LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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sábado, 25 de abril de 2026

SIGUEN LOS ÉXITOS

 

Varias veces nos hemos referido acá a las nefastas consecuencias que tuvieron para el país el Pacto de Olivos y su consecuencia directa, la reforma constitucional de 1994, Por ejemplo en ésta entrada, en la que decíamos "La reforma constitucional de 1994 fue el resultado del Pacto de Olivos entre el menemismo entonces triunfante -en el fulgor de la convertibilidad- que hasta logró que Erman González ganara una elección en la Capital Federal, y el radicalismo menguante tras el desastroso final anticipado del gobierno de Alfonsín, en medio de la hiperinflación. Así las cosas, no pudo sorprender que mientras uno conseguía el objetivo de contar con el instrumento para sostenerse en el poder (la reelección presidencial), el otro se contentara con diseñar instrumentos de presunto control de ese poder, del que se sentía lejano por muchos años, y sin condiciones de disputarlo.".

"En ese contexto surgieron el Consejo de la Magistratura, el tercer senador por la minoría de cada provincia, la Auditoría General de la Nación en manos de la oposición al Poder Ejecutivo y la autonomía porteña para crear en el corazón político y económico del país una ínsula antiperonista, todos engendros que padecemos hasta el día de hoy, como podemos comprobar amargamente por estos días. Hubo también, es cierto, el propósito menos elevado de preservar ciertas prebenda y pitanzas en forma de cargos públicos, para sostener a una burocracia partidaria (la de la UCR) que se imaginaba entonces eyectada de la Casa Rosada por décadas.".

"El actual texto constitucional era viejo e inadecuado para dar respuesta a los problemas del país ya en 1994, y la reforma producida entonces no encaró a fondo ninguno de ellos, porque sus propósitos fueron otros. De hecho, la mayoría de las reformas que entonces se introdujeron los han agravado, como que se trató y se trata de una Constitución pensada no para garantizar derechos y un desarrollo nacional autónomo e inclusivo, sino para preservar los privilegios de un modelo de país en el que sobramos la mayoría de los argentinos.".

Las conclusiones precedentes aplican como anillo al dedo a otras de las reformas del 94', la introducida en relación con el cese del nombramiento de los jueces federales (incluyendo los miembros de la Corte) por edad, con la posibilidad de obtener un nuevo nombramiento. Fue introducida (mal ubicada sistemáticamente) en el inciso 4) del artículo 99 que habla de las atribuciones del presidente, en éstos términos: "Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite." (las comillas son del texto y las negritas son nuestras) 

Decíamos que la norma estaba sistemáticamente mal ubicada porque debió insertarse en el capítulo del Poder Judicial, y relacionada con el artículo 110 que no fue modificado: "Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.". Esta norma fue la que le dio la coartada a Fayt para permanece en su cargo hasta el final de sus días, y a la Corte para llegar al oximoron de declarar inconstitucional a la propia Constitución.

Pero más allá de las discusiones jurídicas, lo que interesa son las consecuencias políticas del engendro: si alguien lo pensó en su momento como un mecanismo para condicionar a los jueces y construir una justicia adicta, no pensó que también podía funcionar a la inversa: como un mecanismo de extorsión en manos de un Poder Judicial con tendencia a la autonomización no ya de la política, sino del propio Estado y sus leyes, en defensa de sus privilegios.

Y si no veamos los ejemplos recientes: hace poco días el gobierno de Milei (que hace del supuesto combate a la casta su discurso oficial) pidió (y muy seguramente obtenga) un nuevo nombramiento como camarista para el padre del ministro Mahiques, lo que representa por un lado el intento de conseguir apoyos en la justicia para enfrentar con éxito las causas de corrupción que lo amenazan, pero al mismo tiempo una rendición incondicional ante el lobby de los "huemules" de Lago Escondido, que tiene más fuertes nexos con el poder real del país que los que cualquier fuerza política -incluida LLA- podría construir.

A ese mismo poder pertenece y responde el juez Irurzun (el autor de la célebre doctrina de los "poderes residuales" que permitía encarcelar dirigentes kirchneristas a piacere y violando toda garantía del debido proceso), que por estos mismos días está presionando al gobierno para obtener un nuevo nombramiento, con la amenaza de activar las causas que embarran a la hermanísima presidencial. La contracara de la amenaza es clara: si el gobierno lo postula para seguir siendo juez cinco años más, esas causas quedarán definitivamente archivadas, o jamás avanzarán.
 
Y el último caso es el más emblemático y quizás más vergonzoso, por lo impúdico: apenas el día después de que una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo restableciera la plena vigencia de la reforma laboral esclavista dejando sin efecto el efecto suspensivo de la cautelar pedida por la CGT, el gobierno de Milei pide el acuerdo para que siga siendo juez por cinco años más uno de los magistrados que firmó la resolución. Como para que no queden dudas de como funciona el mecanismo.

Un dato: acá en Santa Fe gobierna la UCR, y Pullaro -que se jacta de reivindicar la herencia de Alfonsín- hizo modificar la Constitución provincial para poder ser reelecto. Los jueces provinciales pierden la inamovilidad en el cargo al cumplir los 75 años (así lo disponía ya la Constitución de 1962), pero la reciente reforma no incluyó la posibilidad de un nuevo nombramiento. Tuits relacionados:
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lunes, 19 de agosto de 2024

COSAS AL COMPLETO PEDO

 

El Congreso nacional no encuentra el tiempo para tratar en Diputados el DNU 70 rechazado por el Senado, y terminar de tumbarlo; dándole al gobierno la oportunidad para seguirlo usándolo para lo que se le antoja, como por ejemplo insistir con las SAD aun en contra de fallos de la justicia. (*)

Tampoco tiene tiempo para aprobar de una buena vez una nueva fórmula de ajuste de los haberes de los jubilados, y un aumento de emergencia que les compense -al menos en parte- el deterioro de su poder adquisitivo sufrido desde que asumió Milei. 

En la misma situación estaba hasta esta semana -en que se votó en Diputados- el refuerzo del presupuesto de las universidades nacionales, pero terminó resuelto de un modo que es lo mismo que si lo hubieran dejado de lado.

Tuvo tiempo, en cambio, para discutir la supresión del derecho de huelga de los docentes bajo el eufemismo de declarar a la educación (a la que se le niegan recursos) "servicio esencial", la libre portación de armas por particulares y el ingreso de tropas extranjeras al país. (¿Pato Bullrich necesitará refuerzos de los marines para reprimir la protesta social?).

Y también para declarar que hubo fraude en las elecciones de Venezuela, como si fuera un tribunal electoral. A la inversa, todavía no encontró el tiempo para tratar el DNU de Milei que aumentó en más de 100.000 millones de pesos los fondos reservados de la SIDE, mientras que el gobierno desde que el decreto salió, ya gastó más de 80.000 de esos millones, justo cuando asistimos al festival de cine íntimo con plataforma en celulares de ex funcionarios y sus contactos.

Tampoco consideró necesario tratar si correspondía expulsar a los diputados que fueron a visitar a los genocidas a la cárcel, porque al parecer no sería tan grave como tocar una teta mientras uno está en un zoom. Así las cosas, no parece que por estos días diputados y senadores están haciendo muchas cosas productivas que justifiquen gastar el dinero que se gasta en sus salarios.

Si tendría -al parecer- tiempo para aprobar los pliegos de Lijo y el otro impresentable como él propuestos por Milei para integrar la Corte Suprema.

