LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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lunes, 25 de junio de 2018

HUELGA DE NEURONAS


Si la idea era mostrar que trabajás, yo hubiera subido un video donde llegara más temprano a la oficina (antes de las 13.15, ponéle). Yo, eh.

Y donde no estuviera despeinado como recién levantado, y en todo caso dijera "Hoy vine a trabajar, como todos los días"-

Porque "Acá se trabaja" no necesariamente significa que vos fuiste a trabajar. Fijáte, que se yo.  


Si ustedes pasaron el día de paro general sin tener consignas claras, pensando exclusivamente en motivaciones partidarias y causándonos clarísimos perjuicios a todos los argentinos, es un problema de ustedes.

Igual, lo podemos tomar como una fuerta autocrítica, y valorarlo como tal.

Aunque pensándolo bien, le podrían haber preguntado a esta otra gente, que es radical y tiene perfectamente claro por qué adhirió al paro:


Pero si la idea era mostrar que el paro fue un fracaso, no hubieran elegido una imagen de la ciudad vacía, mostrando que fue un éxito; no sé, manéjenlo.


¿Vos decís entonces que "borom bom bom, borom bom bom, los sindicatos, son de Perón?"

¿O acaso te pararon el país Barrionuevo y Julio Bárbaro, que están a cargo de la intervención del PJ?

  
Pero ¿qué decís, Jorgito? El gobierno tampoco sirve para nada porque no arregla ningún problema, y nos lo tenemos que fumar un año y medio más todavía.

¿O están queriendo irse antes?

Después no salgan con que los quieren voltear, eh.

miércoles, 6 de junio de 2018

GOBIERNO "LOS HIJOS DE PUTA"



Al final, lo rajaron a Prat Gay por haberse ido de boca y decir lo que debía callarse: que ponen a los trabajadores a elegir entre conservar el empleo aceptando ganar menos salarios, o reclamar por sus derechos y ser despedidos.

Solo así se entiende que luego de haber hecho una oferta de aumento a los estatales del 12 % cuando hasta las consultoras del palo están diciendo que la inflación será de más del 27 %, pongan en la mesa de negociación la amenaza de 5000 despidos, que se sumarían a los 30.000 que ya hicieron desde el 2015.

Así, y teniéndolo enfrente a Rodríguez de UPCN (foto), se les facilita arreglar rápido, para que además el gasto del Estado en personal (que no llega al 11 % del total) siga igual, porque por cada cinco empleados contratados o de planta que rajan, ponen un ñoqui VIP que cobra un sueldo equivalente al de todos ellos juntos. El famoso “cinco por uno”, versión “Cambiemos”. 

Pero eso sí: suspenden los despidos por 60 días, en un gesto de generosidad que los enaltece. Que coincida con que frenaron todo hasta tener las instrucciones definitivas del FMI, son detalles.


Que el Ministerio de Trabajo decrete la conciliación obligatoria en un conflicto que todavía no empezó porque no hay medidas de fuerzas decretadas por el sindicato, debe ser todo un récord. Una eficiencia del carajo.

Y que lo haga cuando la patronal -en línea con el gobierno- ofreció un 15 % de aumento y los camioneros piden un 27 %, habla a las claras de que lado está la autoridad estatal, presuntamente “neutral”.

Así puestas las cosas, la “solución pacífica” de la que habla Triaca se parece mucho a una rendición incondicional, en la guerra contra el salario. Rendición del salario, digamos.


A ver si entendimos: tras dos años y medio de haber inflado la bomba de las LEBAC’s (quintuplicando su emisión respecto a las que había en el 2015) y hacerla inmanejable e inútil (porque no sirvió para contener la inflación, como suponía Sturzenegger) ahora la van a canjear por un bono del Tesoro; que obviamente para ser aceptado “por los mercados” (en esencia, los bancos) tiene que ser mucho más ventajoso que las letras del Banco Central.

Y de ese modo lo que hasta acá era déficit cuasi fiscal, se transformará en deuda pública directa del Tesoro, para un Estado al que prácticamente hipotecaron en 30 meses, aprovechando la “pesada herencia” del desendeudamiento; y lo van a hacer justo después de haber subido las tasas a un nivel astronómico, para evitar la corrida al dólar de los tenedores de LEBAC’s.

