PAYASA HASTA EL FINAL

Una de las mayores mistificaciones de un gobierno de mentirosos seriales como fue el de Macri, es aquello de que venían a combatir la corrupciòn, y se van del gobierno "con la conciencia tranquila y las manos limpias": poner a Macri al frente de la lucha contra la corrupción es como poner a Barreda al frente de la lucha contra la violencia de género. Y que decir del personaje elegido por Macri para la tarea: la inefable Laura "Técnicamente no es delito" Alonso, a la que tuvieron que adaptarle por decreto las reglas de ingreso a la Oficina Anticorrupción, por carecer del título de abogada que era exigible a esos fines.

Entre los muchos disparates que consumó en su inigualable gestión, Alonso hizo aprobar por un decreto de Macri el "Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023"; una fantochada que nosotros analizamos en detalle en esta entrada y en esta otra. Ya de salida del gobierno,  y teniendo que rendir cuentas en la justicia por haberse negado a entregar documentación a la AGN, Laurita nos dispensa ahora otra joya: la Resolución 33 publicada el miércoles pasado (completa acá en el Boletín Oficial); pñor la cual designa a los integrantes del "Consejo Asesor Para el Seguimiento de la Implementación" de las iniciativas incorporadas en el Plan.

Como si las elecciones no hubieran sucedido y siguieran cuatro años más en el gobierno, sigue legislando en el vacío, tanto como para hacer ver que no estuvo en funciones cuatro años al completo pedo; o completamente avocada a la cacería judicial de opositores al gobierno, mientras hacía la vista gorda con los negociados del gobierno, y los justificaba como simples "conflictos de intereses, que se resolvían "delegando la firma".

Revisar la nómina de los seleccionados para "asesorar" a la OA en la lucha contra la corrupción es un ejercicio desopilante.

Aparece por ejemplo "Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil", entidad que según la resolución integrará el Consejo porque "...entre los antecedentes relevantes ofrecidos, el postulante destaca la labor testimonial realizada en materia anticorrupción, mediante la denuncia de hechos delictivos y violaciones a las normas de ética pública, tanto en el Poder Judicial, como en la Oficina Anticorrupción y en otros organismos del Estado Nacional..." (las negritas son nuestras). El titular de la asociación es nada menos que José Lucas Magioncalda, el "denunciante todo terreno full time" del macrismo para todas sus operaciones contra sus opositores políticos o sindicales: por eso lo reconocen, claro está.

A continuación aparece I.D.E.A. (Instituto Para el Desarrollo Empresarial), los organizadores de los famosos coloquios, a los que se integra al Consejo porque (según Alonso) "...entre los antecedentes ofrecidos, varios de los miembros de I.D.E.A. han participado en los diversos foros y mesas de debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y los Lineamientos de la Ley convocada por la Oficina Anticorrupción...". O sea, fueron parte del diseño jurídico instrumentado por el macrismo para perseguir a empresarios "K", y quedarse con sus empresas. (siempre las negritas son nuestras); tanto como de la posterior reforma al Código Electoral que les permitió a las empresas aportar a las campañas de los partidos políticos.

Luego desfilan la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal del Notariado Argentino (C.F.N.A.); entidad está ultima que según la OA, "..Destaca en su presentación que la Ley N° 25.246 contempla como sujetos obligados a actuar en la lucha y combate por la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los Escribanos Públicos, destacando seguidamente que en la República Argentina, una de las fuentes más importantes de dinero que luego se intenta lavar es el proveniente de la corrupción pública y privada.". 

Lo cual es muy curioso porque todas esas entidades no solo agrupan a profesionales que prestan asesoramiento técnico y jurídico para evadir, coimear, lavar y fugar sin que se sepa que nunca hayan sancionado a alguno, sino que además vienen bregando hace años para ser eximidos de reportar operaciones sospechosas de lavado, o le escapan como el culo a la jeringa a que sus colegiados sean designados oficiales de cumplimiento de las normas anti lavado.

Pero hay más notables incorporados al "Consejo Asesor", como por ejemplo la Cámara Argentina de Comercio de los Estados Unidos de América en la República Agentina (AmCHAM), que se ofreció a "...colaborar, específicamente, en la inserción inteligente al mundo, ya que engloba 630 empresas, muchas de las cuales tienen una participación activa en sus actividades y en las del Instituto de Ética y Transparencia."; la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), y la Cámara de Exportadores de la República Argentina (C.E.R.A.),  que al postularse para el cargo se ocupó de destacar que "...Su actividad y la de sus socios, según su Estatuto Social, debe desarrollarse dentro de la más escrupulosa ética y cumpliendo estrictamente las leyes de la República, perdiendo sus miembros la condición de tales por falta comprobada de seriedad comercial en sus transacciones, entre otros motivos."; cosa que como sabemos, ha sucedido...nunca.

Y para terminar, no podía faltar en esta selección de luchadores contra la corrupción, la Cámara Argentina de la Construcción, que destaca que las empresas que la componen deben manejarse "... dentro de estrictos preceptos de ética empresarial, la función que incumbe a cada uno de los vínculos de relación especificando los derechos, obligaciones y responsabilidades recíprocas." En fin, si de la mano de Laurita Alonso y sus planes, Magioncalda, las empresas yanquis, los exportadores, los laboratorios farmacéuticos y la patria contratista de la obra pública no logramos erradicar la corrupción, deberíamos dejar de intentarlo. 

CUEVAS DE LAUCHAS

La famosa “calidad institucional” y la presunta corrupción son algunos de los latiguillos con los que siempre el antiperonismo le pega al peronismo cuando éste gobierna, siendo que carga en sus alforjas con una larga historia de esqueletos en el placard propio en esas materias, y el macrismo no fue la excepción; ni mucho menos: sus pergaminos en los preceden.

Aun así, el culebrón de la pelea entre Laura Alonso y la Auditoría General de la Nación (AGN) por el cual la primera resiste ser auditada por la segunda y todo terminó en derivaciones judiciales, amenaza con batir los récords: los detalles del entuerto los pueden encontrar en esta nota de Ambito Financiero, a la cual no remitimos en mérito a la brevedad.

El asunto en sí mismo es anecdótico, pues no hace falta ninguna auditoría (ni de la AGN ni de nadie) para establecer que la OA y Laura Alonso no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción, y sí bastante con la persecución política a los funcionarios del anterior gobierno, y el ocultamiento sistemático de todas las trapisondas del actual.

