pesaban demasiado en la balanza comercial e insumían dólares cada vez más escasos; y la necesidad de recuperar el autoabastecimiento energético era crucial

Para eso controlar la petrolera estatal era clave, porque era la herramienta destinada a liderar el esfuerzo para lograr ese objetivo. Con esa idea, el Estado se hizo con el 51 % de las acciones desplazando al grupo Repsol del comando de la empresa, y puso al frente de la misma a Miguel Galuccio. Por primer vez en años, YPF recuperaba inversión y producción, y participación perdida en el mercado.

Con la venida del macrismo y pese a que la energía estaba entre los sectores "estrella" de su modelo económico, YPF siguió la suerte de la mayoría de las empresas del país: aun en un contexto de dolarización de tarifas (y en lo que a ella toca, de los precios del gas en boca de pozo) perdió estrepitosamente y en forma constante valor de libros y de capitalización. 

Sus acciones se desplomaron y Aranguren (ex competidor en el mercado como CEO de Shell) soñaba con reprivatizarla; mientras contraía una pesada deuda en dólares-siguiendo en eso al modelo económico en su conjunto-, mientras por ejemplo le otorgaba un préstamo de 140 millones de dólares a Pampa Energía (por entonces en manos de Marcelo Mindlin) para comprar Petrobras Argentina. Mientras, el gobierno ponía más empeño en subsidiar las actividades de Tecpetrol (la empresa petrolera del grupo Techint) o CGC (Compañía General de Combustibles, de Eurnekián), que en proyectar su propia petrolera. 

A más de 13 meses de gobierno del "Frente de Todos" y con la pandemia (que afectó las actividades e ingresos de las petroleras en todo el mundo) como ominoso telón de fondo, no está muy claro hacia donde va YPF, o hacia donde quiere el gobierno que vaya. El despido de Guillermo Nielsen (insólitamente compensado con un exilio dorado en Arabia Saudita) era una medida necesaria e imprescindible; pero no es ni por asomo todo lo que se necesita para encauzar el rumbo de la gestión de la petrolera estatal.

Precisamente a raíz de reclamar del despido de Nielsen, recordábamos nosotros en ésta entrada los principios e ideas bajo los cuales Cristina decidió, con la Ley 26741 aprobada en su segundo mandato, retomar el control de la petrolera. Controlar YPF no es solo manejar la principal empresa petrolera y -al menos hasta el desastre macrista- una de las principales empresas del país, si no la mayor.

Supone contar con una herramienta estratégica para desarrollar una política energética en manos del Estado nacional, en un terreno cedido en los 90' a los intereses privados, y fragmentado en el poder de decisión público con la provincialización de los recursos naturales establecida en la reforma constitucional de 1994.

Una herramienta que permitiría además desarrollar esquemas de conformación de cadenas de proveedores, desarrollos científicos y tecnológicos de avanzada e imponer -por el peso de su participación en el mercado- precios testigos de los combustibles compatibles con las posibilidades adquisitivas de la población, y con la razonabilidad de los costos de producción de la economía en general. Y generar, como no, divisas genuinas vía exportación para contribuir a superar la restricción externa.

Hoy YPF está muy lejos de hacer todo eso -de hecho, está demandando 400 millones de dólares para hacer frente a los compromisos de su deuda reestructurada, contraída durante el macrismo- y para el Estado nacional parece un apéndice molesto en el que, por ejemplo, no le interesó aprovechar las operaciones especulativas contra el valor de sus acciones para avanzar sobre el 49 % que permanecen en empresas privadas. De Nielsen y su desastrosa gestión, se puede decir que -a tono con el fetiche oficial de la "salida exportadora- nunca tuvo en la mira nada más allá del aprovechamiento de los recursos de Vaca Muerta, sin siquiera procurar incrementar la producción en otras áreas. 

Aunque tenga una forma jurídica de sociedad anónima -compatible además con las exigencias de un mercado competitivo como el petrolero- y mal que le pese al ministro Guzmán que la definió como una "empresa privada con el 51 % del capital en manos del Estado", YPF es nuestra, es de todos y la controla el Estado argentino; en conjunto con las provincias petroleras que están obligadas a acompañar sus decisiones por el pacto de sindicación de acciones que estableció Cristina en el diseño de la expropiación allá en el 2012.

Y reclama definiciones a tono con esa condición para hacer -como se pensó cuando se la creó, hace más de un siglo, y cuando el Estado retomó su control, hace menos de una década- su aporte decisivo al desarrollo nacional. Esperemos que la nueva gestión suponga más que un mero cambio de nombres, y vuelva a poner a YPF en ese sendero, del que nunca debió salir. Tuits relacionados: 

martes, 29 de diciembre de 2020

BASTA DE GORILAS LIBERALES EN EL GOBIERNO

 


Cuando el Estado nacional decidió recuperar el control de YPF expropiando el 51 % de sus acciones, el artículo 16 de la Ley 26741 que así lo dispuso estableció lo siguiente: "La gestión de los derechos accionarios correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, por parte del Estado nacional y las provincias, se efectuará con arreglo a los siguientes principios: a) La contribución estratégica de YPF Sociedad Anónima al cumplimiento de los objetivos de la presente; b) La administración de YPF Sociedad Anónima conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos; c) El gerenciamiento de YPF S.A. a través de una gestión profesionalizada.".

