LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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martes, 1 de febrero de 2022

FRACTURA EXPUESTA

 

A propósito de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FDT, muchos se preguntan si será el principio de la fractura del actual oficialismo, aunque en la propia nota el renunciante diga que permanecerá en el bloque, claro que con el sugestivo añadido de que lo hace "para facilitar la tarea del presidente y su entorno". 

No es la primera disidencia pública entre los miembros del Frente, ni el primero con apellido Kirchner que las hace públicas: mucho antes de la derrota en las PASO del año pasado fue la propia Cristina la que lo hizo en varias oportunidades, en actos públicos y en posteos que se viralizaron desde sus redes sociales. El anuncio del acuerdo con el FMI (que detonó la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque) fue una más de tantas decisiones del gobierno que causaron revuelo al interior del oficialismo; claro que la más grave de ellas, por sus consecuencias estructurales a futuro.

Tal como lo señala acertadamente el tuit de Artemio de la apertura, el Frente viene desperfilado desde su mismo origen, con una contradicción creciente entre volumen electoral propio, y peso en las decisiones del gobierno. A la hora de las que son más cruciales (más allá incluso que en la propia conformación del gabinete), el presidente ha elegido recostarse en el PJ Capital (perdedor sempiterno y acostumbrado de elecciones), y el Frente Renovador massista: el "albertismo" (que hasta llega a imaginar sueños de reelección) podrá no terminar de nacer, pero en la práctica funciona sostenido en esos dos pilares, para definir el rumbo general del gobierno.

Entre esos dirigentes -por diferentes razones, que pueden incluso coincidir tácticamente- muchos coquetean con la idea de una Moncloa criolla, en la que se logren ciertos acuerdos con la oposición "en políticas de Estado a largo plazo". La mirada del kirchnerismo al respecto, en cambio, no es tanto más agonal, como sí más realista: si algo demostraron estos dos años intensos, es que no es posible acordar nada con la oposición "real", a menos, claro está, que se adopte su programa abandonando el propio, con el que se ganó la elección del 2019.

Y aquí radica el nudo del problema: cuando Larreta habla de formalizar en pactos "la Argentina del 70 %" está llamando -con otras palabras- a construir un país sin kirchernismo, o en el que éste quede reducido a una fuerza simplemente testimonial, sin capacidad de incidir en sus destinos. Y a no pocos socios actuales del Frente de Todos -que jamás hicieron la autocrítica que le piden al kirchnerismo- les seduce esa idea; tan inviable en términos reales como la idea del gorilismo de construir, después de 1955, una Argentina en la que el peronismo -simplemente- no hubiera existido.

Torpes intentos (ambos) de desconocer las leyes básicas de la representación política, según las cuales los distintos sectores e intereses que existen en una sociedad demandan ser expresados políticamente, y mientras esa demanda no sea satisfecha, todas las alquimias que se intenten serán vanas: en política algo deja de existir solo cuando carece por completo de sentido, aun en términos simbólicos. 

Hay quienes han dicho por estas horas que lo que trató de hacer Máximo con su renuncia es preservar precisamente el capital simbólico del kirchnerismo, y con él, su base electoral, y es muy posible que sea cierto. Aun así, han hecho mucho más por preservar el caudal electoral del FDT él o Cristina con sus posicionamientos críticos en público, que el gobierno y sus medidas erradas que condujeron a la derrota electoral (porque perdimos, recordemos) el año pasado.

Antes que las fracturas -más o menos expuestas- entre los dirigentes del actual oficialismo nacional, deberían preocuparnos (y preocuparlos, en especial al presidente y el gobierno, que tienen los instrumentos de gestión) la fractura en la base electoral que se nucleó para derrotar al macrismo en el 2019. Los seis millones de votos fugados desde entonces a las PASO del año pasado -levemente recuperados en la general- deberían decirle mucho más que cualquier crítica pública de Cristina, Máximo o quien sea, por más duras que parezcan. Más si esas crítica son merecidas. 

El presidente no tuvo nunca más capital político propio que haber sido el elegido por Cristina para encabezar la fórmula, y no solo no lo ha acrecentado, sino que parece empeñado en horadarlo. Y hace rato que está girando en descubierto sobre el capital político de quien lo nominara, afectando así los intereses del conjunto. No puede esperar que CFK o Máximo permanezcan cruzados de brazos frente a esa realidad.

Eso sin contar que ni él presidente ni la mayor parte de su entorno tienen autoridad moral para cuestionar presuntos quiebres de la unidad funcionales al crecimiento de las expectativas electorales de una derecha que -como se dijo acá- está ya hoy en condiciones de volver a ganar las elecciones y regresar al gobierno. 

Y no la tendrán por más que intenten reescribir la historia del 2015 echándole la culpa del triunfo de Macri al "voto desgarrado" de los críticos de Scioli y no al 21 % de Massa que dividió entonces al "panperonismo; y si nos venimos más acá, en tiempos macristas, al armado del "randazzismo" y la colaboración como "oposición razonable") con protagonistas que se repiten en todos los casos.

Hay en ese discurso, que busca en las disidencias internas del Frente el origen de los problemas que están causados por la gestión de gobierno y sus resultados, un paralelismo en patetismo con el macrismo saliendo a reescribir la historia del endeudamiento, o los radicales fingiendo demencia sobre todos los estropicios económicos de los gobiernos de los que fueron parte.

sábado, 6 de octubre de 2018

FALTA GENTE EN LA FOTO


La imagen corresponde a la convocatoria conjunta que hicieron ayer el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) y el Movimiento Sindical Rosario (MSR), que nuclean a gremios agrupados a nivel nacional tanto en la CGT, como en las dos CTA, para rechazar el presupuesto nacional enviado por Macri al Congreso.

En ambos nucleamientos sindicales hay una amplia representación de sindicatos de trabajadores estatales y privados, que participaron activamente del último paro general de la CGT, movilizando en Santa Fe y en Rosario, y que vienen militando en todas las instancias contra el programa económico del gobierno nacional, y su correlato en el presupuesto nacional.

Los convocados fueron los diputados nacionales por Santa Fe, para pedirles que voten en contra del presupuesto armado por el gobierno con el FMI, que contiene el ajuste imprescindible para garantizar el pago de la deuda, y otras bestialidades, como un nuevo saqueo al Banco Nación; motivo por el cual todos sostienen el cartel.

Santa Fe tiene 19 diputados nacionales, de los cuáles 9 corresponden a la alianza gobernante "Cambiemos", quienes por razones obvias no asistieron a la convocatoria: van a levantar sus manitos para aprobar el presupuesto enviado por el gobierno.