Sin embargo, tiene cierto interés didáctico para enseñarnos que hay que cosas que revisar en el futuro, y otras que no tenemos que discutir más, ni admitir que nos corran con la vaina en algunos temas estos impresentables.

Por ejemplo poner en discusión el modelo de control que encarna la AGN, y que fuera establecido en la reforma constitucional de 1994 como una de las propuestas de Alfonsín en el marco del Pacto de Olivos, con integración política más que perfil técnico: la nota de Ambito deja claro que empezaron a investigar a la impresentable de Alonso cuando el macrismo tenía olor a nardos y no cuando estaba en el cenit de su poder y ella era una de las puntas de lanza de las movidas persecutorias contra el kirchnerismo, y que ahora los radicales que fichan allí habilitaron una auditoría amplia de la OA, para cobrarse facturas de la interna de “Cambiemos”, en especial en Córdoba.

Si lo que se desea verdaderamente es combatir la corrupción y ejercer controles eficaces sobre el gobierno en todo lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos, está claro que la Auditoría General de la Nación tal cual fue pensada y funciona, no sirve para nada, y hay que replantearla; aunque eso signifique una reforma constitucional. De lo contrario, la cosa transcurrirá por los carriles que ha venido transitando hasta ahora.

También merece discutirse el rol de la Oficina Anticorrupción, otro “chiche” que debemos a los 90’, la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, y los “consejos” de las ONG’s “blancas de gente con dentadura completa y los problemas cotidianos de la existencia resueltos”: a la fragilidad de su diseño institucional (creada por decreto, dependiendo del Poder Ejecutivo) Macri le sumó la eliminación del requisito de que su titular fuera abogado, para que la incalificable Alonso pudiera ocupar el cargo. Los resultados hablan por sí mismos.

Y finalmente, que decir del rol que le cabe a la justicia en todo esto, en este caso al crítico fuero contencioso administrativo federal, cuya competencia central es justamente ejercer el control judicial de los actos administrativos del gobierno: el juez Lavié Pico es uno de los tantos de la “servilleta” macrista, que hasta acá se prestaron a varias de las operaciones más groseramente ntijurídicas del régimen agonizante (como por ejemplo el disparate de inventar que era necesario ser abogado para integrar el Consejo de la Magistratura, y facilitar así que se le birlara una banca en el organismo a la oposición), y en los estertores del macrismo cambian de chaqueta, y se apuran a hacer los deberes con el gobierno entrante, para reiniciar el minué que tanto les gusta bailar a nuestros beneméritos magistrados.

No tenemos información detallada al respecto, pero no sería de extrañar que el hombre estuviera intentando no solo intentarse congraciarse de antemano con una nueva administración para conseguir un ascenso o traslado, o para zafar de alguna que otra causa en su contra en el Consejo de la Magistratura, que podría costarle el cargo. Consejo de la Magistratura dijimos: he ahí otro prodigio surgido del Pacto de Olivos y la reforma del 94’, que algún día habrá que desratizar.

¿ANTI O PRO? (1º PARTE)

El jueves pasado se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 258 (completo acá), por el cual Macri aprueba el “Plan Nacional Anticorrupción 2019-203” elaborado por la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso (sí: la misma que acaba de confesar que no impulsa ex profeso causas contra los funcionarios de este gobierno); al que pueden acceder en el anexo del decreto. En esta entrada y otra vamos a analizar lo que dice el “Plan” sobre lo que el gobierno viene haciendo en la materia, y lo que piensas hacer de acá en más. Las comillas son cita textual del “Plan”, y las negritas los comentarios nuestros.

Comienza diciendo que la corrupción “...socava la legitimidad de las instituciones democráticas; frena el desarrollo económico, desalienta la inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo; deteriora los ingresos fiscales; erosiona la confianza de las personas en las instituciones públicas y en los agentes públicos; genera desigualdad al dificultar la satisfacción de derechos básicos y el acceso a servicios e infraestructura públicos de calidad, lo que afecta en mayor medida a las personas con menores ingresos; y facilita la inserción del crimen organizado, la inseguridad y la pobreza.” (O sea, produce exactamente los mismos efectos que el plan económico del gobierno, y que las medidas que se comprometió a tomar a partir del acuerdo con el FMI)

Luego empieza a repasar las medidas que supuestamente tomó el gobierno desde el 2015 para combatir la corrupción. Dice: “Entre los avances destacados se encuentran: La modificación del Código Penal conocida como “Ley del Arrepentido para los Casos de Corrupción”, aprobada en octubre de 2016, extiende la figura del arrepentimiento (que existía para delitos como el secuestro, la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero) a los casos de corrupción y asociación ilícita.” (Sobre las bondades del uso de esta figura no haría falta explayarse demasiado, ¿no?)

“La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada en 2017, tiene por objetivo luchar contra la corrupción a través de políticas preventivas eficaces y la generación de incentivos para que las personas jurídicas implementen programas de integridad y cooperen con las autoridades en casos de corrupción.” (Lástima que en la primera oportunidad que tuvieron de aplicarla, como fue la causa de la fotocopia de los cuadernos, movieron todo el aparato estatal para desvincular a las empresas implicadas en presuntos hechos de corrupción, para permitirles que pudieran seguir contratando con el Estado)

“El Decreto N° 201/17 prevé que todas las personas que tengan una (1) causa judicial o extrajudicial contra el Estado nacional deberán realizar una (1) Declaración Jurada de Intereses referida a su vinculación con altos funcionarios del P.E.N. El Decreto N° 202/17 determina que toda persona interesada en participar de una (1) contratación, obtener una (1) concesión, autorización y/o habilitación del Estado, deberá declarar la existencia o no de vinculación con el Presidente de la Nación, el Vicepresidente, el Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros y las autoridades de igual rango y/o los titulares de cualquier organismo o entidad del Sector Público Nacional con competencia para contratar y que pudiera suscitar dudas sobre la debida gestión del interés público.” (Dos decretos “cola de paja” que surgieron luego de que estallaran los escándalos de la condonación de la deuda del grupo Macri por la privatización del Correo, y los parques eólicos en Chubut. Y que no sirvieron para nada, salvo para echar al ex Procurador del Tesoro Balbín por negarse a avalar el negociado del Correo, que sigue vivito y coleando: la deuda no se pagó, y el grupo Macri sigue interponiendo todo tipo de chicanas para no solo no pagarla, sino cobrarle al Estado una indemnización por la reestatización)