Lo raro es que nunca aparecen entre las reparticiones públicas que están al completo pedo, y deberían caer bajo los dientes de la motosierra. En fin, será el signo de los tiempos.

(*) Valgan las mismas consideraciones para la justicia, que no quiere investigar quienes estuvieron realmente detrás del atentado contra la vida de Cristina, y en especial a los impresentables de la Corte Suprema, que tienen aposentadas sus nalgas sobre la causa promovida por la CGT en la que se trata el capítulo de la reforma laboral del DNU, que ya tiene el rechazo amplio y expreso del Senado. 

Y que nada han dicho de que el gobierno se pase los fallos judiciales de primera y segunda instancia en contra de las SAD por el forro, y siga insistiendo con el tema.

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sábado, 24 de septiembre de 2022

UNA JUSTICIA RE COPADA

     

¿Vieron que ahora está de moda hacer la del tero con la justicia y sus relaciones con el poder político, pegando el grito por un lado y poniendo los huevos por el otro?

Algo así sucede en la nación, con la discusión en el Senado de un proyecto de ley para ampliar a 15 el número de miembros: "es para garantizarle la impunidad a Cristina, no lo vamos a permitir", salen a gritar a coro los tipos que metieron dos de los actuales cuatro miembros del tribunal por decreto, uno de los cuáles se votó a sí mismo como presidente de la Corte, y del Consejo de la Magistratura. Si hasta se queja del tema Gerardo Morales, que lo primero que hizo en Jujuy cuando asumió fue armar una Corte a su medida con diputados radicales, parientes y amigos.

Pero acá en Santa Fe también se consigue la indignación republicana de los hipócritas que, en esas cuestiones, están más sucios que una papa: vemos acá como los legisladores provinciales de lo que otrora fuera el Frente Progresista, en trance de transformación en Unión Democrática santafesina para las elecciones del año que viene, protestan porque hace unos días Perotti modificó por decreto la reglamentación del Consejo de la Magistratura (que en Santa Fe no tiene rango constitucional, ni siquiera legal) en lo que hace a la conformación de los jurados de concursos para -entre otros- cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal.

Pues bien, esta gente a partir de eso sospecha de la transparencia de los concursos que deben realizarse para cubrir cargos muy importantes, como el Fiscal General (el jefe de todos los fiscales), los cinco fiscales regionales, el Auditor del MPA (o sea el encargado de controlar la labor de todos los fiscales y el Defensor o Defensora General.

Como toda institución estatal, el MPA (creado durante el segundo gobierno de Obeid, pero que solo empezó a funcionar ya con el Frente Progresista) debería ser juzgado por sus resultados, y de ser así, el santafesino no sale muy bien parado que digamos: hasta acá ha sido más un aguantadero de radicales y socialistas para colocar gente que les cubra las espaldas cuando no estuvieran en el gobierno, que algo que sirviera para mejorar la administración de justicia, o contribuir a disminuir los niveles de delito: los porcentajes de condenas por hechos delictivos a los que llega son alarmantemente bajos, por ejemplo.

Pero si algo no tuvo el MPA hasta acá, ha sido independencia de los poderes políticos, o no injerencia de éstos en su funcionamiento: baste recordar que por estos días se discute en la Legislatura una ley para dar marcha con la reforma que, en tiempo relámpago, aprobaron en 2017 radicales y socialistas para que las sanciones disciplinarias a los fiscales por mal desempeño de sus funciones las disponga la Legislatura en lugar del propio MPA, como era al principio. Sucedió luego de que algunos fiscales investigaran en simultáneo a Pullaro (entonces ministro de Seguridad de Lifschitz) por acomodos en los concursos para ascensos en la policía y en chanchullos varios de la cartera, y a Corral por el escándalo de las cooperativas truchas.

Tampoco es la primera vez que en la provincia se modifica la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura: solo considerando el tiempo transcurrido entre diciembre del 2007 (asunción de Binner como gobernador) y octubre del 2013 (mitad del mandato de Bonfatti), es decir cuando se ponía en marcha el sistema acusatorio en el proceso penal en Santa Fe y comenzaba a funcionar el MPA, hubo siete (7) modificaciones del reglamento del Consejo, siempre en lo atinente a los concursos para cubrir cargos. Y los tres gobernadores del socialismo (Binner, Bonfatti y Lifschitz) cada uno a su turno lo "crearon" de nuevo, como si no existiera.    

Y lo que más hicieron fue acomodar gente a lo pavote en la justicia, en el MPA y en el Servicio de la Defensa; tata que -por ejemplo- de las 45 personas que ahora se anotaron para los concursos en los cargos vacantes de Fiscal General, Fiscales Regionales (5) y Auditor, 25 ingresaron al MPA siendo designados durante los gobiernos del Frente Progresista, entre 2013 y 2018, casi todos ellos (por no decir todos) sin previa carrera en el Poder Judicial, o sea desde la calle.

En esa situación están 7 de los 13 anotados para el cargo de Fiscal General, 10 de los 16 anotados para el cargo de Fiscal Regional de Santa Fe, 11 de los 15 anotados para el cargo de Fiscal Regional de Rosario, y 5 de los 11 anotados para el cargo de Auditor del MPA; más de uno de ellos ex funcionarios políticos de los gobiernos de Binner, Lifschitz y Bonfatti. 

Si hiciéramos el mismo repaso para los anotados para cargos en el Servicio Público de la Defensa (incluyendo el cargo de Defensor General), sería igual o peor: en ésta nota de hace algo más de un año contaba Gustavo Castro como más de 30 funcionarios políticos de los gobiernos socialistas entraron a la justicia sin escalas, en las gestiones del Frente Progresista.   

Por el contrario, entre las 45 personas anotadas para cubrir distintos cargos en el MPA (que en la práctica son 82, porque varios se anotaron simultáneamente en más de un concurso) no hay ningún funcionario del actual gobierno de la provincia. Lo cual sería un motivo menos de preocupación para gente que suele estar preocupada por las instituciones, la república y coso, sobre todo cuando no gobierna.

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sábado, 19 de junio de 2021

LA ORGANIZACIÓN VENCE AL TIEMPO Y A LOS HOMBRES

 


Hace poco decíamos en ésta entrada: "...el bloque adversario está consolidado como tal más allá del nivel de puterío actual de su expresión dirigencial en sentido político partidario. Y está consolidado porque su conducción real (el poder económico) es inmune a los resultados electorales, y dispone de los medios (de producción y de construcción de sentido) para conducir las cosas a su conveniencia, todo el tiempo que media entre una elección y otra.

Frente a eso, nosotros solo tenemos las herramientas del Estado y de la política, y debemos emplearlas con inteligencia, y al mismo tiempo con coherencia: en el sentido para el que fuimos votados, para que la coalición social que se expresó en las urnas en agosto y octubre del 2019 perdure en el tiempo y se solidifique; y para que el bloque de poder que tenemos pierda gravitación y poder de daño, en la medida de lo posible. Si se sabe ver, las medidas que hay que tomar son las mismas, para conseguir ambas cosas.

Y allí es donde el gobierno parece acusar su mayor déficit, funcionando a dos velocidades: por un lado una morosidad ostensible en tomar medidas que afecten al poder real aun éstas permitan al mismo tiempo consultar los intereses de su propia base electoral (por ejemplo aumentar retenciones para desacoplar los precios internos de los internacionales, en especial de alimentos), o disminuir el poder de fuego del adversario (reponer la ley de medios, mutilada por DNU de Macri, por caso).".