Lo único que faltaría es que al bono lo emitan en dólares, o en pesos linkeado a la evolución del tipo de cambio, que se viene disparando las últimas semanas; haciendo tanto o más gravoso para el Tesoro el peso de desarmar la bomba que ustedes mismos armaron, que el que venía siendo para Sturzenegger alargarle la mecha, subiendo la tasa en cada renovación.


Después de dejar trascender que el acuerdo con el FMI es para garantizarse el financiamiento hasta el final del mandato (insistiendo con la estafa de endeudarse en dólares para cubrir un déficit que es en pesos), y de dejar trascender que el Fondo no quiere prestarles guita para que se vaya por la canaleta de la fuga de capitales, la bicicleta y los viajes al exterior, se juntan con los bancos para garantizarles que van a poder comprar todos los dólares que quieran; habilitando así una aceleración de la corrida.

Porque no pueden estar hablando de los dólares que entran al Tesoro por las emisiones de deuda, porque a esos ya se los patinaron todos, y un montón los regalaron a $ 20,25 cuando empezó la corrida, a los mismos bancos. A menos que les tiren un anzuelo, para que acepten canjear el bono que reemplazaría a las LEBAC’s, porque al canje no lo quieren hacer de prepo.

Lo bueno es saber que el ajuste tiene sentido: de un modo u otro, servirá para que los bancos sigan ganando carradas de guita, y fugando los dólares, o sea que el esfuerzo que le piden a la sociedad, al menos no será al pedo.


Nada más que para estar seguros de que te entendimos bien, Pato: o sea entonces que para insertar a los militares en democracia, hay que ponerlos a hacer exactamente lo mismo que hacían en las dictaduras, es decir participar en la represión interna, convertidos en gendarmes.

O de lo contrario, para que tener fuerzas armadas, ¿es más o menos así o nos perdimos?

De que estén para lo que fueron creadas (es decir, defender la soberanía nacional frente a ataques del exterior) , ni hablemos, ¿no?


Ah, entonces el Congreso no va a ser un aguantadero para proteger delincuentes, a menos que los delincuentes sean de los de ustedes, en cuyo caso se convierte en el mejor de todos los aguantaderos.

Ojo, protegiendo a una procesada por lavado de dinero podría dar la sensación de que en realidad la lucha contra la corrupción les chupa un huevo, y persiguiendo a la principal opositora con una causa inventada por un juez bochornoso, podría pensarse que la quieren sacar de la cancha, porque le tienen miedo. 



¿O sea que nuestro presidente ojitos de cielo al vetar de un plumazo la ley que suspendía los tarifazos (perdón: "recomposiciones tarifarias") y los retrotraía a noviembre del año pasado, no estaba simplemente “dando un mensaje de autoridad”?

¿Es decir que además de engordar sus propios bolsillos, los de sus parientes, amigos, socios y testaferros cuyas ganancias contribuye a aumentar exponencialmente con los aumentos de tarifas, estaba sosteniendo una herramienta que sirve para transferir ingresos del trabajo al capital, como ha sido su constante desde que llegó al gobierno?

No es posible, debe haber un error, o lo han informado mal sobre las consecuencias de su decisión, si el pobre no hace más que decir que nos cuida, y que todo lo que hace es por nuestro propio bien; y no duerme pensando en como hacerlo de un modo que no duela.

viernes, 19 de enero de 2018

LAS SANDRITAS Y LOS JORGITOS


Las Sandritas forman parte de uno de los colectivos laborales más vulnerables, en el que el 97 % son mujeres, muchas el único sostén de sus hogares, y apenas el 28 % de las que trabajan están registradas en la seguridad social como para poder jubilarse el día de mañana.

Los Jorgitos son esa gente que se niegan a reconocerles su condición de trabajadores, y no solo las tienen en negro, sino que las llaman "la señora que ayuda en casa", como si fuera un voluntariado o una gauchada, que no se cobran.

