AGUANTE LA FICCIÓN

 

#SantaFe | Pullaro le saca la ficha a los dueños del Casino de Santa Fe y frena un proyecto inmobiliario

✍️ @dg_lucio https://t.co/1KvvPy6cRG

— LETRA P (@Letra_P) May 15, 2025

El tuit de apertura corresponde a esta nota de Letra P en la que nos cuentan que "Un proyecto comercial e inmobiliario en el puerto de Santa Fe generó ruido entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y el Grupo Boldt, la firma dueña del casino de la ciudad capital que motorizó el desarrollo de la zona costera en los últimos años. Aunque todo marchaba sobre rieles, la Casa Gris frenó la iniciativa.".

"Más allá de las razones económicas y productivas, detrás de la paralización de la usina del puerto asoma el vínculo tirante que Pullaro tiene con los empresarios del juego. Boldt, la firma de la familia Tabanelli, fue la gran beneficiada del decreto por el cual Omar Perotti habilitó el juego online durante la pandemia, ya que solo se permitía actuar como operadores a los titulares de los casinos físicos: en la Bota hay solo tres y Boldt es dueña de dos de ellos -Santa Fe y Melincué-. En ese entonces, Pullaro era presidente del bloque radical en la Legislatura. Junto a su actual ministro de Gobierno Fabian Bastia-en ese entonces también diputado-, denunció penalmente la movida, amparado en una observación del Tribunal de Cuentas que dictaminó que el decreto firmado por Perotti se había excedido en sus facultades. La causa judicial, sin embargo, nunca avanzó.".

"Una vez electo gobernador, antes de asumir, Pullaro terminó motorizando la aprobación de la ley que reguló el juego online. Un gesto suyo no pasó desapercibido: en esa sesión dio cuórum, pero no estuvo en su banca a la hora de votar. Cuando el hughense finalmente se sentó en el Sillón del Brigadier, puso a Daniel Di Lena, uno de sus hombres de mayor confianza, al frente de la Lotería de Santa Fe. Fue todo un mensaje: no dejaría que un área tan sensible se autogobierne como sucede en otras provincias. Di Lena es el encargado de la nueva licitación para asignar el juego online.".

La nota es del mismo género literario (ficción) de esta otra de Navone en La Política Online de hace unos días en la que nos explicaba que Pullaro estaba ejecutando un plan para desmontar el sistema de poder que gobierna la provincia desde hace años, conformada por la Corte Suprema presidida por el "Rafa" Gutiérrez, los gremios estatales ATE y UPCN, los principales medios de comunicación y los senadores del PJ comandados por el "Pipi"Traferri. No es (como en la realidad) que Pullaro en realidad armó una Corte a su medida, les está dando más guita que nunca (por derecha y por izquierda) a La Capital, El Litoral, Telefe y Mino, obligó a los sindicatos estatales a aceptar cesantías y paritarias a la baja y no negocia con el traferrismo porque no lo necesita, ya que le dan ampliamente los números en la Legislatura.

Lo mismo pasa con el relato ficcional del tal di Giuseppe en Letra P: la denuncia promovida por Pullaro y Bastía durante el gobierno de Perotti por la habilitación del juego online fue desestimada por los fiscales del MPA (todos designados durante los gobiernos del Frente Progresista) por "inexistencia de delito", la observación  del Tribunal de Cuentas fue desechada por el entonces gobernador con un decreto de insistencia remitido -como indica la Ley 12510- a la Legislatura por el TC y allí Pullaro y los suyos nada hicieron, porque nada podían hacer.  

Lo que si hizo Pullaro con el juego online es impulsarlo -como dice la nota- con la sanción de la Ley 14235 que se aprobó ya siendo él gobernador, y si bien no estuvo presente en la votación en Diputados como queriendo despegarse de lo que había impulsado, la promulgó expresamente el 18 de diciembre (a una semana de haber asumido como gobernador) por el Decreto 84. 

Y esa dice en su artículo 7 lo siguiente: "Juegos de azar en línea. Ténganse por ampliadas las licencias vigentes de los actuales concesionarios de casinos para que instrumenten, implementen, operen y exploten la actividad de juegos de azar en línea y/o en modalidad virtual, sólo en relación a los juegos ya autorizados en las salas físicas, por un plazo coincidente a la concesión vigente, y sujeto a la reglamentación que se dictará por la autoridad de control, fijándose como mínimo un canon del quince por ciento (15%) de los resultados brutos, que deberá abonarse por mes vencido, dentro de los diez (10) días siguientes.". O sea exactamente lo mismo que decía el decreto de Perotti de 2020.

Es más, en abril del año pasado Pullaro reglamentó la ley por el Decreto 562, cuyo artículo 7 dice que "El canon a abonar por las licencias reconocidas a los actuales concesionarios de casinos para que instrumenten, implementen, operen y exploten la actividad de juegos de azar en línea y/o en modalidad virtual deberá abonarse por mes vencido. Todos los aspectos relacionados con el pago de dicho canon y de las obligaciones de los licenciatarios en cuanto al depósito del pago, sus plazos, mora, tasa de interés aplicable, y demás circunstancias relacionadas, se regirán por lo dispuesto en los documentos licitatorios, mediante los cuales se otorgaron las concesiones de los casinos, en el marco de la Ley Nº 11.998, y que se estipularan en la cláusula 5 de los Contratos de Concesión." (las negritas son nuestras) Traducido: lo que en 2020 le parecía delito y lo denunció en la justicia, cuatro años después lo incluyó en la reglamentación -firmada por él mismo- de una ley impulsada por él en persona.

Muy lejos de pisarle los negocios a Boldt como sostiene la nota, Pullaro se los defiende, tanto que el artículo 1 de la misma reglamentación que firmó (Decreto 562/24) dice expresamente esto: "Los licenciatarios de apuestas deportivas y/o pronósticos deportivos en línea o de juegos lotéricos podrán incorporar todos aquellos juegos y actividades que se desarrollen en el futuro, bajo la modalidad en línea, previa revisión y aprobación de los reglamentos y modos de juego por parte de la Autoridad de Aplicación y siempre que no se trate de los juegos de azar contemplados en el artículo 7º de la Ley Nº 14.235, mientras dure el plazo de concesión de los actuales Casinos y Bingos de la Provincia de Santa Fe." (Otra vez las negritas son nuestras) O sea: los eventuales nuevos licenciatarios de juego online en la provincia (hasta acá no hay ninguno, porque jamás se llamó a licitación) no pueden ofrecer los mismos juegos que ofrecen Boldt y la restante licenciataria de los casinos de la provincia.

Tan incorporado está el juego online con éste gobierno provincial, que el Presupuesto 2025 que aprobó la Legislatura contempla ingresos de la Caja de Asistencia Social (Lotería) por esa vía por casi 7353 millones de pesos, que fueron incrementados por Pullaro en algo más de 191 millones por mayor recaudación que la prevista, por el Decreto 889 del pasado 9 de mayo. Lo que supone que los actuales concesionarios de los casinos (Boldt entre ellos, que sigue teniendo la concesión de dos de los tres que hay en la provincia) tendrán este año un mínimo de 50.293 millones de ingresos brutos por el juego online. 

Pero además tampoco es cierto -como dice la nota- que Pullaro no sabía el negocio que estaba por hacer Boldt (a través de Casino Puerto Santa Fe S.A.) en el puerto en el espacio de la ex usina: por el Decreto 1429 del 27 de agosto del año pasado aprobó un convenio entre el Ministerio de Cultura y el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe por el cual el ministerio "...reintegra una fracción de terreno de UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS (1516,82 m2) al EAPSF que recibe en el estado en que se encuentre, con todas sus instalaciones y accesorios, desocupada y libre de ocupación por terceros. (y) Las partes deciden RESOLVER DE MUTUO ACUERDO PERMISO DE USO PRECARIO, suscripto el 1 de Julio 2008..."  para desarrollar por parte del Ente en ese lugar (la ex usina) un "nuevo proyecto de inversión" que "...deberá: - Preservar la estructura tradicional patrimonial de estos edificios significativos para el acervo portuario, como ejemplo histórico de la arquitectura industrial de su época. - Respetar las condiciones físicas y ambientales, sin desvirtuar su naturaleza, potenciando sus valores y características principales. - Incorporar espacios multiuso compartido con el EAPSF y EL MINISTERIO DE| CULTURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE a definir entre las partes (auditorio, sala de conferencias, capacitaciones, sala de eventos, punto de venta para emprendedores culturales, etc.) Preservando y priorizando su uso público cultural.". (las negritas siempre son nuestras)

Menos aun es cierto que con el gobierno de Pullaro, Boldt (por sí y por sus múltiples "cajitas chinas o sociedades controladas) no haya obtenido nuevos negocios: Boldt Gamming sigue teniendo (como desde 1984) la lectura electrónica de las apuestas de los juegos de azar de la Lotería (un contrato de 7874 millones anuales como mínimo, porque cobra un porcentaje de lo recaudado), y Boldt Impresores fue adjudicataria de la impresión de los padrones electorales (Decreto 317 del 20/2/25) por $ 116.278.000, de parte de las boletas únicas (Decreto 318 del mismo día por $ 6.240.729.178,52) y la provisión de los sobres electorales (Resolución 23 del 27/1/25 del ministro Bastía) por $ 15.484.000.

Y específicamente en el puerto, Casino Puerto Santa Fe S.A. y Torre Puerto Santa Fe S.A. (todas sociedades controladas por la empresa de los Tabanelli) le alquilan locales a la EPE, la DIPAI del Ministerio de Obras Públicas, el IAPOS, la Lotería (la sala de sorteos del Quini 6), la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 y el Ministerio de Trabajo de la provincia, en inmuebles que son de propiedad del Estado de acuerdo a la Ley 11011.

SOLUCIÓN ÚNICA

 

Ni se les ocurra replicar esta pelotudez atómica a nivel nacional: https://t.co/Bw0oN2YBnM

— La Corriente K (@lacorrientek) April 10, 2021

La boleta única de papel se sancionó en Santa Fe en 2010, a través de la Ley 13.156. Se dijo entonces que era una respuesta a la tergiversación de la voluntad popular que suponía la "ley de lemas", cosa que podría haber sido cierta si no fuera porque la ley de lemas había sido derogada en la provincia seis años antes, en el 2004, durante el gobierno de Jorge Obeid y a través de la Ley 12.367 que estableció las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

De allí que ahora, cuando a nivel nacional se discute si las PASO se posponen o directamente se suspenden, es un contrasentido que se proponga como solución la boleta única de papel como alternativa, porque acá coexisten las dos cosas hace 10 años, porque atienden a dos aspectos diferentes: una el "bricolage" electoral (el procedimiento para votar), y la otra a la forma de seleccionar los candidatos de los partidos políticos, que luego integran las listas que van a las elecciones generales. 

Pero con la boleta única sucede que sus mentores la consideran la solución única, algo así como un Paracetamol o Ibuprofeno para dolores electorales: si hay un problema con las elecciones, ponéle boleta única, sea una pandemia, o el presunto peligro de fraude.

Respecto a ésto último (si entendemos por fraude modificar la voluntad popular expresa en los comicios, con algún artilugio tramposo), tampoco tiene nada que ver: en la Santa Fe de la boleta única de papel la elección se sigue haciendo como desde la ley Sáenz Peña, pero sin cuarto oscuro. O sea, hay menos garantías, no más.

Y no podría ser de otro modo porque la Constitución de la Provincia (que data de 1962) dice en su artículo 29 -en lo que acá importa- lo siguiente: "La Legislatura de la Provincia dicta la ley electoral con las garantías necesarias para asegurar una auténtica expresión de la voluntad popular en el comicio, con inclusión, entre otras, de las siguientes: 1) la autoridad única del presidente de la mesa receptora de votos, a cuyas órdenes está la fuerza pública; 2) comienzo y conclusión de la elección dentro del día fijado; 3) escrutinio provisional público, en seguida de cerrado el acto electoral y en la propia mesa, cuyo resultado se consignará en el acta, suscripta por el presidente del comicio y fiscales presentes, a quienes el primero dará certificado de dicho resultado;...".

Lo cual nos lleva al otro tópico en el que se suele basar la necesidad de la boleta única, que es el robo de boletas en el cuarto oscuro: adviertan que no dice que para "asegurar una auténtica expresión de la voluntad popular en el comicio" haya que poner un policía en cada cuarto oscuro para que no se roben boletas, o que el presidente de la mesa acompañe a su interior a cada votante, a los mismos fines.

La sustracción de boletas es un delito (artículo 139 inciso g) del Código Electoral Nacional Ley 19945), que como tal nunca podría devenir en fraude, por la simple y sencilla razón de que se roban las que aun no fueron introducidas en las urnas por los votantes; cosa que es otro delito -éste sí que puede incidir en el resultado- contemplado en el inciso f) del mismo artículo del Código. Y respecto a la falta de fiscales (que es en realidad el motivo por el cual algunos partidos apuestan a la boleta única), es responsabilidad de los partidos, no del Estado.

De lo contrario nuestra Constitución provincial diría que debe haber al menos un fiscal presente, por cada partido o alianza que participen de la elección; o el Código Electoral Nacional citado, en su artículo 144 inciso 1) no dispondría la anulación de la mesa (en el escrutinio definitivo) cuando "No hubiere acta de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las autoridades del comicio y dos fiscales, por lo menos.". Es decir, si firman todos los que estuvieron mejor, pero con que lo hagan dos, basta.

Con éste sistema -perfectible como todos- los argentinos venimos votando en condiciones de razonable transparencia hace más de un siglo, solo interrumpidas (dictaduras aparte) por el "fraude patriótico" en la Década Infame, y por la proscripción del peronismo entre 1955 y 1973, cuando los problemas eran otros, y no el "como" se vota. Curioso: es probable que, siguiendo el hilo histórico de las tradiciones partidarias, los que hoy defienden la boleta única como presunta garantía contra el fraude o tergiversación de la voluntad popular, hayan acompañado ambas tropelías.

Con la boleta única, en cambio, siguen existiendo al día de hoy dudas sobre la legitimidad del resultado del 2011 (cuando computados el 85 % de los votos ganaba Del Sel y luego terminó perdiendo), y en el 2015 estuvimos un mes esperando saber quien era el gobernador de la provincia. No fue culpa de la boleta única, claro, como entonces no puede ser ella la que garantice la transparencia de las elecciones, como nos la quieren vender.

Fíjense que, tal como decíamos más arriba, se confunde un aspecto (la selección de los candidatos) con el otro (el "tutorial" del procedimiento de votación), que cuando se habla de posponer o suspender las PASO por la pandemia, hay quienes ven el fraude en eso, lo cual es ridículo: se podría decir que a los candidatos los elija cada partido o alianza en elecciones internas o haya listas únicas rosqueadas, y nada tendría que ver con que luego esas listas deben someterse a la voluntad de los electores, en las elecciones generales.

Y el último argumento, que es el sanitario como se dice acá, es el más ridículo de todos: con la boleta única no se evita la circulación masiva de personas (eso sucedería con el voto por correspondencia, o con el "televoto"), ni su aglomeración en los locales escolares y en las colas en cada mesa receptora de votos. Por el contrario y como se dijo, el cuarto oscuro deja de ser oscuro, porque dentro de él están las autoridades de la mesa, y varios votantes al mismo tiempo, a escasa distancia, generalmente menor de la que marca el distanciamiento social exigible en la pandemia. Eso sin contar que también se manipulan objetos: papel, lapiceras, documentos, para el que caso en que se entienda que el virus se propaga de ese modo, sobre lo que no hay consenso científico.   

En lo que sí mejora la situación la boleta única, es para las empresas que las imprimen, como Boldt (la concesionaria de dos de los tres los casinos de la provincia desde 2006, y del procesamiento de las apuestas de la Lotería desde 1984), o Artes Gráficas del Litoral (AGL), la empresa conformada como socios en partes iguales (50 y 50 % del capital accionario) por el diario "El Litoral" y Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), es decir Clarín (con su planta impresoras inaugurada apenas un año antes de que se aprobara la boleta única en Santa Fe); a las que el socialismo les adjudicó -juntas, separadas o con alguna firma fantasma de su cercanía como Su Papel-  la impresión de las boletas en 2011, 2015 y 2019, y en todas las elecciones provinciales intermedias habidas desde entonces.

Actualización: Por supuesto nunca falta el boludo autóctono como éste de acá, que nunca defrauda: a favor de la boleta única, pero también de los sobres:

UN FONDO SIN FONDOS

"En tiempos excepcionales y de fuertes interrogantes son necesarias ideas, acciones y respuestas: un grupo de entidades y empresas santafesinas, promueven esta iniciativa para dar visibilidad a las distintas problemáticas y necesidades que tienen las ONG con el objetivo de procurar que obtengan algún tipo de ayuda." (Ahora lo que más falta estaría haciendo es plata, pero a ustedes no se les saca una moneda ni poniéndolos de cabeza. O sea que la idea es "dar visibilidad" a los problemas de las ONG "para que obtengan algún tipo de ayuda...del Estado)

"En este contexto, difícil y complejo, como una gran red de contención, alimentada por el empuje de los emprendedores de la región, nace este Fondo Solidario de Empresarios por Santa Fe." (Ah, es una red. Como para pescar. Incautos, más que nada. El famoso "No les des el pescado, enséñales a pescar". De ahí lo de "emprendedores", entiendo)

"Integran este Fondo la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE), Casino de Santa Fe, Cervecería Santa Fe (CCU), Diario El Litoral, Grupo Boldt y Torre Puerto Santa Fe." (Ah, pero no faltó ningún garca, asistencia completa tuvieron. Igual, tochi al Grupo Boldt que aparece tres veces, contando al Casino y las torres. Te quedaste, Nahuel: metiste el diario y la Bolsa, te faltaron los otros medios y la constructora. ¿La hicieron trotando por el puerto y Alem a la lista?)   

"Los aportes del Fondo serán el dar visibilidad a entidades, organizaciones, emprendimientos, para incorporarlos a la red y ayudarlos a cumplir sus objetivos. La sinergia propuesta aportará el expertise propio de las organizaciones que lo integran, sus saberes, gestión, contactos." (Ahí está: "visibilidad", de guita ni hablemos. Porque además el que no aparece en "El Litoral", es invisible. Del "expertise propio" de los garcas que integran el "Fondo" mejor no hablemos: capan un mosquito en vuelo)

"El objetivo principal es que se conozcan problemáticas y necesidades que muchas veces quedan en segundo plano y sin la asistencia o atención que merecen." (¿Vos decís que ni siquiera en los medios salen? Cuando se enteren en "El Litoral" se caen de culo)

"Para ello, los proyectos que quieran formar parte de la iniciativa deberán inscribirse aquí . Por su parte, aquellas empresas que quieran sumarse, pueden hacerlo vía correo electrónico a empresariossolidarios@santafe.com.ar." (Tremenda iniciativa: un correo electrónico. Si con esto no logran hacer la diferencia deberían dejar de intentarlo)