“A través del Decreto N° 93/18 se estableció que no se podrán efectuar designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro, incluyéndose el cónyuge y la Unión Convivencial.” (Otra huevada para la tribuna, que solo sirvió para rajar a tres o cuatro funcionarios, luego reubicados en otros lugares)

“En diciembre de 2018 se dictó el Decreto N° 1169/18 que incorpora al sistema de contratación de obras públicas un (1) órgano rector, dotándolo de todas las facultades necesarias para diseñar, planificar, evaluar y controlar las políticas, consolidando en este rol a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).” (El tema es que antes de eso, aumentó un 650 % el monto a partir del cual es obligatorio hacer licitación pública, por lo cual no aumentó la transparencia, sino la discrecionalidad para comprar sin cumplir con ese requisito, o en forma directa)

“El Decreto N° 62/19 permite extinguir el dominio de aquellos bienes que se presuma que provienen de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, y cuyos titulares no puedan probar su origen lícito.” (Un DNU en materia penal, groseramente violatorio de la Constitución Nacional, solo por eso. Y sin contar con que invierte la carga de la prueba, destruye la presunción de inocencia y reinstala la confiscación de bienes expresamente prohibida por la Constitución, con el solo objeto de perseguir a los opositores políticos; como hacían las dictaduras militares)

“El ordenamiento de las Empresas de Participación Estatal se cristalizó en los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, aprobados por la Decisión Administrativa N° 85/18 y basados en las recomendaciones de la OCDE.” (Lástima que no los aplicaron para impedir que, por ejemplo, YPF le prestara 140 millones de dólares a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, para comprar las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES en Petrobras Argentina; o que Aerolíneas Argentinas contratara los hoteles de la familia Peña Braun para los pilotos)

“El Decreto N° 174/18 dotó de una nueva y fortalecida estructura organizativa a la OA. Se incorporaron la Subsecretaría de Integridad y Transparencia, y la Subsecretaría de Investigaciones Anticorrupción.” (Lo primero que hicieron en ese campo fue modificar la reglamentación de la Ley de Etica Pública 25.188 que estaba vigente desde 1999, para eliminar el requisito de que el titular de la OA fuera abogado, a medida de Laura Alonso, que no estaba en condiciones legales de ocupar el cargo)

En otra entrada analizamos las iniciativas a futuro que propone el “Plan”, no sin antes mencionar los temas de los que no habla en sus 128 hojas:

* No menciona a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ni su funcionamiento, ni la decisión del gobierno de Macri de hacer que todos sus gastos volvieran a ser reservados por el Decreto 656/16. Al parecer, no hay allí problemas de corrupción, ni de falta de transparencia.

* No menciona en absoluto a los paraísos fiscales o a la fuga de capitales como temas de los que haya que ocuparse en el tema de la lucha contra la corrupción, seguramente porque como sabemos, Laura Alonso ha dicho que “no constituyen técnicamente delito”. Menos dice nada de las medidas de la Inspección General de Justicia flexibilizando el funcionamiento en el país de las sociedades constituidas en el extranjero, incluso en paraísos fiscales.

* Tampoco dice nada sobre el Fondo de Garantía de ANSES, ni sobre la evolución de sus activos, o la falta de actualización de los informes disponibles públicamente para saber que se hace con ellos.

* No hay la más mínima referencia al archivo de más de 100.0000 expedientes con sumarios por violaciones a la Ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario) que hizo el Banco Central en la gestión de Sturzenegger, a la eliminación del área de investigación de delitos cambiarios, ni a la propuesta de derogación de la ley contenida en el proyecto de reforma a la Carta Orgánica que el gobierno acaba de enviar al Congreso, a pedido del FMI.

* Nada se dice respecto de la eliminación absoluta de todas las regulaciones sobre movimientos de capitales en su entrada y salida del país, o de la obligación de los exportadores de liquidar las divisas en el Mercado Unico de Cambios; facilitando así maniobras de evasión, lavado de dinero y fuga de capitales a través de -por ejemplo-los precios de transferencia, o la triangulación de operaciones a paraísos fiscales.

* Menos que menos dice nada del blanqueo de capitales, la modificación de la ley por decreto para ampliar la nómina de los parientes y familiares de funcionarios que podían ingresar, o el hecho de que los procesados en la "causa de los cuadernos" (fotocopias) no perdieran los beneficios de haber entrado, por disposición de la AFIP.

* Finalmente, no existe ninguna mención a la reforma de la Ley 26.831 de regulación de los mercados de capitales que el gobierno impulsó e hizo aprobar por la Ley 27.440, y de resultas de la cual se le amputaron facultades a la Comisión Nacional de Valores (CNV)  para controlar a las empresas que cotizan en bolsa. La seguimos en otra entrada.

SE ACORDARON TARDE

Después del intento de condonarse a sí mismo la deuda de 70.000 millones de pesos de la famiglia con el Estado por el fracaso de la concesión del Correo Argentinos.

Después de decir que "volvía todo a fojas cero" cuando lo pescaron, pero el acuerdo estaba a punto de ser homologado judicialmente.

Después de haber dictado dos decretos para "regular los conflictos de intereses" en el Estado, que salieron después de que en su gobierno se detectaron infinidad de "conflictos de intereses", empezando por él mismo.

Después de que los abogados del grupo SOCMA lograran seguir pateando para adelante en la justicia el final del entuerto, y por ende, el tener que pagarle al Estado lo que le deben.

Después de todo eso, Laura Alonso y la Oficina Anticorrupción descubren que el presidente tiene un conflicto de intereses en el caso del Correo Argentino, al menos mientras su familia esté involucrada.

Y por eso le aconseja a Macri excusarse de intervenir en todo lo que tenga que ver con el tema, y delegarle la responsabilidad a Gabriela Michetti.

Y Macri así lo decide, a casi tres años de haber asumido la presidencia, por el Decreto 882, publicado hoy en el Boletín Oficial (completo acá).  

En los considerandos del decreto se menciona un expediente, el  Nº EX-2017-01883815-APN-OA#MJ , al que pueden acceder siguiendo este enlace, y refiere a la intervención de la Oficina Anticorrupción, que en el mismo concluyó en que "...el Señor Presidente de la Nación, Ing. Mauricio MACRI, no transgredió el régimen de conflicto de intereses establecido en el Capítulo V de la Ley N° 25.188, así como tampoco omitió el deber de abstención prescripto por el artículo 2° inciso i) de dicha Ley, en el marco de la actuación de los funcionarios del Ex Ministerio de Comunicaciones relacionada con el cobro del crédito verificado a favor del Estado Nacional en el concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A.".

