COHERENCIA

La gestión del Banco Central a cargo de Miguel Pesce últimamente no viene dando pie con bola, en especial en el contralor de la actividad de los bancos, y también en el control de los dólares "blue" en sus diferentes formas. Allí su responsabilidad es compartida con la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Pero esta semana dictó una medida acertadísima: restringir el acceso al crédito a tasas subsidiadas para los productores y empresas agropecuarias que retienen en acopios parte de la producción, especulando con la suba del dólar: si pueden hacer eso es porque tienen espaldas financieras suficientes y no necesitan vender.

Y si están en esas condiciones, no necesitan crédito bancario, menos a tasas subsidiadas o solventadas en parte por el Estado, sea con fondos propios o aportando a fondos de garantía recíprocas. Si no quieren intervención del Estado, sean coherentes y no la pidan, o no se aprovechen de los beneficios que crea. 

La medida del Central se suma a otra (excelente) tomada esta semana por la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont, relacionada con los precios de transferencia en operaciones de comercio exterior (la resolución completa acá en el Boletín Oficial del viernes); un mecanismo habitualmente usado por los grandes grupos exportadores para triangular operaciones a través de empresas vinculadas, generalmente constituidas en paraísos fiscales; para de ese modo subfacturar exportaciones, sobrefacturar importaciones y sustraer de la liquidación en el mercado oficialo de cambios, dólares que se van en forma de fuga de capitales.

Medidas de "sintonía fina" propias de un Estado inteligente, que pone las regulaciones donde las debe poner, aunque eso afecte intereses. Sobre todo si afecta intereses, de los más favorecidos siempre, incluso en las crisis como la actual.

Muy distinto a los papelonazos que se están haciendo al pagarles parte de los sueldos con fondos de la ANSES (atenta, Raverta) a grandes grupos económicos y sus empresas que siguen ganando en medio de la pandemia, como Clarín, Techint, Ledesma o Viacom, los dueños de Telefé. No solo ganando, sino despidiendo (impunemente, como en el caso de Techint), distribuyendo dividendos entre sus accionistas (como Clarín) o especulando con bonos de la deuda (otra vez se anota acá el hólding de Magnetto y vaya uno a saber cuantos más); además de tener empresas fantasmas en paraísos fiscales.

Por momentos existe la sensación que actuamos con bisturí y precisión quirúgica para otorgar beneficios a la base de la pirámide (lo que anunciaron ésta semana con la SUBE, las trabas para acceder al IFE o a los préstamos a tasa cero), y con brocha gorda para la cúspide, como pasa en los casos señalados. Ya se habló antes de las "dos velocidades distintas", por ejemplo para habilitar acuerdos con reducción salarial, o finalmente aprobar alguna forma de impuesto a las grandes fortunas, o a la riqueza.

Como muestra la imagen de apertura, la decisión del BCRA desató la previsible oposición de los ex oficialistas, hasta diciembre del año pasado: sin empacho asumen la defensa del campo privilegiado. renegando de la intervención estatal, no ya en sus formas más sofisticadas y profundas como podría ser un IAPI, sino ni siquiera admiten otras más limitadas, concebidas incluso bajo gobiernos de su "palo", como la Junta Nacional de Granos de Justo en la Década Infame. 

Todo, con la impunidad que les da saberse favorecidos por el blindaje mediático, para no hacerse cargo nunca de ninguno de los desastres que perpetraron, cada vez que fueron gobierno. Sin embargo, algo hay que reconocerles, más allá de chicanearlos en las redes sociales: son coherentes en la defensa de su propia base electoral.

Los que estamos fallando en eso somos nosotros. Tuit relacionado:

Pero calláte nabo, si tenés menos tierra que una maceta https://t.co/DUQjsXy5Fb

— La Corriente K (@lacorrientek) May 15, 2020

TRATEN DE QUE NO SE NOTE TANTO

Ponen al sobrino de Carlos Blaquier a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Blaquier, el dueño de Ledesma S.A.

El Fondo se compone -entre otros activos- de acciones de empresas privadas; entre ellas Ledesma S.A. (ver acá). Habrá que ver si en éste caso estamos ante otro supuesto de "puerta giratoria", y Laura Alonso y la Oficina Anticorrupción toman cartas en el asunto; atento a las promesas del flamante presidente en su discurso en el Congreso.