En la reunión y en la foto hay 8 diputados nacionales opositores, a saber, del bloque FPV/PJ Agustín Rossi, Silvina Frana, Marcos Cleri y Josefina González, Lucila Deponti del Movimiento Evita y Alejandra Rodenas y Alejandro Ramos, que integran bloques unipersonales, pero vienen votando en el Congreso en sintonía con el bloque mayoritario del peronismo.

También aparece Luis Contiggiani, el diputado que ingresó por el Frente Progresista el año pasado pero luego rompió para armar su propio bloque, a raíz de su posición contraria a la legalización del aborto.

Si hicieron bien las cuentas, estarían faltando dos diputados, presuntamente opositores: Alejandro Grandinetti y Vanesa Massetani, de la alinaza "1UnPaís" de Sergio Massa.

Un Massa que en su reaparición por los medios de esto días dijo en varias oportunidades que el presupuesto "así como está" es un mamarracho invotable, y lo mismo repitió su jefa de bloque Graciela Camaño.

La pregunta es: ¿sus diputados en Santa Fe no fueron porque van por la libre y apoyan el presupuesto, estamos ante otro caso de "opositor en la tele, oficialista en el Congreso" y el massismo terminará votando el presupuesto con algunos "retoques" intrascendentes, es simplemente un problema de protagonismo?

Komo saverlo, ¿no?  

martes, 19 de junio de 2018

OTRA VEZ SOPA

lunes, 18 de junio de 2018

TARDE PIARON, MUCHACHOS


Leemos en La Política Online sobre la preocupación que hay en algunos sectores de la oposición por la decisión del gobierno de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (FGS) a partir del acuerdo con el FMI, comenzando con vender las acciones que tiene en empresas privadas.

Entre los preocupados, está Diego "Sanguchito" Bossio, en la foto con De Mendiguren del massismo, que sostiene que al votar la "reparación histórica" a los jubilados se había estipulado que la misma se atendería con los recursos de blanqueo, y si estos no alcanzaban, se discutía una reforma al sistema previsional para ver como se lo financiaba.

Tiene mala memoria el muchacho: la Ley 27.260 (que además de la "reparación" contuvo el blanqueo de capitales, su verdadero propósito) estableció en su artículo 28 incisos a) y b) lo siguiente: "ARTÍCULO 28. — A los fines de obtener los recursos necesarios para el Programa se establece que:

a) El pago de las sumas previstas en el artículo 6°, a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que hayan homologado judicialmente acuerdos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) bajo el Programa establecido en la presente ley, podrá ser atendido con lo producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) creado por el decreto 897/07 y modificatorios. En el caso que lo producido sea insuficiente para atender el pago de las sumas previstas en el artículo 6° podrá disponerse la realización de activos, lo cual deberá ser informado a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social;

b) Asimismo, lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) creado por el decreto 897/07 y modificatorios, podrá ser aplicado mensualmente al pago de la diferencia entre:

i. Los haberes reajustados en cada caso particular en virtud de los acuerdos individuales con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) homologados judicialmente bajo el Programa establecido en la presente ley y,

ii. Los haberes que cada beneficiario del Programa hubiera percibido en caso de no haber arribado a un acuerdo en los términos del Programa, a cuyos efectos podrá disponerse la realización de activos, lo cual deberá ser informado a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social. "  (las negritas son nuestras)

Lo mismo se puede decir respecto a la venta de las acciones, pero peor: la misma ley (votada, reiteramos, por Bossio y De Mendiguren, entre otros) en su artículo 35 dispuso la derogación de la Ley 27.181, sancionada en 2015 por el Congreso durante el gobierno de Cristina, para impedir la venta de las acciones de la ANSES en esas empresas, sin autorización del mismo Congreso con mayoría agravada.

Como pueden ver siguiendo el enlace a éste post en el acta respectiva de la sesión de Diputados, entonces votaron en contra del "cepo" al desguace del Fondo de ANSES no solo los actuales oficialistas, sino el Frente Renovador (massismo), el socialismo y hasta Alcira Argumedo, por entonces en Proyecto Sur; mientras otros "progres" como Claudio Lozano o De Gennaro y los diputados de la izquierda se abstuvieron.

Ahora parecen estar arrepentidos, pero ya es tarde para llorar por la leche derramada, o por el Fondo vaciado: ustedes les dieron las herramientas, y las excusas, al votar la "reparación histórica".

viernes, 23 de marzo de 2018

LA SUERTE ENTRE GITANOS



Decíamos acá esta misma semana respecto al tratamiento del “mega DNU” de Macri por el Congreso: “Veamos si no lo que está pasando con la catarata de DNUS dictados por Macri desde que asumió: es tan cierto que Ley 26.122 exige para que sean dejados sin efecto que los rechacen ambas cámaras del Congreso, como que si toda la oposición se uniera con ese fin lo conseguiría, y allí no hay veto presidencial posible; como en las leyes.

Y sin embargo en 27 meses ni uno solo de los bandos presidenciales fue dejado sin efecto; y la explicación es una sola: hay sectores de la oposición (el "peronismo federal" de Pichetto y los gobernadores, el Frente Renovador al menos hasta hace muy poco) que nunca han manifestado la menor intención de hacer que los decretos se traten en el Congreso, para rechazarlos de plano. Las razones se han señalado más arriba.

Exactamente eso es lo que está pasando ahora con el "mega DNU" emitido por Macri a principio de año, según da cuenta esta nota de La Política Online: la "oposición responsable" sigue negociando punto por punto de un paquete de "leyes correctivas", como si de semejante mamarracho sin sentido pudiera corregirse o rescatarse algo. En los 192 artículos del DNU no hay nada urgente, ni necesario, ni oportuno, no es cuestión de depurar dos o tres artículos irritantes: no sirve para nada, solo para que el gobierno haga negocios.

Y los hechos posteriores no hicieron sino darnos la razón: en la sesión del miércoles el gobierno logró darle media sanción a los tres proyectos de “leyes correctivas” con la decisiva complicidad del bloque de “Sanguchito” Bossio y los gobernadores, quienes luego también participaron de la maniobra para dejar al sesión sin quórum, cuando debía tratarse el rechazo del DNU.

Para que se entienda: sin la participación necesaria (en términos delictuales) del bloque del “peronismo dialoguista”, “Cambiemos” no puede garantizar en Diputados el quórum para sesionar, ni la mayoría para aprobar los proyectos.

Por si quedaban dudas de que el “peronismo federal” (en breve, lanzado desde Gualeguaychú) cogobierna, las disiparon levantándose de sus bancas para posibilitar que la burda maniobra de dejar vivo el Dnu hasta tanto se aprueben las leyes correctivas contaba con su anuencia: no fueron “engañados”, digamos.

