ÉRAMOS POCOS Y VOLVIÓ LA OPOSICIÓN

 

Hasta un minuto antes de que el presidente hablara en cadena nacional anunciando las nuevas restricciones, ellos estaban en otra cosa. Básicamente repartiéndose la herencia de Lifschitz con el finado tibio, a punto tal que todavía hoy la Cámara de Diputados de la provincia no tiene vicepresidentes, porque no se ponen de acuerdo entre ellos.

Y estaban también -sobre todo los radicales- haciendo mil y una volteretas para justificar que siguen siendo progresistas, pero van a ir todos con el PRO en un frente único antiperonista, en las próximas elecciones. Curioso: en el 2011 y 2015 -cuando el Frente Progresista estaba en alza en Santa Fe y ganaba- enfrentaron sendas candidaturas a gobernador de Miguel Del Sel, porque era "la peor derecha de los 90'".

Ya para el 2015 y a meses de eso, fueron a la convención de Gualeguaychú a entregarle el sello -y el marrón- a Macri, para mojar el pancito en "Cambiemos", aunque una parte se quedaba acá (mojando el pancito también) en el "progresismo". Para el 2019 fueron divididos y perdieron la provincia, y entonces la autocrítica que hicieron del desastroso gobierno de Macri del cual participaron fue: en la próxima tenemos que ir todos con el PRO. 

Porque eso y no otra cosa es lo que están haciendo, además de otras cosas: Barletta fue con un amparo a la justicia para que vuelvan las clases presenciales, el diputado Angelini (PRO) con otro, y el diputado Chumpitaz (PRO) pide la renuncia de la ministra de Educación de la provincia porque se suspenderían las clases virtuales -cosa que ya ha sido desmentida-, que es precisamente lo que está haciendo Larreta en la CABA. Todos ellos organizan las marchas de padres pidiendo por las clases presenciales.

Los senadores provinciales de la UCR, en sus respectivos departamentos, llaman a desacatar las restricciones que dispone el gobierno de Perotti, e intendentes opositores como los de Ceres y San Gullermo (del Departamento del senador Michlig, el más locuaz al respecto) directamente dicen que no las aplicarán. Del modo en el que Javkin y Jatón (ambos llegados a intendentes en las boletas del FPCyS) se hacen olímpicamente los boludos con todo lo que signifique controlar que se cumplan las medidas, hemos hablado en extenso acá.

Pero de golpe pasaron cosas. el presidente anunció en cadena nacional nuevas medidas restrictivas en la pandemia, porque los casos crecen en todo el país, y en Santa Fe también. Entonces el senador Michlig (UCR) descubre que en la provincia tenemos menos camas de terapia intensiva en los hospitales y centros de salud que Córdoba, pero omitió decir que la culpa de eso la tienen ellos, que gobernaron los 12 años anteriores a la asunción de Perotti, y construyeron 8 hospitales nuevos (con enorme propaganda), pero sin camas: un invento que deberían patentar.

Y el nuevo gobierno tuvo que redoblar esfuerzos para aumentar un 268 % la cantidad de camas críticas para hacer frente a la pandemia, y logró recién en su tercer intento legislativo que la oposición -con mayoría en la Legislatura- declarara la emergencia sanitaria, a lo que se negaba porque decía que el sistema provincial era ejemplar, y tenía sobrada capacidad de respuesta. 

Lo mismo que el tantas veces elogiado sistema municipal de salud rosarino, tan colapsado como el resto por la falta de camas; al que la provincia -todos los santafesinos- pagan íntegramente en todo su funcionamiento (personal, equipamiento, medicamentos, insumos, comida) desde 2009, por un convenio aprobado por Binner, nunca remitido a la Legislatura y observado por el Tribunal de Cuentas; y en el que poco antes de asumir el nuevo gobierno introdujeron una cláusula de indexación de los pagos.

Después descubrieron que la mayoría de las escuelas de la provincia carecen de conectividad, como también carecen de ellas muchas localidades de la provincia, y muchos barrios de las grandes ciudades. Eso pese a que en el gobierno de Bonfatti gastaron 38 millones de dólares en un sistema "troncalizado" que en teoría era para resolver esos problemas; y no obstante lo cual la aprobación del plan de conectividad elaborado por Perotti duerme el sueño de los justos hace seis meses en la Legislatura. Eso sin contar que dejaron tiradas en un galpón, sin repartir, 30.000 netbooks del Conectar Igualdad.

Gobernaron 12 años, 8 de ellos (coincidentes con los mandatos de Cristina) con crecimiento y aumento de la coparticipación y la recaudación propia, y los 4 de Lifschitz con la inyección adicional de los fondos que iban a la ANSES, hasta el fallo de la Corte que ordenó que se les dejaran de mandar en la parte que refería a Santa Fe. Plata no les faltó entonces; y en todo ese tiempo no tuvieron pandemias, ni inundaciones, ni catástrofes naturales.

Desde 2009 tuvieron el Fondo Soja (al que no votaron en el congreso, como tampoco votaron las retenciones del cual surgía) que usaron para construir los hospitales (sin camas) y con el cual Binner y Lfschitz -cada uno a su turno- construyeron la única escuela nueva que hicieron en sus respectivos mandatos, porque Bonfatti se limitó a inaugurar las construidas por la nación durante el gobierno de Cristina. También tuvieron desde entonces la AUH, para suplir el vacío de políticas sociales de sus gobiernos, pese al saraseo progresista.

Dejaron el gobierno sin cumplir con la ley de financiamiento educativo, adeudándoles a los municipios y comunas los fondos que les corresponden por ese rubro por los años 2018 y 2019, deuda que éste gobierno canceló; y sin cumplir tampoco la meta prevista en esa ley y la de educación nacional, de que al menos el 30 % de las escuelas localizadas en barrios con alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en las grandes ciudades, tuvieran escolaridad extendida o de jornada competa: las escuelas bajo ese régimen durante los 12 años de gobierno socialistas apenas llegaron a menos del 2 % del total de las que debían tenerlo, y algún funcionario dijo que garantizar la jornada completa era "una política cara".  

En las etiquetas respectivas del blog pueden encontrar los posteos en los que analizamos las ejecuciones presupuestarias (Cuentas de Inversión) de los 12 años de gobiernos del socialismo en Santa Fe, que marcan dos constantes entre 2007 y 2019: Educación perdió participación porcentual en el gasto total, año tras año, y se dejaban sin ejecutar -en promedio- entre el 85  y el 95 % de los escasos fondos destinados a becas. Ahora les molesta un stand del boleto educativo gratuito en El Molino, porque dicen que afea la estética.

Y en esos mismos 12 años, la participación porcentual de Salud en el gasto total de la provincia se mantuvo (sin crecer) pero contando en su interior el subsidio provincial a los hospitales municipales rosarino. Sin eso, también mermó. Tuits relacionados: 

El gobierno de Perotti encontró 30.000 netbooks tiradas en un galpón, sin repartir.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 22, 2021

Los hospitales nuevos sin camas, un invento del socialismo. Fueron pensados para inauguraciones en un año electoral. Deberían patentarlo.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 22, 2021

Cuando se entere que los 12 años antes de Perotti gobernaron ellos y las camas eran la mitad de esas, se cae de culo.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 22, 2021

Estamos re sorpresos

— La Corriente K (@lacorrientek) May 23, 2021

SINTONÍA FINA

 

En el Boletín Oficial de hoy se publicó el DNU 266 (completo acá), por el cual se prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y suspensiones por los mismos motivos.

Una buena medida en un contexto de crisis, que por supuesto luego hay que encargarse de hacer cumplir: ya vimos lo que pasó antes con grandes empresas -como las del grupo Techint- que despidieron gente en plena pandemia, sin sufrir ninguna consecuencia por hacerlo, desobedeciendo las normas que lo prohibían. 

