LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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martes, 25 de febrero de 2025

LES PINTÓ KIRCHNERISMO TARDÍO

 

jueves, 11 de abril de 2024

EX PAÍS

 

El día después de que Caputo fingiera preocuparse por los aumentos de las prepagas que el propio gobierno liberó, el mismo gobierno -con la firma entre otros de Caputo- dio luz verde para que las empresas de telefonía celular, internet y televisión por cable cobren lo que se les antoje, desregulando por completo esos servicios con un nuevo DNU publicado en el Boletín Oficial, el 302 (completo acá).

Por todo fundamento de la medida, luego de historiar la evolución de la legislación en la materia desde la Ley 27078 de Argentina Digital dictada en el último gobierno de Cristina, el DNU 267/15 de Macri que la mutiló juntamente con la ley de medios y el DNU 690/20 de Alberto que los declaró servicios públicos (por ende sujetos a regulación estatal, con autorización del Estado para fijar nuevas tarifas), se señala en los considerandos que esa última norma "...debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados.".

Y abunda en la misma línea de ¿razonamiento? que "...ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad,... ". O sea: sostiene la misma idea falopa de como realmente funciona el mercado, que acaba de ser rotundamente desmentida en el caso de las prepagas.

O lo que es lo mismo: un gobierno que es un simple vehículo de intereses privados muy poderosos, no está muy preocupado ni por la coherencia de sus actos. ni por la lógica de sus razonamientos, ni por el bienestar de la población ni mucho menos -desde ya- por el respeto a la Constitución y las leyes. Ni que decir que a sus mandantes reales les importa un pomo que no lo esté.

Tanto así que otros considerandos del DNU señalan en relación al DNU 690/20 que "...su aplicación ha sido limitada debido a las distintas resoluciones judiciales que obtuvieron los licenciatarios para evitarla." y "...como consecuencia de dicha limitación judicial, se logró evitar la distorsión de precios relativos en cuanto al valor fijado por tarifas impuestas desde la Autoridad de Aplicación y los precios oportunamente percibidos por los licenciatarios, esquema que no ha podido replicarse en servicios públicos que mantuvieron una gran distorsión de precios relativos que los afecta.".

O sea, gracias a las cautelares interpuestas por Clarín y otros poderosos grupos de medios y que prestan servicios de TICS, se evitaron distorsiones en los precios de los servicios por la intervención del Estado, y casi que lamenta que no haya sucedido lo mismo con otros servicios públicos como la luz, el agua, el gas o el transporte. Lo cual nos da una idea clara de la función que piensa el gobierno que tiene que cumplir la justicia, que es también la que se ha impuesto a sí mismo: garantizar la rentabilidad del capital, a cualquier costo.

Mientras tanto, seguimos sosteniendo la farsa de una democracia aparente en la que la oposición analiza con académicos por que el DNU 70 se da de bruces con la Constitución (cosa que sabe hasta la señora que hace cola en la verdulería), el oficialismo impide la constitución de la comisión de Juicio Político (nada menos) en Diputados con una disputa en sus propias filas; y la Corte sigue aposentando sus nalgas sobre las causas que tiene a fallo sobre el mega DNU sin pronunciarse, mientras el presidente saca un nuevo DNU todos los días, como si el Congreso estuviera cerrado -de hecho a los efectos prácticos lo está-, y sólo a él le correspondiera legislar, y determinar sobre que, cuando y como.

Al mismo tiempo, Francos invita a tomar el té a los gobernadores y la CGT para discutir la ley ómnibus, y todos simplemente regatean el tamaño del pijazo que nos vamos a comer, en lugar de impedir que nos lo comamos. El país tiene dueños y no somos nosotros, y esos dueños hacen lo que quieren con él. Eso, o directamente somos un ex país. 

Tuits relacionados:

domingo, 30 de mayo de 2021

PROBLEMAS DE CONEXIÓN: ¿CUI BONO?

 


Ahora que con lo de las clases virtuales los temas  de conectividad se pusieron de moda y han generado polémicas en Santa Fe entre el gobierno y la oposición, es bueno recordar que en la Legislatura duermen no uno, sino dos proyectos enviados por Perotti, relacionados con el tema: el más conocido es un pedido de autorización para concertar un préstamo por 100 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el componente específicamente educativo. Es decir, para mejorar la conectividad de las escuelas, y potenciar los usos educativos de las tecnologías TIC's.

Pero en una perspectiva más amplia (como que en Santa Fe, como en todos lados, no solo las escuelas tienen déficit de conectividad), hay otro proyecto, explicado en su momento acá, por el cual se amplía el objeto de ENERFE (una empresa con propiedad estatal mayoritaria, creada durante los gobiernos del socialismo), para que pueda prestar servicios de conexión a internet, y eventualmente telefonía celular y otro tipos de servicios TIC's.

Ambos proyectos -con distinto grado de avance en las Cámaras- llevan casi un año de enviados por el Ejecutivo provincial, sin ser aprobados. Y hasta acá poco sabemos de las razones por las que eso ocurre, salvo las que la oposición aduce para cajonearlos: que falta información, que se piden precisiones, cosas así. La misma oposición que -cuando le tocó gobernar la provincia- aprobó rápidamente un endeudamiento por 1000 millones de dólares (o sea diez veces lo que ahora pide Perotti) para hacer obras, basándose solo en una "lista de la felicidad" elaborado en acuerdo con los senadores del PJ.

Después están las especulaciones de todo tipo, como las que hace el operador a sueldo del socialismo en el video de apertura, que ve intenciones nefastas del gobernador y del gobierno por todos lados, en todo lo que hacen. En éste caso sería un negocio personal de Perotti la conectividad, dicho por el mismo que dijo que se había vacunado por izquierda, él y su familia; o que pensaba entregarle el contrato del agente financiero del Estado provincial a un empresario que presuntamente puso plata en su campaña

Y acá hay que prestarle atención al personaje, no por su envergadura como comunicador o la repercusión de lo que dice, sino porque anticipa las movidas de la oposición, como cuando advirtió que pensaban dictar las "leyes anti-Saín" para impedirle al ex ministro retornar a su cargo en el MPA

Dicho de otro modo: lo que los legisladores y dirigentes de la oposición no pueden decir de frente manteca (para no quedar pagando como le pasó a Pato Bullrich con su denuncia al gobierno nacional por presuntos pedidos de coima a Pfizer), se lo mandan a decir a éstos personajes, que por una moneda no vacilan en tirar, una y otra vez, la honra de los demás a los perros, porque la propia ya la perdieron hace rato.