O sea, "técnicamente no es delito", diría Laurita, según su fórmula habitual.

En la misma resolución exculpa de culpa y cargo por violaciones a la Ley 25.188 de ética pública a Aguad (entonces Ministro de Comunicaciones), y Mocoroa, el asesor jurídico que había firmado el ruinoso acuerdo con SOCMA, y le hace saber a Macri que "...en tanto sus familiares en el grado previsto en el artículo 17 inciso 2) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de Correo Argentino S.A., se halla alcanzado por el deber de abstención prescripto por el artículo 2° inciso i) de la Ley N° 25.188 respecto de cualquier asunto relacionado con dicha empresa.", y que además "... deberá abstenerse de ejercer la facultad de avocarse al conocimiento de los procesos judiciales sobre dicha empresa en que sea parte el Estado Nacional...".

La pregunta del millón es que nuevo negociado a favor de los Macri y en contra de los intereses del Estado argentino tienen ya cocinado sobre el tema, que ahora se acordaron de decirle al presidente que se corra, y sea Michetti la que ponga el gancho.  

PAYASOS BOINA BLANCA

Mensaje de la UCR al Gobierno: pide que la Oficina Anticorrupción investigue a los funcionarios antes de asumir https://t.co/5C0xgjF3TC pic.twitter.com/FNcZgnUCNV

— Clarín (@clarincom) 26 de febrero de 2018

Leemos en Clarín: "El proyecto establece que, previo a asumir, los funcionarios (se aclara que corre para aquellos cuyo acceso a la función pública no haya sido resultado de sufragio) deberán incluir en la declaración jurada "sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales u otros riesgos éticos o conflictos con las reglas y principios de integridad que puedan existir". De esta manera la OA intervendría en el procedimiento de designación de quienes sean postulados para desempeñarse como Jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo y/o como titulares o integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores de servicios públicos."

Para estar seguros de que entendimos: la UCR presentará en el Congreso un proyecto para que los funcionarios que no dependen del voto popular (es decir, los que son elegidos a dedo por el presidente, el jefe de gabinete y sus ministros) sean “escaneados” previo a asumir por la Oficina Anticorrupción, para detectar posibles conflictos de interés.

O sea que tras 27 meses de constantes y continuos “conflictos de intereses” (neologismo por “corrupción” o “negociaciones incompatibles con la función pública”) una de las principales fuerzas de la coalición oficialista descubre que hay un problema con eso, y se propone resolverlo; tomando como disparador el caso de Díaz Gilligan y su cuenta oculta en Andorra, porque -por ejemplo- frente al mucho más ostensible y grosero del ministro Caputo optaron por hacerse los boludos, “porque no cuentan con toda la información”.

Tal como también se hicieron los boludos con situaciones similares y mucho más graves de Aranguren, Quintana, Dietrich, Lopetégui y podríamos seguir enumerando todo el día, la lista es muy larga.

O como decidieron deliberadamente hacerse bien los boludos allá por el 2015, cuando en la convención de Gualeguaychú decidieron formar “Cambiemos”, y hacer una alianza con un partido unipersonal, cuyo único accionista es uno de los más conspicuos representantes de la patria contratista; que ha vivido de desangrar la teta del Estado (él y su familia), durante más de 40 años.

La UCR -tras perder una interna que sabían que nunca podrían ganar- llevó como candidato a presidente a Macri; que no conforme con llevar al gobierno a los CEO´s y ejecutivos de las empresas familiares que lo acompañaron en su paso por Boca y por la Jefatura de Gobierno de la CABA, apenas instalado en la Rosada promovió un amplísimo blanqueo de capitales sin (por primera vez) la obligación de traer la plata blanqueada al país, del cual uno de los principales beneficiados fue su propio hermano blanqueando guita negra por más de cinco veces el patrimonio declarado por el propio presidente, que es quien formalmente sigue al frente de las empresas familiares.

Y que después por decreto “amplió” el blanqueo para que pudieran beneficiarse de él otros parientes no incluidos en la ley original, mientras también trataba -con los buenos oficios de un radical, Aguad- de autoperdonarse una deuda con el Estado por 70.000 millones de pesos, por el vaciamiento del Correo Argentino que perpetraron él y su familia.

Se entiende que el proyecto deje afuera del “escaneo” a los funcionarios electos: el primero que no soporta el más mínimo examen al respecto, es el presidente de la república; y en cualquier país medianamente serio estaría preso, o destituido por juicio político.

En ese contexto, la UCR pretende entonces que creamos ahora que les preocupan los conflictos de intereses, y que los van a resolver con un informe previo de la Oficina Anticorrupción (Kirchnerista); cuya titular tiene un cuadro de Macri en el despacho, y a la cual le adaptaron por decreto la reglamentación del organismo para que pudiera ocupar el cargo, porque no reunía los requisitos.

Es notable además como a estas minucias (porque al fin y al cabo hablamos de perejiles, como Díaz Gilligan) se reducen las críticas del radicalismo al gobierno que -al menos en teoría- integran: no se les han escuchado en cambio críticas al plan económico, el endeudamiento atroz del país, el aumento exponencial de su vulnerabilidad ante cualquier crisis internacional, el saqueo a los jubilados, el intento de ponerle cepo a las paritarias, la apertura indiscriminada que está destruyendo industrias y empleos o la búsqueda de la flexibilización laboral.

Por el contrario, todas esas iniciativas han contado con el más entusiasta apoyo de la UCR, que las juzga necesarias “para sacar al país del populismo”.

Ni que hablar de que tampoco han esbozado críticas -a menos como partido- a las groseras violaciones al estado de derecho y las garantías constitucionales a las que se viene asistiendo en el país desde diciembre de 2015, aunque en éste caso se entiende; porque han sido los propios radicales los pioneros en la materia, con la implantación del Estado policial por Gerardo Morales en su feudo jujeño, con la prisión política de Milagro Sala y los demás dirigentes de la Tupac y la manipulación en su contra de la justicia.

No sea cosa que cuando este nefasto experimento derechoso que nos gobierna termina quieran despegarse diciendo que ellos en su momento marcaron los límites que no estaban dispuestos a cruzar; o lavar sus culpas en la gestación del engendro.

