DEBATEMOS

 

Pullaro repitiendo la pelotudez de la cárcel para 3000 narcotraficantes. Rompió el chantómetro.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Bien Lewandowski. A los dientes con lo de Druetta. Es por ahí.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Pullaro dice que va a poner entre 120 y150 patrulleros en la ciudad de Santa Fe. La semana pasada Poletti dijo que a él le había prometido poner 1000. Alguien miente.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Pullaro quiso decir que ahora bajaron los robos porque en la pandemia no estaba permitido robar, o me pareció a mí, @serdelfino.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Se ve que a Pullaro le dijeron "vos vas ganando, no digas nada, hablá generalidades incomprobables".

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

El candidato de Milei se lamenta de que la provincia ya no tenga un banco estatal. Que le avisen que Milei quiere incendiar el Banco Central.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Vuelve Tognoli? https://t.co/umII4W3XeZ

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Pullaro es Carrió o Lanata repitiendo los grandes hits antikirchneristas. Y no mucho más.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

A Edelvino lo veo bien para candidato en un centro de jubilados, @serdelfino. Está desperdiciado acá.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Eso, un Druetta, gente así hace falta. https://t.co/1NRLVU2hw5

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Yo si fuera Pullaro no entro en el tema de las cosas que le faltaban a los hospitales. Yo, eh.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Pullaro dijo que quiere volver al pacto fiscal del 2017 que firmaron Lifschitz y Macri, en el que el socialismo entregó el Fondo Soja. Y arrancó diciendo que la guita que se iba de Santa Fe no vuelve. Tiene un pedo de anís estrellado en el marulo.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Edelvino, el libertario que quiere que el Estado haga planes para todo.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Pullaro dice que en la pandemia se ejecutó apenas el 24% del presupuesto en Salud. Solo pagando los sueldos todos los meses se llega al 80%. No tiene ni idea de lo que dice.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Ahora Pullaro dice que Perotti ejecutó el 50% del presupuesto en Educación. Con lo que demuestra que siendo diputado y antes ministro jamás leyó un presupuesto. Porque el 95% del presupuesto educativo son sueldos y subsidios a las escuelas privadas para pagar sueldos. Es un burro

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Pullaro, el candidato de AMSFE Rosario, promete 180 días de clases, y que día de clases perdido se tiene que recuperar sí o sí. Se viene el ítem aula (presentismo del 40% del sueldo) y a llorar a la iglesia después.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

El viejo meado libertario promete una ley provincial de educación igual que Paco Garibaldi, cuando hay una ley nacional desde 2006,votada por amplia mayoría en el Congreso. Eso sin contar que Milei promete vouchers.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Edelvino se llega a enterar que se sancionó la ley 1420 y se cae de culo, @serdelfino.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Muy bien Lewandowski contra el discurso pavote de la meritocracia.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Edelvino tendría que haber sido el candidato de Pato Bullrich, @serdelfino. Durmió ahí.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Vos no eras ministro de Desarrollo Social en el 2019 cuando perdieron las elecciones, o era un pariente tuyo? https://t.co/NFgTZajveq

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

Acá están diciendo que se termina el boleto educativo gratuito y la Billetera Santa Fe, o nos parece a nosotros, @serdelfino? https://t.co/TW9Z51fExs

— La Corriente K (@lacorrientek) September 3, 2023

A Santa Fe y a Rosario. Y el resto de la provincia que se joda, digamos. https://t.co/KZ7bMSslGy

— La Corriente K (@lacorrientek) September 4, 2023

Lo que vos opines medio que importa una poronga, digamos. https://t.co/KUTYemPlJn

— La Corriente K (@lacorrientek) September 4, 2023

El Plan Abre fue in invento de Bonfatti en el 2014 (prueba de que la inseguridad ya se les había ido de las manos), que solo se aplicó en Santa Fe y rosario, y luego en Villa Gobernador Gálvez y Santo Tomé, todos lugares donde los intendentes eran de ellos, en una provincia...

— La Corriente K (@lacorrientek) September 4, 2023

...de la campaña, de las cuáles la que más mordió fue Pecam, de la que nunca nadie dijo "son los Lázaro Báez del socialismo". A otro perro con ese hueso. Más información acá: https://t.co/5sbfR4uvQE

— La Corriente K (@lacorrientek) September 4, 2023

DISCRIMÍNAME

 

En Coronda nos encontramos con dirigentes y referentes de todos los partidos del FPCyS. Con el senador @LeoDianaok destacamos la importancia de los gobiernos locales, que hoy sufren una brutal discriminación del Gobierno Provincial, sólo por ser de signos políticos distintos pic.twitter.com/44SintDtp6

— Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) March 10, 2021

El gobernador en el exilio de la Legislatura, que recorre la provincia con su "gabinete fantasma" de diputados y ñoquis legislativos dice que el gobierno provincial discrimina a los municipios y comunas del Frente Progresista Cívico y Social, sin dar mayores precisiones, ni aportar ningún dato concreto que avale sus dichos. 

Una pena que los funcionarios que salieron a cruzarlo en las redes y en los medios tampoco hayan abundado en datos, como por ejemplo recordarle que, cuando él era gobernador, repartió entre los municipios y comunas del entonces oficialismo más del 87 % de los recursos del "Programa de Fortalecimiento Institucional", una especie de "Banelco" de subsidios que manejaba Farías (entonces ministro, hoy diputado), para otorgar fondos sin un destino concreto. Más datos acá, en ésta nota de Gustavo Castro en Diario Santa Fe.

Pero si de otorgar fondos a municipios y comunas hablamos, no viene mal recordar que durante los gobiernos del socialismo, en particular el de Bonfatti, se creó el llamado "Plan Abre", que solo entregaba fondos o financiaba proyectos en las Municipalidades de Santa Fe, Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Santo Tomé; todas gobernadas por el Frente Progresista. Quedaban afuera el resto de las municipalidades, y todas las comunas de la provincia, sin importar su color político.

