SE LA DEJAMOS SERVIDA

 

PAÍS CÓMODO
Hoy empezaron a llegar desvinculaciones (usemos el lenguaje del enemigo por un momento) de trabajadoras y trabajadores del estado nacional.
En la Administración Pública se los conoce como “los Artículo 9” y hace referencia a ese artículo de Ley 25.164.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Una vez que uno gana el concurso y se cumplió el año y supongamos que las autoridades validan el pase a planta, esa persona pierde la antigüedad. Es decir, es como que recién empieza en la administración pública (no a los fines de aportes previsionales).

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Estos muchachos que nos gobiernan los están notificando por mail (hay que agradecerles ese gesto) porque ni siquiera haría falta. Fin del contrato y a su casa. Ni hace falta una carta documento para estos despidos.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

¿Cuándo decíamos volver mejores esto no estaba incluido? ¿Por qué cuando somos gobiernos no garantizamos los derechos como corresponde? ¿Por qué tanta desidia si nos cansamos de repetir que somos el partido que mejor representa a la clase trabajadora?

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Recuerdo esto: “¡Claro que dejo un país incómodo para los dirigentes!”, decía Cristina en su último mensaje a la Asamblea Legislativa, y todos nos emocionamos, pero pocos entendieron que ese era el camino que debíamos tomar a la vuelta.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Se le dijo al Presidente que tenía que usar la lapicera y no lo hizo. Alberto le dejó el camino muy fácil a Milei para que haga todo lo que está haciendo.
Cuando volvamos no tenemos que ser tan PELOTUDOS porque lo de hoy también, un poco, es culpa nuestra.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

La Ley 24185 de paritarias en el sector público nacional es de 1992, gobierno de Menem, con Gustavo Béliz como Secretario de la Función Pública. La Ley 25164 (ley marco del empleo público) es de 1999, finales del segundo mandato del riojano. Ninguna de ellas fue modificada desde entonces. Béliz (recordemos) fue funcionario de Néstor Kirchner primero, y andando los años, de Alberto Fernández después.

La reglamentación de la Ley 25164 fue aprobada por el Decreto 1421/02 (gobierno de Duhalde) y recién fue modificada en el 2016 por Macri. El Convenio Colectivo General del sector público fue aprobado durante el gobierno de Kirchner por el Decreto 214/06, y tuvo desde entonces varias modificaciones.

El denominado SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa) que establece el escalafón de los empleados de la Administración Pública Nacional fue aprobado por el Decreto 993/91 (gestión Menem-Béliz), y recién fue reemplazado pero por un sistema similar por el Decreto 2098/08 durante el primer mandato de Cristina, a partir de un acuerdo en paritaria con los gremios estatales ATE y UPCN.

Cuando le faltaban dos semanas para terminar su gobierno en 2019 y ya sabría que no sería reelecto, Macri dictó el Decreto 788 creando lo que dio en llamar la "Alta Gerencia Pública", un régimen de funcionarios VIP de planta permanente, con sueldos de privilegio y menores exigencias para el ingreso y la promoción que el resto de los empleados. 

Apenas asumido Alberto lo suspendió por el Decreto 36/19, esa suspensión fue prorrogada y después de muchos vericuetos y al igual que pasó con el SINAPA, el Decreto 191/23 lo reemplazó por un sistema similar, que debería empezar a regir en junio de éste año. Todos estos cambio (y el propio decreto de Macri) se sustentaron en acuerdos paritarios logrados entre el gobierno y las entidades gremiales.

Esta larga introducción viene a cuento de contextualizar lo que bien apunta el compañero Sergio Delfino en los tuits de apertura del post: en todo éste proceso y en relación al empleo público nacional hubo más continuidades que rupturas con el pasado, y -esto lo agregamos nosotros- profundizar en cambios en estos asuntos nunca estuvo en el radar de los gobiernos kirchneristas, a menos que esos cambios fueran motorizados por los sindicatos. 

Quizás por temor a incursionar en temas asociados a la agenda de la derecha (como la reforma del Estado, que suena a ajuste, despidos y privatizaciones), o porque había otras urgencias que atender, pero pasó, y hay que hacerse cargo de las consecuencias. Porque de esa política de parches (que hemos apuntado acá varias veces siguió el kirchnerismo en otros rubros, como los servicios públicos) devienen muchos de los problemas actuales, que le permiten a Milei avanzar en su "plan motosierra" sin mayores obstáculos.

Que es lo que está pasando en estos días con la ola de despidos en el Estado nacional, fundamentalmente de personal contratado, sea porque no se les renuevan sus vínculos una vez vencidos, o porque aun estando vigentes se los despide porque carecen de estabilidad.

En efecto, el artículo 9 de la Ley 25164 dice respecto al personal contratado que "El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. El personal contratado en esta modalidad no podrá superar en ningún caso el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo de trabajo, el que tendrá directa vinculación con el número de trabajadores que integren la planta permanente del organismo.".

Su reglamentación aprobada por el artículo 9 del Decreto 1471/02 indica que "El régimen de contrataciones comprende la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias, y estará sujeto a las siguientes previsiones: a) El personal será afectado exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio o estacional, que resulten necesarias para complementar el ejercicio de las acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o entidad descentralizada. Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de servicios, asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de trabajo y/o proyectos especiales o para atender incrementos no permanentes de tareas.".

