LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)
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miércoles, 17 de abril de 2024

VOLVIERON LOS 90'

 

Hemos dicho un par de veces que Pullaro debe celebrar las salvajadas del gobierno de Milei un poco (bastante) porque las comparte, y otro poco porque le arrastran marcas: estamos todos pendientes de lo que hace el orate y no le prestamos atención a sus turradas.

Así pasó con el desconocimiento de los acuerdos paritarios firmados en el último tramo del gobierno de Perotti (en esto Pullaro fue precursor) y los despidos de personal contratado que había pasado a planta permanente en ese marco, y otro tanto con los tarifazos de aguas, luz, transporte y peajes provinciales.

Estuvo por la provincia el ministro del Interior Francos para asegurarse el apoyo de Pullaro y los diputados nacionales de "Unidos Para Cambiar Santa Fe" tanto al  DNU como a la nueva ley ómnibus, y el gobernador lo esperaba con el presentismo docente reinstaurado unilateralmente por decreto, pocas horas después de que el gobierno lograra cerrar trabajosamente la paritaria del sector, que terminó aceptando un magro aumento en una votación dividida cuya transparencia fue cuestionada por sectores internos de AMSAFE.

En línea con el intento nacional (consagrado en el DNU) de reglamentar el derecho de huelga hasta hacerlo casi desaparecer y declarar en ese contexto a determinadas actividades (entre ellas la docencia y la educación) como esenciales para impedirlo, Pullaro acaba de decirles a los docentes santafesinos (muchos de los cuales lo votaron) que no esperen mejoras salariales significativas en el resto del año: ése y no otro es el sentido del decretazo del "premio" a los docentes que no falten por ningún motivo.

Al mismo tiempo propicia un debate legislativo por la reforma del régimen previsional de la provincia que, a cuento del déficit de la Caja de Jubilaciones, plantea -no tan abiertamente, pero lo hace- la suba de la edad jubilatoria, el aumento de los aportes personales de los trabajadores, la eliminación del 82 % móvil o un mix de todo:

En el colmo del absurdo, el ministro de Economía de la provincia dice que el presentismo no es sueldo y por eso no se discute en paritarias, sino que es "una decisión de gobierno". Lo que no dice es que fue su propio gobierno el que arrancó la gestión diciendo que el ausentismo docente era muy elevado, y que era un tema que debía ser parte necesaria de la discusión en paritarias.

Como tampoco dice que el sueldo del gobernador y sus funcionarios políticos tampoco se discute en paritarias, pero aprovechan para aumentarlo cada vez que se disponen aumentos para los empleados, como veíamos acá, y como volvió a suceder ahora, con la paritaria cerrada con los gremios de la Administración Central: 


Y por si toda esta revisitación de los 90' en línea con Milei fuera poco, empiezan a hablar de la privatización de las principales empresas públicas (la EPE y ASSA), menos de una semana después de que el gobernador presentaba como novedoso el repelente para mosquitos fabricado por el LIF en la gestión de Perotti, diciendo en la ocasión que en Santa Fe se seguía confiando en la capacidad del Estado como empresario.

Para sondear el terreno privatizador, apelan a todo tipo de estrategias: o lo hacen a través del periodismo amigazo como el de Rosario 3 en el caso de la EPE; al que usan para blanquear una supuesta oferta de un fondo inversor árabe para comprar la empresa, y de paso echarles la culpa de tener que venderla a los empleados, que serían los culpables de todos sus males, cuando los sueldos representan apenas el 21,14 % del total de los gastos de la distribuidora, casi la mitad de la incidencia que el gasto en personal tiene en general en el Estado provincial; y mucho menos de la mitad de lo que gasta la distribuidora provincial en comprar energía en el mercado mayorista, más con los tarifazos nacionales en la generación.      

O directamente los funcionarios responsables del área como Boscarol en el caso de ASSA, que salen a plantear la privatización como una salida con argumentos mitad falsos y mitad delirantes, como hacer de la empresa (hoy una SA) una SRL, como si fuera una ferretería de barrio. Dice Boscarol que Aguas Santafesina se financiaba en el último año del gobierno de Lifchitz en un 80 % con las tarifas y el 20 % restante con aportes del Tesoro, y esa proporción se habría invertido al 8 % y 92 % en el último año de Perotti, lo cual además de desmentir la imagen "ajustadora" del anterior gobernador (si eso fuera cierto significaría que prefirió subsidiar a aumentar las tarifas), es falso.

Según los datos de las Cuentas de Inversión disponibles en la página oficial del gobierno, en el año 2019 (último del gobierno de Lifschitz) ASSA se financió en un 38,05 % con recursos propios (tarifas) y el 61,95 % restante con aportes del Tesoro (subsidios), y en el 2022 (último dato disponible del gobierno de Perotti) esas proporciones fueron del 37,53 % y 62,47 %, respectivamente: es decir, casi iguales. Incluso para éste año las proporciones para éste año son un 43,63 % de recursos propios (tarifas) y un 56,37 % de aportes del Tesoro (subsidios).

Boscarol propone como si fuera novedoso un esquema en el cual el Estado haga las obras, y el operador privado preste los servicios operando la concesión, cuando eso se viene haciendo desde que en 2006 fue creada ASSA, solo que ésta cumple el rol que antes tenía el privado. De hecho, el presupuesto para éste año aprobado por la Legislatura a pedido de Pullaro contempla que el 100 % de los gastos de capital (obras y equipamiento) sean financiados con aportes del Tesoro.

Claro que -como dice Boscarol- si uno mira el Estatuto de ASSA aprobado por el Decreto 193/06 de Obeid fijaba la duración de la sociedad en 20 años que se cumplirían el año que viene, pero no es menos cierto que el artículo 3 del mismo dice lo siguiente : "El término de duración de la sociedad será de veinte (20) años contados de la fecha de inscripción registral de la sociedad pero debe extenderse, mediante modificación estatutaria, hasta que expiren la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato de concesión que celebre con la Provincia de Santa Fe. Igual extensión se producirá en caso que se prorrogue el término del Contrato de Concesión.".

Es decir que no es como dice Boscarol que hay que ver que se hace con ASSA, sino al revés: primero definir si los servicios de agua potable y cloacas en Santa Fe los va a seguir prestando el Estado o los concederá para su explotación a grupos privados, y una vez definido eso, resolver que se hará con Aguas Santafesinas. Y esa definición le corresponde a la Legislatura, porque no sea cosa que los ex Frente Progresista (y hoy Unión Democrática con el PRO adentro) quieran hacer con el agua y las cloacas lo mismo que hicieron en el gobierno de Binner con la autopista Santa Fe-Rosario: interpretar la Ley 11157 de Reutemann como que los autorizaba permanentemente a privatizarla por decreto, y así lo hicieron.

Cuando era inminente la caída de la concesión otorgada por el gobierno de Reutemann al Grupo Suez (porque recordemos por si hiciera falta que esos servicios ya estuvieron en manos privadas en Santa Fe, y la experiencia terminó en un rotundo fracaso), la Legislatura provincial sancionó la Ley 12516, cuyo artículo 3 dice lo siguiente: "A los efectos del Artículo anterior, facúltase al Poder ejecutivo a constituir sociedades, fideicomisos, ejecutar obras y, en general, celebrar contratos, dictar todas las normas reglamentarias y realizar todos los actos vinculados que fueran necesarios para el cumplimiento de los fines de una adecuada prestación de los servicios sanitarios.".

Y el artículo 2 al cual se remite decía "Ante el supuesto que, por cualquier circunstancia, se produjera la ruptura de la relación contractual con la empresa concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., autorízase al Poder Ejecutivo a instrumentar y poner en ejecución un procedimiento de transición que garantice la efectiva prestación del servicio.".

miércoles, 29 de julio de 2020

DIGAMOS TODO


En el video de apertura nos cuentan escandalizados que ingresó a la Legislatura de la provincia un pliego enviado por Perotti pidiendo el acuerdo legislativo para la designación en el ENRESS (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) de la representante del sindicato de Obras Sanitarias, a la sazón la (ex) mujer del eterno dirigente del sector, "Rabanito" Barrionuevo. Más o menos a la mitad del video (minuto 6.44 más o menos), el periodista explica ante la pregunta de su colega, que Perotti no puede hacer mucho al respecto, porque es el gremio quien propone al candidato/a que va a ocupar ese lugar en su representación, y que cualquier otro gobernador en su lugar (ejemplifica con Lifschitz) debería haber hecho lo mismo porque el cargo estaba vacante.

Y acá nos queremos detener: lo que el periodista no dice (y no sabemos si lo sabe o no) es que el cargo estaba vacante hace varios años, y los gobiernos del socialismo nunca lo cubrieron, ni propiciaron una modificación de la ley 11220 que creó el ENRESS (la de la privatización de la DIPOS, sancionada en 1994 durante el gobierno de Reutemann), y en virtud de eso, el gremio fue a la justicia a pedir que se cubriera el cargo que la ley les asigna.

La justicia le dio razón en dos instancias, confirmando un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario lo resuelto en primera instancia. De esto hace más de dos años a la fecha, y como el gobierno anterior terminó su mandato sin enviar el pliego a la Legislatura, la justicia le impuso a la provincia una multa de 1000 pesos diarios por incumplimiento de una resolución judicial. O sea que no solo el gobernador (el actual, el anterior) no podía cuestionar a quien propone el gremio para ocupar su representación en el ENRESS, sino que Lifschitz debió haber mandado el pliego apenas el fallo que hizo lugar al amparo quedó firme.

Pero conciente de la situación que todo esto plantea, Perotti hizo algo más: casi al mismo tiempo que envió el pliego, ingresó al Senado de la provincia un proyecto de ley proponiendo modificar, entre otras, la Ley 11220 de creación del ENRESS, para que quede claro que quienes son designados por el sindicato, lo son en su representación. 

Textualmente dice el mensaje: "En todos los casos (la propuesta también refiere al Ente Zona Franca Santafesina de Villa Constitución y al Aeropuerto Sauce Viejo)  se trata de entidades públicas descentralizadas, cuyos órganos de dirección se integran con funcionarios designados por el Poder Ejecutivo (en algunos casos incluso con acuerdo legislativo previo), pero en los cuales algunos de ellos, conforme el diseño dado por el legislador según el caso, representan a Municipalidades o Comunas, o trabajadores, o Cámaras empresarias del comercio, la producción o los servicios.Con la iniciativa se busca precisar que quienes resultan designados para integrar tales directorios en representación de otros entes o entidades ajenos al Estado provincial y que no forman parte del mismo, invisten tal condición; aún cuando en todos los casos su designación formal corresponda al Poder Ejecutivo provincial."

No se trata de que -por ejemplo- los gremios o los municipios dejen de tener representación en esos entes. Dice el mensaje: "La propuesta remitida no altera, en consecuencia, el diseño previsto por el legislador para la conformación de los órganos directivos de los entes comprendidos, limitándose a procurar su ajuste y congruencia con las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial en su Artículo 72 inciso 6) al Gobernador de la Provincia, para designar o remover a los ministros, funcionarios y empleados de la Provincia, con arreglo a la Constitución y a las leyes, siempre que el nombramiento o remoción no competa a otra autoridad.".

Pero el mensaje que acaba de ingresar a la Legislatura enviado por Perotti trae otra perla . Así dice al final. "Complementariamente, atento a que en el caso de la Ley N° 11220 el mismo artículo 22 en su inciso g) establece como inhabilidad para ser Director el “desempeño de funciones en, o tener vinculación con los prestadores, empresas integrantes del mismo grupo económico, o contratista o proveedores de tales empresas, desde un año antes de su designación”, se propicia su supresión atento a que tal previsión ha perdido significación al haber asumido el propio Estado Provincial la prestación del servicio, a partir de la sanción de la Ley Nº 12516 y la creación de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima.". 

O sea, el gobernador está diciendo que la norma que establecía una prohibición para ocupar cargos en el directorio del ENRESS por tener vínculos con los prestadores privados del servicio de agua potable y cloacas ya no tiene sentido, porque ahora el servicio está en manos del Estado, y no piensa cambiar eso, al punto que propone eliminar esa parte de la ley. Dicho en criollo: Perotti no piensa privatizar ASSA.

PD 1: Del resto del video, es decir la segunda mitad, cuando los dos periodistas discurren sobre "que barbaridad como quedan los pliegos aprobados en la Legislatura por el mero transcurso del tiempo sin que los legisladores los discuten y los voten" solo vamos a decir que nos causa mucha gracia. Porque por esa vía se aprobaron las tres cuartas partes de las designaciones de jueces, fiscales, funcionarios, etc, de la provincia que requieren acuerdo durante los 12 años de los gobiernos socialistas.

PD 2: Después están las interpretaciones mala leche de los medios mala leche como el diario de Nahuel, que a su vez se contradicen entre el título y el contenido de las notas, porque titulan "El Ejecutivo quiere "manos libres" a la hora de plantear designaciones", para luego escribir: "Los cambios sugeridos están en línea con el articulado de otras leyes que también prevén la constitución de directorios de organismos autárquicos o empresas del estado. Tal es el caso de Assa, EPE y 5RT. En dichas normativas ya se emplea la expresión “en representación de” para aludir a los directores que serán postulados por sectores ajenos al Ejecutivo.

O sea, ¿el cambio está bien o mal muchachos, en esos casos los gobernadores anteriores "tuvieron manos libres" para designar ellos a los representantes de los gremios por ejemplo? ¿Y si así fuera, que dijeron ustedes, titularon en modo catástrofe con connotaciones negativas, o se callaron la boca?  Hilo de tuits relacionados:

sábado, 25 de abril de 2020

UNA ALERTA QUE LLEGA UN AÑO TARDE


Leemos en La Politica Humonline: "La primer adjudicación importante de obra pública de la gestión de Omar Perotti amenaza con terminar en un escándalo mayúsculo. Luego de meses de parálisis, el gobernador de Santa Fe puso en marcha la licitación de la "Obra Modular Rosario", perteneciente a Aguas Santafesinas, por un total de 350 millones. El contrato comprende el muy redituable negocio de obras de red de agua y cloacas, instalaciones de medidores y el mantenimiento del sistema, además del servicio de vallado y balizamiento de baches y obras adicionales que suelen generarse.

La empresa Brumont S.A. fue elegida  a pesar de que sus dueños, la familia Montaldo, estuvieron vinculados a una causa federal por evasión impositiva millonaria en el negocio de la venta de granos en negro. De hecho, uno de los socios, el contador Maximiliano Montaldo, estuvo detenido el año pasado por decisión del juez federal Carlos Vera Barros quien investigó las firmas Federal Agropecuaria S.A. y la misma Brumont por evasión tributaria, operaciones ilegales de cereal y blanqueo.

A pesar de ello, el gobierno avanzó en el proceso licitatorio y ante la inminencia de que se le otorgue el servicio a la empresa cuestionada, la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ximena Sola, pidió la suspensión de la licitación"La transparencia en la obra pública exige a nuestros organismos el respeto por las normas, la igualdad de oportunidades y la publicidad e información de todo lo que concierne al proceso licitatorio. Por eso, solicitamos a la provincia suspenda de manera inmediata el proceso que se pretende llevar adelante en los próximos días", sostuvo Ximena Sola en un comunicado.

Lo curioso es que a pesar del cambio de gobierno y de autoridades en Aguas Santafesinas que se produjo en el medio, Brumont volvió a ser seleccionada para quedarse con el negocio. En Cambiemos apuntan a María Florencia Bessone, actual jefa de compras quien tiene estrechos vínculos con el socialismo. Durante la anterior gestión, la funcionaria ejerció como gerenta de Administración y Finanzas de Aguas y fue mano derecha de Sebastián Bonet, presidente de la empresa estatal. Pero para mayor sorpresa, fue en el inicio del gobierno de Perotti cuando Bessone pasa a ocupar la oficina de compras, generando tensiones hacia adentro del peronismo y con el sindicato de Obras Sanitarias.

A su vez, en Brumont y algunos sectores de la empresa estatal sospechan que detrás de la denuncia de Cambiemos se encuentra CRD, Compañía Rosarina de Desobstrucciones quien es prestadora de Aguas y también pretendía quedarse con el negocio. La pelea entre las dos firmas es de tal magnitud que en Aguas Santafesinas comentaron a La Política Online que por este tema, a fines del año pasado, se comunicó una alta funcionaria de AFIP para amenazar con denuncias a la empresa estatal si se le adjudicaba el contrato a Brumont.

Lo cierto es que la tensión puede escalar y salpicar al gobierno de Omar Perotti que en definitiva es el que pondrá la firma para la adjudicación. Sobre todo, en un contexto donde la obra pública que depende de la provincia no se reactiva y tal como publicó LPO, está lejos que eso ocurra porque aún no está presentado un plan de obras. " (las negritas son nuestras)

A ver, repasemos:

* Luego de lo que ellos denominan "meses de parálisis de la obra pública", le cuestionan a Perotti iniciar una licitación...para contratar un obra pública. Que por cierto no la hizo el gobernador, sino la empresa Aguas Santafesinas.

* Se habría elegido a una empresa (Brumont), pero en realidad la misma nota dice que "sería inminente" que le adjudiquen la licitación, o sea que todavía no se la adjudicaron. Tanto es así que dicen que Perotti "pondrá la firma para adjudicación", lo que además es inexacto: siendo ASSA una Sociedad Anónima, sus contratos los adjudica el directorio (donde hay representantes del sindicato y de los municipios y comunas comprendidos en el área de la concesión), y no el gobernador.

* El problema radicaría en que la actual gestión de la empresa puso a cargo del área de compras a una ex funcionaria del socialismo, pero el contrato (que no se firmó, porque la licitación no se adjudicó, aunque el título dice lo contrario), "salpica a Perotti".

* La denuncia la hace una diputada del PRO, pero en el gremio sospechan que es porque pide favorecer a otra empresa que se presentó a la licitación. Y al parecer, eso también "salpica a Perotti": ¿que se haya presentado otra empresa, que la diputada del PRO haga de abogada de esa empresa, el gobernador se salpicó con mate?

* La diputada del PRO pide suspender la licitación, aun no adjudicada. Siendo una licitación convocada por una sociedad anónima, el gobernador no tendría facultades para suspenderla. A menos, claro está que apele al artículo 15 de la Ley de Necesidad Pública 13977 recientemente sancionada, que dice: "Facúltase al Poder Ejecutivo, por un plazo de noventa (90) días corridos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y prorrogable por él mismo por otro plazo igual por única vez, a suspender, por acto expreso debidamente fundado, las licitaciones y concursos en trámite para la concertación de contratos comprendidos por su objeto en los alcances de las Leyes N° 12510, 5188 o regímenes particulares de contratación. Las facultades conferidas por el presente artículo incluyen expresamente, además, los procedimientos en trámite en el ámbito de los Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado y en las Unidades Ejecutoras encargadas de la gestión de programas con financiación proveniente de organismos multilaterales de crédito, dependientes del Poder Ejecutivo." (las negritas otras vez son nuestras). Lo loco es que los diputados del PRO  (y los del socialismo) votaron en contra de la ley, entre otras cosas, por ese artículo: decían que le otorgaba "superpoderes" al gobernador.

* La empresa Brumont es cuestionada por presentar antecedentes judiciales de evasión impositiva, y lavado de dinero, y uno de sus socios fue investigado por eso junto con la firma Federal Agropecuaria, de propiedad del Grupo Vicentín. Sí, los mismos del préstamo del Banco Nación otorgado durante el macrismo, y de la renovación de la concesión del puerto de Rosario hasta el 2057 (14 años de que se venciera el plazo vigente), durante el socialismo y en su gobierno acá en Santa Fe. Pero todo esto -como sabemos- salpica a Perotti.

* Lo loco es que esta denuncia contra Brumont data del año pasado, y entonces a nadie le movió un pelo cuando (por ejemplo) Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M. (la empresa mixta creada por el socialismo) le adjudicó en forma directa y sin licitación, un contrato por 635 millones de pesos, para construir el gasoducto de la costa, con la anuencia del Enargas macrista (Más información al respecto, acá). Pero como bien sabemos, todo salpica a Perotti.

miércoles, 8 de abril de 2020

UN AJUSTE RARO


Que los tiempos post Macri eran difíciles para todos, no caben dudas. Y que la pandemia vino a complicarlos aún más, ni hablar. Y que acá en Santa Fe a todas esas complicaciones hay que añadirles las que creó el socialismo, ni hablar: desde la situación financiera en la que dejaron la provincia (con una abultadísima deuda con proveedores y contratistas), hasta los elevados niveles de tarifas fruto de varios aumentos al año, durante 12 años.

Sumémosle a eso el rechazo de la ley de emergencia que Perotti envió a la Legislatura en diciembre del año pasado (sin debate, al archivo la mandaron), y la demora en aprobar la ley de necesidad pública, durante casi dos meses, ya en medio de la pandemia.

Precisamente en la ley de necesidad pública se planteaba que el gobierno provincial necesitaba acceder a financiamiento para poder sostener en el tiempo el congelamiento de las tarifas de luz, agua y peajes provinciales que el gobernador decreto en enero, como veíamos acá.

Un congelamiento que ahora prorrogó por cuatro meses más (120 días), a propósito de la crisis por el coronavirus; como muestran las imágenes del  decreto que ilustra el post.

Un poco antes de eso, el 24 de marzo pasado y por el Decreto 283, Perotti se alineó con lo dispuesto por el presidente, en cuanto a que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias de los sectores más vulnerables, en caso de mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020; prohibición que rige por el plazo de ciento ochenta (180) días corridos.

Entre los beneficiarios de ésta última medida -como en el decreto nacional- se encuentran los que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; los beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; los inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; los jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles; los trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; los que perciben seguro de desempleo; los electrodependientes, los incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y los exentos en el pago del Impuesto Inmobiliario Urbano.

En el caso de los usuarios no residenciales, quedaron comprendidos en el beneficio las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia y las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

El congelamiento de tarifas -que ahora se extendería hasta el mes de agosto,- beneficia por supuesto a todos los usuarios de los servicios, residenciales o no residenciales.

Lo interesante del caso es que éstas medidas llegan en un contexto difícil para la gente, pero también para el Estado, que ve mermar sus ingresos, por la caída de la actividad; mientras debe hacer frente a gastos cada vez mayores en el marco de la emergencia por coronavirus.

Y un gobierno (el de Perotti) que toma éstas medidas mientras la oposición política en la provincia y los medios que le hacen coro anuncian a diario ajuste, privatizaciones y penurias para el conjunto de los santafesinos, por acción de ese gobierno.


viernes, 31 de enero de 2020

UN ENERO DISTINTO


Los últimos 12 años los santafesinos nos acostumbramos a que si algo era seguro y sabido, era que todos los servicios que estaban a cargo del gobierno provincial, o cuyo precio o tarifa determinaba éste, aumentaban. Y no una vez, sino dos, tres y hasta cuatro veces por año.

La luz, el agua, los peajes y el transporte de pasajeros, en este caso el interubano que vincula dos o más pueblos o ciudades de la provincia. 

Excusas nunca faltaban: que los peajes no tenían subsidios nacionales (recordar los cartelitos en las barreras de la autopista), que el transporte sí tenía pero eran discriminatorios para Santa Fe, que la EPE tenía subsidios pero "hay que garantizar un plan de obras" y coso, y así todo el tiempo. 


Y si bien, como dijimos, los aumentos venían en cuotas a lo largo de todo el año, todos los años en los que el socialismo gobernó la provincia, enero era un mes especial: acá Barricada recordaba hace poco con las capturas de los diarios, como era el mes preferido para descerrajar tarifazos, justo cuando uno usa más la luz porque prende el aire acondicionado, o el agua porque llena la Pelopincho, o viaja al interior para visitar a algún familiar por las fiestas o las vacaciones: era como que los tipos tenían un ensañamiento especial a la hora de aumentar las tarifas.

Pero este enero vino distinto, y mientras el diario de Nahuel Caputo le pega al gobierno de Perotti por "el apagón administrativo" (léase receso, léase "no nos definieron la pauta del año para poder pagar los sueldos"), el gobernador apagó los tarifazos, aun en medio de las dificultades financieras que tiene la provincia.

Y explica en el decreto porque decidió hacerlo: porque "...resulta necesario contribuir a la atención de la situación de vulnerabilidad económica y social de la población y a dar viabilidad a los sectores productivos, (y) ... aliviar el peso de los gastos vinculados a las tarifas de los servidos públicos, en la economía de los hogares santafesinos, y en la estructura de costos de las empresas, industrias y comercios de la provincia;...".


O sea, algo bastante parecido a lo que suele decir Máximo Kirchner, y repitió esta semana en el Congreso en el debate sobre la deuda: "los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro".

Claro que esto no es gratis, ni puede durar para siempre, si la cosa no mejora: las medidas nacionales ayudan (como dice el decreto), pero la Legislatura tiene que poner su parte para poder sostenerlas en el tiempo, dándole al gobierno las herramientas que necesita para salir del pozo financiero en el que la dejó el socialismo.

Otra vez, en palabras del decreto: "...a esos fines resultan especialmente necesarias las autorizaciones legislativas que este Poder Ejecutivo ha solicitado y sobre las que cree por ello indispensable insistir ante la H. Legislatura, para poder concertar operaciones de crédito público con el objeto de atender renegociaciones de contratos públicos, la cancelación de deuda flotante, el pago de la deuda consolidada en los términos del artículo 54 de la Ley N° 13938 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, y para recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales a la Vista (FUCO);...".

La semana que viene aterriza en la Legislatura el nuevo proyecto de "necesidad pública" en diversos aspectos, que incluyen desde la emergencia alimentaria y sanitaria, hasta el boleto educativo gratuito, promesa de campaña de Perotti. A ver si los que nos vienen contando que no hace falta porque vivimos en Suecia entienden como viene la mano.


lunes, 18 de noviembre de 2019

SE ACORDARON UN POCO TARDE


Aun antes de disponer la rescisión de la concesión otorgada por el gobierno de Reutemann a Aguas Provinciales de Santa Fe (del Grupo Suez) en 2006, Jorge Obeid dispuso por el Decreto 1024/05 que se ejecutaran las garantías del contrato, ante los incumplimientos al mismo por parte del consorcio adjudicatario de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento durante 30 años, en 15 localidades de la provincia.

Tal como lo cuenta el decreto cuya imagen abre el post, la mayor parte de esa garantía (algo más de 68 millones de pesos de 2005) fueron destinados a aportar el capital necesario para la creación de Aguas Santafesinas S.A., la empresa estatal que la sucedió en la prestación de los servicios, según dispuso el mismo Obeid por Decreto 193/06. 

Los restantes 11 millones y pico de pesos de los montos depositados por Aguas Provinciales como garantía de que cumpliría el contrato luego rescindido quedaron en una cuenta del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., y no se movieron de allí en los 12 años de los gobiernos del Frente Progresista.

Obviamente que con el paso del tiempo sin que los fondos inmovilizados se usaran, la inflación hizo lo suyo y perdieron valor: no se podía hacer lo mismo con 11 millones y algo de pesos en 2007 cuando asumió Hermes Binner, que ahora, cuando Lifschitz está terminando su mandato.

Que es cuando se acordaron de usar esa plata, pero lo curioso es el destino que decidieron darle, después de haberlos tenido hibernados 12 años. Como pueden ver en la planilla de abajo (anexa al decreto) esa plata se usó para financiar los aumentos salariales a la planta política del gobierno provincial; lo que incluye al propio gobernador:  


martes, 16 de julio de 2019

AHORA LOS TARIFAZOS SON CULPA DE PEROTTI


Algo había esbozado la semana pasada el ministro Saglione, pero ahora ya la cosa toma color con el apoyo del periodismo amigazo, como en ésta nota de Leo Ricciardino en Rosario 12: el socialismo en retirada sale a echarle la culpa de los tarifazos póstumos a la transición hasta la asunción de Omar Perotti, y nos quieren vender que no les queda más remedio que aumentarnos los peajes, el transporte y -en breve- la luz y el agua, para facilitarle las cosas al futuro gobierno del PJ.

O sea que estos 12 años en que vienen haciendo sistemáticamente lo mismo, con tres gobernadores distintos (es decir, aumentarnos todos los años todos los servicios que dependen de decisiones del gobierno provincial) no era porque son un agujero sin fondo que se traga toda la guita, sino para facilitarle las cosas a un futuro gobierno de otro signo, si alguna vez llegaban a perder las elecciones.

Y aunque en los primeros 8 de esos 12 años (o sea, cuando convivieron con los gobiernos de Cristina) había subsidios nacionales a la compra de electricidad mayorista pero la EPE aumentaba igual las tarifas, la culpa de los aumentos la tiene la baja de los subsidios que instrumentó Macri.

Resulta además que la baja de subsidios se da también en otros rubros como el transporte, obligando al gobierno provincial a seguir aumentándolo como desde el 2007, cuando había subsidios al transporte, por lo menos hasta el 2015: acá no entiende el que no quiere.

Y el gobierno provincial tuvo que aumentar servicios que ya venía aumentando como consecuencia de lo previsto en el pacto fiscal, que Lifschitz firmó porque quiso, con la promesa -dijo- de Macri de que le iba a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, y a pagarle la deuda por la coparticipación retenida, de acuerdo con el fallo de la Corte. Dos cosas que, como sabemos, no pasaron.

El mismo pacto fiscal en el que acordaron eliminar el fondo soja aunque luego el socialismo y Lifschitz quisieran desconocerlo, fondo soja que no apoyaron en el Congreso cuando Cristina lo creó, pero de cuya ausencia ahora se lamentan, porque les servía para hacer obra pública: acá no entiende el que no quiere, segunda parte.

Eso, o nos están tomando por boludos, nivel Dios.

jueves, 6 de junio de 2019

LA EDUCACIÓN, POR LA CLOACA


¿Me querés decir para qué nos aumentan el agua todos los años, si igual el gobierno tiene que meter mano al presupuesto para transferirle más de 251 palos a Aguas Santafesinas (ASSA) para gastos corrientes? ¿En qué gastan entonces la guita de los tarifazos?

¿No había otro lugar que Educación (ver cuadro) al cual podarle partidas para transferirle fondos a la empresa cuyos servicios son cada ve más caros, como si se tratara de una empresa privada? 

Y ni te cuento si mirás en el anexo del decreto en que van a gastar esos más de 251 millones de pesos que le sacaron a la educación:


Por si no se entendió explicamos: unos 65 millones de pesos se van en productos químicos de los que se utilizan para tratar el agua y los efluentes cloacales, que están dolarizados y en consecuencia suben con la devaluación.

Otros 26 millones de pesos (último recuadro verde) se van en mayores impuestos nacionales y provinciales que tiene que pagar la empresa, y crecen con la recaudación, o sea, más tarifazos para los usuarios significan más impuestos a pagar por ASSA: Ingresos Brutos, IVA, Ganancias y tasas municipales.

Pero 88 millones de pesos (más de la tercera parte del refuerzo presupuestario, podado de Educación) se va en pagar "Servicios Básicos": o sea, el aumento de la luz que utiliza ASSA en sus plantas para potabilizar el agua y tratar los efluentes cloacales, y en sus oficinas administrativas.

Aumento decidido... por el gobierno provincial. Lo que se dice un auténtico tiro en el dedo gordo del pie.

lunes, 3 de junio de 2019

HABLEMOS DE PRIVATIZACIONES


Si a alguno se le ocurriera privatizar total o parcialmente Aguas Santafesinas (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) necesitaría de una ley de la Legislatura, porque así lo establecieron las leyes aprobadas en el último gobierno peronista: 

* En el 2006, durante el segundo gobierno de Jorge Obeid, la Legislatura de la provincia dictó la Ley 12.516, autorizando al Poder Ejecutivo a rescindir la concesión de los servicios de agua potable y cloacas con la empresa Aguas Provinciales, y a constituir una sociedad que prestara el servicio en su reemplazo.

Por Decreto 193/06 Obeid constituyó Aguas Santafesinas (ASSA), con un capital que está en un 51 % en manos del Estado provincial, un 39 % en manos de las Municipalidades comprendidas dentro del ámbito de la concesión de la empresa y el otro 10 % en manos de los trabajadores de la misma, bajo un programa de propiedad participada.

La primera Municipalidad en suscribir acciones de ASSA de las 15 en las que la empresa presta los servicios fue Rafaela, cuando el intendente era Omar Perotti. La única de las 15 que aun no lo ha hecho es Rosario, gobernada por el socialismo desde 1989.

* En el año 2006, es decir también durante el segundo gobierno de Obeid, la Legislatura de la provincia a instancias de un proyecto del Poder Ejecutivo sancionó la Ley 12.700, que derogaba a la Ley 11.727 sancionada en 1999 durante el segundo mandato de Reutemann; parar transformar a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en una sociedad anónima, autorizando su privatización. Al mismo tiempo, la ley del 2006 repuso la vigencia de la Ley 10.104 de 1986 que creó la EPE como ente autárquico en el ámbito del Estado santafesino.

En 2017 el gobierno de Lifschitz contrató a una consultora para elaborar un proyecto de transformación de la EPE en sociedad anónima, que podía contratar con terceros privados o tercerizar sus servicios, bajo el esquema de los contratos de participación pública privada, como los aprobados en el orden nacional en el 2016, a instancias de Macri.

Al mismo tiempo proponía un marco regulatorio de la prestación de los servicios de generación, transporte y distribución de electricidad que es, en sustancia, el mismo contenido en la Ley 11.727 de privatización sancionada durante el gobierno de Reutemann. Con esa base, el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley que nunca llegó a la Legislatura, dada la repercusión negativa que tuvo el tema.

Y si se repitieran los resultados de las PASO en la elección general para las distintas categorías de cargos, el que resulte electo gobernador tendría mayoría en una de las Cámaras, pero en la otra no. En cambio si alguno quisiera incorporar capitales privados a la empresa ferroviaria de la provincia (si es que algún día llegara a funcionar) o a Santa Fe Gas y Energía Renovables S.A.P.E.M. no necesitaría ni siquiera un decreto del gobernador, porque así lo dispusieron las leyes sancionadas durante los gobiernos del socialismo:

* En el año 2011 y durante el gobierno de Hermes Binner, la Legislatura de la provincia sancionó la Ley 13.242, en base a un proyecto presentado por el entonces diputado Pablo Javkin, hoy candidato del Frente Progresista Cívico y Social a la intendencia de Rosario.

La ley creaba la Empresa Mixta Ferrocarriles de Santa Fe (EFESA), una sociedad mixta que tendría a su cargo la prestación de servicios ferroviarios de pasajeros y de carga en el ámbito provincial. Nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo desde entonces ni puesta en práctica, pero contemplaba que el Estado tendría como máximo el 50 % del capital de la sociedad creada, quedando el resto en manos de capitales privados.

* En 2016, ya durante el gobierno de Miguel Lifschitz, la Legislatura aprobó a instancias de un proyecto del Poder Ejecutivo la Ley 13.527, creando Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M., una sociedad con participación estatal mayoritaria destinada a “...la producción, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos y sus derivados directos e indirectos; ...la prestación del servicio público de transporte, distribución y subdistribución de gas por ductos y redes en sus diversas formas tales como gas natural a baja, media o alta presión (GNP), gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL), gas sintético (propano- aire); .el transporte, la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) por redes y/o fraccionado, a granel y/o envasado, por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceras personas...”.

De acuerdo con la ley, del 49 % del capital accionario de la nueva sociedad que no estuviera en manos del Estado, un 15 % correspondería a sociedades privadas con fines de lucro. Actualmente la empresa construye el gasoducto de la costa en del tramo que llega hasta San José del Rincón, pero a través de la misma empresa que construyó las redes ya tendidas para Litoral Gas, la licenciataria privada del servicio: Brumont S.A.. 

De privatizar el banco provincial y el puerto de Santa Fe ya hablamos acá y acá, pero resumimos: en esas privatizaciones avanzó el socialismo durante estos 12 años, basándose en leyes del gobierno de Reutemann. Lo mismo que en la autopista Santa Fe-Rosario, con una ley vencida. Tuit paparulo relacionado: 

sábado, 27 de abril de 2019

¿LAS CLOACAS NO ERAN PRIORIDAD?


Ayer hablábamos en esta entrada de un hecho que pasa inadvertido: la Municipalidad de Santa Fe es accionista de Aguas Santafesinas, al igual que el resto de las municipalidades comprendidas dentro del ámbito de la concesión de la empresa, salvo Rosario.

En consecuencia con eso, Corral es corresponsable de todos los aumentos de tarifas de ASSA que se vienen produciendo desde que en el 2007 el Frente Progresista se hizo cargo del gobierno de la provincia, porque además la UCR comandada por él y por Barletta lo integró hasta el 2017, cuando partieron para formar “Cambiemos”.

Pero además de la incoherencia de prometer ahora congelar tarifas que bancó aumentar (en lo que va parejo con Bonfatti, que promete subsidiar las de EPE, que aumentaron como nunca en su gobierno, habiendo subsidios nacionales), parece que recién ahora le preocupó que la Municipalidad tuviera un programa dedicado a ampliar la cobertura de agua potable y cloacas, como muestra el decreto de apertura.

Raro, porque para “Cambiemos” las cloacas son priopridad, más incluso que darle de comer a la gente: en palabras de Macri, pasan hambre “pero antes convivían con la mierda”. Y designa al frente del programa a un conocido dirigente de la UCR sector UNL:


El mismo que -oh casualidad- fue hasta abril de este año...miembro del directorio de Aguas Santafesinas, en representación de las acciones Clase A, que son las de propiedad...del gobierno provincial: 


El mismo Boscarol que venía siendo miembro del directorio de ASSA desde el 2016, cuando Lifschitz lo designó a poco de comenzar su gobierno, y todavía todos eran socios en el FPCyS: 


Lo raro es que, aunque luego se pelearon, en el 2017 Lifschitz lo volvió a designar a Boscarol en el directorio de Aguas Santafesinas por el Decreto 1225, y permaneció en esas funciones hasta que hace unos días le aceptaron la renuncia, como vimos.

Y más raro aun es que el “programa” que recién ahora crea Corral “a la medida” de Boscarol y para conseguirle otro conchabo en el Estado (porque ni Dios permita que un radical trabaje alguna vez en la actividad privada) se financia con el 10 % que pagamos los santafesinos en las boletas de ASSA, justamente para que la Municipalidad de Santa Fe haga obras de cloacas, desde el 2013.

¿Qué habrá hecho antes Corral todos estos años, con esa plata, y que habrá hecho la provincia, gobernada por el socialismo, para asegurarse de que se gastara en lo que dice la ley que instituyó el cargo?

Capaz que ahora que Boscarol no es más funcionario de Lifschitz y están peleados a muerte (al menos hasta que en las generales no hagan algún acuerdo para que no gane el peronismo en Santa Fe) nos podamos enterar.

viernes, 26 de abril de 2019

¿HABRÁ VOTADO LOS TARIFAZOS?


Aunque posiblemente el dato sea desconocido para muchos, la Municipalidad de Santa Fe tiene acciones en Aguas Santafesinas (ASSA) como las demás municipalidades comprendidas dentro del ámbito de la concesión en el que la empresa presta sus servicios.

En efecto, de acuerdo con su norma de creación (Decreto 193/96), la empresa tiene un 51 % de su capital representado por acciones “Clase A” de propiedad del gobierno provincial, otro 39 % de acciones “Clase B” a ser transferidas a las municipalidades del radio de la concesión, y el restante 10 % en manos de los trabajadores, bajo un Programa de Propiedad Participada.

Por el Decreto 1399/06 se transfirieron a todas las municipalidades (menos a Rosario, porque a las gestiones del socialismo nunca les interesó participar) las acciones representativas de ese 39 % del capital de ASSA, por un porcentaje correspondiente al 7,5 % del total del capital, del cual a la Municipalidad de Santa Fe le correspondieron 100.000 acciones, o sea el 1 % del total.

Esas tenencias accionarias les dan el derecho de participar de las asambleas especiales de accionistas de la “Clase C” y de las asambleas generales ordinarias, y eventualmente el de designar a uno de los cinco miembros del directorio de la empresa, y uno de los miembros de la sindicatura (órgano de control).

Por eso es que Corral, en la resolución cuya imagen encabeza el post, está autorizando a un funcionario municipal a concurrir en representación del municipio a la asamble ordinaria de accionistas de la empresa; aunque la resolución (extrañamente) haya salido después de que se hizo.

Como fuere, lo cierto es que la ciudad de Santa Fe (por sí o representada por las otras municipalidades con acciones en ASSA) tiene vos y voto en las decisiones de la empresa, como por ejemplo en el plan de obras, o en los aumentos de tarifas.

Por lo cual, ahora que, como veíamos acá, a Corral le pintó la fiebre por congelar cosas como el boleto del colectivo (no la tasa municipal) o prometer que de llegar a ser gobernador rebajará las tarifas de la EPE, sería bueno saber que hicieron sus representantes cuando se discutieron en ASSA todos y cada uno de los aumentos de tarifas de la empresa, desde el 2007 para acá, cuando comenzaron las gestiones del Frente Progresista.

¿Se habrá opuesto y votado en contra, o votó a favor porque además al aumentarse las tarifas, se aumenta el 10 % de las facturas que recibe la Municipalidad de Santa Fe en concepto de “cargo solidario” para hacer obras de cloacas que luego no hace?

lunes, 19 de noviembre de 2018

A LIFSCHITZ LE LLEGARON LAS FACTURAS


¿Podés creer que al tipo no le avisaron que las reparticiones públicas también tienen que pagar el agua y la luz?

Y que en consecuencia, también les caen encima los aumentos que él mismo autoriza para los dos servicios.

Y que entonces el Estado necesita más plata para pagar los tarifazos que aprueba el propio gobierno.

Y esa plata de más que hace falta (91 millones de pesos, en éste caso), de algún otro lado hay que sacarla.

De partidas de Salud, como en el decreto que muestra la imagen de apertura, ponéle.

Que difícil todo.

No queremos ni pensar cuanto le van a costar los nuevos aumentos de la luz y el agua que ya lanzaron al pobre Miguel.

Bah, a nosotros en realidad.

viernes, 9 de noviembre de 2018

PIDEN CLÁUSULA GATILLO PARA LOS TARIFAZOS


Aguas Santafesinas (ASSA) quiere aumentar sus tarifas un 69 % el año que viene, en dos tramos.

Lifschitz dice que el aumento es necesario, porque la inflación ya superó las subas otorgadas, que fueron este año del 39 % en promedio.

El tema es que el año pasado, las tarifas habían tenido un aumento del 87 %, muy por encima de cualquier índice inflacionario.

Y veíamos en ésta entrada la evolución de las tarifas desde que llegó al poder el Frente Progresista: 350,94 % desde el 2015 para acá, cuando comenzó el mandato de Lifschitz; por decir algo. 

Casi el triple de la ya alta inflación acumulada en ese tiempo.

Ni hablar si comparamos desde diciembre del 2007, cuando comenzaron los gobiernos del FPCyS: desde allí para acá las tarifas de ASSA aumentaron un 2631,43 %. Sí: más de un 2600 por ciento.

No sé como las ven ustedes, pero desde acá parece que la cláusula gatillo que está reclamando el gobernador medio que no daría.