En 2019 (gobierno de Lifschitz) y estando ya Perotti electo como gobernador, el oficialismo sancionó -con el apoyo de los senadores del PJ- la Ley 13896, por la cual el "Plan Abre" se extendía a todos los municipios, pero seguían dejando afuera a las comunas. Además los fondos se distribuían desde la Legislatura por una comisión bicameral, casi sin intervención del Poder Ejecutivo, y de un modo particular: en la primera mitad del año debían presentarse los proyectos, la comisión aprobarlos, y en la segunda mitad del año recién transferir los fondos.

Pandemia mediante, el primer semestre del 2020 transcurrió sin que ninguna municipalidad o comuna presentase proyectos para obtener partidas del "Plan Abre", y Perotti lo reemplazó por el "Plan Incluir" mediante el Decreto 1184. El "Incluir", a diferencia del "Abre", está diseñado para llegar a todos los municipios y comunas de la provincia.

Al finalizar el año pasado, el gobierno provincial había asignado casi 2445 millones de pesos en el marco del "Plan Incluir", que representaron el 78 % de los 3138 millones votados en el presupuesto -confeccionado por el socialismo y sus aliados antes de que asumiera el nuevo gobierno que lo iba a ejecutar- para el "Plan Abre", con un engorroso mecanismo que lo tornaba inaplicable; además de ser discriminatorio.

De ese total de fondos -en cifras redondas- 200 millones fueron asignados por Desarrollo Social a clubes, asociaciones civiles y ONG's de toda la provincia, otros casi 265 millones por la Secretaría de Estado de Igualdad y Género en las mismas condiciones, y poco más de 105 millones fueron distribuidos por el Ministerio de Educación en las escuelas, para obras de acondicionamiento para el retorno gradual de las clases presenciales, en medio de la pandemia. Es decir unos 570 millones de pesos que no fueron a municipios o comunas, de modo que allí no se puede siquiera pensar en discriminación por razones políticas.

Un poco más de 1847 millones de pesos fueron destinados sí a éstos, a través del Ministerio de Gestión Pública, repartidos entre 23 municipalidades, y 103 comunas. De éstas últimas, 60 son gobernadas por el PJ, y las restantes 43 por el Frente Progresista, Cambiemos y otras fuerzas políticas, en su mayoría vecinalistas. 

De las municipalidades, recibieron fondos por esa vía 14 gobernadas por el PJ, y 9 por las distintas fuerzas opositoras: si se tiene en cuenta que las comunas antes no recibían un centavo por el Plan Abre,  -lo cual como se dijo, era una verdadera discriminación- es difícil sostener que haya habido discriminación por razones políticas; cuando de un total de 126 localidades beneficiadas por el "Incluir", 74 son gobernadas por el PJ y 52 por las distintas fuerzas opositoras.

Pero hay más: de los poco más de 1847 millones del "Plan Incluir" que llegaron a municipios y comunas directamente desde el Ministerio de Gestión Pública, algo más de 860 millones fueron para los gobernados por el PJ, algo más de 792 millones a los del Frente Progresista y casi 195 millones para el resto de las fuerzas políticas de distinto signo que el gobierno provincial incluyendo "Cambiemos" (así se llamó acá la alianza UCR-PRO-Coalición Cívica para las elecciones provinciales), y las fuerzas vecinalistas, entre otros.  

Para que se entienda mejor, lo exponemos en porcentajes: 46,57 % de los fondos fueron a gobiernos locales del PJ, 42,87 % para los del Frente Progresista y el restante 10,56 % para terceras fuerzas. Si se lo contrasta con el reparto que hizo en sus tiempos el propio Lifschitz cuando fue gobernador, parece un pelín caraduresco que ahora hable de "discriminación".

ESTÁBAMOS EN UN ERROR

 

En la larguísima transición de seis meses del año pasado entre las elecciones provinciales y la asunción de Perotti, la Legislatura aprobó una serie de leyes que pretendieron condicionarle de entrada la gestión, gestadas por la alianza entre Lifschitz y parte de los senadores del PJ.

Entre ellas, la Ley 13896 que aprobaba por ley el llamado "Plan Abre" para extenderlo a todas las municipalidades de la provincia (dejando expresamente afuera a las comunas), y con fondos para obras a ser distribuidos no por el Poder Ejecutivo, sino por una Comisión Bicameral de la propia Legislatura: una burrada institucional, y una forrada política, habiendo ya gobernador electo, para más con cambio de signo partidario.

Y hablando de forradas la otra ley aprobada entonces y con el mismo marco de acuerdos políticos fue mucho peor porque se trataba nada menos que del presupuesto provincial para éste año; votado apenas días después de que la misma Legislatura dictara la nueva ley de ministerios en base a un proyecto elaborado por los legisladores cercanos a Perotti, pero sin tenerla en cuenta.

Para que estemos en claro: le aprobaron al nuevo gobierno el presupuesto para su primer año de gestión sin dejarle elaborarlo, y no tuvieron en cuenta  el organigrama del Estado que ese mismo gobierno quería aplicar desde el inicio de su gestión. Todo este año de pandemia Perotti tuvo que gobernar con ese presupuesto.

Hasta que le llegó el turno de poder plantear su primer presupuesto propio como gobernador, que fue enviado a fines de octubre a la Legislatura. Ese presupuesto incluía unos 4000 millones de pesos para el denominado "Plan Incluir", para ejecutar obras y programas en todos los municipios y comunas de la provincia, en reemplazo del "Plan Abre" que, como se dijo, excluía a las comunas.

En la sesión del jueves pasado y en un minuto de debate, el Senado provincial le dio media sanción al presupuesto enviado por el Ejecutivo: lo que es tener el culo sucio por haber aprobado antes en veinte minutos, entre las dos Cámaras, las leyes que regulan el uso de los fondos reservados, y las incompatibilidades de los funcionarios del MPA.

