LAS ALMAS BELLAS

 

Cuando Néstor Kirchner renovó la Corte Suprema, la propuesta de Eugenio Zaffaroni para integrarla fue un gesto de audacia: conocidas eran las posturas del penalista, que van en contra del "punitivismo dominante". El procedimiento de nominación de los nuevos jueces (Zaffaroni incluido) involucraba la participación ciudadana, la publicación de sus antecedentes y una discusión pública al respecto.

Zaffaroni estuvo a la altura de las circunstancias y honró el cargo mientras lo desempeñó, incluyendo votos en disidencia con sus pares, como cuando se trató la reforma judicial impulsada por Cristina y que  la mayoría de los cortesanos tumbaron. Sin embargo, cuando cumplió los 75 años de edad que marca la Constitución como límite a la inamovilidad, presentó su renuncia al cargo, y le fue aceptada.

En contraste, Carlos Fayt permaneció en funciones (protegido por un fallo judicial que declaró inconstitucional la Constitución) hasta su muerte a los 98 años, aun cuando hacía rato ya que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, y se duda incluso de que sea suya la firma en los últimos fallos que suscribió. Elena Highton de Nolasco permanece aferrada a su sillón, con un fallo judicial a su favor que la exime de obtener un nuevo acuerdo legislativo para permanecer en él.

Es bien conocida la historia de los jueces "okupas" designados por el macrismo a los que no se pudo remover de sus cargos ni siquiera con fallos judiciales a favor del gobierno, y un rechazo del Senado a sus pliegos; o la del procurador Casal, que estando él mismo flojito de papeles, hace causa común con Stornelli y lo protege de todas las acusaciones en su contra, por delitos cometidos.

El último episodio de la saga es la renuncia de Daniel Rafecas a la postulación como Procurador General  para la que lo propuso Alberto, en conta del proyecto de ley que avanza en el Congreso para que ese cargo sea designado con la mayoría de los miembros presentes del Senado, y no con los dos tercios como es ahora. Adujo incluso que no lo consultaron a él para impulsar la reforma como si correspondiera.

Excluimos deliberadamente del racconto a Alejandra Gils Carbó, cuyo pliego fue votado en su momento por 63 de los 72 senadores nacionales, para terminar renunciando a su cargo por las presiones públicas de Macri para que lo hiciera, y con los medios hegemónicos divulgando el celular de su hija entre otras bajezas destinadas a amedrentarla: habría que ver como reaccionaría cada uno de nosotros, en condiciones similares. 

Lo que está claro es que de este lado seguimos jugando con reglas limpias con fulleros, que no en vano han diseñado todo un aparato de persecución judicial de opositores en su momento, y de obstrucción de las decisiones que molestan al poder real, siempre. 

Gente que ahora se rasga las vestiduras con indignación republicana, pero que no vaciló en espiar ilegalmente, carpetear con información así obtenida, dictar prisiones preventivas con cualquier excusa, armar causas, coachear testigos , inventar engendros como la "ley del arrepentido" o meter jueces de la Corte por la ventana y por decreto entre otras lindezas, con tal de conseguir sus objetivos. Mientras acá nos contentamos con triunfos morales, convenciéndonos de que somos los buenos, ellos los malos, y asunto solucionado.

Las instituciones del Estado, y entre ellas y de un modo especial el Poder Judicial, no giran en el vacío, ni nacen de la nada, o son ajenas a las relaciones de poder y los contextos políticos : el truco de quienes las utilizan en su beneficio consiste precisamente en convencernos de lo contrario; tal como -al decir del Papa- la astucia del diablo está en convencernos de que no existe.

Con esas reglas de juego -que nosotros no impusimos- y esos jugadores -que no elegimos- no se puede ser cándidos, ni hay lugar para almas bellas que temen arrugarse el traje en las disputas políticas, por más intencionadas que sean, o por mejores pergaminos y trayectoria técnica que puedan exhibir. 

Se trata de otra cosa, que no significa aceptar prestarse a cualquier enjuague, o traicionar las íntimas convicciones, sino simplemente de ponerle el cuerpo a las ideas, dando las peleas que haya que dar, cuando haya que darlas, por todo el tiempo que sea necesario. Como hacen ellos, sin ir más lejos; salvo que opten por profugarse al Uruguay.

Tuits relacionados: 

Nosotros proponiendo para los cargos a almas de cristal que se desmayan a la primera brisa fuerte, cuando del otro lado nos contestan con Jack el Destripador con una motosierra mellada. Así nos va.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 17, 2021

Hay que aprender para otra vez, cuando se pone la mira en los "prolijos" para proponerlos para cargos a los que llegan por la decisión de los poderes políticos. Si no que ganen un concurso y listo. https://t.co/DgkkajeFZW

— La Corriente K (@lacorrientek) May 17, 2021

UN FISCAL PARA EL FISCAL

Esto es de hace unos días, pero con la garra que le vienen poniendo Bonadío y Stornelli a  lo de los cuadernos, devino de rigurosa actualidad: lo de "poner el cuerpo" que dice el fiscal Saénz lo explica mejor que nosotros Tuny Kollmann en Página 12: "Fuimos nosotros, los actuales fiscales, los que viajamos con excavadoras al sur (Guillermo Marijuan); fue Eduardo Taiano el que se inventó la pericia de Gendarmería en el caso de la muerte de Alberto Nisman; fue Carlos Stornelli el que pidió la prisión de Julio De Vido sin que siquiera haya juicio ni condena ni nada; fueron Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques los que armaron la causa por las rutas en Santa Cruz sobre la base de una no-pericia que desmentía la acusación. Fue Germán Moldes el que respaldó la causa trucha y las detenciones por el Memorándum con Irán. Hicimos todos esos servicios y ahora nos vienen con una foránea, una que nunca se ensució como nosotros, como Weinberg de Roca. ¡Qué manera de mandarnos al muere!" .

Si no entendemos mal, lo que el buen fiscal sugiere es que él y algunos de sus colegas han ejecutado han ejecutado actos inherentes en violación a las normas vigentes, y se arriesgaron a hacerlo para satisfacer deseos y objetivos políticos del gobierno, y esperaban algo a cambio, o peor aun: se los prometieron.

Es una pena que entre bueyes no haya cornadas, y menos dentro del Poder Judicial, porque es dudoso que algún colega de Sáenz (es decir, un fiscal) se anime a citarlo para pedirle que amplíe sus declaraciones, que son la virtual confesión de varios delitos contemplados en el Código Penal, a saber: (Van los artículos respectivos, las negritas son nuestras) 

"ARTICULO 242. - Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos diez mil e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma prescripta en las constituciones o leyes respectivas."

"ARTICULO 248. - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere."

"ARTICULO 256. - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones."

"ARTICULO 256 bis — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años."

"ARTICULO 257. - Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia.".

