EL PERONISMO EN SANTA FE, EN VEREMOS

En tiempos del menemismo Reutemann (que era un producto de Menem) instaló en el peronismo santafesino la teoría del alambrado: Santa Fe era una ínsula que debía permanecer al margen de la disputa política nacional, y el PJ concentrarse en los asuntos municipales o provinciales; apostando a obtener del gobierno nacional de turno (si era peronista, mejor) las ventajas que éste estuviera dispuesto a dar.

Todavía hoy hay dirigentes del PJ santafesino que atribuyen las derrotas electorales habidas desde el 2007 para acá exclusivamente al abandono de esa estrategia, con lo cual además de no acertar a explicar como el peronismo logró imponerse en ese lapso en Santa Fe en 2 de 3 elecciones presidenciales consecutivas (en ambos casos con cristina como candidata), evitan mirarse para adentro para explicar lo que ellos hicieron mal.

Ya sin Reutemann como figura gravitante de la política provincial, otros perfeccionaron su teoría del alambrado, y la consagraron institucionalmente: los senadores de la Fapnelco de Binner y Bonfatti que votaron la boleta única se desengancharon no ya de la disputa política nacional, sino de la específicamente provincial; dedicándose cada uno a cuidar su propia quintita. 

Como resultado directo de esa estrategia el PJ santafesino perdió gravitación nacional primero, y en la provincia después; enhebrando 3 derrotas electorales consecutivas en elecciones a gobernador, con distintos perfiles de candidatos en cada caso.

Lo que no fue un empujón para que el peronismo provincial hiciera lo que había que hacer: discutir un proyecto político provincial y como insertarlo en otro nacional, y ponerse a trabajar en serio para convalidarlo electoralmente: en el 2015 fue cuando estuvo más cerca, pero nadie podría sostener hoy seriamente que el diferencial existente del 22 % de Agustín Rossi al 29 % de Perotti se sostenga de cara al 2019; visto sobre todo el comportamiento del senador nacional frente al gobierno de Macri.

Todas las discusiones y análisis de la política santafesina que circulan por los medios provinciales y nacionales no incluyen al peronismo como factor, y pasan por que harán los radicales (ir con Cambiemos o el FPCyS), y por carácter transitivo, sus socios provinciales del socialismo. Hasta las cuitas internas del socialismo (como la purga del sector de Giustinianni) o su posible alianza con el inexistente (en la provincia) massismo tienen más interés para los medios que lo que pasa en el PJ.

Tras el ocaso de Reutemann, pareció despuntar (al menos él así parece creerlo) otro “liderazgo natural” en el PJ provincial, el de Omar Perotti; que adoptó hasta acá la misma estrategia política de María Eugenia Bielsa: hacer la plancha, esperando que lo vayan a buscar, pero para el 2019. No parece muy preocupado por las elecciones de éste año.

Y si bien está claro que no hay 2019 sin 2017 (ni en la provincia ni en el país) todo indica que Perotti no va a jugar, porque no sabría como, o sí, pero no suma votos un peronismo “Macri friendly” o hacer pichettismo provincial; mientras los efectos de las políticas del gobierno nacional impactan de lleno en la provincia y su entramado industrial, ni que hablar en la propia base electoral del rafaelino: la cuenca lechera del oeste provincial. 

El único que hasta acá salió a la cancha diciendo que quiere ser candidato, con un discurso claro (opositor acá y allá, en la provincia y en la nación) es el “Chivo” Rossi, despojado ya de los que como Rubeo blanquearon abiertamente que son la rama peronista del bonfattismo: un claro ejemplo fue la convocatoria a legisladores de Santa Fe y Córdoba con la excusa de “analizar la situación de Sancor” sin aportar ninguna solución concreta, pero sumando a la venta de humo del socialismo y el ministro de la Producción Contiggiani.

Antes de eso los senadores de la Fapnelco por boca de Traferri lanzaron el globo de ensayo de la candidatura de la jueza Rodenas, una estrategia propia de un peronismo acostumbrado a los candidatos que no vienen de la política (como Reutemann), y que jugó bajo cuerda por Miguel Del Sel en las dos últimas elecciones a gobernador. El intento murió antes de nacer, ajusticiado por los propios intendentes y presidentes comunales del PJ que supuestamente lo impulsaban.

El trabajo encomiable de las autoridades del PJ provincial y las del Departamento La Capital para alinear al peronismo santafesino por la misma senda no oculta que es una tarea que los excede claramente, y que siendo justos, está más allá de sus posibilidades concretas; porque los acuerdos de unidad "para meter a todos adentro" en un punto contienen, pero en el otro paralizan, porque ninguna línea concreta y definida de acción política se termina afirmando para imponerse al conjunto. El paralelismo con el PJ nacional y sus serios problemas para definir como plantarse frente a Macri es -en ese sentido- total.

Los candidatos, las alianzas electorales, las estrategias y que van a ir a hacer por ejemplos los diputados santafesinos al Congreso (¿opositores, oficialistas, las dos cosas según convenga?) es todo materia de discusión, pero nadie lo está discutiendo; acaso porque todos saben que no hay posibilidad de síntesis posible, al menos en lo inmediato.

O sea que se vuelve a instalar -por otros medios- la teoría del alambrado, pateando la pelota para 2019, dejando pasar esta elección nacional sin involucrarse activamente; acaso concentrándose en los niveles comunales y municipales (no se eligen cargos provinciales); donde además de línea política faltan recursos para hacer campaña, lo que es otro muy serio condicionante. 

Paradojalmente, en una elección en la que Miguel Del Sel no será candidato, el FPCYS está en crisis (con purga interna en el socialismo incluida), la candidatura de Corral perdió fuerza en la Rosada (y con ella la posibilidad de que la UCR encabece la nómina de "Cambiemos", recayendo esa responsabilidad en el PRO) y Reutemann reapareció para -entre otras cosas- tirarle dardos a los radicales, la inacción del peronismo santafesino se convierte en su principal enemigo. 

ACÁ HAY ALGO QUE NO SE ENTIENDE

Al tipo lo echaron del bloque del Frente Progresista en la Legislatura (y él dice que también del partido) por no haber bancado determinadas decisiones, a saber: los aumentos de la luz y el agua, la adhesión de la provincia al blanqueo de capitales (algo a lo que que el socialismo se opuso en los dos gobiernos de Cristina), el endeudamiento de la provincia en dólares (con prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros) y la destitución del Defensor General Gabriel Ganón.

