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MANUAL PROGRESISTA PARA EL CONFLICTO SOCIAL

En noviembre del año pasado Lifschitz -como la mayoría de los gobernadores- firmó el pacto fiscal con el gobierno de Macri, que implicaba trasladar a las provincias el ajuste que ya por entonces ejecutaba la nación.

El pacto fue el punto de partida de la reforma previsional que podó el salario de los jubilados y pensionados, aunque Lifschitz luego lo negara: decíamos acá que bastaba leerlo cláusula por cláusula para concluir en que era así, porque a eso se habían comprometido.

Y dijimos también que el pacto conllevaba el compromiso del gobierno nacional de financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia sin exigir a cambio la "armonización" del sistema previsional santafesino con el nacional, compromiso que hasta ahora no se ha cumplido, por la cual con coherencia los gremios estatales (con el apoyo de todo el Movimiento Obrero Santafesino) se movilizaron en defensa de los derechos de los jubilados actuales y futuros.

Precisamente con el argumento de la financiación del déficit de la Caja Lifschitz urgió a la Legislatura a aprobar en extraordinarias el pacto, sumándole que de otro modo la provincia no podría cobrar la deuda que mantiene con ella la nación tras el fallo de la Corte nacional de noviembre del 2015 por el descuento de fondos coparticipables destinados a la ANSES y la AFIP: a pocos días de la fecha establecida en el pacto para que Macri haga una propuesta concreta de pago, la única que hizo no involucra dinero en efectivo, y ha sido rechazada por la provincia.

Lo cierto es que el pacto se aprobó en tiempo récord, en una sesión escandalosa en Diputados y pese a las promesas de Bonfatti a los gremios estatales de que no se aprobaría. 

Luego llegaron las paritarias, y el intento del gobierno nacional de ponerles un cepo del 15 % como máximo de aumento, sin cláusula gatillo; que es exactamente la cifra tope de aumento del gasto público corriente (que involucra a los sueldos de sus empleados) a la que se comprometieron los gobernadores que firmaron el pacto: ver al respecto acá.

Y la misma cifra que Santa Fe arrancó ofreciéndoles en las paritarias provinciales a los sindicatos: 15 % en tres cuotas. Así como Lifschitz había negado que el pacto fiscal significara la reforma previsional que cambió la fórmula de ajuste en la nación, sus funcionarios empezaron negando que ese mismo pacto condicionara la oferta salarial en las paritarias; para luego terminar admitiéndolo y ponerlo como excusa para no mejorarla.

En el medio y al mejor estilo María Eugenia Vidal, el "progresismo" santafesino trató de quebrar la voluntad de los gremios y los trabajadores apelando a la amenaza (aun vigente) de descontar los días de huelga, publicó solicitadas en los diarios con sueldos de los docentes para promover el resquemor entre trabajadores y quitarle apoyo social a los paros, y -dicen- envió a algunos periodistas "amigos" los sueldos de los empleados de la Administración.

Todo eso mientras repite que la oferta salarial -luego estirada a un 18 % que no es tal, en dos cuotas- es "la última, definitiva e inmodificable". 

La respuesta de los trabajadores fue contundente: todos los sindicatos (incluyendo a los municipales) rechazaron la propuesta, y la mayoría de ellos anunciaron medidas de fuerza, en algunos casos condicionadas a que el gobierno no haga un mejor ofrecimiento salarial. 

Todos, salvo UPCN, que en una votación peleada y controversial (por ser buenos) la aceptó, como se había comprometido antes de la asamblea su secretario general con el gobierno; y salvo UDA en el caso de la docencia, el mismo gremio al que Macri metió a dedo en la paritaria nacional docente por decreto, pasando por encima de la representatividad de la CTERA. Como ven, no son tan distintos el "progresismo" vernáculo y la derecha nacional gobernante; sobre todo cuando se trata de cumplir con lo que han pactado entre ellos.

Habrá que ver ahora como sale el gobierno provincial del embrollo en el que se metió solo (al firmar el pacto fiscal, de cuyos "beneficios" todavía no disfruta): si redoblando la apuesta y fijando unilateralmente por decreto el aumento salarial y descontando días de huelga, o por el contrario retomando el diálogo con los sindicatos y mejorando su oferta; aunque eso le implique incumplir lo que firmó en el pacto fiscal.

Después de todo, en caso de optar por esta última alternativa, perfectamente podría alegar que la nación no ha cumplido con ninguno de los compromisos a su cargo: no hay propuesta aceptable del pago de la deuda con Santa Fe, y Macri no ha derogado -como se comprometió- su decreto de 2016 "armonizador" de los sistemas previsionales.

A menos que el gobernador suponga que podrá alcanzar su deseo de reformar la Constitución provincial para ser reelecto de la mano de reuniones a escondidas con los senadores del PJ de la Banelco (que votaron a mano alzada el pacto fiscal), y respaldado por los dirigentes sindicales más desprestigiados de la provincia, por entregar sistemáticamente a sus representados.

Oia, ahora que lo pensamos, no difiere tanto de la fórmula que está empleando Macri para ganar "gobernabilidad", con la ayuda del "peronismo federal" de Pichetto y los gobernadores, y la CGT del triunvirato.    

Y los dichos del gobernador indican que se identifica más con el modo Macri o Vidal para resolver los conflictos sociales. 

PARA EL PRO, LAS ROSAS VIENEN CON ESPINAS

Aunque la noticia no esté en la primera plana de los diarios porteños ni digan nada en las radios o la tele, la municipalidad de Las Rosas (Departamento Belgrano) vive un prolongado conflicto desde diciembre del año pasado, cuando asumió como intendente Javier Meyer del PRO (con Macri en la foto de apertura).

El conflicto empezó cuando Meyer procedió a descontarles a los delegados gremiales de la FESTRAM (el gremio de los municipales santafesinos) de sus sueldos mensuales determinados adicionales, con el argumento de que su cobro era ilegal.

La medida generó las previsibles protestas y paros, y desde el gremio pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia; que decretó la conciliación obligatoria, que ya fue desconocida tres veces por el intendente.

Mientras tanto, a pedido de Meyer llegaron a Las Rosas más de 100 gendarmes que pusieron el pueblo bajo su virtual control, en medio de un clima enrarecido que incluye amenazas y el despliegue de patotas que amedrentan a los trabajadores en conflicto.

El Concejo Municipal de la ciudad votó el acatamiento de la conciliación obligatoria para poder zanjar el conflicto, pero el intendente sigue sin darle pelota al asunto, y se mantiene firme en sus trece.

El proceder de este típico representante de “la nueva política” que plantea el PRO es ilegal por donde se lo mire: al convocar a los gendarmes por su cuenta y sin la intervención del gobernador de la provincia ha violado la Ley 24.059 de seguridad interior, que en su artículo 24 establece claramente que es la máxima autoridad política de la provincia la que debe requerir el concurso de las fuerzas federales.

Claro está que esta presencia de los gendarmes (que continúan en Las Rosas hasta hoy) no se hubiera dado sin la complicidad del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, que para defender a un intendente “del palo” se pasó a nado el federalismo, la autonomía provincial y la ley de seguridad interior.

Es difícil además encuadrar el pedido de Meyer para que llegara la Gendarmería en lo que dice el artículo 23 de la misma ley que establece las causales en que procede: “Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada”, “Cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal” y “En situación de desastre según los términos que norman la defensa civil.”.

Recordemos que se trata de un conflicto gremial entre el intendente, parte de sus empleados y la FESTRAM, y que estaba interviniendo el Ministerio de Trabajo de la provincia. Probablemente el intendente PRO de Las Rosas haya sido un precursor del “protocolo de la protesta social” del gobierno nacional, y pensara resolver el conflicto a lo Cresta Roja: con palazos y balas de goma dispensados por los gendarmes.

Pero además al no acatar (por 3 veces) la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la provincia, Meyer ha violado la Ley 10.468 de Santa Fe, y se hace pasible de las sanciones más graves que la misma contempla, por ser reincidente.

Por supuesto que no la acata porque eso lo obligaría a retrotaer la situación al inicio del conflicto, cesar en los descuentos de los salarios a los trabajadores, devolverles lo descontado y abstenerse de tomar cualquier medida en contra de ellos (artículos 15 y 16 de la ley cit.)

Y al desconocer el hecho de que el Concejo votó para que la acepte, Meyer hizo pasar la situación a otro plano, generando un conflicto institucional de poderes que pone a la municipalidad en condiciones de ser intervenida, y a él de ser removido de su cargo.

En efecto, así lo dispone la Constitución de la provincia en su artículo 108: “La Provincia puede intervenir por ley, o por decisión del Poder Ejecutivo, en receso de la Legislatura, con cargo de dar cuenta inmediata a ésta, los municipios y comunas a los solos efectos de constituir sus autoridades en caso de acefalía total, o de normalizar una situación institucional subvertida.”

El gobierno de Lifschitz consintió hasta acá la degradación de su autoridad por el intendente, que cuenta con un fuerte apoyo del gobierno de Macri: el gobernador permitió que ingresaran y se instalaran gendarmes en una ciudad de Santa Fe para suplir a la policía provincial sin que él lo haya pedido, y que sea desconocida por completo la autoridad y la competencia de su cartera laboral.

Y pese a que el conflicto está instalado desde que asumió y fue escalando en gravedad, esperó hasta que el domingo pasado la Legislatura comenzara sus sesiones, para “conversar” con los bloques legislativos si interviene o no la municipalidad, para lo cual sobran los motivos.

Tamaña desidia solo se puede justificar desde la interna del frente progresista (Lifschitz debe temer alguna estocada de Corral, el autoerigido representante de Macri en Santa Fe), o por el miedo del gobierno provincial a algún tipo de represalia del gobierno nacional, por eyectar de su cargo a un intendente del PRO.

Ayer anduvo por acá Patricia Bullrich, y cuando la consultaron por el tema se limitó a decir que “tenía que consultar con el Secretario de Seguridad” para saber si la llegada de los gendarmes a Las Rosas fue o no pedida por el gobernador (el único autorizado para hacerlo, como vemos) o su ministro de Seguridad, pero eso sí: se ocupó de exigir que “dejen gobernar” a Meyer, como si fuera un perseguido político o un obstruido en su gestión. Acá pueden acceder al audio de "El hormiguero". 

Habrá que ver como termina decantando la cosa, pero tal parece que el socialismo no aprendió nada de los episodios de la triple fuga, y tiene pánico de tomar medidas que caigan mal en la Casa Rosada, aunque claramente correspondan.

PICHONES DE USANDIZAGA

 

El compañero Claudio Leoni de la FESTRAM (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales) denuncia prácticas desleales de algunos intendentes y presidentes comunales de la provincia, que consisten en ofrecerles a sus empleados aumentos salariales por encima del porcentaje ofrecido en la paritaria provincial del sector; y por otro lado amenzar al personal con descuentos de los días no trabajados si adhieren a los paros decretados por la organización, en la misma línea del gobierno de Bonfatti.

La estrategia tiene por claro objetivo quebrar el frente gremial y desarticular la paritaria municipal, que es una conquista cara a los trabajadores del sector, conseguida con la Ley 9286 y su modificatoria 9996, como una herramienta de dignificación del trabajador municipal.

Además de reconocerles a éstos un derecho que todo los trabajdores argentinos tienen garantido desde la implantación de las paritarias por Perón con la Ley 14.250, la instancia provincial les garantiza un piso mínimo de derechos a todos los municipales santafesinos, con prescindencia del tamaño del municipio o comuna en el que prestan servicios, o de su disponibilidad de recursos financieros.

La conducta desleal de los intendentes y presidentes comunales denunciados por Leoni y la FESTRAM (sin distinción de partidos, porque dos de ellos pertenecen a la UCR y el restante al PJ) recuerda a la del "Vasco" Usandizaga, que, siendo intendente de Rosario y con el cuento de la "autonomía municipal" resistió la existencia de la paritaria de los municipales de la provincia, y se negaba a cumplir con sus decisiones, llegando al extremo de plantear en la justicia la inconstitucionalidad de la ley que la creó.

Claro que si esa instancia de negociación no existiera, los trabajadores municipales santafesinos no estarían mejor que ahora sino peor: más precarizados, con situaciones de empleo informal (un bochorno tratándose del propio Estado), con salarios de miseria que en muchos casos acumulan meses sin percibir.

Situaciones que de hecho se dan en muchas municipalidades y comunas de la provincia. 

Vaya entonces desde acá nuestro más enérgico repudio a éstas prácticas desleales y la solidaridad con los compañeros municipales y su organización sindical.