"Luego, las postulaciones serán evaluadas y posteriormente, se pondrán en contacto responsables del Fondo para profundizar sobre la temática propuesta, sus necesidades y sus proyecciones." (O sea, un filtro para evitar grasadas. Porque tampoco es cuestión de "darle visibilidad" a cualquiera, una cooperativa de cirujas ponéle)

"En esta primera etapa, la intención es mostrar todos los proyectos sociales, culturales, económicos que representan la fuerza y el empuje de los privados en la región, y actuar como nexo para que otros puedan sumarse y conectarse con las instituciones que más lo necesiten." (Mostrar: sigue la vidriera para "dar visibilidad". Un pelín pretencioso el tema, como que solo a los que ustedes alumbran, existen. Igual, tampoco van a ser "todos" porque van a evaluar a cual le dan bola)

(Las negritas son nuestras, el original acá) 

LA IDEA ERA QUE NO SE NOTARA, MUCHACHOS

"El Poder Ejecutivo pide contratar en forma directa no solo temas alimentarios. Sino medicamentos con laboratorios, insumos hospitalarios, equipamiento policial, el servicio de tarjeta alimentaria que hoy gestiona el Banco Municipal de Rosario. (El mensaje del Gobernador y el texto de la ley dicen expresamente que no pide contratar en forma directa. (Que loco que lo primero que se les ocurre es el contrato del Banco Municipal por la tarjeta alimentaria, que se hizo por contratación directa)

"El Poder Ejecutivo pide luz verde y libertad total para renegociación directa de contratos de todo tipo (no solo de obra pública). Como viene el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo hasta se podría renegociar el contrato del agente financiero, el contrato de captura de apuestas de lotería, el servicio 911, el servicio alimentario de los hospitales.... es decir, contratos que fueron realizados en grandes licitaciones y donde hay muchos recursos en juego."

"Y hasta rescindir esos contratos. Si combinamos la posibilidad de rescindir contratos con la de contratar directamente estamos ante un permiso de hacer cosas que en ningún momento de la historia de la Provincia alguien hizo. (A lo mejor lo que quieren es que la ley diga cuáles contratos no pueden ser renegociados, que son los que mencionan, porque les interesan a ellos) Yo si fuera ellos no nombraría esos contratos en particular, porque se notan mucho los intereses: el agente financiero (Eskenazy, tres veces renovado como único oferente), la lectura de las apuestas de la Lotería (Boldt, desde 1984 como único oferente), el 911 (Telefonica, en licitación que armaron a su medida y sigue prorrogado de hecho hasta hoy porque perdía la licitación), la comida de los hospitales (las dos mismas empresas en Santa Fe y Rosario desde 2012))

"El proyecto de ley si uno lo lee con detenimiento prevé que se pueda tercerizar parte de la tarea de fiscalización o recaudación de impuestos que hace el API. Esto no es un tema menor y solo de privatización, es ver a quien se le permite conocer datos impositivos de los santafesinos. Y una universidad manejando ese tema no vemos la razón o al menos nadie explicó el por qué." (¿En serio hay que explicar cuando se contrata a una Universidad? No quieren que se contrate a una Universidad para mejorar la recaudación porque eso le daría acceso a la base de datos fiscales. Tendrán miedo que los divulguen. Lo raro es que ellos contrataron a la UNR para las licencias médicas de los docentes. Ahí no tuvieron miedo de que revoleen las historias clínicas.)

"En diciembre cuando vino el proyecto anterior el gobierno decía que necesitaba endeudarse en $15.000 millones para recomponer el Fuco. Ahora parece que ya se recompuso más de la mitad el Fuco ... entonces ¿qué dice este proyecto nuevo? Endeudarse en $15.000 millones para recomponer el Fuco y también para aguantar el congelamiento de tarifas y el boleto gratuito.... Nadie pone en duda la importancia de lo tarifario y el boleto escolar gratuito pero atender esos gastos no se hace con deuda sino discutiendo seriamente un financiamiento sustentable. El peronismo siempre hizo una oposición responsable en los últimos años y repetía siempre que el endeudamiento solo debía ser para gasto de capital y ahora vemos que se quiere endeudar para gasto corriente." (Se endeudaron con Eskenazy para bancar el fallido proyecto de reelección de Lifschitz, pero no quieren que Perotti se endeude para mantener las tarifas congeladas y aprobar el boleto educativo gratuito. Lo que es tener claras las prioridades.)

En seguridad hay dos artículos que combinados significan ni más ni menos que se haga una purga policial pero como al ministro Saín le parezca conveniente. No hay nada objetivo. Sino que dice "el ministro puede pasar a disponibilidad a quien quiera, así el agente policial haya hecho algo o no" y luego otro articulo dice que "si un agente estuvo 30 días en disponibilidad se lo puede pasar a retiro obligatorio"." (Chocolate por la noticia, claro que hay que purgar la policía. De las cúpulas corruptas entongadas con los narcos que pusieron ustedes. Que los defienden dice mucho más de ustedes, que de la ley)

"¿Qué es eso sino una purga totalmente discrecional? ¿Y quien paga los costos de esa purga? Todos los santafesinos porque pasan a cobrar una jubilación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Y ese gasto no entra en lo que Anses está comprometido a financiar el déficit de la caja." (La defensa de la gorra ya es inverosímil pero no sorprende. Arrancó con Tognoli. Parece que para estos muchachos en la cana está todo bien y no hay que tocar nada. Ahora descubren que la ANSES no financia todo el déficit de la Caja, cuando se pasaron 12 años diciendo lo contrario, y lo pusieron en el presupuesto)

(Las negritas son nuestras. El texto lo están haciendo circular los asesores del Frente Progresista (o sea, los ex funcionarios del gabinete de Lifschitz) en la Cámara de Diputados entre el periodismo amigazo, tal vez con la idea de que lo repliquen en sus medios).

Posteos con información necesaria para entender:

* Sobre el contrato del Banco Municipal por la tarjeta alimentaria.

* Sobre el contrato con Eskenazy por el agente financiero.

* Sobre el contrato con Telefónica por el 911.

* Sobre el contrato con Boldt por la lectura electrónica de las apuestas de la Lotería.

* Sobre los contratos por la comida de los hospitales.

* Sobre el endeudamiento de la provincia con el Nuevo Banco de Santa Fe por girar en descubierto.

PD: Que no te tomen por boludo hablando de "superpoderes", "facultades extraordinarias", y esas huevadas. No están defendiendo las instituciones, simplemente los negocios que hicieron desde el gobierno, y los aportantes de campaña. De eso hablan cuando dicen "contratos con muchos recursos en juego".

