COMO ARMAR DESARMANDO

 

Este lunes apareció publicado en el Boletín Oficial el DNU 314 (completo acá), por el cual Milei aprueba el "Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino "; cuyos fines son "...el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional,...".

A esos fines, el DNU dispone destinar el 10 % del producido de la venta de inmuebles del Estado nacional que el gobierno está llevando adelante en el marco de la ley bases, porcentaje que podrá elevarse hasta el 70 % si los bienes vendidos estaban afectados al uso de las Fuerzas Armadas. En el decreto se mencionan tanto la Ley 24948 (1998), cuyo artículo 19 dispuso diferentes alternativas para su reequipamiento, como la Ley 27565 de 2020, que creó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF); y se señala que lo que dispone no excluye lo que establecen esas normas, sino que las complementa.

Lo que está haciendo Milei por el DNU -firmado a la vuelta de hacer cosplay de Top Gun en un portaaviones yanqui que navega el Mar Argentino sin autorización del Congreso nacional como manda la Constitución- es establecer una fuente contingente de recursos (que depende de que se vendan bienes del Estado, que salen de su patrimonio), para atender una necesidad permanente (el reequipamiento de las Fuerzas Armadas).

Vistas así las cosas en el contexto de un gobierno que mantiene a los uniformados con sueldos paupérrimos, desfinanció hasta quebrar y vaciar su obra social y está comprando chatarra estadounidense de rezago (como los F16) como si se tratara de tecnología de última generación, el DNU parece más dirigido a validar el remate del patrimonio público de los argentinos, que a modernizar y equipar a nuestras Fuerzas Armadas. 

Es decir está hecho más pensando en los negocios de Elsztain o Costantini, que en las necesidades de la defensa nacional; considerando además que la venta de terrenos y edificios de las FFAA están entre las operaciones más cuestionadas de la gestión libertario, incluso por opositores "razonables" como Pichetto.

Y ya que el decreto menciona a la ley que creó el FONDEF durante el gobierno de Alberto Fernández, recordemos que ésta dispuso en su artículo 3° distintos criterios a tener en cuenta en la adquisición de equipamiento para las fuerzas, siempre que fuera posible: "1. Favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; 2. Promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; 3. Incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado (y) 4. Mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.". 

Ninguna salvedad hace al respecto el DNU, con lo que cabe suponer que en caso de llevarse a la práctica sus disposiciones, con esos recursos se seguirá comprando chatarra extranjera, sin transferencia de tecnología ni utilización acorde nuestras reales necesidades de defensa, o posibles hipótesis de conflicto.

Pero la mayor trampa del DNU está en lo que no dice, y es que a fines del año pasado, al aprobarse el Presupuesto nacional para éste año por la Ley 27798, se derogó el inciso a) del artículo 4° de la Ley 27565 de creación del FONDEF. Esa norma establecía el principal componente de los recursos del Fondo, que se debían destinar al reequipamiento de las Fuerzas Armas: un porcentaje del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional, que desde 2023 era del 0,8 %; aporte que -según la misma norma-es independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional.

Es decir que además del dato objetivo que desde éste año esos recursos los embolsa Caputo para hacer con ellos lo que se le antoje (como hace con el producido del impuesto a los combustibles líquidos que debía destinarse al mantenimiento de las rutas, o el Fondo de Educación Técnica), hay una diferencia cualitativa muy grande entre la ley del FONDEF y el DNU: una creaba una fuente permanente de recursos para atender una necesidad también permanente, el otro crea una fuente que el día que no queden inmuebles para vender se agota, y el reequipamiento militar que lo financie Magoya (muy posiblemente tomando deuda), si es que se hace.

Eso sin contar que estamos ante un gobierno que deja de lado la discusión sobre la prioridad entre gastar en la defensa del país u otros fines, porque decidió de entrada no gastar en nada que no sea pagar la deuda; como lo pueden comprobar los jubilados, las universidades nacionales, los que andan por las rutas del país, los investigadores científicos o las personas con discapacidad y sus familias. 

SEAMOS PRECISOS

 

En política -como en todo- las cosas son lo que son, y no lo que uno cree que son, o lo que alguien dice que son. El concepto aplica para los gobiernos de derecha como el actual, respecto a los cuales de un tiempo a ésta parte se busca (desde algún lugar del análisis político) siempre lo novedoso o disruptivo, sin acentuar las continuidades históricas: los bloques sociales y económicos que apoyan y promueven esos proyectos políticos porque sus intereses se benefician con ellos, los objetivos precisos y concretos que esos proyectos persiguen, y como impactan en la realidad. 

Sin que deje de ser interesantes las razones por las que la gente vota un determinado proyecto (y siempre que existan modos confiables de establecerlo, y no simples especulaciones intelectuales), es mucho más relevante cuales son los intereses que prioriza con las políticas que ese proyecto ejecuta desde la conducción del Estado. Quedarse en que Milei logró conquistar el voto de los pibes de Rappi podrá servir para imaginar estrategias electorales futuras que reviertan ese hecho, pero no perder de vista que gobierna para Blackrock y los fondos buitres permite dimensionar más claramente la naturaleza del proceso, y sus resultados; y generar las estrategias necesarias para impedirlos.

Lo mismo sucede con las políticas de seguridad y defensa del gobierno, el giro en materia de derechos humanos, y sus posturas frente al legado de la dictadura y el consenso democrático: la evidencia histórica señala que, más allá de los discursos (y a veces ni ahí, recordemos que fue Macri el que empezó con lo del "curro de los derechos humanos"), cada vez que la derecha gobierna esa línea de pensamiento y acción va unida a política económicas de desregulación, apertura, destrucción de empleo y tejido industrial, valorización financiera y endeudamiento para financiar la fuga de capitales, como la sombra al cuerpo. 

Cuando se dice que ese tipo de políticas no cierran sin represión no se trata de un simple cliché ideológico, sino de una constatación empírica: sea en forma abierta (como sucede con éste gobierno desde sus inicios con la protesta social) o como amenaza implícita, como está sucediendo con las fuerzas armadas; cuyo rol además es siempre auxiliar respecto del proyecto político al cual sirven: brazo armado de la nación para la defensa de su soberanía e integridad territorial, o cuerpo auxiliar de nativos que sostiene el orden colonial, como es hoy en día.

Se trata siempre de comprometer políticamente a las agencias armadas del Estado más allá de su rol estrictamente profesional, en el alineamiento incondicional con determinados objetivos políticos que no son los del país en su conjunto, sino de un determinado grupo político, que actúa ostensiblemente como gestor de los intereses de poderes económicos, del país y del extranjero; mientras se disuade toda oposición posible, mediante el uso o la amenaza del uso de la fuerza, sin mayores restricciones.

Si muchos argentinos parecen compartir todo el combo (las políticas económicas y sociales y los mecanismos de disciplinamiento necesarios para asegurarlas) más allá de como sean atendidos por él sus propios intereses objetivos, significa ni más ni menos que hay un porcentaje (no menor) de la sociedad con el que no hay canales de comunicación ni encuentro posible, no al menos sin desfigurarnos tanto que nos terminemos convirtiendo en ellos. Significa (como se dijo acá) que hay que revisar conceptos en cuanto a la amplitud de ciertos consensos básicos, que dábamos por sentados. 

Pero también significa que que hay lugares adonde no llegan ni impactan ni alcanzan las revisiones ni las autocríticas, porque son impermeables a nuestra acción política, así como en otros puede ser efectiva: distinguir la diferencia para no desperdiciar esfuerzos donde son inútiles y ponerlos allí donde son necesarios, es crucial en la coyuntura.

