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EL MONSTRUO SIGUE ENTRE NOSOTROS

Si algo estremece de los tres años de gobierno de Mauricio Macri (además de los estragos sociales y económicos que generan sus políticas) son los graves retrocesos en materia de libertades públicas y vigencia del Estado de derecho; con el consenso tácito y explícito de buena parte de la sociedad argentina.

Ejemplos al respecto sobra: presos político, persecución judicial a opositores con causas armadas, gatillo fácil alentado desde las máximas autoridades del Estado, represión de la protesta social, censura a medios y periodistas críticos, espionaje organizado de ls servicios de inteligencia sobre dirigentes políticos, sociales y sindicales e incluso ciudadanos comunes, intervención a sindicatos, retrocesos graves en las políticas de memoria verdad y justicia; y podríamos seguir.

La constatación estremece porque nos saca de la zona de confort de suponer que ciertos valores fundantes de la democracia están definitivamente incorporados a nuestra cosmovisión colectiva como sociedad, y que todos asumimos que hay cosas con las que no se jode, porque nos costó mucho dolor recuperarlas.

Si algo dejan claro estos tres años nefastos (no es que no se supiera, pero hoy está en la superficie) es que la herencia de la dictadura está entre nosotros, camina nuestras calles, participa de nuestras relaciones sociales diarias: el “algo habrán hecho”, “por algo será”, “en algo habrá andado”, las muertes “justificadas” y justificables, y hasta deseables, la idea de que hay ciertas cosas (organizarse, protestar, movilizarse, reclamar) que no se pueden hacer, sin pagar algún tipo de consecuencias. 

El núcleo duro del discurso procesista legitimador de la matanza está allí, nos rodea por todas partes, camina entre nosotros como un fantasma de un pasado que no se resigna a ser dejado atrás. Y si algo ejemplifica como pocas cosas todo eso, es la desaparición forzada (sí, leyeron bien: desaparición forzada) seguida de muerte de Santiago Maldonado, en medio de un operativo represivo ilegal de fuerzas de seguridad del Estado. Como en la dictadura, pero en democracia.

En el caso Maldonado están presentes todos los elementos del drama argentino en la última dictadura: el poder represivo del Estado al servicio de los poderosos, para descargarlo sobre quienes simplemente ejercen un derecho (el de protestar por una causa que es propia, o creen justa y con la cual se solidarizan), el rol cómplice de la justicia al servicio -como el aparato represivo- del poder económico, la prensa canalla cómplice y, como dijimos, cierto consenso social que incluso no se priva de manifestarse en público.

También está -como entonces- el dolor de los familiares, su reclamo de justifica pisoteado y bastardeado por el Estado violador de derechos humanos elementales, la solidaridad de otros argentinos que no se resignan a quedar revolcados otra vez en el mismo lodo.

El bochornoso fallo del juez Lleral (que denunció ante los familiares de Santiago haber sido extorsionado, sin que a nadie se le moviera un pelo por eso) es, en ese contexto, tan lógico como antes el sembrado de pistas falsas por el gobierno, los servicios de inteligencia y el periodismo cómplice, el borrado de pruebas legales, la negativa ostensible de buscar la verdad, el ascenso del gendarme de Echazú (principal sospechoso de la muerte de Santiago, o de los hechos que la determinaron) por no estar sometido a sumario, porque el gobierno decidió no sumariar a ninguno de los que participó del operativo: una decisión lógica, consistente con el hecho de que estuvieran allí cumpliendo órdenes, y con carta blanca para reprimir a discreción.

Y como en la dictadura, el fallo de Lleral perfecciona (o pretende hacerlo) el crimen de Estado, garantizando la impunidad de los responsables materiales y políticos de la muerte de Santiago, y del contexto en el que ella se produjo. Entonces fue la desaparición de los cuerpos, hoy es la desaparición de las pruebas y la negativa a producir las que fueron ofrecidas por las querellas.

Conocido el fallo, estalló la enfermiza euforia de Bullrich y del periodismo cloacal que por sobres o por convicciones, cerró filas con el gobierno en torno al caso desde el principio, y obtuvo su premio: Claudio Andrade, el vergonzoso corresponsal de Clarín en Bariloche que replicaba la carne podrida que suministraban las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, se hará cargo de la delegación local de Télam, la agencia estatal de noticias que el macrismo vació; y en la cual se había comprometido a trabajar gratis si era necesario, cuando sus trabajadores reclamaban por haber sido despedidos: la meritocracia macrista de la peor inmundicia humana.