ANALÍZAME

La imagen de apertura corresponde a esta nota de La Política Online, que fue el medio que dio la primicia: Etchevehere cobrará de la Sociedad Rural un "bono" de fin de año de 500.000 pesos, para "compensarlo" porque con su sueldo de ministro pierde plata.

Según nos cuentan, Laurita Alonso le advirtió que solo "podría cobrar honorarios por servicios prestados" de la Rural, cuando no es un empleado sino un miembro de su comisión directiva. 

Pero la Oficina Anticorrupción Kirchnerista es así: siempre esmerándose por aportar soluciones creativas; como cuando les aconsejó a los funcionarios con conflictos de intereses "delegar la firma".

Y mientras tanto, la buena de Laurita "analiza" si lo denuncia a Etchevehere por dádivas, que es un delito.

  

Tipificado en el artículo 259 del Código Penal, en estos términos: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.".

No requiere mucho esfuerzo darse cuenta que éste sería el caso ¿no?. Y que deberían ser penados por el delito el ministro que embolsó el "bono"/dádiva, y los directores de la Sociedad Rural que votaron a favor de pagárselo.

Pero todos sabemos que eso no pasará, como no pasó nada cuando Macri usaba el helicóptero de Joe Lewis para viajar en sus vacaciones, pese a que por exactamente lo mismo le armaron una causa a Boudou en su momento.

Porque estamos hablando de gente de campo, como decía Martín Fierro: "La ley es como el cuchillo, no ofende al que la maneja". Difícil que haya algún fiscal con huevos para desmentir el dicho, y solicitar se los investigue, cuando se trata nada más ni nada menos que los dueños del país.

Al lado de otros latrocinios que perpetran desde siglos estos personajes esto es una pavada, pero de esas pavadas a las que ellos les suelen dar una importancia suprema; cuando los implicados son otros.

Con la misma doble moral hipócrita con la que nos piden a todos hacer sacrificios o resignar derechos, por el bien del país. O con la que los quieren "compensar" a parte de los jubilados con otro "bono", por el cambio en la fórmula de movilidad de los haberes, "con la que van a perder plata, pero no poder adquisitivo"; según nos explicaba un reputado especialista en la materia. En la materia de cagar gente.

O la misma moral doble con la que nos piden aceptar pactar paritarias a la baja para no alimentar la inflación,  o resignar vacaciones porque "tenemos que trabajar los fines de semana si es necesario, para sacar el país adelante"; mientras ellos se rascan olímpicamente el higo, como nuestro presidente allá en el sur, en estos momentos. 

Sin embargo, estas minucias a las que el común de la gente suele darles importancia -cuando logra enterarse, superando el espeso blindaje mediático- sirven para calibrar la catadura de estos personajes, que predican moral con la bragueta abierta todos los años desde el púlpito palermitano; cuando no son más que vulgares peseteros, de esos que no suelen dejar ni las migas de cuanto peso puedan manotear, por derecha o por izquierda.

Aunque pensándolo bien, y ya que están tan decididos a achicar el déficit fiscal ajustando el gasto público, desde acá proponemos que los sueldos del gabinete de los CEOS queden directamente a cargo de la respectiva corporación, empresa o sector del poder económico cuyos intereses están encargados de velar, como misión exclusiva de su función o cargo público.

No es justo que nosotros subsidiemos chetos lobbistas, con "la plata de nuestros impuestos", o "la de los jubilados".

MUY RICO TODO

Cuando estalló el escándalo de Odebrecht se tiraron de cabeza en busca de los kirchneristas salpicados, pero el único que apareció con nombre y apellido fue Arribas; que negó todo en la justicia, y boludeó al Congreso diciendo cualquiera.

La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera lo exculparon en tiempo récord, y con base en esos informes lo sobreseyó la justicia. Pero un arrepentido brasileño (que se acogió allá a la “delación premiada”) lo enterró más, diciendo que le había pagado 10 coimas, por un total de 850.000 dólares.

Macri (que impulsó en el Congreso la ley del arrepentido para los delitos de corrupción) lo desacreditó, y dijo que no hay que creerle. Pero por las dudas su gobierno negocia con el abogado de Odebrecht (para la cual Meirelles pagó las coimas), que es Guido Tawil, el mismo de Siemens; que coimeó en tiempos de Menem y De La Rúa para el contrato de Siemens por los DNI: un experto en la materia sin dudas.

El gobierno pasa por encima de la justicia, y negocia con los abogados de Odebrecht un arreglo sobre la base de un esquema que en la Argentina no existe: que la empresa diga a quienes coimeó, a cambio de conservar los negocios que tiene con el Estado (que habría obtenido pagando coimas), pagar una multa y sanseacabó. Si se pudiera, el beneficiario sería Mindlin, el que le compró la empresa IECSA a Calcaterra, o sea Macri; y si se le rescinden los contratos a Odebrecht, más aun: quedaría sola para ejecutar una obra que ahora financiará el Tesoro nacional (y no los bancos, como en el pliego original de la licitación), por 45.000 millones de pesos, casi 3000 palos verdes.

La negociación la llevan adelante Laura Alonso (a la que le modificaron la reglamentación de la OA a su medida porque no tenía título de abogada), y el nuevo Procurador del Tesoro, que es el abogado de Socma, la anterior dueña de IECSA (que todavía tiene prendadas sus acciones), la socia de Odebrecht en el Sarmiento. El día después del primer contacto de los ejecutivos de Odebrecht con los funcionarios del gobierno, se borran varios archivos de sus registros informáticos referidos a la obra del soterramiento del Sarmiento.

El fiscal Delgado (que tiene la causa) le ofrece acogerse a la ley argentina del arrepentido que está vigente. El mismo fiscal que investigaba a Macri por los Panamá paper´s, causa desestimada por Canicoba Corral y no apelada por Moldes, solo sostenida por la apelación de la Procelac, que depende de Gils Carbó.

Razón por la cual (entre otras, tantas como causas por corrupción tiene Macri y sus funcionarios) el gobierno opera para cargarse a Gils Carbó, la jefa de los fiscales, que es autónoma de acuerdo con la Constitución, e inamovible en su puesto de acuerdo a la ley.

En el medio, metió por la ventana y por decreto de Macri un juez en la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, y no cualquiera: el tipo inmediatamente antes era ministro de Vidal en la PBA.

Mientras toma por asalto (con ayuda de la justicia) el Consejo de la Magistratura, afanándose dos bancas (y eligiendo opositores a su gusto), para poder nombrar y destituir jueces a gusto. Gracias a un juez que dice que para ser miembro del Consejo de la Magistratura hay que ser abogado, cosa que ni la Constitución ni la ley establecen, pero que a él le parece que debería estar.