Para las Sandritas fueron -en buena medida- las leyes de moratoria jubilatoria 25.994 (2004) y 26.970 (2014), que les permitieron jubilarse aunque les faltaran años de aportes, porque las tenían en negro.

Los Jorgitos son los culpables de que no pudieran jubilarse "normalmente", porque no les hacían los aportes; y si llegan a gobernar, lo primero que hacen es no prorrogar las moratorias "para que no se jubile gente que no hizo aportes", mientras para ellos arman un generosísimo blanqueo de capitales, con perdón de impuestos y multas por lo evadido y fugado.

Las Sandritas estuvieron regidas hasta el 2014 por un decreto de la dictadura de Aramburu y Rojas del 56', y recién entonces obtuvieron su régimen laboral propio con la Ley 26.844, con el reconocimiento pleno de la condición de trabajadoras y todos los derechos derivados de ella, incluso el de celebrar paritarias.

A los Jorgitos no les gustan las paritarias, y si pueden las eliminan (como acaban de hacer con la de los docentes), o les quieren poner un techo, o pactar los aumentos en ellas "por productividad" o por "metas de inflación".

Para las Sandritas se dictó también la Ley de Movilidad 26.417, para que dos veces al año, todos los años, tuvieran un aumento de sus jubilaciones igual que los demás jubilados, por encima de la inflación.

Los Jorgitos discriminan a las Sandritas que se jubilaron por las moratorias "porque no hicieron aportes efectivos", y cuando las joden aprobando una fórmula de ajuste de las jubilaciones que da menos aumentos, les pagan un "bono compensatorio" menor; y nos les reconocen el 82 % del salario mínimo vital y móvil como jubilación mínima, como a los demás jubilados. 

Las Sandritas nunca ganaron ni ganarán lo suficiente como para quedar alcanzadas por el impuesto a las Ganancias, quizás por eso muchos sindicalistas nunca se ocuparon de ellas.

Los Jorgitos suelen ser gente afortunada que gana lo bastante como para pagar Ganancias y con seguridad se quejan mucho por eso, pero no blanquearon a las Sandritas ni siquiera con la posibilidad de deducir lo que les pagan, del impuesto.

Para proteger a las Sandritas y conseguir que los Jorgitos las blanqueen y les hagan los aportes, en el año 2014 se sancionó la Ley 26.940, que creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL); en el que se inscriben los Jorgitos que son sancionados por tener empleados o empleadas en negro, y mientras figuraran allí no podrían recibir beneficios del Estado como créditos de los bancos oficiales, subsidios, exenciones impositivas o planes de fomento.

Cuando los Jorgitos llegan al gobierno, lo primero que hacen es sacar un DNU por el cual se indultan a sí mismos por no haber registrado a sus empleados o empleadas en la seguridad social, para no figurar más en el REPSAL y poder seguir obteniendo beneficios del Estado, eso sí: sin dejar de despotricar contra las Sandritas, que son todas "negras planeras".

A las Sandritas a veces no les queda más remedio que aceptar trabajar en situación de fraude laboral en un sindicato intervenido por los Jorgitos, para poder cobrar algo por el trabajo que hacen en negro.

Los Jorgitos a veces hasta llegan a ministros de Trabajo y Seguridad Social, y despiden a las Sandritas por audio de whatsapp, con insultos y todo.

Aunque las Sandritas a veces se dejan llevar por los medios y ciertos climas sociales y votan por los Jorgitos, porque suponen que de ese modo serán iguales a ellos, para comprobar luego la mayoría de las veces -amargamente y en cuero propio- que no era así, algunos pensamos en hacer algo por las Sandritas, y otros se portan tan Jorgitos. 

lunes, 27 de noviembre de 2017

PRECARIZACIÓN CONSENSUADA


Uno de los aspectos que pasó más desapercibido de la reforma laboral consensuada por el gobierno con la CGT y que ahora estaría entre paréntesis, es el sistema denominado de pasantías denominadas "prácticas formativas", que vendría a sustituir integralmente (porque así lo dice el proyecto) a la Ley 26.427, sancionada en 2008 por un amplio consenso en las dos Cámaras del Congreso, en base a un proyecto presentado por Héctor Recalde.