O sea, por haberse opuesto a hacer lo mismo que hizo Aranguren en la nación con los tarifazos, y el gobierno de Macri con el blanqueo, el arreglo con los buitres, el re-endeudamiento del país y la ofensiva contra la Procuradora Gils Carbó.

Acá hay algo que no se entiende bien, y es como Lifschitz, Galassi y Bonfatti dicen que es imposible que ellos formen parte de "Cambiemos" porque los separan "diferencias ideológicas con el PRO, que representa a la derecha".

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS "LISTAS DE UNIDAD"?

El jueves pasado la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la autorización al gobierno de Lifschitz para que se endeude en 1000 millones de dólares, para obras de infraestructura. La iniciativa tuvo 33 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. en éste enlace pueden acceder a como votó cada bloque, y cada diputado.

En el caso del PJ y sus aliados (como el Partido del Progreso Social del "Tigre" Cavallero) hubo para todos los gustos: 5 diputados votaron en contra, 2 a favor (Rubeo y Cottelazzi), 2 se abstuvieron y Busatto estuvo ausente de la sesión. 

También hubo divergencias dentro del oficialista Frente Progresista: en el video de apertura Rubén Giustinianni explica las razones de su abstención (lo acompañó Silvia Augsburger, también del socialismo), por razones que son exactamente las mismas que enumeró Héctor Cavallero en una conferencia de prensa previa a la sesión, explicando los motivos del voto negativo de los 5 legisladores que así se expresaron luego.

Hace un tiempo en ésta entrada nos preguntábamos nosotros las razones del endeudamiento, cuando a la provincia le están entrando los recursos del juicio que le ganó a la Nación por la coparticipación, y tiene aun por cobrar el retroactivo desde que se le descontaban los fondos que iban a la ANSES, como lo señala Giustinianni. Más aun: hace pocos días Lifschitz dictó otro decreto incorporando al presupuesto otros 2407 millones de pesos adicionales, de recursos que está recibiendo Santa Fe por esa vía, con lo que ya suman 5726 millones adicionales en el año.

Como se dijo en el debate, el elevadísimo endeudamiento (al tipo de cambio de hoy, unos 14.300 millones de pesos) no solo se contrae en dólares, sino que se lo hace mediante la emisión de bonos que se suscribirán en el mercado por inversionistas privados (o sea no es un préstamo de organizamos multilaterales); siendo la primera vez que la provincia apela a este tipo de operatoria.

Y como contrapartida de la emisión de deuda, los bonos se emiten bajo legislación de Nueva York, y la provincia acepta la competencia de sus tribunales: veíamos en esta otra entrada como antes de enviar el proyecto a la Legislatura, el gobierno de Lifschitz contrató en forma directa a los estudios jurídicos y calificadoras de riesgo que intervendrán en la colocación de los bonos. Señal clara de que sabía que contaba con luz verde de la Legislatura.  

Porque ahora que el proyecto aterrizó en el Senado de la Fapnelco de los subsidios "progresistas", no hace falta ser un genio para darse cuenta que va a salir como por un tubo. De hecho, en el debate varios diputados se quejaban de la lista de obras a ejecutar con los créditos, que fue acordada con los senadores.

Hace poco tiempo acá en Santa Fe (al igual que pasó en la nación) se renovaron las autoridades del PJ provincial, y se acordó una "lista de unidad", con todos adentro: parafraseando a Duhalde, los que la quieren a la Cristina y los que no, y hasta los que hicieron campaña por Scioli, junto con los que le habían hecho la campaña a Del Sel, y los que bajo cuerdo le hicieron campaña a Macri. Entre ellos, algunos senadores provinciales que fueron los gestores principales del acuerdo, y manejaron la lapicera de los principales cargos.

Por supuesto que como viene pasando hace muchos años, la "unidad" se logró sin debate ni discusión política alguna sobre el perfil del peronismo santafesino, su proyecto político y el modelo de provincia al que aspira. Como pasó en la nación, sin ir más lejos: barriendo las diferencias bajo la alfombra "en nombre de la unidad", que nunca se sabe bien para que es.

Porque este caso del endeudamiento demuestra que no sirve ni siquiera para garantizar una línea política unívoca en la legislatura, y que todos lo legisladores que representan al partido sostengan la misma postura, y voten igual. Algo elemental en cualquier fuerza política que se precie de mínimamente organizada.

Como pasa siempre desde que el PJ es oposición en Santa Fe, y como seguirá pasando mientras puertas adentro no se discuta política en serio: cada uno se seguirá rascando donde más le pique, sin importarle lo que hagan los demás.

Es de esperar que por lo menos la "lista de unidad" sirva para que los empleados del PJ cobren sus salarios en tiempo y forma, ya que los principales gestores (los senadores provinciales) eran hasta acá los más reacios a poner plata de sus sueldos -como lo manda la carta orgánica- para que así fuera.

AHORA DICEN QUE GIUSTINIANI Y BARLETTA LEERÍAN NESTORNAUTAS, Y HAY POLÉMICAS

Leemos en la web de FM Sol: "La EPE subió sus tarifas 230% más que el resto de las provincias. Incrementó 350% entre 2008 y 2015, mientras que en todo el país sólo subieron 120%. Así lo establece en un informe presentado por el Frente Progresista Cívico y Social, comandado por la actual oposición al gobierno provincial. Por SOL 91.5, Giustiniani, aseguró: “Mientras la EPE no tenga un control por parte de los usuarios las cosas no van a cambiar”.

Según publicó el sitio Punto Biz, desde que el socialismo gobierna la provincia la tarifa de la EPE subió 350%, lo que representa 230% más que la media nacional. Sin embargo en ese período la inversión en infraestructura bajó de un 10% a un 6,5% del total de lo recaudado. Por su parte, el bajo desembolso de Assa en obras lleva a que más de 665 mil hogares de su área de cobertura no cuenten con cloacas.

Estos números fueron presentados por los propios representantes del Frente Progresista Cívico y Social, en este caso referenciados en la oposición a la actual conducción provincial, y que le disputarán los cargos en las elecciones primarias: Rubén Giustiniani, Mario Barletta, Pablo Javkin y Eugenio Malaponte.".