Así como hay cosas con las que no hay que transigir ni siquiera con el pretexto de la necesidad de aggiornarse, como "el discurso para el mundo de las finanzas" que se reclama al peronismo, o la reforma laboral. Porque hoy, en el contexto actual y con las iniciativas concretas que el gobierno despliega en esos campos (se podrían citar otros) no hay encuentro ni contacto posible, que no suponga una pérdida: de derechos, de discurso o de credibilidad.

Porque el mundo financiero en el país es, efectivamente y más allá del rol teórico que se supone debe cumplir el crédito como dinamizador de la economía y el crecimiento, un nicho de la timba; y la única propuesta posible allí es regularlo desde el Estado, y fuertemente: con la derogación de la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz que aun nos rige para imponer límites a la voracidad del mercado, con controles al flujo de capitales o al acceso y manejo de las divisas, con mecanismos (como fue en su momento la reforma de la carta orgánica del BCRA en el segundo gobierno de Cristina) que permitan canalizar el ahorro de los argentinos a la financiación de la inversión productiva para crecer.

Y porque el gobierno está planteando una reforma laboral flexibilizadora sustentada en la visión (falsa) de que el problema del país es que los trabajadores registrados tienen demasiados derechos, o que nuestro costo laboral es muy alto, y nos hace perder competitividad. Nunca saldrá de esa mirada un diseño de regulación laboral que permita ampliar (y no reducir) los derechos reconocidos a los trabajadores, y hacer que ellos alcancen a un número mayor de los miembros la fuerza laboral efectiva, o que genere más empleos dignos y bien remunerados, sino más bien todo lo contrario.

Tuits relacionados:

Un poquitín hinchado las pelotas de escuchar gente que jamás votaría al peronismo ni bajo tortura decir que la culpa de todas las barbaridades que hace Milei la tiene el peronismo por hacerlo ganar.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 25, 2025

Votan a favor de la tortura en la ONU. Designan a un militar al frente del ministerio de Defensa. Tienen de vice a la petera de Videla. El Secretario de Derechos Humanos hace negacionismo en la CIDH. Pero si decís que son la dictadura se enojan.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 22, 2025

LAS FUERZAS DEL CIELO

 

Usarán los F16 (cuando lleguen) para bombardear de nuevo la Plaza de Mayo? https://t.co/GP5AxMCfTB

— La Corriente K (@lacorrientek) December 21, 2024

La Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la quinta de Olivos y los caniles de los perros imaginarios. https://t.co/VLElctsw7N

— La Corriente K (@lacorrientek) December 21, 2024

Ya lo hizo Macri. Y antes Videla. Está orgulloso de esas compañías digamos. https://t.co/P0pbV5CqyC

— La Corriente K (@lacorrientek) December 20, 2024

Claro. La reemplazó por la doctrina Videla. https://t.co/RhESx9INJS

— La Corriente K (@lacorrientek) December 20, 2024

Tal como daba cuenta esta nota de Página 12 del sábado, en apenas dos días de la semana pasada (entre el miércoles y el viernes) Milei dictó decretos relacionados con el rol, los objetivos y las tareas de las fuerzas armadas: primero el Decreto 1107 (completo acá) y luego el Decreto 1112 (completo acá).

Por el primero definió como "objetivos de interés estratégico", "...cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado Nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo.". 

En esos casos (que pueden involucrar desde un oleoducto hasta una central atómica, pasando por la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, los trenes o aviones de Aerolíneas o el Congreso), las fuerzas de seguridad pueden requerir la colaboración de las fuerzas armadas para su protección.

Por el segundo, derogó y reemplazó la reglamentación de la Ley 23554 de Defensa Nacional (sancionada en 1988) que se había aprobado por el Decreto 727/06 de Néstor Kirchner. Es la segunda vez que esto sucede: antes lo había hecho Macri en la tenebrosa gestión de Aguad (ver acá), y luego Alberto Fernández repuso en su gobierno la reglamentación de NK. 

Como pasó entonces -y seguramente volverá a pasar ahora- a cada cambio en la reglamentación de la ley, le siguieron cambios en la Directiva de Defensa Nacional que aprueba el presidente, esto el diseño de las hipótesis de conflicto previstas para las fuerzas armadas, lo que incide en su organización, alistamiento, formación y equipamiento.

En ambos gobiernos (el de Macri antes y ahora el de Milei) se vuelve solapadamente -y no tanto- a la doctrina de la seguridad nacional, desviando a las FFAA de su rol específico (y constitucional) de defensa de la Nación frente a la agresión extranjera, para generar ex profeso enemigos difusos, ambiguos y cuya caracterización queda en manos del gobierno, para enfrentarlos con el instrumento armado de la defensa nacional. No hace falta explayarse demasiado sobre las tenebrosas connotaciones históricas que eso ha tenido en nuestro país y en la etiqueta "Fuerzas Armadas" a la derecha del blog pueden encontrar abundante material al respecto.

La doctrina de las "nuevas amenazas"(el terrorismo, el cyber-espacio, el narcotráfico) que se esgrime en estos casos es perfectamente coincidente con las directivas estratégicas de la potencia mundial (los EEUU) a la que la derecha argentina adscribe acríticamente con un rol secundario y apendicular, como única idea de política exterior. Con Milei a eso hay que sumarle su alineamiento incondicional con Israel y su política de terrorismo de Estado y limpieza étnica, disfrazada de "derecho a la legítima defensa". 

Es la vuelta de la doctrina de la seguridad nacional por otros medios, en tiempos de negacionismo de los crímenes de la dictadura y retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, disfrazados como intentos de recuperar a las Fuerzas Armadas de supuestas campañas de desprestigio en su contra. Enemigos y objetivos deliberadamente definidos con la suficiente imprecisión, como para que los que planean las políticas y los que las tengan que ejecutar hagan literalmente lo que les plazca, cuando lo deseen, sin enfrentar consecuencias ni responsabilidades: una carta blanca incompatible con un Estado democrático. 

Pero si semejante desvarío se reitera una y otra vez con cada cambio de gobierno (esperando las circunstancias propicias para volver a imponerse) es -por un lado- por la débil reacción de las fuerzas políticas democráticas que no defienden los consensos alcanzados en cuatro décadas de democracia en torno a la separación sustancial entre las tareas propias de la defensa nacional (encomendadas a las FFAA), y las de la seguridad interior, a cargo de las fuerzas federales y provinciales respectivas. Consensos que se expresaron en las Leyes 23554 (del gobierno de Alfonsín) y 24059 (del gobierno de Menem), que ahora Milei soslaya con sus decretos.

Y por otro lado -y esto es menos señalado- por la resistencia interna de las FFAA (o al menos buena parte de ellas) de abandonar de una vez y para siempre la doctrina de la seguridad nacional acunada por la última dictadura militar para ceñirse al rol que les asigna la Constitución, que es el de defender a la nación y su pueblo de las agresiones externas de otros Estados, y defender la soberanía nacional e integridad territorial de nuestro país. 

De un gobierno que regala con el RIGI nuestros recursos naturales -incluso y sobre todo, los de valor estratégico- empobrece a nuestro pueblo, destruye nuestro entramado productivo y desmantela nuestras capacidades de desarrollo científico y tecnológico no puede esperarse otra cosa que el intento de reducir a nuestras instituciones militares al rol de policía de sus propios ciudadanos, en lucha contra enemigos invisibles o gaseosos, pero inermes frente a las amenazas concretas y reales que se ciernen sobre nosotros, como la potencia colonial que perpetúa el latrocinio de parte de nuestro territorio nacional en Malvinas.

Pero acaso sobrevaloramos la profundidad de la "reconversión democrática" de nuestras fuerzas armadas (del mismo modo que lo hicimos con el consenso democrático), o simplemente se trate de que unos cuantos vivos dentro de ellas tratan de prenderse en negocios vinculados al equipamiento y gastos militares, como lo hacen las fuerzas de seguridad en parecidas circunstancias como la "guerra contra las drogas". De hecho este gobierno ha sido pródigo en escandaletes de corrupción en las cúpulas militares que ellos mismos designaron.