Antes de todo eso y advertido de cómo venía la cosa, Agustín Rossi propuso al Frente Renovador (massismo) levantarse y provocar la caída de la sesión porque se necesitaban los dos tercios de los votos para alterar el orden del día, luego de haber planteado que primero se votara el rechazo del DNU.

Pero Graciela Camaño se negó, y de ese modo también facilitó la maniobra de “Cambiemos”, aunque luego votara en contra en la votación de una de las tres “leyes correctivas”, y se abstuvieran en las otras dos. Massa rosquea con Randazzo, Alberto Fernández y Felipe Solá se acercan al kirchnerismo pero no fueron a San Luis porque la foto daba demasiado K, ¿vieron? y en el Congreso al massismo lo conduce Camaño, o sea: un verdadero cambalache. 

Quedan expuestas así claramente expuestas las distintas posturas con las que “los peronismos” enfrentan no ya la acción legislativa, sino al gobierno de Macri: desde el cogobierno abierto (por lo menos en cuanto a las responsabilidades políticas concierne) del “peronismo federal” hasta la oposición frontal del kirchnerismo y sus aliados, pasando por la actitud zigzagueante del massismo.

Nada nuevo que no se viera antes, por ejemplo cuando se trató la reforma previsional (allí el voto massista fue contrario, pero el “peronismo dialoguista” acompañó aportando al quórum y levantando las manos); lo cual indica que las tendencias expuestas llegaron para quedarse; y nada indica que vayan a modificarse en lo inmediato. En espejo, el pichettismo apoyaba en el Senado la reforma a la ley de los mercados de capitales que está íntimamente conectada con mantener vivo el mega DNU, que posibilita a la ANSES crear fideicomisos financieros con “la plata de los jubilados”.

No sea cosa que dentro de un tiempo nos enteremos que en este lapso desde que fue dictado ya se lanzaron algunos, con el asesoramiento del invalorable “Toto” Caputo, cuya presencia en el Congreso -dicho sea de paso- para explicar sus vínculos con fondos de inversión que compraron papeles de la deuda argentina fue pospuesta, en acuerdo de todas las ramas del oficialismo parlamentario: PRO, UCR, Coalición Cívica y “peronismo dialoguista”.

Precisiones que es imprescindible hacer en estos tiempos, en los que se discute la estrategia opositora de cara a las elecciones del año que viene; y abundan los pedidos de exclusión del kirchnerismo en general y de Cristina en particular, de la construcción de una alternativa electoral: a la oposición la tienen que definir los que se oponen al gobierno, no los que actúan como oficialistas, porque de lo contrario -como ha dicho Cristina- estamos en presencia del intento por armar una “oposición de diseño”, a la medida de las necesidades del gobierno. Al paso que vamos, Cristina pasará de ser la mejor candidata, a ser la única con vocación de competir, si así lo deseara.

Esa funcionalidad objetiva, concreta y real de buena parte del PJ con los planes de Macri contrasta paradójicamente con el hecho es de que muchos “autocríticos” y “postkirchneristas” acusan a Cristina y al kirchnerismo de ser funcionales a las estrategias de “Cambiemos”, mientras -por decir algo- el único diputado que ingresó por la lista de Randazzo en la provincia de Buenos Aires aportó al quórum cuando el gobierno lo necesitaba, votó las tres “leyes correctivas” del DNU y se fue junto con los legisladores de “Cambiemos” cuando la maniobra era hacer caer la sesión, para evitar el rechazo del decreto.

Entonces -como diría Perón- no hay que andar echándonos la suerte entre gitanos, ni perder el tiempo en ciertas discusiones inútiles sobre los alcances y los límites de la unidad, con determinados interlocutores que tienen menos ganas de oponerse a Macri, que el presidente de trabajar.

Aunque el panorama parezca desolador (y a simple vista ciertamente lo es) de cara al 2019, no perder de vista que si bien la convergencia de los dirigentes es muy importante, la de los posibles votantes opositores al proyecto político que gobierna el país desde diciembre del 2015, lo es mucho más; y a ellos es a los que hay que seducir.

Y algo nos dice que, sin tener la certeza de números o encuestas que lo confirmen, la intuición es que por abajo la cosa está menos desperdigada de lo que sugiere el panorama del Congreso; y que hay más “colaboracionismo cómplice” entre ciertos sectores de la dirigencia del PJ, que en su propia base electoral.

miércoles, 20 de diciembre de 2017

DE NUEVO A LAS ANDADAS


Los resultados de las elecciones de octubre le mostraron al massismo que la "ancha avenida del medio" se angostaba devorada por la polarización, y que la estrategia de hacer "oposición responsable y constructiva" no daba frutos; menos cuando el gobierno de Macri dejaba en claro que profundizaba el rumbo de un ajuste impopular.

De allí su cambio de estrategia en el Congreso (coincidente con la salida de escena de Massa, que se quedó sin banca), que lo hizo converger con el kirchnerismo en alguna estrategia común contra la reforma previsional; conducida en el recinto por Graciela Camaño. Claro que lo espantoso del proyecto oficial ayudó para emblocar en su contra a mayor cantidad de opositores, para ser justos.

Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que volvieran a las andadas: en la madrugada de hoy se votó la reforma tributaria impulsada por Macri, que es mucho peor aun que la previsional; porque es una especie de "bomba racimo" que desparrama proyectiles para todos lados.

A saber: permite el revalúo impositivo y contable a las empresas para aliviarles la carga de Ganancias, las premia con una baja de 10 puntos en la alícuota del impuesto si en lugar de distribuir dividendos los reinvierten (aunque sea comprando LEBAC´s, como advirtió Kicillof ayer), rebaja los aportes patronales beneficiando a las grandes empresas en perjuicio de las Pymes (inmediatamente después de haber votado una rebaja en términos reales de las jubilaciones con el argumento de que el sistema no es sustentable), grava con Ganancias a las cooperativas, termina con la autarquía del ENARD privándolo de los fondos que le llegaban directamente del impuesto a la telefonía celular, y aumenta la carga impositiva sobre los monotributistas; sumándose así a la mayor presión que se va a verificar el año que viene en Ganancias para los trabajadores; a los que además el proyecto aprobado les grava con el impuesto las indemnizaciones por despido y los retiros voluntarios.

No obstante tales extremos (o precisamente por ellos) y como se puede ver en la imagen de apertura, el massismo se abstuvo en la votación, en lugar de rechazar el proyecto. Recordemos que también en su momento avalaron la rebaja y eliminación de retenciones, con la excepción de las mineras a las que por supuesto nadie defiende, salvo los gobernadores de la provincias cordilleranas.

En un punto se entiende: estando De Mendiguren en sus filas no podía esperarse que se opusiera a una reforma que aprueba muchas de las medidas contenidas en el pliego de demandas de la UIA y de la cúpula empresarial argentina, buena parte de la cual (empezando por Techint) había apostado en su momento a la candidatura presidencial de Massa, y aportó a su campaña.

En el transcurso del debate de ayer bastaba ver -y contrastar- el contundente discurso de Axel Kicillof llamando a las cosas por su nombre, con la exasperante tibieza de Marcos Lavagna; que expresaba hasta donde está dispuesto a llegar el massismo cuando están en juego los intereses de las grandes empresas: una cosa es asumir discursivamente la defensa de los jubilados, la otra es oponerse a los financiadores.

Esa es -lamentablemente- la cruda realidad y esos son los límites de la "ancha avenida del medio", que no habilitan el discurso tribunero de Massa (lejos, lo peor del massismo) diciendo que "Macri gobierna para los ricos"; cuando sus diputados en el recinto no se animaron a levantar la mano contra esos ricos, cuando se los beneficia rebajándoles impuestos.

Lejos de ser un inconveniente para el massismo en sí, lo expuesto lo es para el conjunto de la oposición; porque la construcción de una alternativa política competitiva de cara al 2019 requiere mucho más que una eficaz convergencia en la acción en el Congreso (de por sí dificultada con éste tipo de actitudes), sino más bien una previa discusión sobre cuáles son los intereses que se desean representar polìticamente, y cual es el proyecto polìtico que ha de impulsarse en consecuencia.

martes, 4 de julio de 2017

OTRA BURRADA DE MASSA, Y VAN...


Sobre el proyecto presentado en Diputados por el Frente Renovador para regular el funcionamiento del expendio de combustibles en el mercado interno, leíamos ayer en El Cronista: “La idea primordial de la nueva normativa es evitar la integración vertical y brindar una mayor libertad a los dueños de estaciones de servicio. El proyecto surgió el año pasado, tiene el número 5419 en la Cámara baja y está firmado por legisladores nacionales del massismo, como Liliana Schwindt, Azucena Ehcosor, Horacio Alonso, Monica Litza y Carlos Selva, y la kirchnerista Emilia Soria. Lo impulsan la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), que agrupa a los dueños de estaciones de servicio, junto al Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE), que conduce Carlos Acuña, uno de los tres jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Aunque algunas petroleras ya plantearon inquietudes y propuestas para retocar el proyecto, la más perjudicada será YPF. El artículo 3 de la norma establece: "Las empresas petroleras, distribuidoras mayoristas o importadoras de combustibles para uso automotor que operen como proveedoras de comercializadores mayoristas o minoristas sólo deben realizar ventas de combustibles a consumidores directos hasta 15 % de sus ventas totales en el mercado interno".

En la práctica, una fuente del sector explicó que este punto toca de lleno el negocio Downstream (refinación y comercialización) de YPF, ya que los obligaría a dejar su red propia de estaciones de servicio, Opessa, o abandonar las ventas mayoristas al transporte público.” (las negreitasd son nuestras))

Tal como se advierte en la misma nota, el proyecto es -por decirlo suavemente- un completo disparate, que afecta de lleno los intereses de la petrolera estatal: su red de estaciones difundida a lo largo de todo el país es consecuencia de años de inversión (fundamentalmente antes de su privatización en los 90’), y de prosperar la iniciativa la obligarían a desinvertir desprendiéndose de activos, y disminuyendo sensiblemente su facturación (de la cual más del 60 % proviene de ese segmento), sus ingresos genuinos y su flujo de caja.

Lo que afectaría sus resultados operativos (agravándolos más aun por encima de los muy malos números que exhibe desde que gobierna Macri), y en consecuencia su posibilidad de financiar inversiones para sostener y ampliar la producción de gas y petróleo sin endeudarse, y sin depender exclusivamente de las ventas de petróleo, gas y combustible al mercado exterior; cuestiones todas a tener en cuenta precisamente cuando el macrismo esté tratando de vaciar a YPF a fuerza de sobre-endeudarla,, y haciendo caer las ventas en el mercado interno como consecuencia de sus políticas económicas.

Por otro lado el proyecto tampoco garantizará que haya una mayor competencia que provoque una baja en los precios de los combustibles al público: de hecho y aun con aumentos, los de YPF siguen siendo los más bajos del mercado, justamente como consecuencia de su integración vertical (que el proyecto propone desmembrar) en toda la cadena de producción, refinación y comercialización, desde el pozo hasta el surtidor.

Como se dijo, una operación de carnicero en lugar de una regulación inteligente de la cadena de comercialización, que opere sobre los márgenes de rentabilidad de sus diferentes eslabones para no perjudicar en exceso a los estacioneros, ni a los consumidores en los precios finales; pero tampoco a la petrolera manejada por el Estado nuevamente desde el 2012.

Uno de los efectos positivos de la expropiación dispuesta durante el gobierno de Cristina fue justamente que YPF recuperar su cuota de abastecimiento al mercado interno (aun por debajo de sus niveles históricos) y sus niveles de facturación por esa vía, para financiar con recursos propios un plan de inversiones que permitiera aumentar la producción.

Si el proyecto prospera y no aparece nuevos jugadores en el mercado (algo poco posible, por el nivel de inversión que se exigiría, pues YPF tampoco regalaría los activos de los que se debería desprender, a menos que esa sea justamente la idea), las principales beneficiadas serán sus principales competidoras; que podrían perfectamente subir sus participaciones actuales en ese segmento del mercado, y aun así estar dentro del nuevo tope que se impondría: Axion y Shell, agradecidas, ni Aranguren se atrevió a tanto.

Lo curioso es que no hubo un proyecto similar del bloque de Massa para regular otras situaciones de posición dominante en el mercado como las de Techint, Aluar, Acindar, Arcor o Molinos Río de La Plata: por el contrario, y en relación a estos últimos casos prefirió salir a juntar firmas para conseguir que baje el precio de los alimentos.

De más está decir que tampoco presentó  ningún proyecto similar contra los bancos que resisten desprenderse de Prisma (la empresa que maneja el comercio electrónico en el país), o contra Telecom. o el Grupo Clarín por la reciente fusión de la telefónica con Cablevisión para controlar el mercado de la comunicación audiovisual, la telefonía fija y móvil y la prestación de servicios de Internet.

Por algo será.

miércoles, 30 de noviembre de 2016

NO A LA VENTA DE HUMO A CIELO ABIERTO


Ojalá nos equivoquemos y la realidad nos termine desmintiendo, pero la discusión que se abrió en el Congreso por los cambios en Ganancias es muy posible que termine en nada, sea por el choque de egos entre los que están más interesados en ver quien se lleva el rédito del tema (hola, Massa), o por la imposibilidad de armonizar los proyectos en danza, sobre todo en lo tocante a las fuentes de financiamiento alternativas que cubrirían el bache fiscal que esos cambios dejen,

Repasando la cobertura de los medios, se observa un panorama similar al del blanqueo: las estimaciones de lo que puede llegar a significar en plata corregir el mínimo no imponible, las alícuotas, las deducciones y las escalas oscilan entre los 27.000 y los 100.000 millones de pesos; lo que obviamente influye en la viabilidad de los proyectos y de las fuentes de financiación que se estarían analizando.

Así se habla de gravar al juego, los contratos del dólar futuro, la "renta financiera" (léase plazos fijos) o las utilidades devengadas por las LEBAC's y el punto en el que todos en la oposición parecen coincidir: reimplantar las retenciones a la minería; esas que ahora todos parecen haber descubierto que estaban porque el kirchnerismo las había puesto (con una alicuota del 5 %, es cierto), luego de años diciendo que las mineras "no pagan ningún impuesto y obtienen ganancias extraordinarias".

Cosa que es cierta (lo de las ganancias), pero que en el caso de los impuestos viene por el lado del "régimen de estabilidad" fiscal heredado del menemismo, la Ley 24.196 de 1993, con vigencia por 30 años, o sea hasta el 2023. Régimen por el cual incluso algunas mineras fueran a la justicia vía amparos y cautelares para no pagar siquiera ese 5 % de retenciones a las exportaciones que les impuso el kirchnerismo, y lo lograron.

Ahora bien, suponiendo que tal obstáculo no existiese y fuese posible gravar la actividad (desde deseable lo es) con Ganancias (o para ser más precisos, que ciertos gastos de la misma dejen de ser 100 % deducibles del impuesto), no hay estimaciones sobre lo que podría llegar a recaudarse por esa vía; pero en el caso de las retenciones derogadas (con alícuota del 5 %) los cálculos oscilan entre los 3200 y los 5000 millones de pesos: a menos que se fije una alícuota muy superior y resulte viable en términos legales, estamos lejos de lo que se estima sería el costo de los cambios en Ganancias.

A lo que hay que añadir que la eliminación del 5 % de retenciones a las exportaciones mineras lo dispuso Macri mediante el Decreto 349/16 (completo acá); dictado en uso de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo a través del Código Aduanero (Ley 22.415,, artículo 755).

En consecuencia y como todos los actos que el PE emita en ese marco (por ejemplo eliminar las retenciones a las mineras, reimplantarlas o subirlas) está sujeto al control del Congreso, en el marco del mismo procedimiento que establece la Ley 26.122 que reglamenta el trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU); cuestión ya explicada en su momento en éste blog para el caso de la rebaja o eliminación de retenciones a las exportaciones agropecuarias (Decreto 133, ver acá), industriales (Decreto 160, ver acá) y a las sedas, lanas, hilados, tejidos y algodón (Decreto 361, ver acá). 

Otro tanto sucede con el ajuste del mínimo no imponible de Ganancias, otro de los temas en discusión ahora: decíamos acá que es una facultad delegada por el Congreso al PE a través de la Ley 26.731, que Macri ejerció en su momento mediante el Decreto 394; que en la práctica significó que más activos y pasivos pasen a pagar el impuesto. 

A que vienen todas estas reflexiones: a que si el massismo (que es el que más cáscara viene haciendo con el tema Ganancias) tuviera la real intención de hacer algo más que humo y buscar fuentes de financiamiento concreto para la rebaja de la presión tributaria a los salarios a través del impuesto en su cuarta categoría, bien podrían haber forzado el tratamiento de todos los decretos delegados que eliminaron o rebajaron retenciones en la Comisión Bicameral que controla los DNU (donde tiene la llave para desempatar a favor del gobierno o de la oposición): tumbándolos, conseguía recursos de sobra para financiar los cambios, sin perjuicio de buscar luego otras fuentes como el juego o la renta financiera.

Pero no sólo no lo ha hecho -es más: ni siquiera lo intentó- sino que aportó sus votos en el Congreso para derogar a través de la Ley 27.260 (la que aprobó el blanqueo) la reforma introducida en el 2013 en Ganancias por el gobierno de Cristina para gravar la distribución de dividendos empresariales, "renta financiera" que estaba disponible y gravada.

PD: Mientras tanto sobre el mismo tema y en la sección "Declarando en pija" de ayer, lo tenemos a Alfonso:

jueves, 19 de mayo de 2016

LA PELOTA ESTÁ EN EL OTRO CAMPO


De no mediar sorpresas de último momento y tal como daban cuenta en la previa los medios, finalmente la Cámara de Diputados dará sanción a la ley anti-despidos, aprobando el texto tal cual venía del Senado. Según se cuenta acá tendría unos 123 votos a favor del Frente Para La Victoria y otros bloques, y los diputados del interbloque de "Cambiemos" se abstendrían en la votación; aunque aun votando en contra no les darían los números para rechazar el proyecto, sin el apoyo del Frente Renovador (a propósito: al subir éste post se desconocía la postura final del massismo). (*)

Se descarta que será rápidamente vetada por Macri, e incluso en éste caso también puede hablarse de un gobierno de dos velocidades: a la maniobra de corto vuelo de Pinedo y Michetti para “cajonear” la media sanción del Senado por más de una semana sin remitirla a Diputados, habrá que contrastarla con la velocidad que el texto aprobado vuela a la Rosada, en busca del veto presidencial. Por otro lado, si como jefe de gobierno vetó más de 130 leyes que apoyaron sus propios legisladores, a Macri no le va temblar el pulso para vetar una en la que se abstuvieron.

El gobierno pasará así en en horas del desafiante “apelaremos a cualquier medio para frenar la ley" de Frigerio, a la “facilitación” de la aprobación del  proyecto, para apurar el veto presidencial y evitar pagar mayores costos por la perduración del tema en la agenda de los medios.

La eficacia de la estrategia opositora (encabezada por el FPV, que sumó el apoyo de otros bloques en ambas Cámaras) no se puede juzgar desde la circunstancia de que la ley termine finalmente vetada por Macri; porque estaba claro que -fuera cual fuera el texto que finalmente se aprobara- indefectiblemente la cosa decantaba por ahí: las presiones de los empresarios para que no se instalara la doble indemnización, sumadas al hecho de que el gobierno (integrado al fin y al cabo por empresarios) tampoco comulga con ella, marcaban de antemano la alternativa del veto presidencial.

Y tampoco existía ninguna garantía de que tomándose por otro camino (por ejemplo apoyando el proyecto de Massa) se construyera en ambas Cámaras una mayoría ampliada que permitiera juntar las voluntades necesarias para rechazar un veto presidencial, que de todos modos se produciría.

De hecho, era mucho más probable que eso se lograra si -a la inversa de lo que finalmente ocurrió- Massa y sus diputados apoyaban el dictamen conjunto del FPV y el bloque Justicialista de Bossio, engrosando los números de la mayoría que respaldaba el proyecto, con el respaldo de la ya contundente que se había obtenido en el Senado, y enviándole al gobierno una señal a futuro.

Aun así, no se nos escapa que Diputados sancionó la ley con la ¿discusión? de los gobernadores con el gobierno nacional por el reintegro de los fondos coparticipables que iban a la ANSES, como telón de fondo. De allí que no extrañe que Pichetto le haya anticipado a Recalde que no podía garantizar -en caso que Diputados le hiciera cambios al proyecto- que en el Senados se volvieran a juntar los dos tercios de los votos.

No faltan incluso quienes piensan que la amplísima mayoría del Senado para aprobar originariamente el proyecto fue el modo que eligieron los gobernadores para mostrarle los dientes al gobierno, y apurar los acuerdos sobre la devolución de los fondos coparticipables. De ser así, una vez logrado el objetivo de firmar los acuerdos ¿cuál sería el incentivo de los senadores que les responden para insistir con la ley anti-despidos, y sortear el veto de Macri?

Aprobado el proyecto en Diputados y aun antes de ese veto (ni hablar si finalmente y como todo lo indica, se produce) la política ya ha hecho lo suyo, y la pelota queda exclusivamente en el campo de las centrales sindicales.

Si al menos parte de ellas (sobre todo las CGT de Moyano y Caló) deciden tragarse sus propias palabras de ir al paro en ese caso y no ejercen presión sobre Macri para que promulgue la ley, estarán esterilizando las consecuencias políticas de la rotunda movilización popular que lograron el 29 de abril.

Habrá que pensar entonces que los siempre pospuestos anuncios sobre cambios en Ganancias y la plata de las obra sociales cumplieron en relación a los dirigentes sindicales -o para ser justos, parte de ellos- la misma función que los fondos de la coparticipación para con los gobernadores: billetera mata opositor, que le dicen.

Por supuesto que la ley anti-despidos es también un botón de muestra de cómo son las cosas en el mapa político nacional: es imposible pretender gobernar desde el Congreso, no solo porque va en contra de nuestro sistema institucional (gobierna el que votaron como presidente, y mal que nos pese, es Macri); sino también por la realidad concreta de las dos Cámaras del Congreso, donde el escenario post balotaje es apto para la fragmentación, el filibusterismo legislativo, la transfugueada política y el florecimiento de los micro-emprendimientos parlamentarios; dispuestos a vender su voto al mejor postor.

Y por esas mismas razones, no menos dificultoso es intentar imponer una agenda desde el Congreso, a menos que se construyan acuerdos amplios en la oposición para sortear los previsibles vetos presidenciales, cuando esa agenda choque de frente con la hoja de ruta del gobierno.

Otra cosa distinta es la capacidad del Congreso de bloquear las iniciativas de Macri, o de tumbar sus DNU si vuelve a apelar a ellos para sortearlo: en ambos casos el resultado depende pura y exclusivamente de la actitud que asuman el conjunto de los bloques opositores; por lo menos hasta que las elecciones legislativas del año que viene no modifiquen la composición de las dos Cámaras.

En la discusión de la ley anti-despidos el FPV estuvo en el mismo lugar, en las dos Cámaras y sumando a los “disidentes” del bloque Justicialista y otros sueltos, lo que no es poco; en medio de las esquirlas que dejaron la derrota electoral y el consecuente pase de facturas.

El lugar en el que lo colocaron el 49 % de los votos del balotaje: como principal fuerza opositora; ese lugar que -por el contrario- no supieron ni quisieron ocupar muchos cuando se discutió el acuerdo con los fondos buitres; y otros (como Massa) también en la discusión de ayer.

El FPV actuó como debía, asumiendo el conflicto social (que irá en ascenso), y la representación política de los principales perjudicados por las políticas del gobierno de Macri, que son los trabajadores, en paralelo con la protesta de las centrales sindicales.

Pero tengamos en claro algo: es tan cierto que la oposición a Macri ni podemos hacerla nosotros solos, como que se hace con opositores, no con oficialistas disfrazados, como Massa; cuya estrategia de ocupar el centro del ring con guiños para todos lados terminó fracasando estrepitosamente, y acaso en el futuro deba recalcularla: o se asume sin ambages como parte del dispositivo político que sustenta a Macri, o busca acuerdos con el resto de la oposición, sin condicionamientos o peleas de cartel.

Y siendo realistas, si la conflictividad social sigue en ascenso -como todo parece indicar, dado los datos poco alentadores que está arrojando la economía- y la dirigencia sindical en su conjunto no la expresa cabalmente ni la encauza poniéndose al frente, no es mucho lo que desde la política y el Congreso se pueda hacer; aunque haya que seguir intentándolo, una y otra vez.

(*) Al final terminaron acompañando, y la votación fue de 147 a favor y 88 abstenciones, las de "Cambiemos" y el delasotismo. Nos hicieron perder 6 días al pedo por vedettismo. 

viernes, 4 de julio de 2014

NACE UN NUEVO GÉNERO HUMORÍSTICO: EL STAND UP CONSTITUCIONAL


(*)

La oposición ya baraja varias opciones tras el revés ayer en comisión de Diputados en su intento por abrir una investigación al vicepresidente y titular del Senado, Amado Boudou, por su supuesto mal desempeño de sus funciones públicas y tras el procesamiento dictado por el juez Ariel Lijo por cohecho en el marco del levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica. (es verdad: tras haberse limpiado los restos de helado de la frente, estarían pensando en pegarse un chorchazo en las tarlipes, o simplemente apretarse los dedos con una morsa. Mientras tanto, seguirían yendo a TN)
Los distintos bloques antikirchneristas de la Cámara baja se encolumnaron en este tema y no dejarán de insistir con el juicio político cada vez que haya una novedad en el expediente de Ciccone. (tienen un pequeño problemita: el mismo proyecto rechazado no lo pueden volver a presentar hasta el año que viene de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución: "Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año", y a menos que la novedad sea una condena penal definitiva y  firme, la cosa se les complica) Otra alternativa que tienen en mente es impulsar la creación de una comisión investigadora (lo que iría a otras comisiones distintas de las de Juicio Político -que ayer dio por acabado el debate contra Boudou-) así como armar una comisión informal que convoque a audiencias. (¿pero cómo no se le había ocurrido a nadie antes crear una comisión?, menos mal que están estos genios. Dejando de lado que tendría que crearlas la Cámara y no les dan los números porque necesitan los votos del oficialismo, el proyecto marcharía viento en popa) 
La denuncia ante la Justicia por encubrimiento es también otro de los caminos que piensan aplicar, en este caso, específicamente la diputada Elisa Carrió. (encubrimiento de un delito que aun no está probado por la justicia, mediante una condena firme, como exige la Constitución para desvirtuar la presunción de inocencia. Muy interesante, e innovador sobre todo, significaría modificar el artículo 277 del Código Penal y además instaurar el delito de opinión, sin ir más lejos; o violar la inmunidad de opinión de los legisladores que establece el artículo 68 de la Constitución: "Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador") "Mañana (por hoy) vamos a notificar a la OEA (perfecto, porque si era ayer, estaban ocupados escuchando a Timerman y Kicillof y apoyando el reclamo de la Argentina contra los fondos buitres) y después vamos a hacer la denuncia penal a los diputados que están encubriendo este grave delito doloso.(que la justicia aun no ha comprobado, mediante la correspondiente sentencia, razón por lo cual nunca podría haber encubrimiento; no al menos en los términos del artículo 277 del Código Penal. Y presunto delito que el juez puede seguir investigando hasta la finalización del proceso con la correspondiente sentencia condenatoria, sin necesidad de juicio político. Fijáte que lo dice la Ley 25.320, que vos votaste en el 2000, repasála.) Denuncia por encubrimiento del atentado al orden democrático" (¿encubrimiento de los delitos imputados a Boudou que son negociaciones incompatibles y cohecho, o denuncia del atentado al orden democrático?, ponéte de acuerdo che. Hay un juez actuando que lo procesó al vicepresidente ¿cuál es el atentado al orden democrático, que no lo haya linchado?), apuntó en diálogo con Infobae.
Y abundó: "Están cubriendo a alguien que cometió un delito doloso, que no estamos hablando de alguien que se robó una birome. Y dicen que no es ladrón...". (estamos hablando de alguien que dicen que cometió un delito, una pequeña diferencia) 
El Frente Renovador afirmó que insistirá con el pedido para iniciarle un juicio político al vicepresidente y adelantó que solicitará al Senado la "suspensión" del funcionario. (lo cual es un disparate porque el vicepresidente no integra el Senado, no es senador y por ende no lo puede suspender. Y tampoco podrían justamente porque el artículo 59 de la Constitución dice: "Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados", o sea que si Diputados no lo acusa, no lo pueden juzgar, ni suspender por juicio político, nabo) "Vamos a presentar un pedido de juicio político (¿y los 8 que presentaron ayer que eran, pedidos de delivery para picar algo en el recinto?) y vamos a pedir al Senado la suspensión de Boudou como medida cautelar", resaltó el diputado nacional Adrián Pérez. (llegás a decir eso en una mesa de examen de la Facultad de Derecho y, tras cagársete de risa media hora, te comés una bola que ni te cuento)
El legislador calificó como "un accionar vergonzoso" la decisión del kirchnerismo de rechazar "in limine" los proyectos que presentó la oposición en la Comisión de Juicio Político para abrirle un sumario a Boudou. (no tan vergonzoso como demostrar un desconocimiento supino de la Constitución, como funciona el Congreso y como es el mecanismo del juicio político)
En su exposición, la diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer advirtió a sus pares oficialistas que "puede no importarles tener un vicepresidente procesado por corrupción, pero creo que en poco tiempo el riesgo es tener un vicepresidente preso por corrupción". (mejor para ustedes: en ese caso no tendrán que inventar cosas extrañas, y podrán volver a pedir el juicio político, esta vez por un delito en sentido estricto, como dice la Constitución. O en todo caso tendrán que hacerlo porque así lo manda la Ley 25.320. Por las dudas, te recordamos que el propio Lijo lo procesó sin prisión preventiva, porque entendió que -aun condenado- sería procedente la condena de ejecución condicional. Una leidita al Código Procesal Penal no te vendría mal, ya parecés Massa).
Desde el macrismo, Laura Alonso acusó al kirchnerismo de "violencia, autoritarismo y falta de respeto con los diputados y con la sociedad", tras rechazar los pedidos de juicio político y aseguró que "el oficialismo demuestra que Boudou es culpable" porque "no le permitió defenderse". (ah, la famosa inversión de la carga de la prueba, un principio básico de nuestro sistema constitucional; que como sabemos además pone en manos del Congreso -y no de los jueces- decidir si alguien acusado de un delito es culpable o inocente)
"Vamos a seguir pidiendo el juicio político contra Boudou. (si es por pedir, no hay problemas; mientras esperan hasta el año que viene y junten los dos tercios de los votos de los presentes, como manda la Constitución, adelante muchacha) Esto no es golpismo ni atentar contra la democracia, sino controlar que se cumplan con los estándares constituciones" (claro, protestando porque se cumplen, y no juntaron los votos), aseguró de cara (esa metáfora Infobae, estamos hablando de Laurita Alonso) a los próximos meses. (ocho por lo menos, hasta el 1º de marzo del año que viene, que comience el nuevo año legislativo)  
Mientras que Pablo Tonelli, también del PRO, apuntó al oficialismo que "no hay violación a la división de poderes y al régimen republicano" (claro, poner en marcha el juicio político por "delito" cuando solo hay procesamiento, y el juez sigue investigando y puede hacerlo hasta dictar sentencia definitiva, sería el súmum del republicanismo) y aventuró que "se van a seguir acumulando las causa por mal desempeño del vicepresidente". (¿por mal desempeño o por delitos, por mal desempeño de su cargo de vice, ya saben lo que va a hacer Boudou presidiendo el Senado y reemplazando a Cristina de acá en adelante, y que lo va a hacer mal?)
Por su parte, Dario Giustozzi diputado del Frente Renovador aseguró que "hay sobrados elementos. Es una vergüenza lo que acaba de suceder. (es verdad: que haya tantos diputados burros que desconozcan la Constitución y las leyes, es una vergüenza) El oficialismo funcionó como reforma de la Constitución (en realidad los que pretendían eso eran ustedes, buscando que se aprobara un pedido de juicio político sin contar con los 2/3 de los votos, que exige la Constitución) eliminando el artículo que incorporó el juicio político (lo incorporó en 1853, junto con todo el resto de la Constitución, burro; y son 3, no uno: el 53, el 59 y el 60) como mecanismo para controlar la conducta de los funcionarios de alta jerarquía pero con una tijera de poder sacaron esa hoja y dijeron que no funciona más". (no: lo pusieron en funcionamiento para decir que no lo iban a habilitar en éste caso. La Constitución no dice que el juicio político es automático y basta que alguien lo pida para que se inicie, sino no exigiría los 2/3 de los votos de los presentes; desde 1853)
En tanto, Claudio Lozano diputado de la Unidad Popular destacó que "lo que hicieron fue un disparate. Lo que había que hacer es poner en marcha una comisión de investigación para evaluar si corresponde avanzar en un juicio político". (no, al menos si uno lee la Constitución en su artículo 53: "Sólo ella (la Cámara de Diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado al ...vicepresidente, ...en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, ...después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes." Si declara que no hay lugar a la formación de causa, no hay "comisión investigadora" que valga).
Ante ello expresó que "el planteo del oficialismo es totalmente contradictorio. Hace depender el juicio político para cuando terminen las causas (a lo mejor debe ser porque la Constitución en su artículo 53 dice: "por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes") pero el juicio político no juzga la inocencia o culpabilidad de carácter penal (por supuesto que no, pero los que hablan de "delito" cuando hay un simple procesamiento son ustedes) sino que tiene que ver con el desempeño del cargo porque alguien puede no ser culpable penalmente pero estar desempeñando mal el cargo y tenga sentido su desplazamiento". (sería interesante que explicaras como alguien puede desempeñar mal el cargo de vicepresidente por hechos ocurridos cuando no lo era, porque era ministro de Economía)
Y añadió que "lo lógico sería que le digan a Boudou que pida licencia porque lo que afecta la causa es que él es el segundo hombre en la jerarquía institucional y puede obstruir el avance de la causa como lo ha hecho antes (sí, sobre todo cuando fue al juzgado a declarar espontáneamente y pedir que le tomen declaración) y esto es evidente porque tiene recursos e influencias institucionales para obstruir la investigación". (si, su capacidad en ese sentido es indudable; tanto que le rechazaron todos los recursos que presentó, y está procesado, antes de que le hayan ampliado la indagatoria como pidió. Lo raro es que el juez Lijo no le haya puesto prisión preventiva porque mostró voluntad de colaborar en la causa y no entorpecer su labor, leé el fallo)
Sobre el trabajo de esta comisión resaltó que "hay demasiados indicios donde lo de Ciccone es apenas un botón de muestra (pero sin el cual no estarían montando este show Lozano, ¿o te creés que alguien -incluso dentro de la oposición en el Congreso- le presta atención a los "colosales y gigantescos fraudes" que vos denunciás cada semana?) de un montón de irregularidades muy serias que tiene que ver con cosas más graves que afectan en miles de millones de pesos y de dólares la suerte de los jubilados y de los argentinos". (claro, ponéle como haber estatizado las AFJP. Ah, no, pará, eso no)
(*) Las negritas son nuestras, el original acá.

sábado, 26 de abril de 2014

NACE "TUMBA ABIERTA", EL NUEVO "THINK TANK" DEL MASSISMO


Leemos en La Nación: "Centro de Investigación y Estudios para la Nación (CIEN) es el nombre del nuevo foro de profesionales, intelectuales y políticos que aspira a sumarse a los think tanks que ya asesoran al Frente Renovador. Su articulador es el diputado Alberto Asseff y los nombres no pasan inadvertidos sea por su trayectoria o la polémica que arrastran: desde Juan Archibaldo Lanús, ex embajador en París, a Ricardo Solano Lima, sobrino del último vicepresidente de Héctor Cámpora, pasando por el último intendente de la Capital Federal, el menemista Jorge Domínguez.

Acudieron Archibaldo Lanús y Solano Lima, pero también Ángel Baltuzzi, ex ministro de gobierno santafecino de Carlos Reutemann; la dirigenta agropecuaria Soledad Diez de Tejada, el presidente de la Fundación Sales, Arturo Prins, y el dirigente del Partido Conservador Popular Carlos Von Iffliger, entre otros.

En la nómina figuran dirigentes del partido UNIR, que preside el propio Asseff, simpatizantes de los hermanos Rodríguez Saá y hombres vinculados con la Ucedé, como el ex concejal Carlos Maslatón. También está Matías Reggiardo Tolosa, uno de los primeros nietos recuperados. 

La idea de un centenar de dirigentes debatiendo en un foro remite al modelo impuesto por Carta Abierta. "Vamos a ser cien pensadores para proponer políticas que sustenten e impulsen el cambio que necesita el país en los cien primeros días de gobierno de Massa. Lo que buscamos es darle densidad al mensaje del Frente Renovador", respondió Asseff, un tanto incómodo por la comparación con el grupo kirchnerista

No corre el cuerpo cuando le mencionan que, al menos en la lista preliminar, entre los "cien renovadores" parece haber más veteranos que juventud. "No necesitamos ser cien jovencitos, sino cien pensadores para renovar las funciones del Estado sin ideas anacrónicas. Es un frente plural que también tiene una pluralidad etárea", rebatió con una sonrisa. "Massa está entusiasmado; le brillaron los ojos cuando le comenté la idea", continuó el diputado. Y dobló la apuesta: "El próximo presidente necesitará acuerdos de Estado para ejecutar apenas llegue al poder. Pretendemos lograr acuerdos como el que articuló el presidente mexicano Enrique Peña Nieto". Con todo, ese entusiasmo enfrenta un obstáculo: ante la consulta de LA NACION, cerca de Massa dijeron no estar al tanto del nuevo grupo. (las negritas son nuestras)

Pobres: les pasa lo mismo que a otro pensador, Luisito Barrionuevo; que Massa lo niega más veces que Pedro a Cristo, aunque -como ellos- sólo quiere ayudar. Aunque ojo, en éste caso le brillaron los ojitos cuando le contaron la idea (¿habrá sido de la risa?).

Lo interesante es ver como el "Frente Renovador" de renovador tiene bastante poco; y como la "ancha avenida del medio" parece tener el tránsito atascado en la mano derecha, de tanta gente que viene al massismo por ahí.

Como Maslatón, el apologista de los linchamientos, la "ruralista" Diez de Tejada (que según nos contaba acá Barricada proponía declarar persona no grata a Cristina en Venado Tuerto), Baltuzzi o "Topadora" Domínguez; hombre de letras y pensamiento, si los hay. 

Y lo curioso es la referencia de Asseff (otro diestro) a la necesidad de aportar para alcanzar acuerdos como los de Peña Nieto en México: ni más ni menos que exactamente lo mismo que dijo Binner en esta nota en Infobae para presentar el lanzamiento del Frente Amplio Unen.