Y además señala que "Las actividades de carácter estacional responden a tareas que se realizan periódicamente y sólo en determinada época del año. En estos casos el personal puede ser incorporado a una planta transitoria con designación a término, cuyas características serán reguladas por la autoridad de aplicación.".

De modo que si había muchos organismos del Estado (en especial aquellos descentralizados territorialmente con agencias locales, como la ANSES) que funcionaban con gran cantidad de personal contratado (en algunos casi exclusivamente) y ese personal venía cumpliendo durante años las funciones propias de personal de planta permanente porque el organismo había ampliado sus funciones y roles (acá otra vez el ejemplo de ANSES viene como anillo al dedo), lo que estaba ocurriendo es que se perpetuaron situaciones de fraude laboral, en perjuicio de miles de trabajadores precarizados que deberían haber sido incorporados a planta permanente, con todos los derechos de tales; y quizás hoy otra sería la historia con el "plan motosierra", al menos para ellos.

Y en perjuicio también de la validación social de esas políticas públicas, que es en realidad lo que les interesa voltear, junto con despedir trabajadores. Pero así las cosas, todo indica que al menos en éste tema, a Milei se la dejamos servida. Las cosas por su nombre. 

¡ESTÁS IGUAL!

 

Esto me hace acordar a otro gobierno. Lo tengo en la punta de la lengua, ya me va a salir:https://t.co/SbXpAD3r4s

— La Corriente K (@lacorrientek) January 17, 2024

Esta semana se supo que el gobierno derechista y fundamentalista neoliberal del mercado y las privatizaciones de Milei cesanteó a más de 320 trabajadores de la ANSES, que habían ingresado entre 202 y 2023. Los despidos son parte del plan de ajuste que fue anunciado por el gobierno nacional, y que está planteado tanto en el DNU 70 como en la ley ómnibus que discute el Congreso.

No van a comparar con el gobierno progresista y republicano de Pullaro, respetuoso de las leyes, las instituciones y los derechos de los trabajadores, que dejó sin efecto cuatro decretos de pases a planta permanente de trabajadores precarizados firmados por Perotti, con lo que unos 200 de ellos quedaron en la calle.

El argumento principal -e insólito- de los decretos, es que esos trabajadores no eran empleados de la provincia porque no llegaron a tomar posesión de los cargos en los que fueron designados por el gobierno anterior. Claro que el que les impidió hacerlo fue éste gobierno, con la excusa de que había que revisar sus sus nombramientos eran legales, o no había casos de acomodo en planta permanente de funcionarios políticos.

Lo insólito -o no tanto- es que los decretos de Pullaro se olvidaron por completo de la ley de responsabilidad fiscal como argumento (es decir, no dicen que dejan sin efecto los nombramientos de la gestión anterior por violar esa ley), así como tampoco mencionan ningún vicio de ilegitimidad o violación que afectara la validez de los decretos de Perotti: por el contrario, dicen que no los están anulando, sino simplemente dejándolos sin efecto, porque los empleados no tomaron posesión de los cargos.

No hay tampoco ninguna mención a supuestas "lianas" o pases a planta permanente de funcionarios políticos del gabinete de Perotti como dijo en su momento el chantapufi que Pullaro designó como Fiscal de Estado de la provincia. Y no los mencionaron, porque no los hay: se trata en todos los casos de gente que trabajaba como contratada o monotributista (facturando por sus servicios), y fue regularizada pasando a planta permanente, con todos los derechos de tal.

Derechos que ahora perdió, junto con sus empleos, para quedarse en la calle, como los trabajadores de ANSES que despidió Milei. Exactamente igual, pero acá y por un gobierno de la UCR del que participa (entre otros) el socialismo, partidos ambos que se cansaron de nombrar gente en el Estado (en el Ejecutivo, en la Legislatura e incluso en la justicia), durante los 12 años del gobierno del Frente Progresista.   

Algunos de los casos de las cesantías (por ejemplo los del Ministerio de Educación) fueron llevados a cabo pese a que hay amparos judiciales promovidos por los empleados que pedían que les dieran posesión de sus cargos, para poder cobrar sus salarios. Sin esperar a que la justicia se pronunciara, el republicano Pullaro y su muy republicano -y admirado por algunos paparulos de los nuestros- Fiscal de Estado decidieron cesantearlos, con argumentos como mínimo ridículos.

Habrá que ver ahora como reaccionan los gremios que firmaron el acta paritaria que habilitó -en tiempos de Perotti- el proceso de pases a planta permanente, y los propios empleados. A menos que el gobierno lo que esté en realidad haciendo -tras haber intervenido la Caja del Seguro Mutual- es metiéndose en la interna gremial, para influir en cual de los dos sindicatos de estatales es el más representativo y debe tener más lugares en la paritaria>; lo cual sería claramente una práctica anti-sindical, penada por la ley de asociaciones profesionales.