Tuits relacionados: 

Segunda vez que un gobierno modifica la reglamentación de la ley de defensa nacional del gobierno de Alfonsín para violar su espíritu. El anterior fue Macri. Las dos veces ante el silencio estruendoso de la UCR. Por qué será que no sorprende. Los herederos de las felices pascuas.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 20, 2024

Jeñal idea ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas para involucrarlas en cosas como el terrorismo o el narcotráfico justo cuando explotaron varios casos de corrupción en sus altos mandos.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 20, 2024

O sea exactamente lo mismo que hacían los milicos con la excusa de la subversión. En esencia, la vuelta de la doctrina de la seguridad nacional con otro nombre.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 20, 2024

"El ejército es un león al que debe tenerse enjaulado para soltarlo solo el día de la batalla. Y los barrotes son la ley y los reglamentos". Lo dijo San Martín, uno que prefirió exiliarse antes de aceptar que su ejército se usara para la represión de sus compatriotas.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 20, 2024

Si el gobierno quisiera en serio combatir el terrorismo, abandonaría ya su política exterior de seguidismo obsecuente de Estados terroristas como Israel y Estados Unidos, que no han hecho más que multiplicar la existencia del terrorismo en el mundo, o usarlo como en Siria.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 20, 2024

DIRECTIVAS CLARAS

 

En el Boletín Oficial del lunes pasado se publicó el Decreto 457 (completo acá), por el cual el presidente aprueba la actualización de la "Directiva de Política de Defensa Nacional" en el marco de la Ley de Defensa; es decir el documento por el cual se fijan los objetivos y misiones del Ministerio de Defensa en tanto mando civil, y de las Fuerzas Armadas en su conjunto, en tanto instrumento militar de la defensa nacional.

El año pasado comentábamos en ésta entrada como el gobierno del "Frente de Todos" y con la vuelta del "Chivo" Rossi a Defensa había ido retomando para las Fuerzas Armadas el rol que nunca debieron abandonar, y del cual los había sacado la deriva macrista, por hacer seguidismo de las hipótesis de conflicto trazadas por el Pentágono para la región, bajo la doctrina de las denominadas "nuevas amenazas". Así también se retomaron los decretos reglamentarios de la Ley 23554 de Defensa Nacional dictados durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

La actualización de la "Directiva" va en el mismo sentido, y es interesante tomarse el trabajo de leer el documento (que en un anexo de 39 páginas integra el decreto publicado el lunes); porque allí se plantea un análisis de la situación internacional y regional en términos estratégicos, políticos y económicos, la inserción de la Argentina en ese contexto, las posibles amenazas que deberían prepararse para conjurar sus Fuerzas Armadas y los roles complementarios al específicamente militar que éstas están llamadas a cumplir, entre otros temas abordados. Nosotros nos tomamos el trabajo de destacar algunos párrafos salientes, a saber:

"Para potencias medias como la REPÚBLICA ARGENTINA, evaluar detenidamente el desenvolvimiento de tensiones en torno de rutas comerciales y recursos estratégicos resulta impostergable, toda vez que las condiciones de explotación que se fijen pueden afectar su seguridad y la viabilidad de sus proyectos de desarrollo económico-social. Resulta fundamental, en consecuencia, que la REPÚBLICA ARGENTINA pondere adecuadamente la situación de grandes espacios territoriales efectiva o potencialmente provechosos en materia de recursos naturales, teniendo en cuenta la situación en el ATLÁNTICO SUR y el régimen jurídico internacional aplicable al SECTOR ANTÁRTICO ARGENTINO en virtud de la plena vigencia del Tratado Antártico. Los referidos cambios económicos han revitalizado la puja por los recursos naturales estratégicos y por el control de las rutas de comercio que transportan dichos recursos desde sus zonas de extracción hacia las de producción y consumo. La demanda mundial de agua dulce, petróleo, gas, minerales y alimentos, entre otros bienes escasos, se vislumbra como potencial fuente de conflictos entre Estados.".

" Asimismo, es crucial desarrollar una clara perspectiva sobre el valor estratégico de los recursos minerales del país, en particular sobre los modos de explotación, desarrollo tecnológico-productivo e incorporación de valor agregado relacionados con el litio, cuyas reservas se ubican en el denominado “Triángulo del Litio” entre la REPÚBLICA ARGENTINA, la REPÚBLICA DE CHILE y el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (donde se concentra más del OCHENTA POR CIENTO (80 %) de los depósitos conocidos en el mundo). Asimismo, detentan una importancia fundamental las reservas hidrocarburíferas, entre las cuales se destaca el yacimiento de Vaca Muerta, segundo más importante del mundo en recursos no convencionales de gas y cuarto en recursos no convencionales de petróleo.". 

"El campo económico-comercial se presenta decididamente multipolar, con una marcada traslación de Occidente a Oriente en términos de dinamismo económico y capacidad industrial-comercial. La dimensión transnacional, por su parte, se presenta compleja y multiforme, en un contexto de vulnerabilidades significativas para los Estados nacionales como consecuencia de la permeabilidad de sus fronteras en tiempos de creciente globalización y digitalización de los vínculos comerciales, financieros y sociales. Un escenario global con las características descriptas implica importantes desafíos para la estrategia de defensa de un Estado mediano como la REPÚBLICA ARGENTINA. El principal reto en un contexto de fragmentación, fluctuación e inestabilidad consiste en encontrar un balance provechoso entre la cooperación mutuamente beneficiosa con los actores globales que controlan el acceso a recursos y la capacidad de definir y proteger autónomamente los intereses del país. Es en este último terreno donde la política de defensa nacional adquiere un rol preponderante.".

"El grado de descoordinación actual a nivel regional no puede ser endilgado a un único factor. Ha jugado un papel relevante en tal sentido el proceso de polarización generado por los cambios de signo político en varios países de AMÉRICA DEL SUR en los últimos años. En este marco, y dado que la Zona de Paz regional continúa vigente, en tanto que no existen expectativas creíbles de recurso a la fuerza militar para la resolución de conflictos entre países suramericanos, la REPÚBLICA ARGENTINA debe desplegar toda la energía que esté a su alcance para construir vínculos más estrechos, profundos y positivos en materia de cooperación en Defensa. La región suramericana cuenta con una dotación de recursos energéticos y naturales no renovables comparativamente superior a la existente en otras zonas del mundo.".

"Entre otros datos significativos detenta aproximadamente el SEIS POR CIENTO (6 %) de la población mundial, el TRECE POR CIENTO (13 %) de la superficie cultivada del planeta y el VEINTIUNO POR CIENTO (21 %) de los bosques naturales del mundo. A la vez, se erige como un área relevante en la distribución hídrica mundial, puesto que concentra más de la cuarta parte del agua dulce del planeta. Las reservas hidrocarburíferas se han visto incrementadas recientemente a partir de descubrimientos que han tenido lugar en el litoral marítimo brasileño y por la posibilidad de explotar los amplios yacimientos de hidrocarburos no convencionales en la REPÚBLICA ARGENTINA. Asimismo, América Latina se ha consolidado como la segunda región con mayor dotación de recursos hidrocarburíferos, solo detrás de Medio Oriente, a la vez que es la región con la mayor cantidad de especies, ecorregiones y biodiversidad marítima del mundo. En este contexto, la estructuración del Sistema de Defensa de la REPÚBLICA ARGENTINA y su dependiente INSTRUMENTO MILITAR, siempre en el marco de su Misión Principal y del posicionamiento y actitud estratégica defensiva, deberán contemplar esta tendencia del escenario internacional en sus previsiones estratégicas.".