Una suerte que los muchachos se hayan sumado a la legión (?) de lectores de éste humilde blog; y aprovechen lo que en él se ha dicho al respecto muchas veces, por ejemplo acá para los dos casos juntos (EPE y ASSA); y con más detalle acá para la EPE y acá para ASSA.

APRETANDO POR UNA BANCA

A lo mejor a alguno le llame la atención el caradurismo de éste muchacho, haciéndole a Bonfatti críticas sobre la inseguridad en la provincia más duras que las de cualquier dirigente del PJ.

Es más: es muy probable que cuando las dijeron los dirigentes del PJ, él haya cruzado lanzas con los tapones de punta, en defensa del gobierno provincial. 

Es posible también que alguien asocie sus críticas con la inminente interna donde estaría aliado con Barletta, en contra de Lifschiz que sería el caballo de los comisarios Binner y Bonfatti, con pocas perspectivas de éxito: ¿alguien puede pensar seriamente que le podés ganar a todo el aparato del gobierno provincial y de la Municipalidad de Rosario, que además se metió en el bolsillo a buena parte de la UCR a fuerza de chapas en esas mismas estructuras?

También puede que estemos en presencia de un recurso que el propio peronismo ha utilizado muchas veces con éxito, que es convertirte en tu propia oposición, para canalizar así los votos que de otro modo se irían a la oposición real.

O probablemente la explicación sea más sencilla: al hombre se le vence el mandato como senador nacional en diciembre (al igual que a Reutemann) y en consecuencia está apretando para que, llegado el momento de las elecciones nacionales, la nomenklatura del partido lo tenga en cuenta; y puede colarse en la lista para renovar su banca por otros 6 años, pegado de la boleta presidencial de Binner, si es que finalmente éste se presenta como candidato.

Y siempre que a su vez la candidatura de Bonfatti a diputado provincial no sea testimonial, y termine luego renunciando a la banca para competir por una senaduría nacional; en cuyo caso podría colarse en la lista de diputados nacionales. El tiempo dirá.

A Binner y a Bonfatti les conviene tenerlo en el Congreso, por dos razones: se lo sacan de encima en la provincia, y lo proveen de un pelotero donde jugar al izquierdoso feroz (colaborando así para mantener la pátina "progre" del socialismo), mientras acá ellos hacen un gobierno conservador, sin ponerse colorados. 

Sigámoslo a "Pechito": a lo mejor comprobemos que existe un vínculo directo entre su futuro personal, y un futuro y sorprendente mejoramiento de la situación de inseguridad en la provincia.

Algo así como "si no me dejan afuera y vuelvo a mojar, digo que está todo joya, y quedamos amigos como antes".  

¿ME EXPLICÁS QUE NO ENTIENDO?

Esta semana el Senado aprobó el nuevo Código Procesal Penal, y tal como se preveía y lo dijimos acá, la oposición se opuso; aunque el proyecto original que envió Cristina sufrió 42 cambios en medio del debate, muchos de ellos respondiendo a sugerencias de los bloques opositores.

La iniciativa tuvo 39 votos favorables y 24 en contra, estos últimos en su mayoría de la UCR, el FAP y el "peronismo federal"; si es que tal cosa aun existe.

Entre los votos en contra estuvo el del senador socialista por nuestra provincia, Rubén Giustiniani, lo cual es -como mínimo- incomprensible.

Porque el Código que marcha rumbo a su aprobación en la Nación es exactamente igual al que se aprobó en Santa Fe en 2007 (antes de la asunción de Binner como gobernador) y se comenzó a implementar en febrero de éste año, con gran ruido publicitario del gobierno de Bonfatti que lo presenta como un gran logro institucional de su gestión.

Tan igual es, que hasta lo es en aspectos que en la nación los opositores (entre ellos Giustiniani) cuestionaron al proyecto remitido por Cristina; como lo explicábamos en detalle acá para algunos artículos.  

Incluso alguno de los cuestionamientos opositores -luego atendidos en los cambios introducidos al proyecto original- tenían que ver con el agravamiento de las condiciones para disponer la prisión preventiva, a partir (por ejemplo) de la "conmoción social" que causaba el hecho; concepto luego eliminado.

De allí que el voto en contra de Giustiniani es cuando menos curioso, considerando por ejemplo que esta misma semana en la Legislatura santafesina (ver acá) se le introdujeron más de 30 cambios al Código Procesal Penal vigente en la provincia, a propuesta de los senadores del Frente Progresista; y para endurecer más la denegatoria de las excarcelaciones para terminar -supuestamente- con la "puerta giratoria".

Se ha dicho -lo dijeron los propios senadores opositores en el recinto, especialmente los radicales y también Giustiniani- que una de las razones fundamentales para oponerse al proyecto son las amplias atribuciones que el nuevo Código otorgaría al Ministerio Público Fiscal, que conduce la Procuradora General Gils Carbó; al pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio.

Se habló también de que eso es peligroso, porque habría ingerencia política del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público, y en la eventual designación de los fiscales; y se pidieron cambios en la ley del Ministerio Público para restarse atribuciones a Gils Carbó.

Lo cual torna mucho más incomprensible el voto en contra de los radicales, y de Giustiniani.

El Ministerio Público Fiscal fue introducido en la reforma constitucional de 1994 en el artículo 120 de la Constitución, como órgano "extra poderes", con autonomía funcional y autarquía financiera; a pedido expreso de Raúl Alfonsín y la UCR como una de las condiciones para firmar el Pacto de Olivos, y habilitar la posibilidad de reelección presidencial inmediata, hasta entonces vedada.

De modo que lo único que hace el nuevo Código Procesal Penal en ese sentido es poner al procedimiento penal en línea con lo que dice la Constitución Nacional, desde hace ya 20 años.

En cambio en Santa Fe se ha impulsado una reforma del procedimiento penal que implica adoptar el sistema acusatorio y poner en cabeza del Ministerio Público la conducción de la investigación de los delitos; cuando ese órgano fue creado por ley, y no está en la Constitución.

Y acá los radicales y socialistas no sólo no se opusieron, sino que impulsaron la ley de creación del Ministerio Público con los mismos alcances que tiene en la Nación (rozando lo inconstitucional, por lo dicho de las diferencias), para acto seguido avocarse a un plan sistemático de designación de fiscales y funcionarios judiciales adictos; incluyendo ex funcionarios políticos de las gestiones de Binner y Bonfatti en la provincia, y de las gestiones municipales de Rosario y Sante, o de Barletta al frente de la UNL (tanto que el propio hijo de Barletta accedió a un cargo clave de la estructura).