Es el mismo jues que dejó a Highton en su puesto en la Corte, para que pudiera firmar el 2 x 1,  y falló ahora a pedido de Fargossi, ex consejero de la Magistratura y hombre de Angelicci.

Carrió se alegró cuando lo exculparon a Arribas porque “triunfó la justicia”, en base a los informes truchos de la OA y la UIF, que le sirvieron al juez Canicoba Corral (denunciado ahora por recibir sobres de la ex SIDE, o sea de Arribas) para sobreseerlo en tiempo récord. Cuando se le quemó la coartada por las declaraciones de Meirelles se hizo bien la boluda, y se preguntó por qué en el gobierno lo protegen a De Vido.

Carrió denuncia coimas a políticos, pero su partido prefirió pagar una multa de cuatro millones de pesos ante que dar a conocer la nómina de los aportantes privados de campaña a sus últimas cuatro campañas electorales; y denuncia espionaje ilegal en su contra, y le pide al presidente que la cuide, o sea que le saque a los espías de la AFI de encima, y que apriete jueces y fiscales para que no la investiguen.

Afirma que no va a dejar de investigar la corrupción...kirchnerista: denuncia un presunto vaciamiento del Fondo de Garantía de ANSES por parte de los que lo administraron entre 2010 y 2015, o sea cuando se quintuplicó en su valor.

No ahora, cuando efectivamente se está vaciando y hay causas judiciales que lo investigan, cosa posible gracias a la ley del blanqueo de capitales que este gobierno impulsó, y ella por supuesto votó. Ella, que cuando se creó el Fondo estatizando los activos de las AFJP se encadenó al obelisco... en defensa de las AFJP.

Muy rico todo

¿VENIMOS O VAMOS?

TARDE, POCO Y MAL

Tal como se venía anunciando, Macri firmó los decretos para regular las situaciones de "conflicto de intereses", que fueron publicados hoy en el Boletín Oficial con los números 201 (completo acá) y 202 (completo acá). El primero refiere a los juicios en los que el Estado es parte, y en los que el presidente, el vice, el jefe de gabinete, los ministros o funcionarios de rango similar se encuentren en una situación de conflicto de intereses por tener vínculos con la contraparte. El segundo es para los casos en que esa situación se verifica en las licitaciones o contratos del Estado, y en los procedimientos para otorgar permisos, licencias o concesiones, o para la venta de bienes estatales.

El Decreto 201 reduce toda la salvaguarda de los conflictos de intereses en los juicios en los que el Estado es parte (como ocurrió en el concurso preventivo de Correo Argentino S. A.) a la intervención del Procurador del Tesoro; que como el propio decreto se ocupa de recordar, depende directamente del presidente (de acuerdo a la Ley 24.667), que lo nombra y lo remueve cuando quiere: ¿como confiar en su "independencia de criterio" y "libertad de acción" cuando estamos ante un un presidente que le pide públicamente la renuncia a la Procuradora General Gils Carbó, que encabeza un órgano creado por la Constitución, tiene acuerdo legislativo y estabilidad en el cargo?

Lo curioso es que de acuerdo al decreto, en el caso de los juicios el único medio que el Estado tiene de enterarse si sus funcionarios están en una situación de conflicto de intereses es que lo declare el actor, ¿y si el actor (es decir el que demanda) es el Estado el demandado particular no tiene la obligación de hacer la declaración jurada? Si bien un concurso de acreedores (como el del Correo, por ejemplo) es un proceso universal, justamente ésa es la situación: el Estado demanda cobrarle a alguien una deuda.

Algo parecido ocurre con el Decreto 202 aplicable a los contratos, licitaciones, permisos y concesiones: la autoridad de aplicación es la Oficina Anticorrupción (cuya reglamentación fue modificada a medida de Laura Alonso, con los resultados conocidos); y la situación de conflicto de intereses solo puede ser conocida por la declaración jurada de los terceros, no de los funcionarios: si el tercero  no lo declara no hay modo de saberlo para aplicar las "sanciones"; que por cierto son muy laxas: “La omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente, y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad, a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.” dice el decreto (las negritas son nuestras)

Y aun en esos casos en que la oferta puede ser declarada inadmisible, hay excepciones en los que igual puede ser aceptada: cuando la empresa u oferente acrediten "capacidad técnica relevante", "exclusividad" o "cuando el Poder Ejecutivo haya declarado secreta la operación por razones de defensa nacional o seguridad", como por ejemplo sucede con las contrataciones derivadas de la "emergencia en seguridad" que Macri declaró por decreto al inicio de su gobierno.

La declaración jurada sobre conflicto de intereses en el caso de los contratos con el Estado se limita al año de antelación al decreto, mientras se conocen casos de ventas "sospechosas" de empresas, como las de Mac Air Jet a Avianca, o las del primo presidencial Calcaterra a Marcelo Mindlin; por no mencionar los casos de las ventas de empresas de los Macri a su familia con acciones caucionadas o prendadas. 

Para que se entienda que estos decretos no solucionan nada (y no buscan hacerlo) tengamos en cuenta que dispone que la Oficina Anticorrupción (que hasta acá vino funcionando como tapadera y justificadora serial de los negocios de los funcionarios y el presidente) puede adoptar mecanismos "de control social" alternativos y no obligatorios: "celebración de pactos de integridad" (algo así como "me comprometo a portarme bien"), "participación de testigos sociales" (¿Margarita Barrientos, Toty Flores?), "veeduría especial de organismos de control" y "audiencias públicas” (¿como las del gas y la luz, o mas inútiles?

En una entrada que tiene valor porque fue escrita antes de que Macri asumiera, pero cuando ya se conocía que si gabinete estaría plagado de CEO´s, decíamos nosotros: "Y esos CEOS devenidos funcionarios expresan además en el seno del Estado la defensa de los intereses de sus respectivas empresas, grupos económicos o sectores concretos, como el agropecuario o el financiero. Es allí donde la idea del "país visto como una empresa" empieza a hacer agua porque no necesariamente sus intereses (los de las corporaciones del poder económico) son los del conjunto, o al menos los de las grandes mayorías nacionales (la experiencia histórica indica mas bien lo contrario); aunque el pensamiento neoliberal tiende a naturalizar la idea inversa: los intereses de las grandes corporaciones y grupos económicos son los de todos, como cuando nos vendían que "el campo es el país".

