Leemos en Ambito Financiero que en
esa “tormenta de malas ideas” que es el coloquio de IDEA, hubo un apartado
especial dedicado al financiamiento de la política, conducido por el CIPPEC,
Poder Ciudadano y la RAP.
Sí, la misma RAP
(“Red de Acción Política”) que hace poco en el programa ADN se demostraba que
es una tapadera de la CIA y la NSA yanquis, para tener en todos los países de
América Latina políticos que coman de su bolsillo, sin importar de que partido
sean.
No hablemos ya de
los mordedores del monedero público del CIPPEC, o la maravillosa “Poder
Ciudadano” que nos legara a la incomparable Laura Alonso.
La cuestión es que
en el cónclave “los empresarios” (¿cuáles, quiénes?) presentaron un proyecto de
ley para eliminar las restricciones que hoy existen, y que impiden que las
empresas financien a los partidos políticos.
La prohibición data
del 2009, cuando la Ley 26.571 (la reforma política impulsada por Cristina que
estableció las PASO) modificó a la Ley 26.215 (2006) de financiamiento de los
partidos políticos, incorporándole el artículo 44 Bis que prohíbe expresamente
que los partidos reciban aportes de personas de existencia ideal; lo que
incluye a las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones.
Profundizó así las
restricciones que ya existían en el artículo 15 de la ley original del 2016,
que referían a las empresas concesionarias de servicios públicos de la nación,
las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires, las que explotasen
juegos de azar, las personas jurídicas extranjeras sin sede en el país, los
gobiernos y entidades públicas de otros países, y las entidades sindicales,
empresariales o patronales.
La excusa para
presentar el proyecto es que la justicia electoral (es decir, los
impresentables jueces de la Cámara Nacional electoral) dicen que no cuentan con
la cantidad de personal necesario para controlar los gastos de campaña de los
partidos, y calculan que el 80 % de los mismos en promedio son en negro, sin
comprobantes o documentación que los respalden.
Es decir que lo que
están proponiendo ahora es legalizar esa situación permitiendo los aportes, en
lugar de mejorar los controles y hacerlos efectivos; y la iniciativa vendría
acompañada con otros “chiches” caros al oenegeísmo noventoso, a saber: “Prohibir
las inauguraciones durante las campañas, despersonalizar los avisos pautados en
medios (con críticas al manejo kirchnerista), monitoreos "on line"
para la rendición de gastos electorales, bancarización (hasta con tarjetas de
crédito) para donaciones, y mayores plazos fueron parte de los ejes de
discusión de la iniciativa. Límites máximos de dinero y exclusión de quienes
tengan conflictos de interés directo, además de sanciones, completaron el
panorama.”.
Si se habilitaran
los aportes privados (de las empresas) al financiamiento de los partidos
políticos, se profundizaría aun más la desigualdad en la disponibilidad de
recursos para las campañas, y no hace falta ser adivino para saber en beneficio
de quien, como tampoco a cambio de que “contraprestaciones”.
En el país de la
Fundación Suma de Michetti y el gabinete de los CEO´s con conflictos de
intereses a cada paso, ya no alcanzaría -al parecer- con que el poder económico
haya colonizado el Estado para ponerlo a su servicio, sino que ahora podría
hacer un leásing con los partidos, “comprándolos” de a poco para poder
utilizarlos en el momento oportuno, a favor de sus intereses: un claro
retroceso para una democracia que ya viene bastante cascoteada últimamente,
acumulando un retroceso tras otro.
Un ejemplo de pago
chico: acá en Santa Fe la Ley provincial 6898 de partidos políticos no prohíbe
los aportes de las empresas, ni siquiera de las que son concesionarias de
servicios públicos; y así fue como hace poco supimos que Monticas (la empresa
de transporte que protagonizó la tragedia de la ruta 33) había aportado a lascampañas del socialismo.
Algo que quizás todavía le siga rindiendo frutos, de lo contrario no se entiende como desde el 2015 para acá llevan varios incendios intencionales en los que se quemaron 90 coches para cobrar seguros y borrar rastros, sin consecuencias.