La ley vino a reemplazar a la Ley 25.165 sancionada en las postrimerías del gobierno de Menem, cuyo régimen era de una ambigüedad tal que bajo el disfraz de las pasantías educativas enmascaraba prácticas de precarización y fraude laboral.

La norma vigente define en su artículo 2 como pasantía educativa "... al conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio.”; y coherente con eso establece en su artículo 3 los objetivos del régimen, vinculados a la formación educativa de los pasantes: Los objetivos del sistema de pasantías educativas son lograr que los pasantes: a. Profundicen la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida, desde una concepción cultural y no meramente utilitaria; b. Realicen prácticas complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan; c. Incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo del trabajo; d. Adquieran conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral; e. Aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes; f. Cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura; g. Se beneficien con el mejoramiento de la propuesta formativa, a partir del vínculo entre las instituciones educativas y los organismos y empresas referidos en el artículo 1º de la presente ley; h. Progresen en el proceso de orientación respecto de los posibles campos específicos de desempeño laboral.”. 

Nada de esto existe en el nuevo régimen, concebido sin ninguna participación del Ministerio de Educación que ni siquiera participará en su implementación: desaparecen los profesores guías y tutores que establece el artículo 18 de la ley vigente, y el control y supervisión de las pasantías pasa a ser responsabilidad del Ministerio de Trabajo; lo que deja perfectamente claro -por si hiciera falta- que no tienen una finalidad educativa, sino de fraude laboral, o empleo de mano de obra más barata por parte de las empresas. 

Tanto es así que desaparece del texto de la ley vigente (artículo 12) la salvedad de que los pasantes no pueden utilizarse para crear un empleo nuevo, que podría ser cubierto por un trabajador registrado, bajo convenio y con todos los derechos derivados de esa condición.

También desaparece el agregado introducido por la ley autoría de Recalde en el mismo artículo 12, que señala lo siguiente: Si luego de la pasantía educativa se contrata a la persona por tiempo indeterminado, no se puede hacer uso del período de prueba del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.”. La razón es muy sencilla: si las empresas toman pasantes, lo harán a prueba y con la posibilidad de despedirlos a los tres meses de iniciada la relación laboral, sin tener que pagar indemnización.

Y hay más pruebas al respecto: la duración y la carga horaria de las pasantías no se definirán en los convenios que firmen las empresas con las escuelas o institutos, sino en los convenios colectivos de cada sector o actividad; y de acuerdo con el proyecto, puede aumentarse del máximo de 20 horas semanales que establece el régimen vigente a 30, o hasta 40 si las pasantías son en el período de receso escolar; por si quedaran dudas de que no son las necesidades de formación del estudiante las que regulan las pasantías, sino las del ciclo productivo de las empresas.

Como sarcasmo final, el proyecto acordado entre el gobierno y la CGT que Macri remitió al Congreso establece que “No podrán participar del programa las empresas incluidas en el REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales) creado por la Ley 26.940..", siendo que el mismo proyecto empieza con un generosísimo blanqueo laboral para perdonar deudas por falta de aportes a la seguridad social y empleo en negro; y en el artículo 3 se dispone expresamente que los que se acojan al blanqueo serán dados de baja del REPSAL,y por ende podrán contratar pasantes.

jueves, 2 de febrero de 2017

HAY QUE ENTENDER AL QUE DESPIDE. Y DE PASO DARLE UNA MANO


En un par de oportunidades analizamos acá el “Plan de Reconversión Productiva” elaborado por el gobierno (ver sobre todo acá y acá), y decíamos que de “reconversión” de la industria tenía poco, y de subsidio estatal a los despidos en el sector privado, bastante.

Y los pasos que vino dando el gobierno en su aplicación parecen confirmarlo: en el Boletín Oficial de este jueves apareció publicada la Resolución Conjunta 1/17 de los ministros de Trabajo (Triaca) y Producción (Cabrera) (completa acá), que modifica a la resolución original del “Plan”, pero con un detalle sugestivo: solo modifica lo que tiene que ver con la situación de los trabajadores que pueden perder sus empleos como consecuencia de la “reconversión” de alguna rama de la industria.

Los cambios no son menos sugestivos: el “Plan” originalmente otorgaba a los trabajadores “...que se desvinculen de una Empresa de Transformación Productiva...” (o sea aquella consideradas “inviables” por “falta de competitividad”) una suma de dinero complementaria del seguro de desempleo, por el término de seis meses desde su desvinculación; a pagarse luego de que les hubiera pagado la correspondiente indemnización por despido.

Este requisito ha desaparecido ahora, con lo cual los empresarios cuyas empresas estén “en reconversión productiva” podrán despedir sin pagar las indemnizaciones, y el Estado pagará este subsidio los primeros seis meses.

También cambio el monto del subsidio: en la resolución original era equivalente a la mitad del último salario percibido por el trabajador, no pudiendo ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Ahora se mantiene el mínimo, pero el máximo pasará ser el.equivalente a dos y medio (2,5) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Como se comprenderá, en determinados convenios colectivos de trabajo la mitad del último sueldo percibido es mayo a dos y medios SMVM, con lo cual en esos casos  el subsidio será menor que lo que era en el “Plan” original.

Para que no queden dudas de que es el Estado el que financia los despidos consecuencia de la “reconversión productiva” y no los empresarios, la nueva resolución aclara que en el caso de los trabajadores incorporados a una “empresa dinámica” (es decir las que se supone que pueden subsistir en un régimen de apertura porque son competitivas) el pago de los subsidios es a cargo del Ministerio de Trabajo (o sea, del Estado);  y durante los nueve meses que el trabajador lo percibe su nuevo empleador toma ese monto como pago a cuenta del salario de convenio que le corresponda percibir.   

Finalmente la resolución incorpora al “Plan” el subsidio para “...Los trabajadores que se incorporen a una empresa que no sea Empresa Dinámica...”, o sea aquellas que toman trabajadores, pero no tienen “competitividad” asegurada. En éste caso el monto del subsidio es menor, porque no puede superar el equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y se otorgaría por el plazo máximo de SEIS (6) meses. También es deducible de los salarios que le corresponda percibir al trabajador, de acuerdo al convenio respectivo.

Y como para que no queden dudas de que la cosa está complicada por el lado del empleo y los despidos, también en el Boletín del jueves apareció la Resolución 56 de Garavano, que fija en 205 el número de integrantes del “Registro Nacional de Conciliadores Laborales”, que tienen a su cargo el servicio de conciliación laboral obligatoria (SECLO), que estableció la Ley 24.635.

Lo curioso es que la cantidad de inscriptos en el Registro debían ser 230 (es decir más) de acuerdo a una resolución del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de agosto del 2015, o sea del gobierno de Cristina.


En los considerandos de la resolución de Garavano se destaca este sugestivo párrafo: “Que en una nueva revisión, considerando el tiempo transcurrido, el incremento en el número de reclamos que ingresan al SECLO y la experiencia acumulada desde la implementación de la Ley Nº 24.635, amerita la adopción de medidas conducentes al mejoramiento global del sistema de la Conciliación Laboral Obligatoria.” (las negritas son nuestras)

viernes, 30 de diciembre de 2016

QUE FÁCIL TE VEN, CGT


Leíamos en Ambito Financiero de ayer que el Ministerio de Trabajo a cargo de Jorgito Triaca prepara el plan "Garcarte 2017", con una batería de iniciativas y proyectos tendientes -como que no- a hacerle más placentera la vida a los laburantes argentos.  

Así por ejemplo nos cuentan: "Uno de los objetivos enumerados en el documento es la reducción de la "litigiosidad laboral" con una baja de las indemnizaciones que percibe el trabajador en caso de comprobarse un vínculo informal. A través de un proyecto de ley, prevé que el trabajador dejará de cobrar las sanciones económicas (extras indemnizatorios) aplicadas al empleador por falta de registración del empleado, por inscripción tardía, por declaración de menor salario que el efectivamente pagado o por despido incausado. Esos montos, de aprobarse la iniciativa, pasarán a la ANSES." (las negritas son nuestras) 

Sí, entendieron bien: para que baje el empleo en negro, lo que el gobierno plantearía es reducir las indemnizaciones que los trabajadores perciben si se los despide, y logran probar que los tenían sin registrar, los echaron sin causa, los anotaron tarde o el empleador declara menos salario que el efectivamente les paga, para ahorrarse cargas patronales. 

El mamarracho va en la misma línea de pretender que bajando esas cargas o las indemnizaciones por despidos. se logra generar más empleo; un absurdo desmentido por las estadísticas: con rebaja de cargas patronales e indemnizaciones en los años 90' el desempleo subió, con doble indemnización hasta bien entrado el kirchnerismo, bajaron el desempleo y el empleo no registrado.  

Nada se dice en la nota (y suponemos que tampoco en el documento del ministerio) que grado de cumplimiento tiene el régimen de sanciones de la Ley 26.940 (2014), que creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), y contempla como sanciones para los inscriptos en el mismo en su artículo 13 quedar excluido de "...Acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional;...Acceder a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas;...Celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. Tampoco podrán participar en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias;". 

Pero hay más, seguimos leyendo: "El documento fue presentado esta semana a sus colaboradores por el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, y recoge planes esbozados por Triaca y Mauricio Macri en sus reuniones periódicas. Uno de sus capítulos más extensos apunta a una reformulación de los programas de pasantías laborales y la elevación del sistema resultante al rango de ley. "El objetivo final es que toda la formación prelaboral pueda tener un período de aprendizaje de entre 3 y 12 meses, por fuera del marco laboral. De otro modo las empresas no van a querer participar. Esa es nuestra agenda", le dijo anoche a este diario Ponte, un exdirectivo del grupo Techint. También se pautó una iniciativa para la "creación del Sistema de Prácticas Formativas Secundarias, Terciarias, Universitarias y de Nóveles Graduados" como reemplazo formal de "la antigua ley de pasantías, hoy obsoleta", añade el documento, de modo tal de "brindar a los estudiantes el derecho a ser reconocidos en el mundo del trabajo". El antecedente más próximo es el acuerdo que concretó el Gobierno con la cadena de comidas rápidas McDonald's, que subsidia parte de los salarios de los empleados ingresantes. " (como siempre, las negritas son nuestras)

Por si no quedó claro: la idea del gobierno (en realidad, la de los empresarios, que es casi lo mismo) es replicar el vergonzoso convenio con Mc Donald's (declarado inconstitucional por la justicia) en todo el ámbito laboral, elevándolo a la categoría de ley; y aumentando aun más la precarización laboral, con un lapso "de prueba" donde la relación ni siquiera tendría ese carácter; y en consecuencia los empresarios la pueden terminar cuando se les antoje, sin consecuencia legal alguna..

Y se vuelve otra vez con la maniobra de "laboralizar" en condiciones precarias y de explotación las pasantías educativas, que son parte del trayecto y formación de los estudiantes, y no un "período de prueba" para ingresar al mercado laboral. Por cierto, la "antigua" ley de pasantías es la 26.427, y data del año 2008; y fue sancionada precisamente para derogar la anterior, que entronizaba esa formas encubiertas de explotación y fraude laboral por las empresas, para obtener mano de obra barata. 

Las ideas son todo menos novedosas: van en línea con el esperpéntico proyecto de "empleo joven" que Macri envió al Congreso; y un mamarracho similar ya fue presentado en el 2013 por el diputado Obiglio (del PRO), justamente modificando la Ley 26.427. Porque si hay algo que tiene la derecha vernácula, es que jamás renueva sus ideas.