Parece que para el gobierno de Milei los empleados públicos son un problema, y hay que sacárselos de encima, sobre todo si se cree o sospecha que pueden ser peronistas. Aunque en realidad muchos lo hayan votado, afilando así el hacha que los terminó degollando.

En cambio en la provincia y con Pullaro (que les responde a los pedidos de aumentos de sueldo con el tema del ausentismo en las escuelas), la situación es diferente. Y por diferente queremos decir exactamente igual. 

PROBLEMAS CON EL COPY PASTE

 

Hace menos de un mes contábamos en ésta entrada lo que estaba pasando con los decretos firmados por Perotti en el marco de los acuerdos paritarios firmados con los gremios estatales (ATE y UPCN) por los cuales se resolvían distintas situaciones de precarización laboral de los trabajadores, de larga data y consolidadas en los años de los gobiernos del Frente Progresista: un combo de observaciones del Tribunal de Cuentas, presentaciones judiciales, recursos administrativos presentados por abogadas cercanas al ahora oficialismo y amenazas de la nueva gestión de revisar y en su caso tumbar algunos de esos decretos.    

Cosa que a juzgar por ésta nota de Gustavo Castro en Aire de Santa Fe se habría empezado a concretar, sobre todo con el Decreto 38 del 13 de diciembre, algunas de cuyas imágenes ilustran el post. Como lo dice la nota y se puede corroborar con el texto del propio decreto, Pullaro -además de basarse en presuntas violaciones a la ley de responsabilidad fiscal- dice que hay antecedentes de decisiones similares, como el Decreto 89 dictado por Perotti apenas asumió como gobernador, el 11de diciembre de 2019. 

Claro que similar no es igual, porque como explicábamos en aquel post de hace unos días, en el medio pasaron cosas: el gobierno provincial (en la gestión de Perotti) firmó no una sino dos actas paritarias con los gremios (en 2021 y 2023) acordando resolver esas situaciones, y por eso es que -por ejemplo- muchos trabajadores precarizados y contratados accedieron a la planta permanente, alcanzando su estabilidad laboral. De modo que ahora cuando Pullaro decide avanzar sobre eso, no solo está incumpliendo con la Ley 10052 de paritarias, cuyo artículo 11 dice taxativamente lo siguiente: "Las normas de la convención colectiva homologada serán de cumplimiento obligatorio para el Estado Provincial y para todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial comprendidas en la misma, y no podrán ser modificadas unilateralmente en perjuicio de los trabajadores, salvo razones de interés general que lo justifiquen.".

Por otro lado la Ley 25917 de responsabilidad fiscal a la que la provincia adhirió por sus Leyes 12402 y 13871 (como lo recuerda el decreto de Pullaro) en el propio artículo 15 Bis en el que prohíbe incrementar gastos corrientes en los últimos meses del mandato de cada gobierno deja afuera de la restricción (en su inciso b)) "Aquellos cuya causa originante exista con anterioridad al periodo indicado y su cumplimiento sea obligatorio.". Como las actas paritarias, la última de las cuales fue firmada el 31 de marzo, y homologada por Perotti el 10 de abril (la regla del fin del mandato habla de los dos últimos trimestres del año en que éste termina)   

Eso sin contar que la Ley 12402 de 2005 (gobierno de Obeid) estableció en su artículo 5 que "La adhesión establecida en la presente ley en ningún caso implicará cercenamiento ni disminución de las potestades o prerrogativas contempladas en la Constitución Provincial.", principio reiterado por la Ley 13871 de 2018 (gobierno de Lifschitz) en su artículo 54, para los cambios que se hicieran al régimen de responsabilidad fiscal. La salvedad es lógica: proceder de otro modo vulneraría la autonomía provincial consagrada por los artículos 5, 121 y 122 de la Constitución Nacional, y ratificada por el artículo 1 de la Constitución de la Provincia.  

Pero hay más para decir al respecto, y es que el Decreto 89/19 de Perotti (repetimos: dictado cuando no había actas paritarias firmadas por las que la provincia asumiera determinados compromisos en materia de personal) no solo fue un antecedente del Decreto 38 que ahora dictó Pullaro, sino que lisa y llanamente lo copiaron hasta la última coma, como se puede ver cotejando el texto en ésta entrada de diciembre del 2019, en la que se reseñaron sus partes más relevantes. 

Y además lo copiaron mal: vean en la segunda imagen del post como dice Pullaro en los considerandos de su decisión que "Que de igual forma, se contemplan otras medidas destinadas a analizar las asignaciones de funciones de mayor jerarquía determinantes del otorgamiento del Suplemento por Subrogancia en cada una de las áreas y entes que se identifican (arts. 12, 13 y 14) y se dispone la suspensión de la realización de nuevos llamados a concurso para la cobertura de cargos vacantes y de la todas las convocatorias en marcha, que no se encontraren concluidas con las correspondientes designaciones resultantes del proceso selectivo, y correlativa toma de posesión de los designados (art. 15);". (Las negritas son nuestras)

Pues bien, no solo en el nuevo decreto no se podía disponer la suspensión de los llamados a concursos porque eso ya estaba dispuesto en el artículo 15 del decreto de Perotti (no se puede suspender lo suspendido, digamos), sino que el artículo 15 del decreto de Pullaro no dice nada de eso, porque es de forma, como pueden ver en ésta otra imagen:

SE NOTA MUCHO

 

Durante el gobierno de Perotti se firmaron varios acuerdos paritarios con los gremios estatales (UPCN, ATE, AMRA, SIPRUS) para resolver las situaciones de precarización laboral en las áreas del Estado: contratos, personas que trabajaban facturando como monotributistas, subrogantes, etc.

