LOS VARADOS

Por A.C.

La insultaste a Cristina durante los ocho años que gobernó.  Los insultos mas agraviantes siempre te parecían poco frente a esa mujer. Mientras su gobierno protegía el trabajo y el salario y de esa manera hacía crecer la economía y el mercado interno, y en tu actividad por eso la facturación crecía, vos competías en tu grupo de amigos para ver quien tenía el whatsapp que la injuriara más.

Mientras su gobierno reconocía derechos siempre postergados y ayudaba a salir de la miseria a millones de argentinos, mientras también tu vieja junto a una enorme cantidad de gente mayor accedían a una jubilación gracias a las moratorias previsionales, vos la seguías insultando a Cristina, aunque ahora ya no tenías que pagar la comida y los remedios de tu vieja.

Mientras esa Presidenta posibilitaba a miles y miles de chicos de pocos recursos un acceso actualizado a la educación por medio de las netbooks que entregaba el gobierno, vos no estabas de acuerdo. Para vos eran hijos de planeros que no podía ser que tuvieran una netbook igual que tus hijos. Y cuando tu mujer te contó que al hijo de tu empleada doméstica (empleada a la que tenías en negro, por supuesto) le habían entregado la netbook y estaba feliz por poder trabajar en el colegio conectado a internet, te enloqueciste, y al otro día insultaste a tu empleada doméstica sin motivo, o sin otro motivo que tu resentimiento al no poder tolerar el progreso de un pibe pobre, al que vos le pasabas las zapatillas rotas de tus hijos, y con eso ya era suficiente.

Y tu hermana, que toda su vida tuvo que alquilar, también se encarnizaba contra Cristina y era líder familiar en insultos y en infamias. Después salió sorteada en el Procrear, y por única  vez en su vida tuvo su casa propia. Y aunque vos  ya no tenías que salir de garante en los alquileres de tu hermana, cuando se reunían en la casa Procrear era un concurso de insultos a la Presidenta.

Y cuando Cristina, después de la estafa del grupo Marsans, decidió la recuperación de Aerolineas Argentinas, vos por supuesto estabas en contra, porque como decías en tus whatsapp , era otro de los tantos negociados que terminaría en la ruta del dinero K.

En el 2015 lo votaste a Macri con las dos manos y saliste a festejar el triunfo del heredero gastador, y aunque después las expectativas se te iban cayendo junto con la facturación, vos seguías insultando a Cristina y pidiendo que la metieran presa.  No había necesidad de juicios, si vos tenías las pruebas en todos los whatsapp que habías mandado, más lo que decían en TN y lo que publicaba Clarín. Cárcel ya a la chorra, clamabas.

Aunque los números no te cerraban en la era Macri, lo volviste a votar en 2019. Y este año luego de la derrota, con dólares guardados comprados a $9 en tiempos de Cristina, te fuiste unos días a Miami. Y estalló el coronavirus.

Para vos Aerolíneas Argentinas tiene un servicio muy malo, así que siempre viajabas en una aerolínea extranjera top. No vas a comparar. Pero esa aerolínea top, cuando llamaste para confirmar el día de regreso en medio del coronavirus, te dijo que no había vuelo,  y que para el reintegro del precio del pasaje de regreso reclamaras ante la Cruz Roja o ante la FIFA.

Y quedaste varado en el aeropuerto. Y a vos, como a los demás argentinos varados, los fue a buscar un avión. Un avión de Aerolíneas Argentinas. Esa aerolínea de bandera que vos no estabas de acuerdo en recuperar. Te equivocaste, y ahora pudiste volver gracias a Cristina. Y gracias a nosotros, que con nuestros impuestos pagamos tu pasaje y el de todos los varados.

UN ERROR A CORREGIR

El CIADI es una payasada absoluta, cuando volvamos hay que salir urgente de ese antro: https://t.co/iaDFVd9ah7

— La Corriente K (@lacorrientek) 30 de mayo de 2019

No, no estamos diciendo que la recuperación de Aerolíneas Argentinas haya sido un error: el error fue haber permanecido atados a la jurisdicción del CIADI, donde no un gobierno determinado, sino el país, llevan todas las de perder en cualquier reclamo de empresas multinacionales o capitales privados con inversiones en el país.

Y a veces ni eso: el juicio por la indemnización por la expropiación lo comenzó el grupo Marsans (responsables del vaciamiento de la aerolínea de bandera), pero luego lo vendió al fondo de capital Burdford, el mismo que actualmente litiga contra el país en el juzgado que fuera de Griesa, por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF en 2012; y casi con toda certeza (porque el gobierno sigue sin dar mayores datos al respecto), uno de los beneficiados por el ruinoso arreglo de Macri con los fondos buitres en 2016. Y la venta del juicio se hizo en España, para evitar de forma fraudulenta la quiebra del grupo Marsans (con la intervención del estudio Fargossi), al igual que pasó con el grupo Eskenazy y sus empresas españolas, cuando le vendieron el mismo fondo el juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF.

Como es sabido y se ha dicho acá en múltiples ocasiones (ver los posteos respectivos en la etiqueta“CIADI”), el país admitió la jurisdicción del tribunal arbitral del Banco Mundial en 1994 con la sanción de la Ley 24.353; y desde entonces ha tenido múltiples laudos arbitrales en contra, por más facinerosos que fueran los que litigaban contra él, y por más que en muchos casos se tratara de decisiones soberanas de política económica que cualquier Estado toma (como una expropiación) y que los propios TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) reconocen como prerrogativas suyas.

TBI decimos, que son el complemento necesario de la aceptación de la jurisdicción del CIADI, pero en este caso el laudo ni siquiera termina favoreciendo a los inversores originales (más que inversores, saqueadores); sino a un fondo especulativo que compró el juicio. Así de poco serio es todo en ese antro, del cual el país debería salir de inmediato, para no tener que volver a pasar por este tipo de situaciones.

Por otro lado, es falso que de ese modo se espanten las inversiones, como lo comprueba el caso presente del gobierno de Macri, que ha concedido todo tipo de prerrogativas jurídicas y ventajas al capital extranjero, sin lograr por eso la prometida “lluvia de inversiones”: la Ley 27.328 de contratos de “participación pública privada”, votada con la anuencia del massismo y el “peronismo alternativo”, repite y amplifica las concesiones de los TBI, y el riesgo futuro de sufrir nuevos fallos como éste; en un tribunal con la cancha inclinada en contra de los países periféricos como el nuestro. Brasil, por ejemplo, jamás reconoció la jurisdicción del tribunal del CIADI, y si de indicadores gratos a los mercados hablamos, eso no le impidió obtener en su momento el "investment grade".

Por supuesto que si la Argentina declinara hoy la jurisdicción del CIADI no afectaría a las inversiones ya llegadas al país mientras la admitió, pero transcurridos seis meses de que lo hiciera, ya no regiría esa competencia para el futuro de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 24.353. El gobierno de Cristina amenazó varias veces con concretar la medida, pero no lo hizo: hoy está claro que fue un grave error, y no por éste caso en sí; donde el laudo termina reconociendo un importe que es la mitad del que originalmente reclamaron los vaciadores de Marsans, y la quinta parte del que decían los opositores a la expropiación de Aerolíneas que había que pagarles cuando se tomó la decisión, allá por 2008.

Eso sin contar con que es muy curioso ver indignados con el fallo a los que nombraron al ex abogado del Grupo Marsans como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, y que se quejan por tener que pagar 320 millones de dólares de indemnización, cuando en menos de cuatro años endeudaron al país en más de 200.000 millones, 65.000 solo con el FMI (caso en el que no hay reestructuración ni quita posible), y por 2500 millones de pesos (o sea, casi ocho veces el laudo del CIADI) en un bono a 100 años. 

320 millones de dólares que horrorizan a los macristas, son la mitad de lo que se pierde por día de las reservas del Banco Central para financiar la fuga de capitales de los amigos, ni hablemos si los comparamos con los 15.000 millones de dólares que quemó el año pasado "Toto" Caputo en un mes cuando empezó la corrida del dólar, o los 1500 que le dejaron fugar -en un solo día- al JP Morgan: hay que tener moral para indignarse con algunas cosas, eh. Ni hablar que al mismo tiempo y como consecuencia de la política de “cielos abiertos” que estimula el negocio de las low cost, la aerolínea de bandera viene perdiendo un 20 % de participación de mercado desde el 2015.

MEMORIAS DE VUELO

Tal como lo indica la imagen de apertura, el gobierno provincial firmó un convenio con la “low cost” Flybondi para subsidiar con fondos públicos (4 millones de pesos) sus operaciones desde el aeropuerto de Rosario, para vincular la ciudad con Buenos Aires y otros puntos del país y del extranjero.

Es decir que mientras cientos de empresas santafesinas caen víctimas de las políticas del gobierno de Macri y los tarifazos en los que también se anota el socialismo, al gobierno de Lifschitz le parece el momento oportuno para subsidiar a una empresa de los amigos del poder (o del poder mismo); que bate además récords de incumplimientos e incidentes en sus vuelos, que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros transportados.

Al parecer, no fue suficiente con que la provincia lleve invertidos ya más de 1750 millones de pesos para adaptar la infraestructura de los aeropuertos de Sauce viejo y Rosario a la política de “cielos abiertos” impulsada por el gobierno de Macri; 1400 de ellos en Fisherton.

Una política (la de “cielos abiertos” y la apertura a las “low cost”) que el socialismo comparte ampliamente, ya que no es la primera vez que subsidia aerolíneas privadas (en lugar de hacerlo, por ejemplo, con el boleto de colectivo de modo de compensar plenamente la caída de los subsidios nacionales): recordemos que en su momento lo hizo Bonfatti con Sol Líneas Aéreas, caso en el cual se llegó al extremo de que al ocurrir la tragedia de Río Negro, en la que en un vuelo de la empresa perdieron la vida 22 personas, el gobierno provincial emitió un comunicado apresurándose a deslindar toda responsabilidad de la empresa.

Distinta fue la conducta del socialismo, en cambio, cuando se trataba de la aerolínea de bandera: recordábamos hace poco acá que al discutirse en el Congreso nacional la recuperación por el Estado de Aerolíneas Argentinas, los legisladores del socialismo votaron en contra; con el argumento de que los argentinos no podían hacerse cargo de los pasivos que había generado el grupo Marsans.

Uno de ellos llegó a decir en el transcurso del debate que se oponían a la estatización porque de ese modo pagarían lo que costaba tener a Aerolíneas bajo la esfera del Estado, personas que no podían viajar en avión. Es decir, lo mismo que podría decirse en éste caso, en el que el gobierno de Lifschitz decide subsidiar a Flybondi.

Y más acá en el tiempo, cuando Aerolíneas había vuelto a ser conducida por el Estado nacional pero no existía la política de “cielos abiertos” (que, reiteramos, el socialismo apoya desde siempre), el gobierno provincial en manos del Frente Progresista hacía lobby para que la chilena LAN operara desde el aeropuerto eRosario, en desmedro de la aerolínea de bandera. 

No se puede decir que no tienen una línea de coherencia.

EL GOBIERNO DETESTA LA COMPETENCIA

"Ahora somos nosotros, a través de testaferros", agregó: https://t.co/6Ccmr1TdZw

— La Corriente K (@lacorrientek) 12 de diciembre de 2018

EMPEZÓ EL DESGUACE

Que el gobierno de Macri está decidido desde el primer minuto de gestión a efectuar un concienzudo desguace del Estado y de las políticas troncales ejecutadas por el kirchnerismo, ya no pueden quedar dudas: ahí está si no el actual caso de los despidos en Conectar Igualdad para comprobarlo; caso en el cual además de los puestos de trabajo que se pierden está en duda la misma subsistencia del programa.

Atrás en el tiempo quedaron -hace rato ya- las promesas de campaña del propio Macri de "mantener lo bueno y corregir lo malo"; y con decisiones como las de Conectar Igualdad, más atrás aun quedarán otras promesas, como apostar a una educación pública de calidad. Es posible que en todo caso sea reemplazado por otro programa diseñado desde el vamos por las grandes multinacionales informáticas, con el foco puesto en sus negocios.

Lo propio paso con el prolijo desmantelamiento de todas las áreas del Estado encargadas de regular o controlar al capital privado: acá y acá tenemos ejemplos al respecto en el Banco Central o la Secretaría de Comercio; por citar los más relevantes. En ese contexto, no debería sorprender que pase otro tanto con las empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas e YPF.

En el caso de la aerolínea de bandera, la gestión de la "nacionalizada" Isela Costantini asumió bajó la premisa de disminuir drásticamente el déficit (la misma cantinela con la que en los 90' se la privatizó) en un 30 % de los "costos operativos", supuestamente sin afectar los servicios.

Y sin embargo no fue así: viene levantando sistemáticamente rutas en el interior del país y en el exterior bajo el argumento de que no son rentables, pero casualmente en muchos de esos casos (vuelos a Brasilia, Roma, Barcelona y otros destinos del exterior) la competidora de Aerolíneas a la cual el gobierno busca favorecer ostensiblemente (LAN, con toda su plana mayor en el gabinete) vuela con los aviones llenos.

En el interior, al caso de la cancelación del convenio con Sol Líneas Aéreas que disminuyó drásticamente los vuelos a Santa Fe y Rosario, se suman vuelos cancelados a Córdoba, Mendoza, Salta, Río Gallegos y el corredor petrolero patagónico, entre Neuquén y Comodoro Rivadavia. El nuevo "plan de negocios" de la empresa (aun no hecho público por Costantini) contemplaría la devolución de aviones que están aun en la etapa de leasing; lo que supone desistir de comprarlos, y perder lo ya pagado a cuenta de precio.

Cada avión operativo emplea a una dotación de 60 personas, entre personal de vuelo, y servicios de apoyo en tierra, lo que genera la razonable preocupación de los gremios del sector ante la posibilidad de despidos masivos. Sin mencionar lo que significa en términos de conectividad entre las diferentes regiones del país que la aerolínea de bandera cubra cada vez menos destinos, porque los vuelos de cabotaje que son levantados por "no ser rentables" obviamente no serán absorbidos por operadores privados.  

Pero así como en el caso de Aerolíneas la excusa para ir preparando el terreno para volverla a privatizar (tras haberla vaciado de a poco, como se hizo antes) es el déficit operativo, en el caso de YPF (que genera y distribuye ganancias, pero también destina la mayor parte a la reinversión), es el presunto endeudamiento,

Vemos acá como se queja al respecto Aranguren; que reúne en su persona dos condiciones que lo inhibirían de opinar al respecto: aun conserva acciones de Shell que es la principal competidora de la petrolera estatal (otra grosera situación de conflicto de intereses en el gobierno de Macri, y van), y forma parte de la administración que está re-endeudando al país a pasos acelerados; a punto tal que la emisión de deuda que prepara para cerrar el acuerdo con los buitres y financiar el déficit fiscal es la mayor en el mundo para un mercado emergente, desde 1996. Macri lo hizo, como lo había hecho ya en la CABA multiplicando por ocho su deuda en dólares. 

El mismo Aranguren que se opone a los subsidios a la producción petrolera para compensar la caída en los precios internacionales, que si cesaran provocarían una ola de despidos en el sector. En otro revival de los terribles 90', desde el gremio de petroleros privados advierten que la petrolera estatal anunciaría 2500 despidos; que se concretarían cuando el mes próximo Galluccio sea desplazado de la conducción de YPF por la asamblea de accionistas, justamente por las presiones de Aranguren.  

Sin embargo el senador Pereyra (MPN, ex moyanista, ex massista, hoy cercano al PRO) la emprende contra la gestión de Galluccio diciendo que "fue un desastre", aunque los balances de YPF lo desmientan: justo ayer se conoció que la empresa redujo sus ganancias por la caída de los precios internacionales del petróleo (al igual que todas las empresas del sector), pero aumentó la producción de gas, de petróleo y la reposición de reservas comprobadas. 

Que es lo que al país le interesa en términos estratégicos, y por eso el Estado tomó la decisión de recuperarla durante el gobierno de Cristina. Por supuesto que las prioridades de Macri y Aranguren son otras, a punto tal que el propio ministro dijo en su momento que no era prioritario recuperar el autoabastecimiento energético; y de allí que no extrañe que -desde la pura óptica empresarial del costo/beneficio- estén pensando en abandonar todo el plan de inversiones que requiere el desarrollo de Vaca Muerta. Es ocioso abundar en los efectos que una decisión en ese sentido tendría en el desarrollo del país y la región, y en el nivel de empleo.

Habrá que ver que hace Pereyra si sus pronósticos se confirman: ¿saldrá a pedir que vuelva Galluccio, porque al fin y al cabo no era tan malo? ¿O por el contrario estaremos ante otro caso de complicidad gremial con el desguace del Estado, como también sucedió en los 90'?

TANTA LIBERTAD COMO SEA POSIBLE, TANTO ESTADO COMO SEA NECESARIO...PARA LOS NEGOCIOS

Leemosal ministro de Asuntos de Clarín del gobierno de Macri, Oscar Aguad: “Los monopolios son los que impiden que haya inversiones y que haya competencia en el mercado. Estamos frente a un mercado irregular, hay quien vende y quien compra, pero los que venden se han puesto de acuerdo. Además buscamos que el mercado se amplíe porque en las zonas periféricas el mercado no ha llegado”, afirmó el ministro radical.

Consultado sobre la compra de Nextel por parte del Grupo Clarín, el funcionario nacional sostuvo que “Nextel al lado de las otras (empresas de telecomunicaciones) es una mosca, representa un 3% del mercado”.“El mercado de comunicaciones es un mercado millonario, ojalá a Clarín le vaya bien porque es una empresa argentina, las otras son todas extranjeras. En este mercado los jugadores son multimillonarios en dólares”, aseveró Aguad.”. (las negritas son nuestras)

Albricias: el “Milico” Aguad (que hasta ayer los negaba) ha descubierto la existencia de los monopolios, en éste caso en el mercado de las telecomunicaciones. Y descubrió también la necesidad (que hasta ayer rechazaba) de que el Estado intervenga, para remediar esa situación. Lo raro es que la intervención para terminar con los monopolios, consistiría en “desregular”.

Tras años de combatir las regulaciones antimonopólicas de la ley de medios (hasta que finalmente logró tumbarlas con un DNU “desregulador”) ahora Clarín reclama del Estado que le arme una cancha a medida, para meterse de lleno en el negocio de las telecomunicaciones, algo que viene buscando desde el 2007 por lo menos. Eso sí: para que las telefónicas (sus principales competidoras) puedan meterse (por contrario imperio) en el mercado del cable (donde Clarín es -si no el monopolio- el claro detentador de la posición dominante) deberán esperar por lo menos dos años, de acuerdo al DNU “desregulador” que sepultó las cláusulas de la ley de medios que le molestaban al Grupo.

Vamos, venimos, regulamos, desregulamos, el Estado interviene o deja librado todo a las fuerzas del mercado, siempre con un único norte: proteger los negocios del Grupo Clarín.

Tanto que Aguad (que como ministro debe controlarlos en sus negocios) les desea suerte porque “son una empresa argentina”; cuando el Grupo Clarín tiene al menos un 9 % de accionistas extranjeros, según surge de su propia página oficial. Eso siempre y cuando uno crea que el resto de las acciones son de quiénes verdaderamente dicen que son.

Gente con tanta coherencia ideológica como los agrogarcas de la Sociedad Rural y CRA, que dejan de ser creyentes devotos de las leyes del mercado y la necesidad de “liberar a las fuerzas productivas”, para pedirle al Estado que intervenga contra Monsanto por“abuso de posición dominante” en la comercialización de las semillas transgénicas; así como en su momento le pidieron a ese mismo Estado que los defienda en los tribunales de la Unión Europea ante las demandas de la multinacional.

Seguramente si el que tomaba la iniciativa de regular a las telefónicas o a Monsanto era el Estado, iban a poner el grito en el cielo por “el avance del estatismo dirigista y agobiante”. De hecho, hace poco Etchevehere de opuso a que el Estado intervenga para resolver el alza de los precios de la carne, proponiendo como solución que la gente consuma menos. 

En la misma línea de análisis, vemos a la ex CEO de General Motors y actual presidenta de Aerolíneas Argentinas Isela Costantini, cuestionar el “manejo político” de la empresa de bandera: 

Un calificativo que en boca de una conspicua representante del gobierno de los CEOS pretende ser toda una descalificación: la política es para esa gente el lugar de lo feo, malo, sucio e incompetente.

¿Le habrá parecido lo mismo a Costantini cuando en el 2009 el Estado argentino (es decir, la política) acudió en auxilio de General Motors (la multinacional de la cual ella proviene) otorgándole un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para el desarrollo del modelo Agile?

Una decisión con la que el gobierno de Cristina (o sea, la denostada política) salvó 2200 puestos de trabajo que los CEOS de GM se aprestaban a dar de baja, porque la crisis internacional los golpeaba fuerte, y no conocen otro modo mejor de enfrentar los problemas que despedir gente. Costumbre que ahora -por cierto- se ha trasladado al propio Estado.

Donde éste asunto del “manejo político” como crítica parece convertirse en el discurso oficial, y el preludio de ¿privatizaciones de empresas públicas?. Acá la propia Costantini define a la situación de Aerolíneas como “insostenible”.

Vemos acá abajo por ejemplo como el designado presidente de ARSAT S.A. utiliza exactamente los mismos términos que su par de Aerolíneas:

¿Satélite, avión o empresa que “se manejaron con criterio político”, satélite, avión o empresa que se venden?

¿CAMBIEMOS CAMBIÓ?: EMPRESAS DEL ESTADO Y PRIVATIZACIONES

Parte del presunto giro discursivo de "Cambiemos" en ésta campaña tiene que ver con el rol del Estado, y las empresas que gestiona bajo su órbita: veíamos hace poco acá en el caso de YPF como fueron variando desde la frontal oposición inicial del propio Macri a su (supuesta) aceptación de que funcionara controlada por el Estado; al sincericidio de Aranguren dejando entrever la intención de volverla a privatizar.

En el debate del domingo pasado a la pregunta de Scioli de por qué se había opuesto a la recuperación de YPF y Aerolínas. así como a la creación de AYSSA y la recuperación de los fondos de las AFJP, Macri respondió insólitamente que era mentira; cuando están las actas de las sesiones del Congreso que demuestran que es verdad, y él mismo se encargó personalmente de dejarlo en claro en cada caso. 

En el caso de Aerolíneas, la expropiación fue votada en contra por los radicales y el PRO, y el propio Macri afirmó en su momento que él "jamás la hubiera estatizado"; para que con el paso del tiempo nos diga ahora Gabriela Michetti que "Aerolíneas es nuestra compañía y la amamos", y que lo único que quieren hacer es mantenerla en la órbita del Estado, pero "gestionarla bien". 

Del mismo modo votaron en contra la ley que creó ARSAT y Macri se quejó de "las empresas satelitales inútiles que no producen resultados"; y la creación de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySSA), para proveer de agua potable y cloacas a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, voto negativo en el que también acompañaron al PRO los radicales.

No obstante, hoy prometen en campaña "agua y cloacas para todos", sin decir que las privatizadas que ellos defendieron (porque eso hacían cuando también votaron en contra la revocación de la concesión de Aguas Argentinas) no invirtieron un peso para garantizarlos. Ni hablemos de los negocios familiares del clan Macri con el Estado desde sus mismos orígenes como grupo SOCMA, ni de la fallida y ruinosa privatización del Correo con Cavallo, que fue dejada sin efecto por Néstor Kirchner creando el Correo Argentino.

Consistentes con su postura de haber votado en contra de la liquidación de las AFJP, se opusieron de entrada a que el Estado (a través de la ANSES) designara directores en las empresas de las cuáles adquirió participación accionaria por esa vía: recordemos que en el conflicto con Techint por el directorio de Tenaris-Siderar se alinearon con la multinacional de Paolo Rocca; e incluso presentaron en el Congreso un proyecto para derogar el DNU de Cristina que eliminaba las restricciones a los derechos políticos del Estado como accionista en esas empresas. DNU que por supuesto votaron en contra cuando fue sometido a discusión en el Congreso, para su ratificación.

Hoy tratan sin embargo de venderse como una "derecha distinta" que valora lo público, e incluso votaron a favor la re-estatización de los ferrocarriles; para evitar cometer por segunda vez el error que -al menos el PRO- cometió al oponerse a la expropiación del 51 % de las acciones de YPF. Claro que al mismo tiempo están dejando trascender que la baja de subsidios que propician alcanzaría también al transporte; con lo cual los trenes en manos del Estado no serían ya tan accesibles para todos.

Pero pese a las promesas de "cambio" con la que intentan desalentar las sospechas de que significarían un retorno a los políticas de los 90' (por ejemplo la privatización de empresas públicas), hace poco votaron en contra (todos: radicales, PRO, Coalición Cívica) la ley que envió Cristina para ponerle un "cepo" a las privatizaciones; exigiendo una autorización del Congreso con mayoría especial agravada para que el Estado se desprenda de sus acciones en diferentes empresas; tanto las que tiene en ARSAT S.A., como las que operan los ferrocarriles (una contradicción con haber votado a favor la re-estatización) o aquéllas en las que participa la ANSES.

Y precisamente en torno a éstas últimas (unas 26 empresas), los cráneos de la Fundación Pensar (el principal "think tank" del PRO plantean vender en masa todas las acciones del Estado; tal como se hizo con las leyes de emergencia económica y reforma del Estado en los tiempos del menemato.

El lunes posterior al debate en el programa de Morales Solá Macri (que el día anterior había tildado de mentiroso a Scioli por enrostrarle sus votos en contra en los casos YPF, Aerolíneas, AYSSA y AFJP) intentó arreglarla diciendo que ellos se opusieron (lo que negó en el debate, contra toda evidencia empírica) porque sabían que el gobierno es un pésimo gestor, e iba a manejar mal las compañías estatizadas.

¿Alguien puede decir que una de las empresas que hoy maneja el Estado tras haberla recuperado de sus anteriores dueños, concesionarios u operadores privados funciona peor que cuando era manejada por éstos?

Todos estos hechos -sumados al exabrupto de Aranguren con YPF- demuestran que no han "cambiado" tanto como dicen, y siguen siendo los mismos de siempre: dispuestos a desprenderse fácil de lo público para que hagan negocios los privados.

LOS BUITRES LOCALES

Sobre el tema al que hace referencia el título del post, leíamos en la semana detalles en Tiempo Argentino: un fondo buitre compró el juicio que tiene Marsans contra el Estado argentino en el CIADI por la expropiación de Aerolíneas, en el cual el país reconvino (o sea: contrademandó a Marsans), por la plata que tuvo que poner para salvar a la empresa de la bancarrota.

De acuerdo a la denuncia de la Procuración del Tesoro (no Gils Carbó) y la PROCELAC, la compra fue fraudulenta para evadir a la masa de acreedores de la quiebra de Marsans abierta en España, y con la posibilidad de perjudicar al Estado argentino; que si fuera condenado en el CIADI podría tener que pagar dos veces la misma deuda. 

En la maniobra intervinieron argentinos, concretamente del estudio Fargosi y Asociados: curiosamente acá en la página del estudio no se puede acceder a la nómina de integrantes del bufete, y aparece "en construcción".

Si bien el implicado es Diego Fargosi, estaría bueno saber cuanto hay de cierto en que se desvinculó hace tiempo de la firma  Alejandro, el Fargosi famoso: el que representa a los abogados en el Consejo de la Magistratura, y aparece a menudo en los diarios -siempre en abierta oposición al gobierno nacional- dando lecciones de moral y transparencia: acá lo podés ver por ejemplo en Infobae; y acá en El Cronista opinando sobre la renuncia de Fayt.

De cualquier modo, y tal como lo dijeron los funcionarios denunciantes, cualquiera de los argentinos que participaron de la maniobra fraudulenta podrían ser penados por lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 14.034, de los tiempos del segundo gobierno de Perón: "Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino.".

Que cosa che esa costumbre peruca de perseguir a los argentinos que piensan distinto.

Distinto de los intereses del país.

Y A LO MEJOR ES PORQUE EFECTIVAMENTE NO PASABA NADA, FIJÁTE

O sea, si el quilombo de los vuelos de Aerolíneas fuera más o menos (no te digo exactamente igual: más o menos) como ustedes lo cuentan, el tipo no podría asomarse ni a 20 kilómetros del aeroparque.

Ni hablemos de pasearse entre la gente y sacarse fotos con los pasajeros: lo colgarían del ala de un avión.

A menos que lo que ustedes quieran es que la gente no sólo hiciera eso, sino que además incendiara Aeroparque; cosa que no sucedió, provocando el lamento de Lanata y Wiñazki y la puteada a sus oyentes:

POBRE MAURICIO, NO RESISTE UN ARCHIVO (PERO NO ES EL ÚNICO)

Sabido es por todos que Macri pegó el domingo una voltereta formidable sobre sus propios pasos, bancando políticas del kirchnerismo a las que se opuso frontalmente.

Y sabido es también que no fue un caso sino varios, y la oposición no fue en su momento meramente discursiva, sino efectiva: mandó a sus diputados (el PRO no tuvo senadores hasta hace poco) a votar en contra en el Congreso, lo anunció públicamente y se jactaba de eso.

La imagen de apertura corresponde a la votación de la Ley 26.741 (abril del 2012), por la que se expropió el 51 % de las acciones de YPF a Repsol, pasando a manos del Estado nacional.

Las dos que van abajo corresponden a la votación de la Ley 26.466 (diciembre del 2008), por la que el Estado retomaba el control de Aerolíneas Argentinas y Austral:

Hemos recuadrado en verde los votos de los diputados del PRO y sus aliados que conformaban un interbloque que respondía al comando de Macri, así como de actuales aliados suyos (como Pato Bullrich o Silvana Giúdici).

En rojo aparecen los votos negativos de representantes de otros partidos, dado que por ejemplo ahora Sanz les dice a los medios que le pregunten a Macri por qué sus legisladores votaron en contra de las medidas del gobierno que ahora dice apoyar, omitiendo que la UCR hizo exactamente lo mismo, salvo en el caso de YPF.

Además del caso de Aerolíneas (en el que se pudo corroborar eso: lo radicales estuvieron entre los que votaron en contra), las dos imágenes que siguen muestran lo que pasó con la votación de la ley 26.425 (diciembre de 2008), por la que se eliminaron las AFJP, y sus activos pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSES.

Que son ni más ni menos que los recursos que posibilitaron hasta el 2011 (cuando el gasto fue absorbido por los recursos ordinarios de la ANSES) solventar el despliegue de la AUH que hoy Macri dice apoyar; y que en la actualidad financian el programa PROCREAR (dicho esto porque seguro que en breve Mauricio lo agrega a la lista de cosas que descubrió que banca):

Y dejamos para el final la Ley 26.417 (octubre del 2008) que fue la que estableció el mecanismo de movilidad de las jubilaciones y pensiones, fijando la fórmula con la que se aumentan cada seis meses.

La agregamos porque entonces la votaron en contra (el PRO y varios más), pero la fórmula es exactamente la misma que se utilizará de ahora en más para ajustar el valor de la AUH y las demás asignaciones familiares; de acuerdo con lo que dispone la Ley 27.160, que la votaron a favor:

Bienvenidos al kirchnerismo, más vale tarde que nunca, muchachos:

EL GATAFLORISMO NACIONAL, EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Todo el tiempo ponen en tapa las cifras de los subsidios del Estado a Aerolíneas, para cubrir el déficit.

Y reclaman que la empresa se financie sola, con lo que recauda por la venta de pasajes.

Para que cuando autorizan un aumento en las tarifas, pongan que es al sólo efecto de beneficiar a Aerolíneas.

Como si las demás compañías no cobraran los nuevos precios.

Alguno dirá que la mayor beneficiada es Aerolíneas, porque es la que tiene la mayor cobertura del mercado interno.

Debe ser por eso que hace poco festejó haber quebrado un nuevo récord, al transportar 8 millones de pasajeros en un año.

Pareciera que la idea es que la vuelvan a privatizar, para que estando en manos privadas se autofinancie, con mayores aumentos de tarifas que cuando está en manos del Estado.

Algo así como pasa con las distribuidoras de electricidad.

¿O elegimos un mal ejemplo de la eficacia de la gestión privada?    

CLARÍN SIGUE PREFIRIENDO EL ESTADO BOBO

El jueves pasado Daniel, del blog amigo El Aguante Populista se preguntaba en ésta entrada si los opoxitracios o los medios que les bajan línea se iban a oponer o encontrarle reparos a una serie de medidas tomadas ésta semana por Cristina alentando la contratación de bienes y servicios por parte de las reparticiones del Estado nacional en empresas públicas y organismos del propio Estado o que éste controla, como el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e YPF. 

Por la nota de Clarín a la que corresponde la captura de pantalla vemos que (como no podía ser de otra manera) sí lo hicieron, y apelando a la opinión (en realidad queja) de partes interesadas, como presuntos proveedores del Estado que pierden negocios; y que además mienten a sabiendas.

Las medidas fueron instrumentadas por cinco decretos de Cristina publicados el mismo jueves en el Boletín Oficial, a los que pueden acceder acá en la edición digital; y que refieren -respectivamente- al pago de sueldos de los empleados del Estado nacional (que será siempre en el Banco Nación, sin excepción), la compra de automotores para las reparticiones públicas, no para los empleados com erróneamente informa Clarín (que se hará a través de Nación Leasing S.A.), la compra de combustibles para los vehículos oficiales (de ahora en más, exclusivamente a YPF S.A. salvo excepciones justificadas autorizadas por la Jefatura de Gabinete), los servicios de telefonía celular, radio y transferencia de datos (a través del sistema de acuerdos marco establecido un mes atrás por el Decreto 893/12) y pasajes aéreos (de ahora en más, exclusivamente con Aerolíneas Argentinas, Austral u Optar S.A., propiedad de ambas).

Medidas inteligentes, tendientes a optimizar el uso de los recursos del Estado orientando su poder de compra en primer lugar hacia el propio Estado y sus empresas: ¿o acaso no se quejan todo el tiempo de que Aerolíneas pierde plata y debe ser subsidiada?, en éste caso se le arriman recursos genuinos, producto de la venta de sus servicios; y lo mismo sucede con YPF.

En el caso del Banco Nación, las medidas son por demás lógicas, porque además es el agente financiero del Estado nacional; aquí en Santa Fe por ejemplo todos los sueldos de los agentes estatales (y los de los docentes privados que paga el Estado, vía subsidios) se liquidan por el agente financiero del gobierno provincial, que es el (privado) Nuevo Banco de Santa Fe S.A. del grupo Eskenazi.

Los proveedores consultados por Clarín para la nota (si es que verdaderamente hubo proveedores consultados, porque hace rato perdieron la costumbre de identificar a sus fuentes) mienten cuando dicen que lo decidido por Cristina vulnera el régimen de contrataciones del Estado nacional, o la ley de contrataciones públicas.

En todos los decretos firmados el jueves (con excepción del que refiere a los servicios de telefonía celular y transmisión de datos, donde el Estado no tiene empresas propias), se menciona al Decreto 1023/01, que es el régimen de contrataciones del Estado nacional, más específicamente a su artículo 25 Inciso d) Apartado 8), que dice textualmente que podrán efectuarse por contratación directa (sin licitación o concurso de precios): "Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO NACIONAL entre sí o con organismos provinciales, municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también con las empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado, siempre que tengan por objeto la prestación de servicios de seguridad, logística o de salud. En estos casos, estará expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato" 

El problema entonces es que hay muchos (los proveedores estatales, el propio Clarín al que no le molesta que no se haga licitación pública cuando se trata de imprimir las boletas únicas o contratar los stands de Expoagro, gastos ambos completamente prescindibles además), que siguen prefiriendo el Estado bobo.  

¿Y SI HUBIERA SIDO AL REVÉS, COMO SERÍAN LOS TÍTULOS?

Más o menos como los comentarios de los lectores de La Nación en ésta nota:

Que bárbaro esta gente de Pluna che, cerrar y en Uruguay, un país tan serio, dejando a la gente varada.

Algo les debe haber pasado, porque como todos sabemos, la única línea aérea que pierde plata es Aerolíneas.  

TODO SUMA

 

Para el dispositivo de medios hegemónicos todo suma y todo sirve (no importa el tema, su entidad, su enfoque) con tal de esmerilar al gobierno de Cristina, y en general, al Estado en tanto decide intervenir en la economía, asumir compromisos en la gestión de empresas o controlar lo que las demás empresas hacen; y un buen ejemplo es lo que sucede con Aerolíneas Argentinas desde que volvió a la órbita estatal.

Viendo la nota de La Nación a la que corresponde la imagen, algún desprevenido podría pensar que las cenizas del volcán Puyehue esquivaban prolijamente a los aviones de Aerolíneas, y sólo caían encima de los de la chilena LAN; porque en ese caso sirven para justificar las menores ganancias de la empresa, pero en el de Aerolíneas no explican (al menos a estar por el título de la nota) la menor cantidad de pasajeros transportados por la empresa estatal de bandera.

Ahora nos dicen que el año pasado Aerolíneas transportó menos pasajeros (reiteramos: con el asunto del volcán de por medio, omitido o minimizado), por primera vez desde que el Estado la gestiona, pero la pregunta sería ¿cuándo dijeron durante los años 2009 y 2010 que había aumentado la cantidad de pasajeros transportada por la empresa, comparados con los que llevaba cuando estaba en manos privadas?

La respuesta es fácil: nunca, porque el objetivo de La Nación y otros medios era -y sigue siendo- cuestionar la re estatización: ¿cómo se entiende si no que se cuestione el aumento de la planta de personal cuando en la misa nota se dice que la flota de aviones pasó de 51 a 87 en apenas tres años?

¿O acaso La Nación pretende que algunos aviones se manejen sólos?

Y hablando de aviones y en el mismo sentido, veamos esta otra nota publicada en Clarín:

La pregunta acá sería parecida al caso anterior: ¿cuándo dijo Clarín que Aerolíneas estaba en un proceso de renovación y ampliación de su flota -que la llevó a los 87 aviones de los que habla La Nación-, y como consecuencia del cual hay aviones que salen de servicio?

La respuesta es fácil: nunca; a menos que lo hiciera para cuestionar que el Estado gastara plata en eso y no en otras cuestiones más urgentes, como aumentarles a los jubilados (aunque quedó muy claro esta semana que puede hacer perfectamente las dos cosas).

Lo que hacen entonces es apelar a la nostalgia de los que viajaron en el Jumbo, o del piloto que lo manejaba al que le da lástima que lo saquen de servicio; cosa que algunos lectores piquen y digan "al final, ¿por qué no lo dejaron y se ahorraban plata?".

¿Por qué no seguir volando entonces con los aviones de Jorge Newbery si ésa es la cuestión? 

Imaginemos por un momento la reacción de esta misma prensa si uno de los aviones viejos (33 años en servicio) se caía, o tenía un desperfecto que provocaba un accidente.

Todos pensamos lo mismo, ¿no?: pilas de editoriales pegándole al gobierno por la obsolecencia de la flota, la falta de mantenimiento y de controles adecuados, y las correspondientes comparaciones con las compañías privadas; como si éstas (como LAPA o Sol Líneas Aéreas por ejemplo), no tuviesen nunca accidentes.

El fin de todo esto es demostrar la ineficacia del gobierno, la incapacidad en general del Estado para administrar y la superioridad de todo lo privado; en el más puro registro noventista.

Justo ahora que se está discutiendo la probable re estatización de YPF.

No es ninguna casualidad.

CHE LANATA, ¿A ÉSTA LA MANEJARÁN LOS DE "LA JIMMY CARTER"?

 

O capaz que si le preguntan a Piñeyro, dice que son los de "La Kissinger".

SENSACIONES ENCONTRADAS

Una aclaración preliminar: no somos entendidos en el tema de la aeronavegación, de modo que todo lo que digamos al respecto es consecuencia de las sensaciones que van dejando las noticias que leemos, como cualquiera.

Un tema que tiene muchas aristas, todas controversiales; como que hay muchos intereses cruzados que disputan negocios millonarios en torno a los aeropuertos y los servicios aeronáuticos: Eurnekián y Aeropuertos Argentina 2000, las empresas privadas de navegación que compiten con Aerolíneas Argentinas por determinadas rutas -como está pasando acá en el aeropuerto Rosario, con el socialismo haciendo lobby para LAN-, los sectores de la Fuerza Aérea Argentina que resisten por todos los medios ceder determinados resortes de poder y "cajas".

A lo que hay sumar el componente sindical y el político: trabajadores organizados en una increíble cantidad de sindicatos, que disputan ferozmente entre sí el más mínimo espacio de poder, trabajadores que son mano de obra calificada (en algunos casos, no en todos) y como tales, gozan de situaciones que para el común de los laburantes argentinos serían claramente de privilegio, y el asunto de los gerentes vinculados a la Cámpora, con la demonización de la agrupación y todo eso.

Dirigentes sindicales que le dan por la huella siempre con la misma metodología de acción (con efectos sensibles en un sector crítico), sin reparar nunca en el cambio de contexto, como si estuvieran en la Argentina de los 90' cuando se rifaba Aerolíneas, y todos (hasta Lanata) se juntaban en el Luna Park para defenderla; sin advertir hoy el enorme esfuerzo que todos los argentinos hacemos para sostener la línea de bandera; decisión estratégica del gobierno nacional que por supuesto respaldamos.

Por si todo eso fuera poco, aparecen tipos como Piñeyro (que escribe esta nota en Clarín de hoy), opinólogos del tema, a veces con aciertos, muchas otras mandando fruta, o al menos es lo que trasuntan.

Pero no es éste justamente el caso de la nota de hoy: leyéndola podemos coincidir con Piñeyro en casi todo lo que dice. Casi: la comparación con López Rega es una estupidez (a las que el personaje es afecto), una desmesura que casi desmerece el conjunto de la opinión, pero no la invalida.

Da toda la sensación (reiteramos: con el escaso conocimiento que nosotros podemos tener del tema) que el decreto de Cristina que dispuso el traspaso del control de tráfico aéreo a la Fuerza Aérea es una decisión apresurada, y en principio, errada.

Porque significa (como lo marca Piñeyro) devolverle poder y plata a un sector (el militar) al que el kirchnerismo supo meter en cintura; y dar marcha atrás con una decisión de Néstor Kirchner trascendente desde el punto de vista institucional, como crear la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), y empezar a traspasarle funciones que antes tenían los aviadores militares. 

Justo es decir que la decisión también es una muestra de fortaleza de parte de Cristina ante todos los aprietes o manifestaciones de poder que presencia a diario en torno al tema, sea por el control de Aerolíneas, o por el negocio del tráfico aéreo, o hasta por el más ínfimo quiosco de un aeropuerto; pero eso no quita lo esencial: la calentura suele ser mala consejera en estos casos, y la decisión sienta un precedente peligroso.

No tanto por el recuperado protagonismo de sectores que otrora supieron tener muchísimo poder en el país, sino porque evidencia las fallas que existen en la construcción política que sustenta al gobierno nacional: no todos los conflictos pueden quedar flotando hasta que se elevan a la enésima potencia, y sólo queda la intervención personal de la presidenta como último cauce de resolución posible; porque además Cristina se puede equivocar, al fin y al cabo es humana.

Los pibes de la Cámpora que manejan Aerolíneas, De Vido, el secretario de Transporte, el ministerio de Trabajo, muchos eslabones comprometidos en la gestión de problemas que si bien son complejos, no son insolubles; algo está fallando en algún punto, o en varios.

Y si alguna duda se tiene respecto a que la decisión que se está por adoptar es o no correcta (en este caso el traspaso de tareas de la ANAC a la Fuerza Aérea), un buen método de análisis (no el único, claro) sería que no deje espacio para que Clarín te corra por izquierda poniendo esta tapa:  

O que alguien como Piñeyro (incapaz de ensayar -por defensa corporativa- la más mínima autocrítica sobre el comportamiento de sus colegas de profesión, que paralizan un aeropuerto por cagarse a piñas entre ellos, o por disputar una gerencia de Aerolíneas obligan a suspender todos los vuelos), que hace ocho años está con un largavistas en la terraza esperando que los aviones caigan del cielo como moscas para decir que él tenía razón, te tire con el fantasma de López Rega desde las páginas de Clarín.