En la votación en general del presupuesto los 19 senadores (del ¿oficialismo? y la oposición) votaron a favor, pero en la votación en particular hubo una diferencia: por 13 votos contra 6 (todos de la mitad del bloque de senadores del PJ más alineados con el Ejecutivo) resolvieron eliminar el artículo 53 del proyecto que envió Perotti, por el cual se derogaba la Ley 13896 del "Plan Abre" y se la reemplazaba por el "Incluir".

Los otros seis senadores del PJ comandados por el sanlorencino "Pipi"Traferri se sumaron a los siete senadores de la UCR para "salvar" aquella ley que gestaron siendo ya Perotti gobernador electo, y contra su voluntad: al parecer, para algunos "compañeros" hay lealtades previas a la vuelta del peronismo al gobierno provincial tras doce años, que pesan más.

El pacto Lifschitz-Traferri dio entonces otra muestra de vigencia, como si las elecciones del año pasado no hubieran sucedido, o como si en realidad las hubiera ganado Bonfatti. Ojo: por ahí no nos enteramos, es así y los equivocados somos nosotros, que pensábamos que había ganado Perotti.

O que contábamos doce senadores del PJ en la Cámara, cuando en realidad hay seis que son senadores de ellos mismos, incluido uno (Gramajo) que en el 2019 fue candidato a senador...por el Frente Progresista. Pensar que algunos de estos muchachos se la pasaron años diciendo que los que poníamos en riesgo la unidad del peronismo en Santa Fe éramos los kirchneristas, por sectarios.

Le pedimos prestado al compañero Sergio Delfino un tuit para dejar acá abajo, como para refrescar algunos conceptos básicos sobre como deberían ser las cosas, y al que le quepa el sayo, que se lo ponga: 

Cuando te perdés a veces hay que mirar donde está el enemigo. Otra opción es que @RossiAgustinOk nos venga a acomodar los caramelos.
Así que basta de hacerse los paladar negro, los líricos o los exquisitos. Gobierna Perotti y hay que bancarlo.
Peronismo.https://t.co/EvLJrxztlb

— Sergio Delfino (@serdelfino) November 24, 2020

KRYPTONITA SOCIALISTA

Desde que Perotti envió a la Legislatura el proyecto de ley de emergencia primero, y el de necesidad pública después, el socialismo se viene oponiendo sistemáticamente a aprobarlo sobre la base de que encubre el otorgamiento de superpoderes al Gobernador, la delegación de facultades de la Legislatura en el Poder Ejecutivo y situaciones de cheques en blanco, o abuso de poder.

Frente a esos argumentos, es bueno recordar como se comportaron ellos durante 12 años, cuando les tocó gobernar la provincia, y para eso van algunos ejemplos:

* Contratación del Agente Financiero: En marzo de 2009 Binner aprobó por el Decreto 288 y sin pasar por la Legislatura, el pliego para el llamado a licitación del agente financiero de la Provincia; luego de haber prorrogado también por decreto el contrato vencido con el Nuevo Banco de Santa Fe; todo a través de una interpretación cuestionable del Fiscal de Estado respecto a que aun subsistía la autorización otorgada en su momento al Poder Ejecutivo por la Ley 10582, y a que la cuestión podía resolverse en el marco de la Ley 12510, al mismo tiempo.

Con idéntico criterio, en febrero de 2019 Lifschitz volvió a aprobar el pliego licitatorio con idéntico objeto, y posteriormente en noviembre del mismo año y a escasos días de finalizar su mandato, por Decreto 3546 adjudicó el contrato del agente financiero, con cinco años de vigencia y opción a prórroga por cinco años más.

* Hospitales municipales de Rosario: En mayo de 2009 y por el Decreto 770, Binner aprobó el convenio de prestaciones médicas de la provincia con los hospitales municipales de Rosario, encuadrando la gestión en la causal de contratación directa entre organismos oficiales, y sin remitir nunca lo actuado a la aprobación de la H. Legislatura.

Observado el acto por el Tribunal de Cuentas, insistió en su ejecución por el Decreto 1273 de julio del mismo año, y desde entonces el convenio tiene continuidad, sin haber sido nunca objeto de discusión ni mucho menos aprobación legislativa.

* Autopista Santa Fe - Rosario: Con la misma línea argumental del caso del agente financiero de la Provincia, en junio de 2010 Bonfatti entendió que subsistía la autorización otorgada por la Ley 11157 al Poder Ejecutivo para licitar la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario, y mediante Decreto 1033 aprobó el pliego respectivo, sin remitirlo a la Legislatura.

Por Decreto 1034 aprobó la contratación directa de un consorcio de empresas para que se hiciera cargo del corredor hasta tanto concluyese el proceso licitatorio, que fue aprobado en el mismo marco -es decir, sin aprobación legislativa- en noviembre de 2010, por el Decreto 2236.

Fracasada la concesión y luego de dispensar al concesionario el incumplimiento de sus obligaciones contractuales por el Decreto 5194 de diciembre de 2016, Lifschitz constituyó un fideicomiso para operar el corredor, encomendado a BMR S.A. (sociedad controlada por el Banco Municipal de Rosario) por el Decreto 1870, de junio de 2017, contrato aun hoy vigente; sin que en ningún momento tomara intervención la Legislatura para decidir al respecto.

* Emergencia en seguridad: En noviembre de 2012 la Legislatura provincial dictó la Ley 13297 que declaró (ya entonces) la emergencia en seguridad. La norma fue vetada por Bonfatti en doce (12) de sus catorce (14) artículos incluido el de forma, mediante el Decreto 3445 del mismo mes y año. La Legislatura aceptó algunas de las modificaciones propuestas, y la ley quedó promulgada con cambios mediante el Decreto 3973 de diciembre de 2012.

La ley declaró la emergencia en seguridad por un plazo de dieciocho (18) meses, prorrogable otro tanto por Decreto del Poder Ejecutivo, es decir sin nueva intervención de la Legislatura; lo que se verificó mediante el Decreto 1861 de junio del 2014. Finalmente la Ley 13524 de diciembre de 2015 volvió a prorrogar la declaración de emergencia en seguridad por el término de un año, de resultas de lo cual rigió durante cuatro (4) años y un mes, comprendiendo el mandato de dos Gobernadores distintos, ambos del Frente Progresista Cívico y Social.

En base a sus disposiciones, el Poder Ejecutivo pudo, durante todo el tiempo de su vigencia, reestructurar la organización y funcionamiento de la Policía de la provincia -en ese marco creó por Decreto 8/14 la Policía de Investigaciones (PDI), avanzando sobre la Ley 7395-, los suplementos salariales del personal policial, encuadrar todas las contrataciones de bienes y obras y servicios vinculadas a la emergencia en las normas de excepción a la licitación pública contempladas en las leyes de Administración, Eficiencia y Control y de obras Pública -limitando a cinco (5) días hábiles el plazo de intervención del Tribunal de Cuentas para el control previo- y contó con topes más elevados en los procedimientos de contratación, para prescindir de los actos licitatorios.

* Plan Abre: Con fundamento en las disposiciones de la Ley 13297 de emergencia en seguridad, Bonfatti dictó en septiembre  de 2014 el Decreto 2940, creando el “Programa de Intervención Integral de Barrios” (Plan Abre), cuyas contrataciones fueron encuadradas en el mismo acto en la causal de urgencia para habilitar la contratación directa, sin previa licitación pública; marco en el cual fueron adjudicadas obras por cientos de millones de pesos, hasta la finalización del mandato de Lifschitz en diciembre de 2019, cuando ya no regía más la emergencia en seguridad.

* Anticipos de coparticipación: Entre octubre y diciembre del año 2019 (es decir, a escasos meses y días de finalizar su mandato, y con las nuevas autoridades ya electas)  Lifschitz otorgó, mediante los Decretos 3240 y 4037, refinanciaciones de anticipos de coparticipación y nuevos anticipos a la Municipalidad de Rosario, por un monto total de 2050 millones de pesos, superando largamente los límites establecidos por la Ley 10047, y sin verificar previo a ello el estricto cumplimiento de sus normas, y las de su reglamentación aprobada por Decreto 4096/87.

En particular, nunca se requirió la intervención del H. Concejo Municipal de la ciudad de Rosario a los fines de convalidar las solicitudes de asistencia que colocaban al municipio, por su magnitud, en la situación de emergencia económica y financiera, asumiendo a futuro compromisos que afectaban buena parte de sus ingresos coparticipables regulares; basándose para ello exclusivamente en la opinión de un consultor externo, contratado por la Municipalidad.

* Modificaciones al Presupuesto: Desde el ejercicio 2010 y hasta el ejercicio 2019 inclusive, y con la sola excepción de los años 2011 y 2018, el Poder Ejecutivo gozó todos los años de la facultad de disponer modificaciones al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, incluyendo la atribución de transferir partidas de Gastos de Capital, a Gastos Corrientes.

En todos los casos se dispuso tal delegación de facultades sin establecer de modo expreso la suspensión de la norma del artículo 32 de la ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, sino facultando al Poder Ejecutivo a adherir a la norma que dictara el Congreso Nacional modificando lo dispuesto por el artículo 15 in fine de la Ley 25.917 Régimen de Responsabilidad Fiscal. O sea le otorgaron lo que ahora llaman "superpoderes", pero de modo encubierto.

Así sucedió con los Presupuestos 2010 (Ley 13065, artículo 82), 2012 (Ley 13226, artículo 55), 2013 (Ley 13338, artículo 57), 2014 (Ley 13404, artículo 74), 2015 Ley 13463, artículo 99), 2016 (Ley 13525, artículo 99), 2017 (Ley 13618, artículo 62) y 2019 (Ley 13871, artículo 51). 

EL PLAN ABRE EL MONEDERO

El famoso "Plan Abre" se está aplicando en la provincia desde el 2014, y ya nos han dicho un montón de veces que es bárbaro, lo mejor que hay en políticas sociales en el mundo mundial y coso.

Hasta le pagan una parva a la UCA para que les diga justamente eso, y lo vienen haciendo desde 2015.

Tan bueno es, que hace poco hicieron aprobar por ley y con la ayuda de los senadores de la Banelco, una ley para extenderlo a toda la provincia, y cuando mandaron a la Legislatura el presupuesto que tendría que haber hecho Perotti (porque es es el que lo va a aplicar en definitivas), se jactaron de que le asignaron fondos por 3187 millones de pesos.

Así las cosas, ¿cuál es la necesidad de pagarle casi 775 lucrecias a los come billeteras del CIPPEC, para que hagan algunas entrevistas y unos cuantos "focus group" para ver que onda con el Plan?

EL PRECIO DE QUE TE ELOGIEN

Serían unos $ 3.234.340,00, pagados todos con la nuestra, para ser más precisos.

Para más información, ver acá y acá.

¿Alguien (los muchachos de la UCA, ponéle) podría explicar como es que, si el Plan Abre es tan maravilloso, el socialismo perdió por paliza en los barrios donde se viene aplicando en las elecciones provinciales y municipales (en las que ganó con los votos del centro), y en esos mismos barrios Lavagna hizo una elección desastrosa en las nacionales?

TENIS PARA TODOS

Ahí tienen, para que no se quejen, ustedes que pedían políticas sociales inclusivas para afrontar la emergencia alimentaria.

Que no se diga que el socialismo no les da pelota, o es insensible: el deporte blanco, al alcance de todo el mundo, como debe ser.

Para mejorarle la vida "...la población con mayores indicadores de vulnerabilidad social y con diversas carencias...".

¡En tu cara, Fundación Eva Perón!

Y como plata no sobra y no es cuestión de andarla derrochando, la sacamos del Plan Abre, ese mismo que hace una semana lo encajaron por ley para toda la provincia, para que lo pague Perotti:  

LO QUE MAL TERMINA, MAL COMIENZA

Cuando Lifschitz convocó a las elecciones provinciales con seis meses de distancia en relación a la asunción del nuevo gobierno (ocho contados desde las PASO), y luego, con los resultados puestos, cuando el engendro de la boleta única determinó que el gobernador electo Omar Perotti esté en minoría en la Cámara de Diputados, estaba claro que la transición iba a ser todo, menos tranquila.

Con el radicalismo (en su expresión mayoritaria) atado al carro de Macri hasta el desastre final, perdiendo aun algunas municipalidades importantes que gobernaba (como Santa Fe), y el socialismo fracasando por enésima vez en el intento de construir una "tercera vía progresista" a nivel nacional (terminaron haciendo campaña por Urtubey, tal es su extravío), el camino que les quedaba por delante era bastante claro: olvidar rencores y volver a trabajar codo a codo para reconstruir la Unión Democrática antiperonista en Santa Fe, que viene funcionando desde hace casi 30 años con distintos nombres de fantasía: Alianza Santafesina, Frente Progresista Cívico y Social, etc; para recuperar el gobierno de la provincia dentro de cuatro años.

Y para eso necesitaban dos cosas: generar en la larguísima transición medidas que les permitieran contar con recursos para construir una alternativa provincial desde las gestiones locales (municipalidades  comunas), y sabotear de antemano el desarrollo de la gestión del PJ, que retorna al gobierno de la provincia luego de 12 años. En el caso del socialismo, al cuadro descripto hay que sumarle la calamitosa situación financiera de las Municipalidades de Santa Fe y Rosario, que pasará a gobernar desde diciembre en un caso, y dejará de gobernar luego de 30 años de modo directo, en el otro.

En la búsqueda de esos objetivos, no vacilan incluso en complicarles la vida a sus propios intendentes y presidentes comunales, demorando por ejemplo la sanción de la ley que les permitiría utilizar el 50 % del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes (como pagar sueldos o proveedores), con el pretexto de incluir en el reparto a las dos municipalidades más grandes de la provincia.

Pero lo de la sesión de la Legislatura de ayer ya supera todo, porque rompe con todos los códigos del trabajo parlamentario, y vuela por los aires el proceso de transición hacia el nuevo gobierno, que ya se venía pudriendo bastante mal por el empecinamiento de la gestión de Lifschitz en seguir realizando hasta el final gastos superfluos y evitables, que van a condicionar severamente a la futura administración.

Como da cuenta acá la crónica en El Litoral, los legisladores del Frente Progresista hicieron valer su mayoría en Diputados para sancionar (con un dictamen obtenido en condiciones objetables y con escándalo incluido por el retiro de los diputados del PJ de la sesión) una ley que regula el "Plan Abre", extendiéndolo a todas las municipalidades de primera y segunda categoría (las comunas quedan excluidas); pero sacándole al gobierno provincial su manejo, para pasarlo a una "comisión de seguimiento" integrada por partes iguales entre representantes de ambas Cámaras Legislativas y el Poder Ejecutivo; lo cual de por sí no garantiza su funcionamiento: ¿cómo resuelven por ejemplo situaciones de empate?

Ante esa comisión deben presentar las municipalidades los proyectos para que sean financiados con el 6 % de la recaudación del impuesto a los Ingesos Brutos (al día de hoy, unos 3500 millones de pesos), que se asignarán entre las distintas municipalidades conforme a los índices de coparticipación de ese impuesto, que son los mismos de los impuestos nacionales.

El proyecto por un lado amplía el Plan Abre a más localidades de la provincia, pero en un contexto en el que Santa Fe y Rosario pasarían a participar del Fondo de Obras Menores (achicando por ende los fondos que reciben por esa vía el resto de las municipalidades y comunas), y con un esquema engorroso, burocrático e impracticable que ya se intentó precisamente con ese Fondo; generando la sub-ejecución de partidas presupuestarias, y la acumulación de grandes deudas de la provincia con los municipios y comunas, por ese concepto.

Eso sin contar con que el Plan Abre supone una intervención integral y coordinada de organismos provinciales, para atender situaciones críticas de emergencia social: Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda, la EPE, Aguas Santafesinas. ¿Cómo esas acciones podrían ser coordinadas desde el nivel municipal, y no del provincial? 

La idea es, por supuesto, sacarle recursos y herramientas políticas a la futura gestión de Omar Perotti; y por eso el proyecto se aprobó a tambor batiente, para que pueda ser promulgado y convertido en ley por Lifschitz antes de terminar su mandato, y que no quede a tiro de un veto del nuevo gobernador.

Claro que la maniobra no podría haber sido consumada sin la inestimable colaboración de algunos de los senadores del PJ empezando por Armando Traferri (Departamento San Lorenzo), que fue el autor de la iniciativa, y que hace pocos días se retiró de las negociaciones por la transición, disgustado porque los representantes de Perotti endurecieron su postura, frente a las actitudes del socialismo en retirada. 

Parece que algunos no entendieron que las cosas cambiaron después de 12 años, y que a partir de diciembre vuelve a gobernar en la provincia el peronismo. Por el lado del antiperonismo (cualquiera sea la denominación que utilice en el futuro), está claro que se están planteando una relación con el gobierno de Omar Perotti en la cual van a ser todo, menos "opositores responsables". Se vienen tiempos movidos en Santa Fe.

CIERRA COMO ABRIÓ

Cuando el socialismo lanzó el "Plan Abre", allá por el 2014 durante el gobierno de Bonfatti, decíamos en ésta entrada que para lanzarlo, invocaron la ley de emergencia en seguridad, que siguieron aplicando aun vencida: "Además de la emergencia, le agrega el artículo 108 inciso a) de la Ley de Contabilidad, que permite sortear la licitación pública cuando median "probadas razones de urgencia", o "emergencia imprevisible"; y acá nos volvemos a perder. Por un lado porque aplican la ley de contabilidad para contratar obras públicas; lo que permite por ejemplo sortear la intervención del Registro de Licitadores, que lleva los antecedentes y constata la capacidad de las empresas.