Relacionado, leemos en La Política Online que desde el gobierno vinculan el proyecto presentado en la semana por  Guillermo Lipera (del Colegio de Abogados de la calle Montevideo e IDEA) para reformas en la justicia y el Consejo de la Magistratura, con la ofensiva de la nueva conducción de la UIA a cargo de Daniel Funes De Rioja.

La iniciativa es apoyada por la AmCham (la Cámara que agrupa a las empresas yanquis que operan en el país), el Foro de Convergencia Empresarial y la AEA; y tiene a disminuir la participación de los poderes electivos (en especial del Congreso) en el Consejo, especulando a su vez con que la Corte falle una causa que tiene dormida desde 2013, sobre la reforma aprobada durante el gobierno de Cristina. Es la respuesta a la frustrada reforma judicial del gobierno, y un intento del poder real por reforzar su control sobre el proceso de nominación de los jueces, y el Poder Judicial en general; como reaseguro de la defensa de sus intereses.

Pero el gobierno no puede quedarse en el comentario de las cosas, o atrapado en una puja de aparatos entre ese poder corporativo y los supremos cortesanos, que administran sus tiempos para conservar su influencia y poder de chantaje sobre la democracia y los poderes elegidos por el pueblo. Los movimientos del enemigo son sabidos, y en la medida de lo necesario, coordinados.

Cosa (coordinación y organización) que está faltando de éste lado: esta misma semana el ministro de Economía (de quien no se conocen en los últimos tiempos medidas concretas, sino ideas y conceptos más o menos felices, según las circunstancias) fue a rendir examen a un evento convocado por la misma novel conducción de la UIA, que apoya estos ensayos pseudo golpistas, o destinados a reforzar la injerencia del poder "real", en la misma medida en que se recorta el de las instituciones legítimas de la república, surgidas del voto popular.

A la necesidad de un plan económico de recomposición de ingresos de los sectores populares (vía lucha contra la inflación, y mejoras en los salarios y jubilaciones), se suma la de un plan político de todos los actores del FDT, que supere la mera perspectiva electoral, aunque la contenga. Hay que apostar a la organización y -en la medida que la pandemia lo permita- la movilización para frenar de cuajo estas maniobras; que como la nota indica, se originan no solo en el apetito irrefrenable de control del poder económico, sino en que se percibe la debilidad del gobierno, y se obra en consecuencia.   

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miércoles, 26 de mayo de 2021

BASTA DE SUBSIDIAR CLOACAS

 


""Nadie se va a inmolar", es el confeso resumen de un senador que hace todo lo posible para que la Legislatura rechace los dos vetos del gobernador a leyes capaces de mejorar la calidad institucional de la provincia, pero que duda del resultado de sus gestiones y de quienes piensan lo mismo. (Entonces no deben ser tan buenas, o son para otra cosa. A menos que esté sugiriendo el senador fantasma que sus colegas son unos turros a los que no les interesa mejorar las instituciones) Sabe que las dos leyes en juego son producto de un contexto que ha terminado (el desagrado generalizado que causaba Marcelo Sain con sus acusaciones) pero piensa que son dos buenas normas." (O sea que fueron hechas en caliente, contra el tipo y enojados porque los descubrió que son unos truchos, con vínculos con el delito. Perfecto, sigamos)

"La expresión referida al sacrificio personal se lleva bien con aquella que, tras algunas deformaciones del original revolucionario, se limita a decir que "nadie está obligado a ser un héroe". Ser uno más protege al individuo de su conciencia y lo mantiene cómodo en un grupo mayor que, generalmente con su silencio, consiente alguna injusticia." (No se entendió un choto, y tampoco se sabe bien a cuento de que se habla de heroísmo, en una nota referida a tránsfugas. A ver si más adelante mejora la cosa)

 "Con el veto del Ejecutivo en el sistema republicano es igual. El silencio de cualquiera de las dos cámaras, o que alguna no alcance una mayoría especial de dos tercios, daría valor de ley a los decretos que contienen los vetos del Ejecutivo." (No bruto, el veto -si prospera- hace que un proyecto de ley no llegue a ser ley. El sistema jurídico sigue igual que antes de el proyecto se hubiera aprobado. Leé la Constitución, que no muerde. Seguimos esperando por lo del heroísmo a ver como catzo calza en esto)

"A la Legislatura le queda solo algo más de una semana para tomar una decisión. El escenario para el Ejecutivo es bastante mejor que en 2020, cuando ambas iniciativas contaron con mayorías cómodas incluso por sobre el número ahora exigido para que sigan vigentes." (Ajo y agua. ¿Qué pasó en el medio, y hubo elecciones y ya no tienen mayoría en las Cámaras los opositores a Perotti? Ah, no, pará, cierto que es la misma Legislatura que tiene frenadas las leyes del plan de conectividad, ponéle)

"El vacío de contrapoder que ha causado la muerte Miguel Lifschitz ha cambiado la situación en Diputados, donde los números parecían más fuertes. En rigor su trágica y evitable desaparición -toda pérdida por falta de vacunas en el país lo es- ha movido todo el tablero del lado opositor en la provincia." (Canallesco. Las leyes se aprobaron en noviembre del año pasado, cuando ni siquiera se sabía cuando se iba a poder contar con vacunas. Y en ése momento Perotti las vetó. La pregunta es qué privilegio tendría Lifschitz sobre cualquier persona de su misma edad y condición para vacunarse antes cuando se contagió. O como se contagió, porque si los rumores que circulan son ciertos, el problema no fue la falta de vacunas. Y la pregunta más importante de todas es: ¿qué mierda tiene que ver todo eso con los vetos de Perotti, no podrían acaso todos "ser héroes" y "protegerse de su conciencia en un grupo mayor" rechazándolo, aunque Lifschitz no esté? Porque hasta donde sabemos, lo reemplazó un diputado de su mismo partido)

"La casualidad ha hecho que el duro confinamiento sanitario hasta fin de mes coincida con el plazo que tienen los legisladores para opinar sobre los vetos de Perotti. Serán días de intensa negociación entre ambas cámaras y con el Ejecutivo." (La casualidad y el manejo de los tiempos del gobernador, que no mandó el veto a extraordinarias, como le reclamaban insólitamente los que aprobaron las leyes)

"La subsistencia de las leyes requiere de que funcione un juego de espejos entre una y otra Cámara. Que acuerden y reflejen la misma votación y que confíen en que así será, que no los engañen efectos propios de la refracción de la luz. Que se repitan los acuerdos y los consensos que permitieron sancionar las dos leyes el año pasado. Pero como nadie quiere dar un paso en falso se hace difícil dar el primero." (O sea, ni entre ellos se tienen confianza de no cagarse, para sostener leyes que votaron en 20 minutos, cuando estaba Saín, para cagarlo. Y la culpa es de Perotti, que las vetó y no consiguió vacunas para vacunarlo a Lifschitz, que se murió. ¿Es así o nos perdimos algo?)

"Las certezas no son fáciles de construir y menos cuando falta el líder de la oposición. El Ejecutivo sabe cómo quebrar a las mayorías, y que no haya dos tercios en Diputados. Esta vez ha tenido buenos reflejos." (Esta vez en noviembre del año pasado, cuando no había vacunas, y Lifschitz estaba vivo, pero -con buen criterio- vetó las leyes de un saque, porque son una vergüenza, pensadas para una vendetta personal. Entonces consiguieron los dos tercios en las dos Cámaras, y sin sobresaltos. ¿Lifschitz compraba votos y se perdió la chequera con su muerte?)