Pero es cierto que en éste tema existe la posibilidad de hacer negocios, tanto que ya hay quienes los hacen, y obtienen pingües ganancias de ellos. Lo que hay que preguntarse entonces es -como en las novelas de detectives cuando se investiga un crimen- quien se beneficia con que no avance el plan de conectividad, y que el Estado provincial no pueda salir a competir prestando servicios de TIC's y asociados. O como decían los romanos: "¿cui bono?". La respuesta es sencilla: las empresas que tienen posición dominante en ése mercado, como Fibertel , Telecom, Cablevisión. Clarín, bah.

Es muy probable que, incluso siendo aprobadas las leyes, el Estado provincial invierta primero en garantizar conectividad allí donde no existe porque al mercado no le interesó que existiera, y está bien que así sea. Lo que estaría mal es que llegado el caso, se detuviera allí si está en condiciones -en un futuro- de competir con otros prestadores; brindando los mismos servicios, a menos precio. La propia Ley 27078 de Argentina Digital establece que son servicios prestados en régimen de competencia, aunque haya que tramitar licencias en el ENACOM.

Como también estaría mal que esos mismos intereses privados a los que les interesa que el Estado no les aparezca como competidor, quieran utilizar luego la infraestructura desarrollada por éste, para llegar a los lugares donde ellos no llegaron, porque no les resultaba rentable invertir para llegar. Y peor todavía sería que  haya legisladores que frenen los proyectos que envió Perotti por los intereses de esas empresas u otras, traficando a su favor: no hay forma más eficaz de disimular un negocio, que denunciar que lo está haciendo otro.

Tiempo atrás y cuando los proyectos recién habían llegado a la Legislatura, contábamos en ésta entrada como los senadores provinciales de la UCR se habían hecho eco de los planteos de la cámara de cableros de la provincia (muchos de ellos, nombres de fantasía del propio Clarín y prestadores de servicios TIC's), a punto tal de pretender que el Estado facilite el acceso a su infraestructura a los privados; y que se introdujera en el texto original enviado por Perotti en relación con la sociedad estatal que prestaría los servicios, lo siguiente: Al desarrollar su actividad la Sociedad se complementará con los prestadores privados de Servicios de TIC que actualmente operan en la provincia, quedando habilitada a construir redes de última milla y/o de conexión al usuario domiciliario únicamente en aquellas localidades en las que no exista un prestador privado ofreciendo servicios de TIC.". " (las negritas son nuestras).

domingo, 30 de agosto de 2020

ME COLGUÉ DEL CABLE


Hace un mes y medio atrás contábamos en ésta entrada que el gobernador Perotti había enviado un proyecto de ley a la Legislatura de la provincia creando Santa Fe Redes y Servicios SAPEM, una sociedad controlada por el Estado provincial (que poseería el 55 % de su capital) para -entre otras cosas- prestar servicios de relacionados a las TICS (tecnologías de la información y la comunicación), lo que involucra por ejemplo Internet y telefonía celular. 

Algo más de un mes después, apareció publicado en el Boletín Oficial de la Nación el DNU 690 (completo acá), por el cual Alberto Fernández declaraba "...servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia..." a esos servicios, retomando el artículo 15 de la Ley 27078 de "Argentina Digital", que Macri había desguazado junto con la ley de medios, por el DNU 267/15. 

Como parte de la discusión del proyecto en la Legislatura, este jueves pasado el bloque de senadores de la UCR recibió a los empresarios de la cámara de empresas de televisión por cable de la provincia. Muchas de esas empresas prestan a su vez, los servicios de Internet, en diferentes localidades del territorio provincial. En esa oportunidad, los cableros les hicieron llegar a los senadores radicales un documento con su opinión sobre el proyecto de Perotti, y muy sugestivas sugerencias de cambios y agregados, de las que nos interesa destacar algunas.

Dicen algunos de los párrafos del documento (las negritas son nuestras): "Que la construcción de políticas públicas en materia de telecomunicaciones debe surgir del diálogo y el trabajo mancomunado con el sector privado, históricamente comprometido en el desarrollo productivo y social de la provincia. Que el primer hito de este trabajo coordinado debe centrarse en un análisis detallado y preciso del estado de redes troncales y de última milla. Que sobre la base de esta información se puede trabajar en planes de mejora de redes existentes y desarrollo de nuevas."

"Que es indispensable coordinar acciones con el gobierno para concentrar esfuerzos económicos y financiamiento en la creación de redes, troncales o de última milla, sólo allí donde no existan, evitando superponer recursos escasos con la duplicación de redes construidasQue debe existir la mayor disposición del gobierno provincial para compartir con los operadores TICs toda la infraestructura provincial posibilitando despliegues rápidos y a bajo costo."

"Que sería muy deseable contar con el apoyo financiero del sector público bajo diferentes modalidades para la realización de nuevos tendidos allí donde el Consejo Provincial de Telecomunicaciones considere prioritarios, asegurando la optimización de dichos recursos financieros. A tal fin, esta Asociación propone a los cuerpos legislativos que tratarán el Proyecto de modificación de la citada Ley, incorporar al Artículo 3 de la misma, Inciso 1, in fine, el siguiente texto: Al desarrollar su actividad la Sociedad se complementará con los prestadores privados de Servicios de TIC que actualmente operan en la provincia, quedando habilitada a construir redes de última milla y/o de conexión al usuario domiciliario únicamente en aquellas localidades en las que no exista un prestador privado ofreciendo servicios de TIC.".

Para que se entienda el planteo de estos buenos muchachos (que en su momento salieron a cruzar la ley de medios, aun cuando muchos de ellos fueron atropellados por Clarín, por años). lo resumimos de éste modo:

* Lo que les interesa en definitivas es la discusión por la "última milla", es decir el tramo final de las redes o ductos que va directo a los usuarios domiciliarios, comerciales o industriales: quien los atiende con servicios de TICS, y que piensa hacer allí el Estado provincial con la nueva sociedad.

* Si el Estado se quiere meter, que invierta donde ellos no invirtieron, ni piensan invertir en desarrollar redes e infraestructura, porque no es rentable. Pero que la mismo tiempo les facilite su infraestructura (sea el tendido de fibra óptica estatal, o los postes de la Empresa Provincial de la Energía), para reducir sus costos.

* Que además la provincia les financie la expansión de sus redes, así se ahorran de invertir ellos, donde durante años no quisieron hacerlo.

* Y finalmente lo más importante: que ni se le ocurra al Estado ponerse a competir con ellos allí donde prestan servicios, a ver si los ofrece a más bajo costo, y les saca clientes, La parte del DNU presidencial que dice que las TICS son "un servicio público esencial", pero "en régimen de competencia" se la saltearon; así como el hecho de que las condiciones de prestación de esos servicios son materia de competencia del Estado nacional, y no de las provincias.O capaz que precisamente por eso se oponen al DNU: porque no quieren competir. 

Lo que están intentando, en definitivas, es que la sociedad controlada por el gobierno de la provincia nazca "amputada", y exclusivamente limitada a prestar esos servicios allí donde ellos no tienen interés en hacerlo: incorregibles nuestros empresarios schumpeterianos y emprendedores.

Hilo de tuits relacionados:

jueves, 27 de agosto de 2020

QUE BIEN ESTÁBAMOS CUANDO ESTÁBAMOS MAL


Hay un consenso extendido en los análisis económicos y políticos (del que no quedan excluidos analistas "del palo") sobre que el segundo mandato de Cristina fue malo en todo sentido, y que allí hay que buscar las causas del triunfo de Macri en el balotaje presidencial del 2015.

Desde esa óptica, se exculpan otros factores como la división del voto peronista con la candidatura de Massa -decisiva para que hubiera balotaje, y para que a éste lo ganara Macri-, con la curiosa conclusión de que la responsabilidad mayor en la derrota del que conservó más votos y apostó a la candidatura del "peronismo realmente existente" como les gustaba decir a algunos por entonces, que la del que rompió desde el 2013 una unidad más amplia, y terminó siendo funcional al triunfo de la derecha en las urnas. Pariente cercano -en falsedad- del análisis según el cual Cristina "fue a menos", apostando al triunfo de Macri, para luego generar las condiciones para un "operativo clamor" pidiendo su regreso: lo curioso es muchos de los que dijeron eso fueron realmente "a menos" frente a Macri, siendo oposición.

Que el gobierno del 2011 al 2015 no fue perfecto y se cometieron muchos errores, o quedaron cosas pendientes que agudizaron determinados problemas generando malestar social y posibles "votos castigo", no caben dudas; del mismo modo que en el desarrollo concreto de la campaña pudieron existir -y de hecho existieron- errores de estrategia. Pero escindir determinados hechos del análisis para llegar a una conclusión predeterminada que -se vio luego- cohonestara ciertas conductas posteriores de "oposición razonable" al macrismo es, como mínimo, un ejercicio de deshonestidad intelectual.

El año electoral 2015 transcurrió en medio del escándalo por la muerte de Nisman, la ofensiva feroz de los fondos buitres para esmerilar al gobierno y obligarlo a rendirse incondicionalmente a sus demandas (con la imprescindible colaboración de aliados internos, desde la oposición a los grandes medios) y, ahora lo sabemos, la intromisión en la campaña de las más refinadas estrategias de influencia sobre la opinión pública como el trabajo de Cambridge Analytica, entre otros hechos relevantes. Aun con todo eso en contra, la fuerza que gobernaba entonces terminó perdiendo en un balotaje por un punto y medio, tras 12 años intensos de gobierno, y llevando a un candidato que no cumplió con lo que de él se esperaba, en cuanto a captar votos por fuera del núcleo duro, dado su perfil.

Pero volvamos al segundo mandato de Cristina, y ese consenso extendido sobre que fue un mal gobierno: no se trata de compararlo acá con el de Macri que lo sucedió, y con el cual hasta De La Rúa podría salir ganando según como se mire; sino de ver hoy, en las particulares condiciones concretas en las que se tiene que desenvolver el gobierno de Alberto Fernández, y las herramientas con las que cuenta para enfrentar la doble crisis (la heredada del macrismo y la generada por la pandemia). En ese sentido se creemos que se pueden destacar determinados ejes:

* Los bancos fueron (como siempre) los grandes ganadores en todo esto, con o sin pandemia, con o sin arreglo con los acreedores externos, y fueron a su vez los que sabotearon o retacearon colaboración a todos los planes desplegados por el gobierno para atemperar los efectos de la crisis. Si el gobierno actual tiene algunas herramientas legales a su alcances para regularlos y forzarlos a cumplir con determinadas cuestiones (líneas de crédito productivo, piso de tasas para los plazos fijos, límites de tenencias de títulos públicos), es gracias a la reforma introducida en la Carta Orgánica del Banco Central en el 2012, mediante la Ley 26739.

* En los orígenes de su mandato, Alberto Fernández pensó en una "salida exportadora", haciendo hincapié en las divisas que podría generar Vaca Muerta, aunque claro, luego las cosas cambiaron: sobrevino la pandemia y el precio internacional del petróleo se derrumbó. Sin embargo, si existe alguna posibilidad de que desde allí se aporte a la recuperación de la economía, será con el liderazgo de la YPF cuyo control recuperó el Estado en el 2012, con la Ley 26741. De hecho hace poco y como veíamos acá, los números de la petrolera fueron mucho mejores durante el gobierno "chavista" de Cristina, que con el "market friendly" de Macri. 

* Sobre la importancia estratégica del Programa Procrear (creado en el 2012 por el DNU 902), no hay mucho que agregar, salvo que fue reconocida por el propio Alberto Fernández hace poco cuando lo relanzó, en los fundamentos del DNU 643.  

* Si el Procrear fue y es posible, es gracias a la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, creado cuando el Estado liquidó en 2008 el sistema de jubilación privada de las AFJP. En el año 2015 Cristina hizo votar en el Congreso la Ley 27181, que protegía de "privatizaciones" las tenencias accionarias del Fondo en distintas empresas privadas, disposición protectora volada de un plumazo por el macrismo con la Ley 27260 que aprobó la "reparación histórica", y como resultado de esas y otras medidas, el FGS perdió -durante el gobierno de Macri- la mitad de su valor en dólares, tanto así que desde la ANSES se evalúa ahora propiciar una ley...para proteger sus activos.

* Tampoco creemos que sea necesario agregar demasiado sobre la importancia de mantener una postura firme en la negociación con los fondos buitres, y en darse una política de desendeudamiento como condición para poder crecer: al gobierno de AF le tocó padecer hace poco lo que los fondos inversores son capaces de hacer a la hora de bloquear una negociación, y los "principios de sustentabilidad de la deuda pública" con los que Martín Guzmán condujo la negociación e incluso se hicieron aprobar por el Congreso, son sustancialmente los mismos que el gobierno de Cristina planteó exitosamente en su momento ante la ONU, y fueron aprobados en el 2015 por su Asamblea General.  

* El gobierno de Alberto Fernández emprendió, bajo la conducción de la ex fiscal Cristina Caamaño, un profundo proceso de reestructuración de la AFI. Y al hacerlo, retomó no solo las líneas centrales, sino las propias normas que en ése área había aprobado Cristina en su segundo mandato: veíamos acá que, a poco de asumir el gobierno, repuso los Decretos 1311 y 2415 dictados por ella en el 2015, para quitarle el carácter de fondos reservados a la mayoría de las partidas del organismos, que Macri luego les repuso.  

* Y por último, lo más actual: en el DNU 690 por el cual declara como servicios públicos a la telefonía celular, la televisión paga y los servicios de Internet, el propio Alberto rescata conceptos y regulaciones que estaban en la Ley 27078 de "Argentina Digital" aprobada en el 2014, y que Macri desguazara prolijamente en su gobierno, junto con las cláusulas de la ley de medios que eran más irritativas para los intereses del Grupo Clarín.

jueves, 16 de julio de 2020

SANTA FE CONECTADA


Con escasa repercusión en los medios más importantes de la provincia (por obvias razones), se supo que ingresó al Senado provincial un proyecto de ley remitido por Omar Perotti, por el cual se amplía el objeto social de ENERFE SAPEM (Santa Fe Gas y Energías Renovables), la empresa que creara el socialismo en el 2016 por la Ley 13527.

El objeto de los cambios es que la sociedad (que pasaría a llamarse Santa Fe Redes y Servicios) pueda prestar también servicios relacionados a las TICS (tecnologías de la información y la comunicación), lo que incluye Internet y telefonía celular. El Estado provincial tiene el 55 % del capital social, y otro 15 % está en manos de municipios y comunas, lo que supone un 70 % de control público estatal de la sociedad.

El 30 % restante se reparte en porcentajes del 10 % asignados a las cooperativas (que en la provincia son muchas, y muy importantes), otros prestadores privados y las entidades que nucleen a empresas (como por ejemplo la FISFE, FECECO, o cámaras empresariales). Además de mantener el predominio de la provincia en las decisiones del directorio con el doble voto del presidente que representa al Poder Ejecutivo, éste conservaría el voto decisivo (algo así como "la acción de oro") para las decisiones más trascendentes que deba tomar la compañía.

Tal como surge del mensaje que envió Perotti a la Legislatura, la ampliación del objeto de la sociedad (en la práctica, crear una nueva empresa estatal prestadora de servicios) es parte del Programa Estratégico de Conectividad de Santa Fe aprobado por el Decreto 616 del propio gobernador, norma esta que señala que se buscará "...una ampliación de su objeto para ser esa entidad la que impulse y lidere el avance del proceso de conectividad de la Provincia; previendo que pueda ser la que titularice licencias conforme la Ley Nacional N° 27078;... ".

La ley mencionada es la de "Argentina Digital" aprobada en diciembre de 2014, durante el gobierno de Cristina. De éste modo, el gobierno provincial -si prospera el proyecto- gestionaría del ENACOM licencias para la prestación de servicios de TICS a terceros, dentro de su territorio; ingresando en un terreno hoy exclusivamente vedado a prestadores privados, excepto algunos servicios a cargo de ARSAT. Otras provincias están intentando el mismo camino, como La Pampa, Misiones o Formosa; creando entes similares.   

El Decreto 616 que aprueba como dijimos el Programa Estratégico de Conectividad de Santa Fe, señala en su artículo 1º que "...tendrá como ejes el acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones, garantizar la inclusión digital de la población bajo estándares de calidad, la optimización del uso del espectro radioeléctrico, la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones; todo lo anterior en un proceso de mejora continua, que permita incorporar en forma constante los nuevos desarrollos de tecnologías emergentes."

En sus considerandos se vuelcan datos provistos por el ENACOM sobre los déficits de conectividad en la provincia, situación que dispara la iniciativa: 

* Sobre un total de 365 pueblos y ciudades de la provincia, las localidades conectadas a través de terceros solo llegan a cuarenta (40) en todo el territorio, y dentro de ellas no a todos los edificios donde funcionan dependencias del Estado provincial

* En lo que refiere a la conectividad por "redes fijas", el 30,5% de los hogares de la Provincia no tiene Internet; y el ancho de banda promedio de los hogares conectados de la provincia es muy bajo (21 Mbps) y la posiciona en el noveno lugar a nivel país, siendo el promedio nacional 28,2 Mbps, dato que se desagrega en cuanto a su calidad de la siguiente manera: a) el 22,8% (249.508) de los hogares tienen una conexión a Internet muy mala (hasta 5 Mbps); b) el 17,4% (190.664) de los hogares tienen una conexión a Internet mala (6 a 10 Mbps); c) el 10,4% (113.527) de los hogares tienen una conexión a Internet regular (11 a 20 Mbps); y d) el 18,9% (206.574) de los hogares tienen una conexión a Internet buena (+20 Mbps).

* En la Provincia la participación de servicios hogareños brindados por fibra óptica, es solo del 3,7%; y la situación es más deficiente en los barrios populares ubicados en el territorio provincial, de los cuales y según información del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), existen trescientos cuarenta y un (341) barrios populares en la provincia; de los cuales el 48%, ciento sesenta y cuatro (164) se encuentran en Santa Fe y Rosario, los que significan el 67% de las familias que viven en barrios de esas características.

* En los casos de Santa Fe y Rosario, se da la paradoja de la mala calidad del servicio de Internet en general en esos barrios, sumado a la imposibilidad de afrontar el costo por parte de las familias, cuando en su cercanía la Provincia cuenta con red de fibra óptica que se utiliza para el sistema de video vigilancia que podría utilizarse para desplegar redes especiales de Wifi y así brindar servicio de conectividad de Internet desde el sector público. Desarrollar esa infraestructura con esos fines es parte de los objetivos del Programa, y de las tareas a cargo de la nueva sociedad.

* El 72% de las escuelas no tienen conexión a Internet para uso pedagógico; y del 28% (793) de las escuelas que si tienen conexión a Internet para uso pedagógico ese dato se desagrega, conforme a la calidad del servicio y a si tienen red interna, de la siguiente manera: el 66% tienen un tipo de conexión muy mala o mala y el 34% restante tienen una conexión regular o buena.

* Si la descripción de la realidad se centra en la red de telefonía móvil, se verifican significativas deficiencias de conectividad para la comunicación en las principales rutas y en la autopista Rosario-Santa Fe, en la cual se presentan cortes de Ilamadas o imposibilidad de comunicarse; que, según datos oficiales de ENACOM, una importante cantidad de localidades (mas de ochenta) que no tienen cobertura 3G y 4G de telefonía móvil; y en las zonas alejadas de los centros urbanos el nivel de señal de celular es muy débil, lo que se acentúa en zonas rurales. Allí también el Estado provincial se plantea como objetivo ambicioso intervenir para mejorar los servicios.

En plena pandemia, mientras hay que cuidar la salud, con una complicada situación financiera del Estado provincial heredada del socialismo y en un contexto económico difícil, Perotti lanza una iniciativa que trasciende la coyuntura; y que si logra traducirse en resultados concretos, marcará sin dudas su gestión. 

Y a contrapelo de la fama de "privatizador" que le colgó la campaña mediática del socialismo, marca otro hecho de ampliación de los límites de la intervención estatal, como ya había hecho con la recuperación de la administración de la autopista Santa Fe-Rosario, y la intervención del puerto de Reconquista, en manos de una empresa del grupo Vicentín. 

lunes, 13 de enero de 2020

¿SIEMPRE SE VUELVE AL MISMO LUGAR? (1º PARTE)


Leíamos ayer con el gusto de siempre la nota de Claudio Scaletta en Página 12 en la que analizaba el primer mes de gobierno de Alberto Fernández, y los ejes principales de su programa económico y el contexto en el que estos se están desenvolviendo.

Señalaba Scaletta que esos ejes suponían un retorno al kirchnerismo versión 2003, en otro contexto: retenciones a las principales exportaciones (sobre todo del complejo agropecuario), desdolarización (o "pesificación") de los precios de la energía y las tarifas de los servicios públicos, desendeudamiento y estímulo a la demanda vía aumentos salariales y de jubilaciones de suma fija, a cuenta de las paritarias y la aplicación del régimen de movilidad jubilatoria.

Eso, en el plano económico. En el plano político, un gobierno que es el resultado electoral de una confluencia política trabajosa y paciente que buscó recomponer los pedazos del kirchnerismo original y sus agregaciones posteriores, suturando los desgajamientos que se fueron produciendo desde el 2003, en la gestión del Estado. Y un presidente concentrado en su rol de administrador de la crisis, y constructor de consensos sociales, económicos y hasta políticos, tratando de limar asperezas y evitar conflictos; mientras se endereza el barco y se le da rumbo -en lo inmediato- a la reparación de lo más gravoso de la herencia macrista.

A la hora de repartir las cargas en el esfuerzo, también hay bastante del kirchernismo original: la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos (la idea no tan mencionada, pero presente, de los "superávits mellizos") poniendo el acento del esfuerzo en los sectores con espaldas (grupos exportadores, privatizadas de servicios públicos, bancos vía recorte de ganancias por rebaja de tasas más que impuestos a las ganancias extraordinarias obtenidas durante el macrismo (un error, en nuestra óptica), impuestos a sectores con mayor capacidad de ahorro y fuga, y con un ritmo de recuperación de los ingresos de los más postergados que no es el que todos desearíamos, pero es el posible en éstas circunstancias. Pasó entonces, se repite hoy.

Pero como dicen, nadie se baña dos veces en el mismo río, y volvimos, al mismo lugar del 2003, que ya no está como era entonces. Tampoco está -como hemos dicho otras veces- como estaba cuando cada una de las piezas del rompecabezas armado como "Frente de Todos" se bajó del kirchnerismo (algunos no se subieron nunca, y se suman ahora, y bienvenidos sean), por diferencias con el rumbo que adoptaban Néstor o Cristina.

Ese es un dato de la realidad que haríamos bien en tener cuenta todos, de Alberto Fernández para abajo, hasta el más simple y llano de los militantes; para no meter la pata, sea por exceso de prudencia o espíritu contemporizador, como por apresuramiento y ganas de tensionar, en los dos extremos del análisis.

Tomemos por ejemplo la política de retenciones, un instrumento del primer kirchnerismo revalorizado con el paso del tiempo en la necesidad de aportarle al Estado recursos en busca de su solvencia fiscal, útil para fijar diferentes tipos de cambio según el valor agregado a la producción y para desacoplar los precios internos de los alimentos de los del mercado internacional, en la lucha contra la inflación y por la recomposición de los ingresos reales de los sectores populares.

Los niveles de retenciones que el actual gobierno ha fijado, en especial a los sectores del campo, aun están por debajo de aquellos con los que se despidiera Néstor Kirchner del gobierno en el 2007, antes de que el gobierno de Cristina intentara establecer las retenciones móviles con la fallida Resolución 125, desatando el conflicto con las patronales agrarias. Y sin embargo, provocaron la misma reacción que la 125, con menor consenso social, pero con igual nivel de agresividad en el discurso de la dirigencia del sector.

Dicho esto porque precisamente Alberto Fernández terminó afuera del gobierno de Cristina en 2008, por no acordar con el modo como ella condujo el conflicto, y hoy se enfrenta a la misma disyuntiva. Lo mismo pasa en la relación con el Grupo Clarín: el kirchnerismo se decidió a romper con el hólding de Magnetto cuando AF ya no estaba en el gobierno, y cuando Néstor y Cristina comprendieron que el desafío de Magnetto comenzaba por negocios, pero iba más allá, comprendiendo la disputa misma del poder político.

Más de una década después y con el conflicto de la ley de medios, primero sancionada, luego judicializada y finalmente desguazada por DNU de Macri, Alberto dice admitir que la pelea tuvo el mérito de echar luz precisamente sobre ese aspecto: el rol político que juegan los medios, y como desde su influencia desafían al poder político en una disputa de poder. Sin embargo esa comprensión no parece ir por ahora más allá de lo teórico, e incluso ha dicho que no insistirá con la ley: nada de eso le valió un mejor trato del multimedios, ni que éste cejara en sus intentos de vertebrar la oposición a su novel gobierno, o a conducirla, incluso por encima de Macri.

Una mirada equilibrada del asunto reclama prestarle atención, aun cuando las respuestas -concediéndole este punto al presidente- podrían no ser las mismas que en su momento ensayó el kirchnerismo en los gobiernos de Cristina. Sin embargo, hacer como si no existiera y no disponer nada en consecuencia, podría ser un error fatal, porque nosotros ofrecimos enterrar el hacha, pero ellos no se dieron por enterados, ni lo harán. 

¿Acaso la respuesta podría ser un esfuerzo del Estado por retomar y profundizar "Argentina Digital", aquel programa lanzado por Cristina a partir del despliegue de la TV digital y la fibra óptica por el esfuerzo de la gestión de Julio De Vido, preso político del macrismo que aun paga con su libertad tamaña osadía?

Esa sería una verdadera política pública democratizadora e igualadora de derechos, que facilite a todos los argentinos el acceso a Internet a costos razonables, y que por carácter transitivo, golpearía los negocios del Grupo de un modo decisivo, aun cuando conservara su posición dominante en materia de servicios de comunicación audiovisual. Claro que la medida exige decisión política, y alinear correctamente las fuerzas para no desgastarse en la partida, ni perderla.  

Como ven, supone reconocer que el rival también juega, y que aunque uno se plantee no tener conflictos, si toma determinadas decisiones, los conflictos vienen solos, porque son consecuencia de la puja de intereses, no fruto de desbordes emocionales del que gobierna. Pero como este tema de "volver", a donde, cuando y como da para mucho, la seguimos otro día.

jueves, 19 de septiembre de 2019

EN BOCA DEL MENTIROSO, HASTA LO CIERTO SE HACE DUDOSO



Que Macri ejerció presiones sobre empresarios para quedarse con sus empresas para él, sus socios o sus amigos, no es ninguna novedad, ni hace falta que lo diga Daniel Vila para saberlo; menos si se trata de medios: lo acaban de denunciar hace poco en juicio Cristóbal López y su socio De Sousa, ante la indiferencia del mismo periodismo que ahora se "sorprende" por la denuncia del oportunista dueño de América y Supercanal.

Que además eligió para poner de ejemplo de lo que decía, la adquisición de frecuencias para operar servicios de telefonía celular durante el segundo gobierno de Cristina, a través de Arlink, empresa controlada por Supercanal, empresa de cable de propiedad de Vila; y miente al menos en eso: en esta nota de Fernando Krakowiak en Página 12 de hace tres años pueden conocer los detalles, que se pueden sintetizar así: el gobierno de Cristina licitó frecuencias para la prestación de esos servicios, Vila ganó una parte del espectro a través de Arlink a cambio de pagar 506 millones de dólares que nunca pagó, y por eso en septiembre del 2015 le revocaron la adjudicación.

Cuando el Estado recuperó esa porción del espectro la reservó para ARSAT a través de la Ley 27.078 de "Argentina Digital", y entonces Vila fue a la justicia federal mendocina (que maneja a su gusto y paladar, como sabemos ya desde los tiempos de la ley de medios) con una cautelar para dejar sin efecto la revocación de la adjudicación, el planteo fue rechazado en primera instancia y luego la Cámara de Apelaciones le hizo lugar, quedando la devolución de espectro "en el limbo" como tantas otras cosas, por vía de cautelar.

Cuando Mauricio Macri llegó al gobierno y borró de un plumazo con el DNU 267 los artículos de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios) que le molestaban a Clarín (y que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucionales), el ENACOM creado por Macri para reemplazar a la disuelta AFSCA archivó todos los planes de adecuación de los grupos de medios a la normativa derogada. Entre ellos, el que debió presentar el Grupo Vila-Manzano, también excedido de los límites de acumulación de licencias que establecía la LSCA.

En ese momento a Vila no le molestaba el gobierno de Macri, ni que sus decisiones favorecieran a sus competidores y rivales de Clarín, en tanto al mismo tiempo lo favorecieran a él; y se reservó la parte de espectro asignado a Arlink para telefonía celular que nunca pagó, con la cautelar que aun hoy está vigente. Claro que entonces entró en colisión con los planes de expansión de Clarín, que había adquirido Nextel primero, y logró que el gobierno de Macri le aprobara la fusión entre Cablevisión y Telecom, después.

Mientras toda esta guerra de negocios privados con bienes públicos (como el espectro radioeléctrico) se desarrollaba sin que el común de los mortales la conociéramos hasta ahora (en que Vila patea a Macri cuando está en el piso), Clarín y el multimedios del cual Vila es co-propietario se constituyeron en puntales mediáticos del régimen macrista; al cual le debían múltiples favores, y del que esperaban seguir obteniendo otros, eso sí: sin dejar de hablar nunca de la corrupción kirchnerista, ni de celebrar que existiera en el país la más amplia libertad de expresión.

Después de la experiencia del conflicto por la ley de medios (que Clarín perdió en la justicia y ganó en la política, apostando al triunfo de Macri), el kirchnerismo pareció haber "aprendido" de la experiencia, y quiere desalentar los temores de los dueños de los medios sobre lo que haría si llega al gobierno: Cristina invitó a Vila a la presentación de "Sinceramente"· en La Rural, y Alberto Fernández invitó públicamente en diferentes oportunidades a Clarín a fumar la pipa de la paz , incluyendo la visita al seminario que todos los años organiza el multimedios en el MALBA, en el que estuvo presente el propio Magnetto.

Pero las cosas son como son, y no como a uno le gustaría que fueran: si, como todo indica, el "Frente de Todos" llega al gobierno a partir del 10 de diciembre, se encontrará con que Vila sigue siendo el dueño de América y de Arlink, y seguirá guardándose (vía cautelar de la Cámara mendocina) una porción del espectro radioeléctrico para prestar servicios de telefonía celular por la que nunca pagó, y que seguramente usará como herramienta de extorsión para negociar.

Y Clarín seguirá siendo Clarín, pero ahora más grande y dominante que nunca, reforzado por los favores que le hizo el macrismo: el pasado 12 de septiembre el ENACOM dictó la Resolución 3838 (verla completa acá), por la cual  deja sin efecto la asignación de parte del espectro radioeléctrico efectuada a favor de la empresa Telecom Personal Sociedad Anónima (actualmente Telecom Argentina Sociedad Anónima), como parte del cumplimiento parcial del plan de adecuación aprobado por la Resolución 374/18 de la Secretaría de Comercio Interior, que autorizó en los términos del inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156 (Ley de Defensa de la Competencia) la fusión por la cual Telecom Argentina Sociedad Anónima absorbe a Cablevisión Sociedad Anónima.

Según consta en los considerandos de la resolución, el ENACOM ya lleva rechazadas tres propuestas de adecuación (devolución de licencias y bandas de espectro) que presentó Telecom, lo cual prueba que el zorro pierde el pelo pero no las mañas: el Grupo Clarín se resiste a cumplir las condiciones bajo las cuáles le aprobaron la fusión, tanto como se resistió en su momento a cumplir con la ley de medios. 

En la misma resolución se dice que las frecuencias devueltas por Telecom (y las que aun debe devolver, para adecuarse) "...se encuentran en una banda que resulta ideal para despliegues en áreas urbanas y suburbanas, permiten alcanzar altas velocidades de transmisión de datos, y podrían ser puestas a disposición de distintos Prestadores de Servicios de TIC para su uso conforme los mecanismos de asignación que se consideren apropiados bajo la normativa vigente.". 

Traduciendo al criollo: el amigo Vila vio la oportunidad y se lanzó, no solo para conservar la parte de espectro que mantiene con la cautelar, sino para acceder a otras frecuencias que deberá dejar Telecom. ¿Y qué mejor para eso que tirarle tierra al gobierno que se va y a sus eternos competidores, en un mensaje más bien dirigido al gobierno que viene? 

Porque en junio del año que viene y aunque Alberto Fernández quiera enterrar el hacha en la guerra contra Clarín, se vence el plazo para que el Grupo cumpla con las obligaciones puestas como condición por el gobierno de Macri, para aprobar la fusión entre Cablevisión y Telecom. Es decir que a diferencia del lacrimógeno relato de Vila ante su empleado Fantino, no se trata de nada personal, ni está en juego la familia o la libertad: se trata estrictamente de negocios. Hilo relacionado: 

sábado, 5 de mayo de 2018

¿EN QUÉ FASE DEL TEOREMA DE MAGNETTO ESTAREMOS?

Fue Víctor Hugo (al que ayer le allanaron la casa por orden de Magnetto) el que una vez contó lo que le contó José Pirillo, el ex dueño de "La Razón", como concebía Magnetto la relación de Clarín con los gobiernos, cuando los presidente duraban seis años: los dos primeros poner el diario (luego los demás medios) a su servicio para sacarles todo tipo de beneficios, los dos años siguientes comenzar a tomar distancia pegándoles para extorsionarlos y seguirles sacando cosas, y los dos últimos trabajando para desplazarlos del poder, y acomodarse con sus reemplazantes, o directamente incidir en su elección.

Con la llegada de Macri al gobierno, quedó claro desde el primer minuto que el hólding estaba dispuesto a cobrarse su apoyo en campaña desgastando al kirchnerismo para mejorar las chances del candidato de "Cambiemos", tanto como que Macri estaba dispuesto a pagar, sin chistar: desde aquel DNU que desguazó la ley de medios sacándole las cláusulas más irritantes para el grupo hasta la fusión entre Cablevisión y Telecom (pendiente aun de aprobación gubernamental definitiva), no pasó un mes sin que no se registrara un beneficio del gobierno para los intereses clarinistas.

De hecho, hasta les crearon un ministerio (el de Comunicaciones) al solo efecto de viabilizar sus demandas, hecho lo cual fue disuelto: debe ser todo un récord. Perduró el ENACOM, la estructura creada para reemplazar a la AFSCA que había creado la ley de medios; con el objetivo -declarado- de ir preparando el nuevo marco legal para la "convergencia" entre los medios audiovisuales, la telefonía fija y móvil y la transmisión de datos, voz e imagen por Internet.

En ese organismo se produjo ayer la renuncia de su titular (Miguel De Godoy), para ser reemplazado por una clarinista tiempo completo como Silvana Giúdici, el cupo que la UCR le supo asignar en sus tiempos a Magnetto en su lista de diputados, tal como luego le alquilaría lugares a la Mesa de Enlace.

Giúdici llega a un lugar clave cuando el futuro de la "ley de convergencia" oscila entre la "ley corta" que Macri envió al Congreso y se analizó acá y acá, un DNU presidencial que acorte los tiempos de su aprobación y la entrada de las telcos en pleno al mercado de los medios a partir del año que viene, algo que por supuesto incomoda al Grupo Clarín; que debería afrontar condiciones de competencia justo cuando expande sus negocios a partir de la fusión de su cablera con Telecom; que aun debe aprobar el gobierno a través de Defensa de la Competencia.

Y llega también en un contexto político que muestra al gobierno debilitado por sus tropiezos económicos, que ponen en duda el proyecto reeleccionista de Macri; todo lo cual hace que (volviendo al teorema de Magnetto explicado en su momento por Víctor Hugo, nos preguntemos en que fase estamos ahora del mismo, cuando los mandatos presidenciales se acortaron a cuatro años luego de la reforma constitucional, y Macri transita su último año y medio en la Casa Rosada.

lunes, 9 de abril de 2018

LA PAPA CALIENTE, AL CONGRESO


Hace poco más de un mes analizábamos en ésta entrada un borrador de proyecto de "ley de convergencia de las comunicaciones que Macri enviaría al Congreso (también circuló la versión de que lo aprobaría por DNU), para reemplazar a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios) y a la Ley 27.078 de Argentina Digital. 

Al respecto, leemos en Infobae que el jueves ingresó al Senado (¿La Cámara más oficialista?) un proyecto de “ley corta” en la materia, porque el gobierno se decidió por regular (o que el Congreso lo haga) exclusivamente los puntos que más les preocupan e interesan a los grandes operadores privados del sector, fundamentalmente Clarín y Telefónica.

La iniciativa pretende zanjar la disputa entre los grandes jugadores del mercado, o en todo caso transferirle el problema al Congreso, para que todos ejerzan presión en las Cámaras a favor de sus intereses. Entre sus principales disposiciones podemos destacar las siguientes:

* Los licenciatarios de servicios TICS deberán permitir el uso y ocupación de su infraestructura pasiva (torres, postes ductos y cualquier otro elemento) a otros licenciatarios para el despliegue de sus redes (lo que ya estaba en el texto original de la ley 27.078); y la autoridad de aplicación (el ENACOM) puede obligarlos a facilitar su infraestructura activa (edificios, bocas de acceso, distribuidores) a los mismos fines, cabiendo lo mismo para los prestadores de servicios públicos.

Dependiendo del lugar del país en el que se trate y la expansión actual de los servicios de las telcos por un lado y el Grupo Clarín por el otro, será el jugador de peso que debería cederle su infraestructura al otro para permitirle expandirse; pero si consideramos que el servicio telefónico básico está extendido en todo el país, la medida le permitirá al holding comandado por Magneto utilizar su infraestructura para expandir -por ejemplo- los servicios de cable allí donde no haya desarrollado todavía la suya propia; y a la inversa a las telefónicas en los lugares donde el cable está más desarrollado, de la mano de Cablevisión.

* Se deja sin efecto la reserva de las bandas de frecuencias que había hecho a favor de ARSAT la Ley 27.208 (Plan Satelital Argentino) aprobada durante el gobierno de Cristina, y se dispone que la autoridad de aplicación le facilitará las que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines; pero la norma así planteada encierra una trampa: en lugar de disponer de frecuencias concretas que no pueden ser tomadas por otros prestadores porque ya le estaban reservadas a la empresa satelital estatal por ley, las que use dependerán estrictamente de su plan de negocios.

Y en ese sentido, a diferencia del Plan Satelital Argentino 2015-2035 que se aprobó en 2014 por la Ley 27.078, desde diciembre del 2015 para acá lo que vino haciendo el gobierno de Macri es posponer y disminuir el despliegue de ARSAT, y otorgar en paralelo facilidades para prestar servicios satelitales a empresas privadas, en su mayoría extranjeras, que ocuparon así muchas frecuencias.

* Por eso el artículo 14 de la Ley 27.208 exige los dos tercios de los votos de los miembros de cada Cámara para modificar esa reserva de frecuencias; al dejarlo sin efecto virtualmente se está dejando sin efecto el conjunto del plan, aunque no se lo derogue.

En el mensaje del Ejecutivo que acompaña al proyecto (que pueden leer acá) se dice que ARSAT está abocada a la construcción de la red federal de fibra óptica, por lo cual "...actúa como una empresa mayorista en el mercado...", y en paralelo "...el Estado nacional dispondrá de las frecuencias que esa norma le asignaba con carácter preferencial...". "Dispondrá" significa en ese marco, asignarlas a otras empresas (privadas) proveedoras de facilidades satelitales, como han venido haciendo hasta ahora. 

* Las licencias de TICS vigentes habilitarían a prestar todo tipo de servicios, incluyendo el cuádruple play (Internet, cable, telefonía fija y móvil) y la televisión satelital; lo que supone otro beneficio para el Grupo Clarín por ejemplo, que con la licencia de Fibertel (que este gobierno le “rescató” porque el kirchnerismo la había declarado caduca) podría acceder a prestar los servicios que hoy no da, como la telefonía fija o móvil, o la televisión satelital.

* Hasta tanto se dicte una ley que unifique los gravámenes creados para las actividades regidas por las Leyes 26.522 y 27.078, los licenciatarios solo deberán pagar los de la primera (ley de medios), con lo cual quedan exentos de contribuir al Fondo Fiduciario del Sistema Universal creado para garantizar el acceso de todos los habitantes del país a las TICS, así como de pagar la tasa de fiscalización.

Esta medida favorece los negocios de los prestadores privados (en el caso de las TICS, en especial de Fibertel y las prestadores de ese rubro de las telcos) y pone exclusivamente en cabeza del Estado la obligación de financiar la infraestructura necesaria para garantizar el acceso universal a Internet, por ejemplo, la que luego de construida los privados podrán utilizar para expandir sus negocios.

* Para peor aun, el proyecto tiene un texto confuso que le permitiría a la autoridad de aplicación otorgarles a los grandes jugadores del mercado las exenciones o reducciones parciales de los gravámenes que las Leyes 26.522 y 27.078 establecieron para otros casos y prestadores (emisoras de zonas de fronteras, de localidades con escasa población, declaradas en emergencia o desastre, medios públicos, etc).

* Las telcos podrán brindar servicios de cable y tv satelital a partir del 1 de enero del 2019, con ciertos requisitos a cumplir (que serían determinados por el PE) en las localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio lo presten cooperativas, y no pueden comercializarlos (es decir, comenzar a venderlos) antes de esa fecha; lo cual amplía la “ventana” de tiempo de que goza Clarín para consolidar su posición dominante, sobre todo en el cable.

* Regula la comercialización de señales o contenidos audiovisuales en condiciones equitativas y no discriminatorias, remitiéndose a las disposiciones de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia (que el gobierno quiere modificar por otro proyecto); pero sin especificar concretamente que en caso de ser transgredidas, los prestadores merezcan sanciones, y cuáles sean éstas.

Una de las conductas penadas sería por ejemplo subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro, o a la adquisición de un bien; como pasa habitualmente con el fútbol codificado, o condicionando la venta de un paquete de señales para canales de cable, a que también compren los servicios de Internet del titular de las señales. La regulación en todo caso y considerando la importancia del tema, es sumamente endeble.

* Deroga los límites e incompatibilidades que estableció la ley de medios y que no fueron modificados por el Decreto 267/15, para que un mismo prestador o licenciatario acumule simultáneamente una licencia de tv satelital con otras de servicios de comunicación audiovisual por espectro radioeléctrico o vínculo físico (cabel), y los que establecía la Ley 27.078 para que los distintos prestadores no firmen entre sí contratos de colaboración empresaria, o formen consorcios o uniones transitorias de empresas (UTE).

Acaso sea ésa la apuesta del gobierno de Macri para que la guerra entre Clarín y las telcos por el mercado de las comunicaciones no se lo lleve puesto, y en lugar de pelearse entre ellos, hagan negocios juntos.