Ahora resulta que extrañan los subsidios nacionales al transporte público, después de 12 años de quejarse que a Santa Fe la discriminaban, en relación con la Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Y también extrañan el fondo sojero, creado con el 30 % de las retenciones a las exportaciones de soja, que votaron en contra en el Congreso, tal como tampoco votaron el DNU 206/09 de Cristina que lo creó. Pero eso sí: durante los 9 años que duró, no se privaron de adherir, y recibir la guita, hacer obras con ella y sacarles fotos; sin aclarar de donde venía la mosca.
Ahora quieren poco menos que plantear que están haciendo la reforma agraria, porque les van a cobrar más de Inmobiliario Urbano en sus inmuebles a los bancos y a las cerealeras. O sea: por sus propiedades, no por sus negocios. De hecho, a los bancos les rebajaron Ingresos Brutos para -por ejemplo- promover los sensacionales créditos hipotecarios ajustados por UVA.
Ni hablemos de cobrarle -ponéle- más de Inmobiliario Rural al campo, no señor: por el contrario, en el mismo video se jactan de que seguirá sin pagar Ingresos Brutos como pasa desde 1992, por los pactos fiscales firmados durante el menemismo. Impuesto que sí le cobran a la industria.
Ah, no, pará: cierto que les van a subir la alícuota de Ingresos Brutos a las cerealeras, pero por las ventas en el mercado interno; porque por su facturación de exportaciones se comprometieron a mantenerlas exentas, al firmar el pacto fiscal con el gobierno de Macri. El mismo en el cual el gobierno nacional ya les advertía que iba a eliminar el fondo sojero, a reducir los subsidios al transporte y a modificar la fórmula de ajuste de los haberes de jubilados y pensionados.
Se enojan porque dicen que de cada 100 pesos de impuestos que paga el sector agropecuario, 90 se los queda el Estado nacional; cosa que no pasaría si no hubieran eliminado el fondo sojero (reiteramos: formado con las retenciones que apoyaban no pagar), y si ellos les cobraran Ingresos Brutos y un Inmobiliario Rural acorde al valor de mercado de los campos, ponéle.
En realidad, las retenciones (a las que, no nos vamos a cansar de reiterarlo, ellos se oponían) las pagan las malvadas cerealeras exportadoras, y se las descuentan a los productores del precio que les pagan por la cosecha: en otros tiempos, esto el socialismo te lo solucionaba proponiendo crear una Junta Nacional de Granos, o algo por el estilo. Ah, no, pará: cierto que Juan B. Justo y Palacios estaban en contra de toda intervención del Estado en el manejo de la economía, porque -decían- terminaba encareciendo los precios para los consumidores.
Y todo este circo es para -dicen- recaudar unos 900 millones de pesos para compensar la caída de los subsidios nacionales al transporte público, que este año deberían ser unos 3700 millones, o sea: tres empanadas para dos.
De esos 900 millones, 385 deberían venir (según el mismo proyecto que propagandizan) de aumentar del 5 al 10 % el porcentaje de la recaudación del Impuestos de Sellos (que el campo no paga) que se destina al Fondo Provincial del Transporte. Sí, ese fondo que subejecutan, mientras aumentan el boleto de colectivo interurbano dentro de la provincia, dos o tres veces por año, todos los años, desde el 2007.
Lo raro es que un proyecto tan maravilloso no lo haya incluido Lifschitz en el presupuesto que el Senado le acaba de votar por unanimidad y casi a libro cerrado, sin incluir en ningún lado los prometidos 1500 millones de pesos de subsidios al transporte automotor que anunció el ministro Saglione, y no aparecen por ningún lado.
¿No será una venta de humo de cara a la interna socialista por la candidatura a gobernador todo esto, no?