CON RAZÓN LO TENÍAN ESCONDIDO

Llamaba la atención que este año en particular no hubieran hecho escombro con la impresión de las boletas únicas, o que en El Litoral no apareciera ninguna nota al respecto, ponéle.

No supimos a tiempo (o sea, antes de las PASO y las generales) quienes iban a imprimir las boletas para las elecciones, que vinieron complicadas en un montón de temas: reparto de la publicidad en los medios, escaneo de los telegramas y escrutinio provisorio, software que se iba a usar, intento de armar una consulta popular por la reforma constitucional en paralelo.

Y ahora, viendo el decreto de apertura que recién “aparece” cuando ya las elecciones pasaron, se entiende todo: si antes de votar sabíamos que otra vez las boletas las iban a imprimir Boldt y AGL (Artes Gráficas del Litoral), seguro que se armaba quilombo.

Boldt, la licenciataria de dos de los tres casinos de la provincia, la que hace la lectura electrónica de los juegos de la Lotería provincial desde 1984 y la que le alquila a la provincia oficinas en el puerto de Santa Fe, en inmuebles de los que la provincia es dueña.

Y AGL, la sociedad conformada hace 10 años (justo este año fueron los festejos, se ve que el gobierno de Lifschitz se sumó con un regalo) en un 50 % por ciento por la empresa dueña de “El Litoral” (que ahora también lo es de “La Capital” de Rosario), y por el Grupo Clarín, a través de AGEA (Arte Gráfico Editorial Argentino). Tanto, que el domicilio de la empresa (cuya planta impresora está en Sauce Viejo) es en Buenos Aires, en la calle Tacuarí.

La adjudicación de la impresión de las boletas significó para la provincia un gasto de casi 400 millones de pesos, de los que AGL se quedó con la mitad, y Boldt con la mayor parte del resto, con dos detalles “de color”, a saber:

La Imprenta Oficial de la provincia avisó que no podía imprimir las boletas “porque estaba en remodelación”. ¿Y los años anteriores por qué no las hizo, viene en remodelaciones desde que en el 2011 se implantó la boleta única en Santa Fe?

Los organismos técnicos aconsejaron pedirles a Boldt y AGL una “mejora de oferta” de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 12.510, porque sus precios eran muy caros. Pero la Secretaría Electoral de la provincia (a cuyo titular le acaban de llamar a concurso el cargo que subroga, después de las elecciones) dijo que no había tiempo para eso, porque tenían que entregar la boletas 30 días antes de las PASO.

Las elecciones fueron convocadas el 17 de diciembre del año pasado, la licitación para imprimir las boletas la lanzaron el 10 de enero de este año(24 días después), las ofertas técnicas las abrieron el 28 del mismo mes (18 días después) y las ofertas económicas el 15 de marzo (17 días después de abiertos los primeros sobres).

El decreto de adjudicación lo firmaron el 25 de marzo, o sea 56 días después de abiertos los sobres con la oferta técnica 10 días después de abiertas las ofertas económicas, y apenas 34 días antes de las PASO. ¿Y en todo ese tiempo no pudieron pedirles por -digamos- 48 o 72 horas que mejoraran sus ofertas?

SE RÍEN EN LA CARA DEL ESTADO BOBO SANTAFESINO

¿Se acuerdan del caso del inmueble que es suyo, pero la provincia lo alquila pagando una torta de plata mensual en el puerto de Santa Fe, o en realidad uno de tantos en esa misma condición? 

Acá le contábamos el caso hace unos tres años, cuando una de las empresas del Grupo Boldt (licenciatario del casino de Santa Fe), Torre Puerto Santa Fe, ganó una licitación para alquilarle oficinas y cocheras a la provincia para el Ministerio de Obras Públicas, con un sobreprecio de hasta el 188,63 % sobre las demás ofertas, que fueron descartadas.

Ahora vemos que el contrato se vence el 31 de julio, y lo renuevan por un año, con un aumento del 30 % sobre un alquiler que ya era caro.

Pero eso no es lo peor: el inmueble que la provincia alquila y por el cual paga alquiler, es propiedad suya; como todos los que forman parte del puerto santafesino, porque le fueron transferidos por la nación al Estado provincial en 1993.

El ente portuario tiene el usufructo (es decir, el uso y goce) para alquilarlo él, pero le otorgó una "concesión" a Torre Puerto Santa Fe S.A. para que construyeran edificios sobre esos inmuebles de los que no es propietario (lo es la provincia), y obtenga por ellos una renta, alquilándoselos...al dueño, o sea la provincia.

Y cuando de acuerdo a las normas que rigen las contrataciones del Estado, le piden a la empresa que acredite el pago del Impuesto Inmobiliario de la propiedad para poder alquilársela (de acuerdo a las normas, la provincia no se hace cargo de pagar el impuesto cuando es inquilina), se excusan diciendo que no lo pagan, porque en realidad el inmueble...es propiedad del Estado.

Más Estado bobo, imposible de conseguir. Se le (y se nos) cagan de risa en la cara.

EL DERRUMBE MÁS CARO DEL MUNDO

Pará, pará, pará, ¿vos me estás queriendo decir que una obra adjudicada $ 95.318.047,61 para ser terminada en noviembre de éste año en realidad cuesta $ 130.691.030,09 (o sea, un 37,11 % más), y no la terminarían antes de mayo del año que viene?

¿Aunque esté parada por un derrumbe, y cinco meses del nuevo plazo de finalización falte ejecutar el 89,07 % de la obra?

Pará, pará, pará, ¿vos decís que encima el mismo día, el mismo tipo, le volvió a aumentar el costo, agregando un "adicional de obra", y prorrogando por otros dos meses el final del contrato, a julio del año que viene?

Y bueno, no quedará más remedio que seguir pagándole un alquiler carísimo en el puerto en un inmueble que es propiedad de la provincia, a una de las empresa del grupo Boldt para que funcione el IAPOS- 

ESTADO MÁS BOBO, NO SE CONSIGUE

Mientras ya ni Víttori habla del nuevo puerto de Santa Fe en su emplazamiento en el cauce principal del Paraná, y tampoco tenemos más noticias del "plan de reactivación" que nos prometió la nueva conducción del Ente Administrador para lograr que entre un barco (algo que no sucede desde 2014), nos enteramos que en los terrenos del puerto se construirá un nuevo shopping para (ver epígrafe de la foto) ""resolver de manera cómoda y ágil las diferentes necesidades de servicios de la zona"  (?).

Según cuentan acá, el emprendimiento estará a cargo de Torre Puerto Santa Fe S.A. y Rusitano S.A., está ultima una empresa de "emprendedores" rosarinos que está construyendo otro shopping en la ciudad del sur de la provincia.

Torre Puerto Santa Fe S.A. es una sociedad cuyo accionista mayoritario (¿único?) es el grupo Boldt, que explota el casino del puerto de Santa Fe, el de Melincué y que desde 1984 tiene a su cargo la lectura y el procesamiento electrónico de las apuestas de los juegos de azar de la Lotería de la provincia; entre otros negocios con el Estado provincial.

Los terrenos en los que estará emplazado el futuro shopping son del puerto de Santa Fe, y en consecuencia son propiedad de la provincia, teniendo el Ente Administrador su uso y goce; de acuerdo con lo que dispone la Ley 11.011 (1993) en su artículo 14: “Una vez producida en favor de la Provincia (por la nación, aclaramos) la transmisión de los bienes que integran el patrimonio de los puertos de Santa Fe y Rosario, serán cedidos a título gratuito a los entes: a) El uso y goce de los inmuebles de los respectivos puertos.”.

Y como todo propietario, la provincia se beneficia con las mejoras que se introduzcan en los inmuebles que son de su propiedad. Lo dice el mismo artículo, en otro de sus párrafos: “Las mejoras que los entes incorporen a los mismos quedarán en propiedad de la Provincia sin obligación de reembolso, compensación o indemnización alguna por las mismas.”. 

Lo que nos lleva a preguntarnos si el gobierno provincial tiene pensado hacer valer esta cláusula, o lo ha advertido a los desarrolladores del proyecto; y más cerca en el tiempo, si el Ente Administrador del puerto le está cobrando canon por el uso de esos terrenos a Torre Puerto Santa Fe S.A. y sus socios en el emprendimiento; y en caso afirmativo cual es su valor: recordemos que la gestión Vorobiof se caracterizó por la magnanimidad al resppecto, cediendo el uso de bienes públicos, por chaucha y palitos. También podrían -llegado el caso- pedirles un porcentaje de los alquileres que les cobren a los futuros locales comerciales del shopping; con los que quedarán aun sin ser dueños. 

Porque cuando le toca al Estado paga, y no paga poco: la provincia es inquilina de inmuebles en el puerto, que son de su propiedad, y entre el 2016 y el año que viene terminará pagándole por esos alquileres casi 27 millones de pesos...a Torre Puerto Santa Fe S.A., que alquila lo que no es suyo; porque en el mejor de los casos es permisionaria de uso de esos inmuebles, y debería (enfaticemos el potencial) pagarle por ellos un canon al Ente Administrador del puerto, que debería (otra vez volvemos a enfatizar el potencial) destinar esos ingresos al fomento de la actividad portuaria.

Así ocurre con los distintas oficinas de reparticiones públicas que funcionan en edificios construidos por Torre Puerto Santa Fe S.A. en terrenos que son propiedad del Estado provincial, como los del futuro shopping: las de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (alquiler contratado en el 2016, y prorrogado este año por Decreto Nº 1637/18), las de las oficinas del IAPOS mientras dura la construcción del nuevo edificio sobre calle Rivadavia (o sea hasta vaya uno a saber cuando), contratado en forma directa sin licitación; y las de la Secretaría de Estado de Energía, alquiler aprobado por Decreto 643/18, en una licitación en la cual fue la única oferente. 

¿Cómo habrán hecho en todos esos casos para cumplir con el artículo 140 de la Ley 12.510, en la parte en que dice que "Es condición indispensable y previa al perfeccionamiento del contrato de locación o sus futuras renovaciones, por parte del propietario del inmueble, la acreditación por parte del locador, de las constancias de libre deuda del impuesto inmobiliario correspondiente a la propiedad en trámite de arrendamiento, la verificación de la titularidad del bien y la inspección del estado del mismo."? (las negritas son nuestras) 

Debe ser casualidad que el nuevo shopping vaya a quedar emplazado enfrente (cruzando la avenida Alem en diagonal) de los terrenos nacionales que salieron a la venta por gestión personal de Corral ante la Administración Nacional de Bienes del Estado, para nuevos "desarrollos urbanísticos", porque no cabe pensar que los radicales que manejan la municipalidad y los socialistas que manejan el puerto dejen de lado por un momento sus diferencias, para ponerse de acuerdo en favorecer negocios privados con bienes públicos. ¿O sí?

Lo interesante sería saber cuáles son "las necesidades de servicios de la zona" que vendría a satisfacer un nuevo shopping, en una ciudad en la que aun hay barrios con calles de tierra, sin siquiera cordón cuneta, agua potable o cloacas, a los que no entran ni los colectivos, ni una ambulancia ni un patrullero. Y también cuantos puestos de trabajo se crearán para construirlo (porque de eso no dice nada la nota), o cuanta plata invertirán los "desarrolladores" en eso; aparte de los 27 millones en alquileres con que la provincia los está subsidiando como para que arranquen. 

VERANO EN SANTA FE BAJO EL MACRISMO

La imagen de apertura corresponde a un cuadro sacado del portal oficial del gobierno de la provincia (ver acá), que expone los gastos del Estado santafesino hasta el 31 de marzo pasado (último dato disponible); o sea antes de que comenzara a impactar a pleno el ajuste derivado del pacto fiscal, y antes también del cierre de las paritarias con los gremios docentes y estatales.  

El cuadro muestra un aumento interanual (de marzo de 2017 al mismo mes de éste año) del gasto del 29,91 %, en línea con la inflación real y no con la "meta" planteada por el gobierno nacional en el presupuesto, y en el de la provincia por carácter transitivo. 

El aumento interanual del gasto en “Remuneraciones” (los sueldos de los empleados públicos provinciales) fue en el mismo período del 23,61 %, o sea unos cuantos puntos por debajo del aumento del gasto global, y de la inflación. 

Primera conclusión: el problema de las cuentas del Estado (al menos en Santa Fe) no son los sueldos de los empleados públicos, o su cantidad. Más bien son la variable de ajuste.

El déficit previsto para todo en el año en el presupuesto para la Caja de Jubilaciones y Pensiones eran $ 2.990.365.000; pero solo en el primer trimestre ya acumula un déficit de $ 1.858.0641.161,17; que anualizado serían $ 7.432.256.644,68, o sea un 148,52 % más de lo previsto, e incluso podría ser más, por la incidencia de los aguinaldos. 

