CUENTAS CLARAS, AUNQUE PERDAMOS LA AMISTAD

Las discusiones en la ríspida transición política santafesina hasta que asuman las nuevas autoridades tienen como eje central los números: la pelea es por gastos y recursos, porque unos crecen en una medida y los otros, en otra, y las cuentas comienzan a dar en rojo. Y en ese panorama, las más perjudicadas son las Municipalidades y Comunas, que se están movilizando para exponer la crisis, que ha llevado a que tengan que afrontar por su cuenta y con sus recursos, gastos propios del Estado provincial, como los medicamentos o insumos para la salud.

Está disponible en la página oficial de la provincia (completa acá) la ejecución del presupuesto hasta el pasado 30 de septiembre, que muestra entre otras cosas la evolución de las transferencias por coparticipación de la provincia a sus municipios y comunas a ese momento; y la comparación interanual. Del mismo surge que los envíos crecieron en forma global un 36,93 %, o sea varios puntos por debajo de la inflación, e incluso menos de lo que crecieron en ese mismo lapso los recursos propios del Estado provincial, que fue un 40,9 %.

Dentro de esa pauta general, las partidas provenientes de la ley de financiamiento educativo nacional que deberían llegar a las Municipalidades y Comunas crecieron apenas un 0,70 % interanual, aunque los fondos llegan a la provincia con la misma automaticidad de la coparticipación, y la razón es muy sencilla: la provincia “pisa” esos fondos, supeditando su giro a los municipios y comunas a que estas presenten proyectos para ser aprobados, o sea no los gira automáticamente como debería ser. Dato adicional: esa misma mecánica es la que se aplicará ahora para el reparto de los fondos del Plan Abre extendido a toda la provincia, con lo cual el final lo podemos saber ahora: se desfinanciará a la provincia, los fondos no llegarán a las municipalidades y comunas, y quedarán ociosos e inmovilizados.

Otro tanto sucede con el Fondo de Obras Menores, a punto tal que en el cuadro ni siquiera se lo expone como un recurso coparticipable, cuando en realidad debería ser así, porque lo es. En el mismo cuadro se muestra como evolucionaron en el período septiembre/18 – septiembre/19 las transferencias del desaparecido Fondo Federal Solidario (fondo soja) y el “programa de asistencia financiera” con que Macri pretendió reemplazarlo luego de haber eliminado aquel:  lo recibido en los primeros nueve meses de éste año por ese concepto es apenas el 12,14 % de lo recibido en el mismo lapso del año pasado, en términos nominales; ni hablemos si se lo pondera contra la inflación.

Esos recursos que pierden las Municipalidades y Comunas y que motivan sus reclamos, no pueden ser compensados con las transferencias de capital derivadas del pacto fiscal firmado por los gobernadores con Macri, por una cuestión de escala de los montos involucrados: el propio cuadro demuestra que lo que las localidades santafesinas recibieron por ese concepto es apenas el  0,78 % del total de fondos coparticipables que les llegaron.

La coparticipación a las Municipalidades y Comunas está expuesta en las cifras de la provincia como un gasto (a diferencia del presupuesto nacional, que no contempla la coparticipación a las provincias), y medida en esos términos, pasó de ser el 8,34 % del gasto total en los primeros nueve meses del año pasado, al 7,88 % en el mismo lapso de este año: pese a que reciben poca porción de la torta, son parte de las variables de ajuste del Estado provincial para que los números le cierren.

Y lo mismo pasó con “Remuneraciones” (los sueldos de los agentes estatales) que en ese lapso pasaron de ser el 38,03 % del gasto total al 37,51 %; y con “Construcciones” (la obra pública, tan publicitada por el socialismo) que pasó del 7,73 % al 7,46 % del total de los gastos provinciales. Septiembre fue un mes particularmente duro para las arcas de los municipios y comunas, porque los envíos por coparticipación crecieron solo un 30,48 % interanual, o sea unos 20 puntos o más por debajo de la inflación.

Los números de la provincia vienen dando en rojo (aunque sus funcionarios lo minimicen) porque los recursos crecen menos que los gastos: 40,9 % contra 51,78 %, respectivamente; y dentro de estos últimos, los gastos corrientes crecen más que los de capital: 52,24 % contra 48,11 %, respectivamente.  En el mes de septiembre la tendencia se acentuó dramáticamente: mientras los gastos corrientes crecieron un 47,75 % en relación la mismo mes del año pasado, los de capital lo hicieron solo un 27,51 %, y específicamente “Construcciones” (la obra pública) solo creció un 17,06 %.

Pero sin lugar a dudas el gasto que más crece interanualmente son los Servicios de la Deuda Pública, que se incrementaron en ese lapso en un 145,75 %. Eso es consecuencia de un resultado financiero del ejercicio que al 30 de septiembre arrojaba un déficit de $ 11.078.144.905,63 (más de 11 mil millones de pesos, no menos, como dijo el ministro Saglione); lo cual obligó a recurrir a “Fuentes Financieras” para enjugarlo, por el orden de Fuentes financieras: $ 30.136.481.728,15 (el 13,52 % de los recursos totales), y dentro de esa forma de financiación del rojo, “Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos sumó en los primeros nueve meses del $  24.955.912.722,50, de los cuáles $ 24.486.323.103,34 (el 98,12 % del total) corresponde a “Deuda Exigible”, es decir, de corto plazo; en buena medida compuesta por los adelantos en descubierto que el gobierno de Lifschitz toma del agente financiero (el Nuevo Banco de Santa Fe), para pagar los sueldos mes a mes.

Datos a tener en cuenta para contrastar con los dichos del ministro Saglione acá en El Litoral cuando en respuesta a los reclamos del equipo de transición de Perotti, dice contar con los recursos para hacerle frente al pago de los salarios y gastos esenciales, hasta el final de la gestión, que no están recortando fondos a los municipios y comunas; y además reitera el latiguillo oficial de que a la provincia no le cierran los números porque la nación no gira los fondos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, que estima en 5800 millones de pesos: de acuerdo con los propios documentos oficiales, el déficit de la Caja al 30 de septiembre pasado era de $ 8.858.439.726,18, y el del IAPOS: $ 2.845.602.036.47; o sea entre los dos, más del doble de lo que la nación estaría adeudando, solo por la Caja.