En el caso de la Administración Central (o sea los empleados afiliados a ATE y UPCN) los más importantes fueron cerrados en dos etapas: la primera entre septiembre del 2020 (es decir en plena pandemia) y enero de 2021, cuando se firmó un acta homologada por el Decreto 5 del 8 de enero de ese año. Y la segunda entre diciembre de 2022 y abril de éste año, cuando se dictaron los Decretos 505 el 27 de marzo y 641 del 10 de abril, homologando sendas actas; antes de las elecciones provinciales de las que surgiría el nuevo gobierno, y antes también del período alcanzado por la regla del "fin de mandato" de la ley de responsabilidad fiscal. 

En el primer acuerdo se resolvió la titularización del personal que se encontraba subrogando funciones y cargos vacantes y se estableció el 31 de diciembre de 2018 como fecha límite del decreto de otorgamiento del suplemento por subrogancia por las funciones de mayor jerarquía. También se acordó el pase a la planta permanente del personal que se desempeñaba como contratado a la misma fecha (31 de diciembre de 2018 y continuaba en esa situación al momento de la firma del acta paritaria (enero de 2021). O sea que el actual gobierno de la provincia estaba resolviendo situaciones de precarización laboral heredadas -en su totalidad- de la gestión anterior.

La segunda etapa de acuerdos paritarios en ése sentido empezó con el acta firmada en marzo de 2023 homologada por Decreto 505, por la cual se acuerda dar continuidad al proceso de pase a planta permanentedel personal contratado en sus diversas modalidades con vínculos posteriores al 31 de diciembre de 2018 y que a esa fecha (marzo del 2023) continuaran. Luego por el Decreto 641 del 10 de abril se acotó la fecha de corte al 15 de diciembre de 2022, porque esa fue la fecha límite que la Legislatura (con mayoría opositora a Perotti) puso en la autorización para crear los cargos vacantes necesarios. 

En esas mismas actas las partes (los gremios y el gobierno) acordaron la titularización del personal subrogante de cargos vacantes con Decreto de otorgamiento del suplemento por las funciones de mayor jerarquía con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, incluyéndose en éste caso a las dos categorías superiores de cada escalafón. Lo cual significa que recién en ésta segunda etapa quedan comprendidos en el proceso de pase a planta permanente agentes contratados o subrogantes a ser confirmados en sus cargos, que comenzaron en cualquiera de esas dos situaciones durante la administración de Perotti, además de los que accedieron en el último año del mandato de Lifschitz.

Los decretos dictados por Perotti en cumplimiento de los acuerdos paritarios de enero de 2021 (o sea, los que beneficiaban a personal precarizado durante los gobiernos del Frente Progresista) no tuvieron ningún inconveniente: no fueron suspendidos por cautelares judiciales, ni recurridos en sede administrativa por "ciudadanos que denuncian actos ilegítimos", ni observados por el Tribunal de Cuentas, ni pedidos de informes de la Legislatura, ni nadie se quejó porque -por ejemplo- había que aumentar la planta de cargos del Estado para poder designar en planta permanente a los que venían trabajado como contratados.

Distinta suerte están corriendo los decretos que dictó el mismo Perotti que benefician con los derechos reconocidos mediante los acuerdos paritarios firmados en el 2023 (aunque -como se dijo- estos hayan sido firmados antes de las elecciones provinciales y el período que marca la ley de responsabilidad fiscal) a personas que fueron contratadas o se les asignaron subrogancias en su gobierno, aunque esos acuerdos también regularizaron las situaciones de precarización laboral pendientes del último año de mandato de su antecesor en el cargo.

Ahora comenzaron a aparecer (después de las elecciones) observaciones del Tribunal de Cuentas, cautelares judiciales y recursos administrativos presentados por abogadas que constituyen domicilio legal en el estudio jurídico de un futuro funcionario del gabinete de Pullaro. Y de golpe lo que hasta el 10 de septiembre de éste año (fecha de las elecciones provinciales) estaba bien, de golpe pasó a estar mal, aunque los actos sean iguales que los que antes no tuvieron problemas, y los acuerdos paritarios se firmaron con los mismos gremios.

Y por si todo eso falla, alguien coló un artículo en el proyecto de ley de ministerios presentado en la Legislatura por el futuro oficialismo provincial, para llevarse puestas las paritarias por decreto. Como diría Niembro, se nota mucho. Tuit relacionado:

Recuerdan el escándalo cuando se sacó la "clausula gatillo"?
Por la nueva ley de ministerios el futuro Gdor puede hacer lo que quiera sin pasar por la paritaria.
O sea, chau paritarias con el sector público. Veamos como reaccionan las almitas de cristal republicanas. pic.twitter.com/8i6vuAMO6x

— Sergio Delfino (@serdelfino) November 23, 2023

GRASA DESGRASADA

Los que hurgamos todos los días en el Boletín Oficial, nos encontramos este martes con la publicación del Decreto 788, por el cual Macri homologaba un acuerdo paritario para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Público, creando el "Régimen de Alta Dirección Pública" (el decreto completo y sus anexos acá); que abarca a los Directores Nacionales, Directores simples y Coordinadores.

