LA PATA SINDICAL

UN SOPLO DE DIGNIDAD

Luis Carzoglio, el juez que rechazó el pedido de prisión de Pablo Moyano:
📌 "A mí no me van a correr con carpetazos"
📌 "Mi esposa recibió dos llamados con amenazas de muerte a ella y a mí"
📌 "Los datos que se filtraron solo los tenía la Procuración General de la Provincia" pic.twitter.com/ptdaeECqac

— C5N (@C5N) 16 de octubre de 2018

La resolución del juez de garantías bonaerense Luis Carzoglio de rechazar el pedido de detención de Pablo Moyano en una causa armada por el gobierno en su contra excede con creces los aspectos jurídicos del caso, y las consideraciones procesales: acá pueden acceder a los fundamentos para darse cuenta que son contundentes para rechazar un pedido insólito, a partir de una investigación direccionada (en las propias palabras del juez) por el fiscal para implicar al dirigente de Camioneros.

En eso lo actuado por el fiscal no difiere en nada del modus operandi habitual de los jueces y fiscales que conforman un grupo de tareas al servicio del poder político, para meter presos a dirigentes políticos, sindicales o sociales que se oponen al gobierno de Mauricio Macri y sus aliados, sean los jueces jujeños que mantienen presa a Milagro Sala, o los de Comodoro Py con Bonadío a la cabeza.

Pruebas inconsistentes, testigos y arrepentidos que se contradicen una y otra vez hasta dar la versión que mejor se acomode a los deseos oficiales, uso abusivo e indiscriminado de la prisión preventiva, violación de las garantías procesales más elementales, recursos que son despachados sin siquiera analizar sus fundamentos: el registro de lo que viene pasando hace tres años en el país, cuando las causas judiciales comprometen a cualquiera que se enfrente al gobierno.

Pero en este caso lo del juez es de una dignidad fuera de lo común, y no solo porque no cedió a las presiones de todo tipo para no meter preso a Pablo Moyano, sino porque denunció con todas las letras, con nombres y apellidos, a la mafia que opera sobre los tribunales para hacer una operación de depuración política, disfrazada de justicia: el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, que filtra información a los medios para que hagan su tarea de linchamiento mediático tendiente a disciplinar a los jueces y fiscales díscolos, los periodistas a sobre de la pauta y de la AFI (Majul, Lanata, Ventura, Feinmann) y por supuesto los propios medios hegemónicos, con Clarín y La Nación a la cabeza. Para que a nadie le queden dudas, ni se llame a engaño.

Apuntar con nombre y apellidos a esos reponsables, cuando esos mismos medios están promoviendo a María Eugenia Vidal como el recambio para un desgastado Macri de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. La misma Vidal que logró hace poco la destitución del juez Arias, otro magistrado digno, porque osó fallar en contra de los tarifazos, y el mismo procurador Conte Grand que está pidiendo lo mismo para Carzoglio, por si quedaran dudas de que son una mafia.

En las horas previas a que Carzolgio diera a conocer su resolución, los cacatúas jurídicos alineados con el gobierno, como Sabsay, se apresuraron a señalar que los aprietes mafiosos contra el juez provenían de los Moyano y del sindicato de Camioneros, porque claro, cumplían con todos los requisitos que caben en sus perjuicios: negros, sindicalistas y peronistas. Solo de gente así se pueden esperar aprietes, al parecer.

Pero no, los tiros vinieron de otro lado, y no se puede decir que sorprenda: lo que dijo Carzoglio es conocido por muchos que trasegan los pasillos de los tribunales, en muchos otros casos, con la misma metodología. Pero no todos tuvieron sus cojones para denunciarlo, y administrar justicia según sus convicciones.

Sirva entonces no solo para reivindicar a quien reivindicó su función, sino para que todos entiendan como funcionan realmente las cosas en este estado de excepción con barniz democrático cada día más delgado que se vive en el país, y nadie pueda hacerse después el distraído, o el sorprendido.

PERONISMO, VIDRIO, CARRO Y MELONES

Cuatro noticias cuatro, elegidas al azar (o no tanto) de los diarios de ayer: primero leemos en La Nación sobre los cruces tuiteros entre referentes del massismo por el apoyo o no a la carta que está circulando, en la que referentes políticos y sociales del país y del mundo piden que cesen las persecuciones judiciales y políticas contra Cristina, y se garantice una democracia plena, sin proscripciones.

Mientras Felipe Solá y Daniel Arroyo la firmaron, Graciela Camaño los cruza diciendo que el país debe encontrar una alternativa que sea “superadora de lo viejo” tanto como del actual gobierno, y Facundo Moyano le señala que ante el desastre macrista “que agrava todos los problemas del gobierno anterior” (¿?), no se puede seguir hablando más del kirchnerismo, que del macrismo; que es en otra palabras lo mismo que acaba de decir Hugo Moyano (que firmó la nota en solidaridad con Cristina): el problema del país es Macri, no Cristina. En la vereda de enfrente y sin participar del intercambio, Sergio Massa acaba de decir que si no fuera por los fueros, Cristina debería estar presa.

Luego vemos en Clarín que los intendentes del conurbano bonaerense le rechazaron el convite a Juan Manzur, el gobernador tucumano, para ir al acto que está organizando en su provincia para conmemorar el 17 de octubre, porque se dieron cuenta que la convocatoria venía sesgada, y no incluía a ningún representante del kirchnerismo. Los organizadores del acto (junto con Manzur) son, precisamente, Graciela Camaño y su marido, Luis Barrionuevo, hasta hace poco interventor judicial ingresado por la ventana al PJ nacional.

Según cuenta el artículo, la invitación también fue rechazada por la Comisión de Acción Política del PJ nacional, que preside José Luis Gioja y que acaba de incorporar entre sus miembros a Aldo Pignanelli y Hugo Moyano; con la excusa de que ese mismo día sus miembros participarán de un acto por el Día de la lealtad en Corrientes. El motivo real es que los miembros de la conducción del PJ tampoco quieren compartir escenario con Barrionuevo, que además de ser un piantavotos descomunal, hizo valer sus contactos con el gobierno y la justicia para hacerse designar interventor, y desplazarlos.

Acto seguido leemos en El Cronista esta nota, a la cual corresponde la imagen de apertura; en la que se informa que se lanza Unidad Ciudadana en San Juan con la presencia de José Luis Gioja, que podría volver a ser candidato a gobernador de la provincia por ese espacio, para competir con su delfín Sergio Uñac, que va por la reelección.

El artículo enmarca la movida en un contexto más amplio, en la que referentes del kirchnerismo o cercanos a Cristina que fueron desplazados por sus “delfines”, están considerando retomar el control de las estructuras provinciales, apoyados en los votos K y en la figura de CFK, aun al costo de enfrentar a los gobernadores de turno, que integran la famosa “liga” amigable con el macrismo. Sería (según la nota) el caso de Capitanich frente a Peppo en el Chaco, el de Urribarri frente a Bordet en Entre Ríos, el de Alperovich frente a Manzur en Tucumán, y el ya señalado de Gioja frente a Uñac, en San Juan.

No se trataría en principio de crear una estructura por afuera del PJ que rompa con este en cada provincia y ponga en juego el control de la misma cuando la gobierna, sino de participar de una competencia interna, apostando a lo que es evidente: aunque muchos quieran separar peronismo y kirchnerismo como dos cosas separados y compartimentos estancos que no pueden unirse, la mayoría de los peronistas de a pie son kirchneristas, aunque no todos los kirchneristas sean afiliados o votantes del PJ.

Acá en Santa Fe, donde el peronismo no gobierna desde 2007, y por ende los resultados de una interna no podrían verse influidos por el manejo del aparato del Estado, los resultados de las PASO para diputados nacionales fueron contundentes: dos de cada tres votos del frente armado con eje en el PJ, fueron para la lista de Unidad Ciudadana que encabezó Agustín Rossi, y si le preguntan a los peronistas comunes, más allá de lo que digan los dirigentes, quien es su referencia política, la inmensa mayoría dirá Cristina. Nos atrevemos a decir (sin temor a equivocarnos) que lo mismo pasa en todas las provincias: la única verdad es la realidad.

Tanto es así que hubo quienes advirtieron que tenían que buscar un acercamiento con el kirchnerismo, para no poner en riesgo sus chances de ganar en sus provincias, porque no les sobran los votos: en eso estaba José Manuel De La Sota antes de su trágico fallecimiento, y en eso anda ahora Roxana Bertone en Tierra del Fuego.

Más allá de los gustos personales de cada uno, más allá de las apuestas y pronóstico que haya hecho en estos tres años, la realidad se termina imponiendo por su propio peso, y más temprano que tarde la mayoría empieza a aceptarla, como lo hicieron precisamente los intendentes del conurbano bonaerense en las legislativas del año pasado, y como lo están haciendo sectores cada vez más importantes del sindicalismo, con Hugo Moyano a la cabeza: la figura con más potencia electoral de la oposición es -por lejos- Cristina, por ende seguir insistiendo en excluir al kirchnerismo de un armado opositor, o seguir sosteniendo a esta altura bolilla negra para ella (como hacen “los cuatro de la foto”, en palabras de Felipe Solá) tiene un solo nombre: jugar para el triunfo de Macri.

Como lo hace acá en La Capital de Rosario Sergio Massa, diciendo que ir a una interna con Cristina sería un absurdo, y que él no vuelve al peronismo porque quiere "construir algo nuevo".

¿Significa esto que todos los díscolos volvieron al redil y aceptan la conducción y el liderazgo de Cristina sin chistar? No, significa que no comen vidrio y hacen abstracción de sus gustos personales, aunque sea con el objetivo (legítimo, por supuesto, aunque haya otras cosas en juego) de salvar la ropa en sus propios espacios de representación institucional, sean estos políticos o sindicales.

Es decir, para ponerlo en términos de Perón, andando el carro se acomodan los melones y hoy por hoy, nadie de peso en el peronismo (incluso teniendo votos propios) concibe que se pueda generar una alternativa opositora competitiva frente al macrismo, excluyendo de su construcción a Cristina y al kirchnerismo.

TODO BUSCA SU LUGAR

Mauricio Macri ganó las elecciones y llegó al gobierno -también- con el voto de muchos trabajadores, y con el apoyo más o menos disimulado de muchos dirigentes sindicales, que creyeron en "la necesidad de un cambio" y en algunas promesas electorales, como la eliminación del impuesto a las Ganancias. Se creía entonces en un Macri "desarrollista", que como empresario provenía de la industria, y no pocos suponían que encarnaba un proyecto en el que había lugar para esa industria, y dentro de ella, para su correlato sindical. El caso del SMATA y el "plan de un millón de automóviles" es arquetípico al respecto.

También se suponía que su triunfo representaba el ocaso definitivo del kirchnerismo y de Cristina, y el surgimiento de un "peronismo moderrno, competitivo y funcional", donde parte de ese sindicalismo recuperaría un lugar de protagonismo que había perdido. Macri gozaba además de amplios apoyos dentro del empresariado (incluso del vinculado al desarrollo del mercado interno), donde no pocos compartían -por ejemplo- la necesidad de "sincerar las tarifas de los servicios públicos". 

Se creía a pie juntillas en el discurso oficial sobre que un gobierno "pro mercado" convocaría -por su sola presencia- la tan ansiada lluvia de inversiones que hiciera posible el crecimiento, sobre la base de no retroceder en los avances conseguidos durante el kirchnerismo. 

No es preciso aclarar que en los casi 34 meses que lleva Macri de gobierno, nada de eso sucedió, porque las predicciones de la "campaña del miedo" fueron superadas por los crudos indicadores de la realidad: la inflación más alta desde 1991, el salario más bajo en términos de poder adquisitivo desde el 2002, el PBI per cápita más bajo desde el 2007, el desempleo más alto desde el 2005, la capacidad instalada ociosa de la industria más alta desde el 2002, y una distribución del ingreso severamente empeorada desde el 2015.

El fracaso estrepitoso del modelo de valorización financiera, o su éxito rotundo en términos de pulverizar el salario y subir el desempleo para disciplinar los reclamos de la fuerza laboral, terminaron empujando a la calle a los sindicatos; y a Macri a hacer el triste papel del millonario mendigo, suplicando apoyos en el FMI y en Wall Street para evitar el defáult de la deuda cien veces negado, y para conectar al modelo a un respirador artificial de fondos especulativos, que le permita llegar con algo de aire a las elecciones de renovación presidencial.

El módico éxito (por no decir rotundo fracaso) de su viaje se vio reflejado ayer en la bolsa, el dólar y el escepticismo que crece al interior del empresariado: desde la propia UIA hablan ahora de pesificar las tarifas de los servicios públicos, y suspender por 180 días los aumentos; y el gobierno saca de la galera el swap de monedas con China que heredó del kirchnerismo y antes desacreditó, para reforzar las reservas del Banco Central frente al magro refuerzo (muy por debajo de las expectativas previas) de los fondos acordados con el FMI: un grosero bandazo no exento de connotaciones estratégicas, de un gobierno que hasta ayer ataba su suerte al alineamiento sin fisuras con los objetivos políticos de los EEUU y su administración.

Ayer medio millón de personas coparon la Plaza de Mayo anticipando la contundencia del paro convocado para hoy, por una conducción de la CGT cuya pasividad la llevó hasta acá a dilatar todo lo que pudiera la adopción de medidas de fuerza, o a anunciarlas con tiempo para descomprimir la protesta social, y tener tiempo para negociar algo con el gobierno a cambio de posponerlas o desactivarlas.

Una estrategia que se vio superada desde adentro, por la presión de la Corriente Federal de los Trabajadores primero, y del flamante FreSiMoNa después; los nucleamientos de los sectores más combativos del sindicalismo tradicional encabezados por Moyano y Palazzo que ganaron la calle junto a las dos CTA, precedidos de un documento con fuertes definiciones políticas en el acto de Ferro, y con la exigencia de que el paro sea el inicio de un plan de lucha más extendido.

Esos mismos sectores sindicales vienen acentuando sus contactos con el kirchnerismo, en paralelo con el reacomodamiento silencioso de piezas al interior del peronismo, con eje en Cristina o por lo menos, sin bolilla negra para ella. El dato central es la novedad de un sector importante del sindicalismo apurando a la política no tanto por un lugar en las listas electorales (sin perjuicio de que la exigencia se plantee naturalmente) como era tradicional, sino por la conformación de una alternativa electoral capaz de desplazar del poder a Cambiemos, para imponer otro programa económico y social más acorde con los intereses de sus representados.

