Se conoció ayer la sentencia condenatoria a prisión perpetua contra ocho militares y un policía acusados como autores de la denominada masacre de Margarita Belén, perpetrada en el Chaco en diciembre de 1976.
Treina y cinco años después de los sucesos, la persistencia de los familiares de las víctimas y la voluntad política del Estado de impulsar -a partir del año 2003- la política de memoria, verdad y justicia, clausuran así uno de los episodios mas emblemáticos del terrorismo de Estado que azotó a la Argentina durante la última dictadura militar.
Faltan aun muchas otras causas por juzgar, genocidas por condenar, justicia por realizar, pero cada vez que se produzcan hechos como estos hay que celebrarlos como pequeños -o grandes- triunfos para construir la Argentina del futuro sobre la base de la clausura de la impunidad; la única base ética firme para pensar un país en serio.
Y hablando de eso, justamente hoy las Abuelas de Plaza de Mayo convocan a un acto para conmemorar -en rigor reflexionar- sobre los diez años que lleva la causa por establecer la filiación verdadera de los hijos de la dueña de Clarín.
Es de desear que no haya que esperar tantos años como esperaron los familiares de las víctimas de Margarita Belén para obtener justicia, y que en este caso los tribunales se pongan de una vez los pantalones largos y se olviden del poder que tiene la presunta apropiadora para hacer nada más que eso: justicia.
Para que no olvidemos tampoco que, para que los asesinos de Margarita Belén hayan podido eludir la responsabilidad por sus culpas por 35 años -además de las claudicaciones del poder político- fue necesaria la complicidad de muchos civiles, tanto en los años de plomo como en democracia.
Civiles que, como Ernestina Herrera de Noble, tienen contraídas deudas de sangre con los autores del genocidio.