Es decir, en su gran mayoría, un régimen pensado para el ñocaje macrista que ingresó en masa al Estado a partir de diciembre del 2015, mientras el gobierno cesanteaba empleados públicos con la excusa de terminar con "la grasa militante", forzaba paritarias a la baja y virtualmente dejaba sin personal a organismos estatales enteros, que reemplazaba por estos acomodados, mientras hablaba de reducir el gasto.

Estos ñoquis "VIP" se salvaron de la presunta poda de cargos políticos en el gobierno que en su momento prometieron Macri, Peña e Ibarra, y de la que ya nadie se acuerda porque -sencillamente- nunca existió. Los siguieron designando hasta el final de la gestión, y con este engendro que aprueban ahora apuestan a que permanezcan en funciones en el próximo gobierno, como "topos" enquistados en estructura estatal.

El nuevo convenio fue homologado con el solitario apoyo de la UPCN nacional del "Centauro" Andrés Rodríguez, un oficialista de todos los gobiernos que por supuesto, ya tiene su foto con Alberto Fernández, y es parte esencial de la conducción de la CGT que se aprestó rápida a ser de nuevo oficialista: las cosas hay que decirlas, aunque duelan.

Por el contrario ATE se opuso en todas y cada unas de las instancias de implementación del nuevo régimen, que originariamente fue aprobado en el mes de junio y pasó desapercibido porque luego vinieron las elecciones; pero ahora las partes (otra vez: el gobierno y UPCN) acordaron posponer su entrada en vigencia al 1º de enero del año que viene, o sea cuando AF ya esté en la Casa Rosada.

La movida no es casual: el régimen contempla que los funcionarios designados en cargos de "Alta Dirección Pública" permanezcan como mínimo cinco años en sus funciones, y si antes de ese plazo se cancela su designación, aunque sea porque recibieron una evaluación del desempeño negativa, se hacen acreedores a una compensación equivalente a la diferencia con el salario que les corresponda percibir en otro cargo público (si ya pertenecían a la planta del Estado) y el de "Alta Dirección", multiplicado por los años que les falte para cumplir los cinco años de permanencia garantizada por el decreto: un seguro contra depuraciones que pudiera hacer el nuevo gobierno.

Del mismo modo, si sus designaciones fueran dejadas sin efecto por la supresión de los organismos en los que revistan (supongamos la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta, tan famosa en un tiempo), o si al vencimiento de esos cinco años se presentan a una nueva selección para el cargo y pierden, el decreto les otorga el derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo del cargo de "Alta Dirección", por cada año de servicio: tengamos en cuenta que hablamos de sueldos nominales que pueden llegar a los 425.000 pesos, unos 348.000 pesos de bolsillo.

De este modo el macrismo que ingresó al Estado con el discurso de la meritocracia, la grasa militante y el ajuste, se va plantando ñoquis a granel, con sueldos que multiplican varias veces el promedio de los de los agentes estatales comunes del Estado nacional, y con reaseguros para quedarse, o irse con los bolsillos llenos.

Es decir, otro tema a no discutir nunca más con ésa gente para la cual el problema es siempre el gasto público o lo que ganan los agentes estatales, pero que seguramente con ésto se harán bien los boludos, y otro decreto a tumbar cuando lleguemos al gobierno, aunque el amigazo Rodríguez se enoje, o en todo caso: que pruebe su renovada lealtad a todos los oficialismos, bancando tumbar esta grosería.

Y ahora que vuelve Gustavo Béliz al gobierno (ya que estamos), habría que pedirle que de una manito para desarmar el perverso sistema que él mismo pergeñó allá en los 90' cuando era Secretario de la Función Pública de Menem, conocido como SINAPA, luego reconvertido en SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público); que dejó la puerta abierta para que se colen estos engendros, que terminan en un Estado que, en materia salarial, muchas veces es Belinda: una minoría de empleados con sueldos de Bélgica, y una mayoría con los de la India, algo que el kirchnerismo logró revertir solo parcialmente en sus años de gobierno.

DISCULPE, PATRÓN, SI LO MOLESTO

Más información, acá.

NO ESTABA TAN SEGURO

¿Te acordás que hace una semana más o menos contábamos acá que en pleno conflicto con los gremios que no aceptaron la propuesta salarial en paritarias, Lifschitz había mandado a extraordinarias en la Legislatura un proyecto de reforma a la ley que rige a la Caja del Seguro Mutual, acordado con UPCN, el único gremio que aceptó la oferta?

En esa entrada decíamos que con el pretexto de atender a las recomendaciones de la Superintendencia de Seguros de la nación para que los beneficios que paga la Caja se dejaran de llamar "seguros" para pasar a ser "subsidios", se recortaban los montos de algunos para generar excedentes financieros que el directorio pudiera destinar a dar préstamos a los afiliados, que otorga discrecionalmente.