En esa clave hay que leer las declaraciones de Pablo Moyano convocando a Sergio Massa a una interna amplia del peronismo "con todos adentro", o casi todos: no es un dato menor que se entienda y se diga que algunos (como Urtubey) juegan a otra cosa, admitiendo aun sin decirlo que los rótulos tradicionales (como "peronismo") ya no representan necesariamente lo que representaban. Algo parecido está sucediendo hacia el interior de los movimientos sociales, y el replanteo de su relación con el gobierno, con el kirchnerismo y con Cristina.

Con la crudeza del modelo de valorización financiera desplegando los efectos que le son propios y al paso acelerado de la crisis, las cosas se acomodan y clarifican: del sueño de Durán Barba de un electorado votando por sensaciones y emociones y no en defensa de sus propios intereses, a una sociedad (o por lo menos buena parte de ella) que demuestra que está viva y dispuesta a ganar la calle en defensa de sus derechos; marcándole un límite al gobierno al mismo tiempo que le exige a la oposición estar a la altura de las circunstancias.

Un gobierno con fuerte sesgo de clase, que ejecuta un duro programa de revancha social, termina donde debía terminar: ganándose la oposición del conjunto mayoritario del sindicalismo, con sus matices, y con la sola excepción de los desclasados tíos Tom de la oligarquía de las 62 organizaciones peronistas, el sello que manejara hasta su muerte el "Momo" Venegas: hablemos de siglas vaciadas de contenido.

El nuevo acuerdo que se apresta a anunciar el gobierno con el FMi para llegar a marzo y a las elecciones, supone una necesaria estación en la discusión del presupuesto en el Congreso; donde lo que está en juego es en esencia el paso de un goteo o desangramiento económico y social diario de despidos, recorte de derechos y pérdida de los salarios, a la consagración de reformas estructurales regresivas de las que luego sea más dificultoso retroceder en el retorno de un gobierno popular, como sucedió en los 90' con los cambios del menemismo.

De allí que no se trate simplemente de aprobar un presupuesto para darle a una administración una herramienta "de gobernabilidad", y que el rol que jueguen al respecto Massa y el "peronismo racional" sea crucial. Al respecto, nos permitimos ser más escépticos que Pablo Moyano respecto al rol que termine jugando el Kennedy de Nordelta, que hace rato juega su propio juego, que no es el mismo que el nuestro; pero acaso la realidad nos desmienta, hay que esperar para ver, pero los antecedentes no le jugan a favor: ver sin ir más lejos, lo que dicen acá.

Como fuere, el partido no está terminado ni mucho menos, pero el resultado está abierto: mientras decrecen los apoyos al gobierno en la sociedad civil, la calle y el palacio se enfrentan a una disyuntiva: o profundizan su disociación como en el 2001, o uno termina reflejando de algún modo el pulso de la otra, para conservar legitimidad y no acelerar la crisis política.

ARMADOS

Que el masivo acto del jueves en Ferro haya sumado la protesta sindical con la necesidad de articular una respuesta política y el rechazo a la persecución judicial a Cristina solo puede sorprender a los que pierdan de vista la esencia de la política; que es la representación de intereses.

Es decir, la idea dominante en el país durante años y que explotó por los aires en la crisis del 2001, junto con el modelo de la convertibilidad; y una idea que desde diciembre de 2015 para acá se trata –interesadamente- de reintroducir: la política y la economía son mundos separados, compartimentos estancos sin comunicación entre sí; regidos por reglas propias: la economía por el imperio del “pensamiento único”, las leyes del mercado y un (en apariencia) único camino racional posible, que es la lógica del neoliberalismo, y la política, un ejercicio distractivo tolerado, en la medida que no cuestione esa visión de la economía.

A punto tal es así, que cuando -como ocurre ahora- el modelo económico neoliberal vuelve a fracasar, enseguida pone las culpas en la política: no llegan las inversiones o se pierde “la confianza de los mercados” porque hay “incertidumbre electoral” o “miedo al retorno del populismo”.

El problema es que además de no explicar la política, esa visión tampoco termina explicando la economía: mientras los datos duros de la realidad (aumento del desempleo y la inflación, caída de los salarios, el consumo, el nivel de actividad y la capacidad instalada industrial utilizada) nos golpean a diario, nos cuentan que vuelve la calma a los mercados porque el gobierno lograría un nuevo acuerdo con el FMI y mejoran las expectativas, cae el riesgo país, suben los bonos y las acciones, baja el dólar y regresan parte de los capitales golondrinas que se fueron.

Lo mismo pasaba en el 2001, cuando ese modo de “gobernabilidad” explotó en una crisis económica, social y de representatividad política; cuando el kirchnerismo emergió por arriba del “que se vayan todos” recomponiendo la autoridad presidencial, el poder arbitral del Estado y la autonomía de la política; logrando durante más de 12 años disimular razonablemente la fragmentación de un sistema político que hacía rato había perdido su capacidad de transmisión de las demandas sociales.

Esa cultura política previa al estallido sobrevive en la superestructuras partidarias con representación institucional, y a ella tributa la idea del massismo y el “peronismo racional” de “colaborar” con el macrismo, en la idea de dar vuelta la página de la experiencia kirchnerista, como una anomalía que no debe volver a repetirse. De allí que no solo compartan en líneas generales el rumbo del gobierno (más allá de cierta verbalidad opositora, en alza al ritmo de la descomposición del macrismo por la crisis), sino que crean que el problema es cosmético y se resuelve -por ejemplo- retocando un par de artículos del presupuesto confeccionado por el FMI.

Pero el propósito real de Macri y del proyecto que él encarna es mucho más profundo, pues no se trata simplemente de borrar al kirchnerismo del mapa político o de la memoria colectiva, sino de hacer retroceder al país en materia económica y social al estadio anterior al primer peronismo. La incomprensión (o la subestimación) de este dato es lo que tensiona ciertos intentos de “unidad ampliada” del campo opositor, en especial del peronismo, y lo que explica también la inercia inicial de muchos sectores sindicales (como el moyanismo), hoy en trance de rectificación.

A esa cultura política tan arraigada en nuestra transición democrática corresponde toda una lógica de “armados” electorales e instalación de candidaturas, y prácticas como el “fotismo” y el desfile de mascaritas sueltas que saltan de alianza en alianza (y no solo en el peronismo, ni mucho menos); en pasos de comedia que ya hace rato son incapaces de encapsular una realidad cada día más cruda y áspera, ni hablemos de darle respuesta.

Por otro lado la reforma política que el kirchnerismo sí hizo al instaurar las PASO, involucrando al conjunto del electorado en la definición de la oferta electoral y no solo a los afiliados de los partidos políticos, hace que hoy esos “armados” y fotos de dirigentes no tengan el peso específico que pudieron tener antes, menos si se empeñan en desconocer las tendencias y demandas reales de la sociedad; en el afán de ganar de ganar la atención y vehiculizar las demandas de los que mandan (y financian campañas).

En ese marco, la convergencia entre Massa y el “peronismo racional” de Pichetto, Bossio y algunos gobernadores es un hecho natural, o una posibilidad mucho más cierta que su integración a una PASO ampliada de la oposición peronista, porque juegan un partido distinto del que juega el kirchnerismo: representan un intento de repetir lo del 2015, metiendo una cuña electoral que drene votos opositores al gobierno para impedir el regreso al poder del peronismo en su versión kirchnerista; y si la caída de Macri en picada electoral fuese más pronunciada, captar voto macrista desencantado para polarizar con el kirchnerismo en un eventual balotaje. De allí que más allá de la buena voluntad de algunos dirigentes (incluidos algunos de los sindicalistas que organizaron el acto de Ferro) es muy difícil la unidad entre los que pensamos que el problema es Macri, y los que siguen pensando que el problema es Cristina.

Frente a la claudicación de la CGT, la respuesta de las fracciones combativas del sindicalismo acercándose al kirchnerismo y más explícitamente a Cristina (a quienes se les cuestionaba no tener una “pata sindical” propia sólida, y hoy son los que tienen más vínculos que nadie con las organizaciones gremiales y sus dirigentes) es de pura lógica racional instrumental, en defensa de sus intereses, y de los de sus representados.

En un gobierno de empresarios que ejecuta un proyecto que le declara explícitamente la guerra explícitamente al trabajo, el salario y los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, la única respuesta defensiva racional (además de las medidas de fuerza estrictamente sindicales) es apostar a la autonomía de la política en relación a los intereses corporativos, y a quien o quienes han demostrado que pueden garantizarla razonablemente, dentro de la oferta disponible en el sistema. Una respuesta que además no hace sino traducir lo que ya pensaban sus propias bases hace tiempo, como quedó claro en el propio acto de Ferro.

DECLARACIÓN DE FERRO

¡FOTO, FOTO, FOTO, FOTO, FOTO!

¿EL GOBIERNO SE METE EN LA INTERNA DE LA CGT?

Con el ojo puesto en el decretazo del ajuste en el Estado, tuvo poca repercusión (salvo ésta notade Ismael Bermúdez en Clarín) que en la misma edición del Boletín Oficial de ayer se publicó el Decreto 633 (completo acá), que entrará a regir en 30 días pero que impactará de lleno en las negociaciones paritarias, y en la interna de la CGT.

En los primeros artículos del decreto se establece el criterio a seguir con los aportes patronales especiales que deben destinarse a financiar algunos regímenes jubilatorios espaciales, que el mismo decreto enumera en el anexo a título enunciativo (personal que realiza tarea penosas, riesgosas o insalubres, estibadores portuarios, dragado y balizamiento, ferroviarios, industrias del vidrio y de la carne, petroleros y gas privado, servicios eléctricos, SMATA, entre otros): en esos casos dispone que los empleadores deberán hacer los aportes que contempla cada régimen especial, pero al mismo tiempo aclara que “...si bien la presente medida puede entenderse como un incremento de los costos laborales para estas actividades, los empleadores comprendidos en ellas gozan actualmente del beneficio y tratamiento particular de la Ley N° 27.430, por la que se vieron reducidas progresivamente las contribuciones con destino al régimen de seguridad social general.”.

La norma citada es la que aprobó a fines del año pasado la reforma tributaria, y que significará a futuro un importante desfinanciamiento de la seguridad social, al reducir e incluso eliminar las cargas patronales sobre los salarios de cierto monto; pese a lo cual todos los considerandos del decreto dicen que sus medidas apuntan a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

Pero la norma contiene otras medidas: tras señalar en sus fundamentos que “...en la dinámica de la negociación colectiva se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, cuando éstos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio.”, acto seguido y en su artículo 4  dispone que “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo, con excepción de aquellos supuestos contemplados en los artículos 103 bis, 106 y 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y las situaciones en las que pudiese corresponder tal excepción, encuadradas en el procedimiento regulado por los artículos 98 a 105 (ambos inclusive), de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias y normas reglamentarias.”

Las normas que se mencionan refieren a ciertos rubros que no quedarían alcanzados por la medida, como los viáticos, los salarios disminuidos que se pagan a los trabajadores suspendidos o con empresas en procedimiento de crisis , o beneficios sociales como los montos para adquisición de ropa de trabajo, reintegro de gastos de medicamentos, traslado o sepelio.

Si bien el decreto hace mención al concepto de “salario” definido por la LCT, tampoco es muy preciso a la hora de definir cuáles serían los rubro de aumentos pactados en paritarias por los sindicatos y las cámaras empresarias que no serían homologados, porque si bien algunos de ellos (incluso el propio Estado con sus empleados) pudieron haber pactado el pago de sumas no remunerativas en los haberes mensuales, ha sido más frecuente el caso de los que negociaron bonos compensatorios por la pérdida del salario frente a la inflación del año pasado, o para compensar que cierran paritarias dentro del “techo” impuesto por el gobierno.

Por si quedaran dudas al respecto, el mismo artículo 4 del decreto aclara lo siguiente: “La medida precedente alcanza a los planteos administrativos que formulen los interesados al invocar la existencia de una homologación tácita del instrumento convencional, en los términos del artículo 6° de la Ley N° 23.546 (t.o. 2004).”.

En  esa situación podrían encontrarse -por ejemplo- las paritarias de Camioneros y la Bancaria, pendientes de homologación, y con sendos bonos pactados en cada una de ellas. 

Si se repara a su vez en la nómina de los gremios a los que en el mismo decreto se les garantizan los aportes patronales adicionales (sin correlativo descuento para los trabajadores en sus salarios) para regímenes jubilatorios especiales, es difícil no pensar que el gobierno se está metiendo abiertamente en la interna de la CGT de cara a la renovación de autoridades del 22 de agosto (el decreto empezaría a regir unos días antes); de modo tal que los “dóciles” lleguen al mismo pudiendo mostrar logros derivados de su “buena conducta”, mientras los “ariscos” (como Sergio Palazzo o Pablo Moyano) no tengan homologadas sus paritarias. 

LA REFORMA LABORAL EN EL CHANGUITO

Se pueden ensayar muchos análisis sobre las causas de la crisis que afecta a Carrefour en sus operaciones en el país, y que llevaron a la multinacional francesa a pedir el procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la nación: que si la baja en el consumo, que si la suba de los costos por los tarifazos y la quita de las retenciones, que si la búsqueda de canales alternativos por parte de los consumidores; y hasta Macri mencionó desde su nube de pedos estelar, a la competencia desleal de los supermercados chinos.

También se puede especular respecto a si se trata de la consecuencia de un conjunto de malas decisiones empresariales de la cadena, o una muestra de una realidad más extendida, que afecta a todo el sector del supermercadismo. Lo cierto es que hasta ahora -es decir, hasta que Carrefour ingresó al procedimiento preventivo de crisis- ninguno de esos factores era siquiera considerado por los medios dominantes, o por los funcionarios del gobierno o los economistas afectos a sus ideas: por el contrario, no venían haciendo más que destacar que la economía crece, junto con el consumo y el empleo.

Esa circunstancia debería de por sí ya llamarnos la atención, para centrarnos no tanto en las causas del problema, sino en sus posibles consecuencias; sobre todo porque tenemos un gobierno que ha hecho de la crisis oportunidad, para conseguir sus objetivos centrales de política económica: disciplinar a la fuerza laboral a través del desempleo, utilizar al salario como ancla inflacionaria (única visible, a esta altura) y forzar negociaciones colectivas a la baja, y hacia el retroceso en materia de condiciones de trabajo y derechos laborales.

Durante el kirchnerismo la herramienta del procedimiento preventivo de crisis que contempla la Ley 24.013 estaba indisolublemente ligada al programa REPRO (Recuperación Productiva), por el cual el Estado subsidiaba durante un tiempo a las empresas el pago de parte de su nómina salarial, para poder sostener los puestos de trabajo: allí la  intervención del poder público tenía un sentido claro y definido, que obviamente no es el que prevalece en estos tiempos.

Muy por el contrario, el gobierno de Macri vetó la ley anti despidos sancionada por el Congreso, impulsó una reforma laboral que disminuía considerablemente las indemnizaciones por despido (abaratando así a los empresarios los costos de prescindir de personal) y en la práctica hibernó los REPRO, de los que ejecuta un promedio de entre un 25 y un 30 % apenas, de las partidas presupuestarias al Ministerio de Trabajo con ese fin; pese a que las situaciones de crisis que ameritarían utilizarlo, lejos de disminuir, se multiplican. 

Un gobierno, el de "Cambiemos", que aprovechó invariablemente cada crisis sectorial de la economía para convertirse no en el árbitro que interviene entre las partes para garantizar la paz social, sino en un activo y decidido gestor de un solo tipo de soluciones: las que suponen que los trabajadores resignen salarios y derechos, sin la contrapartida de una resignación parecida (no ya equivalente) de rentabilidad y beneficios de las empresas.

Así fue en el caso de la industria petrolera (primero en Vaca Muerta, luego en el resto de las cuencas productivas del país), de la metalúrgica con sede en Tierra del Fuego, de las automotrices y de la construcción; sectores todos a su vez colocados en circunstancias dificultosas como consecuencia de las propias políticas del gobierno, que aparece así creando el problema, y proponiendo al mismo tiempo la solución; que siempre es en contra de los intereses de los trabajadores.

Nada que deba sorprender, atento al marcado carácter de clase del elenco gobernante, y de los sectores de los que provienen sus apoyos principales.

Y con la información disponible hasta acá, todo indica que en el caso de Carrefour el mecanismo se repetirá, con la intención de tomarlo como caso testigo que se puede proyectar a un sinnúmero de situaciones similares; introduciendo de forma subrepticia por el lado del procedimiento preventivo de crisis y por goteo, la reforma laboral flexibilizadora que sería difícil de pasar en bloque, a través del Congreso.

El artículo 103 inciso a) de la Ley 24.013 permite homologar los acuerdos de las partes en el marco del procedimiento preventivo de crisis, con la fuerza de un convenio colectivo: una hermosa oportunidad para una patronal ávida de reducir costos laborales y un gobierno "del palo", para aprobar convenios de empresa que fijen condiciones más gravosas para los trabajadores, que el convenio general de la actividad.

Triaca ha convocado para tratar el pedido de Carrefour al sindicato de empleados de Comercio que ya no conduce Cavallieri, pero que le sigue respondiendo: uno de los gremios más oficialistas de todos los gobiernos, que siempre se apura a cerrar paritarias de acuerdo con el techo que les interesa a estos. Y lo ha hecho marginando al mismo tiempo al sindicato de Camioneros, que nuclea a más de 1500 empleados de la cadena francesa, en todo el país; con otra dirigencia sindical y -sobre todo- con otro convenio colectivo de trabajo, y otro nivel de salarios.

La omisión no es casual: de ese modo el gobierno busca aislar a Moyano, y ponerlo luego frente al hecho consumado de un acuerdo flexibilizador, que sería presentado como la única solución posible para evitar que se pierdan miles de puestos de tabajo; y al que a los camioneros no les quedaría más remedio que adherir, aceptando resignar derechos reconocidos por su convenio.

La maniobra supone un intento de desgastar a Moyano en momentos en los que éste se ha alejado de la conducción de la CGT "dialoguista" (que no termina de definir su conducción, pero en la que todos están de acuerdo en seguir dándole aire al gobierno), para acercarse  al kirchnerismo y a los sectores del PJ más proclives al enfrentamiento con el gobierno de Macri, que a dialogar con él.

El conflicto de Carrefour tiene así una dimensión política más allá de la específicamente laboral, que a su vez no es poca: resulta que a una multinacional que se vio impedida (durante la vigencia del "cepo" cambiario del kirchnerismo) de repatriar dividendos a su casa matriz -que atraviesa en Francia sus propios problemas- le va mal ahora, cuando esa posibilidad es irrestricta; claro que aduce que en realidad no puede ejercerla, porque viene perdiendo plata.

Si la movida de pedir el procedimiento preventivo de crisis les sirve a los franceses para legitimar despidos y -sobre todo- para reducir salarios y flexibilizar condiciones laborales a sus trabajadores, con la anuencia -y aún más, el apoyo explícito- del gobierno, ¿qué impedirá que otras multinacionales con sede en el país o grandes grupos económicos locales sigan el mismo camino, aunque sus balances digan que la están levantando en pala?

Después de todo, el encargado de controlar que eso no sea así (en cuyo caso no correspondería invocar el procedimiento de crisis) es el Estado, que ahora está en manos de los patrones.

SAN LUIS HIZO PUNTA, Y LO QUE TIENE PUNTA DUELE

La cumbre convocada este fin de semana en San Luis no es la primera ni la única, ni será la última con que un desperdigado peronismo (parte principal de una desperdigada oposición) trata de rearmarse para hacerle frente al gobierno de Macri, y ofrecer una alternativa competitiva de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

Sin embargo, tiene la particularidad de ser la continuidad del espacio de unidad que se expresó en las calles el 21F, en la movilización convocada por Moyano y los camioneros; que agrupó detrás suyo a las fracciones más combativas del sindicalismo. 

De eso se sigue que su volumen político es obvio (aunque algunos pretenden minimizarlo), más allá incluso de la enumeración de los dirigentes y referentes que fueron a la provincia de los Rodríguez Saá, o más bien del Alberto: el Adolfo obviamente debe guardar las formas porque se prepara para disputar la próxima elección provincial, en un distrito que se ha tornado complicado y en el que la marca "Cambiemos" pisa fuerte.

Los que dieron el presente en La Pedrera -desde el propio Moyano a Kicillof, pasando por el "Chivo" Rossi, el "Coqui" Capitanich o los presidentes del PJ Nacional y bonaerense- no atravesaron siempre juntos el ciclo político comenzado en el 2003 con Néstor y finalizado en el 2015 tras el segundo mandato de Cristina; y muchos ni siquiera han tenido el mismo alineamiento desde que comenzó el gobierno de Macri, aunque algunos pretenden ceñirlo a una convocatoria exclusivamente kirchnerista, que habría "copado" un ámbito reservado al peronismo, o cosas por el estilo.

De hecho no fue Cristina, consistente con su estrategia de los últimos tiempos de correrse al costado para no opacar con su presencia las tratativas y conversaciones en pos de la unidad, y para no darle tampoco al gobierno un blanco fácil sobre el que caer. Sin embargo y a juzgar por las reacciones de algunos medios, pretenden sustituirla por Moyano, en ese rol. 

Y por contraste fueron algunos (como Aníbal Fernández) que en los últimos tiempos vienen marcando diferencias con la construcción política de CFK. No hace falta recordar las cuitas de más larga data del propio Moyano con Cristina, justamente porque todo indica que los dos han decidido dejarlas atrás, en aras de construir la unidad. 

Precisamente en la diversidad (con preeminencia de referencias kircneristas, como la hay en la base de votos del PJ, por si alguno lo ha olvidado) radica la potencia política del cónclave, un paso más en el camino de acercar posiciones, discutir estrategias, perfilar un discurso y una propuesta y -como no- acordar también los bordes de la construcción de la principal oposición, y las reglas de juego para dirimir espacios hacia su interior.

Hasta donde sabemos, la movida no fue por invitación exclusiva, y el que no fue, es porque no quiso. De modo que siendo voluntario ir o quedarse afuera, no parece muy inteligente pegarle desde allí al intento de otros de limar asperezas, y construir unidad opositora. O generar otros encuentros "en espejo", como el de Massa y Randazzo en algo que si no es el armado de una colectora peronista que facilite la reelección de Vidal en la PBA, se le parece bastante.

Por supuesto que desde el dispositivo de medios oficialistas (y de algunos opositores "autocríticos") se pondrá el acento en los que no fueron, de los que habrá que ver en definitivas a quienes se esperaba y pegaron el faltazo: es obvio que esto solo aplica a algunos de los gobernadores (como Uñac) sobre los que el gobierno operó fuerte en los días previos: señal de que la juntada molesta, aunque se la quiera ningunear.    

Hasta las ideas del "copamiento kirchnerista" de una reunión del PJ, o de "Moyano sumándose a una movida K" lucen absurdas si se repara en que las esgrimen los que hasta hace no mucho tiempo decían que el del kirchnerismo era un ciclo agotado, entre otras cosas por su falta de peso específico hacia el interior del peronismo, o por su falta de anclajes sólidos con el mundo sindical.

Por supuesto que no estuvo representado en San Luis el "peronismo Macri's friendly", desde Urtubey a Pichetto, pasando por Bossio y Schiaretti, o buena parte de los gobernadores: justamente lo que se movilizó hasta las tierras puntana fue el hasta no hace mucho disperso y multiforme colectivo del peronismo "no asimilado ni asimilable"; al que no se lo puede computar dentro del "peronismo reciclado" que hace poco verbalizó Massot, como continuador de la obra del gobierno de "Cambiemos".

Y cuando el gobierno empieza a dar claras señales de agotamiento político porque se suman las dificultades económicas, es ese hecho (la presencia de una porción importante del peronismo que persiste en la oposición, en lugar de apostar a una "Moncloa" criolla con el gobierno) el que suscita esperanzas por un lado; y despierta nerviosismos por el otro, porque introduce un factor más de incertidumbre a futuro, donde hasta después de las elecciones de octubre había certeza de hegemonías perdurables e indisputadas.

Si las esperanzas se confirman y los temores se disipan, o viceversa, es algo que solo el tiempo dirá. Por lo pronto lo de este fin de semana en San Luis no es poca cosa.

NOS SOBRAN LOS MOTIVOS

Una de los componentes fundamentales del discurso del gobierno para deslegitimar a priori la marcha del miércoles fue que en realidad carecía de motivos reales, y que su único fin era la presión que a través de ella ejercía Moyano para evitar tener que rendir cuentas en la justicia.

Sin embargo, a poco que se repase la realidad actual de los trabajadores en la Argentina, la chicana se cae por su propio peso. Comencemos por lo primordial, que son las chances reales de tener trabajo, conseguirlo si no se lo tiene, o conservarlo en caso contrario:

* Desde diciembre del 2015 el empleo industrial (es decir, el mejor remunerado, de calidad y en blanco) viene cayendo, consistente con el hecho de que la industria también cae y tiene más de un 35 % de su capacidad instalada ociosa. En su lugar, crece el empleo informal (es decir, precarizado, sin registración en la seguridad social y con menos derechos) y el monotributismo; forma de fraude laboral encubierto.

* El Estado hace punta despidiendo empleados sin contemplaciones, y su ejemplo es imitado por los privados, sin penalidades. Por el contrario, el gobierno impulsaba en la reforma laboral original que iba a enviar al Congreso una baja sustancial de las indemnizaciones por despido; lo que no haría sino facilitarlos.

* Cuando el Congreso sancionó en el 2016 una ley prohibiendo los despidos y agravando las indemnizaciones, el presidente la vetó; y firmó dos “acuerdos de caballeros” con los empresarios que se comprometían a no despedir, sin contemplar sanciones en caso de que no cumplieran lo pactado, cosa que por supuesto sucedió.

* Pese a que se multiplican en todo el país los procedimientos preventivos de crisis, el gobierno redujo sustancialmente en términos reales las partidas del REPRO (Programa de Recuperación Productiva), aumentó el subsidio por desempleo (alentando así los despidos) y siempre sugiere en las situaciones de crisis que los trabajadores acepten resignar derechos, para poder conservar sus empleos.

* El gobierno está firmemente empeñado en cerrar un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea que representa una amenaza cierta y mortal para miles de empleos industriales en todas las ramas de la actividad, y lleva adelante una política de apertura indiscriminada de las importaciones que no solo ha llevado el déficit comercial a récords históricos, sino que se llevó puestos miles de empleos industriales destruidos por la competencia ruinosa de producción proveniente de países con mano de obra esclava o precarizada.

* Las expectativas de crecimiento económico del modelo de “Cambiemos” están centradas en sectores que pese a obtener ingentes beneficios fiscales y regulatorios del Estado no tienen la capacidad de generar empleo y de hecho no lo han hecho o lo han destruido (como la minería o el sector agropecuario); y sectores industriales que pese a haber logrado convenios sectoriales flexibilizadores de la mano de obra no solo no incrementaron sus planteles sino que los están reduciendo a través de suspensiones y despidos, reduciendo la producción (como la explotación petrolera), o incrementando las importaciones; como la industria automotriz o la metalúrgica.

* La construcción (otra de las grandes generadoras de empleo privado, que también apuesta a la flexibilización laboral con complicidad sindical) tendrá que lidiar este año con una caída de más del 40 % de los gastos de capital del Estado nacional (caída sustancial de la inversión pública); que está por verse si será reemplazada por los contratos de “participación pública privada” (PPP), que exigen dejar de lado los convenios colectivos y el orden público laboral argentino, para reemplazarlos por contratos individuales entre el trabajador y el empleador que regulen los derechos de las partes.

Pasemos a continuación a la siguiente variable, aplicable a los que tienen un empleo o lo conservan, es decir el salario:

* Los salarios sufrieron una brusca caída en término reales en el 2016 que varía en su magnitud según los sectores y si se trata de trabajadores formales o informales; y el gobierno sostiene que le ganaron el año pasado a la inflación (más los informales, lo que de por sí es insólito), pero sin recuperar aun lo perdido; ni alcanzar los niveles de participación en la renta nacional que tenían los trabajadores en diciembre del 2015.