El decreto mantuvo la mañosa interpretación del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo que analizamos acá, de resultas de la cual hay ciertas suspensiones que siguen vigentes, con rebaja de sueldos. 

Pero además exceptuó de la prohibición a los despidos del personal de la construcción comprendido en la Ley 22.250, que tiene un Fondo de Cese Laboral que se integra con aportes a cargo del empleador, equivalentes a un porcentaje de los salarios, que se le pagan al trabajador en caso de despido, en reemplazo de las indemnizaciones legales, y las más de las veces, por montos inferiores a ellas. 

El sector empresario de la construcción acaba de ser beneficiado por el gobierno con un blanqueo "ad hoc", por el cual pueden exteriorizar divisas no declaradas y zafar de pagar los impuestos adeudados, a cambio de aportar a un fideicomiso para financiar proyectos de inversión. Y si son del "Norte Grande", se vieron beneficiados por la rebaja de aportes patronales.

Ayer miércoles se publicó también en el Boletín Oficial el decreto (simple) 261 (completo acá), por el cual se oficializó el tan anunciado bono extra de 15.000 pesos para los beneficiarios de la AUH y los monotributistas de las dos categorías más bajas; pero solo para aquéllos que residan en el AMBA. El argumento es que allí se dispusieron hace poco mayores restricciones por la pandemia.

Pese a que se dijo que la norma contendría una cláusula posibilitando la adhesión de las provincias a las restricciones dispuestas para el AMBA como una condición para que los beneficios pudieran llegar a los perceptores de la AUH y monotributistas de menor facturación que residen en ellas, nada de eso pasó. La condición hubiera sido una virtual extorsión a los gobernadores, tomando como rehenes a los más necesitados. 

Sin embargo, la solución de lisa y llanamente excluir a las provincias fue peor: si hablamos de necesidades económicas -que es de lo que en definitivas hay que hablar cuando por ejemplo de percibir la AUH se trata-, no hay muchas diferencias entre un pobre del AMBA, y uno del resto del país. 

El argumento de que en un lugar se dispusieron mayores restricciones y en otros no es ridículo, porque justamente lo que se restringe son actividades formalizadas (no puede haber un decreto suspendiendo las changas, por ejemplo), y los beneficiarios de la Asignación son mayormente los hijos de los trabajadores no registrados. A la hora de rebajar aportes patronales en las provincias del Norte Grande, por ejemplo, no se tuvo en cuenta si en esas provincias se dispusieron o no mayores restricciones de actividades por la pandemia.

En definitivas, dos ejemplos de como se arruinan dos políticas públicas correctas (proteger los empleos y mejorar los ingresos de los más pobres) por un mal entendido sentido de hacer "sintonía fina" pero al revés: pasando el cedazo fino con los de abajo, y grueso con los de arriba. De Moroni (que firmó los dos decretos) ya nada sorprende, pero el problema es que las dos decisiones involucran la firma del presidente; sin lo cual no hubieran llegado a existir.

¿QUO VADIS, GUZMÁN?

 

Hay que reconocer que el tipo proyecta una imagen y tiene un discurso, que le juegan a favor para que caiga bien en determinados sectores: discípulo de Stiglitz, confronta -cuando lo chucean, porque no lo busca- con los economistas de la ortodoxia que lo trataron despectivamente de "pasante", desenmascara sus payasadas conceptuales, y deja pagando a más de una vaca sagrada de los medios con su discurso consenso, preciso y claro. Se mueve bien en esos terrenos.

Sin embargo, no solo de imagen y discurso vive el hombre, y las dudas (al menos para nosotros) con Martín Guzmán, el ministro de Economía y por ende el responsable de definir el plan económico del gobierno del "Frente de Todos", vienen por el lado de la gestión y sus resultados. Que a su vez hay que medirlos desde las prioridades que cada gobierno se fije en su política económica, rubro en el cual éste gobierno debe -necesariamente- diferir de su antecesor; como que expresan proyectos económicos distintos.

Desde que asumió y aun antes de la pandemia, Guzmán le asignó máxima prioridad al problema de la deuda, mochila pesada heredada del macrismo si las hay: rápido cierre con los acreedores privados (con escasa quita del capital pero reprogramación de los vencimientos), y búsqueda permanente de un acuerdo con el FMI, para reprogramar los pagos del mega préstamo que le dieron a Macri, que son una espada de Damocles en el futuro de la economía argentina.

En ambos casos exhibió incluso más urgencia que sus respectivas contrapartes, en cerrar el acuerdo, en el entendimiento -suponemos- que eso creaba las condiciones para estabilizar la economía, y poder pensar en volver a crecer. La mirada se reveló, con el paso del tiempo, algo voluntarista: los mismos fondos de inversión que obstruyeron el acuerdo hasta que no se mejoró la propuesta de un modo acorde a sus intereses fogonearon durante todo el segundo semestre del año pasado una corrida cambiaria que forzara al gobierno a devaluar, y cuestionaron en público cada vez que pudieron, algunas de las medidas más importantes de la política económica como los controles cambiarios, o el congelamiento de tarifas.

Y aun así, con esos mismos fondos se reunió en Nueva York el ministro, no se sabe muy bien a qué fines, porque no puede pensarse que se sientan tentados a invertir en el país en la economía real, para mejorar su capacidad de repago de la deuda. Algo parecido sucede con el FMI "bueno" de Kristalina: el diálogo es fluido, hay premura en cerrar el acuerdo, pero nada indica que el Fondo vaya a abandonar su política de exigir "condicionalidades" (vulgarmente llamadas "reformas estructurales"), para posibilitar un acuerdo que reprograme los vencimientos.

Guzmán, sin que esas condicionalidades hayan sido explícitamente puestas por el FMI sobre la mesa, parece atenderlas, en tanto compromete un sendero de reducción del déficit fiscal hacia el futuro, que solo puede cumplirse omitiendo que estamos en una pandemia, y frenando el gasto público, lo que tiene efectos sobre el nivel de actividad; y -dolor monetarista- sobre la inflación, en éste caso por ejemplo cuando anuncia aumentos de tarifas, para reducir subsidios.

Por contraste,  no se advierte el mismo celo de parte suya para cuidar o mejorar los ingresos del fisco, que sería otro modo de arribar al resultado buscado del equilibrio fiscal, si es eso lo que se desea. Por el contrario, las únicas medidas del equipo económico en los últimos tiempos han sido "ofertistas", resignando ingresos del fisco para seducir al capital: el "blanqueo" destinado a generar un fideicomiso para financiar inversiones en la construcción privada e infraestructura, o la virtual eliminación de aportes a la seguridad social a los empresarios del "Norte grande"; medida que por carácter transitivo tira a la baja la fórmula de ajuste de los haberes previsionales, uno de cuyos componentes de movilidad son, precisamente, los recursos propios de la ANSES como las contribuciones patronales.

No fueron Guzmán ni el Poder Ejecutivo quienes promovieron el "impuesto a las grandes fortunas": de hecho el presidente mismo dijo originalmente que era una cuestión del Congreso. Sí fueron ellos quienes, una vez sancionado, otorgaron plazos y planes de cuotas para el pago a los obligados, retaceando así el ingreso de recursos al fisco, que no parecieran ser necesarios para financiarlo, y contribuir al equilibrio que se proclama, sin pisar el gasto. 

Idea ésta -la de pisar el gasto para sostener el orden en las cuentas públicas- que además de ser de otro cuño ideológico del que suele expresar Guzmán en su discurso, está detrás de decisiones como no replicar el IFE ni estirar el ATP para los sectores sociales y productivos más afectados por la pandemia. Al mismo tiempo, tampoco existe la intención de aumentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo cual aportaría ingresos adicionales al fisco por un lado, y ayudaría a contener la inflación en alimentos, por el otro.   