Y en el contexto del G20 en el que conocimos el fallo de Lleral (una ostensible ofrenda al gobierno, para evitar posibles preguntas molestas de algún mandatario extranjero por el caso Maldonado), supimos también que existe una resolución secreta de la misma ministra Bullrich, que autoriza el uso de fuerza letal a las fuerzas de seguridad, en medio de la perspectiva de protestas sociales y de un despliegue impresionante de parafernalia bélica en una ciudad militarizada: la semejanza con los tiempos del facto es escalofriante.

Seguramente los familiares de Santiago (que atravesaron estos meses de dolor con una entereza y dignidad admirables) y los organismos de DDHH (parte de lo mejor de nuestra sociedad civil) no cejarán en la búsqueda de justicia, porque eso también nos distingue como pueblo; ahora que -escándalo de la Libertadores mediante- está de moda tomar la parte por el todo, y trazar panoramas sombríos sobre lo que somos los argentinos, todos, sin hacer los distingos del caso.

Pero desde el Estado, cuando cambie el gobierno y este experimento horroroso al que hoy asistimos sea historia, habrá que iniciar, otra vez (como cuando se reimpulsaron los juicios en las causas de lesa humanidad) un lento y trabajoso proceso de recuperación de la democracia y el Estado de derecho en el país, sabiendo ahora sí, con certeza indubitable, que el monstruo sigue vivo, y está entre nosotros.

QUE NO SE ESCAPE NINGUNO

Anoche en un breve intervalo de tiempo y en un radio de pocas cuadras de distancia en el centro porteño, "capuchitas" de la AFI atacaron a piedrazos y con bombas el lugar donde se estrenaba el documental sobre Santiago Maldonado, mientras generaban incidentes en Plaza de Mayo en la marcha para conmemorar el primer año de su desaparición, y un llamado anónimo alertaba sobre una bomba en C5N, el único canal de televisión más o menos opositor que va quedando, con el obvio propósito de interrumpir la transmisión y que no se cubrieran los sucesos.

La conexión del gobierno con los hechos, o su obvia responsabilidad por omisión (en la versión benévola, que no es la nuestra) por su notoria incapacidad para garantizar siquiera la seguridad pública, se conectan con la ostensible molestia que el caso Maldonado les sigue ocasionado, lo que no es sino la plena confirmación de su responsabilidad en su muerte: siguen vejando a Santiago a su familia, más allá de su muerte, de la que son políticamente responsables, y acaso también penalmente, si es que alguna vez la justicia se digan a determinarlo. Nada nuevo con este gobierno de mierda: es ni más ni menos que lo que están haciendo con los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Durante el día asistimos a otro show orquestado por el inefable Bonadío, con la inestimable colaboración del periodismo servilleta y cloacal, que se encuentra escuchas grabadas por los servicios de conversaciones privadas cuando sale a correr por Palermo, o le tocan el timbre de su casa para dejarle en una caja los cuadernos escritos por el chofer más influyente de la historia, que al parecer era partícipe privilegiado de las reuniones donde el núcleo duro del kirchnerismo organizaba el robo del Estado, o se repartía el botín.

Del show del periodismo de letrina, replicando al instante los eructos tribunalicios del doctor Glock, y anticipando ya lo que va a pasar con actos procesales que aun no se han cumplido (como la citación a Cristina a prestar declaración indagatoria por la causa de los cuadernos) participaron todos, hasta los supuestamente serios y premiados en el exterior como Alconada Mon, que en éste caso y a diferencia de los Panamá paper's, no se guardó la información y la difundió generosamente; por si alguna duda quedara de los límites de su objetividad e independencia.

La saga amenaza prolongarse por días y acaso semanas o meses, en un nuevo intento por distraer a la opinión pública de la crisis económica, y sacar a Cristina de la cancha privándola de sus fueros para meterla presa: mejor confesión implícita de que si las elecciones fueran hoy gana en primera vuelta, imposible de conseguir. 

Todo eso pasó justo el mismo día en el cual el Jefe de Gabinete (con absoluto olvido de sus responsabilidades constitucionales) asistía al Congreso para no informar un carajo de lo que le preguntaban los diputados, ocupado como estaba en hacerse el banana y chicanearlos. Moraleja: por respeto al Congreso y a la propia Constitución, los legisladores deberían dejar de asistir a la payasada en la que se han convertido los informes de Peña, para privarlo de público para sus gansadas.

En el mismo registro de Peña y luego de que el presidente (desde su habitual nube de pedos) nos aconsejara caminar pata conseguir mejores precios, y se manifestara sorprendido porque los siderales aumentos de luz y gas que él mismo ordenó impactaran tanto en los índices de inflación, el ministro Iguacel anunciaba más aumentos en los mismos servicios ya aumentados tantas veces por éste mismo gobierno, y cargaba durísimo contra los gobiernos de Córdoba y Santa Fe, y sus distribuidoras provinciales de energía. Moraleja dos: con este gobierno ser "opositor responsable" o "tender puentes de diálogo" no paga, o se lo combate o se le rinde pleitesía, no hay lugar para tibiezas, ni términos medios.

Siempre en el mismo día y por orden del FMI (que es el que hoy realmente comanda los destinos económicos del país), el Ministerio de Hacienda instruía al Banco Central "autónomo e independiente" de "Toto" Caputo, para que restringiera la venta de los dólares que vienen del acuerdo stand by, lo que lógicamente provocó una suba de 30 centavos en un día. Todo indica que ha llegado el momento en el que el Fondo y los intereses que representa ven que los amigos ya compraron y salieron fugando, y hay que ir achicando de a poco la red, para que luego que escaparon los peces gordos, queden atrapados los chicos; ya que no hay dólares para todos. Mejor remembranza del 2001, difícil.  

En menos de una semana y mientras crecen los despidos, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires (el de la gobernadora enterrada hasta las orejas en el barro del financiamiento ilegal de sus campañas) multaban en cifras millonarias a Camioneros y al SUTEBA, con un claro mensaje amedrentador para todos lo sindicatos que se resisten a resignar salarios y derechos; mientras el Ministerio de Trabajo del impresentable Triaca convocaba a conciliación obligatoria por los despidos en Atucha, pero solo a la parte sindical, sin obligar a la patronal (que es el mismo Estado) a dar marcha atrás con los despidos masivos; en otra grosera violación de todas las leyes laborales vigentes, y los convenios internacionales de la OIT que el país ha ratificado.

En el mismo tiempo y con diferencia de días, el gobierno recortaba el monto de las asignaciones familiares para los beneficiarios de las provincias de la Patagonia, el NEA, el NOA y otros lugares del país con valores diferenciales para cumplir con las metas de ajuste comprometidas con el FMI, la misma razón por la cual se apuesta a malvender las acciones del Fondo de Garantía de ANSES en empresas privadas.

Y no nos olvidemos que también en el mismo lapso, Macri dicta no uno, sino dos decretos consagrando la amplia intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, ignorando las leyes vigentes, el rol del Congreso y las protestas que esa decisión trajo aparejada: un gobierno sordo y ciego a la realidad del país quiere dar muestras de autoridad, aparentando fortaleza cuando más débil se siente, porque claramente ha perdido el control de la situación.

Pero no por eso es menos peligroso, sino más: obrando de hecho como si el país estuviera bajo estado de sito, Macri y su gobierno (que vienen debilitando el estado de derecho desde el primer día de su mandato) han trazado una línea invisible que separa réprobos de elegidos: de un lado todos los que pueden gozar en plenitud de los derechos y garantías constitucionales, y del otro aquellos para los cuáles estás son simples palabras escritas en un papel. No hay para ellos huelgas, sindicatos, convenios colectivos ni paritarias, tampoco garantías procesales o presunción de inocencia; y su suerte misma está en manos de los caprichos del gobierno, para hacer lo que se le antoje.

Mientras la economía se deteriora ostensiblemente día a día y el país se acerca a otro estallido como el que eyectó del poder a De La Rúa, la situación política se tensa, y el gobierno parece buscar que así sea, acaso para poder descargar su pulsión represiva a pleno, y en un marco de excepcionalidad jurídica imponer un programa económico y social que no cierra sin ese pre requisito.

Están abusando de la paciencia del pueblo argentino, y acaso buscando que la pierda, para justificar los palos y garrotes, y quien sabe, salir rajando con sus caudales y negocios a buen resguardo, cuando todo explote. Pero no hay que permitírselos: tienen que rendir cuentas de todas y cada una de las hijoputeces que están haciendo, incluidos los innumerables delitos que perpetran a diario.

Si en el 2001 la consigna era "Que se vayan todos", ahora deberá ser "Que no se escape ninguno". 

EL MACRISMO Y LAS OPORTUNIDADES DE ASCENSO

A esta altura está más que claro que el ascenso del gendarme Echazú dispuesto ayer por Patricia Bullrich es un claro mensaje hacia el personal de las fuerzas de seguridad para que no tengan miedo de poner mano duro en la represión, porque obtendrán su recompensa.

Lo quiera o no el gobierno (y todo indica que sí lo quiere) esa es la lectura que harán los uniformados -incluso de las fuerzas que no dependen de él, sino de los gobiernos provinciales- y obrarán en consecuencia: de "no vamos a tirar a un gendarme por la ventana ante la simple sospecha" pasamos a "las fuerzas de seguridad tienen que tener el beneficio de la duda", y ahora a "lo felicito Echazú, se ha ganado un ascenso por su eficaz y patriótico comportamiento".

Lo curioso es que desde el gobierno se intente ensayar otro tipo de justificaciones, tales como que Echazú no estaba imputado en la causa por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, y en consecuencia nada obstaba a que se lo ascendiera. 

Si Echazú no está imputado en la causa, no se entiende que el juez federal de Esquel le haya dado participación en ella al punto de poder designar peritos de parte que asistieron a la autopsia de Santiago, en los términos del artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación: " La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.".

Pero aunque eso no fuera así, lo que no dice el gobierno es que conforme a las propias normas del personal de la Gendarmería Nacional, si Echazú pudo ascender fue porque el Ministerio de Seguridad desde el primer momento de la desaparición de Santiago Maldonado se dio a la tarea de borrar toda posible prueba de la participación de la fuerza en la represión, y asumir la defensa cerrada de todos los efectivos que participaron en el operativo en el cual Santiago perdió finalmente la vida.

En efecto, el artículo 74 de la Ley 19.349 de Gendarmería Nacional establece en su inciso c) que no podrá ascender "el personal que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones:c) En pasiva según lo previsto en el inciso c) del artículo 64.".

Y el inciso c) del artículo 64 contempla cinco situaciones en las que el personal se encuentra en disponibilidad pasiva y en consecuencia impedido de ascender, de las que nos interesa destacar el apartado 4): "El castigado con suspensión de empleo durante el tiempo de la sanción o en prisión preventiva o condenado a pena de delito que no lleve como accesoria la baja o destitución." (las negritas son nuestras) 

Como es sabido y contra todas las reglas y recomendaciones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos en casos de violencia institucional, el gobierno de Macri a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich tomó desde el principio la decisión de no separar a la Gendarmería de la investigación del caso Maldonado, ni sumariar a ninguno de los que participaron del operativo, ni mucho menos suspenderlos preventivamente en sus funciones, hasta tanto se esclarecieran los hechos, y su participación y responsabilidad en ellos.

Es decir los dejaron en funciones, con uso del uniforme y grado y la portación de las armas reglamentarias, y -lo más importante- la posibilidad de influir en la propia investigación judicial, borrando o alterando pruebas; como efectivamente sucedió. No les aplicaron -salvando las distancias- la "doctrina Irurzun" de la prisión preventiva y los "poderes residuales", sin ir más lejos.

Si lo hubieran hecho -como correspondía- Echazú no podría haber sido ascendido; aunque en la causa judicial no se lo hubiera imputado formalmente por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado.

Prefirieron encubrirlo a él y a todos los partícipes del operativo, y en una pseudo investigación a cargo de un tal Barbieri (el encargado político de los "asuntos internos" de la fuerza) lo que hicieron fue "libretearlos" respecto de lo que tenían que decir sobre el caso, si eran citados a declarar por la justicia.

Y todo tiene una razón muy lógica: Echazú y sus compañeros no eran unos loquitos que ingresaron a los tiros en la Pu Loff de Cushamen "por la suya" porque se pasaron de rosca, sino porque estaban cumpliendo expresas y (definidamente) imprecisas instrucciones de Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich cuyo teléfono aun hoy sigue sin peritarse, y su extravagante doctrina de la "flagrancia" para combatir la no menos delirante "amenaza terrorista" de la fantasmal RAM.

Como asimismo tampoco Nocetti (que ni siquiera fue citado por la justicia aun para esclarecer su actuación en los hechos) es otro loquito suelto, como lo comprueba el hecho de que por estos días Bullrich (su superior) acaba de viajar al sur a conformar con los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut un "comando operacional" para enfrentar a la RAM. que es un pobre remedo del "Operativo Independencia" en Tucumán en los 70', para enfrentar a la guerrilla.

Un espantajo que el gobierno necesita agitar para disimular el ajuste brutal al que está sometiendo al pueblo argentino. La contribución del gendarme Echazú a ese objetivo político es lo que ha sido premiado con su ascenso.    

PERDÓN A LA GORRA

NOSOTROS TAMBIÉN TENEMOS DERECHO A DUDAR

Cuando todavía no ha concluido la autopsia del cuerpo de Sebastián Maldonado y los medios y el gobierno pretenden dar por cerrado el caso en que se ahogó y no presentaba signos de lesiones, o golpes. crecen las dudas respecto a las circunstancias de su muerte, y del hallazgo del cadáver.

En el audio que encabeza el post pueden esuchar una entrevista radial a Enrique Prueger, el perito criminólo que intervino en la muerte del soldado Carrasco en Neuquén, el doble crimen de La Dársena en Santiago del Estero y que fue recusado por la querella de Arroyo Salgado en el caso Nisman; en el que había concluido que se trataba inequívocamente de un suicidio.

En la nota los periodistas le preguntan a Prueger detalles técnicos sobre el cuerpo, que aun no estaba siendo revisado por el cuerpo médico forense, en base a las fotos que (lamentablemente) circularon por las redes sociales; y también sobre la posible incidencia del medio (un río con bajas temperaturas en el sur) en el que fue hallado en cuanto a la conservación del cádaver, y demás características.

Presten atención a lo que dice porque además da por tierra con muchas idioteces (al estilo "Walt Disney") que se dijeron al respecto; y en todo caso aporta otra mirada a este penoso asunto, en el que esperemos que se haga justicia, por Santiago, por su familia y por todos los argentinos.

Más información sobre el desarrollo de la autopsia, acá. Y abajo, el nuevo comunicado de la familia Maldonado:

"EL RÍO CAUSÓ UNA NUEVA MUERTE"

Es notable la capacidad que tienen para recortar los hechos de la realidad, privarlos de todo sentido y contexto y utilizarlos como proyectiles lanzados al sentido social hasta destrozarlo; y moldearlo de acuerdo a lo que previamente han establecido como conveniente y verdadero.

Incluso los hechos que pueden ser indubitables, como las conclusiones preliminares de la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado, hecha -cabe aclarar- por el mismo cuerpo médico forense de la Corte Suprema al que desprestigiaron en el caso Nisman, reemplazándolo por la Gendarmería.

Presentan las cosas como si Santiago -que no sabía nadar- y a falta de nada mejor para hacer, tomó de repente la decisión de aprender por sí mismo una fría mañana de agosto en un lejano rincón de Chubut, a 15 grados bajo cero, y la cosa terminó mal, como era de esperarse.

Nos recortan que él -que llegaron a decir que ni siquiera existía- estaba allí -donde dijeron que no estaba- defendiendo lo que creía justo -que ellos denostaron con todo tipo de agravios- y frente a la Gendarmería; que negó haber llegado al río, o haber estado a menos de 30 metros de distancia de los que protagonizaron el corte en la ruta 40, y luego se replegaron hacia la pu lof.

Con la autopsia en la mano y aun sin concluir, nos exigen que nos retractemos de haber reclamado saber donde estaba alguien a quien no se preocuparon por buscar con demasiado esmero -como lo demuestra el hecho de que lo encontraron donde habían buscado varias veces antes-;  y que nos retractemos de haberle atribuido responsabilidad en su desaparición y muerte a un gobierno cuyos funcionarios (del presidente para abajo) no hicieron sino agredir a la familia, y organizar sistemáticamente el borrado de cualquier prueba que pudiera comprometer a la Gendarmería y al ministerio de Seguridad, a cuyas órdenes actuaba.

¿O acaso Nocetti y Patricia Bullrich están escondidos evitando toda aparición pública porque han ingresado en una comunidad de clausura, haciendo votos de silencio?

Pretenden tener el monopolio del perdón y la justicia, como ejercen en los hechos el de la verdad.

Pero no toda la miseria está depositada en los medios cloacales que forman parte del dispositivo político del gobierno, ni en el gobierno mismo: ayer y hoy las redes sociales dan cuenta de los insultos y las agresiones de gente común a una familia el mismo día, en las mismas horas, en que finalmente confirmaron que el muerto era su hijo y hermano, y estaban haciendo su autopsia.

Algo anda muy mal en ésta sociedad si algunos son capaces de llegar a esos extremos, mientras otros se movilizan para exigir justicia, o evitar que la impunidad se consagre. Hay una ancha y profunda grieta en el medio, cada vez más difícil de salvar.

Y en el medio de los dos lados de la grieta, quedan muchos argentinos a los que es muy posible que les chupen un huevo estas cuestiones, o tengan otras preocupaciones más apremiantes como el salario, el empleo, llegar a fin de mes o darle de comer a sus hijos.

El asunto (y viene bien recordarlo un día antes de que volvamos a votar) es que resolver esas cuestiones ciertamente más apremiantes depende de como nos expresemos políticamente porque no se resolverán de otro modo (por arte de magia, por el "derrame" de los más ricos); y si la idea de sociedad que prevalece -que en definitivas es de eso de lo que se trata votar- es la de los que creen válido insultar a una familia el día de la autopsia del cadáver de su hijo, no se puede esperar que se solucionen. 

HAY UN 100 % DE POSIBILIDADES DE QUE ESTEMOS GOBERNADOS POR UNA CATERVA DE HIJOS DE PUTA

Nunca se enfatizará lo suficiente la importancia de las elecciones de éste domingo, por todo lo que está en juego, y como influirán los resultados en el futuro inmediato del país. Menos -en cambio- se ha puesto el acento en el clima en el que los argentinos iremos a votar, sin duda alguna el más sombrío y ominoso desde 1983  a la fecha; incluso antes del macabro hallazgo de un cuerpo en el río Chubut, y de que su hermano Sergio confirmara que es el de Santiago Maldonado.

Contrariando el triunfalismo que intentó transmitir después de los resultados de las PASO, el gobierno, la estructura política de “Cambiemos” y el conjunto del dispositivo oficialista (que incluye al grupo de tareas de Comodoro Py, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y los medios y periodistas del régimen)  se lanzaron a una campaña permanente, sin prisas ni pausas, de deslegitimación del adversario político (el kirchnerismo, bah) y de horadación del piso común democrático.

En un clima instalado de elección decidida, vienen apelando sin parar a los carpetazos, las denuncias judiciales, la campaña basura en las redes sociales, la desinformación y las noticias falsas instaladas como reales que hace pensar que los números no son tan holgados para la coalición oficialista como dicen; o están apostando al aplastamiento de toda disidencia para poder tener las manos libres a partir del lunes para avanzar en la segunda fase del ajuste y el recorte de derechos. Es como si no quisieran darnos respiro, agobiarnos, desmoralizarnos, quebrarnos, para poder ir definitivamente por todo.

  

Resulta difícil enumerar todas las trapisondas judiciales de la escudería oficial, que culminaron ya en horas de la veda con el bochornoso fallo (algún nombre hay que ponerle) de un juez que le dejó las manos libres a Macri para remover por decreto a Gils Carbó, si le place; en paralelo con las muestras de autoritarismo desbordado, como la censura al aire del director de Radio Nacional Córdoba a una periodista por haber entrevistado a la madre de Facundo Jones Huala.

Mientras tanto el gobierno trataba de dilatar por todos los medios los resultados de la autopsia del cuerpo encontrado en Chubut, para que el resultado no les explotara en las manos a horas de la elección, en la admisión implícita de que son los responsables políticos de su desaparición y muerte, y del encubrimiento posterior; así como de la humillación y el abandono al que sometieron a un familia a la que el Estado le arrebató un hijo y un hermano.

Algunos “analistas” como Asís hablan de la ruptura de un pacto mafioso entre el gobierno y la Gendarmería (que incluye las pericias truchas del caso Nisman), que terminó con que le arrojaron un muerto a Macri, para disuadirlo de la idea de cortar en los gendarmes la cadena de las responsabilidades por la desaparición forzosa y posterior muerte de Santiago; y se puede avizorar una creciente guerra interna entre las fuerzas de seguridad (que actúan como perros peligrosos a los que les soltaron la cadena) tirándose muertos entre sí: la Gendarmería dejó mal paradas a la Federal y la Prefectura en la muerte de Nisman para complacer los propósitos políticos del gobierno, y estas le devuelven gentilezas en la investigación del caso Maldonado.