Los economistas de la Fundación Pensar ("usina de ideas" del PRO) propusieron en el último coloquio de IDEA (donde es Director Gustavo Lopetegui, ex gerente general de LAN y ahora funcionario de la Jefatura de Gabinete de Macri) vender todas las participaciones accionarias del Estado en empresas privadas.

Lo mismo que "sugirió" veladamente la Corte Suprema en sus fallos recientes por la parte de la coparticipación que va a la ANSES, para saldar la deuda con las provincias que le ganaron los juicios a la nación.

Carlos Blaquier está investigado por su participación en la causa denominada del "apagón" en el ingenio Ledesma durante la dictadura; y fue desprocesado hace unos meses en un memorable (por lo bochornoso) fallo de una de las salas de la Cámara de Casación Penal. 

Poco tiempo después, los legisladores del PRO se abstuvieron de votar la ley que crea una comisión investigadora del Congreso sobre las responsabilidades civiles y de empresarios y grupos económicos por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Empresarios como Blaquier, Magnetto (beneficiado con un DNU a la carta el primer día de gobierno del nuevo presidente) o Massot; de "La Nueva Provincia" de Bahía Blanca, tío del flamante presidente del bloque de diputados nacionales del PRO.

Disimulen un poco muchachos, no sean tan guasos, dejen algo para más adelante.

A menos que crean -como Escribano en el 2003- que la Argentina ha decidido darse gobierno por un año.

SURREALISMO PENAL

Retomando el tema de un post anterior,  podemos ver que los jueces que integran la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal, los Sres. Gustavo Hornos, Juan Carlos Geminiani y Eduardo Riggi, dejaron sin efecto los procesamientos contra el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y su ex jefe de personal Alberto Lemos, quienes fueran imputados y procesados en primera y segunda instancia por complicidad en delitos de lesa humanidad.

La falta de mérito dispuesta por estos tres jueces, incluye dos causas originadas en delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 víctimas, entre trabajadores y vecinos del Ingenio en la localidad de Ledesma (Jujuy), durante la noche del “Apagón” en el mes de Julio de 1976, y un anterior secuestro de tres personas el día 24 de marzo de 1976, entre cuyas víctimas se encuentra el ex intendente de la localidad, Luis Arédez, quien había osado reclamarle el pago de impuestos a la empresa de Blaquier, el Ingenio Ledesma.

En ambos operativos llevados a cabo por una banda conformada por integrantes de las fuerzas de seguridad, se utilizaron las camionetas de la empresa Ingenio Ledesma.

Ante la evidencia incontrastable de la complicidad de los imputados a través de la facilitación de vehículos para la comisión de los graves delitos, el juez de primera instancia y la Cámara Federal de Salta determinaron –como no podía ser de otra manera- el procesamiento de los imputados, Blaquier y su entonces empleado Lemos.

En este nuevo fallo de la Cámara de Casación Penal, esa evidencia innegable y la complicidad en la facilitación de recursos y elementos indispensables para cometer los delitos, hace que estos tres jueces de Casación tengan que recurrir a una argumentación insólita,desopilante, para intentar liberar del proceso a los imputados Blaquier y Lemos.

No tienen otra alternativa que admitir en el nuevo fallo, que en la causa estaba acreditado que Blaquier a través de su empresa, colaboró con los represores entregándole los vehículos, pero  señalaron que no se puede afirmar que supieran que se iban a utilizar para cometer delitos. Para estos jueces, no hay “mérito” para sostener que los imputados se hayan representado que hicieron un aporte a la conducta dolosa de miembros de la fuerza de seguridad que privarían ilegítimamente de la libertad a las víctimas.

Desopilante.Insostenible. Si hubo un primer operativo el 24/03/76, y entonces los grupos de tareas secuestraron –entre otros- al intendente ¿No supo Blaquier, que en esa pequeña localidad el intendente había sido secuestrado? ¿Y tampoco supo que para ello se usaron las camionetas que él les proveyó a los secuestradores? ¿Porqué a volvió a entregarle los vehículos de su empresa en el mes de julio a la banda del grupo de tareas? En este segundo operativo  en el mes de Julio de 1976, se cortaron las luces de la localidad para secuestrar a más de 20 personas. ¿Tampoco se enteró Blaquier de lo que ocurrió, y para que se utilizaron los vehículos de su empresa que otra vez él entregó? ¿Porqué y para qué  facilitó los vehículos? La respuesta posible es una sola.

Sin embargo, inexplicablemente, en su voto,el Dr. Geminiani sostiene lo siguiente:

 “si bien es cierto que el préstamo de las camionetas de propiedad de la empresa Ledesma a las fuerzas de seguridad es un hecho suficientemente acreditado, ello no constituye sino una prestación socialmente ubicua, esto es, una asistencia que, interpretada desde el sentido que la misma representa según las normas sociales, bajo ningún punto de vista puede ser relacionada ya objetivamente con una colaboración en un injusto, y consecuentemente, el destino o uso que a las camionetas se les otorgara resulta exclusivamente imputable al recipiendario, pero en ningún caso al dueño ni al representante de la empresa”.

Este párrafo del voto del Dr. Geminiani marcará seguramente un hito en las ciencias jurídicas,un momento histórico del Derecho Penal argentino, donde nace una nueva escuela: el surrealismo penal.  

En nuestra zona conocemos al Dr. Juan Carlos Geminiani -hijo-, que así se lo identifica pese a su veteranía, para diferenciarlo de su padre del mismo nombre. Este entrerriano, identificado desde siempre con la UCR, forma parte de aquellos jueces que declaman su independencia, pero que no bien se cruza en alguna de sus causas con algún representante del poder económico, olvidan sus declamaciones y se convierten en cadetes sumisos del poderoso.

Si toman ésta actitud por identificación ideológica, o si lo hacen porque reciben a cambio algún beneficio, o por ambas cosas, es algo sobre lo que cada uno podrá sacar su propia conclusión.

Como el dictado de la falta de mérito no clausura la causa, ésta insólita decisión seguramente será apelada, y quedará en manos de la Corte Suprema. La Corte entonces decidirá si ratifica las fundadas decisiones del juez de primera instancia y de la Cámara Federal de Salta, o si por el contrario, adhiere a la Sala 4 de la Cámara de Casación y su nueva escuela del surrealismo penal. 

Después de casi 40 años y ahora en la Corte ¿Será Justicia?

EL MURO DE IMPUNIDAD DEL VERDADERO PODER

Como para que no quede lugar a ningún tipo de dudas de que el lado en el que están, y con la precisión de un mecanismo de relojería, en apenas cuestión de días la justicia argentina produjo una serie de decisiones (a cual más controversial) para exculpar de responsabilidades en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, a importantes protagonistas del poder económico y mediático del país; entonces y ahora.

Magnetto, Mitre, Ernestina Herrera, Blaquier y Vicente Massot pudieron zafar de las causas que los involucran, aunque los procesos en su contra continúen; pero sin demasiadas expectativas de que progresen, tras años de chicanas y dilaciones; por los meandros de una justicia cómplice, también entonces y ahora.

No bastan las graves evidencias acumuladas en su contra, incluyendo las propias actas secretas de la junta militar que documentaron en el sigilo y el secreto, el pacto de sangre por negocios.

Los jueces confirman así -una vez más, por si hiciera falta- que se detienen ante el muro invisible pero no menos impenetrable de la impunidad del verdadero poder en la Argentina; y más aun: que el poder judicial es el resguardo último de los intereses de los dueños del país.  

Ese poder que instrumentó los golpes de Estado cada vez que perdía transitoriamente su control efectivo y directo del país, y cada vez que le fue necesario para sostener e incrementar sus negocios.

Si los juicios por la verdad, la memoria y la justicia fueron avanzando en el país para condenar a los responsables materiales de las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura por obra de la lucha y el esfuerzo de los organismos -y a partir del 2003 porque los gobiernos de Néstor y Cristina los convirtieron en una política de Estado-; y no precisamente por la decisión de la inmensa mayoría de los jueces y fiscales del país.

Y también -para ser justos- porque las fuerzas armadas perdieron gravitación como factor de poder político, aunque éste último aspecto no disuadió por ejemplo a Menem de firmar los indultos, o a De La Rúa de negar la extradición de los represores para que fueran juzgados fuera del país.

Pero cuando el proceso de verdad, memoria y justicia alcanza a los actores civiles del golpe (y sus máximos beneficiarios, en definitiva), la cosa cambia; porque siguen conservando aun hoy, a más de 30 años de recuperada la democracia, inmensas cuotas de poder efectivo, concreto y real.

Un aspecto que suele ser deliberadamente omitido en los análisis mediáticos (porque los medios hegemónicos son parte del pacto de impunidad), y en el discurso político de una oposición que para atacar al gobierno, defiende también a esta misma justicia.

Que carece en absoluto de autoridad moral para pretender convertirse en la guardiana de la república y las instituciones; y hasta ayer organizaba marchas movilizando a la ciudadanía para reclamar lo que ellos mismos deben garantizar.

Si en el marco de la iniciativa política sostenida por el kirchnerismo desde el 2003 en materia de derechos humanos y juzgamiento del pasado dictatorial algún sector de la justicia se sintió en condiciones (o quizás compelido) a continuar con los juicios, hoy el "partido judicial" le está diciendo a quien oírlo (empezando por caso por el mismísimo Lorenzetti, que hasta acá llegó la cosa; y debe quedar estrictamente circunscripta a los culpables de uniforme.

Lo que supone un desafío político abierto e intolerable a las instituciones de la democracia.

OTRO DE "SÚPER GARCAS 2014"

Este es un garca de estirpe, de la estirpe de los Patrón Costas digamos.

Su superpoder es apagar la luz para deshacerse de enemigos molestos, aprovechando la oscuridad.

Y ahora está tratando de usar otro: el superpoder de zafar, apelando a sus amigos judiciales.

Siempre le toca el mismo papel: el de garca, pero dulce.

EL PRIMER PODER

Pese a los avances de la década ganada en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura, subsisten asignaturas pendientes, como el deslinde de las responsabilidades (gravísimas) que les caben a los sectores empresariales que fueron la pata civil del golpe; y más que socios, beneficiarios directos del despliegue del aparato represivo.

De allí que hoy sea más serio hablar -con estricta propiedad- de dictadura cívico-militar para describir el régimen que gobernó la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976.

Sin embargo estos años sí han sido pródigos en esclarecer ese carácter, y los profundos vínculos de los principales grupos empresarios (incluyendo los mediáticos) del país con la estructura de la represión.

Claro que los avances de las causas judiciales no van en paralelo, porque esos mismos grupos han sabido tejer redes de complicidad en la justicia, para permanecer impunes; y que el castigo quede circunscripto a los responsables materiales de la represión.

Por estos días se están ventilando varias causas que analizan la responsabilidad de popes empresariales en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero hay dos que son emblemáticas en más de un sentido: la causa del apagón de Ledesma que involucra a Pedro Blaquier, y la que investiga la apropiación de Papel Prensa por Clarín, La Nación y La Razón. 

En el caso de la primera, leíamos el lunes en Página 12 que avanza firmemente hacia la instancia del juicio oral, con Blaquier (aun hoy, uno de los empresarios más poderosos del país) procesado; y hay razonable expectativa en que el proceso concluya -como debe ser- con su condena.

Muy distinto es el caso de la causa Papel Prensa, en la que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación denuncia un virtual "cajoneo" del expediente, que hace meses no registra avances significativos pese a los numerosos testimonios y probanzas que se han arrimado para demostrar que los diarios se hicieron de la empresa en un contexto de clarísima vinculación con el proceso sistemático de violación de los derechos humanos que se vivía en el país.

Recordemos en ese sentido que hace poco se descubrieron en el edificio Libertador las actas secretas de la junta militar que demuestran que los genocidas hacían un seguimiento permanente y personalizado del caso Papel Prensa como lo que era: una cuestión de gobierno, y no una simple operación comercial entre privados.

Pero al parecer a la justicia ni siquiera esas pruebas le alcanzan no ya para llegar a un veredicto, sino para al menos citar a Mitre y Magnetto a dar las explicaciones del caso; no hablemos ya de una indagatoria o un procesamiento.

Si se lo contrasta con el caso Blaquier (que como dijimos, no es ningún bebe de pecho, y respaldos no le faltan en el propio mundo empresarial), la diferencia solo puede atribuirse a un único factor: el enorme poder de extorsión que los medios concentrados conservan sobre las instituciones de la democracia; incluyendo en primerísimo plano a la justicia.

Como para pensar que lugar les corresponde en la constelación del poder, ante la zoncera instalada que los considerada el cuarto, encargado de contrapesar la influencia de los tres que regula la Constitución Nacional.