* Para decir que los salarios le ganaron a la inflación el año pasado el gobierno se basa en un índice de inflación construido sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2004-2005, en el que el peso específico de las tarifas de los servicios públicos esenciales no era el actual, porque regía la política de subsidios; lo cual es un aspecto crucial: mientras trata de imponerles la “meta de inflación” como un cepo a la discusión salarial en paritarias, sigue aumentando salvajemente las tarifas que han sido dolarizadas, aumentando aun más su peso creciente en los gastos del trabajador promedio.

* Los bienes de consumo básicos de la canasta familiar (los denominados “bienes salario”) y las tarifas de los servicios públicos (es decir, gastos y consumos inelásticos a l baja, por definición) han subido mucho más que los salarios formales o no, y que las estimaciones oficiales de inflación como consecuencia de decisiones que tomó el gobierno de Macri: devaluación, eliminación de retenciones y restricciones a la exportación, dolarización de las tarifas, liberación de los precios delo mercado de los combustibles.

* Por las mismas razones, el Salario Mínimo Vital y Móvil de la Argentina que era el más alto de América Latina medido en dólares en 2015 ha retrocedido hasta la mitad de la tabla, y viene perdiendo poder adquisitivo medido en moneda dura, y en capacidad de compra de bienes esenciales, desde entonces.

* Para compensar el veto a la ley anti-.despidos. el gobierno prometió el pago de un bono de fin de año, que nunca llegó, rechaza las cláusulas gatillo en las paritarias y cuando los trabajadores las pactan con sus empleadores (como los bancarios) se niega a homologarlas, obligándolos a reclamar su cumplimiento en la justicia. Otro tanto pasa con los bonos, como el caso de Camioneros.

* Donde le toca gestionar (como en la CABA o provincia de Buenos Aires) ofrece aumentos por debajo incluso de la meta de inflación, en generosas cuotas y tramos, sin cláusula gatillo y con fórmulas anti-huelga, como el “premio por presentismo perfecto” a los docentes bonaerenses, o el “ítem aula” que se paga a los mendocinos.

* Eliminó por decreto la paritaria nacional docente, y con ella, la garantía de un piso salarial común para todos los docentes del país.

* Después de alentar fervorosamente a los trabajadores que pueden hacerlo a endeudarse bajo el sistema de créditos ajustables por las UVAS y frente a la devaluación y el proceso inflacionario que encarecen los préstamos, les ofrece como solución aumentarles la deuda y los plazos de pago (o sea, el tiempo que seguirán endeudados), y por DNU habilitó la posibilidad de que les embarguen las cuentas sueldo para cobrarles los créditos, e incluso los préstamos con financieros y mutuales que muchos tienen que sacar, para llegar a fin de mes.

Y finalmente, pero no menos importantes, otras cuestiones que también tienen que ver con los derechos de los trabajadores:

* Se aprobó una reforma previsional que significó elevar de hecho la edad jubilatoria a los 70 años, presionando aun más para que aumenten los índices de desempleo juvenil porque muchos trabajadores se verán forzados a retardar su acceso a la pasividad, por el hecho de que sus haberes como jubilados serán reajustados por un índice que arroja menos incrementos que el que estaba vigente desde el 2008; reforma con la cual además cuando decidan jubilarse, su haber base inicial perderá en promedio 20 puntos de la tasa de sustitución con el sueldo que percibían cuando estaban en actividad.

* Se busca generar empleo promoviendo la precarización laboral especialmente entre los jóvenes con las “prácticas formativas”; mientras se les dificulta el acceso de los trabajadores a la justicia para reclamar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales obligándolos a recurrir a las comisiones médicas de las ART, sin que por otro lado se hayan mejorado las medidas de prevención para reducir la siniestralidad laboral.

* Se impulsa -con la anuencia de parte de la dirigencia gremial- una reforma de la cobertura del programa de prestaciones médicas obligatorias (PMO) que con el pretexto de mejorar las finanzas de las obras sociales sindicales (y de las empresas de medicina prepaga) reducirá los niveles de atención de los trabajadores y sus familias.

Como se ve, motivos para marchar en protesta sobran; por lo que lejos de sorprender que se haya logrado el nivel de movilización que se vio el otro día, debería sorprender que no se haya conseguido antes.

DÁLE, SAQUEMOS CUENTAS

O sea que la deuda que Macri se autoperdonó del Correo son casi 15 marchas como la de ayer?

— La Corriente K (@lacorrientek) 22 de febrero de 2018

No se hagan tantos problemas con el costo de la marcha de ayer muchachos: con 5 días de intereses de las LEBACS lo amortizan

— La Corriente K (@lacorrientek) 22 de febrero de 2018

En enero tuvimos 4 marchas como la de ayer de déficit comercial

— La Corriente K (@lacorrientek) 22 de febrero de 2018

El año pasado quemamos 44 marchas como las de ayer en guita gastada por argentinos que viajaron al exterior

— La Corriente K (@lacorrientek) 22 de febrero de 2018

Cortando los 3500 palos de pauta oficial que el gobierno va a repartir este año entre los periodistas chupaculos ya recupera el 73 % del costo de la marcha de ayer

— La Corriente K (@lacorrientek) 22 de febrero de 2018

Pará, pará, pará: vos decís entonces que la marcha que fue un completo fracaso costó 4800 palos porque es el equivalente a todo lo que produce el país en un día? Pero si dijo Negri que no adhirieron los gremios industriales y coso

— La Corriente K (@lacorrientek) 22 de febrero de 2018

Dice el gobierno que la marcha de ayer costó 3 millones de AUH de esas a las que ellos les podaron poder adquisitivo aprobando una ley que cambia la fórmula para aumentarlas

— La Corriente K (@lacorrientek) 22 de febrero de 2018

Este año les vamos a rebajar 4 o 5 marchas como la de ayer a los sojeros de retenciones

— La Corriente K (@lacorrientek) 22 de febrero de 2018

Sólo en enero se fugaron del país divisas por más de 6 marchas como la de ayer, si lo que quieren es sacar cuentas sobre pérdidas

— La Corriente K (@lacorrientek) 22 de febrero de 2018

El mismo día de la marcha de ayer Caputo, el Ministro de Deuda, tomó nueva deuda para refinanciar deuda anterior tomada por este mismo gobierno por tres veces lo que ellos dicen que costó la marcha

— La Corriente K (@lacorrientek) 22 de febrero de 2018

LA MARCHA Y DESPUÉS

Superando incluso las expectativas previas, la marcha de hoy fue impresionante, y las columnas coparon la 9 de julio; aunque para tener una estimación real de la cantidad de asistentes debamos esperar a una pericia de Gendarmería; que dirá que fueron menos que los que fueron el sábado a la marcha en apoyo al gobierno en el Obelisco.

La concentración transcurrió en paz y sin incidentes, como pasa siempre que se movilizan los sectores populares sin infiltrados, “capuchitas” ni idiotas útiles: otro fracaso político para el gobierno que esperaba despelotes mayúsculos, e incluso trató por todos los medios de provocarlos en la previa, desde las tapas de los diarios y con el despliegue de un desorbitado operativo de seguridad que incluyó vergonzosos cacheos a colectivos de jubilados y otras bellezas.