La respuesta institucional del gobierno desde la desaparición de Santiago solo fue superada en bochorno por la respuesta política de “Cambiemos”, brutalizada en el final de la campaña por los vómitos verbales de Carrió; mientras María Eugenia Vidal, que no gobierna hace meses si es que alguna vez lo hizo, aparece tiempo completo en los medios a toda hora para que le pregunten naderías, acompañada de los candidatos mudos a los que no dejan hablar para que no derrapen; y allá lejos, en Jujuy, Milagro Sala sigue secuestrada en una cárcel después de un operativo con encapuchados y autos sin patente, por orden del sátrapa Morales, y su vida y la de los demás presos de la Tupac corren serio riesgo.

Los empresarios reunidos en el coloquio de IDEA compiten entre sí y con el FMI y las “calificadoras de riesgo”en las exigencias al gobierno para que avance con las reformas lo más rápido posible, aprovechando lo que suponen un seguro triunfo electoral; que con toda certeza será interpretado como un cheque en blanco, para hacer lo que les venga en gana; como por ejemplo empezar a descargar desde el lunes mismo una catarata de aumentos en los servicios públicos (que ya han anunciado) y los combustibles (al parecer, las petroleras ni siquiera pueden esperar a que se terminen de contar los votos), y avanzar en una flexibilidad laboral ya instalada en el debate, frente a una dirigencia sindical que ya capituló antes de dar pelea, y fue a IDEA a  aplaudir a sus verdugos.

Los avances de un gobierno sin límites que pone en riesgo a la democracia son validados por una justicia genuflexa, que acaba de autorizar la presencia de la Gendarmería (sí, justo ellos, en éste momento) en los cuartos oscuros al momento de realizarse el escrutinio de las elecciones del domingo; y los desequilibrios estructurales de un programa económico donde todo está atado con el alambre del endeudamiento se disimulan hasta después de las elecciones.

Este domingo en las urnas se juega mucho, y esto tipos juegan con todo, no siempre (o casi nunca) con armas limpias, y ahí estamos en desventaja. Pero no por eso vamos a dejar de intentar ponerles freno; y si fallamos en el intento la sociedad –como siempre- deberá hacerse cargo de lo que vota, porque siempre trae consecuencias.

LA VERDADERA GRIETA

Sobrecogía el corazón ver anoche la entereza de Sergio Maldonado en medio del dolor, cargando sobre sus hombros con el peso de 80 días de desolación y abandono, y confesando que permaneció horas a la vera de un río en un lejano paraje del sur; contemplado un cuerpo que podía ser el de su hermano Santiago, custodiándolo porque no confía en nadie: no se puede pedir imagen más cruda del tremendo desamparo de un ciudadano frente a un Estado represor, desaparecedor, negador y casi con seguridad, asesino.

Como si fuera poco todo lo que padecieron los Maldonado, tuvieron que soportar las barbaridades que dijo Elisa Carrió, esa víbora ponzoñosa que viene envenenando la política nacional desde hace más de 20 años; y que seguramente el domingo será ungida nuevamente con el voto de mas de la mitad de los porteños, para no ir nunca al Congreso. 

Eso son, porque eso van a votar, háganse cargo de una buena vez; ante tamaña descomposición moral no hay posibilidad alguna de alegar engaño a la buena fe del elector. Van a votar a alguien que acaba de mofarse en televisión del dolor de una familia, comparando el caso de Santiago con Walt Disney.

Santiago no pasó por una peluquería de San Luis a cortarse las rastas, ni vagaba perdido y confuso por la ruta 40 hacia el sur, ni pasó por Ceibas rumbo a un barrio de Gualeguaychú, ni fue herido mortalmente por un puestero.

Tampoco estaba en un monasterio mendocino, ni en ninguno de los otros lugares donde el aparato de servicios de inteligencia, periodismo servilleta y trolls pagos por el gobierno para operar en las redes sociales lo ubicó en estos casi 80 días desde su desaparición, para sembrar pistas falsas y encubrir el hecho principal: lo desaparecieron fuerzas del Estado, en el medio de un operativo represivo ilegal, ingresando a un predio donde no tenían que estar, simulando una flagrancia que no existió.