Y por el otro, porque otra vez causa sorpresa que para un gobierno que se tilda de progresista, la urbanización de determinados barrios sea "una emergencia" que no pudieron prever (¿y el Plan Estratégico, y la "Santa Fe pensada para los próximos 30 años"?); o que una cosa que se dice "de probada urgencia" (por ejemplo hacer casas) la hagan recién ahora, y no en el 2007 cuando asumieron.

Como sea, veamos que hizo el gobierno de Bonfatti en uso de esta aplicación de la ley de emergencia en seguridad, al Plan Abre. En Rosario por ejemplo convocó a tres concursos de precios en forma simultánea el mismo día (el 21 de noviembre pasado) para construir "soluciones habitacionales" (eufemismo progresista por "vivienda"); y de los tres participaron las mismas 6 empresas: OBRING S.A., DYCASA S.A., EPRECO S.R.L., EDECA S.A., PECAM S.A. Y DINALE S.A.; todas viejas conocidas de la obra pública provincial, en especial en tiempos del FPCyS.     

En los tres casos se dieron los siguientes elementos en común:

* Las ofertas adjudicadas estuvieron por arriba del presupuesto oficial, en un rango que osciló entre el 15,97 % y el 18,75 %: ¿el costo del progresismo?

* A la empresa que ganó en cada caso, el gobierno le otorgó un "anticipo financiero" del 20 % del valor del contrato, que consiste en pagarle antes de que empiece a trabajar, y mover una palada de tierra, o algún equipo: el Estado, convertido en financiera de las constructoras.

* Las obras se financian en su gran mayoría con las partidas del Fondo Federal Solidario (fondo soja) que envía la Nación, exactamente en un 79,84 % del costo total, en todos los casos." (las negritas son nuestras)

Salvo la referencia al fondo sojero que ya no existe más, todo lo demás cobra vigencia; y a las obras del Plan Abre les caben las generales de la ley de la obra pública del socialismo desde el 2007 hasta hoy: generosas "redeterminaciones de precios", y muchos "trabajos extracontractuales", o "adicionales de obra".

Como el que se dispuso por el decreto cuya imagen encabeza el post, por más de 32 millones de pesos (casi el 20 % del valor original del contrato), a favor de una UTE integrada por una de las seis empresas que se repartieron todas las obras del Plan; que se va como vino entonces.   

PLAN ABRE VERSUS BOLETA ÚNICA

La imagen de apertura está armada con capturas de pantallas de El Litoral y La Capital, en sendas notas que daban cuenta de la distribución del voto en las ciudades de Santa Fe y Rosario, en el primer caso para la categoría de gobernador y vice, y en el segundo para intendente y concejales, aunque se dio lo mismo en la categoría anterior: donde están los círculos azules se impuso el peronismo, y en los naranjas, el Frente Progresista.

En ambos casos ganaron el PJ y sus aliados en los barrios del borde oeste de anbas ciudades, los más alejados del centro, con mayores carencias de infraestructura y donde los estragos sociales de las políticas económicas del gobierno de Macri se hacen sentir con más fuerza. A la inversa el hasta diciembre oficialismo provincial se impuso en los barrios donde tienen cloaca, asfalto, agua potable y todos los servicios, habitados en su mayoría por las clases medias.

La excepción sería en Santa Fe la elección de Emilio Jatón a intendente (ganó parejo en todas las seccionales), que sumó muchos más votos que Bonfatti para gobernador en la ciudad, y es un fenómeno de otro tenor, aunque vinculado a lo que aquí queremos en parte analizar: la boleta única.

Este corte social y geográfico del voto en las dos principales ciudades de la provincia se viene repitiendo, casi sin cambios, elección tras elección; por lo cual alguno podría preguntarse entonces donde está la novedad. La respuesta es que no la hay, pese a la propaganda oficial del socialismo en contra, que nos cuenta las maravillas del “Plan Abre”; que se despliega justamente en esos barrios marcados de azul en las dos ciudades, donde gana el peronismo; que no controla desde hace años el aparato del gobierno provincial o municipal, y desde 2015, tampoco el del gobierno nacional.

Y aquí aparece el primer dato: el publicitado plan de “inclusión social” del socialismo, tan elogiado por el Observatorio Social de la UCA (opinión para nada desinteresada, como veíamos hace poco acá) al parecer no fue tan inclusivo, o no por lo menos al punto de hacer que allí donde se aplicó, redundara en votos para el candidato socialista a la gobernación que al menos acá en Santa fe no se despegó en sus recorridas de Jatón; que ganó en esos mismos barrios, ampliamente, para la intendencia.

En Rosario este mismo comportamiento se reitera de una elección a la otra, y la mala perfomance de Bonfatti en las PASO y la elección general en los barrios periféricos de la ciudad pone en entredicho no ya la eficacia del promocionado “Plan Abre”, sino el supuesto carácter progresista e inclusivo de las gestiones municipales del socialismo, por 30 años.

Tanto como el fracaso del Plan Abre, los resultados en Santa Fe y Rosario con diferencias tan marcadas de procedencia geográfica y de clase de los votos, pero con triunfo del candidato socialista a la intendencia de la primera (la segunda estuvo a muy poco de perderla con el peronista Roberto Sukerman), se explican por otro invento socialista: la boleta única. 

En efecto, con el sistema tradicional, Jatón (que funcionó como candidato “cacht all”, atrapando votos de todos lados) podría haberle traccionado votos a Bonfatti en Santa Fe, y ponerlo en mejores condiciones para dar la pelea. Por contraste, en esas mismas condiciones la boleta de Omar Perotti a gobernador hubiera traccionado a Roberto Sukerman a ganar para el peronismo la intendencia de Rosario. 