Otra inconsecuencia son los cambios en Ganancias (donde el ministro se allanó a los deseos de Sergio Massa), sin preocuparse porque esos ingresos que deja de percibir el Estado se destinan, más que al consumo, al ahorro en dólares, al menos para los salarios más altos de la escala. A la inversa, cuando de frenar un nuevo IFE se trata, se lo justifica por el lado del supuesto peligro de aumentar el déficit generando una demanda adicional de emisión, que puede trasladarse al billete verde: en ambos casos detrás de las opciones económicas, hay consecuencias políticas y sociales, bien definidas.

En Ganancias a las empresas y Monotributo, el ministro tuvo que ceder -a pedido de sectores internos del propio FGDT- a una mayor presión impositiva sobre las Pymes y las categorías más bajas, pero está por verse si se compensará eso con un aumento de las escalas a las empresas de la cúpula empresarial, que son las que más facturan, y acumulan más ganancias.

El gobierno tuvo éxito hasta acá en frenar la corrida cambiaria especulativa, y tuvo que volver sobre sus propios pasos en la estrategia de las "mini-devualaciones" del peso acompañando apenas por debajo la inflación, para no apreciar el tipo de cambio. Sin embargo, los instrumentos financieros que empleó para ello han generado un problema adicional, al que no pareciera que se le esté prestando demasiada atención.  

Pero dejamos para el final lo más importante: cuando se le pregunta a Guzmán cual es el plan, suele decir que está expresado en el Presupuesto nacional: aumento de la inversión en obra pública, recomposición salarial por encima de la pauta inflacionaria, aumentos de tarifas por debajo de ésta, reducción progresiva del déficit fiscal y "pesificación" del financiamiento, apelando al mercado local de capitales.

Del paquete, lo que menos claro está es cual es la estrategia y cuáles son las medidas para recomponer los ingresos de los sectores populares frente a la inflación, y que se piensa hacer, en concreto, para contener ésta dentro de las pautas presupuestarias: en solo los tres primeros meses del año, los precios subieron más de un 13 % (los alimentos, mucho más), cuando la pauta establecida para todo el año es del 29 %.

Y en todo ese tiempo, se conoció que la pobreza supera el 42 %, y la inflación de marzo rozó el 5 %; mientras abril comenzó con aumentos de las prepagas, de los combustibles (ya un clásico) y descongelamiento del proceso para aumentar las tarifas de luz y gas, exponencialmene aumentadas durante el macrismo. 

Del otro lado (es decir, vía políticas de ingresos) el Consejo del Salario recién está convocado para fin de mes sin que se sepa en cuanto se retocará un SMVM que hoy está por debajo de la línea de pobreza, pocos gremios han cerrado sus paritarias y solo algunos por encima del 29 % de inflación establecido en el presupuesto, nada se dice -que no sean los aumentos trimestrales según la fórmula aprobada- de los haberes de jubilados y pensionados, y para los perceptores de la AUH y monotributistas de las categorías más bajas solo se ha anunciado (sin concretarse aún) un bono de 15.000 pesos para aquellos que residen en el AMBA, y en las provincias donde sus gobiernos adhieran a las últimas restricciones sanitarias y a la circulación que se dispusieron allí: una  segmentación inadmisible, que les hace pagar el costo de la pelea del presidente con los gobernadores, a los que más sufren en la crisis.     

La cuestión entonces no es -como repite Guzmán como un mantra- lo que dicen las pautas del presupuesto, sino las medidas que el gobierno piensa tomar para hacerlas cumplir. Claro que eso supone conflictos (chocolate por la noticia, Zaiat), ganadores y perdedores; como los hubo con todas las medidas precedentemente reseñadas, las que se tomaron y las que no. El asunto es en esa coyuntura de que lado se ponen el ministro, el presidente (que es definitivas el responsable final del plan económico) y el gobierno que votamos.

NO PERDAMOS EL HILO

 

Va hilo de coyuntura: 👇
La tasa de desempleo se ubicó en el 11%, al cierre del último trimestre de 2020 y en el conurbano bonaerense ya se acerca al 15%.
La tasa de desempleo abierto nacional respecto del cuarto trimestre de 2019, se incrementó en 2,1 puntos porcentuales.

— Artemio López (@Lupo55) March 29, 2021

En este sentido los números preocupan puesto que el salario medio de la economía no alcanza los $60 mil mensuales, el salario que más se repite (o MODA) es de $45 mil mensuales, todos por debajo de lo que requiere un hogar tipo para no ser considerado pobre por ingresos.

— Artemio López (@Lupo55) March 29, 2021

Llegamos al extremo de carencia de ingresos en que en un hogar tipo (de 4 miembros) en que se perciben dos salarios mínimos y dos AUH, una por cada niño o niña, tampoco así logra superar la línea de pobreza. Una calamidad de carencia de ingresos se lo mire por donde se lo mire.

— Artemio López (@Lupo55) March 29, 2021

El panorama social entonces resulta muy complejo con un piso de 40% de pobreza cuando a fines de marzo el Indec suministre el dato oficial.
Los datos de distribución del ingreso son también de terror. El 80% más pobre de la población se queda con el 50% del ingreso total.

— Artemio López (@Lupo55) March 29, 2021

Todo este rodeo inicial largo pero necesario, es imprescindible para justificar una pregunta: ¿Puede un país estragado socialmente, como lo es la Argentina después de Macri, tener como bandera conseguir el “equilibrio fiscal”?

— Artemio López (@Lupo55) March 29, 2021

Seguramente no. La economía argentina necesita salarios, ingresos familiares crecientes y superar la lógica del ajuste perpetuo a q fue sometida ya durante un lustro, más aún tras la experiencia exitosa de “desajuste” desplegada kirchnerismo durante casi trece años de gestión.

— Artemio López (@Lupo55) March 29, 2021

El rediseño d política económica debe tener como eje recuperar ingresos familiares y eso supone satisfacer 3 demandas muy específicas.
Salarios, jubilaciones y planes de transferencia d ingresos actualizados por sobre la inflación realmente existente para los sectores populares.

— Artemio López (@Lupo55) March 29, 2021

Lo mismo sucede con jubilaciones y pensiones mínimas (las que más alto se ajustaron), que solo se actualizaron un 35,5% (el resto alcanzó solo el 24%) perdiendo 11,5 puntos respecto al valor de incremento de la canasta ampliada de pobreza. Insistir con este ajuste es fracasar.

— Artemio López (@Lupo55) March 29, 2021

En efecto, el 60% de los hogares que constituyen el electorado del FdT son pobres o vulnerables por ingresos (superan la línea de pobreza por menos del 50% de su valor). Se trata de hogares pobres por ingresos o de clase media baja en riesgo de empobrecimiento por ingresos.

— Artemio López (@Lupo55) March 29, 2021

Se configuraría entonces una coyuntura electoral q de consumarse, y dada la coalición conservadora q enfrenta al FdT - pre civilizatoria -, sería de un gran costo económico, social e institucional, ya no solo para los sectores pobres o vulnerables sino para la sociedad toda.

— Artemio López (@Lupo55) March 29, 2021

La claridad del planteo de Artemio nos exime de mayores comentarios en torno al cuadro de situación, y a las prioridades que debe atender el gobierno: las implicancias sociales, económicas, y políticas (incluyendo electorales) son más que evidentes.

Sin embargo, si hemos de juzgar por las acciones concretas, parece que no se toma debida nota del asunto, ni se lo traduce en acciones concretas. Sin ir más lejos, ayer se publicó en el Boletín Oficial una resolución de la AFIP (completa acá) por la cual se prorroga el plazo para el pago del denominado "impuesto a las grandes fortunas" ; como si alivianar la carga fiscal de los sectores más favorecidos fuera parte de las prioridades que el gobierno debe atender.