En los años 90' la ola privatizadora neoliberal en el país y en América Latina incluyó el desguace del Estado en beneficio de los grandes grupos económicos, con el argumento de "terminar con la corrupción estructural" del "capitalismo de amigos", que supuestamente -o no- favorecía a grupos empresarios nacidos, criados y prosperados al amparo de sus vínculos de negocios con el poder político; más allá de los gobiernos circunstanciales.

Por entonces apareció en todo su esplendor el "oenegeísmo" como subproducto de las nuevas formas de politización (o despolitización, según se mire) que se autoatribuyó el rol de representar a la sociedad civil en el control del poder público (no del poder económico, desde ya), evitando los "conflictos de intereses" y las "puertas giratorias": ese fenómeno por el cual alguien podía alternarse de lo dos lados del mostrador entre el Estado y las empresas del sector privado, en total concupiscencia de intereses. 

De ese sector de "ONGS" custodias de la transparencia y la moral pública provienen no pocos de los cuadros del PRO, y son la usina de ideas que generan placebos para calmar ciertos escrúpulos morales de sus votantes promedio. En ese marco de las ideas del Consenso de Washington (que hasta llegó a alentar la "Convención Interamericana contra la corrupción") surgió en la transición entre Menem y De La Rúa la  Ley 25.188 de Etica Pública, prevista ya en la reforma constitucional del 94'."

Pero lo más relevante a tener en cuenta en este caso es el contexto político en el que los decretos se gestaron: no al inicio del gobierno de los CEO's, no a través de las declaraciones juradas de los funcionarios (que se revelaron dibujadas, empezando por la del propio Macri), sino después que los escándalos de corrupción como los del Correo o las "low cost" le estallaron en las manos al gobierno.

Y la salida es soslayar el debate en el Congreso con el argumento de que los decretos "complementan" la ley de ética pública y otras normas que se citan (en cuyo caso cabe preguntarse por qué no se respetaron esas normas antes), refugiándose en una seudo discusión con las ONG "amigas" (como Poder Ciudadano) para armar los decretos: al igual que con la "nueva" ley de medios, un debate social controlado, para no correr riesgos.

Un debate precedido además por la reticencia a transparentar del que se refugia en la impersonalidad de las sociedades anónimas (tan impersonales que no las declara, o que dice no saber que formaba parte de ellas), o se enoja (como se enojó Macri) porque le parece injusto que sus parientes o amigos (como Caputo y Calcaterra) se vean perjudicados por no poder hacer contratos por el Estado; enojo lógico en quien ha construido un imperio sobre esa base.

El debate político acá es hasta que punto es admisible que por los agujeros que deja la política y la crisis de representatividad de la dirigencia y los partidos tradicionales, termine accediendo a la presidencia un connotado representante de la patria contratista y del poder económico, y que buena parte de la ciudadanía haya aceptado como razonable (al punto de votarla) la idea de un país "atendido por sus propios dueños". Ese es el verdadero conflicto de intereses, y por su volumen no se resuelve con un par de decretos.  

¿EL MÁS COMPLICADO O EL MÁS DIFÍCIL DE ACOMODAR?

Alonso admitió que el caso Aranguren es el más complicado de los de la OA https://t.co/FzGu7jrgUb pic.twitter.com/GaOlmkSqQK

— Agencia Télam (@AgenciaTelam) 22 de junio de 2016

TOTAL NORMALIDAD

Tenemos un gobierno de CEO'S en el que los conflictos de intereses de los funcionarios están a la orden del día: el ex CEO de Shel es ministro de Energía y le compra combustible importado a...Shell, de la que aun conserva acciones; mientras el dueño de la red  de concesionarias Wolkswagen más importante es ministro de Transporte y le vende camionetas de la marca -sin licitación- a la Gendarmería; porque antes el presidente declaró la emergencia en seguridad, que autoriza a prescindir -justamente- de la licitación pública.

El sobrino de los dueños de La Anónima (acaso accionista él mismo de la empresa) es Secretario de Comercio, y como tal practica el "laissez faire" con las remarcaciones escandalosas de precios de ésa y otras cadenas, sin aplicarles las sanciones que habilita la normativa vigente, y desmantelan "Precios Cuidados" mientras el Jefe de Gabinete también tiene lazos de parentesco con la misma familia Braun, y ponen al abogado de carrefouyr como Director de Asuntos Legales de la secretaría.

Ex ejecutivos de LAN deciden la liberación de las tarifas aéreas y la cancelación de convenios que perjudican a su competidora Aerolíneas; mientras el ministro de Agroindustria Buryaile (deudor embargado del Banco Nación) se beneficia directa y personalmente con la eliminación y rebaja de las retenciones, que él mismo firmó.

Macri le adjudica a su "amigo del alma y de la vida" (y presunto deudor de un préstamo de 18 millones de pesos) Niky Caputo, la única obra del plan nuclear que tiene continuidad: el resto fueron paralizadas por completo, generando atrasos en los pagos y despidos masivos de personal.

El mismo presidente que dijo que crearía un "fideicomiso ciego" con sus bienes (¿será en Panamá?) y se desprendió de acciones de una empresa transportadora de energía sin que sepamos a cambio de qué; conservándolas en otras tantas favorecidas objetivamente por las medidas que él y su gobierno tomaron devaluando, eliminando retenciones y abriendo las exportaciones. 

El presidente del Banco Central está procesado (con confirmación de la Corte Suprema de Justicia) por negociaciones incompatibles con la función pública durante el "Megacanje" del gobierno de De La Rúa, y apenas puesto en funciones instrumenta (DNU mediante) el "Megacanje II"; entregando títulos del Estado por valor de 10.000 millones de dólares y tasa casi del 0 %, a cambio de un préstamo de bancos investigados por lavado de dinero de 5000, a devolver con intereses del 7,5 % en dólares, en 11 meses. 

El ministro de Hacienda y Finanzas (ex JP Morgan) está siendo investigado por las cuentas no declaradas en la filial suiza HSBC, mientras designan a la abogada que defendió al banco en las acusaciones por lavado de dinero en la UIF; y el HSBC participó del nuevo "Megacanje, y se prepara a participar del endeudamiento para pagarles a los fondos buitres; al igual que el JP Morgan del cual el fue empleado por muchísimos años. 