Ver al respecto acá, acá y acá.      

COMPROMISOS PRIORITARIOS

Nos comprometemos con @rgiustiniani a trabajar para que la Extinción de Bienes del Narcotráfico sea Ley Nacional. pic.twitter.com/tBLOW7Kih9
— Mario Barletta (@barlettamario) noviembre 3, 2014

¿Barletta no tendría que comprometerse primero a darse una vuelta de vez en cuando por el Congreso, ir a las sesiones y quedarse en su banca hasta el final? 

¿Los dos no tendrían que comprometerse primero a no designar más en la provincia jefes policiales vinculados con el narcotráfico -como Tognoli, recomendado justamente por Barletta y la UCR-, ni a sostener a jueces mamarrachos como Vienna, que dicen que combaten a los narcos cuando no tienen competencia?

Eso, en lugar de andar reclamando por las redes sociales por lo que la Nación no hace, o por lo que hacen los jueces, policías y fiscales que ellos mismos nombraron, a mansalva:

La Nación no cuida las fronteras y deja que entre la droga provocando inseguridad y Santa Fe no tiene firmeza con la policía y la justicia.
— Mario Barletta (@barlettamario) noviembre 3, 2014

GIUSTINIANI MANDA FRUTA, Y LE PIDE A CAPITANICH QUE VIOLE LA DIVISIÓN DE PODERES

Como un coletazo del paso de Capitanich por el Senado, leemos en el Boletín Oficial de la provincia que el senador Giustiniani aprovechó la oportunidad para volver con un clásico del socialismo: la discriminación del gobierno nacional a Santa Fe.

En realidad con dos clásicos, porque el otro es la sanata.

Como ven en la imagen de apertura, uno de los puntos incluidos en el reclamo de "Pechito" fue por el descuento de la parte de la coparticipación que se afecta al financiamiento de la ANSES, tirando cifras al voleo: vemos que en un caso habla de casi 8579 millones de pesos que este año dejaría de percibir la provincia, y por el otro baja drásticamente a 3721.

¿Cuál será en definitiva? aunque a lo mejor puede haber un error de transcripción del Boletín Oficial.

Sin embargo y más importante que eso, es volver a aclarar algunas cuestiones falsas o inexactas que el socialismo (en éste caso por intermedio de Giustiniani) suele repetir.

Primero que ese 15 % de la masa coparticipable (denominado en la jerga "la precoparticipación") se conforma con 8,501 puntos porcentuales que aporta el conjunto de las provincias; y los restantes 6,499 puntos que aporte de su parte el Estado nacional; para financiar el sistema de seguridad social.

De acuerdo con el presupuesto 2014, esos recursos (contabilizados en el presupuesto de la ANSES) sumarán $ 94.982.300.000, lo que supone que la parte de ese total que aportarían el total de las provincias son exactamente $ 53.829.635.486,66.

Como Santa Fe representa el 8,97% del total de las provincias en materia de coparticipación, su aporte a la financiación de la seguridad social serían este año $ 4.828.518.303,15: bastante menos de los 8.579 millones de los que habló Giustiniani en el Senado.

El error es grosero, pero muy sencillo detectar de donde proviene: Giustiniani debe creer que tiene que sacar el 8,97 % (porcentaje de participación de Santa Fe en la coparticipación que reciben las provincias) de todos los impuestos que se afectan a financiar el presupuesto de la ANSES; ignorando que ahí también están contabilizados los aportes de la nación.

Lo otro no es un error, sino una barbaridad: Giustiniani le reclamó a Capitanich por el presunto incumplimiento de la ley de coparticipación, cuando el descuento del 15 % de la coparticipación que va a la ANSES proviene de otra ley (que el socialismo -incluyendo a Binner cuando era diputado- votó favorablemente), que es la 26.078.

Y esa ley fue cuestionada en la justicia por el gobierno de Binner (con el patrocinio del estudio de Gil Lavedra), pero la causa está a fallo de la Corte desde hace años, con dictamen de la Procuración General aconsejando el rechazo del reclamo.

¿Pretende entonces Giustiniani que la nación deje de cumplir una ley y se anticipe a una sentencia de la Corte Suprema, en un juicio que todo indica está en condiciones de ganar?  

Por no mencionar que si el Estado nacional accediera a su reclamo, las demás provincias seguirían el mismo camino (hasta el presente solo San Luis formalizó el planteo, con el mismo resultado que Santa Fe: causa a fallo de la Corte, con dictamen desfavorable de la Procuración General); con las lógicas consecuencias sobre la financiación del sistema nacional de seguridad social.

Una enorme incoherencia entonces en el planteo de Giustiniani, que al mismo tiempo reclama que a los jubilados nacionales se les pague el 82 % móvil (amenazó incluso con hacer una consulta popular sobre el tema en su momento, la seguimos esperando), se paguen los juicios a los que reclaman reajuste de haberes, o cuestiona la fórmula de movilidad de los haberes; que se alimenta entre otros rubros (ver acá) de la recaudación impositiva afectada a la seguridad social, lo que implica que si la ANSES dejara de percibir el 15 % de la precoparticipación (tal su reclamo), los jubilados nacionales recibirían aun menos aumento cada semestre.

Lo de la presunta deuda por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia es aun peor, porque contra lo que sugiere el Boletín Oficial, Santa Fe nunca inició juicio a la nación ante la Corte Suprema -ni ante ningún otro tribunal, ya que la competencia de la Corte sería originaria y exclusiva- por ese rubro: ver acá información al respecto, y acá tienen el decreto de Bonfatti del 2012 que especifica cuáles son los juicios en trámite.    

En éste post se explica de que se tratan, y ninguno incluye el reclamo por la presunta de la nación por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

EL SOCIALISMO Y EL DERECHO AL AGUA

Sobre el debate del nuevo Código Civil y Comercial, leemos: "El socialista Rubén Giustiniani cuestionó que el oficialismo no haya querido introducir modificaciones al articulado de la norma y se refirió, entre otros temas, a que se haya quitado del Código "el derecho al acceso al agua potable como un derecho humano, en beneficio de las empresas mineras y detrimento de los ciudadanos“.".