"Desde que comenzó mayo las Cámaras pudieron haber rechazado los vetos, pero entre la enfermedad y su triste desenlace, más la designación de autoridades de los diputados que encabezaba Lifschitz, llevaron todo a la sesión del pasado 20 en que no pasó nada en sendas sesiones y antes todo tipo de contactos. Ahora queda solo el casillero del día 27 para poner fichas." (Entre la enfermedad, su desenlace, y el patético espectáculo de radicales y socialistas peleando por los despojos del finado, cuando aún estaba tibio. de Nada de eso tiene la culpa el Poder Ejecutivo. De no mediar eso, pudieron haberse reunido sin problemas, y rechazar los vetos, si juntaban los votos)

"¿Qué leyes discuten los partidos políticos con representación parlamentaria en Santa Fe y la Casa Gris? En un caso, se trata de regular, transparentar y obligar a una rendición de cuentas con cómodos plazos para los llamados gastos reservados, en los tres poderes. Implica nada menos que echar algún grado de luz sobre las cajas negras." (Otra vez: no discuten ninguna ley, burro, discuten los vetos del gobernador. Y a decir verdad, cuando las aprobaron tampoco las discutieron, porque en 20 minutos de sesión en cada una de las Cámaras y sin despacho de comisión, las liquidaron a libro cerrado. ¿Vos decís además que durante los 12 años del transparentísimo Frente Progresista había guita negra del Estado, por la que no se rendían cuentas de su uso?) 

"En el otro, se remedia un marco legal que no fue lo suficientemente riguroso cuando fueron creados los dos nuevos institutos del proceso penal santafesino. Las leyes que hicieron nacer al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal no previeron lo que ocurrió con Marcelo Saín entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 cuando mantuvo al mismo tiempo un cargo como ministro del Poder Ejecutivo y otro como funcionario del Poder Judicial, en el MPA (bajo licencia sin goce de sueldo)." (Debe ser capaz porque las redactó Barraguirre, que era Fiscal de Estado de Binner y Bonfatti y preparaba su propio desembarco en la justicia como Procurador de la Corte. Él y 200 más como él, de la UCR y el socialismo)  

"Y ese es solo uno de los filtros que esta ley se pretende colocar, también se piensa en fijar incompatibilidades para que cualquier ex funcionario no se convierta en fiscal o defensor, es decir, lo que ocurrió con cuadros políticos de los gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social, hoy en el MPA." (O sea, filtros que funcionen ahora, que gobierna el peronismo, pero que no les interesó poner cuando ellos llenaron de militantes el Poder Judicial y el MAP, mientras nos contaban las maravillas del "modelo Santa Fe". Y en ese momento ni vos ni nadie en éste diario de mierda dijeron nada) 

"Es curioso que la corriente de opinión mayoritaria entre los fiscales, que pone todo su empeño para protestar por las leyes que los dejan bajo el control directo de los legisladores no se repita –al menos en parte- para pedir que haya incompatibilidades para el ejercicio de sus funciones, que en parte ponen en juego nada menos que la libertad de los ciudadanos y la persecución de los delitos." (Eso sonó como apretada a los fiscales que quieren investigar a Traferri. De hecho, como toda esta nota, sonó como si lo hubiera dicho Traferri)

"El Senado es Cámara de origen del veto sobre esa norma, y está dispuesto a negociar cambios con el Ejecutivo o aún a dejar caer esa ley siempre que subsista la otra, cuyo veto está en Diputados y cuyo tratamiento parece condicionar todo." (El Senado está siempre dispuesto a negociar cualquier cosa con el Ejecutivo de turno. Lástima que ya no está Lifschitz para preguntarle, te podría ilustrar al respecto, pero Bonfatti todavía vive, y le podés preguntar)

"Entre los senadores se admite que nunca hubo controles de gastos reservados y se conforman al pensar que con un ministro en Seguridad que les merece respeto la situación es otra. Pero les parece que no puede perderse la oportunidad de enmendar vacíos legales en las condiciones que tienen que reunir los integrantes de la acusación y la defensa pública en el fuero penal." (Y así de golpe, un día, se les despertó el indio de controlar los gastos reservados, pero les duró los 20 minutos que tardaron en aprobar la ley y después se arrepintieron. Eso sin contar que tal control existe y la excusa es falsa, que miraran para otro costado mientras -por ejemplo- Pullaro le pagaba con esa guita a los abogados defensores de los canas que secuestraron, torturaron, desaparecieron y mataron a Franco Casco, es otra cosa) 

"Caracterizadas injustamente por la prensa como "las leyes anti Saín", esa simplificación sigue en los discursos que ahora ensayan algunos legisladores que ya se han dado vuelta. "Ya no está Saín", dicen para disimular sus giros de 180 grados. ¿Cómo es que alguien votó por cara ahora dirá ceca?. El apellido que antes era un aliciente para unificar posiciones contra un cuerpo extraño en la política santafesina hoy es apenas una excusa para borrar con el codo lo que tan certeramente se había escrito y votado con todas las manos levantadas que hicieron falta." (Lo de "cuerpo extraño en la política santafesina" es tan mafioso que duele. Pero las leyes no fueron contra él, no señor, que va. Al final era cuestión de manos levantadas nomás, no de una pasión por la transparencia y las instituciones, ni de un estudio tan minucioso; y ahora faltan manos que se levanten. A lo mejor están pidiendo un estímulo)

"Mayo al terminar dirá si había el año pasado en la Legislatura un espíritu normativo superior a los intereses coyunturales de los dirigentes, o si apenas votaban un par de chicanas contra un ministro." (Esa respuesta se conoce desde noviembre del año pasado: votaban chicanas contra un ministro, no para mejorar las instituciones y coso como estás sanateando vos)

"La letra de ambas normas están a la altura de lo primero. Son perfectibles, pero para ello deben primero ser sancionadas: ¿qué otra oportunidad puede tener Santa Fe de que sus dirigentes políticos se pongan límites para disponer de gastos reservados, así como a los pases de la Casa Gris a la Justicia sin rubores?" (Escuchá Platero: ya fueron sancionadas y comunicadas al gobernador, que las vetó, porque eran impresentables, y ahora parece que se dieron cuenta, o ya no están tan interesados como en noviembre en la transparencia y las instituciones y coso, porque se fue Saín. Con el cual las leyes no tienen nada que ver, por supuesto, claro. Y en casi un año y medio de gobierno de Perotti, nadie pasó o intentó pasar de la Casa Gris a la justicia)

(Las canalladas completas, acá. La pregunta es hasta cuando el gobierno provincial va a gastar guita en darle pauta a ésta cloaca del periodismo)

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miércoles, 19 de mayo de 2021

LAS ALMAS BELLAS

 

Cuando Néstor Kirchner renovó la Corte Suprema, la propuesta de Eugenio Zaffaroni para integrarla fue un gesto de audacia: conocidas eran las posturas del penalista, que van en contra del "punitivismo dominante". El procedimiento de nominación de los nuevos jueces (Zaffaroni incluido) involucraba la participación ciudadana, la publicación de sus antecedentes y una discusión pública al respecto.

Zaffaroni estuvo a la altura de las circunstancias y honró el cargo mientras lo desempeñó, incluyendo votos en disidencia con sus pares, como cuando se trató la reforma judicial impulsada por Cristina y que  la mayoría de los cortesanos tumbaron. Sin embargo, cuando cumplió los 75 años de edad que marca la Constitución como límite a la inamovilidad, presentó su renuncia al cargo, y le fue aceptada.