Diputados oficialistas y la titular de la Oficina Anticorrupción piden que Echegaray renuncie a la Auditoría General de la Nación o amenazan con echarlo porque presentó un plan para investigar al gobierno de Macri; y -como todos sabemos- su rol es exclusivamente "investigar para atrás", es decir al de Cristina; mientras el presidente descansa en la casa y utiliza el helicóptero de un accionista de empresas concesionarias del servicio eléctrico, ampliamente favorecidas por el reciente tarifazo ordenado por su gobierno.

Todo esto pasó y pasa mientras despliegan un ajuste brutal (la calificación es de una oficialista, Carrió) que ha generado inflación, caída del salario, desempleo y pobreza en alza, y nos mantienen entretenidos con Lázaros, Cristóbales y Jaimes, y el periodismo amigazo nos cuenta que justamente poner en foco la corrupción de los otros, los ayuda a remarla:

En eso andaban, meando agua bendita las 24 horas del día, prometiendo "leyes del arrepentido" para combatir la corrupción, cuando dejaron la ventana abierta, les entró un viento de Panamá y se mearon todos los pantalones: en una investigación internacional por lavado de dinero en paraísos fiscales, descubren que Macri y papá Franco tuvieron por años una sociedad off shore allá; y la noticia es tapa en varios diarios del mundo. Sociedad no declarada además por Macri, ni siendo jefe de gobierno, ni como presidente.

Entonces la titular de la Oficina Anticorrupción (parte de una ONG financiada por los mismos fondos buitres a los que ahora les vamos a pagar una fortuna), que es la encargada de controlar -entre otras cosas- las declaraciones juradas de los funcionarios, sale a hacer de abogada del presidente; cosa que no le corresponde hacer porque además no es abogada: recordemos que para nombrarla modificaron la reglamentación vigente, que exigía ese requisito para ocupar el cargo.

Y nos explica que en realidad formar sociedades off shore no es un delito, salvo que se trate de lavar dinero de origen ilícito o evadir impuestos, que es justamente para lo que se hacen esas sociedades. Y que el presidente no es accionista, sino que en realidad ocupó "circunstancialmente" un cargo en el directorio, pero no realizó ninguna actividad como tal, ni cobró dividendos. Que es justamente como operan esas sociedades.

Hubieran elegido otro eje para tapar el ajuste muchachos, y no precisamente la corrupción: tienen demasiados esqueletos en el placard, como para andar predicando moral con la bragueta abierta. Uno puede creer que haya gente que vote a Carrió, Ocaña o Stolbizer porque quiere que se termine la corrupción. Pero no a Macri: no nos tomen por pelotudos.

¡ATENTA LAURITA ALONSO!

Leemos en el Cronista que “...Unas horas antes de pronunciar el discurso presidencial de apertura de la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri traspasó las acciones que, a título personal, poseía en Yacylec al grupo familiar. En concreto, lo que el Jefe de Estado hizo fue ceder el 5,33% del capital que controlaba en la compañía energética a Sideco, el holding que engloba todos los negocios y empresas propiedad de la familia de mandatario y que es orientado por su padre, Franco Macri.

La decisión se debe a la necesidad de transparentar los negocios privados que pudiera tener Macri y que llegaran a ser afectados por decisiones oficiales. En este caso, las medidas que adopte el Gobierno en el sector energético afectarán directamente a Yacylec, compañía dedicada al transporte de la energía que produce la central hidroeléctrica Yacyretá, y en la cual Sideco ya posee una gran cantidad de acciones.

La medida fue reflejada en el Boletín Oficial de ayer a través de una resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), mediante la cual se autorizó el traspaso de acciones Clase A y B de Yacylec a Sideco Americana. (en realidad lo que se publicó fue una síntesis, aclaramos nosotros: ver acá)

De hecho, la de Yacylec no es la primera venta de acciones que lleva a cabo el Jefe de Estado. Ya lo hizo con sus tenencias en Agropecuaria de Guayquiraro, donde controlaba el 14% del capital; y en Eduardo Costa S.A, de la que se desprendió del 20 %. Macri también tiene influencia en otras empresas como Socma Corp; Socma Cárnicos; Socma Farináceos; Inmobiliaria Litoraleña; Meat American Group y Flour American Group. Además, es titular de acciones en Molino Arrocero Río Guayquiraro; 4 Leguas S.A. y Fideicomiso Caminito.

En el caso de Yacylec, el grupo Sideco participa del capital accionario de la empresa desde 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem le adjudicó a una UTE formada por el holding de la familia Macri y otras corporaciones nacionales y extranjeras un contrato para la construcción, operación y mantenimiento del Primer Tramo del Sistema de Transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá.” (las negritas son nuestras).

Más allá del recordatorio histórico de aquélla época en la que a Macri no le preocupaban tanto la corrupción y los negocios en y con el Estado, nos preguntamos si antes de la transferencia de acciones, Yacylec no fue ya beneficiada por medidas del gobierno, como por ejemplo la “reestructuración” de los cuadros tarifarios de la electricidad.

O que nuevas medidas se vienen en el marco del “sinceramiento” de las tarifas, que beneficiarán a las transportadoras de energía como Yacylec, y encarecerán aun más las tarifas finales a los usuarios.

Como también nos preguntamos si Macri no conserva acciones de Sideco Sudamericana S.A. (la sociedad “controlante” del holding familiar a la cual transfirió sus acciones), ya que no se menciona si le pagaron o no el precio en que las acciones estaban valuadas; pero aun cuando lo hayan hecho, si sigue siendo accionista de la controlante, disfrutará como tal de los beneficios que -fruto de sus medidas como gobernantes- obtenga la controlada; aun cuando haya vendido las acciones.

Y ya que estamos, no preguntamos si el presidente también piensa desprenderse de sus otras acciones en empresas también favorecidas objetivamente por medidas que él mismo toma desde su cargo, como por ejemplo el levantamiento del “cepo”,, la devaluación y la eliminación de las retenciones a numerosas exportaciones, entre ellas las agropecuarias.

Del mismo artículo surge que Macri conserva acciones en empresas vinculadas a la producción y exportación de carne (Socma Cárnicos, Meat American Group) y harina (Flour American Gropup, Socma Farináceos), arroz (Molino Arrocero Guayquiraró); y a negocios inmobiliarios (Fideicomiso Caminito, Inmobiliaria Litoraleña).

Seguramente Laurita Alonso ya debe estar empezando una exhaustiva investigación al respecto para evitar que se configure una situación de conflicto de intereses.