OTRO FALLO DE LA CORTE QUE PASÓ DESAPERCIBIDO

Fue anterior a la ley de medios (del mes de agosto concretamente), y quedó tapado por el ruido de la campaña electoral, y después de las elecciones, por el fallo contra Clarín: como  leemos en Tiempo Argentino hay preocupación entre los organismos de derechos humanos por las trabas que están subiendo en diferentes tribunales del país las causas por los crímenes de la dictadura, en las que se investiga la complicidad y participación de grupos económicos y empresariales muy importantes.

Los casos más conocidos (pero no los únicos) son la causa de la apropiación de Papel Prensa (que involucra personalmente a Bartolomé Mitre y Magnetto) y la que investiga las responsabilidades de Pedro Blaquier en las desapariciones del apagón del ingenio Ledesma.

Entre las trabas al avance de los procesos, la que más preocupa a los organismos y a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que encabeza Jorge Auat, es la que puede surgir de las derivaciones de un fallo de la Corte que -justamente-cuestionó las atribuciones de la Procuración General para designar fiscales subrogantes y equipos de fiscales especiales, para facilitar el avance de causas complejas y que son de interés relevante para la política de persecución criminal del Estado; como la que encabeza el propio Auat.

Que no es la única, porque organismos similares fueron creados para el seguimiento de las causas por narcotráfico, o lavado de dinero.

Lo que los organismos de DDHH advierten con preocupación es que los defensores de los represores y sus socios civiles utilicen el fallo de la Corte para cuestionar a los fiscales de las causas, apartarlos y dilatar así más aun la tramitación de las mismas, pese a que no sería de estricta aplicación al caso de las fiscalías especiales: acá en Página 12  se da un detalle de las causas que ya se complicaron en ese sentido y no sólo de derechos humanos: por esa vía se cuestionó también el accionar del fiscal Murray en la causa por la que está detenido y procesado Tognoli, por connivencia con el narcotráfico.

Acá pueden leer los fundamentos del fallo, referido al caso de un procurador subrogante ante la propia Corte; previo al cual organismos como el CELS pidieron al tribunal ser admitidos como "amicus curiae" y dar su opinión en la causa, sin éxito.

Aun cuando la Corte -llegado el caso, en una causa concreta- dijese que ese fallo no aplica a otros casos, y por ende son válidas las designaciones de fiscales ad hoc, o la creación de unidades especiales de fiscales por la Procuración, con toda seguridad el avance de las causas donde la cuestión se plantee se vería seriamente entorpecido.

Cuando estuvo acá en Santa Fe Horacio Verbitsky para presentar "Cuentas pendientes" (un libro que trata justamente del juzgamiento de la responsabilidad de los grupos económicos que apoyaron a la dictadura) le preguntamos expresamente (acá pueden acceder al audio) que perspectiva veía del avance de esas causas, considerando los apoyos con que esos mismos grupos cuentan en la estructura del Poder Judicial.

En momentos que celebramos el fallo de la Corte en la causa de la ley de medios como una afirmación de la autonomía de las instituciones ante el poder económico, este es un caso para seguir muy de cerca; porque además es notorio que, si fue dificultoso avanzar sobre la responsabilidad de los ejecutores materiales del genocidio argentino, mucho más lo será sobre sus instigadores, cómplices y beneficiarios; que todavía siguen entre nosotros, condicionando a la democracia con el mismo ahínco con el que apoyaban a la dictadura.

UN FALLO EJEMPLAR

Después hablen al pedo de que la Corte arruga cuando los que litigan son los grandes grupos económicos; ahí tienen.

Y no les tembló el pulso a la hora de firmar la sentencia, ni siquiera ante la posibilidad de que el grupo Ledesma quiebre por tener que afrontar el pago de tamaña deuda.

Y que decir de la justicia: se tomo su tiempo, pero zanjó el asunto, y a favor del Estado.

Ahora, Blaquier, 13 años litigando y llegar a la Corte por esa plata, flor de croto ¿no?.  

MEJOR NO HABLAR DE CIERTAS COSAS

¿0or qué será que la noticia que encabeza el post (de la que pueden encontrar más información acá, incluyendo los fallos) no aparece en ésta tapa?:

...ni en ésta otra?:

Fijáte que está en la tapa de éste otro diario, que no se podría decir que no es justamente ultrakirchnerista:

Ponéle que cada uno elige lo que quiere poner en la tapa; como Infobae que no lo hace pero desarrolla la noticia y la ves apenas abrís el portal.

En La Nación no aparece cuando abrís la edición digital, pero buscando con paciencia la encontrás acá.

En cambio en Clarín no hay caso: por más que uno busca no está, no aparece.

Bajarle tanto la entidad (hasta hacerlo desaparecer del mapa) a un tema tan importante como el procesamiento de uno de los empresarios más importantes de la Argentina, por delitos de lesa humanidad (develando la trama de complicidad civil con la dictadura), ¿tendrá algo que ver con la situación de estos dos muchachos en la causa Papel Prensa?:

¿Habrá otra reunión de la UIA en solidaridad con Blaquier, como aquélla de la que Bonelli hizo la crónica en su momento, cuando lo deschavó Cristina porque recibía sobres de Repsol? 

"SOBRECITO" BONELLI BUSCA SOLIDARIDAD ENTRE LOS EMPRESARIOS CON MUERTOS EN EL PLACARD

Después de que Cristina lo sacudiera en cadena nacional desnudando su lobby rentado en favor de los intereses de Reposl en YPF, Bonelli cumple con lo prometido en TN, Radio Mitre y Clarín y las redes sociales: sigue haciendo lo que hizo siempre, o sea operar (respondiendo a otros sobres), que es lo que él llama periodismo; en fin, son opiniones. 

Y en su nota de Clarín de hoy (a la que corresponde la captura de pantalla) agita el fantasma de la persecución del gobierno a los empresarios, como no podía ser de otro modo a cargo de "Polémico" Moreno y el judío marxista Kicillof (que según trabajan a dúo, pero para Pagni están enfrentados en un Mortal Kombat), hurgando en los archivos del pasado (que bien haría el gobierno en dejarlo como está, ¿no Bonelli?), en éste caso las responsabilidades de importantes grupos empresarios en la estatización de la deuda privada decidida por la dictadura, con Cavallo en el Banco Central.

"Polémica decisión" la denomina Bonelli piadosamente, cuando bien sabe que fue algo más que eso: fue la transferencia a la sociedad del gigantesco endeudamiento irresponsable de los dueños de la Argentina durante la fiesta de Martínez de Hoz, concomitante con el mayor baño de sangre de la historia argentina; tanto que éste se hizo, para posibilitar aquélla.

Hecho revelador, si los hay, de una matriz política y económica de remodelación de la Argentina post peronista; que demuestra además no sólo la complicidad civil con la dictadura, sino la finalidad última para la cual el poder económico apeló al brazo armado y su plan de exterminio: asegurar sus negocios; y si no que lo digan Blaquier y el apagón de Ledesma, o Mercedes Benz, Ford y tantas empresas que usaron a los centuriones de la muerte para deshacerse de las comisiones internas o los activistas sindicales molestos.

Negocios que ese mismo poder económico siguió asegurando ya en democracia, con las hiperinflaciones disciplinadoras, las políticas del neoliberalismo salvaje en clave menemista y las concesiones de Duhalde como administrador de un sistema político en agonía; como la pesificación de las deudas en dólares, o la ley de bienes culturales; otras "polémicas decisiones", por decirlo en palabras de Bonelli.

Menciona Bonelli el acto de respaldo a Blaquier de distintos empresarios y diplomáticos (¿estarán en actividad, percibiendo un sueldo de la Cancillería pagado con nuestros impuestos?, sería bueno saberlo, casi tan importante como saber si la Cámpora reparte El Eternauta en las escuelas, vean), por las acusaciones que sobre él pesan por delitos de lesa humanidad en la causa Ledesma, como vemos acá:      

Con brutal e inadvertida sinceridad, Clarín (uno de los dueños de Papel Prensa, regalo interesado de la dictadura asesina) coloca la noticia en el suplemento económico, bajo el copete "Economía y negocios": señal clara de que son concientes de que de eso se trata todo (aun la complicidad con crímenes de lesa humanidad, por lo que se investiga a Blaquier): de negocios.

Cualquiera podría replicarle a Bonelli (con lógica irrefutable) que todo aquél empresario que no haya tenido nada que ver con la estatización de las deudas privadas en la dictadura, nada tiene que temer de las investigaciones de Kicillof, o de las amenazas de Moreno.