El cuerpo que podría ser el de Santiago Maldonado fue encontrado en el río Chubut, en el lugar donde antes lo había buscado el impresentable juez Otranto con un impresionante despliegue policial, esposando a los testigos y no dejando entrar a los familiares ni a los representantes de las querellas. ¿O acaso había ido allí a plantar ese cuerpo, para cargarles su muerte a los mapuches?

El cuerpo estaba en el  lugar de la represión, donde negaron de entrada que siquiera hubiera estado Santiago, tanto como llegaron a negar hasta su misma existencia, consultando el padrón electoral; prorrogando así en los hechos durante casi tres meses, la existencia de la desaparición forzada que negaban.

Varias horas antes de que se conociera el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut (el cuerpo de un desaparecido hallado en un río, cruel metáfora si las hay) una periodista (Liliana Franco, de Ambito Financiero e "Intratables") anunció enigmática que ese día habría "importantes novedades en el caso"; y varias horas antes de que siquiera hubieran sacado el cuerpo de las aguas para trasladarlo a la morgue de Esquel, radio Mitre (la cloaca radial del Grupo Clarín) confirmaba que se trataba de Santiago, cosa que hasta hoy sigue estando así en su página web.

Dos botones de muestra para entender como el periodismo de guerra (contra la verdad, la decencia y la ética en el ejercicio de la profesión) es una pieza fundamental del régimen de oprobio que gobierna el país, tanto que ya ni se molestan en disimular o borrar las huellas de su complicidad. Solo se podía acceder a esa información, en esos momentos, formando parte de la maniobra que hizo aparecer el cuerpo. 

Un régimen que en la misma noche del hallazgo (sabiendo perfectamente lo que había pasado, y las posibles reacciones) reforzaba el dispositivo de seguridad de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada,  acuartelaba a las fuerzas de seguridad federales, suspendía los francos a sus efectivos y convocaba a los que estaban de licencia; acaso soñando con que alguna reacción en las calles contra la noticia les diera la oportunidad de descargar toda su furia represiva, y llegar a las elecciones en medio de un clima de miedo, sombrío y opresivo, quizás hasta con el estado de sitio declarado violando la Constitución. Sin por eso dejar de hacer encuestas telefónicas sondeando la repercusión electoral del caso.

Como si con eso no bastara, esos mismos medios convocaron a una marcha en Plaza de Mayo que los organismos de derechos humanos se apuraron a desactivar, que se llenó de "capuchitas" de los servicios que fueron a pintar con aerosol el Cabildo, más algunos grupúsculos de las izquierda funcional y tarada, que a esta altura cabe preguntarse si no son también de los servicios: otra explicación no aparece a la mano para tanta idiotez. 

Más allá de lo que terminen diciendo las pericias, vendrán ahora seguramente mil y una operaciones de prensa y judiciales para revolear el muerto para otro lado que no sea el del gobierno, intentando encubriendo lo esencial: a Santiago Maldonado se lo llevaron fuerzas del Estado porque protestaba, se negaron a dar señales sobre su paradero a sus familiares y siquiera a reconocer su responsabilidad; aunque se acumularan las evidencias de que exactamente eso era lo que había sucedido, mientras se dedicaban concienzudamente a borrar todas las pruebas posibles, con la complicidad del juez Otranto.

Y casi con toda seguridad, plantaron ese cuerpo sin vida en el río Chubut, pretendiendo que de ese modo eluden sus culpas, para desplazarlas sobre los mapuches, la RAM, el kirchnerismo o los extraterrestres: hasta eso y mucho más, son capaces de hacer. Y si no repasemos lo que vinieron diciendo y haciendo estos casi 80 días transcurridos desde el 1º de agosto, solamente sobre este caso en particular.  

En este clima los argentinos deberemos ir a votar el domingo, y con ninguna garantía de que este gobierno respete la voluntad popular, si le fuera adversa. O peor aun: teniendo que comprobar que esta política de degradación constante de la democracia argentina que vienen llevando en forma sistemática e ininterrumpida desde hace 22 meses tiene consenso social, al menos de una buena parte de la sociedad.

Sirva el contraste entre la enorme dignidad en medio del dolor de Sergio Maldonado y su familia, y la feroz crapulencia de un gobierno sub democrático y su periodismo servil para poner de relieve -una vez más- la verdadera grieta que hay en la Argentina: la que separa a las personas de bien, de los hijos de puta. Y ojalá que nunca se cierre.