Asombrosamente (o no tan tanto), nos cuenta ahora Saglione que no entiende como el equipo de Perotti llega al cálculo de que el déficit al final del ejercicio rondará los 20.000 millones de pesos, cuando la nación seguramente enviará esos fondos, porque “la obligación está por ley, y el año pasado llegaron normalmente”. Y decimos asombrosamente, porque se pasaron todo el año reclamando que no llegaban, y en la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2018 que enviaron a la Legislatura (ver acá) expusieron que el déficit de la Caja de Jubilaciones fue de $ 8.358.081.589,37, de los cuáles la Nación solo financió $ 1.020.565.080,86 (el 12,21 % del total).

Saglione quiere que creamos que a un mes de dejar el gobierno, Macri le va a mandar a la provincia para financiar el déficit de su Caja de Jubilaciones, más de cinco veces y media la plata que le mandó a esos mismos fines, el año pasado. O le mintieron a la Legislatura (lo cual sería raro porque requeriría de la anuencia de la contaduría General de la Provincia que hace la Cuenta, y del Tribunal de Cuentas que la informa), o están mintiendo escandalosamente ahora, para justificar el estado en el que dejan las finanzas de la provincia cuando se van del gobierno.

LO QUE MAL TERMINA, MAL COMIENZA

Cuando Lifschitz convocó a las elecciones provinciales con seis meses de distancia en relación a la asunción del nuevo gobierno (ocho contados desde las PASO), y luego, con los resultados puestos, cuando el engendro de la boleta única determinó que el gobernador electo Omar Perotti esté en minoría en la Cámara de Diputados, estaba claro que la transición iba a ser todo, menos tranquila.

Con el radicalismo (en su expresión mayoritaria) atado al carro de Macri hasta el desastre final, perdiendo aun algunas municipalidades importantes que gobernaba (como Santa Fe), y el socialismo fracasando por enésima vez en el intento de construir una "tercera vía progresista" a nivel nacional (terminaron haciendo campaña por Urtubey, tal es su extravío), el camino que les quedaba por delante era bastante claro: olvidar rencores y volver a trabajar codo a codo para reconstruir la Unión Democrática antiperonista en Santa Fe, que viene funcionando desde hace casi 30 años con distintos nombres de fantasía: Alianza Santafesina, Frente Progresista Cívico y Social, etc; para recuperar el gobierno de la provincia dentro de cuatro años.

Y para eso necesitaban dos cosas: generar en la larguísima transición medidas que les permitieran contar con recursos para construir una alternativa provincial desde las gestiones locales (municipalidades  comunas), y sabotear de antemano el desarrollo de la gestión del PJ, que retorna al gobierno de la provincia luego de 12 años. En el caso del socialismo, al cuadro descripto hay que sumarle la calamitosa situación financiera de las Municipalidades de Santa Fe y Rosario, que pasará a gobernar desde diciembre en un caso, y dejará de gobernar luego de 30 años de modo directo, en el otro.

En la búsqueda de esos objetivos, no vacilan incluso en complicarles la vida a sus propios intendentes y presidentes comunales, demorando por ejemplo la sanción de la ley que les permitiría utilizar el 50 % del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes (como pagar sueldos o proveedores), con el pretexto de incluir en el reparto a las dos municipalidades más grandes de la provincia.

Pero lo de la sesión de la Legislatura de ayer ya supera todo, porque rompe con todos los códigos del trabajo parlamentario, y vuela por los aires el proceso de transición hacia el nuevo gobierno, que ya se venía pudriendo bastante mal por el empecinamiento de la gestión de Lifschitz en seguir realizando hasta el final gastos superfluos y evitables, que van a condicionar severamente a la futura administración.

Como da cuenta acá la crónica en El Litoral, los legisladores del Frente Progresista hicieron valer su mayoría en Diputados para sancionar (con un dictamen obtenido en condiciones objetables y con escándalo incluido por el retiro de los diputados del PJ de la sesión) una ley que regula el "Plan Abre", extendiéndolo a todas las municipalidades de primera y segunda categoría (las comunas quedan excluidas); pero sacándole al gobierno provincial su manejo, para pasarlo a una "comisión de seguimiento" integrada por partes iguales entre representantes de ambas Cámaras Legislativas y el Poder Ejecutivo; lo cual de por sí no garantiza su funcionamiento: ¿cómo resuelven por ejemplo situaciones de empate?

Ante esa comisión deben presentar las municipalidades los proyectos para que sean financiados con el 6 % de la recaudación del impuesto a los Ingesos Brutos (al día de hoy, unos 3500 millones de pesos), que se asignarán entre las distintas municipalidades conforme a los índices de coparticipación de ese impuesto, que son los mismos de los impuestos nacionales.

El proyecto por un lado amplía el Plan Abre a más localidades de la provincia, pero en un contexto en el que Santa Fe y Rosario pasarían a participar del Fondo de Obras Menores (achicando por ende los fondos que reciben por esa vía el resto de las municipalidades y comunas), y con un esquema engorroso, burocrático e impracticable que ya se intentó precisamente con ese Fondo; generando la sub-ejecución de partidas presupuestarias, y la acumulación de grandes deudas de la provincia con los municipios y comunas, por ese concepto.

Eso sin contar con que el Plan Abre supone una intervención integral y coordinada de organismos provinciales, para atender situaciones críticas de emergencia social: Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda, la EPE, Aguas Santafesinas. ¿Cómo esas acciones podrían ser coordinadas desde el nivel municipal, y no del provincial? 

La idea es, por supuesto, sacarle recursos y herramientas políticas a la futura gestión de Omar Perotti; y por eso el proyecto se aprobó a tambor batiente, para que pueda ser promulgado y convertido en ley por Lifschitz antes de terminar su mandato, y que no quede a tiro de un veto del nuevo gobernador.

Claro que la maniobra no podría haber sido consumada sin la inestimable colaboración de algunos de los senadores del PJ empezando por Armando Traferri (Departamento San Lorenzo), que fue el autor de la iniciativa, y que hace pocos días se retiró de las negociaciones por la transición, disgustado porque los representantes de Perotti endurecieron su postura, frente a las actitudes del socialismo en retirada. 

Parece que algunos no entendieron que las cosas cambiaron después de 12 años, y que a partir de diciembre vuelve a gobernar en la provincia el peronismo. Por el lado del antiperonismo (cualquiera sea la denominación que utilice en el futuro), está claro que se están planteando una relación con el gobierno de Omar Perotti en la cual van a ser todo, menos "opositores responsables". Se vienen tiempos movidos en Santa Fe.

