LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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domingo, 24 de enero de 2021

¿QUÉ HACEMOS CON YPF?

 


Después del fracaso de la "argentinización" ensayada en el gobierno de Néstor Kirchner con el ingreso de Eskenazy, el kirchnerismo decidió recuperar el control de YPF en 2012, en el segundo mandato de Cristina y con la sombra de la restricción externa encima: las importaciones de combustibles pesaban demasiado en la balanza comercial e insumían dólares cada vez más escasos; y la necesidad de recuperar el autoabastecimiento energético era crucial

Para eso controlar la petrolera estatal era clave, porque era la herramienta destinada a liderar el esfuerzo para lograr ese objetivo. Con esa idea, el Estado se hizo con el 51 % de las acciones desplazando al grupo Repsol del comando de la empresa, y puso al frente de la misma a Miguel Galuccio. Por primer vez en años, YPF recuperaba inversión y producción, y participación perdida en el mercado.

Con la venida del macrismo y pese a que la energía estaba entre los sectores "estrella" de su modelo económico, YPF siguió la suerte de la mayoría de las empresas del país: aun en un contexto de dolarización de tarifas (y en lo que a ella toca, de los precios del gas en boca de pozo) perdió estrepitosamente y en forma constante valor de libros y de capitalización. 

Sus acciones se desplomaron y Aranguren (ex competidor en el mercado como CEO de Shell) soñaba con reprivatizarla; mientras contraía una pesada deuda en dólares-siguiendo en eso al modelo económico en su conjunto-, mientras por ejemplo le otorgaba un préstamo de 140 millones de dólares a Pampa Energía (por entonces en manos de Marcelo Mindlin) para comprar Petrobras Argentina. Mientras, el gobierno ponía más empeño en subsidiar las actividades de Tecpetrol (la empresa petrolera del grupo Techint) o CGC (Compañía General de Combustibles, de Eurnekián), que en proyectar su propia petrolera. 

A más de 13 meses de gobierno del "Frente de Todos" y con la pandemia (que afectó las actividades e ingresos de las petroleras en todo el mundo) como ominoso telón de fondo, no está muy claro hacia donde va YPF, o hacia donde quiere el gobierno que vaya. El despido de Guillermo Nielsen (insólitamente compensado con un exilio dorado en Arabia Saudita) era una medida necesaria e imprescindible; pero no es ni por asomo todo lo que se necesita para encauzar el rumbo de la gestión de la petrolera estatal.

Precisamente a raíz de reclamar del despido de Nielsen, recordábamos nosotros en ésta entrada los principios e ideas bajo los cuales Cristina decidió, con la Ley 26741 aprobada en su segundo mandato, retomar el control de la petrolera. Controlar YPF no es solo manejar la principal empresa petrolera y -al menos hasta el desastre macrista- una de las principales empresas del país, si no la mayor.

Supone contar con una herramienta estratégica para desarrollar una política energética en manos del Estado nacional, en un terreno cedido en los 90' a los intereses privados, y fragmentado en el poder de decisión público con la provincialización de los recursos naturales establecida en la reforma constitucional de 1994.

Una herramienta que permitiría además desarrollar esquemas de conformación de cadenas de proveedores, desarrollos científicos y tecnológicos de avanzada e imponer -por el peso de su participación en el mercado- precios testigos de los combustibles compatibles con las posibilidades adquisitivas de la población, y con la razonabilidad de los costos de producción de la economía en general. Y generar, como no, divisas genuinas vía exportación para contribuir a superar la restricción externa.

Hoy YPF está muy lejos de hacer todo eso -de hecho, está demandando 400 millones de dólares para hacer frente a los compromisos de su deuda reestructurada, contraída durante el macrismo- y para el Estado nacional parece un apéndice molesto en el que, por ejemplo, no le interesó aprovechar las operaciones especulativas contra el valor de sus acciones para avanzar sobre el 49 % que permanecen en empresas privadas. De Nielsen y su desastrosa gestión, se puede decir que -a tono con el fetiche oficial de la "salida exportadora- nunca tuvo en la mira nada más allá del aprovechamiento de los recursos de Vaca Muerta, sin siquiera procurar incrementar la producción en otras áreas. 

Aunque tenga una forma jurídica de sociedad anónima -compatible además con las exigencias de un mercado competitivo como el petrolero- y mal que le pese al ministro Guzmán que la definió como una "empresa privada con el 51 % del capital en manos del Estado", YPF es nuestra, es de todos y la controla el Estado argentino; en conjunto con las provincias petroleras que están obligadas a acompañar sus decisiones por el pacto de sindicación de acciones que estableció Cristina en el diseño de la expropiación allá en el 2012.

Y reclama definiciones a tono con esa condición para hacer -como se pensó cuando se la creó, hace más de un siglo, y cuando el Estado retomó su control, hace menos de una década- su aporte decisivo al desarrollo nacional. Esperemos que la nueva gestión suponga más que un mero cambio de nombres, y vuelva a poner a YPF en ese sendero, del que nunca debió salir. Tuits relacionados: 

martes, 29 de diciembre de 2020

BASTA DE GORILAS LIBERALES EN EL GOBIERNO

 


Cuando el Estado nacional decidió recuperar el control de YPF expropiando el 51 % de sus acciones, el artículo 16 de la Ley 26741 que así lo dispuso estableció lo siguiente: "La gestión de los derechos accionarios correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, por parte del Estado nacional y las provincias, se efectuará con arreglo a los siguientes principios: a) La contribución estratégica de YPF Sociedad Anónima al cumplimiento de los objetivos de la presente; b) La administración de YPF Sociedad Anónima conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos; c) El gerenciamiento de YPF S.A. a través de una gestión profesionalizada.".