En contraste, el viernes pasado se publicó también en el Boletín Oficial el Decreto 218 (completo acá) por el cual se otorga un subsidio extraordinario en dos pagos de 1500 pesos cada uno para los beneficiarios de jubilaciones y pensiones más bajas, la PUAM  (Pensión Universal para Adultos Mayores) y pensiones no contributivas. Es lo único que se puede vincular a una política de ingresos adicionales para los sectores más golpeados por la crisis.

Horas después, sesionando un sábado, la Cámara de Diputados modificaba la ley del Impuesto a las Ganancias para que dejen de pagarlo 1.267.000 trabajadores de los de más altos ingresos: una medida justa pero que solo alcanza a un número de personas equivalente a un tercio de los perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y a menos de la quinta parte de los jubilados y pensionados, más del 80 % de los cuales percibe la mínima.

El ministro Guzmán regresó de Estados Unidos donde se reunió con los funcionarios del FMI y con los principales fondos de inversión, y se apresta a viajar de nuevo para renegociar la deuda con el Club de París. ¿Qué piensa Guzmán de los temas que plantea Artemio, cuáles son sus ideas para recomponer los ingresos de los sectores más vulnerables?

La respuesta a los interrogantes no puede ser que el programa económico está planteado en el Presupuesto nacional, porque allí se habla de una inflación del 29 % para todo el año, y se está diciendo que la del mes de marzo volverá a superar el 4 %, otra vez empujada por el alza en el precio de los alimentos; rubro en el cual los sectores populares gastan la mayor parte de sus ingresos.

Tampoco se puede explicar todo por la pandemia, que si bien es cierto crea un contexto complejo y desafiante, no hace desaparecer la puja distributiva, e incluso la exacerba: en plena pandemia siguen aumentando los combustibles, los precios de los alimentos y consumos esenciales, y el propio gobierno ha habilitado aumentos en los combustibles; mientras la dinámica de las negociaciones paritarias recién está arrancando, y pareciera que el gobierno quiere que cierre en torno a la pauta inflacionaria del presupuesto, usando el ancla salarial -como está usando la cambiaria- para contener la inflación en un año electoral. No parece un prospecto tentador, con las urnas en la mira.

PASÓ DE LARGO

 

Quizás fue porque Alberto lo anunció antes de que se oficializara la medida publicando el DNU 840 en el Boletín Oficial, o porque eso lo hicieron el miércoles a la tarde en un suplemento que se mezcló con las ediciones centrales de los noticieros. O acaso haya sido porque lo comunicaron en medio del fallo de la Corte por los jueces okupas y la elección yanqui, pero pasó casi desapercibida una de las principales medidas que tomó el gobierno en los últimos tiempos, para los sectores más vulnerables.

Nos referimos, claro, a la ampliación del universo de beneficiarios de la AUH, que surge del DNU antes citado, que pueden ver acá en el Boletín Oficial.  Lo que hace el decreto en síntesis es lo siguiente:

* Elimina el límite máximo de cinco (5) niñas, niños, adolescentes y/o personas con discapacidad por grupo familiar que pueden percibir la AUH. O sea, si hay más de cinco en condiciones de percibirla, la cobran todos.

* Establece que no regirá el tope mínimo de ingresos para el cobro de las asignaciones familiares de las y los titulares de los incisos a) y b) del artículo 1° de la 24714 (el sistema contributivo y el de la AUH), correspondiente al grupo familiar definido en el Decreto 1667/12.

* Dispone que el límite máximo de ingresos de cada uno de los y de cada una de las integrantes del grupo familiar para percibir asignaciones familiares se determinará en función de lo establecido por el artículo 5° de la Ley 27160 ( o sea " con la variación que se produzca en la ganancia no imponible y/o en las deducciones por cargas de familia para Ganancias).

* Para los monotributistas suprime el requisito de estar al día con los pagos mensuales del impuesto para percibir las asignaciones; y deroga una norma de Macri que dispuso que debían integrarse los aportes y contribuciones patronales como condición para la liquidación de retroactivos de las asignaciones familiares a aquellas y aquellos titulares de beneficios del sistema contributivo. Es decir: que la falta de cumplimiento del patrón con sus obligaciones, no perjudique al trabajador. 

* Establece que las asignaciones familiares (incluida la AUH) pueden ser cobradas por  la madre, el padre o, cuando medie acuerdo de ambos, por un tercero o la hija o hijo adolescente desde los dieciséis (16) años de edad, independientemente del o de la integrante del grupo familiar que genera el derecho al cobro de la prestación; salvo en los casos de guarda, curatela, tutela y cuidado personal, casos en que el pago se realizará al guardador o a la guardadora, curador o curadora, tutor o tutora o cuidador o cuidadora que correspondiere.

* Finalmente y como consecuencia de las medidas de prevención sanitaria adoptadas en el contexto de la pandemia de COVID 19, de manera excepcional da por cumplida la presentación de las certificaciones de controles de salud y escolaridad correspondientes al año 2017 y anteriores, a aquellas y aquellos titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, por cuyos niños, cuyas niñas y/o adolescentes hayan perdido el derecho al cobro por ese motivo, a efectos de que comiencen a percibirla. 

Según se informó, entre los beneficiarios reintegrados al cobro por estas medidas, y los nuevos resultantes de un "barrido" efectuado por la ANSES, más la eliminación del tope de beneficios por grupo familiar, cerca de un millón de chicos se incorporarán a cobrar la AUH, o volverán a percibirla.

También se calculó la inversión adicional del Estado por estas medidas en unos 30.000 millones de pesos, en los meses que restan de este año suponemos; anualizado deben ser unos 180.000 millones de pesos que se volcarán al consumo, por parte de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Entre tantas malas, una medida oportuna y necesaria que debe complementarse con otras (como el reajuste de la AUH y las jubilaciones para por lo menos empatarle a la inflación) para reparar en parte los estragos sociales provocados por el macrismo y la pandemia, en ese orden. 

Y una reflexión final: si el cálculo anualizado del "costo" de la medida tal cual lo hicimos nosotros acá, representa, representa muchísimo menos que el costo (este sí) de emitir deuda por 750 millones de dólares en bonos "dólar linked" para intentar frenar la corrida del "blue" dándoles salida a los fondos de inversión especulativos que quedaron empomados con títulos en pesos por el macrismo. Un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Depende de lo que se quiera.

EL SUBSUELO DE LA PATRIA SUBLEVADO

 

Cuando pase el entusiasmo por la marcha de ayer, tendremos que aceptar que hubo sectores que nos votaron y no movilizaron porque no tienen medios para hacerlo ni Internet. Si tomamos medidas para darles razones concretas para seguir bancando, la derecha no vuelve nunca más.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 18, 2020

Historiando el 17de octubre original se ha dicho hasta el cansancio que fue la emergencia política en el espacio público de los hasta entonces ignorados, causando la perplejidad de los que los ignoraban deliberadamente y reclamando ser oídos, tenidos en cuenta y protagonizar -ellos también- la historia. 

Aquella conocida expresión de Scalabrini Ortíz que inmortalizó la jornada:" el subsuelo de la patria sublevada", y que le puso brillo literario al sujeto político que constituyó el núcleo central del peronismo: los trabajadores urbanos industriales en tránsito desde la economía pastoril, huérfanos de representación política y sin ser reconocidos en sus derechos.

Aun cuando vino a ser precisamente quien cumpliera la función de llenar esos vacíos para los "grasitas" o "cabecitas" negras, el peronismo nunca fue un movimiento clasista, y mucho menos "pobrista": desde sus formulaciones teóricas iniciales hasta los sectores políticos que lo formaron, y los cuadros políticos que nutrieron sus equipos de gobierno, siempre integró a sectores de la clase media en la amplitud del frente nacional que Perón supo construir. Eso sin contar con que la sociedad de entonces no es la de hoy, y todo lo transcurrido en el país en estos 75 años redefinió el mapa social, y la propia conformación de las clases.

Los cambios, ciertamente, no fueron para mejor: la sociedad hoy es más fragmentada y desigual, el trabajo en blanco, bien remunerado y con trabajadores sindicalizados ha perdido la centralidad que tenía entonces, y se han multiplicado las formas de la exclusión social, y la precarización. Sin embargo, como en 1945, quienes son expulsados por el mercado y la sociedad de consumo votan, y siguen necesitando ser representados políticamente, tanto como lo necesitaban los obreros que convergieron sobre la plaza histórica aquel 17.

La movilización de apoyo al gobierno del sábado pasado fue contundente, desbordando incluso los pedidos oficiales a observar la cuarentena, y de no mediar la pandemia, pudo ser mucho mayor. Pero acá nos queremos detener: por las características a las que la remitió el contexto sanitario (sobre todo, sin posibilidad de usar colectivos), no estuvieron presentes quienes, además de guardar los cuidados del caso por el virus, no tienen medios para desplazarse por sí mismos.

Eso marca, quiera que no, un corte de clase en la expresión de los apoyos: se manifestaron en su mayoría las clases medias que acompañan al gobierno, y algunos trabajadores organizados, encuadrados en los sindicatos que decidieron movilizar con las reglas posibles en la emergencia, como Camioneros. Pero los 13 millones de votos de la fórmula "FF" hace un año expresan un apoyo social mucho más amplio al "Frente de Todos", que esos sectores.

Hoy también hay "grasitas" y "descamisados" que demandan representación política, derechos, dignidad, mejoras en sus condiciones materiales de existencia; y así como en el 45' Perón y Evita resignificaron el agravio opositor que calificaba a los trabajadores migrantes como un "aluvión zoológico" en clave de un proyecto político que los incluyó y les dio centralidad, hoy la agresión gorila al peronismo en el poder describiéndolo -por boca de Macri y Cornejo- como "el partido de los que no trabajan y viven de los demás", debe ser reconducida en un serio esfuerzo de gobierno por llegar, con medidas concretas, a los sectores más golpeados por la crisis.

No hay ni puede haber, en un gobierno peronista, otra prioridad que bajar los indignantes índices de pobreza e indigencia que nos legaron, por su orden, el macrismo y la pandemia. Y eso no lo vamos a lograr con aumento del salario mínimo del 28 % en tres cuotas de acá a marzo, dudando todavía si habrá o no una cuarta cuota de 10.000 pesos del IFE, o "evaluando" si habrá suba en el monto de la tarjeta "Alimentar", o en los planes sociales. ¿Qué tanto hay que evaluar, con las cifras de pobreza conocidas, si cierran las cuentas fiscales?

Eso sin contar que seguimos sin definir un índice de actualización de la AUH y las jubilaciones (el 80 % cobra la mínima), o sin tomar medidas para frenar los aumentos en los precios de los alimentos, mientras siguen aumentando las tarifas (alguien que les avise a las empresas del DNU que lo prohíbe) y los combustibles (esto con anuencia del gobierno). Urbanización, acceso a la vivienda y los servicios básicos, reducir la precarización laboral: demandas que necesitan respuesta ya, para ayer, sobran. Y están bastante antes en la lista de prioridades que nos trajeron hasta acá, que los estímulos fiscales para "seducir" a los que tienen excedentes, para que no se vuelquen al dólar.

Apoyo para avanzar hay, el que se mostró el sábado y el que no pudo hacerlo. Pero hay que darles razones a esos apoyos, para seguir bancando. Si no avanzamos no será por falta de eso, sino por otra cosa. Tuits relacionados:  

Alguien puede explicar para que lo entienda mi tía Chola por qué razón, si rige el DNU 91/19 que obliga a los exportadores a liquidar las divisas en el plazo que establezca el Banco Central, el Central no lo estableció o si lo hizo, no lo hace cumplir?

— La Corriente K (@lacorrientek) October 18, 2020

La discusión no es si una devaluación está bien o está mal. Salvo los exportadores, todos saben que está mal. La pregunta es si la podemos evitar.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 18, 2020

METAMOS UNA MANO

 

Acaban de decretar el aislamiento en 18 provincias del país. ¿Me querés decir qué carajos tienen que "analizar" para ver si pagan o no el cuarto IFE?

— La Corriente K (@lacorrientek) October 13, 2020

No podemos estar hablando de bajar retenciones cuando sube el dólar, sube el precio de la soja y suben los alimentos. Es suicida.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 14, 2020

Grandes exportadores. Bancos. Opositores anticuarentena. Formadores de precios. Gobernadores díscolos. Quien se animó primero a no darle pelota al gobierno, y quien lo hizo porque vio que el otro lo hacía sin consecuencias?

— La Corriente K (@lacorrientek) October 14, 2020

Sin repetir y sin soplar: 1) Una medida tomada por el gobierno en el último mes para redistribuir ingresos a favor de los que menos tienen, 2) En el mismo tiempo, una medida que hayas afectado intereses de los más poderosos. Solo respuestas concretas.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 14, 2020

La pobreza es del 40,9 %, la indigencia del 10,5 %, la inflación interanual a septiembre 36,6 %, y aumenta el Salario Mínimo un 28 % en 3 cuotas, de acá a marzo del 2021, para que entonces llegue a menos de la mitad de la canasta básica para un hogar de 4 personas. Algo no funca.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 14, 2020

Si les parece poco que el Salario Mínimo Vital y Móvil recién llegue a 21.600 pesos el año que viene, piensen que el IFE hoy es menos de la mitad de eso, y siguen deliberando si pagan una cuarta cuota con 18 provincias en aislamiento, y sin final de la pandemia a la vista.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 14, 2020

Se puede entender -entender, no justificar- que el gobierno no tome ninguna medida contra los que marcha contra la cuarentena que no existe, ni exija el cumplimiento de los protocolos establecidos para las actividades habilitadas, dejando que se escapen los contagios: se requiere un nivel de fortaleza política para ejercer la legítima coerción estatal para hacer cumplir las normas de la que el Estado en todos sus niveles (nación, provincia, municipios) hoy carece; así como tampoco existe un consenso interpartidario y entre los diferentes niveles para avanzar en esa dirección. 

Habrá que cargar entonces con las consecuencias de haber dejado librada la evolución de la pandemia a la responsabilidad individual; a la que tantas veces se ha apelado en vano en estos meses, luego de haber fracasado antes en la apelación a la responsabilidad social. Una derrota cultural, con consecuencias funestas.

Menos comprensible (y justificable) es salir en auxilio financiero del desastroso gobierno radical de Mendoza, que hace semanas planteaba separarse de la Argentina, y alardea cada vez que puede de que desconocerá las medidas restrictivas contenidas en el DNU nacional, aunque la situación sanitaria de la provincia esté al borde del colapso. Como ejemplo para las demás administraciones, es pésimo: se les está indicando que la desobediencia altanera y caprichosa es el mejor camino para recibir ayuda. Ni hablemos del deterioro del concepto de la autoridad del Estado nacional.

Pero antes, durante y después de la pandemia, hay una agenda por fuera de ella, que nunca se termina de abordar: el listado de grandes fugadores de divisas durante el macrismo que elaboró el Banco Central parece haber sido hecho para una investigación del CONICET, y no se tradujo en insumo para ninguna política pública concreta. Los propios bancos -que proporcionaron la plataforma para la fuga masiva- se dieron el lujo de sabotear concienzudamente todos los planes de asistencia financiera del gobierno a los sectores productivos golpeados por la pandemia, y por eso hubo que pasar al ATP; sin que la rebelión les costara nada.

Como tampoco les costó nada a los empresarios como Paolo Rocca y el grupo Techint haber despedido trabajadores en contra del DNU que lo prohibía expresamente, o a las empresas de servicios públicos privatizados seguir mandando facturas con aumentos pese a que otro DNU congela las tarifas, y el presidente prometió ocuparse del asunto.

No hay más noticias de la revisión de los ñoquis VIP enquistados por el macrismo a lo largo y a lo ancho del Estado al despedirse del gobierno, y ya ni siquiera se le ocurre a nadie pedir que Macri o algún funcionario suyo vaya preso, porque bien sabemos que depende de una justicia que siguen controlando ellos; y cuya principal preocupación es defender sus privilegios.

El impuesto a las grandes fortunas tan criticado por tanta gente que no lo tendría que pagar (así como tantos criticaron la expropiación de Vicentín que no los afectaba, hasta lograr que el gobierno desistiera de ella) se ha transformado en un mito urbano, de cuya existencia misma no se puede tener certeza. 

Formadores de precios (en especial en alimentos y rubros esenciales de la canasta familiar) siguen haciendo su agosto sin que la gran mayoría sepa quien está a cargo de la Secretaría de Comercio o si siquiera está cubierta, que suerte tuvo la promocionada ley de góndolas o que otra solución a la inflación de alimentos hay a la vista que no sea deprimir la demanda.

Pero la inacción más preocupante, es la que tiene que ver con la falta de articulación de medidas que recompongan los destrozos del macrismo, en términos distributivos: desde que se conocieron las preocupantes cifras de la pobreza y la indigencia en el primer semestre para acá, se sigue cavilando si pagar o no una cuarta cuota de los10.000 pesos del IFE o si la ayuda se extenderá más allá, el Salario Mínimo se ajustará por debajo de la inflación y en tres cuotas de acá a marzo, el promedio de las paritarias que cerraron está por debajo de la inflación después de cuatro años de retroceso del poder adquisitivo con el macrismo, y sigue pendiente de definición el mecanismo de ajuste de las jubilaciones y la AUH.

Cualquiera de esas cuestiones -elijan ustedes la que más les guste- tiene infinitamente más interés en términos no solo de construir una sociedad más justa e inclusiva, sino de proyección a futuro y supervivencia política del gobierno del "Frente de Todos", que Macri, sus disparates guionados, los eructos comunicacionales de los medios, o las marchas periódicas del psiquiátrico gorila. No nos distraigamos con la comparsa, y prestemos atención a lo que hacen los dueños del corso. 

Con cada retroceso y cada vacilación, con cada tema urgente que no se aborda o se lo hace tarde, mal y como a desgano, se dejan jirones de la legitimidad ganada en las urnas. Y con cada insolencia de los poderosos que se tolera, se dejan nichos intactos de poderes alternos ensoberdecidos, y más decididos que antes a conspirar contra el gobierno: ahí sigue el intento de forzar una devaluación brutal, protagonizado por el bloque devaluatorio, que no liquida las exportaciones sin pagar consecuencias; y el pequeño sector social que tiene excedentes en pesos para volcar a los dólares bursátiles y el "blue", para generar más expectativas de una corrección abrupta del tipo de cambio, de previsibles consecuencias sociales nefastas.

Venimos cobrando (el gobierno, su base electoral, la gran mayoría de los argentinos) duro y parejo; y va siendo tiempo de meter alguna mano, antes del nocaut. Y que no sea un puñetazo en la mesa en un programa de televisión, queriendo dar muestras de reafirmar la autoridad. Todavía se está a tiempo; y no estaría mal tener algo concreto para festejar los 75 años de peronismo el 17 de octubre. Tuit relacionado: 

El ajuste contractivo del salario y el consumo ya lo hicieron el macrismo, la pandemia y como no, también nosotros, para que negarlo. Solo pasábamos por acá para decirles que el año que viene hay elecciones, Cristina no será candidata y nadie ganó nunca una elección ajustando.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 15, 2020

EL AJUSTE INVISIBLE

Desde que arrancó el gobierno de Alberto Fernández, venimos escuchando y leyendo que lanzó un ajuste, con lo que uno podría preguntarse que fue entonces lo que hizo Macri en sus cuatro años de gobierno, cuando esos mismos medios evitaron cuidadosamente usar esa palabra, de tan poco grato recuerdo para los argentinos.

Los medios pasaron de pedir que el nuevo presidente y su gobierno hicieran el ajuste -como la única vía para salir de la crisis y resolver los problemas del país-, a plantear en tono crítico que lo estaba haciendo, aun cuando nadie lo palpe: es el famoso ajuste invisible.

Tanto es así que se viralizó en las redes sociales una columna de opinión de un paparulo menor como el hijo de Mauro Viale, en la que presuntamente "desenmascaraba" la impostura peronista de llamar "solidaridad" a lo que (decía) no era sino un brutal ajuste. Y como siempre, las categorizaciones son previas a los hechos, y prescinden de ellos.

Pensábamos en estas cuestiones cuando nos topamos con esta nota de El Cronista en la que se desglosan las principales medidas que efectivamente ha dispuesto Alberto Fernández desde que comenzó el gobierno: o sea, una enumeración puntual de hechos concretos, no una presunción de un tira postas del periodismo.

Claro que en éste caso el repaso se hace desde otro lugar, que es el de plantear las dudas respecto a si esas medidas surtirán el efecto buscado al diseñarlas, que es el de reactivar la economía apostando al consumo, y a la recuperación del poder adquisitivo de los sectores más golpeados por las políticas del macrismo: trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH.

Sin embargo, lo importante es que el repaso está, y desde los puros hechos que expone, se pueden sacar conclusiones. Así siguiendo el orden el que están planteados en la nota, tenemos que el gobierno en menos de un mes de gestión hizo lo siguiente:

* Otorgó un aumento de emergencia para los jubilados que cobran la mínima (que son la gran mayoría) consistente en un bono de 5000 pesos que cobraron en diciembre, y otro igual que cobrarán este mes. También hubo un bono extra para los beneficiarios de la AUH, en las mismas condiciones.

* Puso en funcionamiento la tarjeta alimentaria, que entrega a sus beneficiarios una suma mensual que oscila entre los 4000 y 6000 pesos por cada uno, con destino a la compra de alimentos para los sectores más postergados.

* Ratificó la prórroga por 90 días del programa Precios Cuidados, cuyo listado de productos amplió, y del "Ahora 12", con una baja en la tasa de interés que se cobra por la financiación; mientras el Banco Central flexibilizó los encajes bancarios y dispuso dos bajas de la tasa de referencia, para facilitar el acceso al crédito.

* El presidente frenó el aumento de combustibles que había dispuesto YPF, congeló los peajes de las rutas nacionales y acaba de anunciar una suspensión por 120 días de todo aumento en el transporte público de pasajeros, de jurisdicción nacional. El congelamiento del precio de los combustibles podría extenderse 120 días.

* A la hora de reglamentar el impuesto que pagan los servicios que se abonan en dólares, el Ejecutivo redujo del 30 % al 8 % el recargo en el caso de las plataformas de contenidos para entretenimiento.

* Tal como pasó con las jubilaciones, en las que los bonos tuvieron por objeto incrementar los haberes más bajos de la escala, se dispondría un aumento por decreto para todos los trabajadores registrados, a cuenta de lo que pacten los respectivos gremios en las paritarias, para favorecer a los más rezagados. El mismo alcanzaría a los estatales nacionales.

* En función de la ley de emergencia, se suspendieron por 180 días los aumentos en las tarifas de la luz (en la jurisdicción nacional) y el gas.

* Se mantuvo el "cepo hard" heredado del macrismo, que prohíbe las compras de dólares para atesoramiento por más de 200 dólares mensuales, y esas compras están recargadas con un impuesto del 30 %

Eso es lo que el gobierno hizo en materia económica y social, más allá de lo que medios digan que hizo, piensa hacer o estaba por hacer. Esos son los hechos. La pregunta es, en ese contexto y con esos hechos a la vista: ¿dónde está el ajuste del que tantos hablan? Tuit relacionado:

A ver globerto, contáme en estas 9 medidas donde está el ajuste, please: https://t.co/ORHoiPPolD

— La Corriente K (@lacorrientek) January 3, 2020

QUE PAQUETES

El paquete que envió el gobierno de Alberto Fernández al Congreso tiene que empezar por declarar la emergencia económica, cambiaria, sanitaria, impositiva, económica y administrativa en parte porque el macrismo deja un país hecho mierda y hay que reconstruirlo desde los cimientos, y en parte poe el engendro del artículo 76 de la Constitución Nacionalm, introducido por Alfonsín en el Pacto de Olivos y la reforma constitucional de 1994: ver más información al respecto acá.

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a aumentar las retenciones as la soja y sus derivados hasta un 33 %, fijando alícuotas mucho más bajas para los otros cultivos alternativos como el trigo, el maíz o el girasol (hasta un 12 %), y menores aun para las exportaciones de carne (9 %), Incluso no hace más que ratificar los decretos que Macri dictó en la materia, cuando las volvió a aumentar tras haberlas bajado.

El meneado "impuesto al turismo", el recargo por compras con tarjeta en el exterior y a la compra de dólares para ahorro afectan a un porcentaje reducidísimo de la sociedad argentina; mientras tanto los jubilados (6,8 millones) y los beneficiarios de la AUH (3,8 millones, niños) recibirán un bono extra a fin de año.

Se suspende por 180 días la ley de movilidad de los haberes jubilatorios aprobada en el gobierno de Macri (con la cual los jubilados perdieron más del 20 % de su salario real, medido en términos de poder adquisitivo), pero se establece que el Poder Ejecutivo aumentará en forma trismestral los haberes (como ahora), y al término de ese plazo tiene que proponer otra fórmula de movilidad, fiscalmente sustentable. La idea es que los aumentos trimestrales por decreto favorezcan a los titulares de una jubilación mínima, que son más del 80 % del total de los beneficiarios.

La ley facultaría al Poder Ejecutivo a disponer por decreto aumentos a los trabajadores registrados, que sus empleadores deberán pagar a cambio de una rebaja en los aportes patronales, que por otro lado suben en el mismo proyecto. En ningún momento habla de suspender las paritarias, y los aumentos por decreto (como pasa con las jubilaciones) pueden favorecer a los sectores laborales de salarios más bajos.

Se aumentan las alícuotas de Bienes Personales, en especial para los bienes radicados en el exterior y declarados en el blanqueo; el 70 de lo recaudado por este rubro (al igual que por los cambios en retenciones) se destina a financiar el sistema de seguridad social, es decir jubilaciones, pensiones y la AUH.

Se suspende el mecanismo de ajuste por inflación de los balances de las empresas a los fines de la liquidación de Ganancias, lo que suponía en términos reales una licuación del costo fiscal para ellas. Se faculta al Poder Ejecutivo a subir el mínimo no imponible del impuesto para la cuarta categoría (salarios más altos).

Se congelan por 180 días las tarifas de los servicios públicos (lo que supone una rebaja en términos reales, medida contra la inflación, se faculta al PE a renegociar los contratos (para desdolarizar las tarifas), e intervenir los entes reguladores; que han sido hasta acá cotos de caza de las privatizadas.

La nación y las provincias acordaron suspender los pactos fiscales de 2017 y 2018, con lo cual las provincias recuperan recursos y autonomía fiscal, a cambio de desistir de sus reclamos contra la Nación por la devolución de IVA a productos de la canasta básica que dispuso Macri en el final de su gobierno.

Además del bono de fin de años, se dispone que los beneficiarios de la AUH, de otros planes sociales y los jubilados que cobran la mínima vuelvan a recibir la devolución del IVA por las compras con tarjeta de débito. Se declara la emergencia sanitaria (entre otras cosas) para eliminar la tasa estadística para la importación de vacunas, y así poder garantizar el plan nacional de vacunación incumplido sistemáticamente pro el macrismo.

Se permite al Poder Ejecutivo aumentar los impuestos internos a las embarcaciones y autos de alta gama, se lanza una moratoria impositiva con suspensión de juicios y embargos de la AFIP y generosos  planes de pago en cuotas; mientras se vuelve a apelar (como en el 2005, cuando se canceló la deuda con el FMI) a las reservas del Banco Central para afrontar los vencimientos de la deuda de acá a marzo. 

Como se aumenta al 70 % el total de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES que pueden estar integrados por títulos públicos, queda claro que el gobierno busca lograr el equilibrio fiscal sin emitir, ni endeudarse, ni ajustar el gasto (lo que solo agudizaría la recesión), sino apuntando a aumentar los ingresos; captando rentas disponibles de los sectores con mayor capacidad contributiva, y cambiando endeudamiento en el exterior, con acreedores privados y en dólares, por deuda intra Estado, nominada en pesos y pagadera en el país.

Así las cosas, cabe preguntarse que intereses están realmente defendiendo los diputados de la ex "Cambiemos/Juntos por el Cambio" (¿cómo se llamarán a esta hora?) al negarse a dar quórum  para tratar la emergencia, y anunciar que si el gobierno lo logra sin ellos, votarán en contra. Como en el período 2003-2015, y al igual que entonces, después de un desastroso gobierno suyo, que dejó el país incendiado.

Por supuesto que la respuesta es cantada: nuestros opositores paquetes se van a oponer a cualquier cosa que haga el presidente paquete, desde el primer momento. Tuit relacionado:    

Que lindo mi intento de separar a la oposición racional del Frente Guaidó Argentino. Lástima que se rompió en la primera sesión del Congreso,

— La Corriente K (@lacorrientek) December 18, 2019

¿OTRA MENTIRA DE MACRI?

Tal como da cuenta la imagen de apertura, al inaugurar las sesiones del Congreso Macri anunció un aumento del 46 % de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en un implícito reconocimiento de los estragos que ha producido la crisis en los sectores más vulnerables.

El anuncio compensa solo en parte la pérdida de poder adquisitivo de esos sectores como consecuencia del agudo proceso inflacionario que vive el país, que en el caso de los consumos esenciales como alimentos y bebidas (al cual los beneficiarios de la AUH destinan gran parte de la misma) rondó el 60 % el año pasado (ver datos al respecto, acá); y para peor, hasta acá no se ha concretado.

En efecto, el valor de la AUH, al igual que las demás asignaciones familiares contempladas en el régimen general de la Ley 24.714, se ajustan desde el 2015 por el índice de movilidad de las jubilaciones y pensiones, de acuerdo con lo que dispone la Ley 27.160 sancionada en el tramo final del gobierno de Cristina.

Obviamente ese índice era originalmente el que se aprobó en el 2008 (durante la primera presidencia de Cristina) fue modificado por la reforma impulsada por el gobierno de Macri, y aprobada por el Congreso en diciembre del 2017. La nueva fórmula "retocada" por Pichetto en el Senado ajusta los beneficios en un 70 % por la inflación medida por el INDEC, y en un 30 % por la evolución de los salarios de los trabajadores registrados en la seguridad social.