Como también señalarle que (en su afán de encontrar solidaridades por haber sido expuesto como un vulgar lobbista pago de Repsol) a Blaquier lo investiga la justicia y no el gobierno, y no por haber participado de la estatización de deudas sino por cosas aun más graves, como asesinatos, secuestros y torturas.

Como lo investigan a Magnetto y a Mitre por el caso Papel Prensa en estos mismos momentos: Bonelli habla por él y por sus patrones, pero tiene el buen tino de no mencionarlos, porque además también se vieron beneficiados -tal es su costumbre desde hace décadas- por la "polémica decisión" de estatizar las deudas privadas.

Y para ampliar la base de solidaridades dentro del mundo empresario (incluyendo aun a aquéllos que no tienen esqueletos en el placard) les lanza el fantasma del chavismo estatista y expropiador, que avanzará sobre sus negocios y su patrimonio: se da el lujo de tildarlos de ingenuos (boludos, bah), por haber creído que el segundo mandato de Cristina sería más benévolo para ellos.

El problema es que (aun sin la cadena nacional de Cristina en YPF) ya se le ven cada vez más claras las patas a la sota, y las costuras a los remiendos; y seguir hablando desde las vaporosas esencias de las libertades individuales supuestamente coartadas por una dictadura virtual (el kirchnerismo), se hace cada vez más difícil cuando van quedando expuesto al sol los trapos sucios que muchos tienen con la última dictadura real.

Por lo cual que un tipo como Bonelli (indignado porque lo descubrieron cuando agarraba los sobres de Repsol) escriba en el diario de los dueños de Papel Prensa, advirtiendo a los que estatizaron sus deudas en la dictadura que el gobierno los va a correr con eso, como hace (la justicia, no el gobierno) con Blaquier por su complicidad con crímenes contra los derechos humanos, dice bastante sobre la podredumbre moral de los que a diario se asumen como los defensores de la moral, las libertades públicas y las virtudes republicanas.

LO DE JUJUY DA ASCO

 

Otra vez un conflicto social es resuelto a balazos por policías de gatillo fácil y hay muertes absurdas en la Argentina, incluyendo la del policía que perdió la vida en los acontecimientos de Jujuy.

Los sucesos son un fresco lacerante de todas las deudas pendientes de la Argentina: el drama de la falta de viviendas, la explotación irracional de los recursos naturales, la absoluta falta de escrúpulos de grupos empresarios depredadores que no reconocen la autoridad del Estado, a menos que se ponga incondicionalmente a su servicio.

Y reafirmamos al respecto lo que dijimos en su momento con las muertes de los aborígenes Qom en Formosa: requieren un contundente y categórico rechazo del gobierno nacional -desde su más alto nivel- sin ningún tipo de especulación electoral, porque es lo que corresponde, y porque decirse kirchnerista no es simplemente colgarse de la boleta de Cristina: es, entre otras cosas, no reprimir la protesta social como lo hizo la policía jujeña.

La familia Blaquier -dueña del Ingenio Ledesma y de los terrenos desalojados- tiene una triste historia de explotación, atropellos y complicidad con crímenes, desde la llamada "Noche de los apagones" en la dictadura militar; y es uno de los ejemplos esplendentes de la morosidad de la justicia de la democracia en enjuiciar a los cómplices civiles del genocidio, que fueron además sus beneficiarios económicos. 

Como Clarín y La Nación -que hoy ponen el tema en sus tapas- con Papel Prensa, y dan asco con su aprovechamiento de cualquier situación -cualquiera, incluso una tan dolorosa como ésta- para sacudir al gobierno nacional.

Tanto asco como causa una dirigencia opositora -con la destacable excepción en este caso de Ricardo Alfonsín- que hace exactamente lo mismo; incluyendo al inmoral de Duhalde, que relaciona el caso con  los derechos humanos (claro que lo está), justo él que carga en sus espaldas con las muertes de Kostecky y Santillán, y aboga por un país que contenga a los que quieren a Videla; como los Blaquier.

O la diputada de Clarín, Silvana Giúdici -la del 2 % en las elecciones porteñas-, que lo asocia al caso Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo. 

En fin, aunque Fito Páez haya generado aprensiones con el uso de la palabra, los sucesos de Jujuy dan asco por donde se los mire.