Eso suponía -y supone- que los objetivos perseguidos (según el artículo 1º de la misma ley: "...el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.") al retomar el control estatal de la petrolera no eran incompatibles con una eficiente gestión empresarial de la misma, y con que su conducción estuviera en manos de una gerencia o dirección profesional, y especializada: no se trataba simplemente de colocar a miembros de la Cámpora en el directorio, y listo.

Pero esa gestión profesional debía estar siempre subordinada a los objetivos señalados, y al hecho de que es el Estado el accionista mayoritario de la compañía, con todo lo que ello implica. Por ejemplo que si bien ésta no está destinada forzosamente a perder plata ("preservando los intereses de los accionistas y generando valor para ellos"), su único objetivo no es maximizar ganancias, o que le cierren los números.

Durante el macrismo, esa rara forma de gobierno de empresarios meritocráticos que terminó destruyendo el valor de las empresas, YPF siguió más o menos el derrotero de muchas grandes compañías del país: su valor de libros, patrimonial y bursátil cayó drásticamente medido en moneda dura, y estuvo muy lejos de ser -como se había pensado al recuperar el Estado su control- una herramienta estratégica clave para el desarrollo del país.

Lamentablemente y transcurrido hasta acá más de un año de mandato del gobierno del "Frente de Todos", no se puede decir que hayamos avanzado mucho en dirección a revertir ese proceso -reconociendo, sí, las dificultades que como en todo crea la pandemia-; cosa por otro lado esperable si aun subsisten cargos de los mandos gerenciales medios en manos de quienes designó el macrismo, y al frente de la empresa colocamos a alguien como Guillermo Nielsen, que no es precisamente lo que se diga de lo más representativo del pensamiento nacional y popular.

Alguien a quien por ejemplo el propio presidente debió desautorizar en un par de oportunidades obligándolo a retrotraer aumentos de combustibles (aunque en muchas otras lo haya convalidado, sin que sepamos a ciencia cierta cuáles son los beneficios que esos aumentos suponen), y que hace unos días pretendió justificar la insólita compra en Pakistán de las pelotas de la promoción del Serviclub (repitiendo así lo que hizo el macrismo en su momento, pero con China), diciendo que en el país no se fabricaban pelotas perfectamente esféricas, o que picaran bien.

O que ahora decide, de modo unilateral e inconsulto como si fuera una inmobiliaria o un desarrollador del "real state", vender el predio de su propiedad en el que tiene su sede la Universidad Nacional Arturo Jauretche; que dicho sea de paso -acaso Nielsen lo ignore, o lo sepa y no le importe- tiene una carrera de Ingeniería en Petróleo, es decir, forma mano de obra calificada para la industria.

No puede durar un minuto más al frente de la principal empresa pública del país -y hasta no hace mucho la empresa más grande de él, sin distinción entre públicas y privadas- alguien que expresa con sus actos una visión ideológica completamente contrapuesta con lo que la gente votó al votar el año pasado al "Frente de Todos". 

No importa a esos fines si se termina dando marcha atrás con la venta de la sede de la Universidad AJ: Nielsen para no entender para que está puesto allí, y cree que su función es ahorrarse unos pesos comprando pelotas importadas, o hacerse de unos mangos vendiendo un terreno, en ambos casos además por cifras irrisorias, en el contexto del volumen de negocios de YPF. ¿O acaso pensará Nielsen -como pensaban los macristas- que hay demasiadas universidades públicas, en especial en el conurbano? 

Es un contrasentido que el Estado (o el gobierno) que piensan invertir 800 millones de dólares en el tren de Vaca Muerta cuyo principal beneficiario sería el Grupo Techint a través de Tecpetrol ande pichuleando monedas con su petrolera, en perjuicio de la industria nacional o las universidades públicas.

Se trata de algo más profundo y complejo, y de naturaleza política: no estamos antes jueces y otros funcionarios que gozan de inamovilidad o deben ser removidos por juicio político o algún otro procedimiento complejo: fue designado por éste gobierno, haciendo uso de su mayoría accionaria, y es éste mismo gobierno el que lo debe remover. Ya, ayer, como gesto aleccionador.

Sin pruritos nostalgiosos por sus supuestos méritos en el canje de deuda del 2005 (en el que, por cierto, no fue la experticia técnica suya o de Lavagna sino la voluntad política de Néstor Kirchner las que determinaron el éxito final), ni en los padrinazgos políticos por los que pudiera haber llegado a su cargo, sean éstos de Sergio Massa, o el del propio Lavagna, que por lo demás por estas horas salió a tirarle con munición gruesa al gobierno. 

Se trata en síntesis no sólo de enderezar el rumbo de una errática gestión de YPF -finalidad que por sí sola justificaría el despido-, sino de reafirmar la propuesta política e ideológica (aunque a muchos la palabra les cause escozor) que votó el 48 % de los argentinos, y la autoridad presidencial. Tuits relacionados: