En el año del
centenario de la reforma universitaria de 1918 (declarado además así por un
decreto del propio Macri) las 57 universidades nacionales de todo el país
llevan 14 días consecutivos de paro docente en reclamo de mejoras salariales y
mayor presupuesto para el sector; un reclamo que ya trasciende a los
trabajadores de la educación universitaria para proyectarse al conjunto de la
comunidad, demandando una respuesta del gobierno.
Incluso la mayoría
de los rectores (salvo, claro está, los más incondicionalmente alineados con el
gobierno nacional) apoyan y alientan el reclamo, porque lo padecen en carne
propia: la ridícula oferta salarial de un 15 % en cuatro cuotas para los
docentes es el correlato de la sub-ejecución de las partidas presupuestarias para
los gastos de funcionamiento corrientes de las universidades (las
transferencias acumulan un retraso de varios meses); circunstancia que colocará
en breve a muchas de ellas en la situación de no poder pagar ni siquiera
regularmente los ya depreciados salarios a los docentes y personal de apoyo.
Consecuencias directas e inmediatas de los compromisos draconianos asumidos por
el gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
Ni hablar de que la
inversión pública en el sistema universitario en obras de infraestructura o
equipamiento está completamente paralizada, y la misma situación se observa en
el sistema nacional de ciencia y técnica, del cual las universidades son además
parte: el paulatino vaciamiento del CONICET y la Agencia Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas son parte principal de las políticas del
gobierno e “Cambiemos”, desde la misma asunción de Mauricio Macri.
La “campaña del
miedo” del balotaje presidencial se vio así empequeñecida por las políticas
concretas del gobierno nacional para la educación, la ciencia y la tecnología;
y el vaciamiento y la asfixia presupuestaria de las universidades y los centros
e institutos de investigación científica de todo el país son parte de un plan
global de integración periférica, reprimarizada y dependiente al mundo de un
país para el que se nos propone como destino “ser el supermercado del mundo”, y
ni tan siquiera eso pueden garantizar cumplir.
En cese contexto,
la paralización total del sistema universitario es otra cara de la moneda de
una realidad en la que el gobierno de Macri desguaza y poda deliberadamente
todo intento de desarrollo científico y tecnológico autónomo del país; como lo
comprueban la paralización del plan nuclear, la hibernación del plan satelital
o el retaceo de recursos a ARSAT o INVAP, ejemplos claros de los logros de los
que los argentinos somos capaces; y en los que los docentes, científicos e
investigadores universitarios han tenido también destacada participación.
El gobierno de la
“nueva derecha moderna y democrática” del que nada se esperaba en materia de
defensa de la educación pública de calidad, nada está dando; por el contrario
pugna desesperadamente por hacer ingresar al país a la OCDE (cuyas pautas de
“evaluación” viene aplicando ya) para hacer tabla rasa con la prohibición
establecida por el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional 26.206 que
establece que “El Estado nacional no suscribirá tratados
bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la
educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de
mercantilización de la educación pública.”.
En ese contexto, es
penoso el papel que viene cumpliendo la UCR, que asiste en silencio a la
destrucción de uno de sus mayores capitales simbólicos y bastión institucional:
la educación pública, gratuita y de calidad como herramienta de integración,
cohesión y movilidad social; y dentro de ella, las universidades nacionales.
El estruendoso
silencio radical al respecto incluye a sus organizaciones “juveniles” como la
Franja Morada, que por mucho menos durante el gobierno de De La Rúa presionó
para la salida de López Murphy: ¿tienen acaso más lealtad con el PRO y el
acuerdo que llevó a “Cambiemos” que con su propia tradición partidaria?
Aunque pensándolo
bien, no debiera sorprender en una fuerza que, en tiempos recientes, se opuso al establecimiento de la gratuidad de los estudios universitarios de postgrado, y a la consagración del derecho de los docentes universitarios a tener un convenio colectivo de trabajo y paritarias, con el argumento de la
“autonomía universitaria”; principio que por cierto las políticas de ajuste
como las que lleva adelante Macri convierten en letra muerta. Y tampoco olvidemos que bancaron el uso de la fuerza pública dentro de las universidades, sin orden judicial, como hizo Morales en Jujuy; al mejor estilo de "la noche de los bastones largos".
Que decir de la UCR
y la Franja santafesinas, que nos han dado nuestros dos últimos intendentes
(hoy uno de ellos embajador de Macri en Uruguay), semillero de dirigentes y
funcionarios del radicalismo que hoy pueblan el gobierno nacional, el
provincial y la justicia.
Funcionarios como
Cantard, ex decano de Derecho, ex rector de la UNL y ex Secretario de Políticas
Universitarias de Macri, hoy diputado nacional; que frente al reclamo docente
por mejores salarios y mayor presupuesto responde que el problema de las
universidades es que tienen demasiados docentes; en lugar de pensar como hacer
para que tengan cada ve más alumnos. Por el contrario, el gobierno nacional
evalúa por estos días congelar o recortar los montos de las becas del
Progresar, para que le cierren los números del déficit fiscal comprometido con
el FMI.
Empezábamos el post
diciendo que estamos en el año del centenario de la Reforma (que extraño modo de festejarlo que eligió "Cambiemos"), y no nos vamos a
cansar de repetirlo: aquel movimiento de los estudiantes de las clases medias
acomodadas de su tiempo se planteó como objetivo democratizar la Universidad,
abriéndola al pueblo; pero la gratuidad es una conquista del peronismo; que mal
que les pese fue el que le garantizo recursos suficientes del financiamiento
público para que desarrollara sus cometidos.
Como el último
gobierno peronista (al que por estos días ellos acusan de ser una asociación
ilícita), que estableció por la Ley 26.075 el compromiso de destinar a la
educación, la ciencia y la tecnología no menos del 6 % del PBI, y sobrepasó la
meta, llegando al 6,51 % de un PBI que se duplicó entre el 2003 y el 2015.
Ese mismo gobierno
que creó 17 nuevas universidades nacionales en 12 años, sin preguntarse “para que
tantas universidades”, y para que pudieran acceder a la educación superior
universitaria los hijos de los trabajadores; esos que para María Eugenia Vidal
no llegan nunca a la universidad. Tuit relacionado:
Ah, los tiempos en los que el radicalismo era identificado como el partido defensor de las universidades, la educación pública, el estado de derecho y las garantías individuales.— La Corriente K (@lacorrientek) 23 de agosto de 2018