Y los ajuste se producen en forma trimestral, como justamente sucedió el día antes de que Macri hiciera su anuncio en el Congreso: el 28 de febrero la ANSES dictó la Resolución 75 publicada en el Boletín Oficial el miércoles pasado (completa acá), fijando los nuevos valores a pagar a partir de éste mes. Si lo que anunció Macri fuera cierto, la AUH debería haber pasado a representar unos $ 2644 por mes, cosa que no ocurrió como pueden ver en el siguiente cuadro, anexo a la resolución:

Como el propio cuadro lo aclara, los valores diferenciales (mayores) corresponden a las provincias patagónicas; y la Resolución dice claramente que el aumento a partir de marzo es del 11,83 %; como resulta del índice de la ley de movilidad aprobada por el macrismo.

Si no entró a regir el aumento del 46 % anunciado por Macri en el Congreso, y en consecuencia la AUH no pasó a ser de $ 2644, es por una razón muy sencilla: la ANSES no tiene atribuciones para modificar la movilidad establecida por una ley del Congreso; y cuando Macri hizo el anuncio, algunos comunicadores oficialistas se apuraron a explicarnos que en realidad lo que estaba haciendo era adelantar los aumentos trimestrales previstos para todo el año, para llegar a ese 46 %. 

Más allá de que eso supone que el gobierno puede adivinar como evolucionarán el resto del año la inflación y los salarios (que son los que determinan los aumentos de los beneficios), y de que sabemos como le ha ido en ese rubro, lo cierto es que el anuncio no tiene -al menos hasta hoy, al momento de subir este post- concreción oficial, formal.

No hay (al menos que se sepa) mensaje remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso modificando la Ley 27.160 que dispone como se ajustan la AUH y las demás asignaciones, ni tampoco DNU disponiendo el aumento del 46 %; para lo cual (incluso) se dice que el gobierno tiene la venia del FMI, en un intento desesperado por "contener por abajo", y no seguir incendiando las chances de Macri de ser reelecto en la hoguera del ajuste. 

No parece haber en éste caso la urgencia que hubo -por ejemplo- para la "extinción de dominio". ¿Estamos en presencia de otro montaje escenográfico duranbarbista de campaña, usando en este caso como escenografía nada menos que el Congreso nacional? 

(NO) PODER DE COMPRA

“Tal como venimos señalando desde el CedeBH, la caída del poder adquisitivo de los salarios -dado por un incremento de precios superior a los incrementos salariales- es una realidad que afecta al amplio conjunto de trabajadorxs y repercute de manera directa en el consumo. Más precisamente, de acuerdo a diferentes mediciones, el incremento en el nivel general de precios durante el 2018 alcanzó según nuestras mediciones 50,9% (Alimentos y Bebidas), mientras que para los organismos oficiales nacionales la meta establecida en el Presupuesto Nacional era del 11,9%, luego del acuerdo con el FMI se proyectó al 30%, ambas proyecciones superadas ampliamente. Para la provincia de Santa Fe el acumulado en 2019 indicó un 49,3% de incremento en el nivel de precios para el total de la canasta.”

“Así, para el IPC calculado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Santa Fe demuestra un acumulado desde enero de 2015 hasta diciembre de 2018 del 225% del Índice General de Precios al Consumidor. Para nuestro centro de estudios, el acumulado en dicho periodo para Alimentos y Bebidas registro se encuentra por encima del 188%. Para poder medir la pérdida de poder adquisitivo hemos tomado como indicadores tres ingresos establecidos a nivel Nacional: Asignación Universal por Hijo, Jubilación Mínima, Salario Mínimo Vital y Móvil. Su evolución respecto a Enero de 2015 indica lo siguiente:” 

“Lo anterior, nos indicara que si los precios de distintos bienes, de la lista de que se presenta a continuación, presentan una variación por encima de los mismos, los distintos tipos de ingresos pierden su capacidad adquisitiva, es decir permiten al beneficiario de los mismos una menor posibilidad de compra en términos de cantidades. Los distintos tipos de ingresos representan a diferentes poblaciones, la AUH está vinculada estrictamente a aquellas familias donde ni el padre o la madre de lxs menores beneficiadxs tienen un trabajo registrado o el mismo es inferior al SMVyM, con lo cual refieren a familias en condiciones de alta vulnerabilidad económica y social.”

“La Jubilación Mínima representa a lxs trabajadores pasivxs contribuyentes del sistema previsional nacional, pudiendo lxs mismxs haber ingresado en alguna de las moratorias nacionales. Estos dos ingresos a partir de fines de 2017 se vieron perjudicados debido a la nueva fórmula de actualización. Luego, el Salario Mínimo Vital y Móvil actúa como marco de referencia para lxs trabajadorxs registradxs estableciendo un piso mínimo de ingreso.”

“Con lo cual, uno de estos ingresos (AUH) corresponde a transferencias desde el Estado Nacional a las familias, sin someterse a condiciones del mercado. Mientras que los otros dos tipos de ingresos están vinculados a la actividad productiva de las y los trabajadores. A continuación, presentamos el comportamiento de los mismos, en función de un listado de alimentos y bebidas de mayor consumo popular:” 

“La caída del poder de compra para los ingresos percibidos por la AUH en enero del corriente año respecto al mismo mes del año 2018, cayeron en términos absolutos para 17 productos, mientras que solo para 5 se incrementó o mantuvo el nivel de consumo. En este sentido, la mayor caída se dio para la harina y el pan francés en 61 unidades y 63 kilos respectivamente. En cuanto a la relación de enero 2019 respecto a enero 2015 solo en 5 productos se mantuvo o incremento el poder de compra. Se observa que la mayor merma del consumo se dio en las galletitas de agua envasadas (86 unidades) y en el pan francés (44 unidades).

“Por lo tanto, para el 77% de los productos analizados la evolución de precios fue superior al incremento de los ingresos provenientes de la AUH, con lo cual la perdida de poder adquisitivo ha sido considerable.” (imagen Jubilación)

“En términos de acceso a la compra de productos, para el caso de la jubilación mínima se observa el mismo comportamiento que para la AUH. Un 77% de los productos para enero de 2019 han disminuido en términos absolutos en función de la posibilidad de compra para este tipo de ingreso (tanto en su comparación respecto a igual mes del año 2018 como de 2015). Se observa en términos absolutos mayores caídas de cantidades del poder de compra dado que el monto total de estos ingresos es mayor al de AUH. La disminución principal en relación a enero de 2018 se observa en el pan francés donde el poder adquisitivo de un año respecto a otro decreció en 325 unidades.”

“Para el caso del poder adquisitivo del SMVYM se observa que el 86% de los productos analizados tuvieron una variación de precios superior a la variación de este ingreso, con lo cual para estos productos decayó el nivel de compra, esto es enero 2019 respecto al mismo mes del año 2018. Luego, si comparamos la variación de enero 2019 respecto a enero 2015 el 95% de los productos han crecido por encima de la actualización del salario mínimo. Las variaciones más significativas en términos de cantidades adquiridas se dan en los mismos productos de los casos anteriores pan francés, harinas y galletitas de agua.” 

“Conclusiones”

“Para los tres tipos de ingresos (AUH, Jubilación Mínima y SMVyM) y los 22 productos analizados las variaciones de precios en mas del 70% de los casos fueron superiores a las actualizaciones de las transferencias monetarias.”

“En mucho de los casos, se ha podido observar que cada una de las barras del gráfico, las cuales representan la cantidad posible de consumir según el ingreso analizado en un año determinado, muestran una tendencia decreciente formando una escalera hacia la derecha, esto demuestra que la caída en lo que pueden adquirir lxs trabajadorxs de dichos productos ha caído año tras año a pesar de las actualizaciones en los tipos de ingresos analizados.”