PAGANDO CUALQUIERA

En plena veda el diario pautado con guita de todos, sube esta nota de un informe favorable de la UCA al Plan Abre (informe comprado con guita de todos), total normalidad: https://t.co/iyM4Q8yN8P

— La Corriente K (@lacorrientek) 16 de junio de 2019

¿Querés saber por qué la UCA dice acá que el Plan Abre es bárbaro?: https://t.co/iyM4Q8yN8P Por esto: pic.twitter.com/FFeLkfwPWw

— La Corriente K (@lacorrientek) 16 de junio de 2019

Más información, acá.

Y sobre todo, acá.

Y también acá.

TENEMOS QUE PARAR DE SANATEAR, POR LO MENOS POR DOS AÑOS

Hay que aclararle un par de cosas al señor, porque parece que las ignora: 1) El narcotráfico es un delito federal, mal podría la provincia sacar una ley para hacer nada con los bienes de los narcos. Deberían saberlo, es la excusa que ponen siempre que les pegan con ese tema.

— La Corriente K (@lacorrientek) 14 de abril de 2019

3) Lo que ha hecho no el gobierno sino la Legislatura provincial, por ley y con el consenso de todos los partidos, es reglamentar el procedimiento del decomiso de bienes por orden judicial (no del gobierno) que está en el Código Penal desde 1921.

— La Corriente K (@lacorrientek) 14 de abril de 2019

"Y no lo decimos nosotros, llamamos al Observatorio Social de la UCA para que haga relevamientos y año tras año se demostró que bajó la violencia en esos barrios.":https://t.co/4Xkw9778Yy Algunas precisiones:

— La Corriente K (@lacorrientek) 14 de abril de 2019

2) Por unos cuantos millones de mangos, cualquiera podría decir que son un gobierno excelente: https://t.co/pnwukzEMbS

— La Corriente K (@lacorrientek) 14 de abril de 2019

4) En todo caso será la panacea para la patria contratista santafesina que aporta a las campañas del socialismo, como Pecam y asociados: https://t.co/5sbfR4uvQE

— La Corriente K (@lacorrientek) 14 de abril de 2019

Más información, acá. Y sobre todo:

* Acá sobre el Plan Abre, 

* Acá sobre las mordidas de monedero de la UCA al gobierno provincial, y 

* Acá sobre la evolución de los homicidios y delitos violentos en los barrios más desprotegidos de la ciudad de Santa Fe.

* Y acá sobre lo que Bonfatti llama "ley de extinción de dominio" en la provincia.

ES COMO PAGAR POR SEXO, YA

¿Cuatro años evaluando el Plan Abre para ver como funciona, no será mucho?

¿No estaremos en presencia de un subsidio permanente del socialismo a la UCA, con la nuestra, no?

Más información acá.

COMPETENCIA DE COMEBILLETERAS: EL CIPPEC Y LA UCA

Que en el CIPPEC son expertos en morderle el monedero al socialismo (es decir, a nosotros) no es ninguna novedad: ya anduvieron por acá para "evaluar el impacto de la boleta única", sobre la que previamente habían hecho un "manual explicativo". Todo rentado, por supuesto

Y a juzgar por lo que dice la resolución de apertura, ahora asesorarían al Ministerio de Desarrollo Social vaya a saber uno en que, a cambio de $ 2.151.948,33. Sí se sabe en que: "en el monitoreo del Plan Abre".

Lo interesante es saber de donde saldrá la plata que irá a parar a las cuentas de la ONG, porque la resolución dice que para eso "sacrificaron" partidas de otros programas del ministerio. Veamos el anexo pertinente que lo aclara:

Interesante: todos los fondos salen de la partida "Servicios No Personales", y van a parar a la misma, para pagar "Servicios Técnicos y Profesionales".

Varias veces hemos dicho acá que el presupuesto de Desarrollo Social desde que en 2007 llegó al gobierno el Frente Progresista tiene dos características constantes: 1) pierde participación relativa en el conjunto de los gastos del Estado provincial, y 2) cada vez una porcentaje mayor de sus partidas se va en los gastos de la burocracia, y deja de llegar en forma directa a los beneficiarios de los diferentes programas que atienden (al menos en teoría a los sectores vulnerables).

Como en éste caso, por ejemplo, en el que se puede ver que buena parte de los fondos para pagarle al CIPPEC saldrán del programa de Diversidad Sexual, y del IPAS (Instituto Para el Aborígen Santafesino), el organismo que ejecuta las políticas destinadas a las comunidades de pueblos originarios que existen en Santa Fe. Pero hay más mordidas del monedero provincial:

Por el decreto (fresquito, de la semana pasada) se están destinando 2,9 millones de pesos al CIPPEC y a la Universidad Católica Argentina (UCA), para -como dijimos- el monitoreo del Plan Abre. 

A lo ya dicho sobre el CIPPEC, agreguemos que la UCA viene currando en la provincia con ese tema desde hace tiempo: desde el 2015, para ser más precisos.

Y también en este caso es interesante ver de donde vienen los fondos, con los que se refuerzan las partidas del Ministerio de Desarrollo Social, para el pago de ambos convenios "evaluadores". Que no es de otro lado que de partidas originariamente destinadas a la salud pública, como pueden ver acá en las planillas anexas al decreto:

TEMPORADA DE CAZA DE PUNTEROS

Varias veces hemos hablado acá del "Plan Abre", que el socialismo viene desplegando desde el gobierno de Bonfatti en diferentes ciudades de la provincia, no casualmente todas ellas gobernadas por el Frente Progresista: Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Pueblo Esther y Santa Fe.

Sí: Santa Fe también, porque cuando el Plan Abre comenzó (allá por el 2014) Corral y la UCR del grupo Universidad eran parte del FPCyS, y hablaban pestes de Del Sel y el PRO: por entonces eran "la peor derecha, heredera de los 90'", como llegaron a decir incluso en la convención de Gualeguaychú donde el radicalismo decidió integrarse a "Cambiemos".

Por esa razón la ciudad recibió obras del "Plan Abre", que como decíamos acá a modo de síntesis consiste en "Un proyecto de intervención con obras de infraestructura en determinados barrios de Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, en el que se invirtieron millones de pesos sin haber hecho jamás una licitación pública: invocando la ley de "emergencia en seguridad" -hoy vencida- se hicieron concursos de precios, para adjudicar obras millonarias. Obras que se repartieron en un puñado de 5 o 6 empresas, habituales adjudicatarias de la obra pública provincial en las gestiones del Frente Progresista. 

En la mayoría de los casos, las ofertas que se quedaron con los contratos están muy por encima de los presupuiestos oficiales, y las empresas adjudicatarias reciben "anticipos financieros" de hasta el 30 % del valor de los contratos, es decir que el Estado les pagó esos montos antes de que siquiera comenzaran las obras. Y también por supuesto, en el curso de las obras hubo en todos los casos redeterminaciones de precios, adicionales de obra y trabajos extracontractuales, tal lo habitual en la obra pública santafesina.".

Para compensar lo que ya no pasaba por sus manos cuando rompió con el Frente Progresista, Corral decidió profundizar el programa "Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo", a través del cual financia la red de punteros barriales de la UCR local: ver más información al respecto, acá. 

Las irregularidades del programa derivaron en una denuncia periodística primero, y en una causa judicial después, que duerme el sueño de los justos en los tribunales santafesinos, luego que el propio Corral de común acuerdo con Lifschitz (porque para ciertas cosas no hay peleas) lograra desplazar al fiscal que la tramitaba. 

Y por el decreto cuyas imágenes ilustran el post, llega el contraataque de Lifschitz para apuntalar la campaña de los candidatos del socialismo en las ciudades donde se desarrolla el "Plan Abre", y montar su propia red de punteros financiados con dinero del Estado:

Para que se entienda: el gobierno provincial crea dentro del "Plan Abre" el "Programa Referentes Territoriales", los que serán seleccionados en cada barrio y rentados con el pago de una beca, y previamente "capacitados" para desarrollar el Plan; con la excusa de que éste aun no ha podido llegar a todos.

Y los candidatos tienen que haber tenido previamente trabajo comunitario (como los cooperativistas de Corral, ponéle), voluntarios o en forma rentada. 

Frente a un mecanismo tan evidente de clientelismo (que ellos no dudarían en caracterizar así si lo empleara un gobierno peronista), caben dos posibilidades: o están tratando de quebrar con plata el movimiento de organizaciones barriales que vienen reclamando en Santa Fe, Rosario y otros puntos de la provincia por la declaración de la emergencia social y el refuerzo de los planes de asistencia (ver al respecto acá), o salieron a comprarle a Corral su estructura de punteros barriales, y ponerlos al servicio de la campaña de Jatón a la intendencia. O las dos cosas a la vez.

Obsérvese que el decreto no cuantifica los fondos que serían invertidos en los "referentes", ni cuanto cobrarían cada uno de ellos en concepto de "beca", ni cuantos accederían al beneficio: es que se avecina un regateo a ver quien da más, si la Municipalidad o la provincia. Con la nuestra, por supuesto.

EL PLAN ABRE CIERRA LA GRIETA ENTRE RADICALES Y SOCIALISTAS

Varias veces hemos hablado acá del "Plan Abre", a la derecha del blog y en la etiqueta respectiva pueden acceder a los distintos posteos sobre el tema.

Decíamos que se trataba de un esquema de reparto de la obra pública entre empresas amigas (del socialismo en Rosario, de la UCR  en Santa Fe, pues está "loteada" la cosa), sin licitación pública (solo concursos de precios, invocando la "emergencia en seguridad" ya vencida), con sobreprecios por encima de los presupuestos oficiales ,"anticipos financieros" para las empresas adjudicatarias y generosos "adicionales de obra" una vez que arrancan los trabajos.

El caso de la obra a la cual corresponde el decreto de apertura responde completamente a esas pautas: adjudicada originariamente en más de 31 millones de pesos en base a un proyecto elaborado por la Municipalidad de Santa Fe, recayó en una empresa de las habitués de la contratación por acá, con un anticipo financiero del 20 %.

Y con un "adicional de obra" de casi un 14 % más de contrato, avalado por la gestión de Corral pero pagado por la de Lifschitz, que pone los fondos.

Al parecer, el "Plan Abre" logró cerrar la grieta que hoy por hoy separa a radicales y socialistas: nada como un buen clima de negocios para recomponer relaciones. 

OTRA VEZ EL PLAN ABRELATAS

Hace bastante ya -durante el gobierno de Bonfatti- explicábamos en ésta entrada en que consiste el "Plan Abre", tan publicitado por los gobiernos del socialismo.

Un proyecto de intervención con obras de infraestructura en determinados barrios de Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, en el que se invirtieron millones de pesos sin haber hecho jamás una licitación pública: invocando la ley de "emergencia en seguridad" -hoy vencida- se hicieron concursos de precios, para adjudicar obras millonarias.

Obras que se repartieron en un puñado de 5 o 6 empresas, habituales adjudicatarias de la obra pública provincial en las gestiones del Frente Progresista. 

En la mayoría de los casos, las ofertas que se quedaron con los contratos están muy por encima de los presupuiestos oficiales, y las empresas adjudicatarias reciben "anticipos financieros" de hasta el 30 % del valor de los contratos, es decir que el Estado les pagó esos montos antes de que siquiera comenzaran las obras.

Y también por supuesto, en el curso de las obras hubo en todos los casos redeterminaciones de precios, adicionales de obra y trabajos extracontractuales, tal lo habitual en la obra pública santafesina.

El decreto cuyas imágenes ilustran el post corresponde a esas pautas: se adjudica por licitación privada el contrato para la provisión y montaje de paneles prefabricados de hormigón para viviendas a la única oferta presentada (de Dinale S.A.), pese a que superaba por un 60,77 % al presupuesto oficial.

Y acá tienen otro ejemplo: una obra millonaria (de casi 113 millones de pesos) adjudicada sin licitación pública, y que genera "adicionales de obra" por otros 21 millones de pesos: