Cuando hace poco en la cumbre de Eurolat Cristina dijo lo que viene diciendo desde hace años -e incluso lo ha escrito en "Sinceramente"- sobre el poder, casi todos lo leyeron en términos de la interna del oficialismo lo cual es en sí mismo revelador: si todos pensaron que hablaba de Alberto y le hablaba a él cuando habló de los problemas que generan las decisiones que no se toman cuando hay que tomarlas, es porque Alberto viene haciendo precisamente eso, dilatar la toma de decisiones que la realidad impone.
Pocos días después, la Corte Suprema y su presidente, Horacio Rosatti, no hicieron sino una brutal demostración práctica de que Cristina tenía razón; ejerciendo con decisión todo el poder que les confiere la Constitución y mucho más, llegando al extremo de estrujar la Constitución como un trapo de piso para tomar por asalto el Consejo de la Magistratura. Claro que nadie puede pensar que Rosatti y los demás cortesanos hacen lo que hacen por motivaciones propias (aunque las haya, como el manejo de la caja de la justicia), porque sería como pensar que, en otros tiempos, las fuerzas armadas derrocaban gobiernos democráticos por sus propios motivos, y no como instrumentos de otros sectores más poderosos.
La Corte demostró -incluso con la revocación de la resolución del juez federal de Paraná y el pedido de que se lo enjuicie en el órgano que ahora preside Rosatti- que entiende bien la dinámica del poder, y que está dispuesta a ejercer ese poder cuando lo crea necesario; del mismo modo que entiende que hay poderes con los que no se tiene que meter: ahí tiene frizzada hace meses la causa sobre el DNU que congelaba las tarifas de los servicios de Internet y telefonía celular y los declaraba servicios públicos esenciales, y todo indica que terminará ratificando las cautelares que lo suspendieron. Otra vez: Cristina no hizo más que describir la realidad.
Mientras tanto el gobierno, que planteó la "autodepuración de la justicia" y obtuvo tan brutal respuesta de la Corte, fue reduciendo paulatinamente la "guerra contra la inflación" a una propuesta de terapia de grupo, y finalmente ayer -en palabras del propio Alberto- a un "vamos viendo" como se encaran sus causas, y las posibles medidas para resolverlas. Mientras tanto, siguen adelante las audiencias públicas para aumentar las tarifas en el orden del 65 % (cuando se había jurado que la pauta no excedería del 20 %), y Massa cerró un acuerdo con la oposición en el Congreso para modificar la ley de alquileres, volviendo a los dos años de duración de los contratos, y a que los reajustes los decida el mercado: la Moncloa argentina en acción.
Los anuncios de ayer sobre bonos para jubilados, monotributistas y trabajadores informales parecen más conectados a sostener a Guzmán en su cargo frente a las críticas internas, que a encarar seriamente una política de ingresos para los sectores populares que permita revertir el patrón regresivo en la distribución, que fue heredado del macrismo pero lejos de revertirse, se empeoró. De hecho, la semana pasada Moroni (el ministro que dijo que pese a la alta inflación, no veía problemas con los salarios) respondió al pedido de la CGT anticipando la apertura de algunas paritarias, para no tener que dar un bono extraordinario también a los trabajadores formalizados.
Es difícil hacer otra lectura cuando menos de una semana antes, el propio Guzmán primero y Cafiero después (dos personajes sin votos ni espesor político, que dependen exclusivamente de la lapicera presidencial) señalaron que hay un plan económico y un rumbo del gobierno, y que los que no lo compartan estaban invitados a retirarse; y cuando 10 días antes el albertismo convocado en Rosario llamaba a la unidad a los "díscolos" y Cecilia Todesca decía que para redistribuir, no se podía tirar plata desde arriba de un helicóptero.
También ayer el presidente y el ministro de Economía anunciaron el envío al Congreso de un proyecto de ley para gravar las "rentabilidades inesperadas" captadas por algunos sectores con la disparada de los precios internacionales por la guerra en Ucrania, una iniciativa que puede tener las mismas posibilidades de prosperar que el proyecto promovido desde el Senado por Cristina para gravar los activos no declarados de argentinos en el exterior; pero bienvenido que se intenten estas iniciativas que expresen la voluntad de hacer algo más que simplemente administrar la crisis. De paso y con el mismo sentido, podrían intentarse otras, como el juicio político a los miembros de la Corte por la bochornosa sentencia de diciembre del año pasado con la que prepararon el asalto al Consejo de la Magistratura: en todos esos casos, con probar no se pierde nada.
Tampoco puede evitarse -dados el contexto y los antecedentes- pensar que el gobierno tiene herramientas concretas a su alcance para gravar ya, sin más, las "rentabilidades inesperadas" generadas por la situación internacional, como aumentar las retenciones; pero ha hecho explícita -otra vez, en boca de Guzmán diciendo cosas que en rigor correspondería decir al presidente- su intención de no utilizarlas para ahorrarse conflictos políticos con sectores poderosos, con los que no tiene ánimo de confrontar. Lo cual pone en contexto el proyecto impositivo anunciado ayer: ¿hay la intención real de concretarlo, o es un simple gesto dirigido a la interna de la coalición oficialista?
Y aquí volvemos, para concluir, a la cuestión del poder: éste se ejerce si hay decisión, y si no la hay y no se ejerce -como bien recordó Cristina- otro lo hará, porque la política (y el poder) no toleran el vacío. Y no parece, a esta altura de las circunstancias que un gobierno que transita la segunda mitad de su mandato vaya a cambiar su hoja de ruta, que no alteró ni siquiera ante la contundencia de los resultados electorales.
Menos cuando hacerlo (es decir, ejercer el poder, que en esencia y en nuestra concreta estructura social y económica, es afectar intereses muy poderosos) puede significar desfilar por los tribunales, en el futuro; como le pasó y le pasa a Cristina. Tal vez allí haya que buscar las razones del estruendoso silencio presidencial frente al fujimorazo judicial, y decimos silencio por no decir -como algunos- complicidad; porque las desgracias judiciales futuras son cosas que le pasan a otros. Tuits relacionados: