A propósito de la discusión por el DNU con el que el gobierno amagó (y finalmente no concretó) para disponer de la infraestructura sanitaria del sector privado en el marco de la emergencia, nos acordamos de éste post del 2012 en el que hablábamos de la medicina prepaga, que acababa de ser reglamentada por primera vez con la Ley 26682 y su reglamentación aprobara por Decreto 1983/11, durante el gobierno de Cristina.
Decíamos entonces: "Si hay un tema que marca emblemáticamente la fractura social producida en la Argentina de los 90' y el desguace del Estado con el correlativo avance del mercado sobre territorios antes vedados, lo es el de la salud, con el explosivo crecimiento del negocio de la medicina prepaga; quizás solo en modo comparable al crecimiento de la educación privada.
En el marco de la destrucción de la salud pública (fruto de un modelo político que implicaba el retiro del Estado aun de sus roles esenciales), muchos sectores sociales en especial de la clase media, en parte por necesidad (la falta de cobertura adecuada del sistema público) y en parte por pautas culturales de diferenciación, ingresaron a la cobertura de salud prepaga, más allá de los que la tenían por la vía de las obras sociales sindicales, con más trayectoria y antigüedad en el país.
Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados).
En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores.
Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental.
Es así como gente que protesta y cacerolea porque la AFIP pretende cobrarle impuestos o indagar sobre sus consumos, ahorros o demás movimientos económicos, tolera pacíficamente que los bancos, las prepagas o las empresas de telefonía celular o televisión por cable privadas (por citar sólo los casos más frecuentes, ni por asomo los únicos) los esquilmen con precios, condiciones de prestación de los servicios, comisiones o cargos fantasmagóricos por rubros de servicios inexistentes. Sería como una especie de impuesto a la ideología promedio de la clase media, que parecen estar en muchos casos dispuestos a soportar.". (las negritas las agregamos ahora)
Nos parece que las reflexiones tienen candente actualidad, cuando estuvimos a nada de que algunos núcleos de las clases medias urbanas cacerolearan desde sus balcones y en medio de la pandemia, a favor de mantener "sus" camas en una clínica o sanatorio privado, presuntamente garantizadas por Swiss Medical u OSDE, en riesgo de ser ocupadas por una Braian o una Jeny, mandados por Ginés o la Cámpora directamente desde el hospital público; cuando en realidad lo que puede pasar es que pacientes de la prepaga deban ser derivados al hospital público, porque las prepagas -oh sorpresa- no suelen tener clínicas o sanatorios propios, con camas "reservadas".
Es muy posible que los que veían con terror esa posibilidad ilusoria, pocas horas antes e incluso el mismo día, hayan aplaudido desde sus balcones a los médicos y enfermeras del sistema de salud pública, por su labor en la emergencia. Como también es muy posible que entre ellos haya muchos votantes de Macri, que desguazó la ley de control de las prepagas a favor de los intereses de las empresas, eliminando por ejemplo la intervención previa de la Secretaría de Comercio Interior para autorizarles los aumentos, o ampliando los plazos por los cuales pueden cobrar a sus afiliados cuotas extras cuando ingresan, por ser de determinados grupos etáreos o de riesgo: ver más información al respecto acá.
El episodio en todo caso se inscribe en el contexto más general de las miseria sociales que revela la pandemia y la prolongación de la cuarentena, y la tensión permanente entre el micromundo individual de cada uno, y los deberes que nos impone la convivencia en sociedad, con criterio de solidaridad; máxime en situaciones como la que estamos viviendo.
Marco en el cual resulta preocupante que el gobierno haya retrocedido ante la presión del sector privado de la salud, anunciando un DNU que iba a declarar de utilidad pública en el marco de la emergencia a toda la infraestructura del sector, para utilizarla en el marco de la emergencia: esas cosas no se anuncian para luego desistir, simplemente se hacen.
Y para hacerlas si fuera necesario llegado el caso (que no sabemos si finalmente no terminará llegando, conforme evolucione la pandemia), ni siquiera sería necesario un DNU: basta que se invoquen los artículos 57 a 60 de la Ley 21499, que contempla la ocupación temporánea de uso "Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos,..." (artículo 57), sea para "...responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente." (artículo 58)...".
Queda por tocar, a propósito de esto, otro ángulo de la cuestión, que es el rol de los medios de comunicación: esta misma semana vimos como agitaron el cacerolazo porteño pidiendo el recorte de los sueldos de los funcionarios, después de que presidente señalar a los empresarios que, como Paolo Rocca de Techint, despiden gente en medio de la pandemia. Ayudaron así a correr el eje de la discusión del poder económico (donde debía estar), hacia las instituciones democráticas, que están respondiendo en la emergencia, en líneas generales y salvo algunos opositores enancados en la misma línea distractiva, a la altura de las circunstancias.
En esa misma línea salió en los medios estos días Caudio Belocoppit, el dueño de Swiss Medical, una de las prepagas más importantes del país; que en el video de apertura (también del 2012) habla de las dos cuestiones: la medicina prepaga y la ley de medios audiovisuales que por entonces había aprobado el kirchnerismo.
Belocoppit cuenta en el video que había sido en su momento socio de Haddad en Canal 9, y hoy día es propietario del 40 % de América TV, señal por cuyos programas se paseó en estos días quejándose como empresario de la salud privada, del posible avance sovietizante del gobierno, o de como deberían aumentar sus aranceles, para hacer frente a la emergencia, todo sin aclarar que es a su vez dueño de medios, y como tal, los pone al servicio de sus intereses empresariales, en éste momento crucial.
Es en ese contexto que cobran importancia las previsiones de la Ley 26522 de servicios de comunicación audiovisual, que establece en sus artículos 57 y 72 inciso e) que la AFSCA (hoy ENACOM) debe llevar actualizado y con carácter público, el Registro Público de Licencias y Autorizaciones que deberá contener los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización; y que además cada licenciatario o autorizado debe poner a disposición, como información fácilmente asequible, una carpeta de acceso público a la que deberá sumarse su exhibición sobre soporte digital en Internet, en la que debe constar, entre otras cosas, quienes son los titulares de la licencia o autorización. Como para saber desde donde habla cada uno, ¿vieron?. Tuit relacionado:
Una preguntonta: ¿la compra del 40 % de América TV pñor Belocovid fue aprobada por el ENACOM en algún momento como manda la ley de medios, figura como accionista en la carpeta pública que debe estar disponible en Internet? Porque si no es así hay que sacarle la licencia ya.— La Corriente K (@lacorrientek) April 4, 2020