En contraste, Carlos Fayt permaneció en funciones (protegido por un fallo judicial que declaró inconstitucional la Constitución) hasta su muerte a los 98 años, aun cuando hacía rato ya que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, y se duda incluso de que sea suya la firma en los últimos fallos que suscribió. Elena Highton de Nolasco permanece aferrada a su sillón, con un fallo judicial a su favor que la exime de obtener un nuevo acuerdo legislativo para permanecer en él.

Es bien conocida la historia de los jueces "okupas" designados por el macrismo a los que no se pudo remover de sus cargos ni siquiera con fallos judiciales a favor del gobierno, y un rechazo del Senado a sus pliegos; o la del procurador Casal, que estando él mismo flojito de papeles, hace causa común con Stornelli y lo protege de todas las acusaciones en su contra, por delitos cometidos.

El último episodio de la saga es la renuncia de Daniel Rafecas a la postulación como Procurador General  para la que lo propuso Alberto, en conta del proyecto de ley que avanza en el Congreso para que ese cargo sea designado con la mayoría de los miembros presentes del Senado, y no con los dos tercios como es ahora. Adujo incluso que no lo consultaron a él para impulsar la reforma como si correspondiera.

Excluimos deliberadamente del racconto a Alejandra Gils Carbó, cuyo pliego fue votado en su momento por 63 de los 72 senadores nacionales, para terminar renunciando a su cargo por las presiones públicas de Macri para que lo hiciera, y con los medios hegemónicos divulgando el celular de su hija entre otras bajezas destinadas a amedrentarla: habría que ver como reaccionaría cada uno de nosotros, en condiciones similares. 

Lo que está claro es que de este lado seguimos jugando con reglas limpias con fulleros, que no en vano han diseñado todo un aparato de persecución judicial de opositores en su momento, y de obstrucción de las decisiones que molestan al poder real, siempre. 

Gente que ahora se rasga las vestiduras con indignación republicana, pero que no vaciló en espiar ilegalmente, carpetear con información así obtenida, dictar prisiones preventivas con cualquier excusa, armar causas, coachear testigos , inventar engendros como la "ley del arrepentido" o meter jueces de la Corte por la ventana y por decreto entre otras lindezas, con tal de conseguir sus objetivos. Mientras acá nos contentamos con triunfos morales, convenciéndonos de que somos los buenos, ellos los malos, y asunto solucionado.

Las instituciones del Estado, y entre ellas y de un modo especial el Poder Judicial, no giran en el vacío, ni nacen de la nada, o son ajenas a las relaciones de poder y los contextos políticos : el truco de quienes las utilizan en su beneficio consiste precisamente en convencernos de lo contrario; tal como -al decir del Papa- la astucia del diablo está en convencernos de que no existe.

Con esas reglas de juego -que nosotros no impusimos- y esos jugadores -que no elegimos- no se puede ser cándidos, ni hay lugar para almas bellas que temen arrugarse el traje en las disputas políticas, por más intencionadas que sean, o por mejores pergaminos y trayectoria técnica que puedan exhibir. 

Se trata de otra cosa, que no significa aceptar prestarse a cualquier enjuague, o traicionar las íntimas convicciones, sino simplemente de ponerle el cuerpo a las ideas, dando las peleas que haya que dar, cuando haya que darlas, por todo el tiempo que sea necesario. Como hacen ellos, sin ir más lejos; salvo que opten por profugarse al Uruguay.

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martes, 4 de mayo de 2021

EL PODER SE EJERCE, NO SE DISCUTE EN TRIBUNALES

 


"El 7 de abril, cuando Alberto Fernández anunció las restricciones que regirían para todo el país a partir del 9 del mismo mes y quedarían plasmadas en el DNU 235, se registraron en el país 22039 casos positivos de COVID, de los cuáles 2480 (el 11,25 % del total nacional) se registraron en la CABA. Pese a abundar en sus considerandos en cuáles son los factores de transmisión y propagación del virus, el DNU no mencionaba entre ellos a las clases presenciales, y por el contrario en su artículo 10 las ratificó enfáticamente, en todo el país.

"Se mantendrán", decía la norma (aún lo dice); que además exceptuó de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, al personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares presenciales.

Solo una semana después, el mismo presidente anunciaba la suspensión de las clases presenciales que se dispondría en el AMBA hasta el 30 de abril, y se concretaría mediante el DNU 241 del día siguiente. Esta norma mantuvo exactamente igual el artículo 10 del DNU 235 (o sea, el que refiere a las clases presenciales); agregando simplemente el párrafo de la suspensión en el AMBA. Mantuvo incluso la excepción para el uso del transporte público, pese a que en sus considerandos dice que: "...desde el inicio de las actividades escolares presenciales el uso de transporte público de pasajeros y pasajeras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó en un veinticinco por ciento (25 %), según datos aportados por el Ministerio de Transporte de la Nación." 

Y dice más el segundo DNU firmado por Alberto: "Que el grupo de personas de seis (6) a diecisiete (17) años, entre las semanas uno (1) a cuatro (4) del año representaba el cinco coma tres por ciento (5,3 %) del total de casos confirmados y entre las semanas doce (12) a catorce (14) representó el siete coma tres por ciento (7,3 %) del total de casos."; y "Que, al evaluar la proporción de casos que representa cada grupo de edad sobre el total notificado, los grupos de edad de Trece (13) a Dieciocho (18) años y de Veinte (20) a Veintinueve (29) años son los que mayor aumento relativo presentaron en las últimas semanas.". 

Ese mismo 14 de abril en que el presidente anunció las nuevas medidas que hoy están judicializadas por el PRO, el total de casos positivos en el país fue de 25157, de los que 2658 (el 10,56 % del total) se registraron en la CABA. Como se ve, las cifras -espantosas en ambos casos- no diferían sustancialmente de cuando se decidió sostener a como diera lugar las clases presenciales, de cuando se decidió suspenderlas en el AMBA; y los indicadores que se tuvieron en cuenta para decidir las restricciones corresponden a períodos en los que -no obstante ellos- se decidió seguir adelante con las clases presenciales, como si nada pasara."

(Las comillas son textuales de éste post del 20 de abril. Las negritas las agregamos ahora) 

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martes, 23 de marzo de 2021

"LA LEY ES COMO EL CUCHILLO, NO OFENDE AL QUE LA MANEJA"

 


Se veía venir, y los jueces nunca defraudan a la hora de hacer papelones, para proteger los intereses y el bolsillo de los más poderosos: tal como cuentan acá en Infobraden, una jueza en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital resolvió una cautelar interpuesta en el marco de un amparo por uno de los dueños de Globant (empresa de tecnología informática con sede en la provincia argentina de Luzemburgo, como Techint), para permitirle no pagar durante tres meses el llamado "impuesto a las grandes fortunas".

Al amigazo Alejandro Scannapieco -que así se llama el homeless en situación de calle que goza de la protección judicial- no parecieron conmoverlo las razones solidarias esgrimidas por el gobierno y la mayoría del Congreso nacional para votar la "contribución solidaria"; ni seducirlo el plan de pago en cuotas del gravamen, insólitamente aprobado por la AFIP. El hombre no quiere pagar, y al menos por tres meses según resolvió la jueza, no lo tendrá que hacer.

Cosa que, tal como señala Aníbal en el tuit de apertura, es no solo una injusticia -la especialidad de la casa del Poder Tribunal- sino una burrada jurídica, que por sí sola ameritaría la remoción de la magistrada: a propósito: en la benemérita reforma judicial enviada al Congreso por el gobierno y que duerme en algún cajón de la Cámara de Diputados (hola Sergio, ¿cómo andás, todo bien, Malena, los chicos?), se plantea unificar ese fuero (el contencioso administrativo) con el civil y comercial nacional de la Capital Federal. 