Lo cual nos recordó esto otro: (la info completa, acá) 

Y ya que de derecho al agua hablamos, léanse esto y esto otro.

Pedir que pongan un artículo en una ley lo hace cualquiera.

Garantizar un derecho es otra cosa, un poco más complicada.

¡Y DALE CON EL 34 %!

Vía Barricada nos llega este twitteo del senador Giustiniani volviendo sobre el famoso asunto del "piso" del 34 % de coparticipación que (según sostiene también Binner) la ley exige que se les garantice como mínimo a las provincias, y la Nación no estaría cumpliendo. 

No conforme con haber fruteado de un modo ostensible afirmando que la provincia le había iniciado juicio a la Nación por el tema (lo que fuera desmentido por el propio Fiscal de Estado de Bonfatti, sigan el enlace que hay un par de audios muy recomendables), y desde la impunidad de los140 caracteres del Twitter, el senador se exime de ilustrarnos como hizo para llegar a esa cuenta, según la cual la Nación se quedaría con el 76 % de los recursos "de acuerdo al Presupuesto". 

Lo cual es muy curioso porque (aunque esto el senador Giustiniani debería saberlo, porque todos los años participa de su discusión), la coparticipación federal que se envía a las provincias no figura en el Presupuesto nacional, ni siquiera como un gasto del Estado nacional, justamente porque son recursos de las provincias.

Del mismo modo que no figuran por ejemplo los aportes a las obras sociales: son recursos de terceros, que el Estado nacional no puede tocar porque no le pertenecen (aclaración que hacemos porque hace un par de días Bonfatti dijo no saber cuánto recibía de coparticipación, ni cuándo la recibía).

Donde sí figuran los ingresos presupuestados en concepto de coparticipación federal de impuestos es en el Presupuesto de la provincia, porque para ella son recursos propios, y acá en éste cuadro (correspondiente al Presupuesto 2012 de Santa Fe) los podemos ver (los recuadrados son los diferentes impuestos, y la cantidad calculada de coparticipación de cada uno):   

Para ahorrarles la suma, diremos que la provincia de Santa Fe espera recibir por vía de la coparticipación federal de impuestos $ 14.082.756.000 éste año (algo más de 14 mil millones de pesos), y eso nos sirve para calcular cuánto recibirá el conjunto de las provincias (estimativamente, generalmente varía a la alza dependiendo de la inflación, la actividad económica y el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales); partiendo de la base que Santa Fe es el 8,97 % (era el 9,28 % antes de que se incorporaran al reparto Tierra del Fuego y la CABA como provincia y ciudad autónoma, respectivamente) del total "Provincias" en el esquema de coparticipación establecido por la Ley 23.548 (1988), la misma de la que Giustiniani y el socialismo hacen derivar el famoso "piso" del 34 %, que ya no existe más porque fue derogado; según se explicó en detalle acá.

Multipilicando lo que corresponde a Santa Fe por 11,148 obtenemos los recursos que transferiría la Nación al conjunto de las provincias por concepto de coparticipación federal de impuestos (lo que no incluye otras transferencias, como el Fondo Soja, el Incentivo Docente, etc); y la cuenta nos da exactamente $ 156.994.563.888; es decir casi 157 mil millones de pesos.

Veamos ahora que pasa con el conjunto de los recursos del Estado nacional, que sí figuran en el Presupuesto aprobado por el Congreso y que podemos ver en éste cuadro sacado de la ley votada para éste año: 

Si proyectamos esos casi 157 mil millones de pesos de la coparticipación federal sobre el conjunto de los recursos del Estado nacional que muestra el cuadro (casi 506 mil millones) nos da una participación del 30,99 % (* 29,95 %), lo cual estaría por debajo del famoso 34 % del que habla Giustiniani, pero bastante por encima del 24 % que les quedaría a las provincias según sus propios cálculos (reiteramos: que no sabemos de donde los saca), porque la Nación se queda con el 76 % restante. 

El problema con este primer cálculo es que el artículo 7 de la Ley 23.548 (el que establecía -recalcamos el pasado: ya no existe más- el "piso" del 34 %) por ciento decía textualmente: "El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley.".

Es decir que lo correcto no es calcular el "piso" sobre el total de los recursos, sino sobre los que tienen carácter tributario, que como vemos en el cuadro suman poco más de 321 mil millones de pesos; lo cual tiene su lógica (además de que era lo que decía la ley), porque es absurdo calcular un "piso" mínimo de coparticipación sobre recursos que, además de no ser coparticipables, no son tributarios y nada tienen que ver con los impuestos, como las contribuciones a la seguridad social (aportes personales y contribución patronal); que representan casi 145 mil millones de pesos en el Presupuesto nacional, y por eso están recuadradas en verde en la imagen.

De modo que si el famoso "piso" lo calculamos estrictamente en base a los recursos tributarios, lo que la Nación giraría a las provincias en concepto de coparticipación federal llega al 48,90 % (* 47,27 %); o sea casi quince puntos por encima del supuesto "piso", y más del doble del cálculo de Giustiniani en Twitter. 

Pero todavía hay otro tema a considerar: dentro de los recursos tributarios del Estado nacional están incluidos los gravámenes vinculados al comercio exterior, es decir los derechos de importación y exportación (las famosas retenciones) , que no son coparticipables porque forman parte del Tesoro Nacional de acuerdo a lo que dispone la Constitución Nacional en sus artículos 4 y 75 inciso 1); y que no son pocos, como pueden ver en ésta otra imagen:

De modo que, si excluimos de la base de cálculo los ingresos del Estado nacional por gravámenes al comercio exterior (aunque la ley de la que habla Giustiniani siguiera vigente, nunca podría ponerse por encima de la Constitución), el "piso" de lo transferido por coparticipación de la Nación a las provincias se eleva al 66,79 % (*64,56 %) de la masa, lejos (muy lejos) del 34 % y de lo que dice Giustiniani que reciben. 

Pero afinemos más todavía el lápiz, y atengámonos a la letra de la ley que mencionan los socialistas: el artículo 7 de la Ley 23.548 transcripto más arriba dice "Administración Central" del Estado nacional, es decir excluyendo a los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social.

En éste otro cuadro pueden ver los ingresos tributarios de la Administración Central nacional calculados en el Presupuesto 2012 votado por el Congreso: 

Si proyectamos los casi 157 mil millones transferidos a las provincias por coparticipación sobre esos algo más de 262 mil millones, vemos que el "piso" (que Giustiniani reclama sea del 34 %) ascendería al 59,87 % (* 57,86 %); o sea casi 26 puntos más.

Y si volvemos a hacer el cálculo que hicimos antes, excluyendo los ingresos por gravámenes vinculados al comercio exterior (derechos de exportación e importación), por no ser coparticipables según la Constitución, la cuenta llegaría al 87,85 % (* 84,91 %) ; acá vemos el cuadro correspondiente: 

Como se puede advertir, los números no dan lo que dice Giustiniani tomándolo como sea, incluso si se ignoraran los cambios a la coparticipación secundaria (la que le toca a cada provincia) y se siguiera contabilizando a Santa Fe con el 9,28 %: allí el factor multiplicador para llegar a determinar cuanto va al conjunto de las provincias sería 10,775, y el resultado daría una masa coparticipable de $ 151.741.695.900, o sea una diferencia en menos de poco más de 5000 millones, casi irrelevante a los fines del chequeo: la pueden corroborar en las cifras puestas en cada caso entre paréntesis en megritas, precedidas por un asterisco.

Aclaramos además (anticipando algún interrogante o cuestionamiento al respecto) que nada tiene que ver con todo ésto (al menos no desde el punto de vista de los cálculos) el famoso 15 % de la masa coparticipable que va a la ANSES para financiar la seguridad social, porque corresponde tanto a la parte de la Nación como a la de las provincias, y ya está calculado en los ingresos tributarios de la Administración Nacional (los algo más de 321 mil millones que se muestran en el segundo cuadro). 

(*) Los marcados con asteriscos y negritas son los porcentajes calculados asignándole a Santa Fe el 9,28 % de la coparticipación del total de las provincias.

VERDULERÍA Y FRUTERÍA "EL SOCIALISMO": 34 % DE DESCUENTO

El hit de la semana es el famoso asunto del "piso" de coparticipación del 34 % para las provincias, que supuestamente está garantizado por ley, y que la Nación no estaría cumpliendo, tema ya analizado acá y acá, entre otras entradas del blog. 

Binner, por ejemplo, recorre el país sanateando con eso, y hasta calcula cuanto les debe (porque él ya lo decretó: lo debe, y listo) a las provincias, por no transferirles ese "piso":

Pero no es el único, como también lo señalamos en su momento en Nestornautas, el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado Galassi se anota en el marcador:

Y no se anduvo con chiquitas el hombre: no ya la ley, sino la propia Constitución Nacional diría lo del famoso 34 %, y hay que cumplirlo.

Pero aunque subió la apuesta, estuvo lejos de empardar al senador Giustiniani, como vemos en esta captura de pantalla obtenida de su propia página web, a la que pueden acceder acá: 

Clarito, ¿no?: la provincia de Santa Fe (junto con otras 11) tiene pendientes varios juicios contra la Nación, y uno de ellos es para que se cumpla con el "piso" del 34 % de la masa coparticipable que debe ir a las provincias.

Y vemos también que en la misma página del senador, se plantea "que Santa Fe reciba los fondos que le corresponden constitucionalmente"; con una Constitución Nacional al ladito: de ahí debe haber sacado Galassi la idea.    

Pero volvamos a los juicios: la mejor forma de saber los juicios que lleva adelante la provincia, es preguntarle al Fiscal de Estado, que es el funcionario que -de acuerdo a la Constitución de la provincia- tiene que llevarlos adelante; aunque Binner en este caso de los juicios de la Nación lo haya contratado en forma directa a Gil Lavedra; como contamos nosotros varias veces.

Y nuestro amigo Gustavo Castro, desde el programa "Entre el ruido" que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por Radio Nacional Santa Fe, entrevistó a Pablo Saccone, el Fiscal de Estado de la provincia (funcionario político, designado por el gobernador Bonfatti, con acuerdo de la Legislatura), para que le detallara cuántos y cuáles eran los juicios que tiene la provincia contra la Nación, y por qué motivos.

Específicamente le preguntó por éste famoso tema del 34 % de la coparticipación, y por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, acá les dejamos el audio, presten atención a lo que dice Saccone cuando Gustavo (que se tomó en serio lo de los cartelitos de Lanata) le pregunta:    

Clarito (dentro de los balbuceos de un Fiscal que parecía no tener muy en claro a qué referían incluso los juicios ya iniciados): no hay juicio por el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y tampoco hay juicio por el famoso piso del 34 % de la coparticipación.

Y dijo más: éste último todavía no tienen previsto ni iniciarlo.

Raro, ¿no?

No sólo porque contradice abiertamente lo que dijo el senador Giustiniani, sino porque si fuera como él dijo (y Galassi repitió) y es la propia Constitución Nacional la que dice cuánta coparticipación le corresponde a las provincias, no se entiende por qué razón el gobierno socialista no inició ese juicio: sería sencillísimo de ganar, van leen la Constitución, después miran cuanta plata entra, y listo.

El problema es que todos (Binner, Bonfatti, Galassi, Giustiniani y si nos apuran, hasta el propio Saccone) mandan fruta y verdura a granel todo el tiempo con estos temas, por todos los medios a su alcance, sin que nadie haga lo que hizo Castro: preguntarles de dónde sacan las cosas que dicen con total impunidad.

De esto se habla cuando se dice que el socialismo (a imagen y semajanza de Macri) ha construido en todos estos años mediante la generosa distribución de la pauta oficial, una red de protección mediática para decir lo que se les antoje, sn que nadie (o casi nadie, como lo demostró Gustavo) se anime a sacarlos de su libretito.

Que mientan no es además novedoso, ni mucho menos: hace unos cuantos meses, en plena campaña electoral, nosotros en esta entrada (con el enlace a otro audio de "Entre el ruido") dejábamos en claro que lo mismo hicieron con el famoso asunto de la presunta deuda del Estado nacional con la provincia por el déficit de la Caja de Jubilaciones: Binner aseguraba que había hecho un juicio contra la Nación, y su propio Fiscal de Estado Barraguirre (como hoy Saccone) lo desmentía, el juicio nunca se inició, ni siquiera hasta hoy.

Y así como llama la atención el descaro del socialismo para mentir y la complicidad del periodismo, también sorprende el silencio cómplice de la mayoría de la dirigencia del PJ provincial (con la solitaria excepción de Agustín Rossi) cuando desde el gobierno nacional le pegan a Cristina con estos temas.

Parece como si todos tuvieran miedo que los corran con la vaina del federalismo, o de no defender los intereses de la provincia, cuando de lo que se trata es de no dejar que se mienta impunemente.  

GIL LAVEDRA LE HABRÍA ROBADO UN JUICIO A LA PROVINCIA DE SANTA FE

Leemos en que el senador nacional por la provincia Rubén "Pechito" Giustiniani planteó en la sesión del Senado nacional el famoso asunto del presunto incumplimiento por parte de la Nación del "piso" de coparticipación establecido por el artículo 7 de la Ley 23.548; es decir el régimen de coparticipación federal establecido durante el gobierno de Alfonsín.

Según Giustiniani, el gobierno provincial habría iniciado juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación  un recurso de inconstitucionalidad por la violación de esa garantía por parte del gobierno nacional, lo cual es ciertamente raro.

En primer lugar porque el famoso "piso" ya no rige más, al menos desde 1992, cuando se celebró uno de los pactos fiscales, luego ratificado por la Ley 24.130, que es justamente el que estableció el descuento del 15 % de la masa coparticipable global (Nación + provincias), para destinarlo a la ANSES para el pago de jubilaciones y pensiones.

Esa ley (luego prorrogada en varias oportunidades, la última en el 2006 por la Ley 26.078, que Santa Fe cuestiona en otro juicio contra la Nación) dice en su artículo 2 incisos a) y b):  "suspéndase, a partir del 1º de septiembre de 1992, en lo que se oponga al Acuerdo arribado, y por el tiempo establecido en el mismo para cada caso, la estricta aplicación de las siguientes leyes y sus modificatorias: 23.548 (Coparticipación Federal), 21.581 (FONAVI), 23.615 (COFAPyS), 15.336 (FEDEI), y decreto ley 505/58 (Fondo Vial Federal);...téngase por modificadas, en los términos y por los plazos que establece el Acuerdo que por la presente se ratifica las leyes consignadas en el inciso anterior." (los subrayados son nuestros). 

Y por si quedaran dudas, la Ley 25.570 en su artículo 2 estableció:"Déjanse sin efecto todas las garantías establecidas con anterioridad sobre los niveles a transferir por el GOBIERNO NACIONAL correspondientes a los regímenes de distribución de recursos nacionales coparticipables."  

En segundo lugar, aunque el famoso "piso" del 34 % aun rigiese, el artículo 7 de la Ley 23.548 lo calcula sobre los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, y ese monto se excede largamente del 34 %: acá tienen en detalle el cálculo.  

Y en tercer lugar (y más importante aun), no está muy claro que (como dice el senador Giustiniani) la provincia efectivamente haya iniciado juicio a la Nación por éste tema.

En su momento en ésta entrada hablábamos justamente de los juicios iniciados por el gobierno provincial contra la Nación en el mandato de Binner (contratando para eso al estudio jurídico de Gil Lavedra), y luego ratificados por Bonfatti (a pedido de la Corte Suprema de la Nación) mediante el Decreto 660/12.  

Para que se vea más claro, va la imagen del decreto:

Como vemos, el decreto habla de tres juicios en los que Santa Fe reclama la inconstitucionalidad de alguna norma nacional, y uno ordinario por cobro de pesos.

Y los tres (no cuatro, como dice Giustiniani) en los que se plantea la inconstitucionalidad de alguna norma son: el del 15 % que va a la ANSES (plantea la inconstitucionalidad de la Ley 26.078), el de la coparticipación del impuesto al cheque (plantea la inconstitucionalidad de la Ley 26.180) y el de los fondos que se destinan al funcionamiento de la AFIP (plantea la inconstitucionalidad del Decreto 1399/01 de De La Rúa).

Nos quedan entonces dos juicios (según Giustiniani) y uno sólo (según el decreto de Bonfatti, ratificando los iniciados por Binner en su momento).

Y ése único juicio restante (según el decreto de Bonfatti) es un ordinario, por cobro de pesos; o sea que, o corresponde al reclamo por el presunto incumplimiento de la Nación del convenio por el que se comprometió a financiarle a Santa Fe el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, o corresponde al presunto incumplimiento del famoso "piso" del 34 % de la masa coparticipable.Pero a los dos juntos, no.

En el caso del "piso" del 34 %, sería la única forma (en nuestra opinión) en que podría encararse formalmente el planteo, porque no se trataría de que una norma nacional (ley o decreto presidencial) sean inconstitucionales, sino de que se le estuviera mandando a la provincia menos plata de la que correspondería; lo que ya dijimos no es así.

Pero incluir a las dos cosas (el déficit de la Caja, el "piso" de la coparticipación) como hace Giustiniani no lo vemos posible, porque de lo contrario al firmar Bonfatti el decreto, Gil Lavedra le afanó un juicio (o lo inició y no le dijo), o se le perdió; o si lo había iniciado Binner, él desistió de hacerlo, porque pensaba que lo iba a perder.   

Sería bueno que se juntaran todos (Binner, Giustiniani, Bonfatti, Gil Lavedra) y nos explicaran claramente que juicios iniciaron y cuáles no, y que pasa con cada uno de ellos; en lugar de seguir confundiendo y vendiendo humo, o buscando excusas para encubrir una mala gestión.

No sea cosa que hagan lo mismo que Sciol, que se olvidó de una ley que ya había dictado la Legislatura diez años antes. (PD: nosotros anduvimos averiguando, y el cuarto juicio no sería ninguno de los dos, lo que de confirmarse implicaría que Giustiniani estuvo hablando puras pelotudeces en el Senado, compitiendo con Binner, que las dice en los medios)

CALIDAD INSTITUCIONAL

 

Por Raúl Degrossi

El domingo los santafesinos votamos con la famosa boleta única, una genial creación del diputado Javkin, que no sobrevivió para ver el éxito de su criatura: perdió 7 a 1 con Lifschizt la elección interna para la senaduría del Departamento Rosario, pero hizo su contribución histórica a la calidad institucional.

Los fundamentos del sistema -un intento desesperado por argumentar a favor de sus virtudes- son un compendio de zonceras increíbles, extraídas de los anales de la más rancia antipolítica que destilan "organizaciones no gubernamentales" como el CIPPEC; que confeccionó en conjunto con el gobierno de Binner un "Manual" de esas zonceras, que ríanse del de Jauretche o del de Aníbal Fernández.

En La Nación de hoy, el abogado de Binner, el diputado Gil Lavedra sale a defender el sistema y a pedir su aplicación en el orden nacional, en el medio de irresponsables denuncias sobre fraude en las elecciones presidenciales del 2007, denuncias que -por supuesto- se siente eximido de demostrar: los custodios de la calidad institucional no entran en esas menudencias. También el CIPPEC hace lo suyo en la "tribuna de doctrina", dando una muestra gratis del manual de zonceras con que nos adoctrinaron a los santafesinos. 

Zonceras concebidas en un laboratorio, alejado del barro de la política real, que consiste en administrar y gestionar intereses (incluso ambiciones personales), conflictos, problemas, en un constante choque de poderes y voluntades, por dentro y por fuera del sistema jurídico formal. Zonceras teñidas de un enorme voluntarismo que desconoce cuestiones elementales de la realidad, y si no veamos lo que pasa con algunos protagonistas claves de la política santafesina.

En las elecciones legislativas del 2009, Santa Fe renovó sus tres senadores nacionales, y asumieron Reutemann, Giustiniani y Roxana Latorre. Con los tres -que tienen mandato hasta el 2015- tendrá que convivir durante todo su mandato el futuro gobernador de la provincia, sea Agustín Rossi o Antonio Bonfatti: lo que es seguro es que tendrá en el Senado nacional a dos adversarios políticos, o tres, dependiendo del humor de Roxana Latorre en la semana.

Reutemann fue dos veces gobernador, intercalando mandatos con Obeid, porque la Constitución provincial no permite la reelección inmediata; y en el 2009 planteó su campaña a senador como la plataforma para la candidatura presidencial. Ganó, pero un año y medio después se bajó de todo, no participó de la campaña de las internas, y dice que el peronismo federal (creado para defender las instituciones y la república) "ya fue". Ahí disiento con Geraldinho: como tribu urbana, los floggers duraron más.

Eso sí: dice que si Rossi lo llama, él se suma a la campaña del PJ para la gobernación, así que Agustín, veo si te consigo el número y le pregunto en que horario está disponible. Pero del Senado no se baja hasta el 2015 (cuando tendrá mas o menos la edad que hoy tiene Pino Solanas), por las dudas y por los fueros, no sea cosa que alguna vez alguien active las causas por las víctimas de la represión policial de diciembre del 2001, y por las inundaciones del 2003.

Algo que por ahora no es posible porque Binner respeta en serio la calidad institucional y no barre con la Corte Suprema provincial, como hizo Kirchner con la Corte menemista, para poner en su lugar una de la que hoy se vanaglorian los que la dejaron como estaba durante el gobierno de la Alianza y, claro, el Grupo Clarín; por lo menos mientras no le falle en contra la causa de la ley de medios, o la de la apropiación de los hijos de Ernestina.

En esa misma elección del 2009, Giustiniani fue electo senador por la minoría, una bolsa de trabajo para dirigentes radicales creada por Alfonsín en el Pacto de Olivos que firmó con Menem; con la que pasó lo mismo que con el gobierno del Frente Progresista: lo terminaron aprovechando mejor -para esos fines- los socialistas. Ventajas cualitativas de los "frentes programáticos", que le dicen.

En el 2009 Giustiniani -con el apoyo total de Binner- obtuvo el 41 % de los votos; menos de dos años después -con Binner con los tapones de punta en contra suya- sacó el 8,67 %, menos que Agustín Rossi en pleno conflicto del campo, cuando lo esperaban con huevazos en cada pueblo. Estaba dispuesto a renunciar a la banca en el Senado si era electo gobernador, habrá que ver si estará dispuesto a renunciar ahora que salió tercero en la interna.

La calidad institucional indica que eso no sería correcto: hay que respetar los mandatos para los que uno fue electo, ¿no?, sino la suya hubiera sido una candidatura testimonial, como le dijo el mismo Binner; y todos sabemos que esas cosas sólo las hacen los peronistas, que como dijo Borges, son incorregibles.

Y hablando de Binner: como no pudo ser reelecto porque la Constitución se lo impide, eligió a Bonfatti para que sea gobernador, contra el presidente de su partido y sus socios radicales en el Frente, pero eso sí: promulgó la boleta única para terminar con el "efecto arrastre" de las candidaturas.

Y es un republicano en serio, eh: no quiso modificar la Constitución para ser reelecto, sino apenas para eliminar el Senado, donde tiene minoría hoy (5 senadores sobre 19) y Bonfatti la seguirá teniendo después de diciembre, si gana la elección; pero ojo: nada más que para agilizar el tratamiento de las leyes, que si no le gustan, las veta, como la boleta única, que la vetó parcialmente para que también rigiera en las internas, y poder joder a los radicales, algo que le importaba tanto como joder a los peronistas, o más.

Y gracias a que la boleta única eliminó el "efecto arrastre" (pero todos los que ganaron fueron apadrinados por alguien, como Bonfatti, Corral o Mónica Fein), es muy probable que, si Bonfatti es electo gobernador, tenga también minoría en la Cámara de Diputados. Pero eso se arregla fácil: lo eligen gobernador a Rossi, y listo.

La boleta única es una de esas cosas que nunca hará el kirchnerismo, que atropella la calidad institucional a cada rato y se ocupa de otras pavadas, como sacar leyes para que a los jubilados les aumenten dos veces por año sin depender del humor del presidente de turno, que el Estado no gaste menos del 6 % del PBI en educación,  que se aumente el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que funcionen las paritarias que estuvieron hibernadas diez años, o que todos los padres y madres del país cobren salario familiar por sus hijos, tengan o no trabajo.

En fin, los dejo porque tengo que ir a un par de conferencias muy interesantes: una del diputado Javkin titulada "El voto electrónico: etapa superior de la boleta única", y otra del ex fiscal Garrido -que ahora está en el CIPPEC- que parece muy prometedora: "El non plus ultra de la democracia: la elección de presidente por sorteo, ante escribano público".