Y lo más importante: se modificaba la forma de elección del directorio (que era ampliado en número), que dejaba de ser elegido por voto directo de los afiliados activos y pasivos, para ser repartido entre los gremios "más representativos del sector".

Bueno, parece que al prolongarse los conflictos sindicales en el Estado provincial y descartar hasta el propio gobierno nacional su "meta de inflación", Lifschitz decidió recalibrar, y apenas una semana después del primer decreto, mandó otro a la Legislatura (ver imagen de apertura) sobre el mismo tema; pero esta vez pidiendo que traten no el proyecto del Poder Ejecutivo, sino el que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia.

Ese proyecto "corrige" las "anomalías" del otro, tanto que deja sin efecto las podas a los montos de algunos beneficios que paga la Caja (como por incapacidad, carecer de familiares directos o tener una enfermedad terminal) que había introducido el del Poder Ejecutivo.

Y lo más importante¨: vuelve al sistema vigente de un directorio de cinco miembros, con  uno designado por el Poder Ejecutivo y los otros cuatro elegidos por los afiliados activos y pasivos, por voto directo.

No estaba tan seguro Lifschitz parece de que en la Legislatura le fuera como en las paritarias, que con un solo gremio que aceptó le metió para adelante, y decretó el aumento.

Eso, o está tendiendo puentes con los gremios que rechazaron la oferta y siguen con medidas de fuerza.

FAVOR CON FAVOR SE PAGA

Como es sabido, el único entre los gremios estatales importantes de la provincia que aceptó la propuesta salarial del gobierno fue UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación).

Incluso hizo bastante más que eso: se tomó el trabajo de aclarar a los medios y por las redes sociales que el miércoles pasado (cuando los demás gremios pararon y se movilizaron) iba a ser un día absolutamente normal para la Administración Pública provincial, así como que ellos no avalaban ningún tipo de medida de fuerza, porque la paritaria estaba cerrada, y la nueva política salarial ya fijada.

Hicieron circular (dicen) planillas en las que se les explicaba a los empleados públicos no cuanto iban a cobrar con el aumento, sino cuanto iban a perder con el descuento de los días de paro que ordenó el gobierno de Lifschitz; y sus delegados recorrieron reparticiones públicas el día previo al paro, pidiendo información sobre quienes adherirían a la medida de fuerza: escenas de “momoveneguismo” explícito, poniéndose en el lugar de alcahuetes de los patrones.

Antes de que el gobernador anunciara que cerraba la discusión y fijaba el aumento por decreto, sus dirigentes reclamaron que se lo hiciera, porque ellos habían aceptado la oferta.

Y la recompensa no tardó en llegar: en el decreto que muestra la imagen de apertura (dictado por Lifschitz el día anterior al paro de ATE y los gremios docentes) se envía a la Legislatura para su tratamiento en extraordinarias un proyecto de ley fijando un nuevo marco jurídico para la Caja de Previsión de los Agentes Civiles del Estado (Seguro Mutual), reemplazando al vigente aprobado por la Ley 9816 y sus modificatorias.

El proyecto fue originariamente enviado por Bonfatti el último día de su gestión de gobierno (el 10 de diciembre del 2015), había perdido estado parlamentario porque transcurrieron dos períodos ordinarios de sesiones de la Legislatura sin que fuera tratado (artículo 61 de la Constitución provincial) y ahora Lifschitz busca reactivarlo.

De prosperar, el monto de los seguros que paga la Caja (que pasarían a llamarse “subsidios”) a los empleados públicos y jubilados provinciales se vería modificado, en algunos casos para peor: por ejemplo los subsidios (hoy seguros) por incapacidad y por carecer el afiliado de familiares directos pasarían a ser del 50 % del monto correspondiente a la categoría de aportes correspondientes, y el anticipo que se paga en esos casos bajaría del 30 al 20 % del monto que corresponda; y en el caso del seguro (subsidio ahora) por enfermedad terminal, sería del 10 % del importe correspondiente a la categoría para la cual se aporta pero sin aclarar que es con carácter de anticipo, lo que supone una poda del 90 % respecto al monto vigente actualmente.

Los cambios no son neutros: si la Caja debe pagar montos menores por ciertos beneficios, cada año le irán quedando mayores excedentes financieros disponibles; que de acuerdo con la ley vigente y con el proyecto (que en esto no cambia) podrán ser destinados a préstamos para los afiliados, que son otorgados discrecionalmente por el Directorio.

Y allí aparecen lo otros cambios, que son cruciales: actualmente el directorio está compuesto por un representante del Poder Ejecutivo designado por el gobernador, y cuatro (4) vocales, dos por los activos y dos por los pasivos, elegidos por los afiliados a la Caja por voto secreto.

De prosperar los cambios, el Directorio pasaría a tener nueve (9) miembros: el representante del Poder Ejecutivo y ocho (8) representantes por los activos y pasivos, elegidos entre “...las organizaciones gremiales con mayor representatividad en el organismo...”, según reza el artículo 52 del proyecto; y la representatividad de cada una de las organizaciones gremiales “se resolverá en el momento de ejecutar la reglamentación correspondiente...”, según la misma norma.