Tuits relacionados:

Se entiende más o menos como funciona la cosa, o hay que hacer un dibujito?

— La Corriente K (@lacorrientek) 1 de agosto de 2018

EL LADO OSCURO DE LA FUERZA

En la sorpresa diaria que nos depara el Boletín Oficial, nos encontramos hoy con el Decreto 491 (completo acá), que modifica los Decretos 222 y 588 del año 2003 dictados por Néstor Kirchner; estableciendo los procedimientos de autolimitación de las facultades presidenciales para postular candidatos a la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General, los demás tribunales federales inferiores y cargos jerarquizados del Ministerio Público.

Los cambios consisten -en ambos casos- en enfatizar por todos los medios la preservación del secreto fiscal de las declaraciones juradas presentadas por los candidatos ante la AFIP respecto a su situación impositiva, mediante sendos agregados en ambos decretos por los cuáles se dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá requerirlos en el marco del proceso para la selección de postulantes, siempre y cuando el candidato postulado preste su conformidad para ello. O sea: si no quiere, no se pueden pedir.

El decreto le recomienda además a la cartera de Garavano la estricta preservación de la confidencialidad de los datos consignados por los postulados no solo ante la AFIP, sino en su declaración jurada patrimonial, una vez pasado el tiempo en el que ésta se publicita junto con la postulación.

Finalmente agrega en el Decreto 588/03 la previsión que ya estaba en el 222 del mismo año (el que refiere a los postulados para la Corte Suprema de Justicia) en cuanto a que los candidatos deberán adjuntar a sus antecedentes “...una declaración jurada en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, su conviviente, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.” (las negritas son nuestras)

Lo curioso del caso (aunque indicador de toda la oscuridad de los cambios) es que en los considerandos del decreto no se hace la más mínima mención a las modificaciones que se introducen en cuanto a la preservación de la confidencialidad de los datos fiscales y patrimoniales de los candidatos, más allá del proceso de selección.

Sin vacantes a la fecha en la Corte, y con el pliego de Inés Weinberg de Roca en el Senado desde hace unos días, es imposible no asociar los cambios con algún acuerdo entre Macri y Lorenzetti (presionado a su vez por la corporación judicial), para evitar “filtraciones” molestas (como sucedió con el blanqueo de la familia presidencial), en relación a candidatos a ocupar cargos en la justicia federal y el Ministerio Público.

La pregunta es cuáles serán los que están flojitos de papeles y por ende interesados en que no se divulgue su situación; porque la contraprestación que obtendrían Macri y Garavano por preservar el sigilo nos la podemos imaginar.

PREFIEREN DEPENDER DEL PODER EJECUTIVO

El jueves pasado finalizaba el período ordinario de sesiones de la Legislatura santafesina, y como sucede todos los años, senadores y diputados sancionaron en bloque un montón de leyes que durmieron en las comisiones el resto del año.

Entre ellas, colaron un proyecto originado en el bloque de senadores del oficialista Frente Progresista que tuvo tratamiento express en la cámara de origen, y fue aprobado a tambor batiente en Diputados sin debate, ni exposición de motivos, ni justificación alguna, pese a que no era moco de pavo: modifica la Ley 13.013 que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), es decir del órgano encargado de la persecución de los delitos en la justicia provincial.

El cambio aprobado consistió en que ahora para sancionar, suspender o remover a un fiscal ya no lo hará un jury integrado por legisladores, los colegios de abogados y los funcionarios del propio MPA previo una auditoría realizada por éste, sino que directamente lo hará la Legislatura. Ni siquiera el bochornoso proyecto que presentaron en el Senado de la Nación Pichetto y Pinedo para recortarle atribuciones a Gils Carbó cuando aun estaba en funciones llegó a tanto, que significa lisa y llanamente terminar con la independencia del órgano.

Frente a la aprobación del proyecto, reaccionaron en bloque las autoridades del Ministerio Público, con el Fiscal General Baclini y los Fiscales Regionales al frente, y el colegio de fiscales después, y ya le están pidiendo a Lifschtiz que vete la ley. Mientras tanto, la Legislatura lleva adelante el proceso de juicio político contra el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia Jorge Barraguirre, ex Fiscal de Estado en el gobierno de Binner y asesor de Bonfatti, antes de llegar al cargo.

El procedimiento se inició ante la denuncia de una gran cantidad de defensores y fiscales del Poder Judicial por entorpecimiento e intromisión en sus funciones específicas, e intento de direccionar su trabajo en causas espinosas para el poder político provincial; como la que se sigue contra el ex director del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe Marcelo Vorobiof, por defraudación a la administración pública.

Dichas así las cosas, pareciera que la protesta de los fiscales contra la nueva ley sancionada a las apuradas y entre gallos y medianoche debería ser apoyada, si no fuera porque esos mismos fiscales vienen -hace apenas días- de protagonizar el bochorno de separar a uno de sus colegas (el fiscal Apullán) de las causas que investigaba que comprometen al poder político santafesino: las horas extras y las compras de la Policía, los ascensos en los concursos policiales, los manejos irregulares de fondos públicos de la Municipalidad de Santa Fe a través de cooperativas de trabajo (los famosos “Corral paper´s) y el manejo de los subsidios que hace el Senado.

Justamente ésta última causa fue la que generó la inmediata solidaridad de los senadores (todos, oficialistas y opositores) con el ministro Pullaro, supuesta víctima de una operación en su contra “de sectores oscuros de la policía”. Y solidarios con ellos mismos, se pusieron a trabajar en un proyecto para poder sacarse de encima a los fiscales molestos, que andan hurgando que hacen con los millones de los subsidios; a menos que uno crea que lo hicieron para mejorar un sistema que nos vienen vendiendo hace 10 años como una joya, y un ejemplo a imitar en todo el país.

Los gestores del proyecto en el Senado son los mismos que, “Banelco” de los subsidios mediante, le garantizaron a los tres gobiernos del socialismo un tránsito ágil para sus proyectos en la Legislatura pese a estar siempre en minoría en la Cámara; y varios de ellos se van a ir de viaje a Estados Unidos con Lifschitz, a rosquear la posible reforma constitucional.

Al fiscal Apullán no solo lo corrieron de las causas que investigaba contra Pullaro, Corral, los senadores y la policía luego de una conversación entre el gobernador y el intendente; sino que le iniciaron tres investigaciones internas en el MPA, una a pedido del propio Corral, por haberse atrevido a allanar la Municipalidad por los manejos fraudulentos de fondos destinados a solventar su red de punteros políticos.

A cargo de las investigaciones está la auditora del MPA, que es ex funcionaria política de los gobiernos de Binner y Bonfatti (como la mayoría de los que ocupan cargos estratégicos en el MPA, incluyendo al hijo de Barletta); como para que escarmienten los demás fiscales, por si en el futuro se les ocurre hacer lo mismo.   