Cosa que, según se resuelva, podría empeorar aun más cosas como éstas; donde se supone que un juez en lo contencioso administrativo tiene más o menos una idea de como funciona el Estado, sus procedimientos y reglamentaciones; mientras que un juez civil y comercial -como su nombre lo indica- tiene a fallar exclusivamente con el Código Civil y Comercial en la mano. ¿Recuerdan el tortuoso paso de la ley de medios por los tribunales, con "forum shopping" de Clarín llevando la causa hacia ese fuero, que colonizó en su totalidad?

Sin embargo, parece que a la jueza, a la hora de fallar, las normas mucho no le importaron. Como por ejemplo el artículo 167 de la Ley 11683 de procedimiento tributario, que establece el principio conocido como "solve et repete" (algo así como "pague primero, y proteste después"). Dice la norma: "La interposición del recurso no suspenderá la intimación de pago respectiva, que deberá cumplirse en la forma establecida por la ley, salvo por la parte apelada. Si se interpusiere el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra los actos enumerados en el artículo 76 de esta ley respecto de los cuales es manifiestamente improcedente, no se suspenderán los efectos de dichos actos." .

O sea: el "solve et repete" cede cuando el contribuyente apela ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y esa apelación a su vez no es manifiestamente improcedente. Los casos en que resulta así los enumera el artículo 76 de la misma ley: "Contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen los tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva, o se dicten en reclamos por repetición de tributos en los casos autorizados por el artículo 81, los infractores o responsables podrán interponer -a su opción- dentro de los quince (15) días de notificados, los siguientes recursos: a) Recurso de reconsideración para ante el superior. b) Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal de la Nación, cuando fuere viable. 

El recurso del inciso b) no será procedente respecto de: 1. Las liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, sus actualizaciones e intereses. 2. Las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen. 3. Los actos que declaran la caducidad de planes de facilidades de pago y/o las liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad. 4. Los actos que declaran y disponen la exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 5. Los actos mediante los cuales, se intima la devolución de reintegros efectuados en concepto de Impuesto al Valor Agregado por operaciones de exportación. 6. Las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de esta ley." (las negritas son siempre nuestras)

Las intimaciones del citado 14 corresponden: "Cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor propios o de terceros o el saldo a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos se cancele o se difiera impropiamente (certificados de cancelación de deuda falsos, regímenes promocionales incumplidos, caducos o inexistentes, cheques sin fondo, etc.), no procederá para su impugnación el procedimiento normado en los artículos 16 y siguientes de esta ley, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o de la diferencia que generen en el resultado de dicha declaración jurada.".

Como en la nota no se precisa si el amigo de Globant incurrió en alguna de esas "avivadas" en su declaración jurada (ni siquiera nos cuentan si la presentó, o la AFIP le estimó de oficio lo que debía pagar por el impuesto), no podemos saber si evitó ir al Tribunal Fiscal porque sabía que no le iban a dar la razón, y directamente buscó una jueza amiga, o no. Como fuere, debería saber la jueza que el amparo es una vía excepcional, que solo puede utilizarse cuando no existen otros remedios procesales idóneos para evitar un daño o la lesión a un derecho.

Cosa que no parece darse en éste caso, cuando la propia ley de ejecución tributaria permite recurrir las decisiones de la AFIP frente al Tribunal Fiscal, y llegado el caso no pagar el impuesto, esperando su fallo. Tal como lo señala Aníbal, así lo establece el artículo 21 de la Ley 15265 de creación del Tribunal: "La interposición del recurso suspenderá la intimación de pago respectiva, salvo por la parte que el contribuyente consintiera expresamente en su escrito, la que deberá cumplirse en la forma establecida por la ley.". 

Salvo, claro está, que, como dijimos, Scannapieco viniera flojito de argumentos, y en consecuencia le correspondiera sí o sí pagar el impuesto; en cuyo caso el fallo de la jueza es aun más inverosímil. Porque para que proceda una cautelar -como ella misma lo señala- deben darse dos condiciones: "humo de buen derecho" (o sea, presunciones fundadas de que el que reclama tiene razón, o el Estado obró mal) y "peligro en la demora" de darle una respuesta inmediata.

¿Qué peligro puede correr una de las 13.000 personas más ricas del país en dejar lo que para él son monedas en concepto de impuestos, que no sea perder su invicto en el culorrotismo, que "daño irreparable" se le causa si se le pide que lo pague ahora, y se llegara a tener razón se lo devuelvan después?

Eso sin considerar que solo podría tener razón porque: a) no es en realidad tan rico como para tener que pagar el impuesto, o b) lo es, pero considera que el impuesto es inconstitucional, o algo por el estilo. Pero de ser así, es cuestión sometida a debate y prueba, y que por ende no puede dilucidarse a través de un amparo. 

Para el común de los mortales, claro, si uno pertenece al exclusivo club de los millonarios más millonarios, se sabe que hay ciertas puertas que se le franquean, como las de los juzgados. ¿Se acuerdan cuando durante el gobierno de Cristina se discutió la ley de cautelares contra el Estado, y desde el CELS objetaban algunos artículos porque decían que había que tutelar los derechos de las minorías? Bueno, se ve que la jueza lo reinterpretó a su modo. 

Ojo, por ahí se de lo que se trata es de no pagar impuestos, lo que sucede es que entre los mega millonarios del país y los jueces, lo que hay es una auténtica solidaridad de clase. Habría que verlo. Tuit relacionado: 

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jueves, 4 de marzo de 2021

PASANDO EN LIMPIO

 


Sobre el discurso del presidente el lunes en el Congreso ya se hizo acá el análisis en ésta entrada.  Se dijo entonces que en el discurso "...hubo más definiciones conceptuales, que anuncios concretos de medidas futuras, en lo que al Poder Ejecutivo le toca: en buena medida repartió tareas y responsabilidades en el Congreso y la justicia, más que especificar las que hará en su área de incumbencia.".

A tres días vista del discurso, estamos enredando discutiendo con el macrismo las razones y el destino del mega-endeudamiento contraído con el FMI, la querella prometida no apareció y su destino final es azaroso, en tanto debe discurrir por los tribunales, un territorio reconocido como árido para el gobierno, por el propio presidente en ese mismo discurso. La discusión en la que quedamos encerrados es mucho menos relevante que discutir y definir -por ejemplo- quien va a pagar la deuda que se señala -correctamente- contraída en condiciones irregulares. 

Y la misma oposición que se rasga las vestiduras diciendo que el préstamo del FMI no fue fraudulento ni destinado a financiar la reelección de Macri y la fuga ordenada de capitales golondrinas y locales en el colapso final del macrismo, aportó sus votos para sancionar la "ley de sustentabilidad de la deuda pública" publicada ayer mismo en el Boletín Oficial; cuyos principios rectores se dan de patadas precisamente con ese préstamo que entonces contrajeron y hoy defienden, y con las condiciones en las que lo aprobaron. 

Moraleja: desconfiemos de esos "acuerdos amplios" y "consensos extendidos" cuando hay actores que no están realmente dispuestos a cumplirlos. Menos cuando no son sancionados social o políticamente por ello: hace más de cinco años, en los albores del macrismo y tratando de entender las razones de la derrota en el balotaje del 2015,  decíamos acá que el kirchnerismo nunca había logrado que el grueso de la sociedad entendiera la importancia crucial de que el país se desendeudara, y cortara el círculo vicioso de la deuda. 