"En lo que representa un avance institucional y presupuestario para el sector de la Defensa, la REPÚBLICA ARGENTINA ha decidido comprometer un significativo esfuerzo fiscal para la modernización del equipamiento y tecnología a través del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado por la Ley N° 27.565. Esto no solo resulta relevante para la defensa efectiva del territorio soberano y para el desarrollo nacional, sino también para mejorar la cooperación y los estándares de interoperabilidad con nuestros vecinos. La contribución presupuestaria del FONDEF busca revertir, paulatina pero sostenidamente, décadas de deterioro de las capacidades materiales, con el objetivo de alcanzar mayor capacidad de disuasión y de control soberano del territorio; afianzar la producción industrial para la Defensa; impulsar la cooperación tecnológica regional e internacional; mejorar las condiciones de seguridad y las condiciones laborales de las fuerzas; fortalecer los vínculos estratégicos existentes y propiciar la creación de otros similares.".

"En el caso de la REPÚBLICA ARGENTINA, desde la restitución del régimen democrático en el año 1983, el arco político entero ha rechazado la militarización de la seguridad pública, acuerdo explícitamente plasmado en las coincidencias interpartidarias que desembocaron en la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554. Por tanto, se deja en manos del Poder Judicial y las distintas fuerzas de seguridad la prevención, investigación y control de estos delitos. Esta decisión se debe a un fuerte consenso democrático respecto de establecer un límite claro entre el aparato de Defensa y el de Seguridad. Independientemente de las cuentas pendientes en materia de lucha contra el narcotráfico, el largo compromiso en no utilizar a las Fuerzas Armadas como instrumento para estos fines ha significado que su formación profesional no se vea comprometida por la participación en misiones no acordes a su naturaleza, instrucción y doctrina. A su vez, ello ha evitado los riesgos para la vida de civiles que resultan de introducir al aparato militar en el terreno de la seguridad doméstica.".

"Con relación a los espacios multilaterales vigentes a nivel continental con injerencia sobre el área de defensa, se destaca la presencia de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) y la JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA (JID). Se observa en la OEA una reducción de sus funciones de coordinación multilateral e invitación al diálogo, limitándose en sus más recientes acciones a proveer legitimación para sanciones impuestas a ciertos Estados de la región. Con relación a la JID, la REPÚBLICA ARGENTINA ha mantenido una posición crítica respecto de su rol y funciones como ámbito de cooperación continental para el sector de la Defensa. En primer lugar, porque esa instancia exhibe una estructura anacrónica, que no refleja la institucionalidad democrática imperante y propicia solo el contacto entre instancias militares, dejando de lado el diálogo entre los representantes políticos y civiles a cargo de la conducción de los respectivos aparatos de Defensa. En segundo lugar, porque su diseño institucional, prácticas y posturas insumen recursos que no han generado un impacto positivo acorde con las necesidades e intereses de la región.".

"En consecuencia, el Sistema de Defensa Nacional se orienta estructural y organizativamente hacia la disuasión de potenciales agresiones externas por parte de fuerzas armadas de otros Estados, siguiendo lo dispuesto por la Resolución 3314 (1974) de la Asamblea General de las NACIONES UNIDAS y el consenso político interpartidario plasmado en el plexo normativo construido para el sector de la Defensa en democracia (compuesto, entre otras normas, por la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, sus respectivas modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 727/06). Por lo tanto, queda fuera de la órbita del Sistema de Defensa Nacional, ya sea en sus aspectos doctrinario, de planeamiento y adiestramiento, así como también de producción de inteligencia, toda cuestión atinente a la seguridad interior.".

"En este sentido, la política de defensa nacional debe evitar el problema histórico de la reproducción acrítica y descontextualizada de concepciones de empleo y doctrinas que reflejan, por un lado, los intereses y la mirada de potencias extranjeras y por el otro, realidades geopolíticas diferentes a las que imperan en AMÉRICA DEL SUR. En efecto, del mismo modo que a mediados del siglo XX se replicaron con resultados desprofesionalizantes las prácticas contrainsurgentes de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y desde fines de ese mismo siglo se procuró en diversas oportunidades el abordaje de las denominadas “nuevas amenazas”, actualmente el riesgo de la importación de doctrinas se proyecta hacia la denominada “guerra híbrida” y sus múltiples variantes. Partiendo de estas premisas, los objetivos fundamentales y permanentes de la política de Defensa argentina son: proteger la vida y libertad de sus habitantes; salvaguardar la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la Nación; preservar su integridad territorial y resguardar sus recursos y objetos de valor estratégicos.".

"La protección de los recursos naturales, contenidos en la definición más comprehensiva de recursos estratégicos, constituye un aspecto medular en la formulación de la actitud estratégica defensiva de la REPÚBLICA ARGENTINA. Siguiendo lo establecido por el artículo 2° de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional y el artículo 1° del Decreto Reglamentario N° 727/06, asegurar la disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables localizados en el territorio nacional es una forma tangible de materializar los intereses vitales de la Nación. Deben planificarse las capacidades y doctrinas acordes para proteger los espacios y recursos estratégicos ante la potencialidad de un ataque militar estatal externo, sobre todo aquellos que revisten una importancia fundamental para el desarrollo socioeconómico y el sustento de la población, la producción agrícola e industrial, el transporte a través del territorio nacional y la generación de energía. Sin expectativas de conformar una lista exhaustiva, en esta categoría deben considerarse: las cuencas hidrocarburíferas; las áreas fértiles cultivables que conforman el núcleo del circuito productivo agropecuario; las cuencas hidrográficas de superficie (ríos, lagos, lagunas, esteros y campos de hielo) y aguas subterráneas; las áreas de producción minera y la biodiversidad protegida por su interés científico y tecnológico.".

"Se deberán llevar a cabo todos los procesos necesarios de evaluación exhaustiva para propiciar la incorporación e institucionalización de la experiencia obtenida a partir del masivo despliegue de las FUERZAS ARMADAS en torno de las tareas de apoyo en el contexto de la pandemia de COVID-19 (“Operación General Manuel Belgrano”). Deberán ser identificados los aciertos y errores cometidos, así como las limitaciones logísticas experimentadas y las necesidades materiales y de capacitación para subsanarlos. Este proceso deberá nutrirse también de las experiencias de otros países con el fin de fomentar la incorporación de mejores prácticas e incentivar la interoperabilidad en casos de operaciones de apoyo a la comunidad nacional y/o de otros países, especialmente en AMÉRICA DEL SUR.".

COINCIDENCIAS CONSPIRATORIAS

En un par de semanas las autoridades de la provincia de Mendoza pasan de esbozar ideas de independencia, a reclamar ayuda urgente del Estado nacional frente al colapso de su sistema de salud por la pandemia. Duhalde reaparece para denunciar que no habrá elecciones el año que viene porque habrá un golpe de Estado, copa las primeras planas, radios y canales, para luego alegar demencia y desaparecer por donde vino, sin que nadie le pregunte nada más.

La cuenta del Ejército en las redes sociales homenajea "a caídos en la lucha contra la subversión" hasta que la entrada es bajada -como el cuadro de Bendini- por orden del Ministerio de Defensa dos días después. Carrió reaparece diciendo que gobierna el país desde su cama, y llamando a la desobediencia civil. Le pide a la Corte que se involucre en el conflicto de poderes entre el Senado y la justicia, para salvar a los jueces del "law fare" puestos a dedo por Macri.

El Senado se apresta a remover a esos jueces, o hacerles cumplir el procedimiento previsto por la Constitución para su designación, y algunos de ellos -los que fueron con amparos a la justicia, que se los rechazó- se ausentan deliberadamente de las audiencias públicas donde debían exponer. buscando refugio en un recurso extraordinario en la Corte Suprema; que podría desarticular toda la maniobra con un solo fallo, si quisiera.

El Congreso de la Nación -la Cámara de Diputados, para ser más precisos- se convierte en un reality show de la oposición que insiste hasta el contagio en sesionar en forma directa, y va con un amparo a la justicia para anular la sanción de la ley de emergencia turística, preparando el terreno para cuestionar la legitimidad de la que realmente les preocupa, más incluso que la reforma judicial: el impuesto a las grandes fortunas.

Aparecen contagios entre los diputados "rebeldes", y los demás se niegan a hisoparse, siguiendo elementales normas sanitarias, las mismas que desoyeron para insistir en no sesionar en forma remota. En ese estado le proponen al gobierno un pacto político a 30 años, en un país en el que no se sabe que puede pasar mañana.

Con diferencia de pocos días, el gobierno cierra los canjes de deuda con los acreedores bajo ley extranjera y los de bonos emitidos con ley argentina, con porcentajes casi totales de adhesión. El presidente dicta un DNU declarando servicios públicos esenciales a los servicios de Internet, cable y telefonía celular y congela sus tarifas. Finalmente aterriza en el Congreso el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que pagarán solo los 12.000 argentinos más ricos. Los contagios y las muertes por la pandemia siguen creciendo, pero el gobierno ya piensa en "el día despues", y trata -con suerte dispar- de imponer otra agenda pública.

De las supuestas sueltas masivas de presos, asesinos y violadores, pasamos a las tomas de tierras, reales o imaginarias. Se culpa a los movimientos sociales, a la Cámpora y al Papa. Surgen encendidos defensores de la propiedad privada, pero Lázaro Báez no puede volver a su casa a cumplir la prisión domiciliaria y el Estado no puede garantizar que lo haga, porque lo impide un piquete de chetos de un country que pueden convivir perfectamente con narcos y lavadores de dinero ilegal, con tal que no estén asociados al kirchnerismo. O manifestarse en contra de la reforma judicial en defensa de la independencia de los jueces, pero montar una pueblada VIP, para impedir que se cumpla un fallo.

Berni y Frederic interrumpen su numerito de dúo Pimpinella discutiendo por las tomas y las políticas de seguridad para posar juntos y junto al presidente y al gobernador de Buenos Aires, en el anuncio de un plan de seguridad para el conurbano. A los tres días, estalla un motín policial de la bonaerense presuntamente por reclamos salariales, pero que se prolonga aun después de anunciados aumentos, incluyendo una batucada de patrulleros en la madrugada, frente a la casa del gobernador y su familia. Casi al mismo tiempo se confirma la aparición del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, y crecen las sospechas de que el lugar donde hallaron sería un cementerio clandestino de la bonaerense.   

En el gobierno nacional aducen estar sorprendidos por la sedición, pese a que lúmpenes totales como Florencia Arietto y Alejandro Biondini la anticiparon días antes en las redes y en los medios. Conspicuos manifestantes anticuarentena queman barbijos en el obelisco y Clarín se las ingenia para echarle la culpa a la Cámpora, basado en una única fuente: trolls macristas de Twitter.

Conforme crecen los contagios y las muertes, mientras desde la nación se desliza que "se podría apretar el botón rojo" y volver a la cuarentena más estricta, Perotti lo hace en el sur de la provincia y surgen rebeliones de comerciantes y otros rubros afectados, pero también de irresponsables intendentes, presidentes comunales o legisladores que los respaldan. Una 125 de contagios, 12 años después. Los rebeldes responden al llamado de Carrió a la desobediencia civil, o al revés: el orden de las factores no altera el producto. Todos quieren ser como Larreta, el que abre los bares, es todo un desconche, pero sigue en la meseta. 

¿Se trata acaso todo lo reseñado de una sofisticada conspiración urdida desde vaya uno a saber donde, en la que todas las piezas encajan, o una simple coincidencia de hechos que se disparan en un contexto propicio, con actores comunes en más de uno, personajes siempre prestos a aprovechar cualquier circunstancia, para llevar agua para su molino?

Políticos irrelevantes electoralmente, policías bravas mal avenidas con la democracia, medios y empresarios dueños de esos medios afectados por el DNU de las tarifas, por el impuesto a las grandes fortunas o por ambas cosas a la vez, sectores de la sociedad que siguen sin aceptar el resultado de las últimas elecciones, y dirigentes opositores impresentables, que sienten que deben responder a ese trauma psicológico, con actitudes borderizas con el golpismo.

Con o sin miradas conspirativas, un clima político enrarecido y de creciente tensión social e institucional, con "juego brusco" antidemocrático de los que perdieron, en el cual los que ganamos, tenemos todo para perder. Cuando con diferencia de horas proscriben a Correa y a Evo Morales (éste víctima de un golpe que comenzó con un motín policial), no debemos perder de vista que  en la Argentina fuimos capaces de construir una salida electoral al desastre macrista; y eso es intolerable para determinados intereses. Intereses que quieren instalar una sensación de caos y de vacío de poder para medrar, como hicieron siempre.

Pero nosotros no podemos dejarlos que la instalen, con reñideros en público, funcionarios comentaristas de la realidad sobre la cual deben actuar, o "advirtiendo" que harán tal o cual cosa, o tomarán tal o cual medida, llegado el caso; borrándose en el mientras tanto. Tampoco con el presidente diciendo que la cuarentena no existe, mientras llama a la sociedad a cuidarse para evitar los contagios: el mejor remedio a la instalación de la idea de vacío de poder, es ejercerlo en plenitud; que para eso nos votaron.

RETOMANDO LA SENDA CORRECTA

Con casi nula repercusión mediática, o con bastante menos de la que correspondería a un tema de tal envergadura, apareció publicado hoy en el Boletín Oficial el Decreto 571, que deroga sus similares nros. 683 y 703 del 2018, dictados por Macri; reimplantando a su vez la vigencia de los Decretos nros. 727 y 1691 del 2006 (de Néstor Kirchner) y 1714/09 y 2645/14 de Cristina. (El decreto completo acá).

Lo que supone en la práctica el decreto es abandonar las normas impuestas por Macri respecto a la misión de las Fuerzas Armadas, y los lineamientos de la "Directiva de Defensa Nacional" que aprobó durante su gobierno, para volver a las que rigieron en los tiempos del kirchnerismo.

Eso supone restablecer la plena vigencia de la legalidad, separando claramente las tareas propias de la defensa nacional (que competen a las FFAA como instrumento armado de la nación para esos fines), de las de seguridad interior. Y al mismo tiempo establece una doctrina clara y precisa para el instrumento militar, vinculado a su rol específico en la defensa del orden constitucional, la soberanía nacional y la defensa de la integridad territorial del país; frente a posibles ataques exteriores por parte de otros Estados, con sus propias fuerzas armadas.

En su momento nosotros analizamos acá los decretos de Macri en ésta entrada y en esta otra, señalando como vulneraban las leyes de Defensa Nacional 23554, Seguridad Interior 24059 e Inteligencia Nacional 25520; que es precisamente lo que señalan ahora los considerandos del decreto; cuando por ejemplo afirma que "...alterando ostensiblemente el criterio demarcatorio que separa la Defensa Nacional de la Seguridad Interior, el Decreto N° 683/18 omitió que la escisión de estos campos deviene del tipo y/o naturaleza de la amenaza, concluyendo que, como consecuencia de la evolución del entorno de Seguridad y Defensa, resultaba necesario establecer nuevos roles y funciones para cada una de estas instancias, lo que contraviene el sólido consenso normativo y doctrinario alcanzado desde la recuperación de la democracia en el año 1983.".

Y sigue el decreto: "Que siguiendo la voluntad del legislador al sancionar la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554, y recuperando la conceptualización de “agresión” definida por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS en su Resolución N° 3314 (XXIX) del año 1974, el Decreto Nº 727/06 estableció que “debían rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación “nuevas amenazas”, responsabilidad de otras agencias del Estado organizadas y preparadas a tal efecto”."

"Que el mismo Decreto Nº 703/18, en abierta contradicción con lo prescripto por la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, establece al universo de las denominadas “nuevas amenazas” como hipótesis de empleo del Instrumento Militar, al fijar en su Capítulo II (Posicionamiento Estratégico de la REPÚBLICA ARGENTINA en materia de Defensa), punto d. (Impacto de la criminalidad transnacional), que las FUERZAS ARMADAS podrían ser empleadas en apoyo de estrategias tendientes a enfrentar problemáticas como “la desarticulación de redes delictivas vinculadas al narcotráfico, la piratería, la trata de personas y el contrabando”, así como para “prevenir la expansión del terrorismo transnacional”.

"Que por lo expuesto, el mencionado Decreto N° 703/18, al establecer como hipótesis de empleo de las FUERZAS ARMADAS al conjunto de las denominadas “nuevas amenazas”, pone en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta como el Instrumento Militar que se encuentra funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales.". (las negritas son nuestras)

Como muchas decisiones de la administración de AF, esta también demoró entre su anuncio (allá por el mes de enero) y su concreción, pero es preferible tarde que nunca; sin que pueda pensarse que la demora obedeció a la pandemia. Acaso haya que asociar el momento en el cual el decreto finalmente ve la luz, con las críticas del presidente a la administración Trump en su teleconferencia de días pasados con otros líderes políticos regionales, siendo que es el gobierno de EEUU el que vino presionando a los gobiernos del continente para que adoptaran la doctrina de las "nuevas amenazas" como hipótesis de conflictos de sus FFAA, como lo hizo Macri.

Como fuere y por lo que fuere, un muy celebrado paso adelante en la consolidación de nuestra trabajosa construcción democrática, y en la fijación de un política exterior autónoma e independiente, acorde con las mejores tradiciones nacionales. 

CODO A CODO

Meses atrás y a propósito del golpe de Estado en Bolivia y las convulsiones sociales que sacudían a América Latina, reflexionábamos en ésta entrada sobre el rol de las Fuerzas Armadas en los Estados democráticos, en éstos términos: "Más allá de las disquisiciones teóricas que alguno pueda hacer sobre el origen de clase de sus miembros (en especial de las fuerzas policiales), lo cierto es que en América Latina las fuerzas armadas y de seguridad (instrumentos indispensables de todo Estado moderno, casi sin excepciones, no es esa la discusión), pese a los roles constitucionales que tienen asignados para defender las instituciones democráticas o el orden público, en tiempos en que la doctrina de la seguridad nacional de las dictaduras es revisitada bajo la forma de las “nuevas amenazas” diseñadas por el dispositivo militar de Estados Unidos, terminan siendo en la mayoría de los casos guardianes de un determinado orden político, social y económico, que puede o no coincidir con la orientación política del gobierno al cual en teoría sirven; con roles claves (repetimos, por acción u omisión) en el control de la protesta en el espacio público, la arena en la que se dirimen los conflictos en la región, casi con más frecuencia que en las urnas.

Con dispares avances en los diferentes países no puede decirse que, a la vista de los hechos, se haya avanzado mucho en la efectiva democratización de las fuerzas armadas y de seguridad, si se entiende por tal su pleno acatamiento a las órdenes de las autoridades civiles en cualquier circunstancia, y una aceptación sin fisuras de las doctrinas, objetivos y estrategias definidos para sus instrumentos armados por el poder político, incluso en leyes y constituciones: la penetración ideológica de la agenda de los Estados Unidos por diferentes vías en las fuerzas armadas y de seguridad, introduce una tensión permanente hacia su interior, pues tiende a incrementar su pulsión (que viene de los tiempos de las dictaduras) a operar con agenda propia, desvinculada de la que fijan los gobiernos elegidos por los pueblos. Y cuando ambas agendas entran en conflicto, por regla general atienden sus propias prioridades, más allá de sus obligaciones legales o constitucionales.

Y en circunstancias críticas como las que está viviendo Bolivia, esa “doble dependencia” o “doble comando” (el formal legal por un lado, el real conceptual por el otro) hace crisis, y los resultados son más o menos previsibles: que un gobierno sea ungido por los votos no quita que en determinadas circunstancias deba sostener su legitimidad mediante el uso legítimo de la fuerza monopolizado por el Estado, pero si no tiene un control político efectivo sobre el instrumento que lo debe desplegar (sean las fuerzas armadas o de seguridad), se verá amputado de una parte esencial de sus facultades, y corre el riesgo de ingresar en zona de inestabilidad permanente, o caer.

Lo cual no es poco en un contexto en que los Estado nacionales (más allá de la orientación política de sus circunstanciales gobiernos) ven restringida su capacidad de decisión soberana por el peso del endeudamiento, y adoptan o les son impuestas políticas de desregulación del flujo de inversiones o los movimientos de capitales que los ponen a tiro de los “golpes de mercado”, con eficacia desestabilizadora más poderosa que un regimiento de tanques desplegado en la calle; y en el que los grupos económicos más grandes acumulan un poder efectivo mayor que el de muchos de esos propios Estados.

Sumemos a eso la prédica disolvente, golpista y antidemocrática de conglomerados de medios hegemónicos que representan los intereses de las fracciones más concentradas del capital y obran en consecuencia socavando la legitimidad de los gobiernos electos cuando no les responden, los poderes judiciales reproduciendo comportamientos de casta que los aíslan de la sociedad mientras vehiculizan estrategias de “law fare” para intervenir decisivamente y con un sentido bien definido en las disputas política, y servicios de inteligencia que travesaron indemnes años de democracia operando con agenda y conexiones propias; y tendremos un combo explosivo que mina desde adentro la fortaleza de los Estados democráticos, con tanta mayor velocidad si sus gobiernos deciden imprimirle a su gestión un rumbo hacia la ampliación de derechos de los sectores populares, lo que supone necesariamente avanzar sobre las minorías del privilegio. He allí un inmenso desafío no solo para la gobernabilidad presente, sino para la subsistencia futura de la propia democracia en América Latina que, más temprano que tarde, sus gobiernos deberán afrontar porque está en riesgo su propia supervivencia.".

La Argentina tuvo como particularidad positiva que la distinguió del contexto regional, que la enorme crisis económica y social legada por la derecha neoliberal en su expresión macrista fue zanjada en términos electorales con una contundente victoria opositora, luego de haber construido una coalición lo más amplia posible. Y desde que el gobierno así electo asumió en diciembre pasado, tuvo que atravesar múltiples dificultades, pero entre ellas, no estuvo en zona de zozobra institucional, con participación de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo pasó y pasa en Brasil.

Pero además de eso, el instrumento armado de la defensa nacional tiene (bajo la conducción del Ministerio de Defensa por Agustín Rossi) un claro sentido político: tiene que estar integrado a la sociedad civil, bajo el mando de las autoridades electas, y al servicio del pueblo como cualquier servidor público. 

Desde esa óptica y pandemia mediante, los militares (estos, los nuestros, los actuales, no los que cargan en sus espaldas con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura), reparten alimentos, montan hospitales móviles y cocinas de campaña, fabrican alcohol en gel y barbijos, van a buscar argentinos varados en el exterior, se suman a toda la logística de los operativos necesarios en el marco de la cuarentena, en síntesis: no están por fuera de la sociedad o al costado de ella, sino codo a codo, aportando lo suyo para que salgamos todos juntos adelante, en un momento difícil.

Y eso, mal que les pese a algunos antimilitaristas bobos o algún despistado que recela de la actitud de los hombres de armas porque "les permite relegitimar el día de mañana su rol represivo" y paparuladas por el estilo, es, en términos de construcción democrática, una excelente noticia; que merece celebrarse. Sin modificar un ápice lo dicho en su momento acá, en cuanto a las tareas pendientes para desandar el camino transitado por el macrismo, respecto al rol de las Fuerzas Armadas, o en todo caso: se lo está haciendo en la práctica, con hechos.

MEJOR QUE DECIR ES HACER

Ultimamente nos hablamos encima demasiado seguido, en palabras de Verbitsky, y esta vez no le podemos echar la culpa a Cafiero: https://t.co/k9GKRKP7QP

— La Corriente K (@lacorrientek) February 24, 2020

El jefe de gabinete dice que después de junio no descartan aumentar tarifas, y el presidente tiene que salir a desementirlo. El ministro de Transporte hace lo mismo, pero después. obligando a otra desmentida presidencial.

El propio presidente dijo lo que dijo en un acto de las Fuerzas Armadas, y debió pedir disculpas, ante la justificada crítica de algunos referentes en materia de derechos humanos, pero en su disculpa vuelve a hablar de "inconductas": como bien señala acá Oscar Cuervo, a cuyas palabras nos remitimos por compartirlas plenamente, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no fueron "inconductas", ni fueron "de algunos", ni hay que dar vuelta ninguna página; sino simplemente hacer justicia.

Se anuncian medidas que "están en estudio", "se analizan" o "no se descartan", como la suba de las retenciones a la soja, o el recorte de la coparticipación a la CABA; pero como si se sondearan las reacciones, previsiblemente adversas en determinados sectores, que son los afectados: el gobierno porteño, las patronales del campo.

Y entonces las medidas -la mayoría de las veces, justas, adecuadas y necesarias- caen en un limbo del cual no se sabe cuando saldrán, o si saldrán algún día. Y todo a puro desgaste para el gobierno, operado desde los medios, cosa que cualquiera sabe que pasará aunque nadie abra la boca, con más razón si lo hace y -en palabras de Verbitsky- se habla encima.

No vale después quejarse de tergiversaciones, recortes maliciosos o, lisa y llanamente, "fake news", porque deliberadamente se eligió de entrada concentrar las energías en otras cosas (o al menos eso se dijo), y no dar esa pelea, la de la disputa por el sentido. El tiempo dirá si fue un acierto, o un tremendo error.

Acaso el problema sea que nos estemos pasando de rosca con los gestos de "moderación" para volvernos "presentables" para determinados sectores, suponiendo que lograremos su benevolencia, o por lo menos evitar su enemistad manifiesta. Hay como cierta obsesión por mostrar que "volvimos distintos, y mejores", sin que nunca terminemos de saber bien en qué distintos, o como y cuanto mejores, y quien lo tiene que medir.

Y no es que acá despreciemos la importancia de las gestualidades en política, o el valor de lo simbólico: simplemente es que creemos que de ese modo estaremos más cerca (una vez más) de abrir la boca y meter la pata, y tener que recular.

Un ejemplo, o dos, para ilustrar: en lugar de quejarnos por la voracidad de los formadores de precios que siguen aumentando sin cesar artículos de consumo básico de la canasta familiar, o pedirle a la gente que se involucre en "Precios Cuidados" y se lo apropie y lo haga suyo, sería preferible ver (además de todo eso) medidas concretas tomadas con el peso del poder institucional del Estado, para ir contra los que se quedan con buena parte del salario de los trabajadores.

O ¿qué mejor modo de celebrar que la casi totalidad de los miembros actuales de nuestras Fuerzas Armadas hicieron sus carreras íntegramente en democracia, que firmar de una buena vez la derogación de los decretos de Macri que modificaron la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional que venía del gobierno de Néstor Kirchner, y que modificaron la Directiva Nacional de Defensa adoptando la doctrina yanqui de las "nuevas amenazas" como hipótesis de conflicto, o permiten su intervención en cuestiones de seguridad interior?

Porque cabe recordar que su derogación se anunció hace más de un mes, y aun no se ha concretado. Y conste que no volvemos sobre el asunto de los presos políticos o "detenidos arbitrariamente", porque entendemos que está suficientemente claro.    

En fin, como dijimos hace poco acá y a propósito de las tarifas de los servicios públicos, "...atengámonos estrictamente al programa electoral votado por la mayoría, por el cual ganamos, y nos irá bien. A nosotros y a los argentinos...".

Es decir, hagamos, gobernando, y después hablemos, explicando lo que hicimos y por que lo hicimos, aunque a algunos no les guste, así como a otros (de adentro) no les gusta que  se señalen las cosas que se entienden equivocadas. O como dijo uno que de esto sabía: mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar.

Tuits relacionados: 

Estas son las consecuencias de exacerbar la pretensión de gobernar sin conflictos, o pretender que simplemente se resuelven o desaparecen por un acto unilateral de voluntad.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 24, 2020

En ese momento celebré ese dato. De aquí en más, no deberemos analizar si alguno de nuestros oficiales participó de las sistemáticas violaciones de derechos humanos que fueron parte del genocidio que padeció nuestra Patria entre 1976 y 1983.

— Alberto Fernández (@alferdez) February 24, 2020

Hablé también de las inconductas de muchos oficiales que en el pasado fueron parte de ese perverso accionar. Esas inconductas fueron delitos atroces que determinaron horribles e imperdonables padecimientos a miles de personas.

— Alberto Fernández (@alferdez) February 24, 2020

Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia.

— Alberto Fernández (@alferdez) February 24, 2020

No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina.

— Alberto Fernández (@alferdez) February 24, 2020

UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

Leemos en El Cronista que sería inminente la firma por Alberto Fernández del decreto que deroga al Decreto 721/16 de Macri que, modificando a su vez uno de Alfonsín, les devolvía a los comandos de las Fuerzas Armadas que éste último les había sacado en los tiempos de la restauración democrática, para producir designaciones en cargos militares de jerarquías intermedias, cambios de destino, bajas y retiros obligatorios, ascensos a suboficiales, licencias y resolución de reclamos contra las sanciones disciplinarias.

El decreto de Macri lo comentamos en su momento en ésta entrada, señalando que "En el caso de los militares el decreto de Macri retrocede peligrosamente en el piso común de nuestra construcción democrática colectiva desde la dictadura, y más allá del signo político de los gobiernos de turno; como ya lo había demostrado al introducir la "ley de derribo" en la emergencia en seguridad, tornando borrosa la frontera entre la defensa nacional y la seguridad interior, y volviendo a comprometer a las fuerzas armadas en ésta última.

Los riesgos de la autonomización de las fuerzas armadas del poder político -de por sí serios en cualquier circunstancia- se agravan cuando se los mira en el contexto de los drásticos cambios que el gobierno está introduciendo en la política exterior y sus alineamientos internacionales; lo que incluye una activa "cooperación" con las agencias de seguridad de los EEUU, desde la DEA al FBI, pasando por el Pentágono y el Comando Sur.".

A casi cuatro años de distancia, huelga decir que la cuestión tiene una acuciante actualidad, tanto que hace poco y a propósito de los acontecimientos de Bolivia, Chile y Ecuador, desarrollábamos en extenso en éste otro posteo la preocupación por el hecho de que los gobiernos democráticos de la región (incluido el nuestro) debían adoptar las diligencias del caso para asegurarse un efectivo control político de sus fuerzas armadas, como elemento de estabilización democrática. 

De confirmarse la noticia, sería un primer e importante paso en la dirección correcta del nuevo gobierno para desandar el camino emprendido por el macrismo en la relación entre el poder democrático y las fuerzas armadas, en un momento crucial. No es casual que Alberto Fernández parezca dispuesto a darlo cuando ha confiado en Agustín Rossi la conducción del Ministerio de Defensa, conociendo lo que piensa el "Chivo" en estos asuntos.

Restarán después, si el decreto se firma, otros que vayan desmontando la estructura jurídica armada por el macrismo para convertir a nuestras Fuerzas Armadas en meros apéndices de la estrategia de política exterior de los Estados Unidos para la región (fuente de muchas de sus convulsiones políticas), y comprometerlas en tareas de seguridad interior, rompiendo en éste aspecto el consenso democrático trabajosamente construido desde 1983.

Así por ejemplo habrá que derogar los Decretos 683 y 703 del 2018, que modificaron el Decreto 727/06 de Neśtor Kirchner, que reglamentaba la Ley 23.554 de Defensa Nacional; y los Decretos 1691/06, 1714/09 y 2645/14 firmados por el propio Néstor y por Cristina en sus dos mandatos, fijando la "Directiva de Defensa Nacional", es decir los roles asignados al instrumento militar de la defensa nacional y sus posibles hipótesis de conflicto, y organización funcional.

Con esos decretos Macri modificó la "Directiva de Defensa Nacional", fijando nuevas hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas, y permitiendo su participación en tareas de seguridad interior. En sus momento ambos decretos de Macri fueron analizados en ésta entrada, y en ésta otra.

Y además el gobierno tendría que derogar la Resolución 1531/19 del Ministerio de Defensa cuando lo conducía (y lo chocaba) Oscar Aguad, por la cual se modificara el organigrama de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, vaciando de contenido y funciones al Estado Mayor Conjunto: ver mas información al respecto, acá.     

O sea, seguir en relación con las Fuerzas Armadas el mismo camino ya iniciado en relación con las fuerzas de seguridad federales, derogando los "protocolos" de la gestión Bullrich; y con la intervención a la AFI para reorganizar los servicios de inteligencia: reconquistar para el poder civil, representado por el gobierno electo por el pueblo, el gobierno pleno de instrumentos que tienden a autonomizarse y seguir su agenda propia, en desmedro de la calidad democrática y el normal funcionamiento de las instituciones.

BROCHE DE ORO

Leíamos en Infobraden: "Si bien recién tomó estado público en el día de hoy, la resolución 1531/19 firmada por el ministro de Defensa Oscar Aguad le pone el broche de oro a la reestructuración funcional de las fuerzas armadas que pergeñó la administración macrista, a partir de la nueva reglamentación de la ley de defensa nacional implementada a partir de los cambios introducidos al decreto 727/06 mediante los decretos número 683 y 703/18." 

"El extremadamente acotado marco que el llamado “decreto Garré” daba al concepto de “amenaza exterior” fue sustancialmente ampliado, pasándose de considerar que solo una agresión proveniente de un ejército regular extranjero podría habilitar el empleo de las fuerzas armadas, a un criterio mucho más amplio en el que amenazas tales como el terrorismo internacional, el narcotráfico, los ciberataques y la defensa de objetivos estratégicos para el país, son materia de competencia militar con distintos grados de involucramiento y nivel de acción que preservan el principio doctrinario de uso del poder de fuego militar en cuestiones de seguridad interior."

"La reestructuración de la orgánica militar que acaba de entrar en vigor comenzó a elaborarse hace varios meses, pero recientes manifestaciones de posibles candidatos a ocupar cargos ministeriales y que apuntan a sostener por ejemplo que “El terrorismo Islámico no es un tema de preocupación para Argentina” junto a otras que refieren a un eventual retiro de las tropas del Ejército acantonadas en las zonas calientes de la frontera norte del país, encendieron las alarmas en los altos mandos castrenses que sostienen que sería una torpeza dar marcha atrás con lo mucho que se ha hecho en procura de contener buena parte de las llamadas “nuevas amenazas”." (las negritas son nuestras)

No debiera sorprender que el escriba de temas castrenses en el diario de Hadad sea alguien que defiende las posturas más reaccionarias en la materia, y que abogue permanentemente por la independencia de las Fuerzas Armadas del poder político: de lo contrario escribiría en otro lado, y no en el diario formado en las canteras del carapintadismo.

Lo insólito es que haya alguien que considere que puede existir cosa tal como un “broche de oro” a la calamitosa gestión de Oscar Aguad en el Ministerio de Defensa, aunque en realidad esto último estuvo de más: nada que se le confíe a Aguad puede no terminar en un resultado calamitoso. Como el ARA San Juan, sin ir más lejos.

Tras su paso por el luego disuelto Ministerio de Comunicaciones al solo efecto de vehiculizar los negocios de Clarín y desguazar la ley de medios, el “Milico” fue a Defensa con el solo propósito de satisfacer los reclamos de los uniformados por recuperar el terreno que perdieron con el kirchnerismo en términos de autonomía política, estratégica y operacional (y algunos negocios, como no); y para alinear al instrumento militar con los objetivos políticos de la administración Macri, que no fueron otros que el seguidismo obsecuente de las definiciones estratégicas de la política exterior de los Estados Unidos.

Que pasan por fortalecer su presencia en la región para hacerle frente a la creciente influencia de China y Rusia, controlar ideológica y conceptualmente a las fuerzas armadas de los países que la integra, y tenerlas a la mano como herramientas nuevamente disponibles para incluso interrumpir procesos democráticos cuando estos decantan en una dirección que no es la prevista o deseada por el Gran Hermano del norte, como acaba de pasar en Bolivia.

En ese marco, no pudo ser más desafortunado que en estos tiempos en la Argentina gobernara Macri, y que su ministro de Defensa fuese Aguad, dos tipos consustanciados con la ideología procesista, aunque se empeñen en disimularlo y pasar por democráticos. Porque la doctrina de las “nuevas amenazas” cuya implantación en nuestras Fuerzas Armadas celebra el cronista es una creación del Comando Sur del ejército yanqui, y no es otra cosa que la versión remixada de la “doctrina de la seguridad nacional”, la tristemente célebre directiva estratégica que siguieron las dictaduras militares del continente en los años 60’ y 70’, con su terrible secuela de autoritatismo y violaciones masivas a los derechos humanos.

Los cambios que introdujeron Macri y Aguad en ese contexto a lo que Morales llama “el decreto Garré” (Decreto 727/06 de Néstor Kirchner, en realidad) fueron analizados en ésta entrada y en ésta otra. Y lo que sucedería ahora es que una resolución ministerial pondría en línea con esos cambios la organización interna de las FFAA, vaciando de funciones al Estado Mayor Conjunto en beneficio de los comandos operacionales de cada fuerza.

Una decisión muy discutible incluso en términos estrictamente militares (en tanto dificulta la capacidad operativa conjunta de las fuerzas), pero que además contribuye a debilitar aun más los lazos de las FFAA con el poder político, como ha sido el norte de la gestión que se está yendo, justo cuando esa relación está en entredicho en toda América Latina, con los funestos resultados que estamos viendo, y analizábamos en ésta otra entrada.

Otro aspecto más de la pesada herencia que le deja el macrismo al gobierno de Alberto Fernández, que según todo indica contará como ministro del área con Agustín Rossi; precisamente porque esas circunstancias críticas hacen más necesario que nunca reafirmar el pleno mando del poder político institucional, sobre el instrumento armado de la defensa nacional. Es decir, volver a hacer lo que hizo Néstor en su momento, mal que les pese a los nostálgicos del carapintadismo que escriben en el diario de Hadad.

Y hacerlo es una necesidad de primerísimo orden, que no tiene que ver con la orientación de la política de defensa nacional (o al menos, no es ése el objetivo excluyente), sino con la preservación misma del proceso democrático, y la plena vigencia de las instituciones de la Constitución, que consagra al presidente de la nación como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Menuda tarea le espera al “Chivo”, pero por algo lo eligieron.