LAS PERLITAS DEL PRESUPUESTO 2015 (2º PARTE)

Retomando lo comenzado acá y ahora que el tema está de moda, vamos a seguir analizando algunas "perlas" interesante que deja el proyecto de Presupuesto provincial 2015, recientemente ingresado a la Legislatura:

* La "Fapnelco" de los subsidios del Senado -uno de los rubros seguramente decisivos a la hora de asegurase las manitos levantadas para aprobar la ley- ascenderá el año que viene a $ 88.045.000, lo que representa un aumento del 39,60 % respecto al monto de este año: evidentemente la mejor paritaria es la de estos muchachos con Bonfatti. Y ya produjo sus resultados: le dieron media sanción al Presupuesto en tiempo récord. 

La cifra de subsidios se reparte entre los 19 senadores (oficialistas y opositores) y el vicegobernador Henn, lo que supone que a cada uno le corresponden $ 4.402.250 por año, o $ 366.854 por mes, para repartir.

* El proyecto contempla que llegarán desde la Nación 1878 millones en concepto de Fondo Federal Solidario (fondo soja), de los que $ 563.400.0000 (el 30 %) van destinados a municipios y comunas, porque en su momento Binner optó por repartirles solo el "piso" mínimo que la nación podía como condición para transferir el dinero.

Aun así, la cifra que los municipios y comunas santafesinos recibirán de la nación por esta vía para hacer obras (fondos que además les llegan automáticamente, como la coparticipación) son un 42,03 % más que los $ 396.673.000 que recibirían del Fondo de Obras Menores (con la salvedad que éste no incluye a Santa Fe y Rosario) que llega desde la provincia; no automáticos sino contra la presentación de proyectos que deben ser aprobados por el gobierno provincial.

* El proyecto contempla un déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia por $ 1.569.345.000, lo que supone un 14 % del total de sus gastos, y una estimación como mínimo conservadora: al 31 de octubre de éste año el déficit era de $ 1.148.174.796 (97 millones más que en agosto); y por el Decreto 3882 del 3 de noviembre Bonfatti amplió en $ 407.468.000 los aportes del Tesoro para cubrirlo hasta fin de año.

Lo que está suponiendo que el déficit de la Caja éste año será de $ 1.606.842.000, un 90,85 % mas que lo previsto en el Presupuesto 2014 y más incluso que lo que plantea el proyecto de Presupuesto 2015; entre otras causas, fruto del (restringido y acotado) 82 % móvil que perciben algunos ex agentes estatales, y que el socialismo impulsa en el orden nacional; sin especificar nunca como lo financiaría.

Tan claras están las causas del déficit de la Caja, que hasta el propio Sciara reconoce abiertamente que no le pueden pedir a la Nación que se los financie; como reclamaban todo estos años.

* Siendo el año que viene un año electoral, el proyecto contempla "gastos electorales " (por ejemplo para imprimir las boletas únicas) por $ 237.190.000, incluyendo los aportes estatales a los partidos políticos para las campañas, es decir que el Estado santafesino cumpliría con su obligación constitucional de garantizar que podamos elegir las autoridades provinciales y municipales con apenas el 74,06 % de lo que piensa gastar en publicidad oficial.

* Para "Bonfatti TV" (Radio y Televisión Santafesina) el proyecto contempla fondos por 48 millones, de los que el 63 % estarán destinados a contratos, y los 3 millones de pesos asignados al pago de sueldos, son todos para funcionarios políticos (los miembros del directorio); que dicho sea de paso ya fueron designados, y entre ellos el "tuitero" Canabal.

* Algo parecido ocurre con la fantasmal Secretaría del ex gendarme Spadaro: para "monitorear redes sociales" tiene asignado un presupuesto de un millón de pesos, pero ni un centavo para pagar sueldos: ¿los siete asesores que hace poco le "ascendieron" y él mismo cobrarán en negro, o figurarán como "gastos reservados" por hacer tareas de inteligencia?

* Y hablando de "gastos reservados" para tareas de inteligfencia (algo prohibido estrictamente por la ley nacional de inteligencia para las provincias, ver acá), siguen figurando con ese fin fondos en la policía provincial, más precisamente $ 6.053.000.

* El Gabinete Joven costará el año que viene $ 2.848.000, una cifra módica si se quiere pero aun así, mayor que los $ 2.424.000 asignados a la "Unidad de Gestión Ferroviaria" (el 76,65 % se va en contratos),  creada en noviembre del 2011 para gestionar servicios ferroviarios provinciales. ¿Ustedes vieron alguno por ahí? (no vale el tren urbano de Barletta)  

* El subsidio provincial a los hospitales municipales de Rosario ascenderá el año que viene a $ 614.956.000, que representan el 10,20 % del presupuesto del Ministerio de Salud (en el 2011 al irse Binner era el 6,75 %); y un aumento del 149,43 % respecto a lo votado con ese fin en el presupuesto de éste año, luego "retocado" por Bonfatti por decreto (ver acá).

* El contrato de Boldt con la Lotería santafesina se llevaría el año próximo $ 249.185.000, lo que representa un aumento del 28,43 % -mínimo- del contrato vigente; como consecuencia de lo aprobado en la nueva licitación, que por supuesto volvieron a ganar (ver acá).

* Y hablando de la Lotería, repartiría en premios $ 3.061.500.000, mientras distribuye entre los organismos del Estado para salud, educación, deporte, desarrollo social y las pensiones sociales Ley 5110 $ 592.389.000 (menos de la quinta parte), más $ 80.934.000 para municipios y comunas.

* Los subsidios al transporte que envía la nación para sostener el precio del boleto de colectivo ascenderán a 1100 millones de pesos, que equivalen por sí solos al 45,44 % del presupuesto del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia. 

Otro 9,09 % de ese presupuesto lo representan los 220 millones de pesos del fondo soja nacional que se emplean en obras del Ministerio (como los acueductos) o las transferencias para obras de ASSA. 

* El gobierno provincial invertiría 8 millones de pesos en el stand oficial en Agroactiva, y otros  $ 2.748.000 en diferentes ferias y exposiciones.

A tono con la "desaparición· de los decretos respectivos desde el 2012 -por lo menos- no figura lo que piensan gastar en el stand oficial en Expoagro; siendo dudoso que estén pensando en no concurrir, justo en un año electoral.

De cualquier modo, no es difícil pensar que serán bastante más que los 8 millones de Agroactiva, considerando las tarifas que se manejan en uno y otro caso. Para instalación de parque industriales, en cambio, hay asignados apenas $ 1.537.000.