De los "controles cruzados" al Poder Judicial que reclamó el presidente al Congreso, que decir. Que se reducirían a una comisión bicameral a la que la propia ministra de Justicia salió de inmediato a bajarle el precio, creyendo que así calma a las almas bellas republicanas indignadas por una supuesta cacerìa de brujas. Con el mismo tono de impotencia política autoinflingida, el ministro de Transporte defiende la peregrina tesis de que el Estado carece de capacidad operativa para dragar por sí la hidrovía, y en consecuencia no le queda más remedio que volver a privatizar esa tarea.

En el discurso del presidente se hizo una mención tangencial a los aumentos de precios de los alimentos, señalando que el gobierno apelaba al diálogo, pero  no renunciaba a ejercer sus facultades legales para encauzar el problema. Hasta acá lo que hubo fue diálogo, y más aumentos. 

No se hizo la más mínima mención -en cambio- a la rebeldía del Grupo Clarín a cumplir con las leyes de la democracia, por ejemplo a la hora de cobrarles a sus clientes las facturas de los servicios que presta a sus clientes a través de sus empresas que operan en el mercado de las TIC's. Lo que sí hubo después -publicada también ayer en el Boletín Oficial-  fue una resolución del ENACOM fijando el régimen de sanciones por infracciones a la Ley 27078, que pueden llegar hasta la pérdida de la licencia. Si bien se lo celebra desde acá, está claro que no puede ser retroactivo, de modo que solo rige hacia el futuro: es como si el Estado le estuviera diciendo a Clarín "por ésta vez se las dejamos pasar, pero ojo con lo que hacen de ahora en adelante".

Finalmente, de la anunciada "despolitización del Consejo de la Magistratura" sabemos que consistiría -a propuesta del "consejo de expertos" convocado por el gobierno para la reforma judicial- en aumentar sus miembros de 13 a 16, reduciendo a 4 los representantes de los poderes políticos elegidos por la voluntad popular. Es decir, aumentando el peso específico y la influencia de las corporaciones judicial, curialesca y académica.

No obstante lo señalado, los anuncios sirvieron para que la oposición hable de tendencias dictatoriales. desbordes autoritarios y tentaciones hegemónicas, por ideas que van en sentido contrario, y están muy lejos de plasmarse en algo concreto. Se corrió así el eje del debate político de los asuntos económicos y sociales, a las vaporosas cuestiones institucionales, muy ajenas a la preocupación del hombre promedio.

Si el gobierno buscó deliberadamente eso con los anuncios del discurso presidencial, implica que no quiere discutir sobre "la víscera más sensible", y eso no puede significar buenas noticias en un año electoral. Por caso, del proyecto "desdolarizador" de las tarifas no tenemos noticias ni detalles, pero sí sabemos que las tarifas serán descongeladas y aumentarán, como los alquileres.

Cuando de un discurso no se siguen hechos concretos, se pueden interpretar muchas cosas. Como por ejemplo que la idea es instalar determinados temas, o seducir a determinados auditorios, a falta de cosas concretas para mostrar. No sea cosa que en el gobierno crean que al voto propio (a ese 48 % que lo acompañó en el 2019) le alcanza con formulaciones discursivas, más si hacen enojar a la vereda opuesta, aunque luego no se llegue a nada. Sería un grave error.

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miércoles, 3 de marzo de 2021

¡BASTA, GILDO!


El último año del segundo mandato de Jorge Obeid (2003-2007), se aprobó la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, que fue puesta en marcha en 2007, ya con Hermes Binner y el Frente Progresista en el gobierno. Esa reforma puso en marcha el sistema acusatorio con el Ministerio Púiblico de la Acusación, que nuclea a los fiscales encargados de perseguir judicialmente el delito.

Durante los 12 años de gobiernos del FPCyS, los cargos del MPA fueron "loteados" concienzudamente entre socialistas y radicales, que se repartieron áreas de inluencia: el partido de la rosa en Rosario y la zona sur, y los boinas blancas en Santa Fe y el norte.

Buena parte de los cargos fueron cubiertos por funcionarios políticos de los gobiernos provinciales, que en algunos casos saltaban directo del gabinete del Ejecutivo a cargos en la justicia, en concursos organizados por ellos mismos. Y sus pliegos fueron aprobados por la Legislatura en acuerdo con sectores del PJ (en especial los senadores), y en no pocos casos, en forma tácita, por el mero transcurso del tiempo sin ser tratados por la Asamblea Legislativa.

En ese mismo marco el ex Fiscal de Estado de Binner (Barraguirre) llegó a la Procuración General de la Corte Suprema, y la esposa del presidente de la Corte fue designada Defensora General. Se registraron poquísimos casos de pliegos rechazados o retirados, pese a que hubo muchas impugnaciones, precisamente por las conexiones políticas de los propuestos.

Para instrumentar los concursos que terminaron en esas designaciones, el socialismo modificó once veces la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que en Santa Fe no tiene rango constitucional ni legal, sino que está creado por decreto. 

En el 2017 radicales (o parte de ellos) y socialistas se pelearon, al irse parte de la UCR a "Cambiemos", pero en una cosa estuvieron de acuerdo, junto con un sector de los senadores del PJ: en modificar la ley del MPA para establecer que seas la Legislatura la que pueda sancionar, suspender y hasta remover a los fiscales. El disparador del acuerdo que hizo que la ley se votara en minutos fue que algunos de ellos investigaban por entonces al gobierno de Lifschitz por los concursos de ascenso policiales y las horas OSPE (adicionales de policía), a Corral por las cooperativas truchas armadas con punteros políticos, y a los senadores por el manejo de la Banelco de los subsidios.

Antes pasaron otras cosas, que en su momento reseñamos acá; como que tuvimos un jefe de policía preso y condenado por vínculos con el narcotráfico, honor que compartirían muchos otros, que condujeron la fuerza policial durante los gobiernos de Binner, Lifschitz y Bonfatti. En ese contexto asumió Omar Perotti en diciembre del 2019, y en su discurso inaugural en la Legislatura señaló que venía a cortar todos los vínculos de la política con el delito.

Meses después, en una causa en la que se investiga una red de juego clandestino, caen presos dos fiscales -designados durante los gobiernos socialistas- y uno de ellos denuncia al senador Traferri (PJ) como implicado en una organización delictiva. Otros fiscales toman la denuncia, y piden al Senado el desafuero del acusado, que el cuerpo -por mayoría, con parte de los votos del PJ y todos los de la UCR porque el socialismo no tiene senadores- rechaza.

Pero hacen más: en estos días -con los votos del mismo sector del PJ y todos los senadores de la UCR aprueban una resolución instando al juez que investiga la causa del juego clandestino a archivarla, porque entienden que así debe ser al haberse rechazado el pedido de desafuero. Es decir, se atribuyen como cuerpo funciones judiciales. Al mismo tiempo crean una "comisión" de vigilancia del trabajo de los fiscales, para que la gente les denuncie irregularidades.

Los fiscales y el MPA rechazan el planteo, y le desconocen autoridad al Senado para juzgarlos, habiendo planteado antes la inconstitucionalidad de la ley que así lo establece. Los senadores que votaron el proyecto dicen que lo hicieron porque no funciona el sistema de auditoría del MPA, que está a cargo de una ex funcionaria de los gobiernos de Binner y Bonfatti, a la que ellos en ese momento y no obstante eso, le dieron el acuerdo. Acusan a los fiscales de protegerse entre ellos, como los senadores, digamos.