Sin embargo, la culpa no es solo del chancho, sino también de quien le da de comer: sin la impresentable claudicación serial de la burocrática e impresentable conducción de la CGT (que registra entre sus últimos éxitos haber bancado los cambios al régimen de ART y al de Ganancias), ninguno de estos experimentos cercenadores de derechos serían intentados: los ven con el mondongo blando y crecido a los muchachos, por ende fáciles para pelearse. Si ni ganas tienen.

domingo, 7 de agosto de 2016

A DIOS ROGANDO

martes, 19 de julio de 2016

SAQUEMOS CUENTAS CON EL MINISTRO TRIACA


Lo pagado de contado a los fondos buitres representa 201.937.888 de asignaciones universales por hijo (AUH) (*) 

El nuevo endeudamiento en dólares contraído desde diciembre del año pasado por la nación y las provincias representa 457.937.888 de asignaciones universales por hijo (AUH) (*)

Lo que el Estado deja de percibir por la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la disminución en cinco puntos de las de la soja representa 62.111.801 de asignaciones universales por hijo (AUH)

Lo que el Estado deja de cobrar por la eliminación de las retenciones a las mineras representa 3.623.188 de asignaciones universales por hijo (AUH)

Lo que el Banco Central tuvo que pagar a los tenedores de contratos de dólar futuro como consecuencia de la devaluación dispuesta por el gobierno representa 54.865.424 de asignaciones universales por hijo (AUH)

El monto total de las Lebac´s en pesos emitidas por el Banco Central desde diciembre representa 662.525.879 de asignaciones universales por hijo (AUH)

De ese total, sólo lo que el BCRA deberá pagar de acá a fin de año en concepto de intereses representa 207.039.337 de asignaciones universales por hijo (AUH)

Las mayores ganancias de las petroleras como consecuencia del aumento del precio del gas en boca de pozo decidido por el gobierno representan 63.602.484 de asignaciones universales (AUH) (*)

(*) Cifras calculadas con el dólar a $ 15,36, cotización de ayer.

martes, 14 de junio de 2016

DE NO CREER


Desmantelaron el Renatea para devolvérselo al "Momo" Venegas.

Nombraron embajador a Puerta, que tiene causas por trabajo infantil y esclavo.

La Awada se casó con Macri, para asegurarse zafar de las inspecciones a los talleres.

Subsidian a MC Donald's para que explote pibes pagándoles menos del salario mínimo.

Aprobaron un "protocolo anti piquete" para evitar los cortes de calle.

Y así podríamos seguir.

Igual, lindo el cartelito.

sábado, 14 de mayo de 2016

EL GOBIERNO DE LOS PATRONES


Hemos dicho varias veces acá que a cada gesto “de aporte a la gobernabilidad” de parte de la oposición (fundamentalmente Massa y parte del PJ y del sindicalismo) el gobierno de Macri le correspondió con un sopapo, redoblando la apuesta para hacerles saber que no son socios, sino empleados.

Pasó con el acuerdo con los fondos buitres, o con los supuestos acuerdos por la coparticipación federal luego de los fallos de la Corte; y la posposición del debate sobre la ley anti-despidos en el Congreso no fue la excepción.

Entre la sesión que se cayó el jueves pasado y luego de la que viene el miércoles de la próxima semana, estará convocado el Consejo del Salario, al que concurrirían las centrales empresarias y las cinco centrales sindicales, que organizaron la protesta del 29 de abril.

Y como vemos acá en AmbitoFinanciero, el gobierno los espera con una agenda a pedido de los empresarios: piensa plantear la discusión por el ausentismo, el no pago de los días trabajados por huelgas y medidas de fuerza, y la discusión salarial en paritarias “por productividad”; ítem éste último analizado en su momento acá.

Dicho sea de paso: no se busca -como sugiere la nota- discutir salarios en base a los niveles de rentabilidad de cada sector empresarial, sino por grados posibles de explotación de la fuerza laboral, para incrementar las ganancias empresarias.

De no ser así, lo que podría hacer el gobierno (pero por supuesto no hará) es plantear reglamentar a través de un ley la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, letra muerta de la Constitución Nacional desde 1957.

El gobierno de los CEOS (patrones) está marcando así claramente cuáles son sus prioridades, y de que lado se coloca en la disputa entre los empresarios y los trabajadores.

Por si no les quedaba claro a los que lo ayudaron a zafar de la ley anti-despidos, para que los empresarios puedan seguir despidiendo, sin tener que pagar doble indemnización o reincorporar a los despedidos a sus puestos de trabajo. Que de eso se trata todo.