Y al Procurador Barraguirre lo defenderán seguramente radicales y socialistas en la Legislatura (la mayoría de ellos ni siquiera se tomó el trabajo de escuchar a los denunciantes), porque si se mandó a apretar fiscales para -por ejemplo- salvarlo a Vorobiof no fue por la suya, sino obedeciendo expresas y precisas instrucciones del poder político. Que por supuesto y sin ponerse colorado, lleva años cuestionando a “Justicia Legítima” y a Alejandra Gils Carbó, por su “militancia kirchnerista”.

Antes se había sacado el problema de encima diciendo que era incompetente para juzgar al Procurador la Corte, integrada por reutemanistas, usandizaguistas y “me rascoelombliguistas” varios; a la que Binner había prometido descabezar cuando llegó a la Casa Gris allá por el 2007, a imagen y semejanza de lo que hizo Néstor Kirchner con la Corte nacional. Hoy es parte del pacto de impunidad entre el Frente Progresista y buena parte de la oposición (en especial los senadores del PJ), y el Poder Judicial.

La esposa del presidente de la Corte durante años y que pronto volverá a serlo (Rafael Gutiérrez) y actual Defensora General de la provincia designada luego de que esta misma rosca político-judicial se sacara de encima a Gabriel Ganón porque les molestaba (por  ejemplo por denunciar las torturas de la policía santafesina), se queja de la ley sancionada "porque consagra la intromisión de la política en la justicia".

Puede parecer extraño que contemos estas cosas en un blog santafesino como si por acá no se conocieran en detalle, pero en realidad es así; porque el blindaje mediático no solo funcionar para proteger a Macri: Corral y Lifschitz (como antes Barletta, Binner o Bonfatti) también gozaron de sus beneficios.

Todo esto que reseñamos pasó en apenas unos meses de éste año, no en Groenlandia ni en un remoto país africano, o en una provincia del NEA o el NOA gobernada por el peronismo); sino acá, en la “invencible” provincia de Santa Fe de la boleta única y otras exquisiteces institucionales que hacen las delicias del CIPPEC, Poder Ciudadano, Transparencia Internacional y todas esas larvas autodenominadas ONG’s, que por supuesto de todo esto jamás dirán nada.

Y los fiscales saltan para defenderse de una ley horrible, en defensa de un sistema corrompido hasta los cimientos, del cual son partes y cómplices; que rechazan pasar a depender en los hechos de la Legislatura, porque prefieren seguir dependiendo -como hasta ahora- del Poder Ejecutivo.

OTRO FALLO VERGONZOSO A LA MEDIDA DEL GOBIERNO

El viernes ya en tiempos de veda se conoció el fallo del juez Cayssials que declara inconstitucional el artículo 76 de la Ley 27.148, que establece el requisito del juicio político para la remoción del Procurador General de la nación, como cabeza del Ministerio Público Fiscal. Pueden leerlo completo acá.

En sus apenas 24 fojas el fallo es una recopilación de barbaridades difíciles de empardar, que lo tornan una pieza de estudio para entender como viene funcionando buena parte del Poder Judicial federal para responder a los objetivos políticos del gobierno de Macri. A saber:

* Quienes promovieron la acción y la cuestión de la legitimación y la existencia de causa: se trata del Colegio de Abogados porteño, el de la calle Montevideo; el que apoyó todos los golpes de Estado en la Argentina y que preside Guillermo Lipera, el presidente del último coloquio de IDEA; y en paralelo la asociación civil "Será Justicia", presidida por el mismo Lipera, y de cuya comisión directiva forman parte Adriana Talerico (la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera desiganada por Macri tras ser asesora del HSBC en causas de lavado de dinero) y Juan Curutchet, el presidente del Bando de la Provincia de Buenos Aires.

Pasándose a nado la exigencia de una "causa" que establece el artículo 116 de la Constitución Nacional (es decir, un pleito concreto entre partes con intereses contrapuestos, una de las cuáles aduce un perjuicio en su contra para pedir la inconstitucionalidad de la norma) para habilitar la intervención de la justicia, el juez inventa una "acción directa de inconstitucionalidad", en cabeza de cualquier ciudadano, para reclamar cuando entiende que una norma viola la Constitución, aunque no le cause ningún perjuicio concreto.

Cabría ver como nos iría a nosotros si intentáramos -por ejemplo- por esa vía pedir ante este mismo juez la inconstitucionalidad del decreto de Macri que permitió blanquear dinero y propiedades no declaradas a los familiares de los funcionarios del gobierno, en contra de la ley sancionada por el Congreso, que expresamente lo prohibía.

* La presentación por parte del Ministerio Público y la de Gils Carbó: como se cuestionaba una garantía de funcionamiento del órgano creado por el artículo 120 de la Constitución como "independiente y con autonomía funcional", el Ministerio Público pidió intervención en la causa como tercero afectado por el resultado de la decisión ("litis consorcio pasivo necesario", artículo 90 inciso 2) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), el juez la desconoció pero le corrió traslado a título personal a Alejandra Gils Carbó; poniendo así de manifiesto que el propósito final de la maniobra es desplazarla de su cargo.

Acaso para decir -cuando eso suceda- que tuvo su oportunidad para defenderse.

* El artículo objetado estaba en la original ley del Ministerio Público 24.946 (1998), en su artículo 18; y también establecía el requisito del juicio político para la remoción del Defensor General de la Nación, sin que se conocieran en casi 20 años de pacífica vigencia objeciones al respecto del Colegio de Abogados porteño ("Será Justicia" fue creada en el 2012), ni contra ese último caso: prueba evidente de que la maniobra tiene por objeto llevarse puesta a Gils Carbó, no "defender las instituciones".  

* La cita del precedente del fiscal Molinas: el juez cita en apoyo de su resolución el fallo de la Corte Suprema menemista de 1991 que convalidó el desplazamiento por decreto presidencial del entonces Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas; omitiendo que entonces el Ministerio Público dependía del Poder Ejecutivo, pues no había sido sancionada la reforma constitucional de 1994 que le dio el rango que antes señalamos, en el artículo 120 CN. 

* El copy paste de la cita de Bidart Campos: como si sacara los fundamentos de "El rincón del vago", el juez extrajo una parte de la opinión del fallecido constitucionalista en la que sostiene que la nómina de los funcionarios para los que la Constituye exige el juicio político para su remoción no puede ser ampliada por ley del Congreso, cortando la parte (que ven subrayada abajo) en la que dice que exceptúa de ese criterio justamente a las autoridades del Ministerio Público, contempladas en el artículo 120, como un modo de garantizar su independencia funcional: 

* La omisión de la parte en que piden que se inste al Congreso a dictar otra ley: al comenzar el fallo el juez hace la advertencia (con cita de fallos de la Corte) respecto a que los jueces no están obligados a fallar todas las cuestiones planteadas por las partes en la causa, del modo en que estas las han planteado.