Si el 1 % de lo que acabamos de describir pasaba en Formosa, teníamos denuncias en la CIDH, la OEA, la ONU y Amnistía Internacional, éramos tapa de todos los diarios del país, Lanata nos dedicaba una temporada entera del programa y nos visitaban diputados porteños para ver in situ como era una dictadura. 

De más está decir que muchos de los que protagonizaron -y protagonizan- estos hechos bochornosos, por éstas horas se están golpeando el pecho "en defensa de las instituciones de la república", porque el gobierno nacional quiere impulsar cambios en la justicia, o crear una comisión bicameral del Congreso que investigue a los jueces. Tuits relacionados: 

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martes, 2 de marzo de 2021

LA FUERZA DE LOS HECHOS

 


El cambio discursivo del presidente ya se notó en su visita a México, cuando se peleó a la distancia con los medios argentinos y la oposición, señalando sus incoherencias sobre la pandemia y las vacunas. Se profundizó ayer en el Congreso, donde entre otras cosas, volvió a recordarles sus groseras contradicciones.

En el medio, pasaron cosas que pegaron de lleno en la línea de flotación de las creencias de Alberto Fernández sobre que siempre es posible conciliar y consensuar, aun con quienes no quieren hacerlo: desde las exigencias extorsivas de los formadores de precios de los alimentos, hasta los reclamos de los acreedores externos privados con los que se apresuró a cerrar un acuerdo, pasando por la oposición y sus puestas en escena cadavéricas, fueron recortando los márgenes concretos de la ilusión consensual. 

Salvo la pandemia -lo que no es poco-, los temas principales del discurso de Alberto eran conocidos ya el 1º de marzo del año pasado, cuando se dirigió por primera vez al Congreso como presidente. Veamos: 

* Las condiciones ilegales, rayanas en lo delictivo, bajo las cuáles fue otorgado el multimillonario préstamo del FMI a Macri, violando las leyes argentinas y el propio estatuto del Fondo al facilitar los recursos para financiar la fuga de capitales, y sin tener en cuenta la capacidad de repago de la deuda por el país asistido. De hecho, hay denuncias que aun tramitan en la justicia, y otras fueron rápidamente desestimadas.

Si bien es importante que sea el propio Estado argentino el que asuma ahora la querella, no lo es menos que desde hace exactamente un año ese mismo Estado dispone del informe del Banco Central sobre el proceso de fuga de capitales durante el macrismo, sin que el gobierno haya articulado alguna política pública en su consecuencia. Por ejemplo decidir que esa deuda la paguen los que se beneficiaron con ella, que son los mismos de la lista de fugadores; como se prometió en campaña y como lo viene planteando en tono de pregunta, desde que publicó "Sinceramente", Cristina. Los mismos, a su vez, que deberían pagar el "impuesto a las grandes fortunas" y ya están orquestando maniobras para evadirlo, o le pidieron al presidente pagarlo en cómodas, y sin intereses. La coincidencia es casi absoluta, lo que marca a las claras cual es la respuesta a la pregunta de Cristina.

Sin embargo, debe recordarse que el mismo gobierno -en particular el ministro Guzmán- apuraba el cierre de un acuerdo con el FMI a como de lugar, y que lo que el presidente anunció ayer no es una decisión final que esté en sus manos, si no en las de esa misma justicia que, con toda razón, cuestiona. Si la idea de la denuncia es fortalecer la posición negociadora del gobierno frente al FMI, bienvenida, siempre que tengamos en claro que el Fondo es el mismo de siempre, aunque prometa investigarse a sí mismo.

* La situación de emergencia en los servicios públicos privatizados (en especial, todo lo relacionados con la energía: gas y electricidad) ya estaba planteada en la Ley 27541, aprobada apenas Alberto asumió el gobierno. Desde entonces -y antes aun- se sabía que era necesario desdolarizar los precios de la energía y los servicios públicos, y -como pidió Cristina y se prometió en campaña- alinearlos con los salarios y la capacidad adquisitiva de la población.

Un año después, las tarifas quedaron congeladas, pero la "desdolarización" o revisión integral de los contratos no se concretó y ayer el presidente anunció que llevará mucho tiempo. Sin embargo, lo que sí pasó -hace menos de una semana- es que se autorizó un aumento del precio de la energía a los generadores, que se trasladará a las tarifas finales a los usuarios residenciales, comerciales e industriales; y también comenzó el proceso para los aumentos del gas. 

* Sobre la hidrovía y su polémica reprivatización, el presidente se limitó a decir que se creará una "agencia pública" con participación de las provincias para controlar el proceso de transferencia a los privados y el contrato posterior; lo que supone que la idea de una empresa estatal que se encargue del dragado ha sido definitivamente archivada.

* Cuando se le reclama al Congreso que ejerza su rol de control sobre los excesos del Poder Judicial, cabe preguntarse si se le está pidiendo -como hizo Néstor Kirchner en 2004- que inicie el proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, habida cuenta que el enjuiciamiento y la remoción de los jueces inferiores le corresponde al Consejo de la Magistratura según la Constitución. 

De ser así, bienvenido, pues aunque se diga que "no dan los números" para aprobarlo, el mensaje es poderoso, para los legisladores y para los propios cortesanos; cuidadosos de sus sitiales y los privilegios anexos, más que de sus declaraciones juradas. Habrá que tener espaldas, en tal caso, para aguantarse los vueltos mafiosos a los que nos tienen acostumbrados.

* El presidente, un hombre de derecho como él mismo se define y con 35 años de cátedra universitaria, no necesitaba el consejo de ninguna "comisión de expertos" para saber  que es necesario reformar urgente el mecanismo del recurso extraordinario y el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para recortarle poderes discrecionales a la Corte. 

Que ahora se decida a promoverlo es una admisión implícita de que la cosmética reforma judicial que duerme en el Congreso no resuelve ninguno de los problemas derivados del "lawfare", y la demora de un año en profundizar los cambios implicó que, en uso de esos mismos poderes discrecionales, la Corte ratificara inequidades repugnantes al Estado de derecho, en perjuicio de los presos políticos, como Boudou o Milagro Sala.

* El anuncio sobre la "despolitización" del Consejo de la Magistratura es, cuando mínimo, confuso: sentada nuestra opinión sobre la absoluta inutilidad de ese artificio alfonsinista, si "despolitizarlo" significa debilitar la representación en su seno de los órganos electos por la voluntad popular (el presidente y el Congreso) en beneficio de las corporaciones de abogados y jueces, es una pésima idea.

Como fuere, ayer el presidente dio un discurso, y si bien eso es un hecho, hubo más definiciones conceptuales, que anuncios concretos de medidas futuras, en lo que al Poder Ejecutivo le toca: en buena medida repartió tareas y responsabilidades en el Congreso y la justicia, más que especificar las que hará en su área de incumbencia.

Se celebra el giro en la percepción del panorama político que ese discurso supone, pero así como los hechos precedentes al discurso parecen haber hecho mella en las convicciones íntimas de Alberto Fernández, desde acá esperamos los hechos posteriores que modifiquen la percepción -en algunos convicción- de que siempre va más allá en los anuncios, que en lo que efectivamente está dispuesto a cumplir; ahí están los casos de Vicentín y las retenciones para cimentar la desconfianza, que ojalá sea desmentida: mejor tarde que nunca. Porque como dijo alguien, "mejor que decir es hacer, y mejor que prometer, es realizar".

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