Lo que supone que será el gobernador al reglamentar la ley (y no el voto de los trabajadores y jubilados provinciales) el que determine quien integra el directorio de la Caja, que será ampliado en cuatro miembros.

Lo llamativo (o no) del asunto es que el Mensaje 4431 del Ejecutivo que acompaña la iniciativa (que tiene unos 70 artículos) no hace la más mínima mención a ninguna de éstas cuestiones, y se limita a decir en apenas una carilla que el propósito del proyecto es cambiar la denominación de los beneficios que otorga la Caja (pasando, como dijimos, de "seguros" a "subsidios"), por exigencias técnicas de la Superintendencia de Seguros de la nación. 

El organismo ha sido tradicionalmente una “cajita feliz” de UPCN, que lo maneja a gusto y paladar prácticamente desde su creación, y de prosperar la reforma, todo indica que ese predominio se verá fortalecido en desmedro de otros gremios (seguramente los díscolos con la propuesta salarial oficial); no solo dando posibles conchabos a más dirigentes del sindicato (los empleados son prácticamente todos del palo), sino una caja interesante para manejar a través de los préstamos, engordada a base del recorte de beneficios a los a afiliados.

No sea cosa que nos enteremos que el año que viene y si sigue vigente el canje de favores con el gobierno provincial, la terminen poniendo a disposición de la campaña de Jatón para la intendencia. El que viva lo verá, como reza el dicho.

MANUAL PROGRESISTA PARA EL CONFLICTO SOCIAL

En noviembre del año pasado Lifschitz -como la mayoría de los gobernadores- firmó el pacto fiscal con el gobierno de Macri, que implicaba trasladar a las provincias el ajuste que ya por entonces ejecutaba la nación.

El pacto fue el punto de partida de la reforma previsional que podó el salario de los jubilados y pensionados, aunque Lifschitz luego lo negara: decíamos acá que bastaba leerlo cláusula por cláusula para concluir en que era así, porque a eso se habían comprometido.

Y dijimos también que el pacto conllevaba el compromiso del gobierno nacional de financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia sin exigir a cambio la "armonización" del sistema previsional santafesino con el nacional, compromiso que hasta ahora no se ha cumplido, por la cual con coherencia los gremios estatales (con el apoyo de todo el Movimiento Obrero Santafesino) se movilizaron en defensa de los derechos de los jubilados actuales y futuros.

Precisamente con el argumento de la financiación del déficit de la Caja Lifschitz urgió a la Legislatura a aprobar en extraordinarias el pacto, sumándole que de otro modo la provincia no podría cobrar la deuda que mantiene con ella la nación tras el fallo de la Corte nacional de noviembre del 2015 por el descuento de fondos coparticipables destinados a la ANSES y la AFIP: a pocos días de la fecha establecida en el pacto para que Macri haga una propuesta concreta de pago, la única que hizo no involucra dinero en efectivo, y ha sido rechazada por la provincia.

Lo cierto es que el pacto se aprobó en tiempo récord, en una sesión escandalosa en Diputados y pese a las promesas de Bonfatti a los gremios estatales de que no se aprobaría. 

Luego llegaron las paritarias, y el intento del gobierno nacional de ponerles un cepo del 15 % como máximo de aumento, sin cláusula gatillo; que es exactamente la cifra tope de aumento del gasto público corriente (que involucra a los sueldos de sus empleados) a la que se comprometieron los gobernadores que firmaron el pacto: ver al respecto acá.

Y la misma cifra que Santa Fe arrancó ofreciéndoles en las paritarias provinciales a los sindicatos: 15 % en tres cuotas. Así como Lifschitz había negado que el pacto fiscal significara la reforma previsional que cambió la fórmula de ajuste en la nación, sus funcionarios empezaron negando que ese mismo pacto condicionara la oferta salarial en las paritarias; para luego terminar admitiéndolo y ponerlo como excusa para no mejorarla.

En el medio y al mejor estilo María Eugenia Vidal, el "progresismo" santafesino trató de quebrar la voluntad de los gremios y los trabajadores apelando a la amenaza (aun vigente) de descontar los días de huelga, publicó solicitadas en los diarios con sueldos de los docentes para promover el resquemor entre trabajadores y quitarle apoyo social a los paros, y -dicen- envió a algunos periodistas "amigos" los sueldos de los empleados de la Administración.

Todo eso mientras repite que la oferta salarial -luego estirada a un 18 % que no es tal, en dos cuotas- es "la última, definitiva e inmodificable". 

La respuesta de los trabajadores fue contundente: todos los sindicatos (incluyendo a los municipales) rechazaron la propuesta, y la mayoría de ellos anunciaron medidas de fuerza, en algunos casos condicionadas a que el gobierno no haga un mejor ofrecimiento salarial. 