La cobertura mediática -como se esperaba- aportó lo suyo apostando a la demonización de la protesta, a reducirla a “la marcha de Moyano” para zafar de sus causas judiciales -a tono con el libreto oficial- y también quedó pedaleando en el vacío por como se dieron las cosas.

Como quedaron pedaleando en el vacío y sufriendo una rotunda derrota en términos políticos y sindicales los dirigentes de la CGT que sobreactuaron su desmarque de Moyano y que en los días previos y para regocijo del gobierno, se apresuraron a decir que no formaban parte de la convocatoria: más allá de la masiva presencia de muchos de los trabajadores que son sus bases, hubo seccionales enteras de los gremios ¿oficialistas? como la UOM o Comercio que participaron con sus banderas.

La masividad de la convocatoria dejó a las claras la existencia de importantes sectores de la sociedad que no comulgan con las políticas del gobierno de Macri, y que están dispuestos a poner el cuerpo en la calle para dejarlo en evidencia: se ha dicho con razón que la magnitud y profundidad del ajuste dependerá de la resistencia de los ajustados, y justamente eso es lo que marca la marcha de ayer.

El acto excedió con creces los límites de los sectores que se pueden sentir convocados y encuadrados por los sindicatos, porque participaron también los movimientos sociales, los empresarios Pymes y otros sectores agredidos por las políticas del gobierno como los científicos e investigadores; lo cual supone un desafío de magnitud para los dirigentes que la convocaron, comenzando por el propio Moyano: encontrar la inteligencia y la sensibilidad necesarias para conducir el descontento y expresarlo; para no volver a caer en lo que fueron convocatorias similares anteriores, diluidas luego en las ambigüedades paralizantes del Consejo Directivo de la CGT.

La marcha le puso un epitafio definitivo al ciclo del triunvirato, y con seguridad todos los sectores internos de la central obrera estarán contando los porotos de cara al Confederal de marzo, para definir la nueva conducción: mientras todo parece indicar que el propio Moyano se ha recortado a sí mismo los márgenes para recular el camión y volver a posiciones dialoguistas, los “gordos” e “independientes” (algunos de los cuáles se aprestan a viajar con Macri a Europa, como si fueran los indios que volvieron con Colón) deberán evaluar el nuevo marco, para determinar si les conviene seguir siendo la muleta sindical de un gobierno que transita inevitablemente su declive pasada ya su etapa de mayor fortaleza; y que desde las elecciones para acá no ha hecho sino consumir su capital político.

Y si los sectores de la CGT que impulsaron la marcha logran finalmente hacerse con la conducción de la central obrera, deberán articular de inmediato una estrategia de unidad mayor y más amplia del movimiento obrero organizado, incluyendo a las CTA y a los movimientos sociales; para darle mayor perdurabilidad a la unidad que hoy se expresó en la calle.

Mientras tanto el gobierno parece no tener otra respuesta a la protesta social que los reflejos represivos, contenidos esta vez pero que seguramente se activarán en conflictos sectoriales que escalen en intensidad; mientras gestiona un plan económico que tiene como viga principal el ataque al salario, incluso aunque no sirva como estrategia anti-inflacionaria.

Un gobierno que además en la previa de la marcha decía no entender cuáles eran los reclamos, ni los disparadores de la protesta; cuando si nos atenemos estrictamente a lo que a sus decisiones concierne y en los últimos días antes de hoy, no hizo más que sumarle motivos: luego de anular por decreto la paritaria nacional docente y remitir a los sindicatos a la discusión en las jurisdicciones, les ofreció en los distritos donde gobierna (provincia de Buenos Aires y la CABA) aumentos de entre el 12 y el 15 % en las paritarias, en generoso plan de cuotas; una auténtica provocación.

Los bancarios -que estaban de paro los dos días previos a la marcha- tuvieron que ir a la justicia para recuperar la cláusula gatillo en su paritaria, y poder percibir la contribución solidaria para el sindicato pactada en ella; que el gobierno les había sacado, en su enésima práctica anti-sindical en 26 meses de gobierno. Mientras tanto a Camioneros -es decir, la propia organización de Moyano- les niegan la homologación de un bono especial para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Tal pareciera como si en realidad el gobierno más allá de las apelaciones al diálogo del propio Macri lo que en realidad desea es alimentar el conflicto, para poder responderle con represión; a menos que se haya endulzado con los años de relativa paz social de que ha gozado, y confíe en que hasta el final de su mandato las gallinas serán concienzudamente desplumadas, sin gritar en protesta.

En realidad el enfoque obtuso del conflicto social que ellos mismos han generado (el ninguneo, el reduccionismo de pretender explicar todo por las causas judiciales de Moyano) excede al gobierno en sí, y se traslada al conjunto de la coalición oficialista: mientras reclamaban para tener algo más que un rol decorativo en la administración y ser integrados a la mesa chica de las decisiones, los radicales no hicieron sino suscribir sin fisuras al discurso oficial contra el sindicalismo y sus dirigentes, y a la descalificación de la protesta. No se pueden esperar tampoco entonces replanteos de la estrategia oficialista, como consecuencia de la dinámica interna de “Cambiemos”.

Por contraste, la oposición política tuvo un rol secundario en la organización de la marcha, como debe ser (porque lo lógico era que el protagonismo lo tuvieran los sindicatos); pero de ahora en más se acrecienta su responsabilidad para orquestar una construcción amplia que le de salida electoral al descontento; y si bien hoy su capacidad de bloquear las iniciativas del gobierno en el Congreso es limitada (porque el gobierno ha decidido vaciarlo), deberá mostrarse con capacidad de respuesta rápida frente al conflicto social, para darle respaldo y expresión institucional.

Y al igual que pasa con sus correspondencias en el terreno sindical, el “peronismo dialoguista” que guardó prudente silencio ante los preparativos de la marcha (salvo el previsible alineamiento de Urtubey con el gobierno, con críticas a Moyano) también deberá recalibrar sus movimientos de cara al futuro: cuando desde la CGT aparecieron sospechas de “Banelco” en el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el gobierno, Pichetto pisó el frenó y cajoneó el proyecto a la espera de que en la central obrera unificaran posiciones.

Pero la ofensiva del gobierno contra los derechos de los trabajadores seguirá por otros medios, especialmente en las paritarias sectoriales, y es muy posible que insista en el Congreso con alguna forma de “reforma laboral por goteo”, con temas en teoría consensuados con el sindicalismo dialoguista como las reformas al programa médico obligatorio de salud (a través de la “Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas”) y las pasantías, fraude laboral encubierto disfrazado como “prácticas formativas”.

En la dinámica que siguen los hechos, y con la aceleración propia de los tiempos electorales, toda forma de blandura o ambigüedad en las posiciones que se adopten de ahora en más enfrente al avance de las iniciativas del gobierno (decidido, reiteramos, a ser más liberal y gorila que nunca, sin matices) tanto por parte de los sindicalistas como los que ostenten otras posiciones institucionales (en el Congreso, en las provincias), los terminará de colocar de hecho como parte de la coalición oficialista; mientras esa misma dinámica va vertebrando en paralelo -más tarde o más temprano- la alternativa opositora para las elecciones presidenciales del año que viene; aspecto éste que no en vano enfatizó ayer el propio Moyano en su discurso. El reloj empezó a correr para todos.