Acaso por eso sea que haya omitido la parte en la que los accionantes piden que, una vez declarado inconstitucional el artículo, se inste al Congreso a dictar una ley que establezca otro mecanismo de remoción del Procurador General "ajustado a la Constitución". 

La omisión (que soslaya la posterior intervención del Congreso en el asunto) no es casual: le deja las manos libres a Macri para remover a Gils Carbó por decreto, apelando a las facultades genéricas que le da el artículo 99 inciso 7) de la Constitución, para remover a cualquier funcionario "cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución". 

* Párrafo aparte para el allanamiento del gobierno a la demanda: cuando se le corrió traslado al Estado nacional de la demanda, en lugar de defender la constitucionalidad de sus normas como es su obligación, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se limitaron a señalar que ellos tampoco estaban de acuerdo con el artículo, tanto así que habían mandado un proyecto de ley al Congreso para modificarlo.

Lo que supuso un virtual allanamiento del Estado a la pretensión de los accionantes, por lo que es previsible que el gobierno de Macri no apelará el fallo, que le sirve a sus propósitos políticos de cargarse a Alejandra Gils Carbó sorteando un debate en el Congreso en el que seguramente y cualquiera sean los resultados de la elección de hoy, no le darían los números.

¿Ya somos Venezuela o todavía nos falta?

¿QUÉ TENDRÁ ESE PETISO?

De todo tiene parece:

Estaría buenísimo conocer más detalles de lo casos de "tráfico de influencias" y de "intromisión en causas de trascendencia que corresponden a la esfera funcional de los fiscales de 1° instancia".

Para sacarnos las dudas si se trata de casos de corrupción que involucran a funcionarios o ex funcionarios del gobierno provincial (como Vorobiof), municipal o de la propia justicia, como Fessia.

Por el 1 % de todo esto (y no denunciado por fiscales, sino por los medios) a Gils Carbó le vienen pidiendo la cabeza hace años.

Pero en la invencible todo pasa.

TODOS SOMOS GILS CARBÓ

Alejandra Gils Carbó resiste el intento de Macri de echarla de su cargo con una dignidad que ya quisiéramos ver en muchos dirigentes políticos y sindicales, en estos tiempos de oprobio. Otra vez -y van- una mujer dando el ejemplo, y marcando el camino.

Macri no ocultó jamás su intención de desplazarla, aun desde antes de asumir como presidente; y desde entonces nunca cejó en su empeño: intentó modificar la ley del Ministerio Público y aplicarle retroactivamente la reforma (que no cuajó en el Congreso) para privarla de sus fueros, de su inmunidad y acotar temporalmente su mandato, llevándose puesta la autonomía funcional que a su cargo le reconoce la propia Constitución Nacional.

La acusan (Macri, sus funcionarios, los dirigentes del oficialismo y los medios adictos al régimen) de militar para el kirchnerismo en tanto forma parte de “Justicia Legítima”, y de favorecer a los dirigentes K que enfrentan causas por presuntos hechos de corrupción. Las pruebas -en tiempos de “posverdad”- te las debo, como diría el presidente.

Omiten que no se encuentra vigente el nuevo Código Procesal Penal de la Nación aprobado por el Congreso en el gobierno de Cristina (que pone el peso de las investigaciones exclusivamente en manos de los fiscales del Ministerio Público), precisamente porque Macri pospuso su aplicación por DNU, dejando subsistente el viejo Código donde los jueces son los que instruyen las causas, excepto que opten por delegar la instrucción en los fiscales.

Gils Carbó dictaminó en contra del tarifazo del gas y de la aplicación del “2 x 1” a los genocidas procesados en causas por delitos de lesa humanidad, y a favor de la libertad de Milagro Sala.

Desde que asumió sus funciones en 2012 creó unidades especiales de la Procuración para combatir la violencia institucional, el narcotráfico, la trata de personas, la violencia de género, el lavado de dinero, los delitos económicos y contra la seguridad social, y las causas de lesa humanidad: todos dramas acuciantes de nuestra sociedad, que en muchos casos debemos a los amigos y socios de Macri, o a sus apoyos sociales.

Pero por si todo eso fuera poco para hacerla acreedora de la furia presidencial, el propio Macri acaba de confesar desde Córdoba con todo desparpajo que es lo que más le molesta de Gils Carbó: la acusa de promover denuncias contra él y sus funcionarios, por hechos de corrupción; denuncia que para Macri “carecen de todo fundamento”.

Así de sencillo: al presidente y sus funcionarios no se los puede investigar, porque él dice que todo lo que dicen de él y de ellos es mentira, y hay que creerle, porque sí, y nada más. Sanseacabó.

Es decir que despejando toda la hojarasca de pucheritos republicanos indignados y discursos para el cacerolismo bobo, lo que queda es el contrabandista de autopartes salvado de la cárcel en los 90’ por la Corte de los milagros menemista, que pretende seguir usufructuando de los beneficios de un Poder Judicial “amigo” para hacer sus negocios, sin interferencias molestas.

Eso, y la enorme dignidad de Alejandra Gils Carbó.

REBELIÓN EN LA GRANJA JUDICIAL

Nos enteramos que el 31 de marzo pasado, ingresó en la Presidencia de la Corte santafesina -a cargo del Dr. Daniel Erbetta- una nota suscripta por casi treinta Fiscales, Defensores y Fiscales y Defensores de Cámara de la Provincia de Santa Fe, por la cual se formula una grave denuncia contra el Procurador de la Corte Suprema provincial, Dr. Jorge Barraguirre. 

Lo raro (o no) es que, a más de un mes, así como entró la nota pareciera que fue colocada en el cajón del olvido, porque sólo la casualidad permitió que la noticia nos llegue y no encontramos ningún trascendido en alguno de los tres poderes constituídos.

En el fragor del trabajo, es obvio que se puede tener encontronazos con algún sub-alterno, pero pocas veces se ha visto que se lo tenga con casi la totalidad de ellos y, en los anales del Poder Judicial, es la primera vez que existe la presentación de una denuncia del calibre que estamos contando.

¿De qué se lo acusa? Dicen los denunciantes que avasalla la esfera funcional de actuación propias de los cargos de los integrantes del Ministerio Público, a quienes amenaza constantemente con sancionarlos (incluso llegando a decir que los va a hacer echar), si no cumplen con las "instrucciones". 

No sabemos a ciencia cierta, pero nos imaginamos que sería bueno ser amigo o funcionario radical para que el Procurador asuma nuestra defensa en distintas situaciones en las que nos podamos encontrar. También se dice que las "apretadas" tienen la modalidad de agresión verbal -incluso con un lenguaje mal hablado- y con gesticulaciones obscenas, aún delante de funcionarias. Incluso se señala, a modo de ejemplo, la agresión verbal -al límite de la física- que sufriera un funcionario de la procuración de dilatada trayectoria (Dr. Salvatierra), que fue luego trasladado.

Esto no lo dice la denuncia ni ninguno de los involucrados, pero también nos enteramos en los pasillos, que en la causa del Puerto, el fiscal interviniente en ese momento, habría sido "apretado" por el Procurador para favorecer la posición de Vorobiof y funcionarios radicales. Así como lo leen.

Pero esa supuesta "apretada", que no nos llama la atención, no habría sido la única. La intervención de la computadora personal de Medina -causa Los Monos-, habría también tenido un guiño off the récord, según los comentarios abogadiles.

Así las cosas, y a pesar que no nos constan los hechos mencionados en los últimos dos párrafos, ya de por sí la situación que se vive en el Ministerio Público, por una rebelión de la naturaleza que contamos, no sólo nunca se ha visto, sino que incluso fue rubricada por gente que nunca firmaría nada de ese tenor si no fuera porque se hartó de la situación vivida.

Veremos qué pasa con ese cajoneo y si alguien se anima a limpiar escritorios quizá encuentre algo interesante. 

Por lo pronto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial habría también adherido al reclamo, en  apoyo a los denunciantes. 

Esperemos a ver qué sucede con esto.

PROCURADORES

El Colegio de Abogados porteño (el de la calle Montevideo, el propulsor de todos los golpes de Estado producidos en el país) pide que se declare inconstitucional la Ley 24.946 (1998) del Ministerio Público, en cuanto exige que para destituir al Procurador General de la Nación se sustancie un juicio político, con mayoría agravada de dos tercios de los presentes de cada Cámara para habilitar el proceso, y la destitución.

El Colegio es manejado por una lista armada en conjunto entre la UCR y el PRO, su verdadero factótum es Daniel Angelicci, el presidente de Boca y operador judicial del macrismo. El pedido para declarar inconstitucional la ley lo firma -entre otros- Ezequiel Cassagne, del estudio que defendió los intereses de Clarín, La Nación y la Sociedad Rural en sus litigios contra el Estado por la ley de medios, el no pago de impuestos y la devolución del predio de Palermo; respectivamente.

La figura del Ministerio Público Fiscal como órgano extra poder y autónomo dotado de autonomía funcional e inmunidades (artículo 120 de la Constitución) fue introducida en el Pacto de Olivos y el “núcleo de coincidencias básicas” para la reforma de 1994 a pedido de Raúl Alfonsín y el radicalismo. A 23 años de la reforma os legisladores de la UCR (sin dejar de reivindicar al primer presidente de la transición democrática) estaban dispuestos a levantar sus manos en el Congreso, sea modificando la ley para tumbar a Gils Carbó, sea para destituirla por juicio político. Todo sea por preservar a “Cambiemos”.

En casi 20 años de vigencia de la ley, nunca se supo que al Colegio de Abogados porteño le molestara, o le pareciera inconstitucional. Hasta ahora, en que se presta a ser el “Plan B” del gobierno de Macri para echar de su cargo a Alejandra Gils Carbó; porque no le dan los números en el Congreso para el juicio político, y ya fracasó un intento de modificar la ley para limitar temporalmente su mandato, con carácter retroactivo a su designación. Jueces del palo que se presten a declarar inconstitucional la ley (pasando por encima de la propia Constitución y de la discusión legislativa en el Congreso), seguramente no les van a faltar.

Cristina (que sería la encarnación misma del populismo destrozador de instituciones) le propuso a Gils Carbó ser Procuradora General tras el fracaso del pliego de Reposo, y luego de que ella dictaminara (siendo fiscal de cámara) en contra del acuerdo preventivo extrajudicial de Multicanal que allanaba la fusión con Cablevisión (luego aprobada por el gobierno de Néstor, cuando el kirchnerismo estaba en buenas migas con el Grupo Clarín).

Macri, en cambio (que es la representación viviente de la virtud y los valores republicanos) quiere echarla porque cumple su rol: investigar posibles delitos, cometidos por él, sus funcionarios y familiares. Y dictaminar en casos espinosos para el gobierno (como los tarifazos, o la detención ilegal de Milagro Sala), en contra de los deseos del gobierno, y exigiendo que se respeten las leyes y la Constitución.

De esta nueva fase de la ofensiva contra la Procuradora de Macri protagonizada por Angelicci no se han conocido expresiones públicas en contrario de la locuaz Carrió (a la sazón, constituyente en el 94’). Tampoco sabemos si ha tratado el tema en sus habituales reuniones con el presidente.

Por el contrario el ahora ex Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, fue elogiado ampliamente por Carrió pese a su estruendoso silencio durante la discusión por el arreglo conlos fondos buitres, y su rol como mínimo secundario en el escándalo del Correo.

Pese al apoyo de la pitonisa, Macri decidió rajarlo, para reemplazarlo por un tipo propuesto por Ernesto Sanz (el descubridor de talentos como Dujovne); porque el tipo le había armado “la ingeniería financiera de campaña”: léase le recolectó guita entre los numerosos y adinerados clientes de su estudio, sobre lo que volveremos más adelante.

Balbín rechazó el ofrecimiento para reemplazar a Leandro Despouy (el ex titular de la AGN) como representante del gobierno ante los organismos internacionales de derechos humanos: acaso no deseaba repetir los papelones de tener que explicar algunas cosas inexplicables que están pasando en la Argentina con los derechos humanos.

Vuele a su cargo de juez en lo contencioso administrativo y tributario de la CABA, de donde venía y en el que tenía licencia; un fuero trabajosamente armado por Angelicci (que lo recomendó para la Procuración), y ampliamente dominado por el PRO desde que gobierna la ciudad: toda una garantía de independencia en el regreso al ejercicio de funciones judiciales, Rodríguez Larreta debe estar temblando. Al parecer, estos detalles se le escaparon a Elisa Carrió cuando decidió defenderlo tan abiertamente.

De acuerdo con el Decreto 201 de Macri (analizado acá), la Procuración General del Tesoro debía intervenir obligatoriamente en los juicios contra el Estado (algo que está obligado a hacer por ley, desde 1947), en aquellos casos en los que pudieran producirse situaciones de conflictos de intereses. El decreto -recordamos- surgió a partir del escándalo del Correo Argentino, que saplicó al presidente y su familia.

Saravia Frías, el reemplazante de Balbín, es un recomendado de Sanz y Dujovne (de quien era funcionario), que cuando le queda tiempo libre entre videos, reuniones en el exterior y tráfico de influencias, quizás haga algo inherente a las funciones del cargo para el cual fue designado. O mejor no, no sea cosa que todo empeore aun más.