Eso suponía -y supone- que los objetivos perseguidos (según el artículo 1º de la misma ley: "...el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.") al retomar el control estatal de la petrolera no eran incompatibles con una eficiente gestión empresarial de la misma, y con que su conducción estuviera en manos de una gerencia o dirección profesional, y especializada: no se trataba simplemente de colocar a miembros de la Cámpora en el directorio, y listo.

Pero esa gestión profesional debía estar siempre subordinada a los objetivos señalados, y al hecho de que es el Estado el accionista mayoritario de la compañía, con todo lo que ello implica. Por ejemplo que si bien ésta no está destinada forzosamente a perder plata ("preservando los intereses de los accionistas y generando valor para ellos"), su único objetivo no es maximizar ganancias, o que le cierren los números.

Durante el macrismo, esa rara forma de gobierno de empresarios meritocráticos que terminó destruyendo el valor de las empresas, YPF siguió más o menos el derrotero de muchas grandes compañías del país: su valor de libros, patrimonial y bursátil cayó drásticamente medido en moneda dura, y estuvo muy lejos de ser -como se había pensado al recuperar el Estado su control- una herramienta estratégica clave para el desarrollo del país.

Lamentablemente y transcurrido hasta acá más de un año de mandato del gobierno del "Frente de Todos", no se puede decir que hayamos avanzado mucho en dirección a revertir ese proceso -reconociendo, sí, las dificultades que como en todo crea la pandemia-; cosa por otro lado esperable si aun subsisten cargos de los mandos gerenciales medios en manos de quienes designó el macrismo, y al frente de la empresa colocamos a alguien como Guillermo Nielsen, que no es precisamente lo que se diga de lo más representativo del pensamiento nacional y popular.

Alguien a quien por ejemplo el propio presidente debió desautorizar en un par de oportunidades obligándolo a retrotraer aumentos de combustibles (aunque en muchas otras lo haya convalidado, sin que sepamos a ciencia cierta cuáles son los beneficios que esos aumentos suponen), y que hace unos días pretendió justificar la insólita compra en Pakistán de las pelotas de la promoción del Serviclub (repitiendo así lo que hizo el macrismo en su momento, pero con China), diciendo que en el país no se fabricaban pelotas perfectamente esféricas, o que picaran bien.

O que ahora decide, de modo unilateral e inconsulto como si fuera una inmobiliaria o un desarrollador del "real state", vender el predio de su propiedad en el que tiene su sede la Universidad Nacional Arturo Jauretche; que dicho sea de paso -acaso Nielsen lo ignore, o lo sepa y no le importe- tiene una carrera de Ingeniería en Petróleo, es decir, forma mano de obra calificada para la industria.

No puede durar un minuto más al frente de la principal empresa pública del país -y hasta no hace mucho la empresa más grande de él, sin distinción entre públicas y privadas- alguien que expresa con sus actos una visión ideológica completamente contrapuesta con lo que la gente votó al votar el año pasado al "Frente de Todos". 

No importa a esos fines si se termina dando marcha atrás con la venta de la sede de la Universidad AJ: Nielsen para no entender para que está puesto allí, y cree que su función es ahorrarse unos pesos comprando pelotas importadas, o hacerse de unos mangos vendiendo un terreno, en ambos casos además por cifras irrisorias, en el contexto del volumen de negocios de YPF. ¿O acaso pensará Nielsen -como pensaban los macristas- que hay demasiadas universidades públicas, en especial en el conurbano? 

Es un contrasentido que el Estado (o el gobierno) que piensan invertir 800 millones de dólares en el tren de Vaca Muerta cuyo principal beneficiario sería el Grupo Techint a través de Tecpetrol ande pichuleando monedas con su petrolera, en perjuicio de la industria nacional o las universidades públicas.

Se trata de algo más profundo y complejo, y de naturaleza política: no estamos antes jueces y otros funcionarios que gozan de inamovilidad o deben ser removidos por juicio político o algún otro procedimiento complejo: fue designado por éste gobierno, haciendo uso de su mayoría accionaria, y es éste mismo gobierno el que lo debe remover. Ya, ayer, como gesto aleccionador.

Sin pruritos nostalgiosos por sus supuestos méritos en el canje de deuda del 2005 (en el que, por cierto, no fue la experticia técnica suya o de Lavagna sino la voluntad política de Néstor Kirchner las que determinaron el éxito final), ni en los padrinazgos políticos por los que pudiera haber llegado a su cargo, sean éstos de Sergio Massa, o el del propio Lavagna, que por lo demás por estas horas salió a tirarle con munición gruesa al gobierno. 

Se trata en síntesis no sólo de enderezar el rumbo de una errática gestión de YPF -finalidad que por sí sola justificaría el despido-, sino de reafirmar la propuesta política e ideológica (aunque a muchos la palabra les cause escozor) que votó el 48 % de los argentinos, y la autoridad presidencial. Tuits relacionados: