DISTRIBUIDORA "LOS HIJOS DE PUTA"

 

Que éste tipo no esté preso habla muy mal de nosotros como país:https://t.co/LBSBjSuv7e

— La Corriente K (@lacorrientek) November 23, 2022

Sobre el anunciado acuerdo del gobierno con las principales empresas para el congelamiento de precios, leemos en Infobraden las exigencias puestas como condición por la COPAL (la cámara que agrupa a las principales industrias alimenticias del país) para firmar el acuerdo, que básicamente son que el acuerdo -de firmarse- duraría menos que un pedo en un canasto: que no haya inflación, que no suban las tasas de interés, ni el tipo de cambio, que les garanticen los dólares al precio oficial para pagar las importaciones, que no les suban los costos ni les aumenten los impuestos y que Argentina gane el mundial, de paso.

Eso, o sin antes haber remarcado precios a lo pavote desde que Massa anunció el congelamiento, como pasa siempre en estos casos: pese a que están muy por encima de la ya elevada inflación general, no se privaron de aumentar "para cubrirse", como lo puede comprobar cualquiera que pase por un supermercado.

Al mismo tiempo y sobre el mismo tema, leemos en La Política Online que Molinos Río de la Plata (es decir, Pérez Companc) salteó el "corralito" impuesto por la UIA y la COPAL, y firmó el acuerdo con el gobierno antes de las demás empresas lo hagan. El promotor del "corralito" (o "cepo a la firma", ya que estamos con las metáforas económicas) es Daniel Funes de Rioja, presidente al mismo tiempo de las dos gremiales empresarias, aunque como dicen que dijo De Mendicurren, no sabe diferenciar un bulón de una tuerca, porque su profesión es ser básicamente lobbista, no empresario, mucho menos industrial. 

Si no fuera que hay tantos candidatos dando vuelta, se podría decir que, muerto Videla, Funes de Rioja compite con grandes chances por el premio al hijo de puta perfecto: no hay reclamo contrario a los intereses de las grandes mayorías nacionales en el que no se prenda, o peor aun, que no cuente con su iniciativa. Desde la reforma laboral flexibilizadora hasta las privatizaciones o el desguace del Estado, pasando por la eliminación lisa y llana de cualquier forma de impuesto, regulación o control estatal.

Por otro lado en un contexto de alta inflación sostenida durante mucho tiempo, las alimenticias figuran entre las que más aportan para que el IPC siga alto, en rubros que por otro lado son esenciales, y en consecuencia inelásticos a las variaciones en la demanda: hasta ahora no se encontró la forma de que la gente deje de comer, no al menos sin consecuencias fatales. Cuando Cristina empezó a decir allá por el 2020 que la economía iba a crecer pero no era cuestión de que ese crecimiento se lo llevaran entre tres o cuatro vivos, pensaba no solo en ellos, pero fundamentalmente en ellos: no tenemos pruebas, pero tampoco dudas.

Cuando los trabajadores negocian salarios en las paritarias, buena parte de las mejoras que obtienen se van por la canaleta de los aumentos de precios de los alimentos y bebidas, que forman parte esencial del consumo de los hogares. Lo mismo pasó y pasa con la instauración de la AUH, o peor porque en ese caso se trata de sectores que destinan la casi totalidad de sus ingreso a la alimentación. Estas mismas empresas se llevan buena parte de cada refuerzo de los programas alimentarios del Estado, desde la tarjeta Alimentar, hasta el reciente bono de refuerzo.   

También rankean alto entre los sectores empresarios entre los que se evidencian elevados niveles de concentración y prácticas distorsivas de los mercados por abuso de posición dominante, tanto como faltas y violaciones a las propias leyes que, incluso en el capitalismo de lo que ellos consideran "países serios" se respetarían, como las de defensa del consumidor y la competencia, y de lealtad comercial; o las más recientes como "la ley de góndolas" o de etiquetado frontal.   

Y ni que decir que está entre los principales beneficiarios de la inacción del gobierno en todo lo que sea controlar el proceso de formación de los precios, sea requiriendo información sobre las estructuras de costos, restringiendo exportaciones vía cupos, aumentando retenciones para desacoplar los precios internos de los internacionales o aplicar ese marco legal al que antes hicimos referencia, más la ley de abastecimiento cuando el sector -para el que podría decirse que fue pensada- lo justifica con creces con su comportamiento.

Como decíamos, en un país en el que no escasean los hijos de puta, las grandes empresas alimenticias hacen sobrados méritos para estar entre los peores hijos de puta. De allí que tenga lógica que su cara visible sea Funes de Rioja. Y dan un ejemplo claro de los límites reales a las posibilidades de diálogo y consensos de los que hablábamos acá.

Tuits relacionados:  

Cambios de precios, más que nada: https://t.co/s7qHtHXg1m

— La Corriente K (@lacorrientek) November 23, 2022

Buenas: Hay 100% de inflación, 38,5% de pobreza y 9,4% de Indigencia. Por? "Hay especulación y está reflejado en los balances de las empresas ... : Arcor, Molinos, Ledesma, La Anónima. Las ventas, en los primeros 9 meses de 2022 se incrementaron 92,2% en dólares". Hernán Letcher pic.twitter.com/UVgPrKex1F

— Artemio López (@Lupo55) November 24, 2022

ESCLAVISMO A FLOR DE PIEL

 

A diferencia de las demás vacunas comprendidas dentro del calendario nacional de vacunación, la del COVID no es obligatoria, y cabe suponer que por una razón: cuando se lanzó el plan estratégico de vacunación el Estado no podía garantizar que hubiera dosis para todos (aun hoy no lo puede hacer, aunque se haya avanzado mucho), y no parecía lógico crear una obligación legal, sin proveer los medios para cumplirla.

Sin embargo, desde el principio mismo de la pandemia y aún en medio del mayor nivel de restricciones (por ejemplo cuando existía el ASPO en todo el país), hubo quienes tuvieron que trabajar forzosamente, exponiéndose a los riesgos de contagio, porque sus actividades eran  consideradas esenciales. Y algunos de ellos (como los camioneros, empleados de supermercados y negocios de comestibles, de empresas de servicios públicos esenciales) debieron esperar bastante para poder acceder a vacunarse.

Nada de eso les preocupaba por entonces a los popes de la UIA: por el contrario, presionaron al gobierno por mayores aperturas, aun cuando las cifras de los contagios y las muertes no las hacían aconsejables. En la dicotomía entre la salud (la vida, en definitiva) y la economía, jamás dudaron: los negocios primero.

La confluencia entre la dinámica propia del capitalismo de cobrarse su libra de carne para garantizar las ganancias (incluso al extremo de poner en riesgo la supervivencia física de la fuerza de trabajo que emplea), y la pulsión fiscalista del ministro de Economía que, apenas pudo, canceló o disminuyó las asistencias compensatorias por las restricciones como el IFE o los ATP, dio como resultado una circulación mayor que la que aconsejaban los epidemiólogos, para que no se interrumpiera la actividad económica, y en consecuencia mayores contagios y muertes. Pasó acá y en muchos otros países.

Ahora, con el plan de vacunación avanzando a buen ritmo en el país y un porcentaje importante de la población con al menos una dosis, la UIA vuelve sobre sus pasos y aprovecha la oportunidad de la existencia de un número (por suerte menor que hace un tiempo) de gente que no se vacunó porque no quiso, para colar por la hendija el pedido de manos libres para despedir sin costos, o dejar de pagar salarios.

Cuando hace un par de meses atrás asumió el esclavista Funes De Rioja (que no es empresario ni industrial) al frente de la central empresaria, decíamos acá que esa designación era un signo muy claro del orden de prioridades de las demandas del establishment local, en el cual una reforma laboral flexibilizadora sigue ranqueando alto.

Si cuando se habla de peronismo cualquiera más o menos avisado entiende derechos para el trabajador y leyes laborales, cuando cierta gente le echa la culpa de todos los males del país a "los 70 años de peronismo", está hablando precisamente de eso: quiere borrar del mapa la legislación laboral, volviendo al país a 1943, en ese terreno, en nombre de la modernización y el crecimiento.

Al plantear despedir o dejar de pagarles los sueldos a los que no aceptan vacunarse, Funes De Rioja y la UIA no están preocupados por los contagios, las muertes por COVID o las camas de terapia intensiva: simplemente están haciendo números para recortar costos, y así aumentar sus ganancias. Y los salarios son un costo, al que siempre le van a apuntar para reducirlo, como a los impuestos.

El problema no sería tanto ése -al fin y al cabo el gobierno, correctamente, cruzó la idea- sino que es el propio gobierno el que a veces, pierde el norte, se olvida que llegó a donde llegó en nombre del peronismo, y empieza a pensar con la lógica de los garcas que el peronismo vino a combatir, para proteger a los trabajadores. Como por ejemplo cuando piensa en la reducción o eliminación de las contribuciones patronales (desfinanciando así la seguridad social) como casi la única herramienta para promover el empleo.

O cuando alienta indirectamente que se paguen remuneraciones de miseria, incluso por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, en especial en el campo y las llamadas "economías regionales", eliminando la incompatibilidad con los planes sociales, que no sería tal si se tratara -como debe ser- de empleo registrado, en blanco, que hace que el trabajador pase a percibir las asignaciones familiares. Claramente no es por ahí donde se van a contener las pulsiones esclavistas de nuestro empresariado más concentrado.

PACTOS SOCIALES POSIBLES

 

1) Rebaja de impuestos, 2) Reforma laboral flexibilizadora, 3) Que el Estado no regule la economía, 4) Que impere la más absoluta libertad de precios, 5) Ajuste del gasto público, 6) Lo demás lo vamos viendo:https://t.co/vYRS4AdhZr

— La Corriente K (@lacorrientek) June 9, 2021

Cuando estábamos transitando el período entre las PASO y las elecciones presidenciales generales del 2019, decíamos nosotros en ésta entrada: "La idea del pacto social forma parte del ADN fundacional del peronismo, y la ha ensayado cada vez que le tocó gobernar, con la posible excepción del período menemista; aun cuando entonces hubo ciertamente acuerdos más o menos explícitos en los que se sustentaba el modelo. El pacto social como idea, a su vez, excede bastante a un simple acuerdo de precios y salarios para encauzar la puja distributiva, o anclar las expectativas inflacionarias.

Sin embargo, un pacto supone que los actores que converjan a él (que por definición, tienen intereses distintos y aun contradictorios) hagan una lectura más o menos parecida del contexto en el que se los convoca a pactar, y por supuesto que compartan los objetivos del acuerdo, al menos en sus líneas generales. Y en los tiempos presentes, con otro estruendoso fracaso de otro experimento neoliberal ensayado en el país, eso exige que todos hayan hecho el aprendizaje correcto de la experiencia macrista, del cual sacar las conclusiones también correctas a futuro, para no repetir fracasos.

Pero en la concreta estructura productiva y en el mapa del poder económico del país que deja Macri, en la mesa del pacto social deberán sentarse actores poderosos, con capacidad de influencia en el resultado del proceso y que no parecen estar en las mismas condiciones descriptas; al menos en cuanto a la debida metabolización de la experiencia macrista refiere.

En efecto, y como lo hemos dicho otras veces, si hemos de guiarnos por los posicionamientos públicos de las entidades en las que se nuclea el más poderoso empresariado vernáculo (la AEA, la cúpula de la UIA, el "Foro de Convergencia Empresarial"), el panorama es desolador: no hay el más mínimo ejercicio de autocrítica no ya de su decidido apoyo al gobierno de Macri (al fin y al cabo y en tanto gobierno de clase, "su" gobierno), sino del marco conceptual con el que miran al país, y desde el que proponen o apoyan soluciones para sus problemas. Para decirlo en palabras de Aldo Ferrer, su contribución a la "densidad nacional" es poco más que nula. 

Inmunes a los resultados contundentes (y trágicos) de la experiencia concreta, nuestros grandes empresarios siguen pensando y sosteniendo que los grandes problemas del país son el déficit fiscal, la presión tributaria, el tamaño del Estado, la amplitud de sus funciones o la rigidez de la legislación laboral. Con un bagaje tan limitado de ideas, será una tarea titánica sumarlos a un pacto, acuerdo o contrato social amplio, que además estén dispuestos de buena fe a cumplir: el gobierno que se va ha sido pródigo en "acuerdos de caballeros" que no se cumplieron, sin que el poder político macrista tuviera la mínima precaución de generar las herramientas jurídicas para asegurar sus resultados.

Por el contrario, si de la boca para afuera se manifiestan proclives a alguna forma de acuerdo o pacto social, es porque suponen que en ese contexto el poder político (ahora en manos del peronismo) puede disciplinar y contener los reclamos salariales, para que el retraso del salario real sea la única y verdadera ancla inflacionaria; congelando de paso la distribución regresiva del ingreso que dejará el macrismo. 

En este punto y en el enésismo  intento de socializar las pérdidas que a sus empresas les ocasionó el modelo que apoyaron en su caída, así como el de sacarle el culo a la jeringa en poner de su parte para pagar la fiesta del endeudamiento y la fuga de capitales, puede resumirse el programa de nuestros sectores dominantes; que a su vez esperarán el momento para insistir en las propuestas flexibilizadoras. Sería tan sorprendente que no lo hicieran, como que hayan apoyado -una vez más- un programa industricida, que comenzó pulverizando salarios, para terminar consumiendo inversiones y capital de trabajo. 

¿Significa esto que hay que renunciar a la idea del pacto social, o excluirlos de sus deliberaciones, aun cuando nucleen a la mayor parte de los sectores importantes de la estructura productiva del país? No, significa que en esa tarea de articulación política de las demandas e intereses sociales no hay que resignar la legitimidad de origen del futuro gobierno, que construyó en las PASO (y aspira a ampliar más aun en las elecciones generales) una mayoría amplia como consecuencia no solo y no tanto de determinados acuerdos políticos o superestructurales, sino de que se lo percibió como el vehículo político adecuado para garantizar la defensa de los intereses de las grandes mayorías nacionales.". 

Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente, pero el diagnóstico perfectamente podríamos suscribirlo hoy, avalados por los hechos: el gobierno del "Frente de Todos" transita su año y medio de mandato en medio de dificultades múltiples y crecientes, sean consecuencia de la herencia recibida, como del contexto de problemas que creó la pandemia. 

Y las múltiples resistencias de las fracciones más concentradas del poder económico, aun frente a un presidente de marcada vocación dialoguista: rechazo y resistencia al "impuesto a las grandes fortunas", judicialización o desconocimiento de medidas regulatorias como la prohibición de despidos, la doble indemnización o la declaración de servicio público al cable o internet o el congelamiento de tarifas. Ni hablar de los constantes aumentos de precios, en especial en los alimentos, medicamentos y demás bienes sensibles, o las resistencia contra cualquier forma de intervención estatal en l regulación de los mercados, sean retenciones, cupos, precios máximos o restricciones a las exportaciones. 

Pues bien, ese empresariado, el que se ha constituido en una permanente piedra en el zapato de los planes "acuerdistas" de un gobierno que convocó incluso al Consejo Económico Social (una iniciativa que formaba parte de la propuesta de otros candidatos, como Lavagna), acaba de hegemonizar la conducción de la UIA, designando como su presidente a Daniel Funes de Rioja. Todo un mensaje al gobierno sobre las posibilidades reales de alcanzar en el pa{is alguna forma de acuerdo social.  

Tuit relacionado: 

Con la designación de Daniel Funes de Rioja que no es industrial sino abogado y de la COPAL, la UIA da un mensaje claro al gobierno: sus prioridades son la flexibilización laboral, y que ni se le ocurra introducir regulaciones en los precios de los alimentos. El soretismo al palo

— La Corriente K (@lacorrientek) June 9, 2021

SEGUIMOS ENTREGANDO "SÚPER GARCAS 21014"

Este suele aparecer con más frecuencia en esta época del año, cuando se aproximan las paritarias.

Porque su principal poder es tratar de contener los "desbordes salariales", para que "no afecten la competitividad".

Y si no lo logra, apela a la remarcadora para recuperar lo cedido en la mesa de negociaciones.

En su caso, con efectos devastadores, porque su superpoder lo ejerce sobre los alimentos básicos de la canasta familiar.

No se opone a la participación en las ganancias, siempre que se las participen sólo a él.

Desde Cáritas lo están mirando como ejemplo.