Como se ve en la imagen de abajo (sacado de la página web de su estudio) el hombre tiene una gran cartera de clientes, que incluye a casi todas las multinacionales mineras que opera en el país, los principales bancos, empresas agropecuarias y fondos comunes de inversión. Es decir los principales beneficiarios de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Macri, incluyendo el blanqueo.

Y también (ver recuadro) al Grupo Macri, lo que lo convierte para el presidente en el hombre ideal para asesorar al Estado en los conflictos de intereses con las empresas de los Macri: se asegura así que no haya conflictos entre los intereses en juego, garantizando los que verdaderamente le importan: los de los negocios propios y de su familia.

Al cierre de ésta edición no se conocen declaraciones de Carrió sobre la salida de Balbín y su reemplazo en la Procuración del Tesoro por uno de los abogados de los Macri. Quizás trate el tema en alguna futura reunión con el presidente. 

ESPERAR PARA VER

Parece demasiado prematuro suponer que los fracasos que sufrió el gobierno esta semana en el Congreso marcan un cambio de tendencia en los alineamientos políticos, en especial de parte de la “oposición responsable” que encarnan algunos sectores como el massismo, o el bloque de Diego Bossio.

Primero es preciso establecer claramente como se sucedieron los hechos, para luego hacer las valoraciones del caso. Vamos por partes.

El proyecto de ley que poda las facultades del ministerio público para forzar la salida de Gils Carbó se terminó cayendo -en primer lugar- por la embestida de Carrió; que más por coherencia política actuó movida por su necesidad de no dejar de ser la interlocutora privilegiada de Macri en los temas “institucionales. Es decir la misma lógica con la cual embistió en su momento contra Angelicci y sus operaciones judiciales.

Además de eso, no debemos perder de vista que el trazo grueso del proyecto (un auténtico bochorno jurídico por donde se lo mirar) correspondió a Sergio Massa y Graciela Camaño, que aspiraban a quedarse con el control del manejo de los fiscales a cambio de sus votos. Pero tenían un guiño de Pichetto para que luego el proyecto avanzara en el Senado, aunque luego todo terminará como sabemos.

Tampoco hay que menospreciar las reacciones que el proyecto generó en los propios operadores judiciales, comenzando por la influyente Asociación de Magistrados: cuando se conocieron los detalles del proyecto hubo más reacciones afuera del Congreso que adentro, dejando a salvo la oposición del kirchnerismo y la izquierda.

Otro tanto pasó con el régimen de “asociación público-privada” que en su momento analizamos en detalle en ésta entrada: hasta que se pudrió todo con la ley para rajar a Gils Carbó (porque eso es en esencia la reforma del ministerio público), venía con media sanción del Senado (lo que supone el apoyo de los senadores comandados por Pichetto y Abal Medina) sin mayores cambios, y todo parecía indicar que al gobierno le daban los números para aprobarla con el apoyo de Massa y Bossio.

La referencia de Graciela Camaño (la frustrada “jefa efectiva” de los fiscales a través de la bicameral del ministerio público) a venganzas y platos fríos al irse del recinto el deja a las claras que hubo bastante de devolución de gentilezas, más que objeciones de fondo al engendro que privatiza, extranjeriza y concentra la contratación pública.

Lo que no supone desconocer que el proyecto despertó fuertes resistencias al interior de los bloques del Frente Renovador y el Justicialista, en especial por parte de los diputados de extracción sindical.

Justamente Massa y Bossio (en especial el tigrense) se esforzaron en presentar el retorno del proyecto a comisiones como un “vuelto” por el fracaso de la reforma al ministerio público; cuando es tan ral como eso el hecho de que en la votación nominal para decidir que se hacía con él se partieron los dos bloques, y el propio Bossio había votado por aprobarlo tal como estaba, y convertirlo en ley.

Si se relojea el Senado, se advertirá que Pichetto por ejemplo votó sin cuestionamientos la “asociación pública privada”, y estaba dispuesto a hacer lo mismo con la reforma al ministerio público, hasta que apareció Carrió; de modo que empezar a hablar de un reacomodamiento opositor es como mínimo prematuro.

Lo sí queda claro es la fragilidad de la coalición oficialista, que cruje en cada tema a discutir por la sencilla razón de que una cosa es el gobierno (donde prima decididamente el PRO, los radicales decoran y Carrió no participa con cargos de gestión), y otra el Congreso, donde no todos los miembros del interbloque de “Cambiemos” se sienten cómodos con la agenda y los tiempos que trata de imponer Maacri.

¿Significa acaso eso que el oficialismo legislativo se partirá, dificultándole aun más a Macri la gobernabilidad? También sería prematuro concluir en eso, sobre todo cuando en las líneas maestras del programa de gobierno todos los socios de “Cambiemos” coinciden, aunque los minoritarios (la UCR y la Coalición Cívica) con astucia traten de que sea el PRO el que cargue con los costos políticos de defender lo indefendible.

En todo caso ambos temas (de una densidad e importancia relevantes) dejan en claro que la estrategia de “cambio de figuritas” que hasta acá vienen llevando adelante tanto Massa como Bossio está bastante cerca de encontrar sus límites, porque a cada concesión que le hagan al gobierno para que sus iniciativas avancen en el Congreso, no necesariamente le corresponderá otra de Macri, con el mismo peso sustantivo. Y los proyectos del gobierno no vienen livianitos últimamente, como lo demuestran los dos de los que estamos hablando.

La conformación del Congreso se presta para la fragmentación, el filibusterismo, los microemprendimientos legislativos y las groseras contradicciones. Ver si no el ejemplo del “progresismo” encarnado por Stolbizer, que se abstuvo en un caso (el de la asociación público-privada), y en el otro (ministerio público) salió a criticar duramente un proyecto cuyo dictamen había firmado.

La próxima “prueba de fuego” será el presupuesto, en el que hasta acá Massa y Pichetto vienen cocinando todo en la lógica del “cambio de figuritas”; partiendo del hecho incontrastable de que todo gobierno tiene derecho a contar con su presupuesto (algo que muchos de los hoy oficialistas le negaron al kirchnerismo cuando armaron el “Grupo A” en el 2009).

A cambio de supuestas concesiones de Macri a los gobernadores, se aprestan a convalidar el ajuste, la suba de tarifas, el reendeudamiento y las podas en áreas críticas, salvo alguna sorpresa de último momento.

Que podría darse por ejemplo si se siguen agudizando las contradicciones hacia el interior de las distintas “oposiciones responsables”, donde ya se alzan voces críticas (sobre todo en el massismo) porque la estrategia elegida los lleva a un “no lugar”: sin terminar de decidirse a ser opositores, y sin participar de los beneficios de gobernar, sino simplemente de coparticipar en los costos.