LA EXTORSIÓN, UNA COSTUMBRE PROGRESISTA

El sábado pasado te contábamos acá el caso de la EPE y las partidas que supuestamente tendría que mandar la nación para obras por más de 1022 millones de pesos en Santa Fe; incluidas por Bonfatti en el Presupuesto 2015 como extorsión: si no llegan los fondos (que los calcularon ellos, no la nación), aumentan las tarifas.

Parece que el ejemplo cunde, y Corral decidió tomar por el mismo camino: leemos en el diario del Loco Lindo que incluyó en el proyecto de presupuesto municipal para el año que viene 70 millones de pesos del Fondo de Obras Menores, para obras en los barrios del oeste y norte, los más postergados de la ciudad.

Sobre el tema, leemos a la concejala del PJ Silvina Frana "para Frana fue una inclusión indebida e ilegal: “No podés incluir un fondo de una ley que no está aprobada”. Respecto al destino que el Ejecutivo le daría a estos recursos (obras viales en los barrios más postergados de la ciudad), la edil consideró que “es una forma de apriete político”. Y preguntó: ¿Por qué no dejan sin efecto las obras más céntricas y ponen en riesgo las que no son tan urgentes si no llegan estos fondos?”, cerró."

La pregunta final de Frana podría ser respondida de un modo muy sencillo: porque en las zonas céntricas es en donde la gestión de Corral obtiene sus votos (ver al respecto acá), y por ende les da prioridad en el presupuesto para cuidar su propia base electoral.

Sin embargo lo que apunta Frana respecto a la indebida inclusión en el presupuesto del Fondo de Obras Menores es correctísimo: es como calcular los recursos del presupuesto en base a los ingresos de impuestos que no existen, porque no han sido aprobados.

Porque por estos momentos la Legislatura provincial discute un proyecto del oficialismo para modificar el Fondo (Bonfatti acaba de habilitar su tratamiento en extraordinarias), al sólo efecto de incluir en él a Santa Fe y Rosario, que hoy no están, pero está trabado en el Senado.

Y la razón es que los senadores (como también lo plantearon en su momento los diputados, intendentes y presidentes comunales del PJ, y no pocos del FPCyS) plantean que además de incluir a las dos ciudades más grandes (no casualmente gobernadas por el Frente Progresista), los recursos del Fondo se transfieran a los municipios y comunas como manda la ley, es decir automáticamente.

Y no mediante el engorroso sistema reglamentado por Binner en el 2008 violando la ley (ver al respecto acá), que exige que presenten proyectos y la provincia los aprueba, para recién entonces girar los fondos. 

No hace falta ser muy sagaz para advertir que si se incluyera en ese sistema a Santa Fe y Rosario en pleno año electoral, la velocidad con la que se aprobarían los proyectos según el color político de la gestión municipal o comunal (que es lo que ha venido pasando hasta ahora: ver acá) diferiría sustancialmente.

Y al mismo tiempo en el Senado se reclama -para apoyar los cambios a la ley del Fondo- que se eleve la participación de las municipalidades y comunas en los recursos del Fondo Soja que manda la nación del 30 % al 50 %. 

De modo que estando así las cosas, la inclusión en el presupuesto municipal de una partida de 70 millones de pesos para obras provenientes del Fondo de Obras Menores no es sólo incorrecta técnicamente, sino extorsiva políticamente: Corral quiere responsabilizar a los concejales del PJ si no se hacen obras en los barrios más postergados de la ciudad; y si finalmente no se modifica el Fondo, a los legisladores provinciales del peronismo.

O les pone como alternativa endeudar a la municipalidad (que ya tiene una situación de endeudamiento creciente) en esa suma para hacer las obras.

Supuestamente, porque ya vimos acá lo que pasó con los créditos pedidos para pavimentar los barrios del cordón oeste: buena parte terminó en el asfaltado de las calles del puerto, para la carrera del TC 2000.

EL DIARIO DEL LOCO LINDO SE HA CONVERTIDO EN "LA VANGUARDIA"

No es ninguna novedad que -a cambio de una abundante pauta publicitaria- los medios locales están alineados con la estrategia política de la gestion del FPCyS, tanto en la municipalidad como en la provincia. Sin privarse (eso sí) de denunciar que existe en el orden nacional "una amplia red de medios paraestatales financiada con recursos públicos".

La generosa chequera publicitaria provincial no sólo determina que se le den amplios espacios a las noticias oficiales en las ediciones en papel o digitales de los diarios (hasta convertirlos en virtuales Boletínes Oficiales), sino que garantiza mucho más; como por ejemplo hablar en tono crítico de de cosas que supuestamente pasan en el orden nacional comosi no sucedieran a su vez (y peor) en la provincia o la ciudad, y que esos medios asuman como propias las mentiras e inexactitudes que propaga el gobierno de Bonfatti (tal como lo hizo antes el de Binner); sin que ningún funcionario tenga que desgastarse defendiendo en público lo indefendible: para eso están los periodistas y los medios.

Hace poco tuvimos varios ejemplos en ese sentido: éste editorial sobre la "colonización" de la justicia nacional por el kirchnerismo, esta insólita nota defendiendo el derecho de la EPE a aumentar las tarifas y ésta otra sobre los aumentos de los viáticos a los funcionarios políticos del gobierno nacional.

Y en esa misma línea viene este editorial del diario del Loco Lindo, en el que se meten de lleno en el debate político que hay en la provincia por la modificación de la ley del Fondo de Obras Menores que impulsa el PJ en la Legislatura provincial para que los recursos sean transferidos automáticamente por la provincia a los municipios y comunas; asumiendo en toda la línea el discurso del socialismo: que no puede ser porque de ese modo no se garantizan los controles ni el empleo de los fondos para su destino especifíco, que es hacer obras. 

Otro tanto (que no se garantiza su empleo para los fines previstos en la legislación) dice el artículo sobre las partidas de la ley de Financiamiento Educativo, que no tiene nada que ver con el Fondo de obras Menores, pero sí con las mentiras del socialismo que el diario de Víttori propaga: en este post demostrábamos nosotros (con los documentos y números del caso) como se dijo que se trataba de 195 millones de pesos que eran de la provincia pro esta "cedía generosamente" a los municipios y comunas; cuando en realidad se trata de recursos propios de éstas, de los que el gobierno provincial se apropia para transferirles a los municipios y comunas el peso de la responsabilidad de sostener la infrasestructura educativa, sacándosela así de encima.

Y en el caso del Fondo de Obras Menores el editorial (que parece hecho por un órgano de prensa partidario, como La Vanguardia) omite el principio y el final del problema; que son -ambos- exclusiva responsabilidad de los gobiernos provinciales del Frente Progresista.

El principio, porque cuando se creó en el 2004 (durante el gobierno de Obeid) el Fondo de Obras Menores se lo estableció como recursos específicos de los municipios y comunas contemplados en el Presupuesto provincial, para ser destinado a la obra pública, aunque luego (justamente ya en tiempos progresistas) se dictaron leyes que permitieron usar un porcentaje para gatos corrientes.

Sin embargo y como se explicara acá, Binner reglamentó la ley en el 2008 violando abiertamente su espíritu; de modo que los recursos dejaron de ser girados automáticamente a los municipios y comunas, para estar pendientes de que el gobierno provincial aprobara previamente los proyectos en los que se invertirían, un engorroso y discrecional sistema de resultas del cual la provincia llegó a adeudar (cada año) al conjunto de los municipios y comunas más del 50 % de los recursos del Fondo que les corresponden; y a algunos en particular, más que eso (ver acá).

Además de generar un mecanismo discriminatorio por el cual los "aportes no reintegrables" (vulgo progresista por "subsidios") con recursos del Fondo estuvieron destinados en un 92,88 % a los municipios y comunas del oficialismo provincial durante todo el gobierno de Binner (ver acá), y en un 84,98 % durante buena parte del gobierno de Bonfatti (ver acá).    

Y el final, porque los legisladores del PJ están promoviendo un proyecto de ley para modificar el Fondo de Obras Menores porque ya habían aprobado uno, pero Bonfatti lo vetó violando el procedimiento establecido por la Constitución provincial, y los legisladores del oficialismo provincial se negaron a tratar el veto en la Legislatura, para que quedara firme por el paso del tiempo.

Para que vamos a hablar de la preocupación del diario (asumiendo como propia la del gobierno de Bonfatti) por garantizar el uso de los fondos específicos para el destino para el cual fueron creados; ante una gestión provincial que termina usando las partidas del Fondo Soja (dispuestas para hacer obras) para comprar ambulancias o equipos médicos, o que ejecuta todos los años menos de la mitad de la obra pública prevista en el presupuesto. 

POR CONFIARSE EN LA FAPNELCO, SE LES ESCAPÓ LA TORTUGA

Sobre el veto de Bonfatti a la ley de reforma del Fondo de Obras Menores, leemos en Sin Mordaza: "El diputado Darío Mascioli señaló que la norma aprobada este año en la Legislatura, que establece la transferencia automática del Fondo de Obras Menores a municipios y comunas, "quedó promulgada y debe ser publicada en el boletín como vigente" porque el Poder Ejecutivo cometió errores en el procedimiento establecido para efectivizar el veto.

Así lo explicó en Sin Mordaza TV, al explayarse sobre este tema: "La voluntad del Ejecutivo de vetar esta norma quedó manifestada en expresiones públicas, pero el instrumento constitucional establece el mensaje respectivo para que el veto curse efecto en las cámaras", puntualizó Mascioli.

"El 26 de noviembre a las 19.35 llegó al Senado el mensaje 4.184, donde se dispone el veto total de la ley 13.370 de Automaticidad de Fondo de Obras Menores. La Constitución establece que los vetos deben estar originados en la cámara de origen, en este caso Diputados. Así que, en este sentido, la ley quedó en plena vigencia, debe ser promulgada y oficializada porque el veto entró en la Cámara que no correspondía. De esta manera, tiene la vigencia que establece el marco legislativo", agregó el legislador.

De acuerdo con lo que establece la Constitución y a lo que explicó el diputado Mascioli, corresponde que el veto vaya a Diputados, porque es la cámara de origen, pero no ingresó allí y se vencieron los plazos estipulados. En consecuencia, "la ley queda vigente, debe ser promulgada y publicada en el Boletín Oficial"."

Sobre el Fondo de Obras Menores hemos escrito varios post acá, y en particular sobre la amenaza de veto de Bonfatti a la reforma éste; cuya lectura recomendamos.

Ahora bien, lo que podemos ver es que el anunciado veto del PE a la ley ingresó por el Senado, que no fue la Cámara de origen del proyecto, sino Diputados.

Al respecto, veamos que dice la Constitución provincial sobre el procedimiento a seguir en éstos casos (transcribimos la parte pertinente):

"ARTICULO 59. Vetado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus observaciones a la Cámara de origen, la que, si en votación nominal lo confirma por mayoría de dos tercios de los votos presentes, lo remite a la Cámara revisora, y si ésta también se expide de igual manera, el proyecto queda convertido en ley y se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación."

¿No hay dudas no?: el veto debe ingresar dentro del plazo de 10 días hábiles de comunicada la ley (artículo 57 último párrafo) a la Cámara de origen, en éste caso Diputados.

Si no, no hay veto directamente, con lo cual la ley debe promulgarse y publicarse.

Evidentemente los muchachos del gobierno provincial lo ingresaron por el Senado confiando en que el pacto que allí lubricaron con los famosos 63 palenques para subsidios les garantizaría que no junten los dos tercios para rechazarlo (recordemos que la ley favorece a todos los municipios y comunas, excepto Santa Fe y Rosario, sin distinción de color político de sus gobiernos); y quedaría firme.

Pero se olvidaron de leer la Constitución, y por ende se la tendrán que comer porque como bien dice Mascioli, la ley quedó firme.

Se les escapó la tortuga, digamos.

Y con 875 funcionarios, no se les ocurre nada mejor que echarle la culpa al personal de planta.

EN MATERIA DE FEDERALISMO, LA CARIDAD NO EMPIEZA POR CASA

Las denuncias sobre "unitarismo fiscal" y los reclamos a la nación por mayores recursos son un sello de agua del discurso del Frente Progresista Cívico y Social; y las denuncias sobre presunta discriminación a Santa Fe en la asignación de recursos han sido para el oficialismo provincial un recurso muy eficaz en términos electorales.

Por más esfuerzos que se hagan para separar la paja del trigo, o desnudar algunas mentiras y zonceras recurrentes, una hábil estrategia de medios, sumada a la seducción que siempre genera el discurso "federal", y los silencios e incoherencias de buena parte de la dirigencia del peronismo provincial, le proporcionaron un terreno fértil en el cual avanzar; en su estrategia de victimización y desplazamiento de responsabilidades.

Y parte de la eficacia de esa estrategia queda demostrada palmariamente en el hecho de que pocos se preguntan cuan coherente es el FPCyS con sus planteos, hacia el interior de Santa Fe; es decir en las relaciones fiscales o la puja por la distribución de los recursos, entre el gobierno provincial, y los municipios y comunas.  

Al respecto leemos en Sin Mordaza que el Ejecutivo provincial vetará la ley aprobada (al menos en Diputados) por la Legislatura, modificando el Fondo de Obras Menores, de modo que las partidas sean remitidas en forma directa y automática a los municipios y comunas, en 12 cuotas mensuales; y sin necesidad de la previa aprobación de los proyectos que se financiarían con esos recursos, por el gobierno provincial. 

Entre los argumentos que dan, se señala que de ese modo se estaría modificando indirectamente la ley de coparticipación provincial, y se excluiría a Santa Fe y Rosario, donde vive buena parte de la población de la provincia; ambas gobernadas por el FPCyS: por eso tanto Corral como Fein protestan y piden una reforma al proyecto, al proyecto, o que Bonfatti vete la ley.

La decisión de vetar el proyecto (si es que pasa el filtro del Senado banelquizado) es incoherente con lo dicho por Bonfatti acá en Ambito Financiero; donde rescata la excelente relación de su gobierno con la oposición, y el aporte constructivo de ésta a su gestión. 

Los argumentos con que el socialismo sostiene el veto en ciernes a la reforma de la ley de Obras Menores nos imponen hacer algunas aclaraciones al respecto, para tener en claro de que estamos hablando.

La Ley 12.385 que creó originariamente el Fondo fue sancionada en el 2004 durante el gobierno de Jorge Obeid, y ya entonces dejaba afuera de sus alcances a las municipalidades de Santa Fe (entonces gobernada por el PJ) y Rosario; de modo que mal puede hablarse ahora de discriminación en perjuicio de las dos por estar gobernadas por el FPCFyS porque -sencillamente- nunca estuvieron incluidas en la norma; más allá del color político de sus gobiernos.

La ley del Fondo tuvo varias modificaciones, pero la más importante fue la de la Ley 12.744, también durante el gobierno de Obeid (2007), para que en lugar de conformarse con unh monto en dinero, lo fuera con un porcentaje de los recursos provinciales: más exactamente el 1% del Cálculo de Recursos de la Administración Central, conforme al presupuesto del año anterior al que corresponda la distribución.

De modo que las dos decisiones no son mérito de la gestión del FPCyS, sino de leyes sancionadas antes de que Hermes Binner llegara al gobierno; y que si se hubieran cumplido conforme a su texto y espíritu, les deberían haber posibilitado a los municipios y comunas de la provincia (todos, sin importar el color político de quien los gobierne) recibir recursos adicionales, en tiempo y forma; originariamente destinados a gastos de capital (obras, compra de equipamiento), y luego en parte para gastos corrientes (sueldos, gastos de funcionamiento).

Sin embargo y según lo explicáramos acá; tanto el gobierno de Binner como el de Bonfatti no consideraron a los recursos del Fondo de Obras Menores como afectados y propios de los municipios y comunas (lo que suponía transferirlos automáticamente), sino que los sujetaron a que éstas presentaran sus proyectos para invertirlos, y la provincia los aprobara; incluso cuando luego salieron leyes que autorizaban a usarlos para gastos corrientes. Por eso por ejemplo (ver acá) el año pasado las municipalidades y comunas recibieron apenas el 50,48 % de lo que les hubiera correspondido; y a algunas se les deben aun fondos correspondientes a los años 2010 y 2011.

Justamente eso es lo que trata de resolver el proyecto de ley que Bonfatti amenaza con vetar, al establecer la transferencia en 12 cuotas mensuales y automáticas; así como evitar la absoluta discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los recursos, que derivó por ejemplo en que las partidas fueran manejadas como si fueran subsidios (y no recursos que les corresponden por ley a los municipios y comunas), y a julio de éste año (en pleno año electoral) casi el 85 % fuera asignado a municipios y comunas gobernados por FPCyS: una actualización de lo distribuido desde entonces no varía significativamente el panorama. 

Como en la línea argumental que sustenta el seguro veto se habla de otras cuestiones (topes de coparticipación de Ingresos Brutos, fondo de financiamiento educativo) debemos reiterar aclaraciones que ya hicimos al respecto.

El hecho de que actualmente la provincia coparticipe a los municipios y comunas el impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre el total de lo que recauda y no sobre el 90 %, no es ningún mérito del socialismo: es consecuencia de que así lo dispuso la Ley 12.814 sancionada durante el último gobierno de Obeid. ´

Otro tanto pasa con los fondos que supuestamente el Estado provincial les seguiría otorgando a los municipios y comunas, aun cuando debieran destinarlos a cumplir con la Ley 26.075 de financiamiento educativo: si bien las leyes de Presupuesto nacional de éste año y del que viene dispusieron que se asegurara (por las provincias) el reparto automático de los recursos a los municipios y comunas para garantizar que se cumpliera con su afectación a la educación, la solución arbitrada por el gobierno provincial (con éste decreto y éste otro), es pan para hoy, y hambre para mañana.

Porque las municipalidades y comunas tendrán que demostrarle a la provincia que utilizan esos 195 millones de pesos (que corresponden a coparticipación de impuestos nacionales, aclaremos) al llamado Fondo de Asistencia Educativa (FAE), haciendo refacciones menores en las escuelas de su jurisdicción: hubiera sido más sencillo modificar la ley de coparticipación, y que la provincia lo pusiera de su parte en el reparto.

Y hablando de reformas a la coparticipación: desde el gobierno insisten con que el proyecto sancionado por Diputados en una modificación "encubierta" al régimen de coparticipación, como si eso fuera un problema; e instan a los legisladores de la oposición a reclamar a la nación por más recursos coparticipables para Santa Fe, o sea, escupir para arriba o patear la pelota.

Porque ese argumento oculta que los reclamos de Santa Fe están en algunos casos (15 % que va a la ANSES, impuesto al cheque) judicializados sin que haya fallo de la Corte hasta el momento; y que para modificar la ley de coparticipación federal la Constitución exige el acuerdo de todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires y la Nación; y su ratificación por todas las Legislaturas provinciales, además de un mayoría agravada en las Cámaras del Congreso.

Y mientras que en la Nación reclaman que se les gire a las provincias un "piso" de al menos el 34 % del total de los recursos (coparticipables o no) en Santa Fe el Estado provincial (de acuerdo a la ley vigente, a la cual el socialismo nunca propuso cambiarle ni una coma) gira al conjunto de municipios y comunas apenas el 11 % de lo que recibe de la Nación por coparticipación.

FONDO Y OBRAS, CADA VEZ MENORES

Leemos en Rosario 12 de ayer sobre el proyecto impulsado por los intendentes de Santa Fe y Rosario, para que se incluya a las dos ciudades en el reparto de las partidas del llamado Fondo de Obras Menores; al cual nos hemos referido en distintas oportunidades en Nestornautas (recomendamos leer especialmente ésta entrada).

La presión de los intendentes de las dos ciudades más grandes de la provincia (que representan más del 60 % de su población, y por ende de su padrón electoral), gobernadas ambas por el Frente Progresista Cívico y Social, no es casual: es parte del contraataque del oficialismo provincial a la asistencia financiera que llegará desde el gobierno nacional a los municipios y comunas gobernadas por el FPV/PJ; tema analizado acá.

Los reclamos de Corral por una presunta discriminación a Santa Fe (en éste caso desde la provincia) tampoco son nuevos y fueron analizados acá en una mirada más amplia que involucraba la coparticipación nacional y provincial de impuestos, y la asignación de recursos vía transferencias especiales como el llamado Fondo Soja.

¿Por qué decimos que estos reclamos (el de los radicales de Santa Fe y los socialistas de Rosario) son parte de una estrategia del FPCyS?

Porque si Santa Fe y Rosario fueran incorporadas al reparto del Fondo de Obras Menores, es obvio que lo que reciben por esa vía el conjunto de los municipios y comunas del resto de la provincia se vería sensiblemente disminuído, aun en el caso de elevar la alícuota del Fondo (como se propone en algunos casos) del 1 al 1,5 % del cálculo de recursos de la Administración Central provincial, del año anterior.

Y si a eso se le suma que no se modifica la reglamentación del Fondo (dictada por Binner mediante éste decreto) para darle automaticidad  a los envíos (respetando de ese modo el espíritu de la ley: son recursos afectados, de propiedad de los municipios y comunas), lo que se haría sería agravar aun más la discrecionalidad con que maneja el reparto el Ejecutivo provincial (pese a las declaraciones en contrario de los funcionarios provinciales), y la deuda acumulada por partidas no remitidas del FOM; con la previsible excepción en éste caso de (justamente) Santa Fe y Rosario, donde el oficialismo provincial planea concentrar su caudal electoral (en un año en que se eligen autoridades nacionales y municipales), para suplir su menor desarrollo territorial en algunas zonas del interior provincial.    

Pero lo más curioso de todo es la opinión de Bonfatti, que consultado sobre el planteo de los intendentes de Santa Fe y Rosario dijo: "Claro, cómo no vamos a discutir eso si Rosario destina 30 por ciento de su presupuesto a Salud, servicio que utilizan otras localidades."

Lo primero que llama la atención es el asombroso (o no tanto) parecido de su opinión con la de Macri, cuando habla de los habitantes del conurbano bonaerense que se atienden en los hospitales públicos porteños.

Lo segundo (y más notable aun), es que el gobernador funde la procedencia del reclamo de los intendentes, en el caso de Rosario, en que la municipalidad que maneja el socialismo invierte el 30 % de su presupuesto en salud; algo que las demás de la provincia no hacen.

Y es muy curioso, porque los hospitales municipales rosarinos son íntegramente subsidiados por el gobierno provincial; a partir de un decreto de Binner que jamás pasó por una discusión en la Legislatura, y que fue complementado por al menos otros dos que reajustaron el monto de los subsidios: ver acá y acá.

Un subsidio provincial para los hospitales municipales rosarinos que ascenderá éste año (según el Presupuesto 2013 enviado por Bonfatti a la Legislatura) a $ 152.554.000, cuando el total del Fondo de Obras Menores (que reciben todos los municipios y comunas de la provincia, menos Santa Fe y Rosario) es de $ 251.846.000

O lo que es lo mismo, el subsidio de la provincia a los hospitales rosarinos (que además se reajusta un par de meses al año, con el pretexto del aumento de los costos o los "tratamientos de alta complejidad") equivale al 60,57 % del Fondo de Obras Menores.   

DISCRIMINADOS Y ASFIXIADOS

Un par de oportunidades (acá y acá) nos hemos ocupado de las declaraciones de los funcionarios y referentes del socialismo intentando desmentir que en Santa Fe haya discriminación a los municipios y comunas gobernadas por el FPV, por parte del gobierno provincial.

Vemos en la imagen que encabeza el post (tomada de ésta nota) como el secretario Ghirardi pone como ejemplo de la gestión provincial en la materia, el manejo del llamado Fondo de Obras Menores; que en realidad fue creado en el año 2004 por la Ley 12.385, y reglamentado en cuanto a los criterios de distribución por la Ley 12.744 de 2007; es decir en ambos casos durante el gobierno de Obeid.

Dice el funcionario que el año pasado los recursos del Fondo fueron girados "en porcentajes similares a las localidades del Partido Justicialista y las del Frente Progresista, según lo marca la ley".

El problema es que la ley no establece la distribución de esos recursos por el color político de los gobiernos (o en proporción a los votos), sino otros indicadores:  un 25 % por partes iguales entre todos los municipios y comunas de la provincia, un 5 % destinado a constituir una reserva para casos de urgencia, y el resto (como si fuera un nuevo 100 %) repartido en un 70 % en base a la población de cada municipio y comuna (Santa Fe y Rosario no entran en el reparto), y el 30 % restante en base a población con necesidades básicas insatifechas (NBI), en base a los últimos datos oficiales publicados.

Pero además dice el funcionario (como un logro de la gestión de Bonfatti) que en el 2012 el conjunto de los municipios y comunas provinciales recibió 95 millones de pesos, del Fondo de Obras Menores.

El problema es que el presupuesto provincial del año pasado asignaba recursos del Fondo por $ 186.830.000, lo que implica que el conjunto de los municipios y comunas recibieron apenas el 50,48 % de lo que les correspondía.

Cosa que sucede por lo que decíamos en un post de hace poco más de un año, sobre el modo como el gobierno provincial hace funcionar el flujo de los recursos del Fondo, contrariando el espíritu de la ley: "Tal como quedó la ley, ese 1º % es un recurso afectado, lo que implica que no se puede usar para otros fines o gastos, ni del Estado provincial ni de los Municipios y Comunas; y por ende debería fluir automáticamente a éstos como la coparticipación federal o de los impuestos provinciales, o el Fondo Soja; máxime cuando hay coeficientes fijados por ley para distribuir los recursos.

Sin embargo, en el 2008 Binner modificó la reglamentación (posterior a la reforma de la ley en el 2007) con este decreto; que creó un sistema más engorroso aún que el anterior, cuando ya no tenía sentido por lo dicho respecto a la reforma de la ley en el 2007: ahora las municipalidades y comunas tienen que presentar proyectos, Ordenanzas de los Concejos municipales autorizando el pedido de plata (cuando son recursos asignados por ley a cada una), esperar que se losaprueben para girarles la plata, etc.

Pero en realidad lo que el gobierno provincial perseguía (y persigue) es "pedalear" el uso de los recursos para fumárselos, por eso igual exige que los pedidos de M y C sean aprobados en todos los casos por la Secretaría de Hacienda de la provincia (cosa que por supuesto no pasa con la coparticipación o el Fondo Soja en la parte que corresponde a Municipios y Comunas); y mientras tanto los usa para tapar los agujeros que deja su propio descontrol a la hora del gasto."

Esos casi 92 millones de pesos recaudados por la provincia y sustraídos a los municipios y comunas le permitieron (junto con otros enjuagues, como el pedaleo de deudas con proveedores) al gobierno de Bonfatti cerrar el 2012 con un déficit menor a los impactantes 1665 millones de pesos que dejara Binner en el 2011, al terminar su mandato.

CHEQUEANDO A PATITO FEO (*)

Cierto, pero no por mérito de Binner, Bonfatti o el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social: es porque los mecanismos de distribución están establecidos desde 1975, por la Ley 7547 y su modificatoria 8437; que dice como se reparte cada impuesto provincial coparticipable, cuanto le toca a la provincia, y cuanto a cada municipio y comuna.

En el orden nacional sucede exactamente lo mismo, aunque el socialismo dice estas cosas para que pensemos lo contrario: en éste documento conjunto que hicimos el año pasado con los compañeros del Movimiento Evita demostramos (con documentación oficial del gobierno de la provincia) que del total de fondos nacionales que recibe la provincia de Santa Fe el 91 % corresponde a transferencias automáticas, diarias o semanales (con hasta tres por semana), basadas en criterios generales establecidos en normas vigentes; con anterioridad al 2003 y la llegada de Néstor Kirchner al poder.

Sólo el 9 % (que no incluye al Fondo Soja) depende de decisiones discrecionales del gobierno nacional, de transferir o no los recursos.

Cierto, pero eso no impide que el gobierno maneje discrecionalmente las transferencias y gire los recursos como si fueran de la provincia (subsidios o algo parecido), y no recursos propios de los municipios y comunas; afectados por ley a ellos.

En éste post se decriben los detalles, de lo que surge que (a partir de éste decreto de Binner que establece el mecanismo) a algunos municipios y comunas se les adeuden fondos de Obras Menores del año 2011, o que haya habido atrasos de más de seis meses en girar partidas que se pedían para pagar sueldos. 

Cierto, pero es igual que el 82 % móvil: no tiene nada que ver con alguna decisión de Binner o su gobierno.

Es simplemente porque antes de que él asumiera, más exactamente en noviembre del 2007, la Legislatura dictó la Ley 12.814 (texto acá) que dispuso que el Poder Ejecutivo provincial coparticipara a los municipios y comunas la parte que les corresponde del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; sobre el 100 % de lo recaudado.

Todos los demás recursos coparticipables (Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Automor y Actos Jurídicos, o sea Sellos), se vienen repartiendo del mismo modo entre la provincia, los municipios y las comunas (o sea siguiendo determinados indicadores) desde la Ley  7457 de 1975, como se dijo al principio.

(*) Denominación con la que bautizamos en Nestornautas a la diputada Ciciliani, a partir de cosas como las que por ejemplo pueden encontrar acá.

EL MUNDO DEL REVÉS

El jueves pasado dábamos cuenta en ésta entrada del sistema de ayuda financiera a los municipios y comunas de todo el país implementado por el gobierno nacional; y señalábamos que los medios hegemónicos lo planteaban exclusivamente como un intento de "puentear" políticamente a los gobiernos provinciales, sin contextualizar ni como funciona la asistencia, ni lo que sucedía en las provincias con sus municipios y comunas.

Y ejemplificábamos con el caso santafesino, donde el gobierno de Binner en su momento metió mato en los fondos nacionales que llegaban en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional); de resultas de lo cual la distribución fue escandalosamente discrecional, en beneficio de las municipalidades y comunas gobernadas por el Frente Progresista Cívico y Social.

Expusimos entonces las cifras, y las reiteramos acá.  

Por eso nos resultan como mínimo curiosas las declaraciones del ministro de Economía de la provincia de las que da cuenta la imagen que encabeza el post.

Primero porque (tal como lo señalábamos en el post del jueves pasado) el sistema aprobado a partir de éste decreto de Cristina y reglamentado por el Jefe de Gabinete, establece una serie de pautas en cuanto a la documentación que se exige a los gobiernos municipales y comunales que soliciten asistencia financiera, para demostrar cual es su situación real y si verdaderamente la necesitan o no. 

Segundo porque justamente por eso, es superador de lo que eran los llamados ATN (Aportes del Tesoro Nacional) de los que habla Sciara, creados por el artículo 3 inciso d) de la Ley 23.548 (el régimen de coparticipación federal elaborado en tiempos de Alfonsín, que apenas dice al respecto en su artículo 5: " El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias creado por el inciso d) del artículo 3 de la presente Ley se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado de su asignación.

El Ministerio del Interior informará trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación"

Y finalmente porque en el caso de Santa Fe, fue justamente el gobierno de Binner el que, a través del Decreto 3177/08, introdujo un elemento de mayor discrecionalidad en el reparto de los fondos a municipios y comunas provenientes de los ATN, al resolver que sería el Ejecutivo provincial (y no el Ministerio del Interior de la Nación, como lo ordena la ley) el que decidiría cuáles de ellos recibirían asistencia.

Como consecuencia de lo cual se llegó a las cifras que revelábamos más arriba: el 92,88 % de la asistencia financiera vía subsidios (o "aportes no reintegrables", para apelar al eufemismo progresista) fue a parar a municipios y comunas gobernadas por el FPCyS, durante toda la gestión de gobierno de Binner.

Cuatro años en que los que Sciara fue también el ministro de Economía.

Y si con lo dicho no alcanzara, ver acá lo que está pasando con el llamado Fondo de Obras Menores, que son recursos asignados por ley a los municipios y comunas, que deberían ser transferidos en forma automática; y que la provincia maneja en forma discrecional, al punto que a algunas de ellas les adeuda aportes del año 2011. Acá hay más información al respecto.