Segunda conclusión: los rumores derivados del pacto fiscal sobre una posible "armonización" de los sistemas previsionales (lo que supondría una baja de las jubilaciones provinciales) aceleraron exponencialmente los trámites para acceder a una jubilación de los que estaban en condiciones.

La partida "Servicios No Personales" tuvo un aumento interanual del 48,93 %, muy por encima del aumento global del gasto: en esa partida se pueden computar gastos como la comida de los hospitales, contratos de locación de servicios, la publicidad  oficial, los contratos con la empresa Nec (para las cámaras de seguridad) y Boldt (para la lectura electrónica de las apuestas de la Lotería), y el subsidio a los hospitales rosarinos; disfrazado como facturación a una prepaga.

Tercera conclusión: la provincia le pone "cepo" a sus paritarias (aun con cláusula gatilllo, arrojaron un 26,1 % promedio de aumento), pero no a la discusión con algunos de sus contratistas o proveedores. 

La coparticipación de impuestos a municipalidades y comunas tuvo un aumento interanual del 28,97 %, casi en línea con el aumento del gasto global, pero menos: habrá que ver en el avance de los meses de la ejecución presupuestaria como impactan (seguramente a la baja) las reformas previstas en el Pacto Fiscal.

La partida "Construcciones" (la obra pública) tuvo un aumento interanual del 71,72 % , muy por encima del aumento del gasto global, pero anualizando el importe gastado estaríamos hacia el final del año en un porcentaje de ejecución del 56,56 % sobre lo previsto en el presupuesto (el año pasado la ejecución fue del 61,98 %); que es en plata casi igual a lo previsto para el mismo rubro el año pasado: 19.802 millones en 2017, contra 19.847 éste año.

Cuarta conclusión: es claro que el aumento del gasto en "Construcciones" obedece en mucha mayor medida a las "redeterminaciones de precios" que inflan los contratos originales, que al avance real de las obras previstas, que incluso viene por debajo del del año pasado.

Las transferencias de capital: caen un 5,9 % interanual, y dentro de ellas el Fondo Soja que la provincia transfiere en un 30 % a las municipalidades y comunas, cayó un 61,37 %). 

Quinta y última conclusión: el ajuste nacional es trasladado a las provincias, aun antes de los anuncios de recorte en la obra pública que hizo Dujovne (ya había caído un 25 % en términos nominales la inversión en obra pública nacional); y en el caso del fondo sojero impactan la baja de retenciones, la retención de la cosecha por los productores y el mecanismo previsto en el pacto fiscal de condicionar las transferencias a que las provincias lo aprobaran, e implementaran las reformas previstas en él.

CUANDO LA LIMOSNA ES GRANDE, HASTA EL SANTO DESCONFÍA

Varias veces hemos contado acá la historia de Boldt y sus innumerables contratos con el Estado provincial, que se remontaban a 1984 y atraviesan todos los gobiernos, sin distinción de colores políticos. En la etiqueta respectiva a la que pueden acceder siguiendo este enlace están todos los posteos publicados sobre el tema, que dan cuenta de los servicios que el grupo prestó y presta a la provincia; desde la impresión de las boletas únicas a las obleas de la revisión técnica vehicular, pasando por alquileres de inmuebles o provisión de radares para la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

De todos esos contratos, el más importante sin dudas por su volumen es aquel por el cual la empresa presta el servicio de captura y procesamiento electrónico de los juegos de azar de administra la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe.

Un contrato que le permite a Boldt embolsar millones al año, cobrando por sus servicios un porcentaje de la recaudación de cada uno de esos juegos, y una suma fija por las consultas que se hace desde el Estado a terminales del sistema.

Desde el año 2013 (última vez que se le adjudicó el servicio, que viene prestando como dijimos hace 34 años) esa retribución era del 5,35 % más IVA del total de la recaudación de los juegos de la Caja, y 70 $ por cada consulta a una terminal. Para dimensionar el volumen del negocio diremos que de acuerdo con el presupuesto de éste año el producido de la recaudación de los juegos estaría en el orden de los $ 8.787.236.000, sin contar el fondo común que integran todas las loterías provinciales y el canon por la explotación de los bingos y casinos autorizados por la provincia (de estos últimos, sobre 3 que existen, dos son regenteados por Boldt).

Si se suman esos dos rubros, los ingresos de la Caja de Asistencia Social ascienden a $ 9.884.796.000, lo que supone que en la perspectiva más conservadora, Boldt se llevaría este año por el contrato de lectura de las apuestas $ 568.841.722,46; y en la variante más generosa $ 639.892.269,06; además de que en este caso por un lado pagaría un canon como licenciataria de la explotación por dos de los tres casinos de la provincia, y por el otro lo recuperaría por la lectura de las apuestas.

El contrato se vencería el 1º de septiembre del año que viene (es decir, dentro de 16 meses),con opción a prórroga por parte de la provincia por tres años más; pero al parecer y conforme lo muestra el decreto cuya imagen encabeza el post, el gobierno de Lifschitz ha decidido acelerar los tiempos, y hace uso ahora de la opción de prorrogarlo hasta el 2022, o sea cuando hayan transcurrido las tres cuartas partes del mandato de su sucesor.

Con la curiosidad de que (conforme consta en el decreto), Boldt hace un “renunciamiento patriótico” de sus beneficios, disminuyendo el porcentaje de la recaudación de los juegos con el que se queda como pago por sus servicios.

Y al parecer -según consta en el decreto- no lo haría a cambio de nada, sino de proveerle a la provincia mejor tecnología para combatir el juego clandestino (que según dice el decreto, estaría haciendo mermar los ingresos de la Caja).

La provincia, por su parte, valora el hecho de que de ese modo se “ahorra” hacer una nueva licitación (aunque la opción de prórroga estaba prevista en el contrato), que le demoraría unos 30 meses: dos años y medio para adjudicar una licitación, para que la termine ganando siempre la misma empresa, que viene prestando ininterrumpidamente los servicios desde 1984.

Como reza el dicho popular, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.

DÉNLE LA LLAVE DE LA PROVINCIA A BOLDT, Y LISTO

Tal como dan cuenta las imágenes del decreto que ilustran el post, el gobierno provincial adjudicó en forma directa a dos empresas radicadas en la zona del puerto de Santa Fe el alquiler de oficinas destinadas al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) por un plazo de dos años, con opción a un tercero; mientras se amplía y remodela el edificio del organismo.

El plazo del contrato es ya de por sí curioso, porque de acuerdo con el Decreto 2044 del 14 de julio pasado los trabajos de refacción al edificio propio deberían durar 450 días calendario, o sea 15 meses. No 24, ni 36, como podría llegar a durar el alquiler con sus prórrogas.

Tal como lo dice el decreto, se llegó a la contracción directa luego de que fracasara una licitación pública en la que se presentaron dos ofertas que fueron rechazadas, una por presentar una garantía (pagaré) que no cumplía los requisitos exigidos en la ley, y la otra por oferta un inmueble que no se adaptaba a lo requerido en el pliego.

Al respecto señala el informe de la comisión de adjudicación que “...el mayor inconveniente que presenta la oferta lo constituye la superficie disponible. Según el pliego licitatorio se debía disponer de una superficie de 1500 m2 aproximadamente, de los cuales 400 m2 debían encontrarse en planta baja para posibilitar el funcionamiento de los sectores relacionados con la atención al público. La superficie ofertada es de 897 m2 de los cuales 71 m2 pertenecen a un local en subsuelo. Si bien se solicita espacio de guardado, la planta disponible para la ubicación de puestos de trabajo se reduce a 826m2. Respecto a la distribución de la superficie disponible, la planta baja ofrece 286m2, sin embargo 58.50m2 corresponden a ingreso y patio y 92m2 a sala de maquinas, quedando 135.50 m2 para la distribución de oficinas y sanitarios, de los 400m2 que se sugerían. Es decir se ofrecen dos plantas que suman un total de 446.53m2, de los 1100m2 que se solicitaban. En conclusión, la superficie ofrecida resulta insuficiente para la cantidad de puestos de trabajo que es necesario reubicar.” (las negritas son nuestras)

La ley 12.510 permite la contratación directa -entre otros casos- “Cuando la licitación o concurso haya resultado desierto por ausencia de ofertas ajustadas al pliego respectivo, siempre que rijan, para la contratación directa, exactamente las mismas condiciones y cláusulas que las exigidas en la licitación o concurso desiertos...” (otra vez las negritas son nuestras). Veamos ahora que pasó en éste caso, según nos lo cuenta el mismo decreto en otras partes de sus fundamento (las negritas son siempre nuestras):

“Que obra propuesta presentada en forma conjunta entre Torre Puerto Santa Fe S.A. - Casino Puerto Santa Fe S.A., detallada de la siguiente forma: Torre Puerto Santa Fe S.A. alquiler de 2 (dos) pisos en planta libre en Torre (utilizable 570 m2) y alquiler salón (utilizable 350 m2) por la suma  total de $ 11. 306.181,60 (por 24 meses - Casino Puerto Santa Fe S.A. alquiler local comercial (utilizable 200 m2) por la suma total de $ 902.078,40 por 24 meses; ”

“Que la Dirección de Valuación y Tasación del Servicio de Catastro e Información Territorial, interviene con su informe, el cual expone: "según la inspección efectuada oportunamente, los antecedentes registrados en este Organismo y los aportados por los propietarios, considerando las características constructivas de la edificación, sus antigüedades, valores básicos y teniendo en cuenta la ubicación del terreno dentro del Munícipio, el valor de Tasación del Inmueble es de $ 30.361.654,38 y de acuerdo a los usos y costumbres del mercado inmobiliario local, para este típo de inmueble, el Valor de Locación se estipula en el 0,66% del Valor de Tasación", por lo que resulta un valor mensual de $ 200.386,92 (pesos doscientos mil trescientos ochenta y seis con 92/100), valuación que incluye el alquiler puro, no contemplando la ambientación de los puestos de trabajo.”

“Que obra mejoras de ofertas con un 7% de descuento resultando los siguientes valores: Torre Puerto Santa Fe S.A. alquiler de 2 (dos) Pisos en planta libre en Torre (utilizable 570 m2) y Alquiler Salón (utilizable 350 m2) por la suma total de $ 10.514.748,87 por 24 meses - Casino Puerto Santa Fe S.A. alquiler local comercial (utilizable 200 m2) por la suma total de $ 838.933,00 por 24 meses. Resulta en consecuencia una oferta promedio total por 24 meses de $ 11.353.681,87 y mensual de $ 473.070,08;”

“Que interviene nuevamente la Comisión Evaluadora, en cumplimiento de las facultades que otorga la Disposición Interna N° 225/16 y a los fines de determinar su conveniencia, atento la finalidad buscada por el Instituto, mejor alternativa, transparencia y razonabilidad económica, evaluando la urgencia, el objetivo de la gestión, que radica en la Ampliación y Reforma Integral del Edificio de calle Rivadavia 3452, sugiere por todo lo expuesto y salvo mejor opinión de la Superioridad, preadjudicar a las firmas: Torre Puerto Santa Fe S.A. y Casino Puerto Santa Fe S.A., por precio razonable y conveniente a los intereses del Instituto, considerando que la oferta incluye además la ambientación de los puestos de trabajo; ”

Es decir entonces que repasando lo remarcado en negritas, tenemos que se adjudicó en forma directa un alquiler de una superficie que solo juntando las dos ofertas y los tres locales ofrecidos (luego de pedirles una “mejora”) llega a la superficie mínima aprovechable para oficinas exigida en la licitación (1100 mt2), por un importe mensual que es mucho más del doble del estimado como razonable por las propias reparticiones oficiales, en base a las pautas del mercado inmobiliario.

Y la diferencia entre esos algo más de 200.000 pesos mensuales que darían esas pautas y los 473.000 que -en promedio- terminará pagando la provincia (un sobreprecio del 136,08 %), la atribuyen a “la ambientación de los puestos de trabajo”.

Una decisión ruinosa para los intereses del Estado provincial por donde se la mire, reñida con las mismas normas legales que se invocaron para no hacer licitación pública y que solo se explica por beneficiados: los dueños de "Casino Puerto Santa Fe S.A." y "Torre Puerto Santa Fe S.A." son los mismos , la familia Tabanelli, los dueños de Boldt.

Que ya habían sido beneficiados en idénticas condiciones con otro alquiler para el Ministerio de Obras Públicas de la provincia conforme al Decreto 815 del 20 de abril del año pasado, según veíamos en ésta entrada: con la misma inmobiliaria que presenta un pagaré defectuoso para quedar afuera aunque cotizaba más barato, y una oferta final con un monstruoso sobreprecio de casi el 70 %.