¿Nosotros? Tranqui, siempre del mismo lado, desde el principio: del de enfrente de estos impresentables que nos gobiernan.

PRO CURACIÓN

Es posible que haya habido quienes -de buena fe- creyeran que un gobierno de Macri verdaderamente cumpliría con sus promesas de campaña de respetar la división e independencia de lo poderes del Estado, y de reafirmar los valores republicanos.

Si no descubrieron la verdad por ellos mismos tras casi un año de gestión, sería hora de que alguien les de la infausta nueva: Papá Noel son los padres, y los herederos de los elencos civiles de todos y cada uno de los golpes de Estado habidos en el país (además de sus habituales beneficiarios) no serían quienes ostenten los mejores pergaminos en materia de la defensa de las instituciones.

Por si no bastaran el intento de tomar por asalto la Corte Suprema con dos paracaidistas designados por decreto presidencial, la lluvia de DNUS dictados estando el Congreso en receso (cuando era decisión exclusiva del presidente convocar a extraordinarias, si algún tema lo ameritaba por su importancia) para derogar leyes, o el avance sobre la (hasta diciembre) sacrosanta “autonomía” del Banco Central, allí está a la mano para comprobarlo el intento sostenido desde el inicio de remover de su cargo a Alejandra Gils Carbó, sin observar los procedimientos legales previstos para ello.

No conformes con las reiteradas presiones públicas de Macri y su ministro de Justicia para que la procuradora renuncie, el gobierno impulsó una ley modificando el régimen del Ministerio Público, solo en lo tocante a la Procuración, y llevándose puesta la autonomía funcional que consagra para el órgano la Constitución Nacional en su artículo 120.

Un proyecto hecho a la medida de un objetivo (remover a Gils Carbó) de un modo tan burdo y grosero, que hastaPagni en su columna de La Nación de ayer no tuvo más remedio que reconocer que tiene casi el mismo sentido y formato del que la oposición le criticara a Néstor Kirchner cuando quería remover al procurador Sosa en Santa Cruz.

Sin embargo, aquél proyecto no avanzaba tanto sobre las competencias y facultades de la Procuración como lo hace éste; que a partir del pacto tejido (una vez más, y para variar) con Massa, traslada el manejo del organismo de su titular, a una comisión bicameral del Congreso; vulnerando la autonomía funcional que le reconoce la Constitución.

Los detalles del mamarracho han sido debidamente analizados (ver por ejemplo acá a Irina Hauser en Página, e incluso ésta nota de El Cronista), pero es importante resaltar algunas cuestiones que hacen al contexto en el que el engendro avanza en el Congreso; como por ejemplo el hecho de que en el ámbito de la justicia federal sigue rigiendo aun el viejo Código Procesal Penal que pone la investigación de las causas judiciales en cabeza de los jueces, que la pueden delegar en los fiscales pero conservando el control de su sustanciación; de modo que si a lo que se apunta es a agilizar las causas (en especial por hechos de corrupción, más especialmente aun si involucran a funcionarios del gobierno anterior), el problema no está en Gils Carbó.

Mucho menos en Justicia Legítima, porque la mayoría de los fiscales “estrella” del firmamento judicial (Marijuan, Pleé, Moldes, Saénz) pertenecen a la orga consolidada hace décadas en los tribunales, es decir la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

Ni que decir que la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal aprobado en el final del gobierno de Cristina (que sí pasaría el control de las causas a los fiscales del Ministerio Público conducidos por la Procuración) fue acordada por Macri con la “oposición responsable” y se aprobó durante éste gobierno, aunque muchos legisladores (como Pichetto) habían votado en el de Cristina ese Código, tanto como la ley del ministerio público que ahora se quiere mutilar.

Lo que revela que el propósito de la maniobra excede claramente a Gils Carbó y es mucho más profundo; como que está vinculado a la construcción de lo que el coloquio de IDEA calificó sin ambages como “un nuevo orden político”; proceso del cual también forma parte la reforma electoral con la aceleradísima impantación del voto electrónico.

Un nuevo orden al que sectores de la oposición (en especial del peronismo) son invitados a participar para convalidarlo; y está por verse si con la procuración sucede lo mismo que con el aterrizaje de Lamberto en la Auditoría General de la Nación, es decir si también se convierte en una bolsa de trabajo para ex menemistas reciclados (¿García Lema?), expertos en “gobernabilidad”. Aunque con el proyecto, la verdadera jefa de los fiscales pasaría a ser Graciela Camaño.

El atajo elegido (ponerle un límite temporal al mandato del Procurador, y aplicárselo retroactivamente a Gils Carbó) es un disparate jurídico al que apelan porque no pueden sostener en público y en el Congreso (no a través de los medios) un debate como el que supone el juicio político que exige la ley vigente para la remoción; y hasta es dudoso que logren los dos tercios de los votos en el Senado que ésta impone.

Más cuando resultaría sencillo demostrar (porque los comunicadores oficialistas lo han repetido hasta el cansancio) que la carga contra Gils Carbó es apena una parte de una ofensiva mayor que ya se cargó a Rozanski (con la inestimable colaboración del servicial Piumatto) y apunta contra Rafecas, Freiler, y todo juez o fiscal “díscolo” a los propósitos políticos del gobierno.

La idea es además que por aquellos de las barbas del vecino, los ejemplos sean aleccionadores para otros (como por ejemplo Delgado, que investiga a Macri por los Panamá paper´s); de modo que en nombre de la lucha contra la corrupción, lo que el gobierno en realidad está haciendo es construir paso a paso su propio seguro de impunidad.

Algo perfectamente comprensible ven un gobierno de CEO’s que -empezando por el mismísimo presidente- está atravesado por los conflictos de intereses, las sociedades off shore, las cuentas extrañas en paraísos fiscales, las fundaciones flojitas de papeles y los contratos del Estado repartidos a parientes y amigos sospechosamente parecidos a testaferros.

Un gobierno que -recordemos- arrancó “remodelando” la Oficina Anticorrupción para poner al frente a una justificadora serial de sus desaguisados, y que sigue generando desde el Estado plataformas de negocios para los amigos (como las licitaciones de las energías no renovables, o el “plan de reconversión industrial”), mientras con la ayuda de los medios amigos nos entretiene con Lázaro y López, y con las causas contra Cristina.

Eso sin contar con que en un futuro político distinto a alguien (¿acaso a la propia Camaño, constituida en virtual cabeza de la Procuración desde el Congreso?) se le ocurriera ir más allá de los hechos específicamente delictivos y juzgar -por ejemplo- los desaguisados de la política económica.

Pensemos en como le iría a Federico Sturzenegger -apenas sobreseído por prescripción de la estafa del Megacanje- si se evaluara el festival de las LEBAC’s y su costo para el Estado como hoy Bonadío juzga los contratos de dólar futuro firmados durante el gobierno de Cristina.

Señalamientos que necesariamente hay que hacer, porque si bien es cierto que hay ciertas disputas (como la de la confiabilidad de la estadísticas públicas) que no hay que perder el tiempo sosteniéndolas con gente que carece de antecedentes morales para abordarlas porque está más sucia que una papa, tampoco deben dejarse pasar este tipo de truchadas, así como así.

EL ASALTO AL PALACIO

Leímos acá y acá en El Cronista de ayer que el gobierno acelera su ofensiva para desplazar de su cargo a la Procuradora General Gils Carbó, y algunos jueces federales como Rafecas o Canicoba Corral, que considera “cómplices de la corrupción k”.

En el caso de Gils Carbó, al amparo del caso López lo que busca es acelerar el proyecto de ley modificatoria del Ministerio Público que presentó Garavano (que tuvo seriasobjeciones en el Congreso), a través del cual el mandato del Procurador General (hoy vitalicio como el de los jueces) se reduciría a 4 años. La reforma se aplicaría retroactivamente a Gils Carbó, como consecuencia de lo cual en agosto debería abandonar su cargo, si es que no renuncia antes.

Recordemos que la actual procuradora fue designada con acuerdo del Senado por 63 votos favorables, ninguno en contra y apenas 3 abstenciones, y que tienen inamovilidad en sus funciones “mientras dure su buena conducta” al igual que los jueces; y al igual que ellos solo puede ser removida mediante juicio político.

Precisamente éste mecanismo es el que está intentando activar Carrió en lugar de la ley “a medida para echarla”, acaso para que no le enrostren a “Cambiemos” sus críticas a Néstor Kirchner por el modo en el que se desplazó al procurador Sosa, cuando era gobernador de Santa Cruz. Para promover el juicio político de Gils Carbó se basa en una denuncia de...Marijuan, por la designación presuntamente irregular de fiscales subrogantes.

La procuradora es una piedra en el zapato del gobierno y de lo sectores del poder económico que lo apoyan, desde antes incluso de asumir su cargo: recordemos que siendo fiscal de Cámara fulminó por inconstitucional la ley que Macri le hizo sancionar a la legislatura porteña para que la CABA tuviera su propio registro de sociedades; algo que podría lograr ahora si le traspasan la Inspección General de Justicia, y que le permitiría a la ciudad ser una especie de “Panamá” criollo, con facilidades para la formación y registro de sociedades, con mínimos controles estatales.

También en su momento Gils Carbó se opuso a la homologación del APE (acuerdo preventivo extrajudicial) de Multicanal, a partir del cual se viabilizó su fusión con Cablevisión luego aprobada por el gobierno de Kirchner: una decisión que iba en contra del  gobierno de entonces, pero fundamentalmente de los intereses del grupo Clarín.

Recordemos además que la Procuración General tiene intervención necesaria previa en la mayoría de las causas que se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: de poco le valdría a Macri controlar el tribunal a través de los nuevos jueces, si en causas sensibles para el poder un dictamen previo de Gils Carbó deja en evidencia alguna truchada, aunque luego los cortesanos lo dejen de lado y fallen como necesite el gobierno.

En el caso de los jueces “indeseables” apelarían al método Oarbide: presionarlos con denuncias del oficialismo en el Consejo de la Magistratura para eyectarlos de sus cargos, u obligarlos a renunciar. Lo que demuestra cuan serias son las convicciones “republicanas” de radicales, cívicos y demás miembros de “Cambiemos”: lejos quedaron aquellos tiempos en los que abrazaban al Consejo como el bastión final de defensa de las instituciones, contra “el avasallamiento del kirchnerismo”, llegando incluso a ir a la justicia para impugnar reformas aprobadas por el Congreso a ley que lo reglamenta.

Tan lejos como las palabras de Macri en su discurso inaugural de mandato ante el Congreso, en el sentido de que no necesitaban “jueces macristas”, ni los iban a buscar, y que muy por el contrario iban a garantizarles a los jueces que hagan su trabajo tranquilos, sin interferencia del gobierno.

Muy por el contrario, queda claro hoy que los que no se sumen al “mani pulite” contra el anterior gobierno (el principal objetivo político del gobierno, por momentos el único) corren el riesgo de ver rodar sus cabezas. Si al gobierno realmente le interesara la lucha contra la corrupción, también intentaría desplazar a los jueces o fiscales (como Ercolini o Marijuan) que hacen dormir el sueño de los justos a causas como la de Papel Prensa, las denuncias de Hernán Arbizu por lavado de dinero o la de las 4040 cuentas de la filial suiza del HSBC; o no protegería con los legisladores del oficialismo en el Consejo de la Magistratura a impresentables como Bonadío, el Oyarbide de “Cambiemos”.

No se menciona entre los jueces apuntados a Casanello, que tiene causas urticantes para el PRO como las de las sociedades de Macri en Panamá o la “Time warp”, pero no pasará mucho tiempo antes de que entre en la mira: por ahora prefieren amedrentarlo en el ejemplo de sus colegas, por aquello de las barbas del vecino.

Lo que este operativo de pinzas demuestra es que las promesas de regeneración institucional con las que llegó “Cambiemos” al gobierno van quedando en el camino, como antes pasó con la “pobreza cero”, la “revolución de la alegría” o el segundo semestre: Macri está decidido a tener su propia servilleta de jueces, como en su momento la tuvo Corach; y que al propio Macri tan bien le vino en su hora para que la Corte de los milagros menemista lo hiciera zafar de la causa por el contrabando de autopartes.

Y el operativo funciona con las fuerzas concurrentes de los “prolijos” como Carrió o los “carniceros” como Angelicci o “Pepín” Rodríguez Simón: cuando se trata de subordinar a la política al proyecto político del gobierno (porque a eso y no a un propósito de regeneración moral obedece la cacería judicial de kirchneristas), desaparecen las internas y todos tiran para el mismo lado.

Macri llegó al gobierno reivindicando a Frondizi y va vimos hasta donde llega su “desarrollismo”. Luego inauguró la estatua de Perón, y en estos seis meses nos viene dando muestras sobradas de su sensibilidad social, y su protección de los intereses de los trabajadores y los sectores populares. Esta semana remató su intento de construir su propia “línea histórica” homenajeando a Illia, y pudimos ver (Grindetti, Melconián, Quintana, Aranguren y las propias declaraciones juradas y “fideicomisos ciegos” del presidente mediante) hasta que punto lo tomaron como referencia de honestidad y decencia.

Con esta bliztkrieg con la que pretende tomar por asalto el palacio de los tribunales (de la que es parte esencial la asunción de los dos nuevos miembros de la Corte) y aun a despecho de destrozar la sensibilidad de algunas almas de cristal que lo votaron, nos está demostrando hasta donde llegan sus convicciones republicanas, y su apego a las instituciones.