Todos, salvo UPCN, que en una votación peleada y controversial (por ser buenos) la aceptó, como se había comprometido antes de la asamblea su secretario general con el gobierno; y salvo UDA en el caso de la docencia, el mismo gremio al que Macri metió a dedo en la paritaria nacional docente por decreto, pasando por encima de la representatividad de la CTERA. Como ven, no son tan distintos el "progresismo" vernáculo y la derecha nacional gobernante; sobre todo cuando se trata de cumplir con lo que han pactado entre ellos.

Habrá que ver ahora como sale el gobierno provincial del embrollo en el que se metió solo (al firmar el pacto fiscal, de cuyos "beneficios" todavía no disfruta): si redoblando la apuesta y fijando unilateralmente por decreto el aumento salarial y descontando días de huelga, o por el contrario retomando el diálogo con los sindicatos y mejorando su oferta; aunque eso le implique incumplir lo que firmó en el pacto fiscal.

Después de todo, en caso de optar por esta última alternativa, perfectamente podría alegar que la nación no ha cumplido con ninguno de los compromisos a su cargo: no hay propuesta aceptable del pago de la deuda con Santa Fe, y Macri no ha derogado -como se comprometió- su decreto de 2016 "armonizador" de los sistemas previsionales.

A menos que el gobernador suponga que podrá alcanzar su deseo de reformar la Constitución provincial para ser reelecto de la mano de reuniones a escondidas con los senadores del PJ de la Banelco (que votaron a mano alzada el pacto fiscal), y respaldado por los dirigentes sindicales más desprestigiados de la provincia, por entregar sistemáticamente a sus representados.

Oia, ahora que lo pensamos, no difiere tanto de la fórmula que está empleando Macri para ganar "gobernabilidad", con la ayuda del "peronismo federal" de Pichetto y los gobernadores, y la CGT del triunvirato.    

Y los dichos del gobernador indican que se identifica más con el modo Macri o Vidal para resolver los conflictos sociales. 

VOLVER, CON LA MARCHITA AL FRENTE

VISIONARIOS

Los jóvenes maravilla, la generación dorada, los Ginóbili, Scola y Oberto de la política local fueron -sin dudas- los grandes derrotados de la elección de ayer; junto con los no tan jóvenes que los lanzaron a la aventura de los globos amarillos, a sabiendas de que se podían estrellar, como finalmente les terminó pasando.

Dividiendo el voto peronista en la ciudad, posibilitando de ese modo el triunfo de Corral que -de otra manera- hubiera sido imposible: aun no siendo directa la aritmética (nunca lo es en política) los votos de Silvina Frana y Sebastián Pignata para intendente sumaron exactamente 100.207, 22.453 más que los que obtuvo Corral.  

Es decir que con que Frana (la segunda candidata más votada, conviene recordarlo) hubiera captado la mitad de los votos que fueron a Pignata, hoy era la intendenta electa de Santa Fe. 

Especularon hasta el último día del cierre de listas, jurando y perjurando que se quedaban a dar la pelea interna del peronismo (donde tenían buenos chances), y que no cambiaban de camiseta (Pignata dixit), cosa que finalmente terminaron haciendo.

Con argumentos brumosos (como el nombre con el que se competiría en las elecciones), que escondían la verdad: como reyes del pragmatismo se iban a donde pensaban que podían ganar, y donde -además- se sentían claramente más cómodos, como se veía en las fotos de campaña:

Bueno, chicos pragmáticos, jóvenes astutos que se las saben todas, que juegan siempre a ganador, la apuesta en el casino amarillo les salió mal: perdieron y feo. 

Terceros en la general (detrás del FPCYS y el FPV), en todas las categorías en las que compitieron con candidatos en la ciudad, y en el departamento La Capital; donde además Perottti superó a Del Sel por 8.266 votos, y la diferencia se podría agrandar en el recuento definitivo.

Y terceros lejos en votos de los segundos: Pignatta 7.019 detrás de Silvina Frana para la intendencia, Martínez Kerz 5.800 votos abajo de la lista de concejales que encabezó Marcela Aeberhard, y Saleme perdió por 16.388 votos contra el "Kaniche" Marcos Castelló por la senaduría departamental, casos todos para los cuáles vale la misma salvedad anterior: la diferencia puede ser mayor al contarse las 84 mesas pendientes de escrutar en la ciudad y el departamento.

Unos visionarios que estaban con Perotti cuando todavía no era formalmente candidato a gobernador, y lo abandonaron cuando se lanzó a la cancha; y unos visionarios a los que las urnas les dieron un baño de humildad, para estar a tono con los tiempos.

Claro que no sería nada raro verlos tocar timbre, pero está vez en la sede del PJ en calle Crespo, para volver y hacer campaña por Scioli, ponéle; sobre todo considerando que el tragador de bigotes imitando a Freddy Mércuri, podría no ser en la provincia la carta ganadora.

Sin embargo, no todos son palos para estos muchachos: en el fondo hay que agradecerles que con su "garrochazo" lograron unificar al hasta entonces disperso peronismo local: todos los sectores estuvimos de acuerdo en putearlos, y en salir a hacer campaña para ganarles; cosa que se logró claramente.

Como decía el General: el catalizador de la agresión externa. 

Así que gracias por el involuntario aporte, chicos.

EL MOSTAZA MERLO SANTAFESINO